Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2025-00504-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2025-00504-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 05001-23-33-000-2025-00504-01
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
24 de julio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., veinticuatro (24) de julio de dos mil veinticinco (2025)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 05001-23-33-000-2025-00504-01
Accionante: CARMEN LILIANA SALDARRIAGA MOLINA
Accionados: JUZGADO VEINTIOCHO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO
DE MEDELLÍN Y OTROS
Tema: Se modifica el fallo impugnado. Se declara improcedente la solicitud
de tutela respecto de los juzgados accionados y la Fiscalía 149 Delegada
ante los Jueces Municipales de Medellín. Se niega el amparo del derecho
de petición frente a la Defensoría del Pueblo.
Sentencia de segunda instancia
La Sala decide la impugnación presentada por la accionante contra la sentencia de
7 de mayo de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. La señora Carmen Liliana Saldarriaga Molina solicitó la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de
justicia, a la igualdad y de petición cuya vulneración le atribuyó: i) a la providencia
de 9 de abril de 2025 proferida por Juzgado Veintiocho Administrativo del Circuito
de Medellín dentro del medio de control de reparación directa con radicado número
05001-33-33-028-2023-00537-00; ii) a la providencia de 28 de junio de 2024
proferida por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Medellín dentro de
la solicitud de amparo de pobreza con radicado número 05001-33-33-001-2024-
00168-00; iii) a la omisión de dar repuesta de fondo a la petición de 13 de diciembre
de 2024; y iv) a las presuntas irregularidades en las investigaciones núm. “[…]
050016000248202344997 […]” y “[…] 050016000248201912673 […]”.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
2.1. Relató que debido a desacuerdos con la abogada de oficio designada por el
Juzgado Veinte Administrativo del Circuito de Medellín dentro del proceso de
amparo de pobreza con núm. 05001-33-33-020-2022-0057200- y a dilaciones por
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Radicación: 05001-23-33-000-2025-00504-01
Accionante: Carmen Liliana Saldarriaga Molina
parte de la Procuraduría Delegada para la Conciliación Administrativa presentó la
demanda de reparación directa núm. 05001-33-33-028-2023-00537-00 contra la
Superintendencia de Industria y Comercio y la sociedad Reyes & Reyes Abogados
S.A.S., escrito en el cual también solicitó que se le designara una nueva abogada
de oficio, en razón a que la abogada Ana María López Monsalve había renunciado
a su designación.
2.2. Sostuvo que la demanda le correspondió al Juzgado Veintiocho Administrativo
del Circuito de Medellín.
2.3. Indicó que la autoridad judicial, mediante auto de 7 de marzo de 2024, se requirió
a la abogada Ana María López Monsalve para subsanar la demanda presentada,
pero esta se opuso a las pretensiones.
2.4. Señaló que presentó escrito al Veintiocho Administrativo del Circuito de Medellín
en el cual informó conflicto que atravesaba con la abogada con el fin de que
suspendiera los términos y se desestimara lo señalado por la abogada de oficio.
Sin embargo, el Juzgado Veintiocho Administrativo del Circuito de Medellín
mediante auto de 9 de abril de 2025 rechazó la demanda.
2.5. Manifestó que previo al rechazo de la demanda presentó la solicitud de amparo
de pobreza número 05001-33-33-001-2024-00168-00 y que el Juzgado Primero
Administrativo del Circuito de Medellín, mediante auto de 28 de junio de 2024, negó
su solicitud por advertir que ya tenía una abogada designada.
2.6. Adujo que de conformidad con lo sucedido presentó petición el 13 de diciembre
de 2024 ante la Defensoría del Pueblo con el fin de que le designara un abogado
que la representara. Sin embargo, mediante respuesta de 18 de diciembre de 2024
le fue negada su solicitud.
2.7. Indicó que debido a que ha sido víctima de múltiples ataques criminales en razón
a las reclamaciones que viene haciendo para la efectividad de sus derechos, en
septiembre de 2019 presentó denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, frente
a lo cual la Fiscalía 149 Delegada ante los Jueces Municipales de Medellín dispuso
el archivo de la investigación penal núm. “[…] 050016000248201912673 […]” y
agregó que se configuraron presuntas irregularidades en la investigación penal
núm. “[…] 050016000248202344997 […]”.
2.8. Refirió
que el Juzgado Veintiocho Administrativo del Circuito de Medellín
incurrió en los defectos fáctico y procedimental absoluto porque resolvió rechazar
la demanda acogiendo lo señalado por la abogada e ignorando su memorial, “[…]
SIN UN MÍNIMO DE ANÁLISIS DE LOS HECHOS EXPUESTOS […] AL MARGEN
DEL PROCEDIMIENTO FIJADO POR EL C.G.P. Y EL PRECEDENTE VERTICAL
[…]”.
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Radicación: 05001-23-33-000-2025-00504-01
Accionante: Carmen Liliana Saldarriaga Molina
2.9. Agregó que el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Medellín incurrió
en los defectos fáctico y procedimental absoluto por negar su solicitud de amparo
de pobreza y archivar las diligencias sin darle trámite al medio de impugnación que
ella presentó contra dicha providencia, lo que se encuentra “[…]
COMPLETAMENTE AL MARGEN DEL PROCEDIMIENTO FIJADO POR EL C.G.P.
Y EL PRECEDENTE VIGENTE VERTICAL […]”.
2.10. Frente a la respuesta a su petición por parte de la Defensoría del Pueblo señaló
que en su criterio esta no tiene congruencia con lo solicitado.
2.11. Indicó que la Fiscalía General de la Nación dispuso el archivo de la investigación
fundamentándose en falsas motivaciones y desconociendo sus derechos
fundamentales.
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:
“[…] DECRETE AMPARO DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO EN EL
PROCESO QUE CURSA EN EL DESPACHO 28 ADMINISTRATIVO en el
cual, motivaron su decisión de rechazo de demanda FUNDAMENTADOS
EXCLUSIVAMENTE EN LA "OPINIÓN" DE UNA VINCULADA COMO FALSA
TESTIGO, HACIENDOSE PASAR POR "APODERADA" SIN TENER PODER
PARA ACTUAR EN MI NOMBRE Y YA CON MARCADO IMPEDIMENTO
POR ESTAR DISCIPLINARIAMENTE DENUNCIADA como consta como
mínimo con la denuncia disciplinaria del anexo #20 y #21 radicado
0500125020002025-00010-00 a cargo de la Magistrada LUZ ADRIANA
LONDOÑO interpuesta no tanto por no asumir el encargo ante el juez
ordinario, como lo indica en AUTO DE RECHAZO de la demanda por el juez
28 administrativo, sino por pronunciarse ante el juez ordinario de manera
desleal obstruyendo mi derecho, desconociendo sus potestades y
limitaciones y extralimitándose al disponer a su amaño y al amaño de terceros
de un litigio que no le pertenece y al que no se le dio poder para actuar.
DECRETE AMPARO DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO Y A LA
IGUALDAD EN EL PROCESO QUE CURSA EN EL DESPACHO 28
ADMINISTRATIVO en el cual, motivaron su decisión de rechazo de demanda
FUNDAMENTADOS EN LA "OPINIÓN" DE UNA VINCULADA COMO FALSA
TESTIGO QUE SOLO POR SER AUXILIAR DE LA JUSTICIA AUN NO
EXCLUIDA DE LA LISTA COMO LO MANDA LA LEY ANTE QUIENES
EVADEN LOS ENCARGOS, PRETENDE VIOLAR MI DERECHO A
DISPONER DE MI LITIGIO como lo tiene establecido la corte constitucional
en precedente vertical desconocido sobre un caso similar.
DECRETE AMPARO DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO EN EL
PROCESO QUE CURSA EN EL DESPACHO 28 ADMINISTRATIVO EN EL
CUAL, MOTIVARON SU DECISION DE RECHAZO DE DEMANDA
FUNDAMENTADOS EN LA "OPINIÓN" DE UNA VINCULADA COMO FALSA
TESTIGO, HACIENDOSE PASAR POR "APODERADA".
DECRETE AMPARO DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO EN EL
PROCESO QUE CURSA EN EL DESPACHO 28 ADMINISTRATIVO EN EL
CUAL, ARCHIVARON DE MANERA DEFINITIVA MI PROCESO DE
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Radicación: 05001-23-33-000-2025-00504-01
Accionante: Carmen Liliana Saldarriaga Molina
REPARACIÓN DIRECTA DESDE EL MISMO DIA DEL AUTO DE RECHAZO
DEL 11 DE ABRIL DE 2025 DESCONOCIENDO LOS RECURSOS DE LEY
QUE ME ASISTEN.
DECRETE AMPARO DEL DERECHO A LA IGUALDAD, NO
DISCRIMINACIÓN Y DEBIDO PROCESO EN CONTRA DE LA ACCIONADA
28 ADMINISTRATIVO y LE ORDENEN TENGA EN CUENTA LA OPINIÓN Y
LOS INTERESES DE LA SOLICITANTE COMO DUEÑA DE SU LITIGIO TAL
COMO LO ORDENÓ LA CORTE CONSTITUCIONAL EN UN CASO
SIMILAR.
DECRETE AMPARO DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO EN CONTRA
DE LA ACCIONADA 28 ADMINISTRATIVO PARA QUE DESESTIME DE
PLANO TODO PRONUNCIAMIENTO, OPINIÓN, INTERPRETACIONES
PERSONALES DE LOS ELEMENTOS PROBATORIOS QUE EN SU
MOMENTO LE COMPARTÍ Y TODO RECURSO INTERPUESTO POR LA
AUXILIAR DE LA JUSTICIA DISCIPLINADA QUE HICIERON PASAR POR
"APODERADA" EN MI ACCIÓN DE CONTROL, SIENDO QUE LA SEÑORA
MANIFESTÓ ABIERTAMENTE SU RENUNCIA Y DESDE ESE MOMENTO
SE DESENTENDIÓ DE SU ENCARGO PARA PRONUNCIARSE AL
RESULTAR VINCULADA POR LA ACCIONADA 28 ADMINISTRATIVO NO
EN DEFENSA DE LA AMPARADA POR POBRE SINO EN DEFENSA DE LA
CONTRAPARTE EN CLARA TRAICIÓN A LOS PRECEPTOS POR LOS
CUALES VELA LA JUSTICIA.
DECRETE AMPARO DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO EN TODA
VEZ QUE, TANTO LA JUEZ, COMO QUIEN SE ENTROMETIÓ EN EL
TRAMITE COMO FALSA APODERADA, DESCONOCIERON MIS
ARGUMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO Y EL ALCANCE DE MI
DEMANDA TERGIVERSANDOLA PARA CONSTREÑIRME CON
ARTIMAÑAS JURÍDICAS Y DEJAR EN MANOS SUYAS, EL DERECHO A
LA REPARACIÓN SIN QUE FUESE UN JUEZ ORDINARIO QUIEN CON
ESTUDIO DE MI CASO, SEA QUIEN DETERMINE MI DERECHO.
DECRETE AMPARO DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO EN CONTRA
DE LA ACCIONADA 28 ADMINISTRATIVO PARA QUE HAGA CONTROL DE
LEGALIDAD A LO ACTUADO EL 11 DE ABRIL DE 2025.
DECRETE AMPARO DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO EN CONTRA
DE LA ACCIONADA 28 ADMINISTRATIVO PARA QUE RESUELVA DE
FONDO EL RECURSO DE REPOSICIÓN Y EN SUBSIDIO APELACIÓN
INTERPUESTO EL 21 DE ABRIL DE 2025 Y QUE A LA LUZ DEL ARCHIVO
DE LA DEMANDA DESDE EL DÍA DE NOTIFICACIÓN DEL AUTO DEL 11
DE ABRIL DE 2025, previo a la vacancia judicial de semana santa Y SUS
ANTECEDENTES CON MI CASO, RESULTA PATENTE QUE, SE VA A
NEGAR A RESPONDER.
DECRETE AMPARO DEL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA EN
CONTRA DE LA ACCIONADA 28 ADMINISTRATIVO DESPACHO DONDE
TOMARON COMO APODERADA A UNA ABOGADA QUE HIZO DE "FALSA
DEFENSORA" CON ARGUMENTOS EN DETRIMENTO DE MIS
DERECHOS SIN HABERSELE OTORGADO EL RESPECTIVO PODER
PARA ACTUAR QUE ESTIPULA EL C.G.P
DECRETE AMPARO DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO, A LA
DEFENSA TÉCNICA Y AL DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA EN CONTRA DE LA ACCIONADA 28 ADMINISTRATIVO
FORZANDOME CON MALICIA EN EL AUTO DE RECHAZO DE LA
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Radicación: 05001-23-33-000-2025-00504-01
Accionante: Carmen Liliana Saldarriaga Molina
DEMANDA POR SUPUESTA "CADUCIDAD" A LLAMAR A LA CURADORA
AD LITEM DISCIPLINADA PARA APORTARLE "PRUEBAS" PARA ASÍ
PODER DEMANDAR EN UN PROCESO QUE DICE QUE ESTÁ CADUCO Y
POR EL CONCEPTO JURÍDICO DE UNA MUJER QUE ESTA IMPEDIDA Y
CON GRAVÍSIMO CONFLICTO DE INTERÉS POR ACTUAR ACORDE CON
LAS ÓRDENES DE MI EX EMPLEADOR ABOGADO Y DE MI VECINO
COLINDANTE ABOGADO.
DECRETE AMPARO DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO, A LA
DEFENSA TECNICA Y AL DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA EN CONTRA DE LA ACCIONADA 28 ADMINISTRATIVO AL
OMITIR TENER EN CUENTA MIS OBJECIONES Y DESCARGOS
RADICADOS DE MANERA POSTERIOR AL RECURSO DE LA CURADORA
AD LITEM DISCIPLINADA SILENCIANDOME CON USO DE LA FUERZA.
DECRETE AMPARO DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO, A LA
DEFENSA TÉCNICA Y AL DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA EN CONTRA DE LA ACCIONADA 28 ADMINISTRATIVO POR
TENER EN CUENTA PARA RECHAZAR MI DEMANDA LAS OPINIONES,
CONCLUSIONES Y ANÁLISIS ILÍCITOS E ILEGALES DE UN AGENTE
EXTERNO A LA DEMANDA QUE ACTUÓ BAJO SUPLANTACION DE
FUNCIONES DE QUIEN SEA MI VERDADERO CURADOR AD LITEM
DESIGNADO POR LOS ENTES COMPETENTES, MIENTRAS QUE YO ME
ENCUENTRO EN CIRCUNSTANCIAS DE INDEFENSIÓN JURÍDICA Y SIN
QUIEN ME REPRESENTE EN MI DEFENSA TÉCNICA CON PETICIONES
PENDIENTES POR RESPONDER EN LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO Y EL
DESPACHO 1 ADMINISTRATIVO.
DECRETE AMPARO DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO EN CONTRA
DEL DESPACHO 28 ADMINISTRATIVO POR DEFECTO FÁCTICO AL
RECHAZAR MI DEMANDA SIN UN MÍNIMO DE ANÁLISIS DE LOS HECHOS
EXPUESTOS.
DECRETE AMPARO DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO EN CONTRA
DEL DESPACHO 28 ADMINISTRATIVO POR DEFECTO PROCEDIMENTAL
ABSOLUTO AL RECHAZAR MI DEMANDA COMPLETAMENTE AL
MARGEN DEL PROCEDIMIENTO FIJADO POR EL C.G.P. Y EL
PRECEDENTE VERTICAL.
DECRETE AMPARO DEL DERECHO AL DERECHO A LA IGUALDAD EN
CONTRA DE LAS ACCIONADAS 28, 1 ADMINISTRATIVO Y DEFENSORÍA
DEL PUEBLO SOBRE OTRAS DEMANDANTES CON AMPAROS DE
POBREZA PARA DEMANDAR EN REPARACION DIRECTA CONTRA EL
ESTADO CON CURADORES AD LITEM QUE HAN SALIDO CON EXCUSAS
Y MENTIRAS EXACTAMENTE IGUALES CON LAS QUE PARA EVADIR
SUS DEBERES SALIO LA QUE ME FUE DESIGNADA EN PROCESOS EN
LOS CUALES, SUS DERECHOS FUERON PROTEGIDOS PONIENDO EN
SU SITIO A LOS ABOGADOS ABUSIVOS Y DISCRIMINADORES,
HACIENDOLOS DISCIPLINAR Y ORDENANDOLES A LA RESPECTIVA
AGENCIA JUDICIAL SOLICITAR A LA DEFENSORÍA PUBLICA NUEVA
DESIGNACIÓN.
DECRETE AMPARO DEL DERECHO AL DERECHO DE PETICION
CONTRA LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO QUE NUNCA TERMINÓ DE
SOLUCIONAR DE FONDO EL ASUNTO PETICIONADO DE MANERA
CONGRUENTE CON LO QUE SE LE PEDÍA.
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Radicación: 05001-23-33-000-2025-00504-01
Accionante: Carmen Liliana Saldarriaga Molina
DECRETE AMPARO DEL DERECHO AL DERECHO AL ACCESO A LA
ADMINISTRACION DE JUSTICIA EN CONTRA DE LA DEFENSORIA DEL
PUEBLO QUE PARA NEGAR EL DERECHO A LA DEFENSA TÉCNICA Y A
LA DESIGNACIÓN DE UN DEFENSOR ALEGÓ EN SU RESPUESTA AL
DERECHO DE PETICIÓN QUE SOLAMENTE ACTUABA CUANDO UN
DEMANDANTE TENÍA UN AMPARO DE POBREZA Y QUE EN MI CASO NO
LO HABÍA CUANDO SÍ LO TENGO Y ESTÁ VIGENTE COMO LO INDICO
EN SU AUTO QUE ARCHIVÓ MI SOLICITUD 2024-00168 EL DESPACHO 1
ADMINISTRATIVO Y CLARAMENTE SE LO INDIQUÉ EN MI PETICION A
LA DEFENSORIA DEL PUEBLO.
DECRETE AMPARO DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO EN CONTRA
DEL DESPACHO 1 ADMINISTRATIVO QUE DESPUES DE NUEVE (9)
MESES, SE HA NEGADO A REALIZAR CONTROL DE LEGALIDAD A SU
ARCHIVO ARBITRARIO DE MI SOLICITUD.
DECRETE AMPARO DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO EN CONTRA
DEL DESPACHO 1 ADMINISTRATIVO QUE DESPUES DE NUEVE (9)
MESES, SE HA NEGADO A EMITIR UN PRONUNCIAMIENTO EN
DERECHO CON RESPECTO A MI RECURSO DE REPOSICION Y EN
SUBSIDIO APELACIÓN O REVISIÓN AL RECURSO INTERPUESTO
DENTRO DE LOS TÉRMINOS DE LEY POR EL ARCHIVO DE MI
SOLICITUD 2024-00168.
DECRETE AMPARO DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO EN CONTRA
DEL DESPACHO 1 ADMINISTRATIVO ARCHIVAR MI SOLICITUD CON
DEFECTO PROCEDIMENTAL ABSOLUTO AL RECHAZAR MI DEMANDA
COMPLETAMENTE AL MARGEN DEL PROCEDIMIENTO FIJADO POR EL
C.G.P. Y EL PRECEDENTE VIGENTE VERTICAL.
DECRETE AMPARO DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO EN CONTRA
DEL DESPACHO 1 ADMINISTRATIVO AL RECHAZAR MI SOLICITUD CON
DEFECTO FÁCTICO POR AUSENCIA DE ANÁLISIS CRÍTICO Y
DESCONOCIMIENTO DE MIS CIRCUNSTANCIAS COMO SUJETO DE
ESPECIAL PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR NEGARLA BAJO EL
SUPUESTO IRRELEVANTE DE QUE "TENGO UN AMPARO DE POBREZA
VIGENTE" CUANDO A PARTIR DE LO EXPUESTO, LO OBVIO ES QUE LA
PIDO POR NO CONTAR CON UN CURADOR AD LITEM.
DECRETE AMPARO DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO EN CONTRA
DE LA FISCALIA 149 LOCAL EDILMA MONTOYA POR ORDENAR
ARCHIVO DE DENUNCIA PENAL EN CONTRA DE MIS EX EMPLEADORES
DE LA ENTIDAD DEMANDADA POR FALSAMENTE MOTIVADA HACE
NUEVE (9) MESES Y VENIR A NOTIFICARMELO EL 10 DE ABRIL DE 2025
DESPUES DE EVIDENCIAR QUE ME CAUSÓ POR MANTENERME
DESINFORMADA Y DESPROTEGIDA MULTIPLES PERJUICIOS COMO LO
RELATÉ AL JUEZ 28 ADMINISTRATIVO EN RECURSOS DESATENDIDOS
(#10 #37) Y ORDENARLE RESPONDER A MI PETICION DE DESARCHIVO
DE ANEXOS #48,#49, #28.
DECRETE AMPARO DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO Y
SEGURIDAD PERSONAL EN CONTRA DE LA FISCALIA 149 LOCAL
EDILMA MONTOYA Y LE ORDENE NO EXIGIRME MÁS
CONFRONTACIONES CON INDICIADOS EN SPOA
050016000248202344997 ENTRE ELLOS MI EX EMPLEADOR Y OTRO
QUE INTENTO MATARME EL 31 DE MAYO DE 2023 PREVIA DILIGENCIA
PREPROCESAL CON LA P.G.N. Y DECRETAR (PARA PROTEGERME DE
NUEVOS AGRAVIOS Y RIESGOS), DILIGENCIA DE CONCILIACION
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Radicación: 05001-23-33-000-2025-00504-01
Accionante: Carmen Liliana Saldarriaga Molina
FALLIDA EN OCASIÓN A SUS AMENAZAS DE MUERTE, ADEMÁS DE,
NUEVAS CALUMNIAS Y NUEVAS INJURIAS EN TAL DILIGENCIA DEL 24
DE ABRIL DE 2025 Y QUE MANDERA INVESTIGAR A LOS INDICIADOS
POR LO QUE FUERON DENUNCIADO REALMENTE TORTURA
AGRAVADA, CALIFICADA Y EN CONCIERTO PARA DELINQUIR […]”.
[Mayúscula original del texto y sic en toda la cita]
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. Mediante auto de 28 de abril de 2025, el Despacho a cargo de la sustanciación
del proceso del Tribunal Administrativo de Antioquia admitió la presente acción de
tutela. Asimismo, ordenó vincular en calidad de terceros con interés directo en el
resultado del proceso al Juzgado Veinte Administrativo del Circuito de Medellín y a
la señora Ana María López Monsalve.
V. INTERVENCIONES
5. Una vez efectuadas las notificaciones a las autoridades accionadas y a las
vinculadas, se allegaron los siguientes informes:
5.1. El Juzgado Veinte Administrativo del Circuito de Medellín informó que ante
el mencionado despacho se adelantó la solicitud de amparo de pobreza núm.
05001-33-33-020-2022-00572-00 y mediante auto de 22 de marzo de 2023 se le
designó a la abogada Ana María López Monsalve como apoderada de oficio,
abogada que aceptó la designación el 28 de marzo de 2023.
5.2. El Juzgado Veintiocho Administrativo del Circuito de Medellín señaló que
las providencias fueron notificadas a la abogada de oficio y a la accionante. Frente
al rechazo de la demanda señaló que:
“[…] La abogada López Monsalve allegó recurso de reposición frente a lo decidido
en auto del 27 de junio de 2024, explicando que los vínculos laborales de la señora
Saldarriaga Molina con la entidad demandada ocurrieron entre mayo de 2007 y julio
de 2010, sin que se presentara incumplimiento alguno. Además, señaló que cualquier
posible reclamación por esos hechos ya había caducado.
Aunque contra ese requerimiento hecho a la abogada no procedía recurso alguno,
pues no era frente al auto inadmisorio que ella se estaba pronunciando, sino respecto
a la petición de que se hiciera parte como apoderada de la citada Saldarriaga Molina,
aun así y nuevamente para garantizar los derechos de la demandante, se procedió a
entenderlo como pronunciamiento frente al auto inadmisorio y mediante providencia
del 9 de abril de 2025, analizando lo expuesto por la apoderada y lo obrante en el
expediente, se rechazó la demanda porque si operaba el fenómeno de la caducidad
del medio de control ya que han pasado más de 13 años desde los hechos iniciales
y no existen elementos nuevos que justifiquen mover el engranaje judicial […]”.
5.3. La señora Ana María López Monsalve informó que en atención a la designación
efectuada por el Juzgado Veinte Administrativo del Circuito de Medellín realizó las
gestiones para adelantar la defensa de la accionante; no obstante, determinó que
existía una inviabilidad jurídica para presentar el medio de control de reparación.
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Radicación: 05001-23-33-000-2025-00504-01
Accionante: Carmen Liliana Saldarriaga Molina
Precisó que el Juzgado Veinte Administrativo del Circuito de Medellín frente a la
solicitud de la accionante de nombrar otro defensor de oficio resolvió que ello
excedía la naturaleza del amparo de pobreza, por cuanto la abogada podía
determinar en uso de su conocimiento jurídico la procedencia o no de interponer la
demanda.
VI. EL FALLO IMPUGNADO
6. Mediante sentencia de 7 de mayo de 2025, el Tribunal Administrativo de
Antioquia i) declaró improcedente la acción de tutela frente a los juzgados
accionados y a la Fiscalía 149 Delegada ante los Jueces Municipales de Medellín,
ii) instó al Juzgado Veintiocho Administrativo del Circuito de Medellín para que,
dentro de un término razonable, resolviera sobre la concesión o no del recurso
interpuesto por la accionante contra de la providencia de 9 de abril del 2025; y iii)
negó la solicitud de tutela frente a la Defensoría del Pueblo.
7. Indicó que frente a los reparos propuestos contra las providencias proferidas por
los dos juzgados accionados “[…] se evidencia que en ambos procesos se
interpusieron recursos contra las providencias cuestionadas, mismos que están
pendientes de resolución por parte del Superior o de ser concedidos por los
Juzgados accionados […]”
8. Señaló que “[…] En el proceso de reparación directa tramitado bajo el radicado
05001 33 33 028 2023 00537 00, se evidencia que la actuación de “ARCHIVO” que
refiere la accionada es una actuación automática que se genera por el registro
del auto que rechaza, no obstante, el recurso es procedente -de acuerdo con el
artículo 243.1 del CPACA- y se interpuso el día hábil siguiente a la fijación del
estado, razón por la cual, se INSTARÁ al Juzgado Veintiocho Administrativo del
Circuito de Medellín para que, dentro de un término razonable, adopte la decisión
que en derecho corresponda respecto del recurso interpuesto por la accionante, lo
cual se cree que no se ha realizado debido a que hace muy poco tiempo fue
radicado el memorial -21 de abril del 2025-. […]”. [Negrilla original del texto]
9. Precisó que “[…] Mediante consulta ejecutada a través del aplicativo web Samai,
la Sala advierte que, dentro del proceso de amparo de pobreza con radicado 05001
33 33 001 2024 00168 00, el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de
Medellín concedió el recurso presentado por la señora SALDARRIAGA MOLINA
contra la providencia que rechazó el amparo de pobreza y lo remitió a esta
Corporación […]”.
10. En lo que concierne a la presunta vulneración del derecho de petición consideró
que “[…] En el presente asunto, la Sala advierte que todas las garantías del derecho
de petición fueron observadas por la Defensoría del Pueblo, autoridad que permitió
la presentación de la solicitud de la accionante, resolvió lo pedido dentro del término
legal otorgado -primera respuesta enviada el 18 de diciembre de 2024-, notificó la
decisión la (sic) aquí accionante y dicha respuesta, a pesar de no acceder a la
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Radicación: 05001-23-33-000-2025-00504-01
Accionante: Carmen Liliana Saldarriaga Molina
solicitud de designación de abogado de oficio, fue suficiente y congruente con lo
pedido, dado que, en ella se señalaron las razones por las cuales no podía
accederse a lo pedido por la señora SALDARRIAGA MOLINA […] Respuesta que
como se aduce en el escrito de tutela fue remitida a la aquí accionante, según
consta en captura de pantalla que adjuntó en la página 13 del folio 003 del
expediente digital […]”.
11. Por último, adujo que “[…] tanto la Corte Constitucional como la Corte Suprema
de Justicia han reconocido que la interpretación a dicha norma debe ser
condicionada al entendido de que los denunciantes, las víctimas y el Ministerio
Público pueden solicitar ante la Fiscalía el desarchivo de las diligencias y, de no
acceder la entidad a ello, se podrá presentar la solicitud ante el Juez Penal con
Función de Control de Garantías […]”.
VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
12. La accionante impugnó la sentencia proferida en primera instancia, reiterando lo
expuesto en el escrito de tutela y adicionalmente argumentó:
“[…] Es decir, la accionada 28 administrativo obró de manera olímpica,
desproporcionada y sumamente "extraña” bajo una cruenta violación del
derecho al debido proceso absurda y abiertamente discriminatoria, prohibida
por el código de procedimiento administrativo y en contraposición absoluta por
lo estipulado en el código general del proceso perdiendo competencia desde el
15 DE FEBRERO DE 2024, DÍA EN EL QUE TUVO QUE DEFINIR MI
SITUACIÓN LEGAL ADMITIENDO O INADMITIENDO Y NO LO HIZO. Dilató
el auto de inadmisión hasta el 15 de abril de 2024 cuando había perdido
competencia E IGNORANDO QUE COMO DEMANDANTE INTERPUSE
RECURSO CONTRA LA VINCULACION DE ANA MARÍA LÓPEZ MONSALVE
Y SUS OPINIONES INCOHERENTES, ILEGÍTIMAS COMO FALSA
APODERADA EL 12 DE JULIO DE 2024 EN UNA DEMANDA INTERPUESTA
EL 6 DE DICIEMBRE DE 2023 […]”.
[…]
“[…] Se aclara entonces que, el tribunal confundió SIEMPRE EN
DETRIMENTO MIO, el recurso de abril de 2025 por hechos que ocurrieron con
la fiscalía 149 local, con los hechos violatorios del derecho a subsanar que
ocurrieron en julio de 2024 por los que le tocaba responder a la accionada 28
administrativo que contrario a garantizarme el derecho terminó por rechazar en
abril de 2025. Es decir, el recurso que tiene que ser amparado por violación es
aquel interpuesto que no se radicó en el 2025 sino en el 2024 incurriendo la
ponente en defecto fáctico por falta de análisis crítico debido a engaño de la
vinculada ANA MARÍA LOPEZ MONSALVE que en ninguna parte mencioné y
que no tenía porque vincularse a opinar nada sobre mi tutela […]”.
[…]
“[…] El tribunal negó amparo contra la defensoría del pueblo tomando como
base el derecho fundamental reclamado de menor relevancia (derecho de
petición). Ante lo sucedido pareciera pecado interponer un derecho de petición
a las autoridades ya que la autoridad maliciosa responde lo que le da la gana
y el juez que quiere negar, se pega de que hay una respuesta cualquiera para
10
Radicación: 05001-23-33-000-2025-00504-01
Accionante: Carmen Liliana Saldarriaga Molina
negar. En mi caso, lo que yo le estaba reclamando era violación del derecho a
la igualdad y a la defensa técnica […] En ese sentido, debe la Corporación
amparar mi derecho a la igualdad violado por la defensoría del pueblo
aludiendo falsamente motivados que “no tengo amparo de pobreza” […]”.
[…]
“[…] DECRETE AMPARO DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO Y
SEGURIDAD PERSONAL EN CONTRA DE LA FISCALIA 149 LOCAL EDILMA
MONTOYA Y LE ORDENE NO EXIGIRME MÁS CONFRONTACIONES CON
INDICIADOS EN SPOA 050016000248202344997 ENTRE ELLOS MI EX
EMPLEADOR Y OTRO QUE INTENTO MATARME EL 31 DE MAYO DE 2023
PREVIA DILIGENCIA PREPROCESAL CON LA P.G.N. Y DECRETAR (PARA
PROTEGERME DE NUEVOS AGRAVIOS Y RIESGOS), DILIGENCIA DE
CONCILIACION FALLIDA EN OCASIÓN A SUS AMENAZAS DE MUERTE,
ADEMÁS DE, NUEVAS CALUMNIAS Y NUEVAS INJURIAS EN TAL
DILIGENCIA DEL 24 DE ABRIL DE 2025 Y QUE MANDERA INVESTIGAR A
LOS INDICIADOS POR LO QUE FUERON DENUNCIADO REALMENTE
“TORTURA AGRAVADA, CALIFICADA Y EN CONCIERTO PARA
DELINQUIR” Sobre este último caso con noticia criminal del año 2023, la
ponente no menciona nada, ni negar, ni amparar. Lo que desconoció la ponente
es gravísimo […]”.
[…]
“[…] De lo que se trataba la actual solicitud de amparo que pareció no entender
la ponente es que habiéndose celebrado una audiencia de conciliacion con los
indiciados, yo, la aquí accionante, fui victima de nuevas amenazas delante de
todo el mundo. Obviamente, la fiscal le llamo la atención al indiciado y decidió
así no más posponer la diligencia preprocesal […]”. [Sic en toda la cita y
mayúscula original del texto]
VIII. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
13. El Consejero de Estado doctor Oswaldo Giraldo López manifestó impedimento
en el proceso de la referencia y mediante auto de 26 de junio de 2025, la Sección
lo declaró infundado.
IX. CONSIDERACIONES DE LA SALA
IX.1. Competencia de la Sala
14. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20152, modificado por el artículo 1º del Decreto núm. 333
1
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
2
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
11
Radicación: 05001-23-33-000-2025-00504-01
Accionante: Carmen Liliana Saldarriaga Molina
de 6 de abril de 20213, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de
20194, modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 20245.
IX.2. Problemas jurídicos
15. Deacuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
debe ser confirmado, modificado o revocado6, la Sala debe establecer:
a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello
es así, se deberá:
b) Determinar si se encuentran vulnerados los derechos fundamentales
invocados por la accionante con las providencias cuestionadas, la omisión
de dar respuesta de fondo a la petición de 13 de diciembre de 2024 y las
presuntas irregularidades en las investigaciones penales núms. “[…]
050016000248202344997 […]” y “[…] 050016000248201912673 […]”.
16. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela; para posteriormente
ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando
se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.
IX.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad
17. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 20127, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.
18. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:
19. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional
del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la
existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
3
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
4
Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
5 Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan
los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.
6
Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
7
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
12
Radicación: 05001-23-33-000-2025-00504-01
Accionante: Carmen Liliana Saldarriaga Molina
inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto
decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los
hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción
no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia
SU-627 de 2015.
20. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial8, la sentencia C-590 de
2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución9.
21. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”10 que encaje en dichos
parámetros.
22. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.
23. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.
8
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio
Palacio.
9
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo
llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
10
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.
13
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Accionante: Carmen Liliana Saldarriaga Molina
IX.4. El caso concreto
24. La señora Carmen Liliana Saldarriaga Molina solicitó la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de
justicia, a la igualdad y de petición cuya vulneración le atribuyó: i) a la providencia
de 9 de abril de 2025 proferida por Juzgado Veintiocho Administrativo del Circuito
de Medellín dentro del medio de control de reparación directa con radicado número
05001-33-33-028-2023-00537-00; ii) a la providencia de 28 de junio de 2024
proferida por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Medellín dentro de
la solicitud de amparo de pobreza con radicado número 05001-33-33-001-2024-
00168-00; iii) a la omisión de dar repuesta de fondo a la petición de 13 de diciembre
de 2024; y iv) a las presuntas irregularidades en las investigaciones núm. “[…]
050016000248202344997 […]” y “[…] 050016000248201912673 […]”.
IX.4.1. Del requisito general de procedencia de relevancia constitucional
25. El requisito de procedencia de relevancia constitucional se entiende cumplido
cuando se acredita que el asunto gira en torno al contenido, alcance y goce de algún
derecho fundamental11 y no cuando guarda relación con asuntos de carácter
meramente legal o de contenido económico que deberán ser definidos por otras
jurisdicciones12.
26. En las acciones de tutela contra providencias judiciales13 el referido requisito se
cumple siempre que se evidencie la afectación o vulneración de las garantías
constitucionales o núcleo esencial de los derechos fundamentales y se descarte el
uso del mecanismo de amparo como una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces14.
27. En cuanto a la relevancia constitucional de una controversia, la Sala Plena del
Consejo de Estado, en sentencia de unificación15, sostuvo que:
“[…] La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado
desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por
la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en
una tercera instancia.
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional
por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces,
aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.
11
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr. Jaime
Córdoba Triviño.
12
Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-458 de 29 de agosto de
2016 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
13
Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para efectos de atacar
y/o cuestionar el contenido de una decisión judicial.
14
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En
igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.
15
Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio
Ramírez Ramírez.
14
Radicación: 05001-23-33-000-2025-00504-01
Accionante: Carmen Liliana Saldarriaga Molina
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos
cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene
tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so
pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional […]”.
[Negrilla fuera del texto]
28. La Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 202216 precisó, en relación
con el alcance del requisito de la relevancia constitucional, cuáles eran los deberes
del juez constitucional:
“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.
[…]
a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental
42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.
[…]
b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal
45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en
literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.
[…]
c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica
65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás
proceda la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica,
pues eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún
derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra
providencias judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos
pensionales; (ii) pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…)
16
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.
15
Radicación: 05001-23-33-000-2025-00504-01
Accionante: Carmen Liliana Saldarriaga Molina
entre otras materias que implican pretensiones económicas, la Corte ha
reconocido la relevancia constitucional del asunto siempre que se advierta con
claridad que la acción de tutela está dirigida a obtener la protección de un
derecho fundamental y no a reabrir la discusión definida ante los jueces
ordinarios.
[…]
d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa
rígida pues no se demuestra una grave violación de los derechos
fundamentales […]”. [Negrilla original del texto y subrayado fuera del texto]
29. Valga destacar que el anterior criterio fue reiterado por la Sala Séptima de Revisión
de la Corte Constitucional en reciente sentencia T-075 de 22 de marzo de 202317.
30. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado, para que exista relevancia constitucional deben concurrir los siguientes
elementos: i) que de la carga argumentativa expuesta por el actor se pueda concluir
que hay una presunta vulneración de derechos fundamentales, y ii) que la discusión
planteada en sede de tutela no gire en torno a una inconformidad respecto de la mera
legalidad de la decisión analizada o sobre cuestiones de apreciación judicial que no
involucre derechos fundamentales18.
31. Previa indicación de las anteriores premisas se tiene que en el caso objeto de
estudio la parte accionante sostuvo que los juzgados accionados vulneraron sus
derechos fundamentales por incurrir en los defectos fáctico y procedimental
absoluto.
32. Al
respecto, indicó que el Juzgado Veintiocho Administrativo del Circuito de
Medellín incurrió en los defectos fáctico y procedimental absoluto porque resolvió
rechazar la demanda acogiendo lo señalado por la abogada e ignorando su
memorial “[…] SIN UN MÍNIMO DE ANÁLISIS DE LOS HECHOS EXPUESTOS […]
AL MARGEN DEL PROCEDIMIENTO FIJADO POR EL C.G.P. Y EL
PRECEDENTE VERTICAL […]”.
33. En cuanto al Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Medellín señaló que
incurrió en los defectos fáctico y procedimental absoluto por negar la solicitud de
amparo de pobreza y archivar las diligencias sin darle trámite al medio de
impugnación que ella presentó contra dicha providencia, lo que se encuentra “[…]
COMPLETAMENTE AL MARGEN DEL PROCEDIMIENTO FIJADO POR EL C.G.P.
Y EL PRECEDENTE VIGENTE VERTICAL […]”.
17
Corte Constitucional. Sala Séptima de revisión. Sentencia T-075 de 2023, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera; 22 de
marzo de 2023.
18
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección primera. Rad. núm.: 2015-00283-01, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 8 de octubre de 2015. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.:
2016-002244-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 3 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-01063-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-02862-00, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad.
núm.: 2016-03249-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; 9 de febrero de 2017.
16
Radicación: 05001-23-33-000-2025-00504-01
Accionante: Carmen Liliana Saldarriaga Molina
34. Encriterio de esta Sala de Decisión, la presente controversia carece de
relevancia constitucional porque no se cumple con la carga argumentativa mínima.
En efecto, se destaca que, aunque la accionante identificó los defectos en los que
se incurrió, lo cierto es que no hizo un desarrollo argumentativo tendiente a
demostrar la configuración de dichas causales.
35. Eneste punto, resulta necesario resaltar que la simple enunciación de una
inconformidad respecto de la decisión adoptada no conduce a que el juez de tutela
pueda abordar el fondo del asunto, ya que esta autoridad no actúa como instancia
adicional o de revisión del proceso.
36. La falencia argumentativa advertida no puede ser subsanada por el juez de
tutela, dado que la presente acción constitucional se dirige contra una providencia
judicial que ha hecho tránsito a cosa juzgada; por lo cual es exigible el cumplimiento
de una carga mínima argumentativa que habilite un examen de fondo del caso. En
armonía con lo anterior, la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022
señaló lo siguiente:
“[…] [D]ado que las providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, “el
juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia
reprochada”20. Esto implica que el juez de tutela debe restringir su análisis
únicamente a los argumentos propuestos por el accionante, además de
verificar el cumplimiento de los requisitos generales y específicos de
procedencia […]”. [Negrilla fuera del texto].
37. Igualmente, se observa que las providencias objeto de esta acción resolvieron
en forma razonable el caso.
38. El Juzgado Veintiocho Administrativo del Circuito de Medellín en la providencia
de 9 de abril de 2025 señaló lo siguiente:
“[…] Mediante memorial radicado el 5 de julio de 2024, la señora Ana María
López Monsalve interpuso recurso de reposición, en el cual informó que los
vínculos contractuales de la señora Saldarriaga Molina con la entidad datan del
7 de mayo de 2007 al 31 de julio de 2010, sin que en ellos se evidencie
incumplimiento alguno. Indicó además que dichos hechos ya se encuentran
caducados.
No obstante, en julio de 2023 solicitó a la señora Saldarriaga que aportara
pruebas sobre nuevos hechos presuntamente ocurridos en 2019, relacionados
con un supuesto daño por pérdida de oportunidad laboral. Sin embargo, al
momento de presentar el recurso, no se habían allegado dichas pruebas; la
interesada únicamente remitió documentos de trámites previos de carácter
penal, laboral y de salud. Por esta razón, la apoderada considera que presentar
una demanda en los términos solicitados por la parte demandante constituiría
una acción temeraria, en tanto han transcurrido más de 13 años desde la
ocurrencia de los hechos iniciales, superando ampliamente el término de
caducidad establecido en el C.P.A.C.A., lo cual podría acarrearle incluso
sanciones disciplinarias.
17
Radicación: 05001-23-33-000-2025-00504-01
Accionante: Carmen Liliana Saldarriaga Molina
De lo anterior se desprende que la apoderada designada cumplió con el encargo
conferido por el Juzgado 20 Administrativo Oral del Circuito de Medellín,
informando a esta Agencia Judicial que no es posible subsanar la demanda sin
incurrir en temeridad,
dado que no existen hechos nuevos ni pruebas que respalden el medio de control
que pretende ejercer la demandante, máxime que frente a ello ya habría
caducado el medio de control. En consecuencia, no presenta escrito de
subsanación.
Revisando lo expuesto por la apoderada, lo que pide la demandante y lo que
aparece probado hasta la fecha, se concluye que efectivamente se encuentra
configurado el fenómeno de la caducidad; ello en razón a que efectivamente las
relaciones laborales que surgieron entre ella y sus patronos corresponden a años
que superan el término de caducidad, aun en un proceso de REPARACION
DIRECTA y no existen nuevos elementos que justifiquen su admisión, como bien
lo indica la apoderada. Por tanto, no habiéndose adecuado la demanda en los
términos solicitados, y probada la CADUCIDAD del medio de control que se
pretende, SE RECHAZARÁ LA DEMANDA.
Por otro lado, se observa que la demandante elevó una petición especial
solicitando la admisión de la acción de Reparación Directa y el nombramiento de
un apoderado de oficio para representarla en futuras diligencias, pero frente a
ello, ya le ha sido reiterado que en el Juzgado 20 Administrativo Oral de Medellín,
se adelantó esa actuación de solicitud de amparo de pobreza, se le nombro
apoderada de amparo y esta explicó ampliamente las razones por las cuales no
es procedente iniciar ninguna acción judicial, con la prueba y solicitudes que
eleva la interesada, sin que dicha apoderada haya renunciado a su encargo. En
consecuencia, si la interesada tiene en su poder otros elementos probatorios que
permitan instaurar una acción judicial, frente a sus pedimentos, corresponde a la
mencionada profesional representar sus intereses y es a ella a quien debe elevar
las peticiones y presentar las pruebas, para que ejecute la labor encomendada
de amparo judicial.
En mérito de lo expuesto, el JUZGADO VEINTIOCHO ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO DE MEDELLÍN,
RESUELVE
PRIMERO: RECHAZAR la demanda presentada por la señora CARMEN
LILIANA SALDARRIAGA MOLINA, por lo expuesto en las motivaciones de esta
providencia. […]”. [Negrilla original del texto]
39. El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Medellín en la providencia de
28 de junio de 2024 dispuso:
“[…] Estando prestó [sic] el Despacho para conceder o rechazar la solicitud de
amparo de pobreza presentado por Carmen Liliana Saldarriaga, se observó:
1- Que el Juzgado Veinte Administrativo del Circuito de Medellín bajo el
radicado 05001 33 33 020 2022 00572 00 le concedió amparo de pobreza y
nombró a la abogada ANA MARÍA LÓPEZ MONSALVE.
2- Que el Juzgado Veintiocho del Circuito de Medellín conoce la demanda de
Reparación directa con el radicado 05001 33 33 028 2023 00537 00.
18
Radicación: 05001-23-33-000-2025-00504-01
Accionante: Carmen Liliana Saldarriaga Molina
Por lo anterior, considera el presente Despacho que la solicitud de amparo de
pobreza presentado por la accionante fue resuelto y concedido por el Juzgado
Veinte Administrativo del Circuito de Medellín bajo el radicado 05001 33 33 020
2022 00572 00, pues, revisado el expediente en la plataforma samai se
observó: auto que concede amparo de pobreza del 22 de marzo de 2023, el
cual nombró a la abogada Ana María López Monsalve portadora de la tarjeta
profesional […] del Consejo Superior de la Judicatura con el fin de iniciar
demanda de reparación directa en contra de la Superintendencia de Industria
y Comercio y otros, por “daños y perjuicios físicos, morales, profesionales y
materiales”. Igualmente, el Juzgado Veinte Administrativo del Circuito de
Medellín mediante los autos del 19 de abril de 2023, 30 de agosto de 2023 y 4
de octubre de 2023 resolvió memoriales contentivos del trámite del amparo de
pobreza y señaló:
[…]
Así las cosas, estima el Despacho que no resulta viable conceder la presente
solicitud de toda vez que se encuentra amparada por el Juzgado Veinte
Administrativo Oral de Medellín, bajo el radicado 05001 33 33 020 2022 00572
00, y la finalidad del amparo, se encuentra consumada al nombrarle el
apoderado a cargo de la reparación directa, por lo cual resulta improcedente
conceder otro amparo de pobreza y nombrarle nuevo apoderado, y en su lugar
se rechazará el amparo solicitado por existir otro vigente el cual trata de los
mismos hechos y pretensiones en demanda de reparación directa. […]”.
40. La transcripción anterior permite evidenciar que el debate planteado en esta sede
constitucional fue analizado por el juez contencioso y no se observa que las
decisiones proferidas en sede ordinaria hubiesen sido arbitrarias o, se hubiesen
desconocido los derechos fundamentales de la parte accionante.
41. En tal virtud, vale la pena señalar que la acción de “[…] tutela contra providencias
judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo
cuestionado […]”19.
42. Significalo expuesto, en palabras de la Corte Constitucional, que este “[…]
mecanismo de amparo constitucional […]” no puede ser “[…] utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole
probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial
[…]”; ya que en “[…] el marco de cada proceso, las partes cuentan con los recursos
judiciales ordinarios y extraordinarios dispuestos por el legislador para combatir las
decisiones de los jueces que estimen arbitrarias o incompatibles con sus derechos
[…]”20. En esa medida, “[…] [s]i luego de agotar dichos recursos persiste una clara
arbitrariedad judicial, solo en ese caso se encuentra habilitada la tutela contra
providencias judiciales […]”21.
43. Sin perjuicio de lo anterior se precisa que tampoco se cumpliría el requisito de
subsidiariedad porque contra el auto de 9 de abril de 2025 la accionante interpuso
19
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.
20
Ibidem.
21
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU- 026 DE 2021, Exp. No. 7.826.947, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; 5 de
febrero de 2021.
19
Radicación: 05001-23-33-000-2025-00504-01
Accionante: Carmen Liliana Saldarriaga Molina
recurso de apelación, y frente al auto de 28 de junio de 2024 se encuentra pendiente
de resolver un recurso de reposición.
44. De lo anterior, la Sala considera que la acción de tutela es improcedente respecto
de los Juzgados Primero y Veintiocho Administrativo del Circuito de Medellín
porque no cumple con el requisito de relevancia constitucional.
IX.4.3. De la presunta vulneración del derecho de petición por parte de la
Defensoría del Pueblo
45. En el caso sub examine, la accionante manifestó haber presentado una solicitud
de petición el 13 de diciembre de 2024 ante la Defensoría del Pueblo, a través de
la cual según indicó en el escrito de tutela solicitó “[…] designar un curador ad litem
[…]”.
46. MedianteOficio núm. 202400600207481221 de 18 de diciembre de 2024 la
Defensoría del Pueblo dio respuesta a la solicitud de la accionante en los siguientes
términos:
“[…] En referencia al Radicado No. 202400500505552182
Asunto: ASIGNACIÓN DE ASESORIA
CORDIAL SALUDO
[…]
De conformidad con el inciso anterior, el Estado responderá, entre otras,
cuando la causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación
administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de
trabajos públicos o por cualquiera otra causa imputable a una entidad pública
o a un particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de la
misma.>>
Cualquier particular que crea haber sufrido un perjuicio o daño por parte del
estado o uno de sus agentes puede interponer esa acción.
También es posible que el estado recurra a ella cuando un particular y otra
entidad estatal, según el inciso tercero del artículo 140 del mismo código: «Las
entidades públicas deberán promover la misma pretensión cuando resulten
perjudicadas por la actuación de un particular o de otra entidad pública.» Ahora
bien, es necesario resolver el problema jurídico planteado usted, debo indicarle
que la Defensoría del Pueblo, actuará solo bajo el instrumento procesal de
amparo de pobreza, el proceso de reparación directa no es resorte ni
competencia de la Defensoría del Pueblo. Debido a que resulta necesario
entender que la ley 24 de 1992, prescribe que la Defensoría no adelantará
procesos judiciales en donde NO proceda el amparo de pobreza, instrumento
procesal que solo procede en los términos del artículo 151 del código general
que prescribe “Se concederá el amparo de pobreza a la persona que no se
halle en capacidad de atender los gastos del proceso sin menoscabo de lo
necesario para su propia subsistencia y la de las personas a quienes por ley
debe alimentos, salvo cuando pretenda hacer valer un derecho litigioso a título
oneroso” no cabe duda que el fin de interposición de esta demanda, es la
20
Radicación: 05001-23-33-000-2025-00504-01
Accionante: Carmen Liliana Saldarriaga Molina
reparación directa, es la indemnización título oneroso, y este tipo de proceso,
NO se adelanta por su categoría y cuantía por la Defensoría del Pueblo […]”.
[…]
“[…] Es de advertir que este despacho le concedió una cita con el Doctor JUAN
FELIPE SIERRA CASTRILLÓN, defensor público -en derecho administración
de la defensoría del pueblo se puede comunicar en la sede […]”. [Negrilla y
mayúscula original del texto, y subrayado fuera del texto]
47. De conformidad con los expuesto la Sala advierte que la Defensoría del Pueblo
garantizó el derecho de petición de la accionante en la medida en que resolvió la
petición dentro del término legal otorgado, esto es el 18 de diciembre de 2024,
notificó la decisión y dicha respuesta fue de fondo, clara y congruente con lo pedido
de conformidad con lo expuesto en el escrito de tutela.
48. Así las cosas, en criterio de la Sala,
la Defensoría del Pueblo no vulneró el
derecho fundamental de petición de la accionante
49. En cuanto a las presuntas irregularidades que señaló la actora en la investigación
penal núm. “[…] 050016000248202344997 […]” la Sala advierte que estas deben
ser puestas en conocimiento de la autoridad que tramita dicha denuncia, la cual se
encuentra en trámite con estado “[…] ACTIVO […]” según consulta en la página
web de la Fiscalía General de la Nación.
50. Respecto al archivo de la investigación penal núm. “[…]
050016000248201912673 […]” por parte de la Fiscalía 149 Delegada ante los
Jueces Municipales de Medellín, la Sala advierte que procede la solicitud de
desarchivo22.
51. Por lo anterior, se modificará el fallo impugnado y en su lugar se dispondrá: i)
declarar la improcedencia de la acción de tutela frente a los Juzgados Primero y
Veintiocho Administrativos del Circuito de Medellín y la Fiscalía 149 Delegada ante
los Jueces Municipales de Medellín; y ii) negar la solicitud de tutela respecto de la
Defensoría del Pueblo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia de 7 de mayo de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia. En su lugar se dispone:
22 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-1154 de 15 de noviembre de 2005. M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa.
21
Radicación: 05001-23-33-000-2025-00504-01
Accionante: Carmen Liliana Saldarriaga Molina
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela
respecto de los Juzgados Primero y Veintiocho Administrativos del Circuito de
Medellín y la Fiscalía 149 Delegada ante los Jueces Municipales de Medellín,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NEGAR la solicitud de tutela respecto de la Defensoría del Pueblo,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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