Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2025-00590-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2025-00590-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 05001-23-33-000-2025-00590-01
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
10 de julio de 2025
Demandante: Junta de Acción Comunal del Corregimiento de Horizontes
Demandado: Ministerio de Transporte
Radicado: 05001-23-33-000-2025-00590-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Diez (10) de julio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 05001-23-33-000-2025-00590-01
Accionante: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO
DE HORIZONTES
Accionado: MINISTERIO DE TRANSPORTE
Tema: Confirma improcedencia - gasto no presupuestado y
requisito de subsidiariedad.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala conoce de la impugnación presentada por la parte actora contra la
sentencia del 16 de junio de 2025, dictada por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Segunda de Decisión.
I. ANTECEDENTES
1.1. Demanda
1. La señora Sandra María Mesa Castrillón, actuando como representante
legal de la Junta de Acción Comunal del Corregimiento de Horizontes del
municipio de Sopetrán (Antioquia), promovió acción de cumplimiento contra el
Ministerio de Transporte. Su solicitud tiene como fin que se ordene el acatamiento
de lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 770 de 2002.
2. Como consecuencia del obedecimiento de la anterior disposición, la
accionante pretende que se le exija a la autoridad demandada que pavimente la
carretera que comunica a los municipios de Belmira y Sopetrán, entre los cuales
se encuentra ubicado el corregimiento de Horizontes perteneciente a Sopetrán.
1.2. Hechos y fundamento de la demanda
3. La parte actora indicó que en la Ley 770 de 2002, en sus artículos 2 y 3,
dispuso que el Gobierno nacional y el departamento de Antioquia debían
construir una Unidad Educativa con el nombre del ingeniero José María Villa.
Aunado a ello, les impuso la carga de construir una carretera Túnel de Occidente
– San Jerónimo – Sopetrán, así como la pavimentación del tramo comprendido
entre los municipios de Belmira – Horizontes – Sopetrán. Y, ordenó que en ambas
obras se ubicaran placas en conmemoración de los 150 años del nacimiento del
ingeniero referido.
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Demandante: Junta de Acción Comunal del Corregimiento de Horizontes
Demandado: Ministerio de Transporte
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4. Señaló que, en cumplimiento de lo dispuesto en la referida Ley, se realizó
la Unidad Educativa José María Villa en el municipio de Sopetrán, así como la
construcción de la carretera Túnel de Occidente – San Jerónimo – Sopetrán. No
obstante, no se dio cumplimiento a la pavimentación del tramo comprendido entre
los municipios de Belmira y Sopetrán.
5. Refirió que el 28 de abril de 2025 presentó petición ante el Ministerio de
Transporte, en la que le solicitó el cumplimiento de la referida disposición.
6. De otro lado, afirmó que el 11 de mayo la cartera resolvió negativamente
su solicitud. Expuso que no era posible, toda vez que aquello era resorte del
municipio y del departamento.
7. En su sentir, la respuesta otorgada por la autoridad contraria abiertamente
lo señalado por la Ley 770 de 2002, toda vez que la obligación fue establecida
en cabeza del Ministerio de Transporte.
1.3. Actuaciones procesales
8. En providencia del 19 de mayo de 2025, la Sala Unitaria de Oralidad del
Tribunal Administrativo de Antioquia inadmitió la acción de cumplimiento, al
constatar que la demandante no aportó los anexos de la demanda en medio
electrónico, ni envió su copia al demandado.
9. Subsanados los aspectos referidos, mediante providencia del 26 de mayo
de 2025 el a quo admitió la demanda. En consecuencia, dispuso la notificación
personal del Ministerio de Transporte en calidad de demandado y la del Ministerio
Público.
10. En auto del 9 de junio de 2025, la Sala Unitaria de Decisión dispuso tener
como prueba los documentos aportados con la demanda y negó el decreto y
practica de inspección judicial para verificar el estado de la vía, solicitada por la
Junta de Acción Comunal.
1.4. Informes
11. La Sala resume los informes presentados de la siguiente manera:
1.4.1. Ministerio Público
12. La Procuraduría 114 Judicial II Administrativa señaló que la obligación
contenida en el artículo 3 de la Ley 770 de 2002 está condicionada al desarrollo
del artículo 6 de la Ley 508 de 1999. En ese sentido, señaló que la demanda es
improcedente porque implica un gasto o erogación del presupuesto para la
ejecución contractual.
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1.4.2. Ministerio de Transporte1
13. Afirmó que no tiene a su cargo la ejecución de proyectos de vías terrestres
o fluviales desde el año 2011, con la expedición del Decreto 087 de 2011, el cual
se hizo de conformidad con la potestad reglamentaria que el constituyente le
otorgó al Gobierno nacional, al igual que las funciones contempladas en el
artículo 54 de la Ley 489 de 1998, toda vez que tal cartera es una entidad
perteneciente al sector central de la administración.
14. En la misma línea, indicó que no ha pretendido desconocer la Ley 770 de
2002, sino que es necesario interpretar de manera armónica el ordenamiento
jurídico vigente, dado que diferentes entidades del nivel central y descentralizado
han sufrido reestructuraciones y modificaciones en sus funciones, tal como el
Instituto Nacional de Vías (en lo sucesivo, INVIAS), la Agencia Nacional de
Infraestructura (en adelante, ANI) e incluso los entes territoriales, cuyas funciones
fueron modificadas con el Decreto 1291 de 2021 y 746 de 2022, respectivamente.
15. En este punto, se destacó que la cartera accionada trajo a colación el
régimen jurídico del INVIAS y la ANI, para precisar que son entidades con
personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, financiera y
técnica. Así mismo, expresó que la obligación cuyo acatamiento solicita la parte
actora es de competencia de tales entidades.
16. De otro lado, hizo referencia a los programas y fuentes de financiación.
Precisó que el Gobierno Nacional cuenta con varias alternativas para apoyar
proyectos de infraestructura vial de orden departamental y municipal tales como
el Sistema General de Regalías SGR, obras por impuestos, presupuesto general
de la nación, la Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter), la Financiera de
Desarrollo Nacional (FDN), multilaterales como USAID, CAF, y BID para
ejecución, entre otros.
17. No obstante, agregó que en cabeza de las entidades territoriales se
encuentra la iniciativa y responsabilidad en el Diagnóstico de la Problemática e
identificación de necesidades, de manera que se pueda formular un proyecto
para aportar una solución sostenible y articulada con los Planes de Desarrollo
municipales, departamentales y nacional.
18. Con todo, alegó la excepción de falta de legitimación en la causa por
pasiva, de inexistencia de la obligación y de ausencia de responsabilidad por
inexistencia de nexo causal, tras insistir en que no es la autoridad que está
amenazando o vulnerando los derechos colectivos invocados, pues las
competencias legales están debidamente definidas, ni es quien tiene
responsabilidad con la ejecución de la obra.
1.5. Fallo de primera instancia
19. En sentencia del 16 de junio de 2025, la Sala Segunda de Decisión del
Tribunal Administrativo de Antioquia declaró la improcedencia de la acción de
1
Valga señalar que la intervención de la cartera accionada fue extemporánea, en atención a que
el término que tenía para presentar su informe corría hasta el 9 de junio de 2025. Sin embargo,
los respectivos memoriales fueron allegados el 10 de junio del presente año.
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cumplimiento. Como fundamento de su decisión, la autoridad judicial expuso que
la norma cuyo acatamiento se solicita implica un gasto considerable dentro del
presupuesto de la administración, sin que obren elementos que permitan advertir
que el mismo se encuentra presupuesto y apropiado.
1.6. Impugnación
20. La parte actora refirió que la improcedencia por gasto según lo dispuesto
el artículo 9 de la Ley 393 de 1997 comprende aquellas disposiciones que
establecen gasto. Por ende, en su sentir, dado que la norma ordena la
pavimentación del tramo comprendido entre los municipios Belmira – Horizontes
– Sopetrán, la misma no establece gasto.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
21. Esta Sección es competente para resolver la impugnación presentada por
la parte actora contra la sentencia del 16 de junio de 2025, proferida por la Sala
Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia. Lo anterior de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 1252, 1503 y 2434 de la Ley 1437
de 20115, así como del Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena
del Consejo de Estado que establece la competencia de la Sección Quinta de
esta Corporación para conocer de «…las apelaciones contra las providencias
susceptibles de ese recurso que se dicten por los Tribunales Administrativos en
primera instancia en las acciones de cumplimiento».
2.2. Problema jurídico
22. Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la
sentencia de 16 de junio de 2025, proferida por la Sala Segunda de Decisión del
Tribunal Administrativo de Antioquia.
23. A efectos de resolver lo anterior, la Sala deberá resolver el siguiente
problema jurídico: ¿es procedente ordenarle al Ministerio del Transporte el
cumplimiento del artículo 3 de la Ley 770 de 2002?
2.3. Generalidades sobre la acción de cumplimiento
24. La finalidad de la presente acción, consagrada en el artículo 87 de la
Constitución Política, a la cual puede acudir cualquier persona natural o jurídica,
es hacer efectivo el cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de
un acto administrativo que impone determinada actuación u omisión a la
autoridad. Su objeto es la observancia del ordenamiento jurídico existente.
2
Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 20.
3
Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 26.
4
Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 62.
5
Artículo 150.Artículo modificado por del artículo 615 de la Ley 1564 de 2012. Inciso modificado
por el artículo 26 de la Ley 2080 de 2021. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de
este medio de impugnación. También conocerá del recurso de queja que se formule contra
decisiones de los tribunales, según lo regulado en el artículo 245 de este código [..].
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25. En desarrollo de este mandato constitucional, la Ley 393 de 1997, que
reglamenta esta acción, exige como requisito de procedibilidad «la renuencia»
(artículo 8°), esto es, haber reclamado en sede administrativa antes de ejercitar
la demanda la atención de la norma o del acto administrativo que se considera
desacatado, y que la autoridad no responda transcurridos 10 días o se niegue a
atender su cumplimiento.
26. Para que la demanda proceda, se requiere:
(i) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas
aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes [artículo
1.º]6.
(ii) Que el mandato que se solicita atender esté radicado en cabeza de la
autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas, encargado
de ello [artículos 5.º y 6.º].
(iii) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad o el particular accionado frente
al obedecimiento del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción
u omisión del exigido o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir
su inminente incumplimiento. Excepcionalmente, se puede prescindir de este
requisito «(…) cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de
sufrir un perjuicio irremediable (…)» caso en el cual deberá ser sustentado en la
demanda [artículo 8.º].
(iv) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para
lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo, circunstancia esta
que la hace improcedente, salvo el caso que, de no proceder, se produzca un
perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción.
(v) No pretender la protección de derechos fundamentales que puedan ser
garantizados a través de la tutela [artículo 9.º], ni el acatamiento de normas que
establezcan gastos a la administración [artículo 9.º].
2.4. De la renuencia
27. La procedencia de la acción de cumplimiento se supedita a la constitución
en renuencia de la autoridad, que consiste en el reclamo previo y por escrito que
debe elevarle el interesado exigiendo atender un mandato legal o consagrado en
acto administrativo con citación precisa de éste7 y que ésta se ratifique en el
incumplimiento o no conteste en el plazo de diez días siguientes a la presentación
de la solicitud.
6
Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general
consagran principios y directrices.
23
Sobre el particular esta Sección ha dicho: “La Sala también ha explicado que con el fin de
constituir en renuencia a una entidad pública o a un particular que actúe o deba actuar en ejercicio
de funciones públicas, es necesario haber reclamado de éste el cumplimiento del deber legal o
administrativo, para lo cual se deberá precisar la norma o normas en que se consagró su
deber inobjetable y, por ende, exigible, pues lo contrario conduce a la improcedencia de la
acción por carecer del requisito de renuencia.(Negrita fuera de texto)
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28. En efecto, el inciso segundo del artículo 8º de la Ley 393 de 1997 establece
lo siguiente:
Con el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá
que el accionante previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o
administrativo y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no
contestado dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud.
29. Para el cumplimiento de este requisito de procedibilidad la Sala, ha
señalado que «…el reclamo en tal sentido no es un simple derecho de petición
sino una solicitud expresamente hecha con el propósito de cumplir el requisito de
la renuencia para los fines de la acción de cumplimiento»8.
30. Sobre este tema, esta Sección9 ha dicho que:
Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es importante
tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la renuencia.
El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que
incumple la norma, la cual constituye la base de la renuencia, que si bien no está
sometida a formalidades especiales, se ha considerado que debe al menos
contener: La petición de cumplimiento de una norma con fuerza material de
ley o de un acto administrativo; el señalamiento preciso de la disposición
que consagra una obligación y la explicación del sustento en el que se funda
el incumplimiento.
Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o
expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido
expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la
presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con relación
a la aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de procedencia de la
acción prueba la resistencia del destinatario de la norma a cumplir con ella.
Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es necesario
analizar tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta del destinatario
del deber omitido, puesto que la primera delimita el marco del incumplimiento
reclamado. Y, para demostrar la renuencia tácita es necesario estudiar el
contenido de la petición de cumplimiento que previamente debió formular el
demandante, pues, como se dijo, aquella define el objeto jurídico sobre el cual
versará el procedimiento judicial para exigir el cumplimiento de normas con fuerza
material de ley o actos administrativos10. [Negrillas del texto original]
31. Por otra parte, para dar por satisfecho este requisito no es necesario que
el solicitante, en su petición, haga mención explícita y expresa que su objetivo es
constituir en renuencia a la autoridad, pues el artículo 8 de la Ley 393 de 1997
no lo prevé así; por ello, basta con advertir del contenido de la petición que lo
pretendido es el cumplimiento de un deber legal o administrativo y que, de este,
pueda inferirse el propósito de agotar el requisito en mención.
8
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia del 20
de octubre de 2011, Exp. 2011-01063, M.P. Dr. Mauricio Torres Cuervo.
9
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia del 9 de junio de 2011,
expediente 47001-23-31-000-2011-00024-01. Magistrada Ponente: Susana Buitrago Valencia.
10
Sobre el tema, Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 24 de junio de 2004, exp.
ACU-2003-00724, M.P.: Darío Quiñones Pinilla
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32. En esa medida, el Consejo de Estado no ha dado por demostrado el
requisito de procedibilidad cuando la petición «…tiene una finalidad distinta a la
de constitución en renuencia».11
33. En el sub judice, la Sala observa que la solicitud mediante la cual el
accionante aduce que constituyó en renuencia a la autoridad accionada es del
28 de abril de 2025, en los siguientes términos:
[…] Por lo antes expuesto, se solicita al Ministerio de Transporte que dé
cumplimiento al artículo 3° de la Ley 770 de 2002, ordenando la pavimentación
de la carretera que comunica a los Municipios de Belmira y Sopetrán Antioquia,
entre los cuales se encuentra ubicado el corregimiento de Horizontes
perteneciente a Sopetrán.
34. Asimismo, obra constancia de que el Ministerio de Transporte dio trámite
a la solicitud referida el 11 de mayo de 2025 en el sentido de precisar que la vía
no está a cargo del inventario nacional, INVÍAS O ANI, sino que ello es
competencia del departamento de Antioquia.
35. Así las cosas, la Sala encuentra que se cumplió con el deber de constituir
en renuencia. Por lo tanto, se estudiarán los requisitos de procedencia del
presente medio de control frente a estas disposiciones.
2.5. De la procedencia de la acción de cumplimiento
36. Como se ha referido hasta ahora, la parte actora, con el ejercicio de la
presente acción, pretende que se le ordene al Ministerio del Transporte el
cumplimiento del artículo 3 de la Ley 770 de 2002, de manera que pavimente la
carretera que comunica a los municipios de Belmira y Sopetrán, entre los cuales
se encuentra ubicado el corregimiento de Horizontes, perteneciente a Sopetrán.
37. Por ende, es evidente que se cumple con el requisito de que la norma que
se solicita acatar tenga rango de ley o acto administrativo. Igualmente se
satisface el presupuesto de que el mandato que se solicita atender esté radicado
en cabeza de autoridad pública o de particular en ejercicio de funciones públicas.
38. En cuanto a la vigencia de las normas, la Sala advierte que la misma no
ha sido objeto de derogación expresa ni tácita.
39. Ahora bien, respecto del requisito del gasto resulta necesario realizar
unas precisiones:
40. De un análisis de las disposiciones cuyo acatamiento de estudia en esta
instancia, se advierte que las mismas versan sobre la obligación de pavimentar
una vía terciaria que comunique los municipios de Belmira y Sopetrán en
Antioquia.
11
Sobre el tema, Consejo de Estado, Sección Quinta, providencias del 21 de noviembre de 2002,
exp. ACU-1614 y del 17 de marzo de 2011, exp. 2011-00019.
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41. Por su parte, el Ministerio Público manifestó que la demanda era
improcedente en la medida que implica gasto. Puntualizó que, la norma objeto
de la presente acción debía ser armonizada de conformidad con lo establecido
en el artículo 6 de la Ley 508 de 1999 que dispone:
Artículo 6º
Principales proyectos de inversión. Los principales proyectos de inversión del
Plan Nacional de Inversiones Públicas 1999-2002 son los siguientes: (…)
SECTOR TRANSPORTE
Otros proyectos
Los principales proyectos de carácter regional y que podrán acceder, entre otros,
a recursos del Fondo Nacional de Regalías son los siguientes:
(…)
• Pavimentación carretera Belmira - Horizontes - Sopetrán
42. En ese orden, la autoridad consideró que el acatamiento del artículo 3 de
la Ley 770 de 2002 «estaba supeditado al desarrollo de la disposición
mencionada y ello, a su vez, conlleva una erogación presupuestal». Esto, en la
medida en que exige la inclusión de una partida específica en el presupuesto
general de la Nación, destinada a cubrir los recursos necesarios para iniciar y
ejecutar el contrato correspondiente.
43. Por su parte, el Ministerio de Transporte afirmó que, en coordinación con
el Gobierno nacional, cuenta con «Programas y Fuentes de Financiación» para
apoyar el desarrollo de proyectos de infraestructura vial del orden departamental
y municipal. Afirmó que en cabeza de las entidades territoriales se encuentra la
iniciativa y la responsabilidad en el diagnóstico de la problemática e identificación
de necesidades para formular un proyecto para aportar una solución pertinente,
viable, sostenible y, entre otros, articulada con los Planes de Desarrollo.
44. Pues bien, debe recordarse que la Corte Constitucional se pronunció en la
sentencia C-157 de 1998 sobre la improcedencia de la acción de cumplimiento
para exigir el obedecimiento de normas que impliquen la asignación de partidas
presupuestales. En la decisión en cita se analizó la constitucionalidad de distintas
normas sobre esta tipología de acciones públicas. Sobre este tema, el Alto
Tribunal precisó que permitir que el juez incorpore una ley de presupuesto u
ordene que ello se realice, transgrede el sistema presupuestal diseñado por el
constituyente.
45. Pese a lo anterior, no se puede perder de vista que la restricción total de
la improcedente la acción frente a normas que involucren gasto conduciría a
desconocer la finalidad con la cual fue diseñada la acción de cumplimiento12. En
otras palabras, de considerarse que, si la ejecución de un deber contemplado en
una norma implica una ejecución presupuestal y, ello, de manera automática,
conlleva la improcedencia de la acción, se atentaría contra el espíritu del
12
Sobre el particular, véase: Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 17 de octubre
de 2024. Radicado núm: 08001-23-33-000-2024-00292-01. M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
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constituyente de 1991 que previó esta acción como un instrumento para frenar la
inactividad del Estado.
46. Por lo anterior, esta Sala ha considerado que se debe diferenciar entre el
establecimiento o creación de un gasto y la ejecución de uno ya presupuestado.
El primero, es el típico escenario de improcedencia de la demanda, en la medida
que resulta una competencia ajena a la Rama Judicial velar, en su rol de juez
constitucional, por la creación de una partida presupuestal a cargo de una entidad
y disponer de las finanzas públicas. El segundo, por el contrario, constituye el
evento en el cual esta Sección ha admitido la procedencia de esta acción de
cumplimiento.
47. Lo anterior significa que, cuando el gasto ya está dispuesto, es decir,
apropiado, se puede exigir el acatamiento de estas disposiciones mediante una
acción de cumplimiento. Esto, dado que, en últimas, no es el juez quien establece
la apropiación presupuestal, sino que ya estaba contemplado por la autoridad
correspondiente, según su plan de gobierno o dependiendo según las
circunstancias propias de su actividad.
48. Conviene destacar que, en una oportunidad en la que se pretendió vía
acción de cumplimiento que se le ordenara a la Procuraduría General de la
Nación el acatamiento de lo previsto en el inciso 5.° del artículo 185 y el inciso
3.° del artículo 192 del Decreto Ley 262 de 2000, de modo que convocara a la
realización de un concurso de méritos para selección de personal, esta Sala de
Decisión consideró que la demanda era procedente, toda vez que, entre otros, el
requisito del gasto, estaba acreditado.
49. A tal conclusión se llegó, tras corroborar que la entidad tenía asignado en
su presupuesto para la vigencia 2024 un rubro para la realización del concurso
de méritos13. Esto es, que, si bien el acatamiento del deber solicitado acarreaba
un gasto para la entidad demandada, lo cierto es que el mismo estaba
presupuestado, de ahí que, el requisito de procedencia estaba acreditado.
50. Descendiendo al caso concreto, se advierte que lo pretendido por la parte
actora es que el Ministerio de Transporte le dé cumplimiento al artículo 3 de la
Ley 770 de 2002, de manera que proceda con la pavimentación la carretera que
comunica a los municipios de Belmira y Sopetrán, entre los cuales se encuentra
ubicado el corregimiento de Horizontes, perteneciente a Sopetrán.
51. En ese orden de ideas, para esta Sección salta a la vista que lo perseguido
a través de este mecanismo constitucional implica un gasto para la entidad
accionada. Emolumento que, hasta esta instancia no se encuentra debidamente
presupuestado ni apropiado.
52. Valga señalar que, contrario a lo referido por la parte actora en su escrito
de impugnación, aun cuando la norma en estricto sentido no está estableciendo
un gasto, lo cierto es que su ejecución implica un traslado de recursos necesarios
para su cometido.
13
Providencia suscrita con salvamento de voto del magistrado Luis Alberto Álvarez Parra.
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53. En concreto, es necesario que las autoridades correspondientes
(Ministerio del Transporte, Invías, ANI, o entidad territorial), según corresponda,
adelanten un proceso de contratación estatal para la escogencia del contratista
que deberá efectuar la obra correspondiente. Proceso que debe estar precedido
de estudios técnicos y de la existencia de un Certificado de Disponibilidad
Presupuestal, lo cual da cuenta de que el cumplimiento de la norma sí involucra
una erogación presupuestal, desde su fase precontractual, como en cada de las
etapas siguientes del proceso negocial.
54. Bajo esa lógica, dado que en el presente caso no se cuentan con
elementos que permitan verificar que existe la destinación de recursos para
atender la obra requerida, la demanda es improcedente.
55. Ahora bien, aun si en gracia de discusión se advirtiera que media la
disponibilidad de recursos y su correspondiente apropiación, la demanda en todo
caso, continuaría siendo improcedente, en virtud de que tampoco acredita el
requisito de la subsidiariedad.
56. La anterior premisa parte de considerar el contenido del artículo 9 de la
Ley 393 de 1997 que a la letra señala:
ARTICULO 9o. IMPROCEDIBILIDAD. La Acción de Cumplimiento no procederá
para la protección de derechos que puedan ser garantizados mediante la Acción
de Tutela. En estos eventos, el Juez le dará a la solicitud el trámite
correspondiente al derecho de Tutela.
Tampoco procederá cuando el afectado tenga o haya tenido otro instrumento
judicial para lograr el efectivo cumplimiento de la norma o Acto Administrativo,
salvo, que de no proceder el Juez, se siga un perjuicio grave e inminente para el
accionante. [Subrayas del texto]
57. Esto implica que, al tener los afectados otro instrumento judicial para lograr
el cometido de la norma, la acción de cumplimiento no es procedente. En
concreto, esta Sala de Decisión estima que lo pretendido puede ser perseguido
a través del medio de control de protección de derechos e intereses colectivos14,
comoquiera que garantías tales como; el goce del espacio público, la utilización
y defensa de los bienes de uso público, el derecho a la seguridad y prevención
de desastres previsibles técnicamente, o cualquier otro que la parte actora
considere vulnerados debido a la falta de pavimentación de la referida carretera.
58. Así las cosas, la Sala confirmará la decisión de primera instancia que
declaró la improcedencia de la acción de cumplimiento por no acreditar el
requisito del gasto y, además, el de subsidiariedad. Como fue visto, no existen
elementos de juicio que permiten advertir que se cuenta con destinación y
apropiación de recursos para adelantar la obra requerida y, en todo caso, la parte
actora cuenta con otro mecanismo judicial.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
14
Cfr. Ley 472 de 1998.
10
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Demandante: Junta de Acción Comunal del Corregimiento de Horizontes
Demandado: Ministerio de Transporte
Radicado: 05001-23-33-000-2025-00590-01
III. FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 16 de junio de 2025 proferida por la
Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia que declaró
la improcedencia de la acción de cumplimiento, por las razones aquí expuestas.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la
Ley 393 de 1997.
TERCERO: En firme esta sentencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx»
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