Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2025-01293-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2025-01293-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 05001-23-33-000-2025-01293-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
7 de noviembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., siete (7) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 05001-23-33-000-2025-01293-01
Referencia: Acción de tutela
Actor: SUMIT GADDH
TESIS: SE CONFIRMA LA PROVIDENCIA IMPUGNADA QUE DENEGÓ LA
SOLICITUD DE AMPARO. LA AUTORIDAD JUDICIAL ACCIONADA NO
VULNERÓ LOS DERECHOS FUNDAMENTALES INVOCADOS. ADEMÁS, LA
SOLICITUD DE AMPARO ES IMPROCEDENTE POR CUANTO NO CUMPLE CON
EL REQUISITO GENERAL DE LA SUBSIDIARIEDAD. EL MEDIO DE CONTROL
CUESTIONADO SE ENCUENTRA EN CURSO.
DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO Y ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra
la sentencia de 10 de octubre de 2025, mediante la cual la SALA
OCTAVA DE DECISIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
ANTIOQUIA1 decidió la acción de tutela de la referencia.
1
En adelante el Tribunal.
2
Número único de radicación: 05001-23-33-000-2025-01293-01
Actor: SUMIT GADDH
I. ANTECEDENTES
I.1.- La Solicitud
El señor SUMIT GADDH, actuando en nombre propio, en ejercicio
de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, solicitó la protección de sus derechos fundamentales al
debido proceso y al acceso a la administración de justicia, los
cuales estima vulnerados por el JUZGADO OCTAVO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN2, por los
presuntos obstáculos e irregularidades que le han impedido ejercer
su defensa dentro del medio de control de reparación directa
identificado con el número único de radicación 2025-00187-00.
I.2.- Hechos
Señaló que la CORPORACION DULAZAR PROVIVIENDA
DIGNA3, promovió demanda en ejercicio del medio de control de
reparación directa en su contra y del DISTRITO DE CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN4, con el fin de
2
En adelante Juzgado.
3
En adelante Dulazar.
4
En adelante Distrito.
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Actor: SUMIT GADDH
obtener el pago de los perjuicios de orden material debido a las
presuntas afectaciones que sufrió un bien de propiedad de la
aludida corporación, con ocasión a una obra de construcción que
adelantó en su inmueble que colinda con el presuntamente
afectado.
Aseveró que a la demanda le fue asignado el número único de
radicación 2025-00187-00 y le correspondió por reparto en primera
instancia al JUZGADO que, a su juicio, le ha impedido ejercer su
derecho a la defensa al ejecutar actos de “obstrucción institucional”,
remitiendo notificaciones judiciales a correos no autorizados y
obligándolo a contestar una demanda que se sustenta en pruebas
ilegales y fraudulentas.
I.3. Fundamentos de derecho
A juicio del actor, el JUZGADO incurrió en la vulneración de sus
derechos fundamentales, por cuanto ha rechazado cada una de las
solicitudes que ha presentado a nombre propio y a través de
apoderado judicial dentro del proceso judicial censurado, sin que se
explique de manera alguna los motivos.
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Actor: SUMIT GADDH
Aseguró que de manera consistente e inequívoca informó como
único correo electrónico autorizado para comunicaciones judiciales
el siguiente: datos6565@gmail.com; y pesar de la revocatoria del
poder de su anterior apoderado, el JUZGADO continuó remitiéndole
a este las notificaciones, desatendiendo los escritos en los que
refiere a dicho canal digital como única dirección para
notificaciones.
Mencionó que “[…] al diluir la autoridad del canal expresamente
autorizado con notificaciones paralelas a cuentas no autorizadas, el
tribunal violó el debido proceso constitucional e internacional,
haciendo ilusorias las reparaciones […]”.
I.4.- Pretensiones
El actor solicitó el amparo de sus derechos fundamentales
invocados como vulnerados y, en consecuencia:
“[…] 1. Declaración de Violación.
Declarar que Juzgado Octavo ha violado los derechos
fundamentales del peticionario a debido proceso (Constitución
Política, art. 29) y acceso a la justicia (Constitución Política,
artículo 229).
2. Canal de Notificación Exclusiva.
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Actor: SUMIT GADDH
Orden Juzgado Octavo reconocer y respetar
datos6565@gmail.com, el correo electrónico corporativo
designado expresa y reiteradamente por el peticionario y su
apoderado, como el canal exclusivo para todas las notificaciones
judiciales y cesar inmediatamente el envío de notificaciones a
cualquier cuenta no autorizada o paralela.
3. Pretensión – Corporación Dulazar
Orden Juzgado Octavo Emitir una certificación jurada
especificando:
3a. Si ha mantenido alguna comunicación, directa o
indirectamente, con el abogado Juan Felipe Trespalacios,
Corporación Dulazar, o sus representantes.
3b. Si mantiene algún conflicto de intereses con Corporación
Dulazar.
3c. ¿Cuántos casos ha presidido que involucran? Corporación
Dulazar como demandante o demandado, incluida la divulgación
de los resultados.
4. Pretensión – Alcaldía de Medellín
Orden Juzgado Octavo Emitir una certificación jurada
especificando:
4a. Si ha mantenido alguna comunicación, directa o
indirectamente, con la Alcaldía de Medellín o sus
representantes.
4b. Si mantiene algún conflicto de intereses con la Alcaldía de
Medellín.
4c. ¿Cuántos casos ha presidido en los que la Alcaldía de
Medellín fue parte (demandante o demandado), incluida la
divulgación de los resultados.
5. Pretensión – DAGRD
Orden Juzgado Octavo Emitir una certificación jurada
especificando:
5a. Si ha mantenido alguna comunicación, directa o
indirectamente, con DAGRD o sus representantes.
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5b. Si mantiene algún conflicto de intereses con con DAGRD.
5c. ¿Cuántos casos ha presidido en los que DAGRD fue parte
(demandante o demandado), incluida la divulgación de los
resultados.
5d. ¿Cuántos casos ha presidido en los que Informes del DAGRD
se presentaron como prueba y si dichos informes fueron
admitidos, impugnados o tomados como base de sus decisiones.
6. Pretensión – Casos que involucran a extranjeros
Orden Juzgado Octavo para proporcionar una certificación jurada
especificando cuántos casos ha presidido en los que un
ciudadano extranjero fue parte (demandante o demandado),
incluida la divulgación de los resultados, para garantizar la
transparencia y evaluar si el peticionario está siendo sometido a
un trato discriminatorio o adverso por motivos de nacionalidad.
7. Divulgación de tutelas previas
Orden Juzgado Octavo para proporcionar una certificación jurada
enumerando todas las tutelas en las que ha sido nombrado
como demandado, incluyendo:
7a. El números y fechas de tutela.
7b. El razones o causas para el cual se presentó cada tutela,
incluyendo si el peticionario buscó protección contra ocultamiento,
obstrucción o confianza en evidencia falsificada o irregular.
7c. Cuando corresponda, la Prueba falsificada específica
impugnada en cada caso.
7d. El respuestas o resultados judiciales expedidas en cada
tutela.
8. Recordatorio de responsabilidad judicial.
Ordene que Juzgado Octavo Se le recuerda expresamente que, a
pesar de su condición de tribunal superior, es no exento de
límites constitucionales y legales, y que su conducta está
sujeta a la supervisión de ambos control constitucional
interno y autoridades internacionales de derechos
humanos, quienes están siendo alertados sobre el presente
asunto.
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Actor: SUMIT GADDH
9. Pretensión – Justificación conforme al ordenamiento
jurídico interno
Ordenar al Juzgado Octavo que exponga, con razonamiento
jurídico preciso y completo, por qué considera que su conducta
no vulnera la Constitución Política de Colombia, arts. 29
(debido proceso) y 229 (acceso a la justicia), indicando el
soporte normativo, jurisprudencial y los actos procesales
en que se sustenta.
10. Justificación del derecho internacional.
Orden Juzgado Octavo para explicar, con un razonamiento
jurídico preciso, por qué considera que su conducta no viola la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, arts.
8(1) y 25(1), ni la jurisprudencia vinculante de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos(Cantoral Benavides v.
Peru, ¶146;Barrios Altos vs. Perú, ¶41).
11. Recordatorio de supervisión internacional.
Ordene que Juzgado Octavo Se le recuerda expresamente que sus
respuestas serán revisadas y, en su caso, presentado ante las
autoridades internacionales de derechos humanos, incluida
la Comisión y la Corte Interamericanas, como parte de la
búsqueda continua de protección del peticionario
12. Base razonada para las denegaciones.
Orden Juzgado Octavo explicar, con un razonamiento claro, tanto
jurídico como fáctico, por qué ha negó todas las
presentaciones presentadas por el peticionario y su
abogado, y precisar los fundamentos de cada denegatoria con
arreglo a derecho, a fin de que el peticionario pueda ejercer el
derecho de defensa en condiciones de transparencia y certeza.
13. Tono judicial, sanciones e imparcialidad
Orden Juzgado Octavo a abstenerse de utilizar un lenguaje
que amenace con sanciones o transmita parcialidad,
irritación o intimidación contra el peticionario por ejercer el
derecho constitucional de presentar pruebas de falsificación y
obstrucción, y en su lugar Abordar dichas pruebas sobre el
fondo con explicaciones neutrales y razonadas, de acuerdo
con Constitución Política, art. 29 (debido proceso) y Decreto 2591
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de 1991, art. 6(b) (admisibilidad de la tutela contra actos
judiciales que violen derechos fundamentales).
14. Reclamación – Garantía de Acceso Directo
Orden Juzgado Octavo restablecer y garantizar de inmediato la
capacidad del peticionario de presentar peticiones y
comunicaciones directamente a través del Sistema en línea
SAMAI, independientemente de que se designe defensor, de
modo que los derechos constitucionales al debido proceso (C.P .
art. 29) y al acceso a la justicia (C.P . art. 229) no se vean
obstruidos por barreras técnicas o administrativas.
15. Supervisión por parte de la Autoridad Judicial Superior
Solicitar al juez de tutela notifique al Consejo Seccional de la
Judicatura (órgano disciplinario) de la conducta descrita, por lo
que es objeto de seguimiento independiente para una posible
investigación disciplinaria.
16. Admisión y Acceso.
Ordenar que se declare la presente tutela admitido
formalmente de acuerdo con Decreto 2591 de 1991, art. 17, y
que se le conceda al peticionario acceso inmediato y completo al
expediente electrónico a través de un enlace SharePoint funcional
(o medio digital equivalente), para que el peticionario pueda
ejercer efectivamente el derecho de defensa y seguir el proceso
en tiempo real.
17. Pretensión – Respuesta completa y razonada al fraude
Orden Juzgado Octavo emitir una Respuesta completa, razonada
y fundamentada legalmente a cada uno de los 20 pasos del
fraude estructural (22.1–22.20) identificado en la denuncia
del peticionario ante la Fiscalía y presentada a través de SAMAI.
El peticionario y su abogado solicitó explícitamente que el
tribunal abordará cada paso individualmente, dada la
abrumadora naturaleza de la evidencia. De acuerdo con la
Constitución Política, art. 29, y jurisprudencia vinculante —
Tribunal Constitucional, SU-1184/01 (las autoridades judiciales
deben proporcionar una motivación clara y suficiente), T-377/16
(las decisiones deben abordar las pruebas presentadas), y IACHR,
Cantoral Benavides v. Peru (18 de agosto de 2000, ¶146 — la
notificación efectiva y el compromiso con las pruebas son
esenciales) —Juzgado Octavo hay que recordar que no puede
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emitir respuestas incompletas o evasivas, sino que debe
responder a cada paso en su totalidad para satisfacer el debido
proceso constitucional.
18. Pretensión - Efecto Jurídico de Respuestas Incompletas
o Engañosas
Ordenar al Juzgado Octavo que se le recuerde expresamente que,
conforme a la jurisprudencia vinculante (Corte Constitucional,
Sent. SU-1184/01; T-377/16; Corte IDH, Cantoral Benavides vs.
Perú, Sent. 18 de agosto de 2000, ¶146; Barrios Altos vs. Perú,
Sent. 14 de marzo de 2001, ¶ 41), una respuesta incompleta,
evasiva o deshonesta constituye una violación del debido
proceso y es jurídicamente equivalente a la falta de
respuesta. En consecuencia, cualquier contestación del Juzgado
Octavo debe ser plena, razonada y congruente con las pruebas
aportadas.
19. Medidas correctivas.
Adoptar cualquier medida adicional que se considere necesaria
para salvaguardar el derecho del peticionario a notificación
judicial clara, directa y exclusiva, asegurando el goce efectivo
de las garantías constitucionales […]”. (Destacado pertenece al
texto).
I.5. Defensa
I.5.1.- El JUZGADO señaló que las pretensiones de la acción
constitucional deben despacharse de manera desfavorable, en tanto
no se evidencia ninguna vulneración de los derechos fundamentales
del actor, por el contrario, ha respetado el ordenamiento jurídico
con sustento en la norma procesal aplicable al asunto.
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Indicó que las actuaciones judiciales adelantadas dentro del medio
de control de reparación directa censurado se han proferido de
conformidad con las normas procesales, garantizando la
intervención y defensa del actor, quien ha promovido varias
solicitudes tendientes a obtener su nulidad, el rechazo y la
suspensión del trámite procesal, peticiones que han sido
debidamente atendidas y notificadas a los correos electrónicos
autorizados por la parte actora.
Resaltó que frente a los argumentos de la valoración y exclusión
probatoria, no es procedente dicha pretensión en la medida que en
la actualidad el proceso no se encuentra en la etapa probatoria y
que tales argumentos deben ser planteados en la contestación de la
demanda, una vez se resuelva la admisión de la reforma de la
demanda que está pendiente de resolución.
Aseveró que el actor en otra oportunidad promovió una acción de
tutela en su contra, en la que solicitó, entre otros, la exclusión de
unas pruebas y resaltó que dicho trámite constitucional fue
declarado improcedente por falta de relevancia constitucional5.
5
Acción de tutela, expediente identificado con el numero único de radicación 05001 23 33 000 2025
01024 00, Tribunal Administrativo de Antioquia, Magistrada ponente Irina del Rosario Meza Rhenais.
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I.5.2.- El DISTRITO DE MEDELLÍN manifestó que la solicitud de
amparo es improcedente, comoquiera que la vulneración se imputa
única y exclusivamente contra la autoridad judicial accionada, por lo
que no se le puede atribuir algún tipo de responsabilidad por acción
u omisión.
I.5.3.- DULAZAR mencionó que no se evidencia irregularidades en
el trámite del medio de control de reparación directa y que tales
afirmaciones carecen de sustento fáctico y jurídico, pues el actor de
forma temeraria ha promovido memoriales en los que invoca
nulidades sin fundamento, entorpeciendo el curso normal del
proceso y comprometiendo la seriedad y lealtad procesal.
II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO
El TRIBUNAL mediante sentencia de 10 de octubre de 2025,
denegó y rechazó por improcedente la solicitud de amparo al
considerar que los reparos formulados contra el JUZGADO por
presunta vulneración al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, no se encontraron probados.
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En primer lugar, señaló que al actor no se le restringió el acceso a
la administración de justicia ya que la petición de nulidad que
presentó directamente fue resuelta por el Juzgado que, de manera
categórica le explicó que la solicitud no podía tramitarse por cuanto
no compareció al proceso por intermedio de apoderado judicial, por
lo tanto, no evidenció ningún tipo de irregularidad.
En segundo lugar, respecto a los reparos relacionados con las
notificaciones judiciales, no evidenció alguna práctica irregular, ya
que, conforme a las constancias obrantes en el expediente, todas
las decisiones adoptadas por el despacho fueron remitidas a los
correos electrónicos autorizados por el actor y por la apoderada
judicial que lo representa, garantizando así la validez de las
notificaciones y el pleno ejercicio del derecho de defensa.
En tercer lugar, frente a las pretensiones relacionadas con la
respuesta detallada a una serie de cuestionamientos, señaló que la
acción de tutela no es el mecanismo idóneo para exigir ese tipo de
actuaciones.
Igualmente, señaló que frente los trámites adelantados ante la
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Fiscalía General de la Nación con ocasión a la denuncia formulada
por el actor, deberá acudir directamente a dicha autoridad, a fin de
agotar los mecanismos de defensa dispuestos en la normativa para
cuestionar las irregularidades que invoca, pues la acción de tutela
no es el mecanismo idóneo para obtener respuestas e
intervenciones en otros escenarios judiciales.
Finalmente, aseguró que el medio de control de reparación directa
cuestionado se encuentra en trámite, por lo que no se cumple con
el requisito de subsidiariedad y, resaltó que “[…] de surgir
inconformidad por parte del accionante con las decisiones que se
adopten al interior de dicho proceso, podrá ejercitar los recursos
que contra ellas procedan de acuerdo con el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
[…]”.
III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
La parte actora impugnó la sentencia proferida por el TRIBUNAL
manifestando su desacuerdo con la motivación de la decisión, pues,
a su juicio, el a quo omitió con pleno conocimiento la existencia de
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las pruebas falsificadas y fraudulentas que obran en la actuación
judicial cuestionada.
Manifestó que el TRIBUNAL omitió adoptar medidas preventivas o
de protección desconociendo sus deberes constitucionales para
salvaguardar su vida e integridad física, además respaldó la
narrativa del juzgado negándose a suspender los efectos de los
actos administrativos ilegales a fin de sanear el proceso.
Indicó que el TRIBUNAL ratificó el fraude procesal del JUZGADO
al continuar este notificando las actuaciones a su anterior
apoderado y autorizando al apoderado del DISTRITO DE
MEDELLÍN continuar defendiendo el caso basado en pruebas
fraudulentas.
IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer de la presente impugnación,
de conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591
de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de
tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en
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concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de
2021 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de
2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula
la distribución de negocios entre las secciones.
Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los
derechos constitucionales fundamentales cuando estos resulten
vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier
autoridad pública o particular, en los casos previstos en el artículo
42 del Decreto Ley 2591 de 19 de noviembre de 1991. Dicha acción
se establece como instrumento subsidiario, es decir, que solo
procede cuando el afectado no dispone de otros medios de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio, con miras
a evitar un perjuicio irremediable.
Caso concreto
En el presente caso, el actor instauró la acción de tutela con el fin
de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido
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proceso y al acceso a la administración de justicia, los cuales
estima vulnerados por el JUZGADO, debido a las presuntas
irregularidades que le han impedido ejercer su defensa dentro del
medio de control de reparación directa identificado con el número
único de radicación 2025-00187-00.
La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por el
TRIBUNAL que, mediante sentencia de 10 de octubre de 2025,
denegó la solicitud de amparo al considerar que los reparos
formulados contra el JUZGADO por presunta vulneración al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia, no se
encontraron probados.
Frente a las demás pretensiones relacionadas con las presuntas
irregularidades dentro del medio de control de reparación directa en
lo que respecta a la valoración de unas pruebas y las actuaciones
adelantadas por la Fiscalía General de la Nación frente a una
denuncia penal formulada por el actor, determinó que no se cumplió
con el requisito de subsidiariedad, en la medida que el interesado
deberá acudir directamente ante dichas autoridades, a fin de agotar
los mecanismos defensa dispuestos en la norma para cuestionar las
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anomalías que invoca.
Inconforme con lo anterior, la parte actora impugnó la decisión
proferida en primera instancia, manifestando su desacuerdo con la
motivación de la decisión, pues, a su juicio, el TRIBUNAL: i) omitió
con pleno conocimiento la existencia de las pruebas falsificadas y
fraudulentas que obran en la actuación judicial cuestionada; ii) no
adoptó las medidas preventivas o de protección desconociendo sus
deberes constitucionales para salvaguardar su vida e integridad
física, además respaldó la narrativa del JUZGADO negándose a
suspender los efectos de los actos administrativos ilegales a fin de
sanear el proceso; y iii) ratificó el fraude procesal, al continuar
dicho despacho judicial notificando las actuaciones a su anterior
apoderado y autorizando al apoderado del DISTRITO DE
MEDELLÍN continuar defendiendo el caso basado en pruebas
fraudulentas.
En este punto es del caso advertir que la Sala se limitará a analizar
las inconformidades expuestas en el escrito de impugnación, en
cuanto a las inconformidades relacionadas con la vulneración de sus
garantías procesales frente a la existencia de unas pruebas que
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denomina fraudulentas y la indebida notificación de las actuaciones
judiciales a correos no autorizados, no sin antes advertir que, los
argumentos relacionados con la adopción de medidas preventivas o
de protección para salvaguardar su vida e integridad física y la
suspensión de los efectos de unos actos administrativos que
denominó ilegales, son inconformidades que no fueron expuestas
desde el escrito primigenio de la solicitud de amparo, por lo que no
es de recibo traer argumentos nuevos a esta instancia
constitucional que no fueron debatidos por el juez de primera
instancia, por lo que se relevará de su estudio.
Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico a
resolver consiste en determinar si en el presente caso se debe
confirmar, modificar o revocar la decisión del a quo, para lo cual se
verificará si se cumplen los presupuestos generales de
procedibilidad de la acción de tutela; y, de ser así, se establecerá si
la autoridad judicial accionada vulneró los derechos deprecados.
En ese orden, se examinará i) el cumplimiento de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela, en especial, el
requisito de la subsidiariedad y, ii) las actuaciones relacionadas
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con el envío de las notificaciones al correo electrónico autorizado
por el actor.
De la improcedencia de la acción de tutela por carencia del
requisito de subsidiariedad
El artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 prevé como causal de
improcedencia que «existan otros recursos o medios de
defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia
de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su
eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el
solicitante» (Subrayas y negrillas fuera del texto).
Lo anterior significa, que este mecanismo de amparo ostenta un
carácter excepcional y subsidiario, pues solo es procedente
cuando el interesado no cuenta con otros medios jurisdiccionales
para que sus peticiones sean examinadas, a menos que, existiendo
tales mecanismos, esta acción se instaure en forma transitoria, en
aras de obtener una protección urgente e inmediata de sus
derechos.
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Así pues, el no atender dicho carácter excepcional y subsidiario,
afecta el ordenamiento jurídico, habida cuenta que la garantía de
los derechos fundamentales no sería examinada por su juez natural
idóneo para resolver las controversias jurídicas de acuerdo con las
competencias establecidas por el legislador.
No obstante, solo en caso de que se vislumbre la ocurrencia
de un perjuicio irremediable, el juez constitucional podría
intervenir, pero únicamente para la protección de los derechos
fundamentales que encuentre amenazados o vulnerados, de lo
contrario «deberá declarar la improcedencia de la acción de
amparo y en consecuencia se exhortará a los tutelantes para que
se dirijan ante el juez ordinario que de manera preferente debe
conocer del fondo del asunto.»6 (Subrayas y negrillas fuera del
texto).
Precisado lo anterior, la Sala evidencia que las inconformidades
planteadas por el actor en el escrito de impugnación recaen en
que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos
fundamentales, al continuar el trámite de la actuación judicial sin
6 Corte Constitucional, sentencia T-175 de 14 de marzo de 2011, Magistrado Ponente doctor Jorge
Iván Palacio Palacio.
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considerar los reparos relacionados con las pruebas aportadas al
plenario, las cuales tilda de fraudulentas.
Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala advierte que, como bien lo
señaló el a quo la presente acción de tutela es improcedente
por carencia del requisito de subsidiariedad, en la medida en
que las inconformidades relacionadas con las decisiones que se
adopten al interior del proceso deben ser expuestas durante el
trámite del medio de control de reparación directa, pues la actora
tiene a su alcance el recurso de reposición previsto en el artículo
242 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA), para cuestionar el contenido de las
decisiones proferidas durante el curso de la actuación judicial
cuestionada.
Aunado a lo anterior, luego de revisar las actuaciones registradas
en el aplicativo de consulta SAMAI7, la Sala advierte que el medio
de control de reparación directa cuestionado se encuentra en
curso, pues hasta la fecha el JUZGADO no ha proferido el fallo de
primera instancia.
7
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=050013333008202500
187000500133
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En efecto, el proceso que motivó la interposición de esta acción
constitucional aún se encuentra en trámite y, por ende, la
intervención del juez constitucional se encuentra vedada. Ello, por
cuanto, se reitera, es el mismo proceso ordinario el adecuado para
hacer valer los derechos que el actor estima vulnerados y mal haría
el juez de tutela en suplantar las competencias que le están dadas
al juez de conocimiento.
Finalmente, con el fin de analizar si en el presente caso se
configura la existencia de un perjuicio irremediable que haga
procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio, la Sala
se remite a lo dispuesto por la Corte Constitucional 8 que, frente al
tema, ha sostenido lo siguiente:
“[…] A propósito del perjuicio irremediable, esta
Corporación ha precisado que éste debe reunir las
siguientes características: “debe ser inminente o próximo
a suceder. Este exige un considerable grado de certeza y
suficientes elementos fácticos que así lo demuestren,
tomando en cuenta, además, la causa del daño. (…) el
perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga un
detrimento sobre un bien altamente significativo para la
persona (moral o material), pero que sea susceptible de
determinación jurídica. (…) deben requerirse medidas
urgentes para superar el daño, entendidas éstas desde
una doble perspectiva: como una respuesta adecuada
frente a la inminencia del perjuicio, y como respuesta que
8
Corte Constitucional, Sentencia SU-439 de 13 de julio de 2017, M.P. Alberto Rojas Ríos.
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armonice con las particularidades del caso. Por último, las
medidas de protección deben ser impostergables, esto es,
que respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a fin
de evitar la consumación de un daño antijurídico
irreparable […]”.
De acuerdo con lo expuesto en precedencia, la Sala no advierte la
existencia de un perjuicio irremediable que haga procedente la
acción de tutela de la referencia como mecanismo transitorio, dado
que sobre tal aspecto ni siquiera se hace mención en el escrito
introductorio, sin que en todo caso de las circunstancias fácticas
probadas se pueda advertir tal situación.
De la notificación de las actuaciones procesales
Ahora, frente a los reparos relacionados con el envío de las
notificaciones judiciales a correos no autorizados, la Sala advierte
que al verificar el contenido del expediente digital9, se evidencia
que el actor autorizó el envío de las notificaciones judiciales al
correo electrónico data6565@gmail.com.
Asimismo, de las pruebas obrantes en el expediente se observa
que, la autoridad judicial accionada, a lo largo de la actuación
9
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=050013333008202500
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judicial ha notificado el contenido de las actuaciones judiciales, de
la siguiente manera:
• Comunicación del auto de 26 de junio de 2025, mediante el
cual se admite la demanda:
• Comunicación del auto de 8 de julio de 2025, mediante el cual
se resolvieron las solicitudes de nulidad procesal:
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• Comunicación del auto de 30 de julio de 2025, mediante el
cual se resolvieron las solicitudes de nulidad procesal y
rechazo de la demanda:
• Comunicación del auto de 30 de septiembre de 2025,
mediante el cual se resolvió la solicitud de nulidad procesal
radicada ante el TRIBUNAL:
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• Comunicación del auto de 15 de octubre de 2025, mediante el
cual se resolvieron las solicitudes de suspensión del proceso y
oficios remisorios:
En consecuencia, la Sala advierte que, como bien lo señaló el a quo
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en el asunto no se evidencia ninguna vulneración de los derechos
fundamentales invocados por el actor, por cuanto las
comunicaciones han sido debidamente remitidas al canal digital
autorizado para tal fin, además de manera complementaria el
JUZGADO en cumplimiento de las normas procesales vigentes, ha
remitido las comunicaciones a los correos electrónicos de los
apoderados judiciales que lo han representado durante el curso de
la actuación judicial, sin que tal circunstancia implique la
trasgresión de sus garantías.
Aunado a lo anterior, es menester precisar que, si bien es cierto que
la acción de tutela se caracteriza por su informalidad, ello no quiere
decir que quien pretenda la protección de sus derechos por una
afectación directa, no tenga la carga de aportar las pruebas que
acrediten la presunta vulneración, pues en el presente caso los
acontecimientos constitutivos de la vulneración alegada carecen del
más mínimo respaldo probatorio.
En consecuencia, la Sala confirmará la decisión recurrida, como en
efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, de conformidad
con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída,
discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 7 de noviembre
de 2025.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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