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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2025-00662-01

Fecha
10 de julio de 2025
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2025-00662-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA Primero. CONFIRMAR a sentencia del 11 de junio de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión, mediante la cual se accedió al amparo solicitado, de conformidad con la parte motiva de esta providencia. Segundo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 05001-23-33-000-2025-00662-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

10 de julio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., diez (10) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 05001-23-33-000-2025-00662-01
Accionante: Nuris del Carmen Castro de Murillo
Accionado: Unidad Administrativa Especial para la Atención Integral a las
Víctimas (UARIV)

Tema: Acción de tutela por falta de pago de indemnización administrativa y de respuesta
a solicitud. CONFIRMASENTENCIA-AMPARA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por la Unidad Administrativa Especial
para la Atención Integral a las Víctimas (en adelante UARIV) en contra de la
sentencia del 11 de junio de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Primera de Decisión, a través de la cual accedió al amparo pedido.

ANTECEDENTES

La señora Nuris del Carmen Castro de Murillo, en nombre propio, pretende que se
proteja su derecho fundamental de petición, el cual considera vulnerado por la
UARIV, por falta de respuesta a solicitud de indemnización administrativa y por falta
de reconocimiento de esta.

HECHOS

La solicitud de tutela se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:

Que lleva varios años solicitando el restablecimiento de sus derechos, entre ellos,
la indemnización como víctima de los hechos victimizantes de desplazamiento
forzado y del homicidio de los señores Dario de Jesús Murillo Granda y Renso Dario
Murillo Castro, frente a los cuales cumple con los criterios de priorización, a pesar
de lo cual la UARIV ha guardado silencio.

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PRETENSIONES

Que se ordene a la UARIV efectuar la indemnización administrativa.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

El 6 de junio de 2025 el magistrado sustanciador del Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Primera de Oralidad, adecuó la acción instaurada como «de
cumplimiento» a tutela; la admitió y corrió traslado a la accionada.

POSICIÓN DEL ACCIONADO

La UARIV, a través de su representante legal y jefe de la Oficina Asesora Jurídica,
indicó que no vulneró el derecho fundamental de petición de la accionante, pues le
otorgó respuesta de fondo y congruente con lo solicitado el 10 de febrero de 2025,
mediante la Comunicación 8613774 del 9 de junio de este año dirigida a su correo
electrónico, por lo cual se configura una carencia actual de objeto.

Que procedió al análisis del caso y encontró que i) no era posible un nuevo
reconocimiento del hecho victimizante de homicidio de Pablo Andrés Murillo Castro,
ya que la actora tenía solicitud de indemnización y cobró el porcentaje del 100 % de
esta, lo que impide una doble reparación, conforme al artículo 20 de la Ley 1448 de
2011; ii) en relación con el homicidio de Darío de Jesús Murillo realizó alerta a la
Subsección de Reparación Individual para que se desplieguen todas las acciones
tendientes a informar si le asiste o no a la accionante el derecho al pago prioritario
de la indemnización reclamada; iii) frente al homicidio de Renson Darío Murillo
Castro, el giro está disponible para cobro desde el 31 de mayo de 2025 y en los
próximos días le informaría y notificaría la carta de reconocimiento de indemnización
administrativa, y iv) la actora no acredita inscripción en el RUV por el hecho de
desplazamiento forzado.

Que ha actuado dentro de los límites impuestos por el debido proceso administrativo
y el principio de legalidad, sin que en ningún momento haya impuesto cargas
desproporcionadas a la accionante, quien señaló que no incurre en alguna de las
causales para que su indemnización sea priorizada, por lo cual indicarle un plazo
aproximado de entrega de la medida, sin someterlo a la aplicación anual indefinida
del método técnico de priorización causaría un impacto negativo en las finanzas
públicas y vulneraría injustificadamente los derechos de las demás víctimas.

En consecuencia, solicitó negar las pretensiones.

SENTENCIA IMPUGNADA

El 11 de junio de 2025, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de
Decisión, amparó el derecho fundamental de petición de la accionante y ordenó a
la UARIV que, en el término de 48 horas contadas a partir de la notificación de esa
providencia, contestara de manera completa y de fondo la solicitud que aquella
presentó y le informara si le asistía o no el derecho a la indemnización y, en caso
positivo, si cumplía con alguno de los criterios de priorización.

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Consideró que la UARIV expidió una respuesta incompleta porque respecto del
señor Darío de Jesús Murillo Granda indicó que había desplegado las acciones para
estudiar si le asistía o no el derecho al pago de la medida de indemnización de
manera priorizada, a pesar de que en la petición la actora manifestó que aportaba
los documentos requeridos por la entidad para proceder con el estudio, por lo que
esta no podía excusarse en que estaba estudiando el caso, pues tardó cuatro meses
para notificarle una respuesta a la peticionaria, quien debió acudir a la tutela para
obtener un pronunciamiento.

IMPUGNACIÓN

La UARIV impugnó la sentencia, para lo cual manifestó que no ha vulnerado los
derechos fundamentales reclamados por la accionante, pues reconoció el derecho
a recibir la indemnización administrativa y, dado que se acreditó un criterio de
priorización, actualmente se encuentra realizando verificaciones para poder
informarle si procede o no dicho pago para la presente vigencia fiscal, información
que entregaría en los próximos días y le comunicaría por medio de los canales
autorizados.

Que la sentencia proferida desconoció el procedimiento administrativo creado en
cumplimiento de las órdenes dictadas por la Corte Constitucional, en el marco del
seguimiento de la Sentencia T-025/24, y resulta de imposible cumplimiento, pues
no es posible determinar la fecha o el plazo en que se pagará la indemnización
administrativa.

Que cuando en una víctima concurra más de un hecho victimizante, el
reconocimiento y pago de una segunda indemnización administrativa será
procedente, siempre que todas las víctimas con derecho a la indemnización la
hayan recibido en un primer momento, conforme al artículo 14 de la Resolución
1958 de 2018, y en el caso la accionante ya cobró la indemnización por el homicidio
de Pablo Andrés Murillo Castro y frente al homicidio de Renson Darío Murillo Castro
los recursos se encuentran en el banco, disponibles para pago en los próximos días.

Que debe contar con la oportunidad de aplicar el procedimiento necesario para
hacer efectivo el reconocimiento prioritario del giro por concepto de indemnización
administrativa, pues de lo contrario se desconocerían los derechos de otras víctimas
para acceder de forma igualitaria a la indemnización, luego de adelantado el debido
proceso administrativo.

Que la tutela no puede constituir un mecanismo transitorio, pues no se vislumbró
que la actora esté inmersa en una situación que pueda calificarse como un perjuicio
irremediable.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes

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temáticas: i) generalidades de la acción de tutela; ii) debido proceso administrativo;
iii) derecho fundamental de petición y iv) caso concreto.

Generalidades de la acción de tutela

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando éstos
se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.

Debido proceso administrativo

Acorde con el artículo 29 de la Constitución Política, el debido proceso debe regir
todas las actuaciones adelantadas bien sea en procesos judiciales o en trámites
administrativos. En cuanto a estos últimos, ese derecho busca que todas las
actuaciones y decisiones adoptadas por los funcionarios se realicen con
cumplimiento de las garantías propias del ejercicio de la administración pública. En
ese sentido, la Corte Constitucional, en uno de sus primeros pronunciamientos
sobre ese derecho1, dispuso que este debe ser desarrollado en todas las
manifestaciones de las autoridades y que los actos administrativos deben ser
dictados previo a los procedimientos y los requisitos exigidos en la ley.

A su vez, en la sentencia T-214 de 2004, el máximo tribunal constitucional2 definió
el debido proceso administrativo como el conjunto de condiciones impuestas a las
autoridades en el ordenamiento jurídico para el cumplimiento de una secuencia de
actos, cuya finalidad está previamente determinada constitucional y legalmente y su
objeto es asegurar el funcionamiento ordenado de la administración y la validez de
sus actuaciones; así como proteger los derechos de los administrados,
especialmente los de la seguridad jurídica y la defensa.

Más recientemente la Corte Constitucional3 sostuvo que el debido proceso
administrativo constituye un límite al ejercicio de las funciones de las autoridades
públicas, puesto que deben actuar dentro de los procedimientos previamente
administrados frente a las actuaciones y decisiones adoptadas dentro de los
trámites instituidos legalmente fijados por el ordenamiento jurídico.

En ese orden de ideas, se trata de un derecho fundamental que sirve como garantía
para los administrados frente a las actuaciones y decisiones adoptadas dentro de
los trámites instituidos legalmente.

1 Corte Constitucional Sentencia T-442/1992 M.P. Simón Rodríguez Rodríguez.
2 Corte Constitucional Sentencia T-214/2004 M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
3 Corte Constitucional Sentencia C-051/2016 M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

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Derecho fundamental de petición

En el artículo 23 de la Constitución Política se faculta a todas las personas para que
puedan presentar peticiones respetuosas ante las autoridades públicas o las
organizaciones privadas y a obtener pronta respuesta; adicionalmente, este
derecho comprende no sólo dicha prerrogativa, sino también la garantía de que las
solicitudes se resuelvan de fondo, de manera clara, precisa y oportuna.

En efecto, la jurisprudencia constitucional ha indicado que la respuesta a las
solicitudes que se eleven ante autoridades y particulares deben cumplir los
siguientes requisitos: ser oportunas, resueltas de fondo, claras, precisas y
congruentes con lo pedido, así como ser puestas en conocimiento del titular;
además, ha precisado que la respuesta no significa que deba indefectiblemente
accederse a lo solicitado.

Ahora, en caso de que no sea posible dar respuesta antes de que se cumpla con el
término legal dispuesto, la autoridad o el particular deberá explicar los motivos y
señalar el término en el cual se dará la contestación. Asimismo, en el evento en que
la petición se dirija en contra de quien no es el competente, este deberá remitirla al
que sí lo es, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1755 de 2015.

De otra parte, es importante aclarar que no queda satisfecho el derecho de petición
con respuestas evasivas o informes acerca del trámite de las peticiones de los
particulares. En efecto, la omisión o el silencio de la administración en relación con
las solicitudes de los ciudadanos van en contra del cumplimiento de los deberes de
los funcionarios de resolver de manera oportuna las peticiones provenientes de los
particulares.

Así las cosas, la garantía del derecho de petición se entiende cumplida con la
manifestación adecuada a la solicitud planteada, con la respuesta efectiva para la
solución del caso y con la oportuna comunicación de esta al interesado.

Caso concreto

En síntesis, la UARIV afirmó que i) no ha vulnerado los derechos fundamentales
reclamados por la accionante, pues le reconoció el derecho a recibir la
indemnización administrativa y, dado que acreditó un criterio de priorización, está
validando para poder informarle si procede o no el pago para la presente vigencia
fiscal; ii) no es posible determinar la fecha o el plazo en que se pagará la
indemnización administrativa; iii) la accionante ya cobró la indemnización por el
homicidio de Pablo Andrés Murillo Castro y frente al homicidio de Renson Darío
Murillo Castro los recursos se encuentran en el banco, disponibles para pago en los
próximos días; iv) debe contar con la oportunidad de aplicar el procedimiento
necesario para hacer efectivo el reconocimiento prioritario del giro, pues de lo
contrario se desconocerían los derechos de otras víctimas para acceder a la
indemnización; y v) la tutela no puede constituir un mecanismo transitorio, ante la
inexistencia de un perjuicio irremediable.

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Al respecto, se observa que el 10 de febrero de 2025, la señora Nuris del Carmen
Castro de Murillo solicitó a la UARIV lo siguiente:

«la información física clara y de fondo del estado de cumplimiento de la
documentación de los homicidios 1* Registro DE RENSON DARIO MURILLO
CASTRO; 2* DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN Y/O REGISTRO CIVIL DE
DEFUNCIÓN DEL PADRE DE RENSON DARIO MURILLO CASTRO y solicitar
información de la Resolución donde está consignada la decisión y fecha de la
Indemnización Administrativa por los hechos victimizantes de los homicidios y
desplazamiento forzado».

En atención a ello, el 9 de junio de 2025, la directora técnica de Reparaciones
de la mentada Unidad le informó:

«1. Respecto del pago de la indemnización administrativa: Se procedió con el
análisis del caso encontrando que no es posible un nuevo reconocimiento del
hecho victimizante de HOMICIDIO DE PABLO ANDRES MURILLO CASTRO
/ RADICADO SIRAV 32028 / DECRETO 1290 DE 2008, toda vez que, en
virtud del principio de prohibición de doble reparación y de compensación,
consagrado en el artículo 20 de la Ley 1448 de 2011, nadie podrá recibir doble
reparación por el mismo concepto y en ese sentido, no es procedente generar
un desembolso adicional.

Se verificó en el Registro Único de Víctimas y en las bases de datos que se
tienen a disposición y se evidenció que el accionante cobró el porcentaje
correspondiente al 100% de la indemnización administrativa por el hecho
victimizante antes indicado, así las cosas y como se indicó con antelación “su
señoría” bajo del principio de prohibición de doble reparación y de
compensación, consagrado en el artículo 20 de la Ley 1448 de 2011, nadie
podrá recibir doble reparación por el mismo concepto y en ese sentido, no es
procedente generar un desembolso adicional por estos hechos (…)

Respecto del hecho victimizante de HOMICIDIO DE DARIO DE JESUS
MURILLO GRANDA / RADICADO SIRAV 32031 / DECRETO 1290 DE 2008,
es de informar que teniendo en cuenta que, allegó la documentación para
acreditar algún criterio de priorización de los establecidas en el artículo 4 de
la Resolución 1049 de 2019 y primero de la Resolución 582 de 2021, se
procedió a realizar la respectiva alerta a la Subdirección de Reparación
Individual en aras de que se desplieguen todas las acciones tendientes
a informar si le asiste o no el derecho al pago de la medida de
indemnización administrativa de manera priorizada, lo más pronto
posible (…)

Una vez se establezca fecha de pago se emitirá y notificará el debido acto
administrativo.

Respecto del hecho victimizante de HOMICIDIO DE RENSON DARIO
MURILLO CASTRO / RADICADO SIRAV 32035 / DECRETO 1290 DE 2008
el giro se encuentra en BANCO, disponible para cobro desde el 2025-05-31
mediante proceso bancario No. 14280530, el giro se encontrará en banco por
sesenta (60) días para cobro.

Para la notificación y entrega de la carta de reconocimiento de la
indemnización por vía administrativa la accionante será contactada por un
enlace para proceder con la entrega de los recursos por la Dirección
Territorial, por lo anterior en los próximos días esta entidad le informará y le
notificará a la accionante la carta de reconocimiento de indemnización
administrativa (…)

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Finalmente, me permito informarle que Usted no acredita como víctima de
desplazamiento forzado en el registro único de víctimas por tal motivo (…)».

La respuesta brindada por la entidad permite evidenciar que se pronunció sobre la
totalidad de los hechos victimizantes por los cuales la solicitante pidió la
indemnización administrativa, esto es, su desplazamiento forzado y los homicidios
de Pablo Andrés Murillo Castro, Darío de Jesús Murillo Granda y Renson Darío
Murillo Castro.

Frente al primero, encontró que la actora no había acreditado su calidad de víctima;
respecto del segundo, ya había sido indemnizada; en cuanto al tercero, se estaba
analizando si tenía derecho al pago de forma priorizada; y finalmente, en relación
con el cuarto, el giro ya estaba disponible en el banco y en los próximos días se le
notificaría la carta de reconocimiento de la indemnización.

En ese orden de ideas, lo primero que se evidencia es que la UARIV otorgó una
respuesta completa, de fondo y congruente con lo solicitado respecto a los hechos
victimizantes del desplazamiento forzado y el homicidio de Renson Darío Murillo
Castro, contestación que le fue comunicada al correo electrónico de la accionante,
por lo cual no se observa una transgresión del derecho fundamental de petición
frente a dichos hechos.

No ocurre lo mismo en relación con el hecho victimizante por el homicidio de Darío
de Jesús Murillo Granda, pues, según lo informó la UARIV en el trámite de esta
acción, tanto en la contestación como en la impugnación, a la accionante ya le fue
reconocido el pago de la medida, es decir, que ya se decidió de fondo sobre la
solicitud de indemnización por el homicidio de su esposo, y a la fecha está en
estudio si hay lugar o no al pago priorizado.

Sin embargo, en la respuesta otorgada no indicó a la peticionaria la resolución a
través de la cual reconoció la medida, pese a que la accionante solicitó información
sobre el acto administrativo en el que se decidió sobre la indemnización.

Sobre el particular, se advierte que la accionante no solamente pidió la protección
de dicho derecho, sino que, a través de la tutela, pretendió el reconocimiento de la
indemnización administrativa porque considera que lleva varios años buscando el
restablecimiento de sus derechos a través de la indemnización administrativa, pese
a lo cual no se ha dado debido trámite a su solicitud.

En ese entendido, se advierte que frente al homicidio del esposo de la actora, no
solo no se dio respuesta completa a la petición, sino que, además, en esta sede
tampoco existe certeza si realmente se resolvió de fondo la solicitud de
indemnización administrativa en el marco del procedimiento de que trata la
Resolución 1049 de 2019, a pesar de que, acorde con la solicitud del 10 de febrero
de 2025, la UARIV le confirmó el recibo de la documentación el 22 de octubre de
2024, lo que no fue desvirtuado por la Unidad, por lo que ya se habría superado el
término previsto en el artículo 11 de la Resolución referida.

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Adicionalmente, se observa que la accionante también solicitó información sobre la
fecha de la indemnización en la petición del 10 de febrero de 2025, frente a lo cual
la UARIV le indicó que se encuentra en estudio de la priorización de la medida.

En cuanto a esa situación, debe tenerse en cuenta que en la impugnación la UARIV
señaló que la accionante cumple con un criterio de priorización, por lo que no se
observa que la orden dictada en primera instancia tendiente a que se brinde
información a la accionante en ese sentido desconozca el Método Técnico de
Priorización previsto en la Resolución 1049 de 2019, como lo alega la recurrente.
Ello teniendo en cuenta que dicha respuesta se le suministró al juez constitucional
y de esa manera no se satisface el derecho de petición.

Por lo anterior, se confirmará la sentencia del 11 de junio de 2025 proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión, mediante la cual se
accedió al amparo solicitado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. CONFIRMAR a sentencia del 11 de junio de 2025 proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión, mediante la cual se accedió
al amparo solicitado, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.

Segundo. Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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