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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2025-00534-01

Fecha
19 de junio de 2025
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2025-00534-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Confírmase la sentencia del 14 de mayo de 2025, a través de la cual el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Octava de Decisión declaró improcedente la acción de tutela. SEGUNDO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 05001-23-33-000-2025-00534-01

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

19 de junio de 2025

Demandante: Enoc Rodríguez Gómez
Demandados: Juzgado Séptimo de Familia de Oralidad
de Medellín y otros
Radicado: 05001-23-33-000-2025-00534-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Diecinueve (19) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 05001-23-33-000-2025-00534-01
Demandante: ENOC RODRÍGUEZ GÓMEZ
Demandados: JUZGADO SÉPTIMO DE FAMILIA DE ORALIDAD DE
MEDELLÍN Y OTROS

Tema: Subsidiariedad

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala la impugnación presentada por la parte actora en contra de la
sentencia del 14 de mayo de 2025, dictada por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Octava de Decisión, que declaró improcedente la acción de
tutela instaurada por el señor Enoc Rodríguez Gómez contra el Juzgado
Séptimo de Familia de Oralidad de Medellín y otros

I. ANTECEDENTES

1.1. La petición de amparo

El señor Enoc Rodríguez Gómez en nombre propio, el 29 de abril de 2024
interpuso acción de tutela contra el Juzgado Séptimo de Familia de Oralidad
de Medellín, el acueducto veredal el Brasil, la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios y la señora Gloria Cecilia Palacio Aguirre, con el fin de
que le sean protegidos sus derechos fundamentales al debido proceso y al
servicio vital del agua.

Consideró vulneradas dichas garantías constitucionales con ocasión del auto
del 3 de octubre de 2022, proferido por el Juzgado Séptimo de Familia de
Oralidad de Medellín dentro del proceso de ejecutivo por obligación de hacer
bajo el radicado 05001-31-10-007-2022-00544-00, toda vez que el mismo no
podía iniciarse por cuanto se configuró la prescripción de la acción y en el
cual libró mandamiento ejecutivo a favor de la señora Gloria Cecilia Palacio
Aguirre ordenando el cumplimiento del Acuerdo del 8 de agosto de 2019, y
ante el retiro por parte de la señora Palacio Aguirre y de un funcionario del
acueducto veredal el Brasil del contador de agua potable de su inmueble
ocurrido el 23 de abril de 2025.

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandante: Enoc Rodríguez Gómez
Demandados: Juzgado Séptimo de Familia de Oralidad
de Medellín y otros
Radicado: 05001-23-33-000-2025-00534-01

1.2 Pretensiones

En consecuencia, formularon las siguientes pretensiones:

«PRIMERO: SE ORDENE DENTRO DE LAS 48 HORAS SIGUIENTES A LA
NOTIFICACION DE LA SENTENCIA, Al Juzgado 7 de Familia de Medellín
emita decisión de archivo dentro del proceso ejecutivo por obligación de
hacer con radicación 05001311000720220054400, toda vez que el mismo
no podía iniciarse al estar prescrita la acción y, por demás, el suscrito
cumplió la sentencia hasta donde humanamente le fue posible, al hacer la
división material ordenada en la sentencia, y el no registro de la sentencia
del 8 de agosto de 2019, se debe a la culpa de un tercero.

SEGUNDO: SE ORDENE DENTRO DE LAS 48 HORAS SIGUIENTES A LA
NOTIFICACION DE LA SENTENCIA al representante legal del acueducto el
Brasil, me restablezca el derecho al mínimo vital de agua potable y así como
traslado Del servicio a un lugar distinto a donde originalmente se conectó,
proceda a instalarlo en el predio denominado la maritu de mi propiedad del
cual anexo copia del documento que me acredita como poseedor, que es el
lugar donde habito y requiero el mínimo vital de agua potable. TAMBIEN SE
LE ORDENE expedir copia del contrato de condiciones uniformes donde se
indique cuáles son las causales para cancelar el servicio de agua potable al
suscriptor. O, si su intención es expropiarme del servicio, se me adelante el
debido proceso donde pueda ejercer mi derecho de defensa material.

TERCERO: a la particular GLORIA CECILIA PALACIO AGUIRRE, se le
advierta que, cualquier acción que tenga que ver con los bienes de la extinta
sociedad patrimonial, que pudo haber existido y que no se declaró la misma,
esta prescrita y esta incursa en delitos como fraudes procesales y
falsedades, para que se abstenga en continuar incoando acciones ilegitimas
ante la administración de justicia, al abogado que la asesora se le
compulsen copias para ante la comisión de disciplina judicial pues no se
entiende como su proceder contraviene la sentencia de la corte suprema de
justicia, arriba citada.

CUARTO: A la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS, vigile el
actuar arbitrario, ofensivo y desleal, del representante legal del acueducto el
Brasil, para que en lo sucesivo se abstenga de expropiar derechos del
mínimo vital de agua a los suscriptores. (…)»1.

1.3. Hechos

Manifestó el accionante que el 8 de agosto de 2019, el Juzgado Séptimo de
Familia de Oralidad de Medellín resolvió aprobar el acuerdo que celebró con
la señora Gloria Cecilia Palacio Aguirre, relacionado con la liquidación de la
sociedad patrimonial dentro del proceso declaratorio de unión marital de
hecho identificado con radicado 05001-31-10-007-2018-00845-00, mediante
acta de conciliación judicial.

1 Cita del texto original con posibles errores

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de Medellín y otros
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Expresó que el Juzgado Séptimo de Familia de Oralidad de Medellín, por
medio de auto de 3 de octubre de 2022, libró mandamiento ejecutivo a favor
de la señora Gloria Cecilia Palacio Aguirre ordenando el cumplimiento del
acuerdo del 8 de agosto de 2019, dentro del proceso ejecutivo por obligación
de hacer bajo radicado 05001-31-10-007-2022-00544-00.

Indicó que, dicho juzgado, libró mandamiento de pago a pesar de que la
acción frente a los derechos patrimoniales en lo que respecta a la liquidación
de la sociedad patrimonial ya había prescrito.

Lo anterior por cuanto, en su concepto, la interesada en adquirir el derecho
de dominio del 50% del predio identificado con la matricula inmobiliaria 029-
4680 había demorado más de 2 años y 2 meses en comparecer a la Oficina
de Registro de Instrumentos Públicos (en adelante ORIP), y en cambio
interpuso demanda ejecutiva en su contra.

Enunció que una de las obligaciones emanadas del acuerdo antes referido
era la división tanto material como jurídica del bien en comento, pero esta
última no se llevó a cabo y solo se hizo la división material del inmueble.

Por último, indicó que la señora Palacio Aguirre el 23 de abril de 2025, se
presentó al predio antes mencionado con un fontanero del acueducto el
Brasil y retiró el contador del agua y trasladó el servicio a otro predio vecino,
razón por la cual no cuenta con ese líquido vital.

1.4. Sustento de la petición

El accionante considera que el Juzgado Séptimo de Familia de Oralidad de
Medellín, el Acueducto Veredal el Brasil, la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios y la señora Gloria Cecilia Palacio Aguirre vulneraron
los derechos fundamentales al debido proceso y al mínimo vital al agua
potable.

Adujo que el Juzgado Séptimo de Familia de Oralidad de Medellín, a través
del auto del 3 de octubre de 2022, vulneró su derecho fundamental al debido
proceso al librar mandamiento ejecutivo en favor de la señora Gloria Cecilia
Palacio Aguirre, dentro del proceso ejecutivo por obligación de hacer bajo
radicado 05001-31-10-007-2022-00544-00, ya que consideró que frente al
proceso de declaratoria de unión marital de hecho había operado el
fenómeno de la prescripción porque se archivó el 8 de agosto de 2019, y por
tanto, no tenía ningún derecho ya que el tiempo para accionar era de un año
luego de la separación de hecho.

Expresó que también se le vulneró el derecho al debido proceso por cuanto
la señora Palacio Aguirre solicitó una corrección al acuerdo conciliatorio
aprobado el 8 de agosto de 2019 por el Juzgado Séptimo de Familia de
Oralidad de Medellín y el mismo despacho judicial negó dicha solicitud, por lo
tanto, a pesar de que el proceso de declaratoria de unión marital de hecho
esta archivado, el proceso ejecutivo con obligación de hacer sigue activo.
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1.5. Trámite

Mediante auto del 5 de mayo de 2025, el despacho sustanciador admitió la
acción de tutela y ordenó notificar al Juzgado Séptimo de Familia de Oralidad
de Medellín, al Acueducto Veredal el Brasil, a la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios y a la señora Gloria Cecilia Palacio Aguirre
para que, si lo consideraban del caso, intervinieran en el presente proceso en
calidad de accionados.

1.6. Intervenciones

1.6.1 Juzgado Séptimo de Familia de Oralidad de Medellín

Luego de hacer un recuento procesal de lo acontecido en los procesos de
declaración de la unión marital de hecho y del trámite ejecutivo, conocidos
bajo los radicados 05001-31-10-007-2018-00845-00 y 05001-31-10-007-
2022-00544-00, consideró que el despacho judicial no le ha vulnerado el
derecho al debido proceso al accionante por las siguientes razones:

Explicó que el señor Rodríguez Gómez en el trámite ejecutivo se pronunció
frente a los hechos de la demanda y propuso excepciones, las cuales le
fueron resueltas dentro de la oportunidad legal.

Con relación al traspaso de los derechos de propiedad, afirmó que el actor
no cumplió con su obligación de hacer, esto es, efectuar la tradición del 50%
del inmueble debido a que no era dueño del 100% de la propiedad, por tanto,
lo pertinente era corregir la conciliación por las partes celebrada.

Indicó que las partes habían solicitado al despacho corregir directamente el
acta de conciliación, pero que les había explicado que no podía imponer una
corrección de un acuerdo de voluntades que ya estaba en firme, por lo tanto,
si a bien lo tenían, podían suscribir otro acuerdo de transacción, conciliación
extra judicial o cualquier otro acto en el que libremente manifestaran su
voluntad de transferir el derecho de dominio del cuál sí era propietario el
señor Rodríguez Gómez y así terminar el conflicto.

Frente a la división material del predio, señaló que dicho acto jurídico no
podía ser registrado por cuanto el municipio en donde se encuentra ubicado
el inmueble había informado que éste no cumple con la normativa pertinente
para realizar la división.

Reveló que es la segunda tutela que interponía el accionante en contra del
despacho judicial, cuando lo pertinente era que procediera a realizar las
correcciones de los porcentajes de tradición que se requirieran para
reconocer el derecho sobre el inmueble que pretendieron conciliar.

Informó que se había ordenado activar el proceso ejecutivo el cual se
encontraba suspendido y se había fijado fecha para la continuidad de la
audiencia para el martes 8 de julio de 2025 a las 9:00 am.
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En lo concerniente a las dificultades entre las partes por la suspensión del
servicio de agua, la funcionaria manifestó desconocer las aristas que
circundaban tales hechos y, en tal sentido, se abstenía de pronunciarse, por
lo tanto, solicitó la declaratoria de improcedencia de la acción frente a la
pretensión contenida en el ordinal primero de la acción constitucional, toda
vez que el accionante, quien ostenta la calidad de demandado en el proceso
ejecutivo sobre el que pretende el archivo, habría podido elevar tal solicitud
ante esta instancia sin acudir a la vía constitucional.

1.6.2 Gloria Cecilia Palacio Aguirre

Indicó que la demanda ejecutiva por obligación de hacer tenía como título
ejecutivo el acta de conciliación judicial previamente suscrita entre las partes,
el cual se encuentra vigente y, por ello, dentro del término legal se promovió
el proceso respectivo, circunstancia que justificaba que el Juzgado Séptimo
de Familia de Oralidad de Medellín admitiera la demanda y ordenara librar el
respectivo mandamiento ejecutivo.

Señaló que la escritura de división material del predio no ha podido ser
registrada ante la ORIP del municipio de Sopetrán, debido a que el
accionante sólo era titular del 33.34% del bien, y no del 100%, como se
requería para la transferencia según la interpretación literal del acta de
conciliación, que estipulaba un reparto del 50% para cada parte.

Conforme a lo anterior, las partes le solicitaron al juzgado la aclaración del
acuerdo conciliatorio, solicitud que fue negada por el despacho judicial, ante
lo cual se les sugirió a las partes que analizaran otras alternativas, como una
compraventa o cesión de derechos, para viabilizar el cumplimiento de lo
acordado; sin embargo, el accionante se ha negado sistemáticamente a
suscribir cualquier documento adicional, lo que ha obstaculizado la ejecución
del acuerdo.

Mencionó que la afirmación del accionante, relacionada con la prescripción
de la acción ejecutiva, es infundada, ya que dicho proceso se encuentra
vigente y el accionante aún no ha dado cumplimiento efectivo a lo pactado en
el acta de conciliación, a pesar de que se han celebrado varias audiencias en
un intento por resolver el conflicto de forma definitiva.

Con relación a las modificaciones y construcciones necesarias para la
división material del inmueble, aseguró que las debía realizar el accionante
según lo estipulado en el acta de conciliación, pero de común acuerdo entre
las partes se procedió a la construcción de un muro divisorio, el cual permitió
la separación física de las dos viviendas existentes en el predio.

Señaló la existencia dos conexiones para la prestación del servicio de agua
por parte el Acueducto Veredal el Brasil y el Acueducto Comunitario, las
cuales quedaron instaladas en la vivienda del accionante, y que las venía
cancelando la señora Palacio Aguirre desde el mes de junio de 2018, cuando
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llego un nuevo habitante al inmueble hace aproximadamente 2 meses,
persona que está pagando el 50% del servicio de agua.

Por lo tanto, informó que se vio obligada a asumir los gastos económicos
para realizar la separación técnica y traslado de las conexiones del servicio
público de agua de su propiedad, labor que fue realizada durante la Semana
Santa cuando la empresa El Brasil llevó a cabo la nueva conexión de agua
potable.

Afirmó que la vivienda originalmente ocupada por el accionante fue
posteriormente vendida a un tercero, lo que implica que ya no ostenta
derecho alguno sobre esa construcción, ni sobre el servicio de acueducto
correspondiente a la misma.

Finalmente, solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela
por cuanto no se evidencia ninguna vulneración a derechos fundamentales,
además que existen los medios judiciales ordinarios idóneos para resolver
las inconformidades planteadas

1.6.3. Superintendencia de Servicios Públicos

Señaló que, analizados los hechos que se relatan en la acción de tutela, se
evidencia que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios no se
encuentra legitimada para actuar en este asunto porque no le está
vulnerando los derechos fundamentales del accionante.

Además, al revisar el expediente, afirmó que no se halló documento alguno
radicado ante esa entidad del cual pueda inferirse la presentación de un
recurso, petición, queja, reclamo (PQR) o cualquier otro requerimiento de
naturaleza similar.

Por lo tanto, solicitó que se le desvincule de la presente acción por falta
legitimación en la causa por pasiva, y se declare la improcedencia en virtud
que no ha vulnerado derecho fundamental alguno del accionante.

El Acueducto Veredal el Brasil pese a ser notificado en debida forma, guardó
silencio.

1.7. Sentencia de Primera Instancia

Mediante providencia de 14 de mayo de 20252, el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Octava de Decisión declaró improcedente la acción de tutela
al considerar que no superaba en requisito de la subsidiariedad, ya que esta
acción de amparo no es el mecanismo para obligar al Juzgado Séptimo de
Familia de Oralidad de Medellín a emitir una decisión de archivo dentro del
proceso ejecutivo por obligación de hacer.

2 Notificada el mismo 14 de mayo de 2025

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Lo anterior, debido a que, si el actor considera que la acción se encuentra
prescrita, en su calidad de demandado dentro del proceso ejecutivo antes
referido, debió elevar tal solitud ante el despacho judicial para que procediera
a estudiarla de fondo.

Advirtió que el Juzgado Séptimo de Familia de Oralidad de Medellín fijó fecha
para audiencia el 8 de 2025 a fin de reanudar el proceso ejecutivo por
obligación de hacer, por lo que observó que ha venido actuando con
diligencia al darle impulso al proceso ejecutivo en el marco de sus funciones
legales y constitucionales.

Con relación a la pretensión de que se ordene al representante legal del
acueducto el Brasil a que le restablezca al accionante el derecho al agua
potable y le traslade la prestación del servicio al predio “Maritu”, aseguró que
el accionante tiene la carga de poner en conocimiento del acueducto veredal
el Brasil el cambio de residencia y por ende solicitar el traslado del servicio
de agua potable, situación que no acreditó en la acción de tutela.

1.8. Impugnación

La parte demandante, en su escrito de impugnación, advirtió que aun cuando
no está obligado a sustentar el recurso, expondría algunas razones por las
cuales no comparte el fallo de primera instancia.

Comenzó manifestando que hubo un error por parte del fallador de primera
instancia al no dar aplicación a la norma del artículo 20 del decreto 2591 de
1991, que trata sobre la presunción de veracidad, ello por cuanto el
acueducto veredal el Brasil no efectuó pronunciamiento alguno a lo
concerniente al retiro del contador de agua y trasladar el servicio a su predio.

Con ello, se esta permitiendo un abuso del derecho por parte de la señora
Palacio Aguirre, agravando su estado de indefensión frente a una entidad
que tiene funciones públicas con atropello al debido proceso y no poder
gozar de agua potable.

Expresó que con ello la única vía que le queda es acudir a la denuncia penal
por varias conductas que considera típicas, antijurídicas y culpables, pero
que no sería eficaz pues tardaría mucho un proceso de este tipo.

Adujo que el fallador cometió otro error de derecho al remitirlo al artículo 152
de la Ley 142 de 1994, puesto que la entidad de servicios públicos no le
notificó de algún procedimiento administrativo.

Indicó que sí reside en el lugar y que en su vivienda comparte los fines de
semana con su hijo de 7 años, que no se trata de una suspensión del
servicio como lo hace ver la sentencia, sino de un arrebatamiento de un
derecho al agua, que ha venido cancelando al igual que la señora Palacio
Aguirre.

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Demandados: Juzgado Séptimo de Familia de Oralidad
de Medellín y otros
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Adujo que la señora Palacio Aguirre miente al decir que se ha negado a
suscribir documentos, ya que ella misma aportó escritura pública en la cual
se plasmó el acuerdo entre ambos.

Insiste en que no se podía usar como título ejecutivo la conciliación, ya que
esta pasó a ser cosa juzgada, razón por la cual estima que el Juzgado
Séptimo de Familia de Oralidad de Medellín le violó el debido proceso al
imponerle una obligación de hacer. Además, que en esa acta de conciliación
no se trató el tema de servicios públicos.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sección es competente para conocer de la impugnación presentada por
la parte actora contra la providencia del 14 de mayo de 2025, de conformidad
con lo establecido en el Decreto 2591 de 1991, el Decreto 1069 de 2015
modificado por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021 y, el Acuerdo 080
de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Cuestión previa.

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, solicitó ser
desvinculada del proceso por falta de legitimación en la causa por pasiva, sin
embargo, el fallador de primera instancia decidió que su comparecencia era
necesaria en calidad de accionada.

2.3. Problema jurídico

De conformidad con los antecedentes, corresponde a la Sala determinar si
hay lugar a confirmar, revocar o modificar la sentencia impugnada conforme
lo planteado por la parte actora.

Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: (i) la
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) los
requisitos adjetivos de procedibilidad y finalmente, de encontrarse superados
se analizará, y iii) el caso concreto.

2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio
de 20123, unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, y en ella
concluyó:

«…si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de

3 Sala Plena del Consejo de Estado, rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutela

• Importancia jurídica. M.P. María Elizabeth García González.
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tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas
Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de
junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción
constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración
de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal
criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe
acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de
providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
Jurisprudencialmente.»4 (Negrilla fuera de texto)

Conforme al anterior precedente, es claro que la Corporación ha modificado
su criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia,
conforme a él, es necesario estudiar las acciones de tutela que se presenten
contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho
fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
por la jurisprudencia, como expresamente lo indica la decisión de unificación.

Así, para la sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará
ese estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «…fijados hasta
el momento jurisprudencialmente…».

En efecto, sabido es que la tutela es un mecanismo residual y excepcional
para la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86
constitucional y, por ende, la procedencia de esta acción constitucional
contra providencia judicial no puede ser ajena a esas características.

La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos
generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin
distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo
–procedencia sustantiva– y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el
fondo del asunto –procedencia adjetiva–.

En ese orden, primero se verificará que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea
relevante constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii)
inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos
ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces
para la protección del derecho que se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del
asunto.

Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos
expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen
vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado,

4 Ibídem.

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se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la
transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la
decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como
una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

2.5. Requisito de procedibilidad adjetiva de subsidiariedad

En cuanto a la subsidiariedad, la Sala Plena de la Corte Constitucional
mediante sentencia SU-297 de 2015, advierte lo siguiente:

«4.4.2. De igual manera, la Corte ha explicado que este presupuesto de
procedibilidad no sólo implica que el accionante identifique los yerros de la
autoridad judicial que dan origen a la vulneración, sino que también exige que
las mismas hayan sido puestas en conocimiento del juez en su debida
oportunidad de ser ello posible, puesto que, de conformidad con los artículos 86
de la Carta y 6º del Decreto 2591 de 1991, resulta necesario preservar el
principio de subsidiariedad que subyace a la acción de tutela.

En ese sentido, esta Corporación ha determinado que el recurso de amparo es
improcedente si quien ha tenido a su disposición instrumentos procesales de
defensa para hacer valer sus derechos, no los utiliza oportuna y
adecuadamente, acudiendo en su lugar a la acción constitucional, ya que las
herramientas instituidas por el legislador en los procesos ordinarios son también
verdaderos mecanismos de protección de las prerrogativas fundamentales, por
lo que deben usarse en su debido estadio procesal, para que en caso de no
prosperar y demostrarse que la autoridad judicial se negó injustificadamente a
enmendar su yerro, pueda prosperar el mecanismo subsidiario que ofrece el
artículo 86 superior.»

2.6. Caso concreto

La parte actora pretende que se le amparen sus derechos fundamentales al
debido proceso y al mínimo vital de agua potable, por cuanto considera que
el Juzgado Séptimo de Familia de Oralidad de Medellín, debió emitir una
decisión de archivo dentro del proceso ejecutivo por obligación de hacer al
discurrir que este no debió haberse tramitado ya que la acción se encontraba
prescrita. Además, alega que el representante legal del acueducto veredal el
Brasil, le debe restablecer el derecho al mínimo de agua potable al sitio
donde reside ya que le fue interrumpido de manera abrupta.

En primera instancia el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Octava de
Decisión, en providencia del 14 de mayo de 2025, declaró improcedente la
acción de tutela promovida por el señor Enoc Rodríguez Gómez por no
cumplir con el requisito adjetivo de la subsidiariedad, lo anterior, por cuanto
esta acción de amparo no es el mecanismo indicado para obligar al Juzgado
Séptimo de familia de Oralidad de Medellín a emitir una decisión de archivo
dentro del proceso ejecutivo por obligación de hacer con radicado 05001-31-

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Demandante: Enoc Rodríguez Gómez
Demandados: Juzgado Séptimo de Familia de Oralidad
de Medellín y otros
Radicado: 05001-23-33-000-2025-00534-01

10-007-202-00544-00, y que además se había fijado fecha para audiencia el
8 de julio de 2025, a fin de reanudar el proceso ejecutivo por obligación de
hacer.

En cuanto a la pretensión de que se ordene al representante legal del
acueducto veredal el Brasil a que le restablezca el derecho mínimo al agua
potable, indicó que no se advirtió que el accionante haya interpuesto alguna
reclamación, queja o derecho de petición relacionada con la suspensión o el
traslado del servicio público de agua potable fuera de su predio.

La Sala observa que, como lo concluyó el a quo, la tutela no supera el
requisito de procedibilidad de la subsidiariedad, por cuanto el actor debe
agotar todos y cada uno de los mecanismos previstos en la ley para
cuestionar lo que por vía de tutela pretende, en este caso que el juzgado
emita una decisión de archivo dentro del proceso ejecutivo por obligación de
hacer y que el acueducto veredal el Brasil le instale y preste el servicio de
agua potable.

Cabe advertir como a bien lo manifestó el fallador en primera instancia, el
accionante, a través de su apoderado judicial, debió elevar la solicitud de
prescripción de la acción ante el despacho judicial a fin de que este
procediera a estudiarlo de fondo y no lo hizo.

Además, dicho proceso ejecutivo no ha culminado, toda vez que el Juzgado
Séptimo de Familia de Oralidad de Medellín fijó fecha a fin de reanudar el
ejecutivo por obligación de hacer, razón por la cual no se cumple con el
mencionado requisito de la subsidiariedad.

En lo que concierne al suministro de agua potable, el accionante debe
interponer la reclamación o queja ante la entidad prestadora del servicio ya
que este no es el medio en que se pueda impartir orden alguna al respecto,
máxime si no existe reclamo alguno en el expediente al respecto.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO: Confírmase la sentencia del 14 de mayo de 2025, a través de la
cual el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Octava de Decisión declaró
improcedente la acción de tutela.

SEGUNDO: Notifíquese a las partes y a los intervinientes en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
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Demandante: Enoc Rodríguez Gómez
Demandados: Juzgado Séptimo de Familia de Oralidad
de Medellín y otros
Radicado: 05001-23-33-000-2025-00534-01

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial
con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»

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