Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2025-01380-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2025-01380-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 05001-23-33-000-2025-01380-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
21 de noviembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., veintiuno (21) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 05001-23-33-000-2025-01380-01
Referencia: Acción de tutela
ACTOR: JUAN MANUEL ALZATE VÉLEZ
TESIS: SE MODIFICA LA DECISIÓN IMPUGNADA QUE DENEGÓ LAS
PRETENSIONES Y, EN SU LUGAR, SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD
DE AMPARO POR INCUMPLIR EL REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL, PUES LO PRETENDIDO POR EL ACTOR ES REABRIR EL
DEBATE SURTIDO DENTRO DEL PROCESO DISCIPLINARIO Y USAR LA ACCIÓN
DE TUTELA COMO UNA TERCERA INSTANCIA.
DERECHO FUNDAMENTAL: ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por el actor contra la
sentencia de 31 de octubre de 2025, mediante la cual la SALA
CUARTA DE ORALIDAD DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
ANTIOQUIA1 denegó el amparo solicitado.
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En adelante Tribunal.
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NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 05001-23-33-000-2025-01380-01
ACTOR: JUAN MANUEL ALZATE VÉLEZ
I. ANTECEDENTES
I.1.- La Solicitud
El señor JUAN MANUEL ALZATE VÉLEZ, actuando en nombre
propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86
de la Constitución Política, solicitó la protección de su derecho
fundamental al acceso a la administración de justicia, el cual estima
vulnerado por la COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA
JUDICIAL DE ANTIOQUIA2 al haber proferido el proveído de 30 de
septiembre de 2025, mediante el cual desestimó la queja identificada
con el número único de radicación 2025-02864-00.
I.2.- Hechos
Señaló que la abogada ANA MARÍA LONDOÑO ARANGO fungió
como apoderada conjunta de él y su exesposa en un divorcio de
mutuo acuerdo y, posteriormente, asumió la representación
exclusiva de su excónyuge ante la Comisaría 14 de Familia del
Poblado dentro de los procesos identificados con los radicados núms.
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En adelante Comisión Seccional.
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ACTOR: JUAN MANUEL ALZATE VÉLEZ
VIF 02-18338-24 y PARD 02-18392-24, utilizando la información
confidencial obtenida durante la representación conjunta.
Indicó que aportó pruebas documentales tales como cotizaciones de
honorarios, copia de actuaciones administrativas y escritos allegados
a las autoridades de familia, que demostraban un posible conflicto de
intereses y el uso indebido de información reservada, conductas
previstas como faltas en los literales e) y f) del artículo 34 de la Ley
1123 de 22 de enero de 20073.
Afirmó que, debido a lo anterior, el 12 de agosto de 2025 presentó
una queja disciplinaria contra la abogada ANA MARÍA LONDOÑO
ARANGO, la cual fue identificada con el número de radicado 2025-
02864-00 y le correspondió por reparto a la COMISIÓN
SECCIONAL que, mediante proveído de 30 de septiembre de este
año, la desestimó con fundamento en lo previsto en el artículo 68 de
la Ley 1123 de 2007, por considerar que no se configuraban intereses
contrapuestos ni violación del secreto profesional.
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“Por la cual se establece el código disciplinario del abogado”.
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I.3. Fundamentos de derecho
A juicio del actor, la autoridad judicial accionada vulneró su derecho
fundamental al acceso a la administración de justicia, toda vez que
no analizó el material probatorio aportado ni efectúo las diligencias
mínimas para verificar los hechos denunciados, lo que impidió una
valoración material de su queja y, en consecuencia, el cierre
anticipado de la actuación sin un examen de fondo.
I.4.- Pretensiones
El actor solicitó el amparo de su derecho fundamental al acceso a la
administración de justicia, en los siguientes términos:
“… PRIMERO. Que se tutele mi derecho fundamental de
acceso a la administración de justicia, consagrado en el
artículo 229 de la Constitución Política, el cual considero vulnerado
por la decisión de desestimación de plano adoptada por la
Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia –
Despacho 003, mediante providencia del 30 de septiembre de
2025, radicación 050012502000202502864 00.
SEGUNDO. Que, en consecuencia, se deje sin efectos dicha
providencia de desestimación de plano, y se ordene a la
Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia –
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Despacho 003 emitir una nueva decisión motivada, en la que
se valoren integralmente los hechos, argumentos y pruebas que
acompañé en la queja disciplinaria presentada el 12 de agosto
de 2025.
TERCERO. De manera subsidiaria, solicito que se ordene a la
honorable Comisión Seccional de Disciplina Judicial de
Antioquia abrir la investigación preliminar correspondiente,
o, en su defecto, que fundamente de forma razonada y
probatoria cualquier decisión que adopte sobre la procedencia o
improcedencia de dicha apertura, garantizando el respeto a los
principios de legalidad, imparcialidad y motivación de las
decisiones judiciales …”.
I.5.- Defensa
I.5.1.- La COMISIÓN SECCIONAL afirmó que la presente acción
de tutela no cumple con los requisitos generales para su procedencia,
por cuanto carece de relevancia constitucional y no vulneró derecho
fundamental alguno pues, contrario a lo afirmado por el actor, el juez
disciplinario pese a tomar una decisión inhibitoria, tuvo en cuenta los
elementos de prueba allegados en su momento.
Indicó que la queja presentada no daba lugar a iniciar la actuación
disciplinaria contra la abogada ANA MARÍA LONDOÑO ARANGO,
toda vez que la conducta denunciada resultaba irrelevante, pues no
se planteaba la configuración de falta alguna.
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Señaló que no se encontró probada la existencia de intereses
contrapuestos, pues el trámite de cesación de efectos civiles del
matrimonio religioso tuvo como objeto principal la disolución del
vínculo matrimonial, acuerdo que fue suscrito voluntariamente por
las partes, esto es, el accionante y su exesposa y no fue objeto de
controversia.
Resaltó que en el acuerdo de divorcio se incluyó la revisión futura de
la custodia del hijo del actor, la cuota alimentaria y las visitas,
otorgándoles la cuota compartida a los padres, lo que demuestra que
no existió favorecimiento para ninguna de las partes involucradas ni
se pretendió restringir los derechos parentales del demandante.
Finalmente, sostuvo que la autoridad judicial accionada realizó un
análisis probatorio razonable en el que estudio los documentos
allegados en el escrito de queja, para un total de 149 folios, entre los
que se encontraba la escritura pública núm. 418 de 18 de marzo de
2024 de cesación de efectos civiles de matrimonio religioso por
mutuo acuerdo y memoriales de los apoderados en el trámite de
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restablecimiento de derechos, que resultaron suficientes para
examinar la procedencia de la acción disciplinaria.
II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO
El TRIBUNAL, mediante sentencia de 31 de octubre de 2025, luego
de determinar que se cumplían los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial,
denegó el amparo solicitado al considerar que la autoridad judicial
accionada no vulneró el derecho fundamental invocado, por cuanto
del contenido de la providencia cuestionada no se advierte un análisis
arbitrario, infundado ni caprichoso que constituya un defecto fáctico
que amerite la intervención del juez constitucional.
Señaló que, contrario a lo afirmado por el actor, en el auto objeto de
reproche sí se realizó una correcta valoración de las pruebas
aportadas que conllevo una decisión inhibitoria, por lo que no le
corresponde al juez constitucional realizar un nuevo análisis
probatorio ni invadir la órbita de competencia del juez natural, lo cual
solo es dable cuando se advierte una interpretación irrazonable de
manera ostensible que demuestre la vulneración de derecho
fundamental alguno, situación que no ocurre en el presente caso.
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Sostuvo que la autoridad judicial accionada encontró que si bien es
cierto que la abogada ANA MARÍA LONDOÑO ARANGO representó
a ambos cónyuges en el trámite de divorcio y, con posterioridad,
únicamente a la exesposa del actor en el proceso administrativo de
restablecimiento de derechos, no se observa que dicha actuación
pueda ser calificada como irregular, pues no existen intereses
contrapuestos dado que el primer trámite fue de mutuo acuerdo y su
objetivo era disolver el vínculo con regulación de visitas y alimentos
y al trámite administrativo fueron llamados, en igualdad de
condiciones, ambos padres, por ser una actuación oficiosa.
Resaltó que no se vulneró el secreto profesional, pues la
manifestación de la togada en su escrito fue global, en tanto no
expuso información confidencial ni se demostró que haya brindado
una asesoría sesgada; y, además, reiteró que el trámite de cesación
de efectos civiles fue concertado, sin que de lo aportado se derive
coacción o conducta maliciosa o dolosa por parte de la profesional
del derecho.
Adujo que le asistió razón a la autoridad accionada al determinar que
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los hechos planteados por el actor en la queja no eran relevantes
disciplinariamente y, en consecuencia, proferir una decisión
inhibitoria, por cuanto ello evita el desgaste de la administración de
justicia frente aquellas quejas o informaciones que de su simple
examen permiten concluir que carecen de fundamento mínimo que
motive la puesta en marcha del aparato jurisdiccional, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 68 y 69 de la Ley 1123
de 14 de febrero de 2007.
Por último, aclaró que “[…] las decisiones inhibitorias no hacen
tránsito a cosa juzgada y, en consonancia con lo dispuesto en la
Sentencia C-666 de 1996, emanada por la Corte Constitucional, toda
inhibición es la abstención de la autoridad en lo relativo al fondo del
asunto objeto de proceso, consistente en que “la administración de
justicia no se pronuncia, esto es, no falla, no decide, no juzga. Y, si
no juzga, carece de toda lógica atribuir al acto judicial en que se
consagra tal determinación -de no juzgar- el carácter, la fuerza y el
valor de la cosa juzgada, que de suyo comporta la firmeza y la
intangibilidad de lo resuelto” […]”, razón por la que el actor puede
acudir nuevamente a la jurisdicción disciplinaria con argumentos
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sólidos soportados.
III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
El actor impugnó la sentencia proferida por el TRIBUNAL con el fin
de que se revoque y, en su lugar, se conceda el amparo de su
derecho fundamental alegado.
Reiteró que la autoridad judicial accionada omitió el análisis de
elementos probatorios esenciales que demostraban una posible falta
disciplinaria, por lo que el fallo impugnado incurrió en defecto fáctico
y desconocimiento del precedente al considerar que se valoraron
correctamente las pruebas aportadas dentro de la queja disciplinaria.
Sostuvo que el a quo desconoció que el derecho al acceso a la
administración de justicia no se satisface con una respuesta
meramente formal, sino con una decisión fundada en razones
objetivas, congruentes y verificables, omitiendo que en su caso se
configuró una denegación material de justicia, toda vez que la
providencia cuestionada carece de motivación sustancial.
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Indicó que la COMISIÓN SECCIONAL aplicó la figura de
desestimación de plano prevista en el artículo 68 de la Ley 1123 de
2007, sin haber agotado el deber de verificación ni exponer las
razones suficientes que permitieran concluir la inexistencia de la falta
disciplinaria.
Finalmente, aseguró que: “[…] la decisión impugnada desconoce los
principios de prevalencia del derecho sustancial y de tutela judicial
efectiva, previstos en los artículos 228 y 229 de la Constitución
Política, al priorizar una interpretación formalista que deja sin
respuesta de fondo la controversia planteada, perpetuando la
vulneración de los derechos fundamentales del accionante […]”.
IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19
de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela
establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en
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concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021
y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,
proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de negocios entre las secciones.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(expediente núm. 2009-01328, actora: Nery Germania Álvarez Bello,
magistrada María Elizabeth García González), en un asunto que fue
asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la
jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela
contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
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perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del magistrado Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no
tienen una clara y marcada importancia constitucional so
pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a
otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez de tutela
debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la
cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión
de relevancia constitucional que afecta los derechos
fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber
del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que
el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De
no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un
mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar
las competencias de las distintas autoridades judiciales, de
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concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones
inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el
cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración [6]. De
lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda
meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían
los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre
todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta
incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro
que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada
en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave
lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos
de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de
lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por
ello hay lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados
y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre
que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible
pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas
exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por
el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en
cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a
la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y
que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección
constitucional de sus derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las
sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las
sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.
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… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es
necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales
de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas.
En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda
una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al
menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial
que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de
competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales [10] o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo
a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en
esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede
como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto).
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En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende que se
deje sin efecto la providencia de 30 de septiembre de 2025,
proferida por la COMISIÓN SECCIONAL dentro de la queja
disciplinaria identificada con el número único de radicación 2025-
02864-00.
A la citada providencia se le atribuye la vulneración del derecho
fundamental al acceso a la administración de justicia, habida cuenta
que, a juicio del actor, la autoridad judicial accionada incurrió en
defecto fáctico, debido a que no analizó el material probatorio
aportado al expediente ni efectúo las diligencias mínimas para
verificar los hechos denunciados, lo que impidió una valoración
material de su queja y, en consecuencia, el cierre anticipado de la
actuación sin un examen de fondo.
La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por el
TRIBUNAL que, mediante sentencia de 31 de octubre de 2025,
denegó el amparo solicitado, al considerar que la autoridad judicial
accionada no vulneró el derecho fundamental invocado ni incurrió en
el defecto fáctico alegado.
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Inconforme con lo anterior, el actor impugnó la decisión proferida en
primera instancia, para lo cual reiteró los argumentos expuestos en
el escrito de tutela, esto es, que la autoridad judicial accionada
incurrió en defecto fáctico al omitir el análisis de elementos
probatorios esenciales que demostraban una posible falta
disciplinaria, lo que provocó en su caso una denegación material de
justicia, toda vez que la providencia cuestionada carece de
motivación sustancial.
Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico a
resolver consiste en determinar si en el presente caso se debe
confirmar, modificar o revocar la decisión del a quo, para lo cual se
verificará si se cumplen los presupuestos generales de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencia judicial; y de ser así, se
establecerá si la autoridad judicial accionada vulneró el derecho
fundamental al acceso a la administración de justicia e incurrió en el
defecto alegado.
Así las cosas, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias
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ACTOR: JUAN MANUEL ALZATE VÉLEZ
judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte
Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en
especial, el requisito de la relevancia constitucional.
De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando
la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una
cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta
expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción
de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una
tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios
de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede
encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario
que se ponga de presente el desconocimiento de garantías
esenciales, propias del debido proceso constitucional4, de manera tal
que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos
constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser
examinadas en sede de tutela».5
4
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
5
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
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ACTOR: JUAN MANUEL ALZATE VÉLEZ
Acerca de la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la
Sala Plena de esta Corporación6, en sentencia de unificación de 5 de
agosto de 2014, sostuvo:
“[…] Relevancia constitucional
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.
El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.
La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [7]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [8].
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
6
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
[7] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[8] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
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necesarios [9].
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [10].
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.
[9] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[10] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”
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En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:
“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [11]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [12].
En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [13]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
[11] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[12] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[13] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
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a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]
Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.
No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]” (Resaltado fuera del texto).
Asimismo, la Corte Constitucional en sentencia SU-215 de 2022,
precisó que la exigencia de dicho requisito tiene como finalidades las
siguientes:
“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones;
(ii) la protección de la autonomía e independencia de los jueces;
(iii) la preservación de la específica finalidad de la acción de
tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los
derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los
procesos adelantados ante las jurisdicciones
competentes o para la solución de discusiones de
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naturaleza eminentemente legal […]” (Destacado fuera de
texto).
En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que: “[…] la
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no
un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que
excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación
que dieron origen a la controversia judicial [...]”, por lo que indicó
que para determinar si la acción de tutela en concreto cumplía con el
requisito de relevancia constitucional debía analizarse:
“[…] (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una
discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que
se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a
derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela
se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se
exige advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria
de derechos fundamentales […]”.
En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene
como propósito: (i) evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad; (ii) impedir que la acción de
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tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones judiciales; y (iii) preservar la competencia
y la independencia del juez ordinario.
Descendiendo al caso concreto, se destaca que de conformidad con
la jurisprudencia de la Corte Constitucional14 las decisiones emitidas
por las COMISIONES SECCIONALES en desarrollo del
procedimiento disciplinario tienen la naturaleza de providencias
judiciales con la fuerza y los efectos que de ello se derivan, de tal
forma que no pueden ser sometidas al escrutinio de otra jurisdicción,
salvo en sede constitucional y a través de la acción de tutela siempre
que se acredite el cumplimiento de los requisitos generales y
específicos y se cumplan las condiciones dispuestas por la
jurisprudencia para el efecto.
Ahora bien, procediendo al estudio de los requisitos generales de
procedibilidad, especialmente, el requisito general de la relevancia
constitucional, la Sala advierte que la controversia que propone el
actor implica la reapertura de un asunto que ya fue resuelto en sede
14
Sentencia T-140 de 5 de mayo de 2023, M.P. Alejandro Linares Cantillo.
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ordinaria y del cual se pretende constituir una instancia adicional.
En efecto, la divergencia surge del hecho según el cual la autoridad
judicial accionada realizó una defectuosa valoración de las pruebas
aportadas al plenario que conllevó una decisión inhibitoria, sin haber
agotado el deber de verificación ni exponer las razones suficientes
que permitieran concluir la inexistencia de la falta disciplinaria.
Dichos aspectos, además de que carecen de una perspectiva
constitucional, en la medida en que su solución deriva de la
interpretación que el actor pretende que se dé a las pruebas obrantes
en el expediente, fueron resueltas de forma admisible y suficiente
por la COMISIÓN SECCIONAL en el proveído acusado, así:
“[…] Como lo señala la jurisprudencia en cita, tal falta
disciplinaria conlleva necesariamente un favorecimiento para
uno de los extremos, situación que no se devela en el asunto de
marras, pues contrario a lo advertido por el quejoso en el
acuerdo de cesación de efectos civiles de matrimonio religioso,
se incluyó la revisión futura de la custodia compartida, una vez
el menor cumpliera los cuatro (4) años de edad, por lo que se
demuestra que la abogada no pretendió restringir el ejercicio de
los derechos parentales del señor Juan Manuel Alzate Vélez.
(…)
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Esos derechos, con posterioridad fueron debatidos por el
quejoso, a quien se le otorgó la custodia compartida, situación
que además, no fue el objeto central de la controversia en el
recurso de reposición presentado por la togada, quien en
realidad cuestionó el asunto relacionado con la cuota alimentaria
asignada a su representada, al reprochar a la autoridad
administrativa que se hubiera impuesto el 50% de la cuota
alimentaria cuando no se probó al interior del proceso
administrativo lo atinente a los ingresos de los alimentantes,
específicamente respecto del señor Juan Manuel Alzate Vélez.
En consecuencia, la actuación de la abogada Ana María Londoño
Arango, de ninguna manera comporta la representación de
intereses contrapuestos, y menos un comportamiento irregular
que amerite activar la jurisdicción disciplinaria. Bajo el norte
ilustrado por la jurisprudencia disciplinaria mencionada en
precedencia, se colige que, para la configuración de la falta
denunciada, se exige que el jurista actúe en extremos
contradictorios dentro del mismo asunto, circunstancia que para
el caso objeto de queja no concurre.
Ahora, en lo que respecta a que la togada utilizó información
privilegiada en el trámite del proceso administrativo de
restablecimiento de derechos, relacionado con la capacidad
económica del quejoso, se tiene que tal aserto carece de
fundamento en la medida en que la jurista únicamente hizo
referencia al cargo y experiencia laboral del señor Juan Manuel
Alzate Vélez, situación que no fue expuesta o relacionada en el
acuerdo de divorcio, pues es necesario recordar que los
alimentos allí plasmados fueron acodados reposadamente por
los ex cónyuges; máxime que precisamente con ocasión del
vínculo que estos tuvieron, bajo un mutuo acuerdo, pudo ser
suministrada por su prohijada, como en este evento.
Es que esa información, que se brinda solo de manera general,
para significar que los ingresos del señor Alzate Vélez son
superiores a los de la señora Carolina Arango Zuluaga, de un
lado, no devela de manera concreta y especifica los ingresos que
ostenta el quejoso, dato que asume conoció la abogada por su
participación en el trámite de divorcio por mutuo acuerdo, pero
de otro lado, que es lo que resulta más trascendental, que no es
el referido, un asunto privilegiado al que la apoderado solo
pudiera tener acceso por parte del señor Juan Manuel Alzate
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Vélez, ciertamente, es un dato puntual que no desconoce su
actual poderdante, excónyuge del quejoso, quien por supuesto
sabía de siempre, de su desempeño, el cargo que ostenta y la
asignación salarial. No toda información respecto de una persona
tiene la categoría de información privilegiada, en este evento
respecto del quejoso, lo es aquella a la que solo se tiene acceso
por su conducto y que todos los demás desconocen. En efecto,
su cargo y asignación salarial no es de esta naturaleza.
Se concluye entonces que la sola mención realizada por la
togada no constituye, per se, la revelación de un secreto
profesional ni el uso de información reservada obtenida en el
trámite de divorcio, sino una circunstancia susceptible de
conocimiento general, por lo menos, se reitera, por la propia
parte interesada. Menos se advierte que se derivara de ello una
ventaja comparativa para la señora Carolina Arango Zuluaga, en
el marco del trámite administrativo de que se trata.
De allí que no pueda configurarse violación del deber de guardar
secreto profesional, toda vez que la referencia hecha por la
abogada es genérica, sin referencia a cifras o números
concretos, no se acreditó que la abogada hubiese divulgado
datos concretos, sensibles o confidenciales obtenidos en razón
de la defensa conjunta. Por el contrario, el señalamiento se
circunscribió a una referencia genérica, que no comporta un
dominio exclusivo del quejoso, que es de conocimiento de la
propia prohijada, dentro de un debate propio de la litis, y
respecto del que tampoco se advierta una ventaja indebida ni un
perjuicio disciplinariamente relevante.
En eses orden de ideas, tenemos, que en el presente asunto, se
dan los postulados previstos en el artículo 68 de la Ley 1123 de
2007, para que el operador disciplinario se abstenga de dar inicio
a la actuación, por lo tanto, esta Magistratura, desestimará de
plano la queja presentada contra el doctor Ana María Londoño
Arango. […]”.
De los apartes trascritos de la sentencia cuestionada, se extrae que
la COMISIÓN SECCIONAL al realizar un análisis de las pruebas
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aportadas al expediente logró determinar que los hechos planteados
por el actor resultaban disciplinariamente irrelevantes, pues no
cumplían con los presupuestos necesarios para justificar el accionar
de la jurisdicción, dado que la conducta denunciada no planteaba la
configuración de faltas disciplinarias.
Para lo anterior, sostuvo que no le asistía razón al allí quejoso al
asegurar que la jurista incurrió en representación de intereses
contrapuestos, pues tal falta disciplinaria conlleva necesariamente un
favorecimiento para uno de los extremos, situación que no se
demostró en el presente caso, máxime cuando el trámite de cesación
de efectos civiles de matrimonio religioso fue de mutuo acuerdo.
Asimismo, consideró que tampoco se encontró probado que la
abogada ANA MARÍA LONDOÑO ARANGO haya hecho uso de
información privilegiada relacionada con la capacidad económica del
actor en el trámite del proceso administrativo de restablecimiento de
derechos, toda vez que la jurista solo hizo referencia al cargo y
experiencia laboral del actor, datos que en ningún momento fueron
expuestos en el acuerdo de divorcio, el cual fue consensuado.
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Significa lo precedente que lo pretendido por el accionante es que el
juez de tutela haga un nuevo examen integral de las pruebas que
fueron allegadas con la queja disciplinaria, con la finalidad de que se
haga una corrección al análisis que hizo la autoridad judicial
accionada y se acoja la interpretación que propone, como si el
mecanismo de amparo fuera una instancia o recurso adicional a los
previstos en el trámite ordinario.
En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión
que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la
presunta trasgresión de los derechos fundamentales del actor, sino
una divergencia que obedece a la interpretación dada por el juez
natural del asunto a las pruebas obrantes en el expediente, en el cual
el juez de tutela no puede inmiscuirse, so pena de otorgar a la acción
de tutela el carácter de un recurso adicional para controvertir las
decisiones judiciales y de paso invadir la competencia y la
independencia del juez ordinario.
Igualmente, se advierte que el desacuerdo con la interpretación y
consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto, se
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debe respetar por el juez de tutela, quien no puede desconocer la
decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito de sus
competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran derechos
fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró probado.
Consecuente con lo anterior, la Sala modificará la decisión del a quo
que denegó el amparo solicitado y, en su lugar, declarará
improcedente la acción de tutela de la referencia por carencia del
requisito general de la relevancia constitucional, como en efecto se
dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia impugnada que denegó las
pretensiones de la demanda y, en su lugar, DECLARAR
IMPROCEDENTE el amparo solicitado, por las razones expuestas en
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la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 21 de noviembre de 2025.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta
CARLOSFERNANDOMANTILLANAVARRO GERMÁNEDUARDOOSORIOCIFUENTES
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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