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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2025-01293-01

Fecha
7 de noviembre de 2025
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2025-01293-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 05001-23-33-000-2025-01293-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

7 de noviembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., siete (7) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 05001-23-33-000-2025-01293-01
Referencia: Acción de tutela
Actor: SUMIT GADDH

TESIS: SE CONFIRMA LA PROVIDENCIA IMPUGNADA QUE DENEGÓ LA
SOLICITUD DE AMPARO. LA AUTORIDAD JUDICIAL ACCIONADA NO
VULNERÓ LOS DERECHOS FUNDAMENTALES INVOCADOS. ADEMÁS, LA
SOLICITUD DE AMPARO ES IMPROCEDENTE POR CUANTO NO CUMPLE CON
EL REQUISITO GENERAL DE LA SUBSIDIARIEDAD. EL MEDIO DE CONTROL
CUESTIONADO SE ENCUENTRA EN CURSO.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO Y ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra

la sentencia de 10 de octubre de 2025, mediante la cual la SALA

OCTAVA DE DECISIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE

ANTIOQUIA1 decidió la acción de tutela de la referencia.

1
En adelante el Tribunal.

2

Número único de radicación: 05001-23-33-000-2025-01293-01
Actor: SUMIT GADDH

I. ANTECEDENTES

I.1.- La Solicitud

El señor SUMIT GADDH, actuando en nombre propio, en ejercicio

de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución

Política, solicitó la protección de sus derechos fundamentales al

debido proceso y al acceso a la administración de justicia, los

cuales estima vulnerados por el JUZGADO OCTAVO

ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN2, por los

presuntos obstáculos e irregularidades que le han impedido ejercer

su defensa dentro del medio de control de reparación directa

identificado con el número único de radicación 2025-00187-00.

I.2.- Hechos

Señaló que la CORPORACION DULAZAR PROVIVIENDA

DIGNA3, promovió demanda en ejercicio del medio de control de

reparación directa en su contra y del DISTRITO DE CIENCIA

TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN4, con el fin de

2
En adelante Juzgado.
3
En adelante Dulazar.
4
En adelante Distrito.

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3

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Actor: SUMIT GADDH

obtener el pago de los perjuicios de orden material debido a las

presuntas afectaciones que sufrió un bien de propiedad de la

aludida corporación, con ocasión a una obra de construcción que

adelantó en su inmueble que colinda con el presuntamente

afectado.

Aseveró que a la demanda le fue asignado el número único de

radicación 2025-00187-00 y le correspondió por reparto en primera

instancia al JUZGADO que, a su juicio, le ha impedido ejercer su

derecho a la defensa al ejecutar actos de “obstrucción institucional”,

remitiendo notificaciones judiciales a correos no autorizados y

obligándolo a contestar una demanda que se sustenta en pruebas

ilegales y fraudulentas.

I.3. Fundamentos de derecho

A juicio del actor, el JUZGADO incurrió en la vulneración de sus

derechos fundamentales, por cuanto ha rechazado cada una de las

solicitudes que ha presentado a nombre propio y a través de

apoderado judicial dentro del proceso judicial censurado, sin que se

explique de manera alguna los motivos.

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Actor: SUMIT GADDH

Aseguró que de manera consistente e inequívoca informó como

único correo electrónico autorizado para comunicaciones judiciales

el siguiente: datos6565@gmail.com; y pesar de la revocatoria del

poder de su anterior apoderado, el JUZGADO continuó remitiéndole

a este las notificaciones, desatendiendo los escritos en los que

refiere a dicho canal digital como única dirección para

notificaciones.

Mencionó que “[…] al diluir la autoridad del canal expresamente

autorizado con notificaciones paralelas a cuentas no autorizadas, el

tribunal violó el debido proceso constitucional e internacional,

haciendo ilusorias las reparaciones […]”.

I.4.- Pretensiones

El actor solicitó el amparo de sus derechos fundamentales

invocados como vulnerados y, en consecuencia:

“[…] 1. Declaración de Violación.

Declarar que Juzgado Octavo ha violado los derechos
fundamentales del peticionario a debido proceso (Constitución
Política, art. 29) y acceso a la justicia (Constitución Política,
artículo 229).

2. Canal de Notificación Exclusiva.

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Actor: SUMIT GADDH

Orden Juzgado Octavo reconocer y respetar
datos6565@gmail.com, el correo electrónico corporativo
designado expresa y reiteradamente por el peticionario y su
apoderado, como el canal exclusivo para todas las notificaciones
judiciales y cesar inmediatamente el envío de notificaciones a
cualquier cuenta no autorizada o paralela.

3. Pretensión – Corporación Dulazar

Orden Juzgado Octavo Emitir una certificación jurada
especificando:

3a. Si ha mantenido alguna comunicación, directa o
indirectamente, con el abogado Juan Felipe Trespalacios,
Corporación Dulazar, o sus representantes.

3b. Si mantiene algún conflicto de intereses con Corporación
Dulazar.

3c. ¿Cuántos casos ha presidido que involucran? Corporación
Dulazar como demandante o demandado, incluida la divulgación
de los resultados.

4. Pretensión – Alcaldía de Medellín

Orden Juzgado Octavo Emitir una certificación jurada
especificando:

4a. Si ha mantenido alguna comunicación, directa o
indirectamente, con la Alcaldía de Medellín o sus
representantes.

4b. Si mantiene algún conflicto de intereses con la Alcaldía de
Medellín.

4c. ¿Cuántos casos ha presidido en los que la Alcaldía de
Medellín fue parte (demandante o demandado), incluida la
divulgación de los resultados.

5. Pretensión – DAGRD
Orden Juzgado Octavo Emitir una certificación jurada
especificando:

5a. Si ha mantenido alguna comunicación, directa o
indirectamente, con DAGRD o sus representantes.

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Actor: SUMIT GADDH

5b. Si mantiene algún conflicto de intereses con con DAGRD.

5c. ¿Cuántos casos ha presidido en los que DAGRD fue parte
(demandante o demandado), incluida la divulgación de los
resultados.

5d. ¿Cuántos casos ha presidido en los que Informes del DAGRD
se presentaron como prueba y si dichos informes fueron
admitidos, impugnados o tomados como base de sus decisiones.

6. Pretensión – Casos que involucran a extranjeros

Orden Juzgado Octavo para proporcionar una certificación jurada
especificando cuántos casos ha presidido en los que un
ciudadano extranjero fue parte (demandante o demandado),
incluida la divulgación de los resultados, para garantizar la
transparencia y evaluar si el peticionario está siendo sometido a
un trato discriminatorio o adverso por motivos de nacionalidad.

7. Divulgación de tutelas previas

Orden Juzgado Octavo para proporcionar una certificación jurada
enumerando todas las tutelas en las que ha sido nombrado
como demandado, incluyendo:

7a. El números y fechas de tutela.

7b. El razones o causas para el cual se presentó cada tutela,
incluyendo si el peticionario buscó protección contra ocultamiento,
obstrucción o confianza en evidencia falsificada o irregular.

7c. Cuando corresponda, la Prueba falsificada específica
impugnada en cada caso.

7d. El respuestas o resultados judiciales expedidas en cada
tutela.

8. Recordatorio de responsabilidad judicial.

Ordene que Juzgado Octavo Se le recuerda expresamente que, a
pesar de su condición de tribunal superior, es no exento de
límites constitucionales y legales, y que su conducta está
sujeta a la supervisión de ambos control constitucional
interno y autoridades internacionales de derechos
humanos, quienes están siendo alertados sobre el presente
asunto.

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Actor: SUMIT GADDH

9. Pretensión – Justificación conforme al ordenamiento
jurídico interno

Ordenar al Juzgado Octavo que exponga, con razonamiento
jurídico preciso y completo, por qué considera que su conducta
no vulnera la Constitución Política de Colombia, arts. 29
(debido proceso) y 229 (acceso a la justicia), indicando el
soporte normativo, jurisprudencial y los actos procesales
en que se sustenta.

10. Justificación del derecho internacional.

Orden Juzgado Octavo para explicar, con un razonamiento
jurídico preciso, por qué considera que su conducta no viola la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, arts.
8(1) y 25(1), ni la jurisprudencia vinculante de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos(Cantoral Benavides v.
Peru, ¶146;Barrios Altos vs. Perú, ¶41).

11. Recordatorio de supervisión internacional.

Ordene que Juzgado Octavo Se le recuerda expresamente que sus
respuestas serán revisadas y, en su caso, presentado ante las
autoridades internacionales de derechos humanos, incluida
la Comisión y la Corte Interamericanas, como parte de la
búsqueda continua de protección del peticionario

12. Base razonada para las denegaciones.

Orden Juzgado Octavo explicar, con un razonamiento claro, tanto
jurídico como fáctico, por qué ha negó todas las
presentaciones presentadas por el peticionario y su
abogado, y precisar los fundamentos de cada denegatoria con
arreglo a derecho, a fin de que el peticionario pueda ejercer el
derecho de defensa en condiciones de transparencia y certeza.

13. Tono judicial, sanciones e imparcialidad

Orden Juzgado Octavo a abstenerse de utilizar un lenguaje
que amenace con sanciones o transmita parcialidad,
irritación o intimidación contra el peticionario por ejercer el
derecho constitucional de presentar pruebas de falsificación y
obstrucción, y en su lugar Abordar dichas pruebas sobre el
fondo con explicaciones neutrales y razonadas, de acuerdo
con Constitución Política, art. 29 (debido proceso) y Decreto 2591

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Actor: SUMIT GADDH

de 1991, art. 6(b) (admisibilidad de la tutela contra actos
judiciales que violen derechos fundamentales).

14. Reclamación – Garantía de Acceso Directo

Orden Juzgado Octavo restablecer y garantizar de inmediato la
capacidad del peticionario de presentar peticiones y
comunicaciones directamente a través del Sistema en línea
SAMAI, independientemente de que se designe defensor, de
modo que los derechos constitucionales al debido proceso (C.P .
art. 29) y al acceso a la justicia (C.P . art. 229) no se vean
obstruidos por barreras técnicas o administrativas.

15. Supervisión por parte de la Autoridad Judicial Superior

Solicitar al juez de tutela notifique al Consejo Seccional de la
Judicatura (órgano disciplinario) de la conducta descrita, por lo
que es objeto de seguimiento independiente para una posible
investigación disciplinaria.

16. Admisión y Acceso.

Ordenar que se declare la presente tutela admitido
formalmente de acuerdo con Decreto 2591 de 1991, art. 17, y
que se le conceda al peticionario acceso inmediato y completo al
expediente electrónico a través de un enlace SharePoint funcional
(o medio digital equivalente), para que el peticionario pueda
ejercer efectivamente el derecho de defensa y seguir el proceso
en tiempo real.

17. Pretensión – Respuesta completa y razonada al fraude

Orden Juzgado Octavo emitir una Respuesta completa, razonada
y fundamentada legalmente a cada uno de los 20 pasos del
fraude estructural (22.1–22.20) identificado en la denuncia
del peticionario ante la Fiscalía y presentada a través de SAMAI.
El peticionario y su abogado solicitó explícitamente que el
tribunal abordará cada paso individualmente, dada la
abrumadora naturaleza de la evidencia. De acuerdo con la
Constitución Política, art. 29, y jurisprudencia vinculante —
Tribunal Constitucional, SU-1184/01 (las autoridades judiciales
deben proporcionar una motivación clara y suficiente), T-377/16
(las decisiones deben abordar las pruebas presentadas), y IACHR,
Cantoral Benavides v. Peru (18 de agosto de 2000, ¶146 — la
notificación efectiva y el compromiso con las pruebas son
esenciales) —Juzgado Octavo hay que recordar que no puede

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emitir respuestas incompletas o evasivas, sino que debe
responder a cada paso en su totalidad para satisfacer el debido
proceso constitucional.

18. Pretensión - Efecto Jurídico de Respuestas Incompletas
o Engañosas

Ordenar al Juzgado Octavo que se le recuerde expresamente que,
conforme a la jurisprudencia vinculante (Corte Constitucional,
Sent. SU-1184/01; T-377/16; Corte IDH, Cantoral Benavides vs.
Perú, Sent. 18 de agosto de 2000, ¶146; Barrios Altos vs. Perú,
Sent. 14 de marzo de 2001, ¶ 41), una respuesta incompleta,
evasiva o deshonesta constituye una violación del debido
proceso y es jurídicamente equivalente a la falta de
respuesta. En consecuencia, cualquier contestación del Juzgado
Octavo debe ser plena, razonada y congruente con las pruebas
aportadas.

19. Medidas correctivas.

Adoptar cualquier medida adicional que se considere necesaria
para salvaguardar el derecho del peticionario a notificación
judicial clara, directa y exclusiva, asegurando el goce efectivo
de las garantías constitucionales […]”. (Destacado pertenece al
texto).

I.5. Defensa

I.5.1.- El JUZGADO señaló que las pretensiones de la acción

constitucional deben despacharse de manera desfavorable, en tanto

no se evidencia ninguna vulneración de los derechos fundamentales

del actor, por el contrario, ha respetado el ordenamiento jurídico

con sustento en la norma procesal aplicable al asunto.

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Indicó que las actuaciones judiciales adelantadas dentro del medio

de control de reparación directa censurado se han proferido de

conformidad con las normas procesales, garantizando la

intervención y defensa del actor, quien ha promovido varias

solicitudes tendientes a obtener su nulidad, el rechazo y la

suspensión del trámite procesal, peticiones que han sido

debidamente atendidas y notificadas a los correos electrónicos

autorizados por la parte actora.

Resaltó que frente a los argumentos de la valoración y exclusión

probatoria, no es procedente dicha pretensión en la medida que en

la actualidad el proceso no se encuentra en la etapa probatoria y

que tales argumentos deben ser planteados en la contestación de la

demanda, una vez se resuelva la admisión de la reforma de la

demanda que está pendiente de resolución.

Aseveró que el actor en otra oportunidad promovió una acción de

tutela en su contra, en la que solicitó, entre otros, la exclusión de

unas pruebas y resaltó que dicho trámite constitucional fue

declarado improcedente por falta de relevancia constitucional5.

5
Acción de tutela, expediente identificado con el numero único de radicación 05001 23 33 000 2025
01024 00, Tribunal Administrativo de Antioquia, Magistrada ponente Irina del Rosario Meza Rhenais.

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Número único de radicación: 05001-23-33-000-2025-01293-01
Actor: SUMIT GADDH

I.5.2.- El DISTRITO DE MEDELLÍN manifestó que la solicitud de

amparo es improcedente, comoquiera que la vulneración se imputa

única y exclusivamente contra la autoridad judicial accionada, por lo

que no se le puede atribuir algún tipo de responsabilidad por acción

u omisión.

I.5.3.- DULAZAR mencionó que no se evidencia irregularidades en

el trámite del medio de control de reparación directa y que tales

afirmaciones carecen de sustento fáctico y jurídico, pues el actor de

forma temeraria ha promovido memoriales en los que invoca

nulidades sin fundamento, entorpeciendo el curso normal del

proceso y comprometiendo la seriedad y lealtad procesal.

II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

El TRIBUNAL mediante sentencia de 10 de octubre de 2025,

denegó y rechazó por improcedente la solicitud de amparo al

considerar que los reparos formulados contra el JUZGADO por

presunta vulneración al debido proceso y al acceso a la

administración de justicia, no se encontraron probados.

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En primer lugar, señaló que al actor no se le restringió el acceso a

la administración de justicia ya que la petición de nulidad que

presentó directamente fue resuelta por el Juzgado que, de manera

categórica le explicó que la solicitud no podía tramitarse por cuanto

no compareció al proceso por intermedio de apoderado judicial, por

lo tanto, no evidenció ningún tipo de irregularidad.

En segundo lugar, respecto a los reparos relacionados con las

notificaciones judiciales, no evidenció alguna práctica irregular, ya

que, conforme a las constancias obrantes en el expediente, todas

las decisiones adoptadas por el despacho fueron remitidas a los

correos electrónicos autorizados por el actor y por la apoderada

judicial que lo representa, garantizando así la validez de las

notificaciones y el pleno ejercicio del derecho de defensa.

En tercer lugar, frente a las pretensiones relacionadas con la

respuesta detallada a una serie de cuestionamientos, señaló que la

acción de tutela no es el mecanismo idóneo para exigir ese tipo de

actuaciones.

Igualmente, señaló que frente los trámites adelantados ante la

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Fiscalía General de la Nación con ocasión a la denuncia formulada

por el actor, deberá acudir directamente a dicha autoridad, a fin de

agotar los mecanismos de defensa dispuestos en la normativa para

cuestionar las irregularidades que invoca, pues la acción de tutela

no es el mecanismo idóneo para obtener respuestas e

intervenciones en otros escenarios judiciales.

Finalmente, aseguró que el medio de control de reparación directa

cuestionado se encuentra en trámite, por lo que no se cumple con

el requisito de subsidiariedad y, resaltó que “[…] de surgir

inconformidad por parte del accionante con las decisiones que se

adopten al interior de dicho proceso, podrá ejercitar los recursos

que contra ellas procedan de acuerdo con el Código de

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

[…]”.

III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

La parte actora impugnó la sentencia proferida por el TRIBUNAL

manifestando su desacuerdo con la motivación de la decisión, pues,

a su juicio, el a quo omitió con pleno conocimiento la existencia de

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las pruebas falsificadas y fraudulentas que obran en la actuación

judicial cuestionada.

Manifestó que el TRIBUNAL omitió adoptar medidas preventivas o

de protección desconociendo sus deberes constitucionales para

salvaguardar su vida e integridad física, además respaldó la

narrativa del juzgado negándose a suspender los efectos de los

actos administrativos ilegales a fin de sanear el proceso.

Indicó que el TRIBUNAL ratificó el fraude procesal del JUZGADO

al continuar este notificando las actuaciones a su anterior

apoderado y autorizando al apoderado del DISTRITO DE

MEDELLÍN continuar defendiendo el caso basado en pruebas

fraudulentas.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación,

de conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591

de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de

tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en

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concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de

2021 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de

2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula

la distribución de negocios entre las secciones.

Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución

Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los

derechos constitucionales fundamentales cuando estos resulten

vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier

autoridad pública o particular, en los casos previstos en el artículo

42 del Decreto Ley 2591 de 19 de noviembre de 1991. Dicha acción

se establece como instrumento subsidiario, es decir, que solo

procede cuando el afectado no dispone de otros medios de defensa

judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio, con miras

a evitar un perjuicio irremediable.

Caso concreto

En el presente caso, el actor instauró la acción de tutela con el fin

de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido

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proceso y al acceso a la administración de justicia, los cuales

estima vulnerados por el JUZGADO, debido a las presuntas

irregularidades que le han impedido ejercer su defensa dentro del

medio de control de reparación directa identificado con el número

único de radicación 2025-00187-00.

La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por el

TRIBUNAL que, mediante sentencia de 10 de octubre de 2025,

denegó la solicitud de amparo al considerar que los reparos

formulados contra el JUZGADO por presunta vulneración al debido

proceso y al acceso a la administración de justicia, no se

encontraron probados.

Frente a las demás pretensiones relacionadas con las presuntas

irregularidades dentro del medio de control de reparación directa en

lo que respecta a la valoración de unas pruebas y las actuaciones

adelantadas por la Fiscalía General de la Nación frente a una

denuncia penal formulada por el actor, determinó que no se cumplió

con el requisito de subsidiariedad, en la medida que el interesado

deberá acudir directamente ante dichas autoridades, a fin de agotar

los mecanismos defensa dispuestos en la norma para cuestionar las

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anomalías que invoca.

Inconforme con lo anterior, la parte actora impugnó la decisión

proferida en primera instancia, manifestando su desacuerdo con la

motivación de la decisión, pues, a su juicio, el TRIBUNAL: i) omitió

con pleno conocimiento la existencia de las pruebas falsificadas y

fraudulentas que obran en la actuación judicial cuestionada; ii) no

adoptó las medidas preventivas o de protección desconociendo sus

deberes constitucionales para salvaguardar su vida e integridad

física, además respaldó la narrativa del JUZGADO negándose a

suspender los efectos de los actos administrativos ilegales a fin de

sanear el proceso; y iii) ratificó el fraude procesal, al continuar

dicho despacho judicial notificando las actuaciones a su anterior

apoderado y autorizando al apoderado del DISTRITO DE

MEDELLÍN continuar defendiendo el caso basado en pruebas

fraudulentas.

En este punto es del caso advertir que la Sala se limitará a analizar

las inconformidades expuestas en el escrito de impugnación, en

cuanto a las inconformidades relacionadas con la vulneración de sus

garantías procesales frente a la existencia de unas pruebas que

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Número único de radicación: 05001-23-33-000-2025-01293-01
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denomina fraudulentas y la indebida notificación de las actuaciones

judiciales a correos no autorizados, no sin antes advertir que, los

argumentos relacionados con la adopción de medidas preventivas o

de protección para salvaguardar su vida e integridad física y la

suspensión de los efectos de unos actos administrativos que

denominó ilegales, son inconformidades que no fueron expuestas

desde el escrito primigenio de la solicitud de amparo, por lo que no

es de recibo traer argumentos nuevos a esta instancia

constitucional que no fueron debatidos por el juez de primera

instancia, por lo que se relevará de su estudio.

Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico a

resolver consiste en determinar si en el presente caso se debe

confirmar, modificar o revocar la decisión del a quo, para lo cual se

verificará si se cumplen los presupuestos generales de

procedibilidad de la acción de tutela; y, de ser así, se establecerá si

la autoridad judicial accionada vulneró los derechos deprecados.

En ese orden, se examinará i) el cumplimiento de los requisitos

generales de procedencia de la acción de tutela, en especial, el

requisito de la subsidiariedad y, ii) las actuaciones relacionadas

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Actor: SUMIT GADDH

con el envío de las notificaciones al correo electrónico autorizado

por el actor.

De la improcedencia de la acción de tutela por carencia del

requisito de subsidiariedad

El artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 prevé como causal de

improcedencia que «existan otros recursos o medios de

defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo

transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia

de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su

eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el

solicitante» (Subrayas y negrillas fuera del texto).

Lo anterior significa, que este mecanismo de amparo ostenta un

carácter excepcional y subsidiario, pues solo es procedente

cuando el interesado no cuenta con otros medios jurisdiccionales

para que sus peticiones sean examinadas, a menos que, existiendo

tales mecanismos, esta acción se instaure en forma transitoria, en

aras de obtener una protección urgente e inmediata de sus

derechos.

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Así pues, el no atender dicho carácter excepcional y subsidiario,

afecta el ordenamiento jurídico, habida cuenta que la garantía de

los derechos fundamentales no sería examinada por su juez natural

idóneo para resolver las controversias jurídicas de acuerdo con las

competencias establecidas por el legislador.

No obstante, solo en caso de que se vislumbre la ocurrencia

de un perjuicio irremediable, el juez constitucional podría

intervenir, pero únicamente para la protección de los derechos

fundamentales que encuentre amenazados o vulnerados, de lo

contrario «deberá declarar la improcedencia de la acción de

amparo y en consecuencia se exhortará a los tutelantes para que

se dirijan ante el juez ordinario que de manera preferente debe

conocer del fondo del asunto.»6 (Subrayas y negrillas fuera del

texto).

Precisado lo anterior, la Sala evidencia que las inconformidades

planteadas por el actor en el escrito de impugnación recaen en

que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos

fundamentales, al continuar el trámite de la actuación judicial sin

6 Corte Constitucional, sentencia T-175 de 14 de marzo de 2011, Magistrado Ponente doctor Jorge
Iván Palacio Palacio.

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considerar los reparos relacionados con las pruebas aportadas al

plenario, las cuales tilda de fraudulentas.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala advierte que, como bien lo

señaló el a quo la presente acción de tutela es improcedente

por carencia del requisito de subsidiariedad, en la medida en

que las inconformidades relacionadas con las decisiones que se

adopten al interior del proceso deben ser expuestas durante el

trámite del medio de control de reparación directa, pues la actora

tiene a su alcance el recurso de reposición previsto en el artículo

242 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

Administrativo (CPACA), para cuestionar el contenido de las

decisiones proferidas durante el curso de la actuación judicial

cuestionada.

Aunado a lo anterior, luego de revisar las actuaciones registradas

en el aplicativo de consulta SAMAI7, la Sala advierte que el medio

de control de reparación directa cuestionado se encuentra en

curso, pues hasta la fecha el JUZGADO no ha proferido el fallo de

primera instancia.

7
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=050013333008202500
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En efecto, el proceso que motivó la interposición de esta acción

constitucional aún se encuentra en trámite y, por ende, la

intervención del juez constitucional se encuentra vedada. Ello, por

cuanto, se reitera, es el mismo proceso ordinario el adecuado para

hacer valer los derechos que el actor estima vulnerados y mal haría

el juez de tutela en suplantar las competencias que le están dadas

al juez de conocimiento.

Finalmente, con el fin de analizar si en el presente caso se

configura la existencia de un perjuicio irremediable que haga

procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio, la Sala

se remite a lo dispuesto por la Corte Constitucional 8 que, frente al

tema, ha sostenido lo siguiente:

“[…] A propósito del perjuicio irremediable, esta
Corporación ha precisado que éste debe reunir las
siguientes características: “debe ser inminente o próximo
a suceder. Este exige un considerable grado de certeza y
suficientes elementos fácticos que así lo demuestren,
tomando en cuenta, además, la causa del daño. (…) el
perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga un
detrimento sobre un bien altamente significativo para la
persona (moral o material), pero que sea susceptible de
determinación jurídica. (…) deben requerirse medidas
urgentes para superar el daño, entendidas éstas desde
una doble perspectiva: como una respuesta adecuada
frente a la inminencia del perjuicio, y como respuesta que

8
Corte Constitucional, Sentencia SU-439 de 13 de julio de 2017, M.P. Alberto Rojas Ríos.

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armonice con las particularidades del caso. Por último, las
medidas de protección deben ser impostergables, esto es,
que respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a fin
de evitar la consumación de un daño antijurídico
irreparable […]”.

De acuerdo con lo expuesto en precedencia, la Sala no advierte la

existencia de un perjuicio irremediable que haga procedente la

acción de tutela de la referencia como mecanismo transitorio, dado

que sobre tal aspecto ni siquiera se hace mención en el escrito

introductorio, sin que en todo caso de las circunstancias fácticas

probadas se pueda advertir tal situación.

De la notificación de las actuaciones procesales

Ahora, frente a los reparos relacionados con el envío de las

notificaciones judiciales a correos no autorizados, la Sala advierte

que al verificar el contenido del expediente digital9, se evidencia

que el actor autorizó el envío de las notificaciones judiciales al

correo electrónico data6565@gmail.com.

Asimismo, de las pruebas obrantes en el expediente se observa

que, la autoridad judicial accionada, a lo largo de la actuación

9
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=050013333008202500
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judicial ha notificado el contenido de las actuaciones judiciales, de

la siguiente manera:

• Comunicación del auto de 26 de junio de 2025, mediante el

cual se admite la demanda:

• Comunicación del auto de 8 de julio de 2025, mediante el cual

se resolvieron las solicitudes de nulidad procesal:

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• Comunicación del auto de 30 de julio de 2025, mediante el

cual se resolvieron las solicitudes de nulidad procesal y

rechazo de la demanda:

• Comunicación del auto de 30 de septiembre de 2025,

mediante el cual se resolvió la solicitud de nulidad procesal

radicada ante el TRIBUNAL:

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• Comunicación del auto de 15 de octubre de 2025, mediante el

cual se resolvieron las solicitudes de suspensión del proceso y

oficios remisorios:

En consecuencia, la Sala advierte que, como bien lo señaló el a quo

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en el asunto no se evidencia ninguna vulneración de los derechos

fundamentales invocados por el actor, por cuanto las

comunicaciones han sido debidamente remitidas al canal digital

autorizado para tal fin, además de manera complementaria el

JUZGADO en cumplimiento de las normas procesales vigentes, ha

remitido las comunicaciones a los correos electrónicos de los

apoderados judiciales que lo han representado durante el curso de

la actuación judicial, sin que tal circunstancia implique la

trasgresión de sus garantías.

Aunado a lo anterior, es menester precisar que, si bien es cierto que

la acción de tutela se caracteriza por su informalidad, ello no quiere

decir que quien pretenda la protección de sus derechos por una

afectación directa, no tenga la carga de aportar las pruebas que

acrediten la presunta vulneración, pues en el presente caso los

acontecimientos constitutivos de la vulneración alegada carecen del

más mínimo respaldo probatorio.

En consecuencia, la Sala confirmará la decisión recurrida, como en

efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, de conformidad

con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para

su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída,

discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 7 de noviembre

de 2025.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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