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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2025-01461-01

Fecha
15 de mayo de 2026
Consejero ponente
William Edgardo Barrera Muñoz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2025-01461-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 20 de noviembre de 2025 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que concedió la tutela del derecho a la seguridad social de Carlos Mario Herrera Muñoz. Y, en su lugar, DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia, toda vez que se acreditó el pago de las incapacidades objeto de la presente acción de tutela. 22 Cfr. SAMAI, índice 14 de segunda instancia. 13 Radicación: 05001-23-33-000-2025-01461-01 Accionante: Carlos Mario Herrera Muñoz Acción de tutela–Segunda instancia TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. CUARTO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 05001-23-33-000-2025-01461-01

Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz

15 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá D.C., quince (15) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Radicación número: 05001-23-33-000-2025-01461-01

Accionante: CARLOS MARIO HERRERA MUÑOZ

Autoridad: ARL POSITIVA Y OTROS

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

CARENCIA ACTUAL DE OBJETO-Hecho superado cuando la autoridad satisface lo solicitado sin
que medie la orden del juez.

La Sala decide la impugnación interpuesta por la Nación–Consejo Superior de la
judicatura-Dirección Seccional de Administración Judicial de Medellín contra el fallo
proferido la Sala Sexta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia el 20 de
noviembre de 2025.

ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

El 5 de noviembre de 2025, en nombre propio, Carlos Mario Herrera Muñoz formuló
acción de tutela con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales
al mínimo vital, vida en condiciones dignas y seguridad social que consideró
vulnerados por la Dirección Ejecutiva Seccional de la Administración Judicial de
Antioquia–Chocó, el Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia y la ARL
Positiva, con ocasión de la omisión del pago de las incapacidades.

2. Hechos Relevantes

El accionante ejercía como magistrado de la Comisión Seccional de Disciplina
Judicial de Antioquia. Desde agosto de 2025 empezó a ser objeto de una serie de
sucesos anormales: le hackearon tres líneas de celular y las redes sociales; recibió

2

Radicación: 05001-23-33-000-2025-01461-01
Accionante: Carlos Mario Herrera Muñoz
Acción de tutela–Segunda instancia

llamadas intimidantes en que lo urgían a dejar el cargo por su salud y la de su
familia; fue seguido por vehículos mientras transitaba en la vía pública; y fue
esperado por sujetos que le tomaron fotos a su vehículo y a él en el parqueadero
del edificio José Felix Restrepo. Adujo que mientras desarrollaba las funciones como
magistrado tenía a cargo tres casos «absolutamente delicados y de interés nacional;
lo que podría haber constituido objeto de amenazas o un posible atentado»1.

El 23 de septiembre de 2025 presentó la renuncia a su cargo a partir del 1 de octubre
de 2025. Esta fue aceptada por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial el 24 de
septiembre de 2025.

El 29 de septiembre de 2025 fue hospitalizado por 15 días por afectaciones a la
salud mental. Es decir, entre el 29 de septiembre y el 13 de octubre. Pese a lo
anterior, su renuncia se hizo efectiva el 1 de octubre y fue retirado de nómina, aun
cuando estaba incapacitado.

La ARL Positiva calificó la enfermedad como de origen profesional. Lo anterior
atendiendo a que se estructuró el 29 de septiembre de 2025.

Posteriormente, la ARL otorgó una nueva incapacidad hasta el 12 de noviembre de
2025.

El accionante no había recibido el pago de la incapacidad al momento de la
interposición de la acción de tutela. Al consultarle a la ARL, le informaron que dicha
prestación le corresponde al empleador y que, ellos lo reconocerán en 60 días o
cuando el empleador le pague. Al comunicarse con su ex empleador no obtuvo
respuesta.

El accionante manifestó que se encuentra incapacitado para laborar o ejercer la
profesión y que no cuenta con ingresos, por lo que depende del pago de la
incapacidad para cubrir sus necesidades básicas y las de la familia. La negativa de
reconocer la prestación afecta sus derechos fundamentales al mínimo vital, la vida
digna y la protección especial por su condición de salud.

3. Fundamentos de la solicitud

1
Cfr. SAMAI, Índice 4. Archivo: ACCION DE TUTELA MEDIDA PROVISIONAL.

3

Radicación: 05001-23-33-000-2025-01461-01
Accionante: Carlos Mario Herrera Muñoz
Acción de tutela–Segunda instancia

El accionante argumentó que, como lo indica la sentencia T-369 de 2022 de la Corte
Constitucional, la acción de tutela para reclamar el pago de incapacidades laborales
procede excepcionalmente cuando está en juego el derecho al mínimo vital, la
salud, la seguridad social y la vida digna del trabajador.

En concordancia, la sentencia T-020 de 2018 indicó que «el pago de incapacidades
laborales sustituye al salario durante el tiempo que por razones médicas el
trabajador permanece retirado de sus labores cuando las incapacidades laborales
son presumiblemente la única fuente de ingreso la acción de tutela es procedente».

Igualmente, señaló que «cuando una persona se encuentra en estado de debilidad
manifiesta por su salud, y no tiene otros ingresos, es procedente el amparo por
tutela” Y en Boletín de Jurisprudencia de marzo 2021 se indicó́ : “se presume que la
no cancelación de incapacidades laborales vulnera el mínimo vital del trabajador y
su núcleo familiar».

Finalmente, adujo que se vulneran los derechos individuales, la seguridad social
integral, el mínimo vital y el derecho a trabajar en condiciones dignas.

4. Trámite de primera instancia

El 5 de noviembre de 2025 2, la oficina de reparto del Tribunal Superior de Medellín
repartió el proceso al despacho 16 del Tribunal Administrativo de Antioquia. Sin
embargo, el 6 de noviembre de 2025 3 remitió la acción para que fuera repartida al
Tribunal Superior de Medellín.

El 10 de noviembre de 20254, el Tribunal Superior de Medellín devolvió el expediente
al Tribunal Administrativo de Antioquia. Así, en aras de salvaguardar los derechos
del accionante, el 12 de noviembre de 2025 5, el Tribunal Administrativo de Antioquia
admitió la acción de tutela. Ordenó «Requerir a la Directora Ejecutiva Seccional de
la Administración Judicial de Antioquia–Chocó Mayra Lucía Viera Cano, al
Presidente del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia Francisco Rafael
Arcieri Saldarriaga y al Gerente de Riesgos Laborales de la ARL Positiva Felipe

2
Cfr. SAMAI, índice 2 del Tribunal Administrativo de Antioquia.
3
Cfr. SAMAI, índice 5 del Tribunal Administrativo de Antioquia.
4
Cfr. SAMAI, índice 11 del Tribunal Administrativo de Antioquia.
5
Cfr. SAMAI, índice 12 del Tribunal Administrativo de Antioquia.

4

Radicación: 05001-23-33-000-2025-01461-01
Accionante: Carlos Mario Herrera Muñoz
Acción de tutela–Segunda instancia

Campo Arroyo, quienes hagan sus veces, o sus delegados con competencia con el
presente asunto para que rindan informe en el término otorgado y bajo los apremios
legales». También requirió al accionante para que aportara la solicitud de
reconocimiento y pago de las incapacidades.

Igualmente, se abstuvo de decretar la medida provisional solicitada porque no
reunió los requisitos normativos y jurisprudenciales para su procedencia, en tanto
no se advirtió un perjuicio inminente o riesgo de afectación mientras adoptaban una
decisión de fondo.

Finalmente, ordenó requerir al accionante para que aportara la solicitud de
reconocimiento y pago de las incapacidades del 29 de septiembre 2025 al 13 de
octubre de 2025 y del 14 de octubre del 2025 al 12 de noviembre de 2025.

El 13 de noviembre de 2025 6, el accionante aportó el oficio DESAJMEO25-4721 del
5 de noviembre de 2025 de la DESAJ que negó el pago de la incapacidad.
Igualmente, indicó que a la ARL le solicitó el pago por la línea telefónica el 31 de
octubre de 2025 y que le fueron otorgadas más incapacidades hasta diciembre. Sin
embargo, no las aportó.

El 14 de noviembre de 2025 7, Francisco Rafael Arcieri Saldarriaga, en condición de
Presidente del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia contestó la tutela.
Solicitó que se declarara que la Corporación no había vulnerado ningún derecho
fundamental, que en consecuencia se desestimaran las pretensiones, y que se
declare la falta de legitimación en la causa por pasiva pues de las pretensiones
manifestadas no se desprende responsabilidad atribuible a la Corporación.

El 14 de noviembre de 2025 8, el Tribunal Administrativo de Antioquia ordenó vincular
al trámite de la acción de tutela a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a la
EPS Sura. Requirió al presidente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial,
Mauricio Fernando Rodríguez Tamayo; y al representante legal de SURA EPS o a
sus delegados con competencia en el presente asunto, o a quienes hagan sus
veces, para que rindieran un informe en el término otorgado y bajo los apremios
legales.

6
Cfr. SAMAI, índice 17 del Tribunal Administrativo de Antioquia.
7
Cfr. SAMAI, índice 18 del Tribunal Administrativo de Antioquia.
8
Cfr. SAMAI, índice 19 del Tribunal Administrativo de Antioquia.

5

Radicación: 05001-23-33-000-2025-01461-01
Accionante: Carlos Mario Herrera Muñoz
Acción de tutela–Segunda instancia

El 28 de noviembre de 2025 9, Erika Lorena Poveda Castellanos obrando como
apoderada del Representante Legal de Positiva Compañía de Seguros S.A. solicitó
que se negara y se declarara la pretensión invocada por el accionante.

Manifestó que frente a la incapacidad fechada entre el 29 de septiembre de 2025 y
del 13 de octubre de 2025, el empleador no presentó el reclamo. No obstante, se
procedió con la radicación y auditoría, se aprobó el pago, y se transfirió a la Rama
Judicial Seccional de Medellín de tal forma que se vería reflejado en 3 días.
Igualmente, indicó que no transgredió ningún derecho fundamental de rango
constitucional. Igualmente, indicó que había una carencia actual de objeto por el
pago.

El 18 de noviembre de 202510, Mayra Lucía Vierira Cano, obrando en nombre y
representación del Consejo Superior de la Judicatura en calidad de Directora
Seccional de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín
solicitó que se desvinculara del trámite a la entidad por falta de legitimación por
pasiva.

Igualmente, argumentó que según el numeral 8 del artículo 1 del decreto 333 de
2021, solamente la Corte Suprema de Justicia o el Consejo de Estado son
competentes para conocer acciones de tutela contra esa Comisión o para vincularla,
por lo que, solicita que el trámite se remitiera al competente.

Frente a los hechos argumentó que no era posible afirmar que la Entidad se había
negado a pagar las incapacidades, toda vez que la incapacidad inicial tenía como
fecha de inicio el 29 de septiembre de 2025 y el pago de septiembre fue cancelado
en su totalidad. Respecto de los 14 días restantes indicó que estaban a cargo de
Positiva Compañía de Seguros S.A. Señaló que a la fecha de la respuesta ya se
había radicado la incapacidad ante la ARL pero no se había recibido el pago. Por
su parte, frente a la prórroga, como se dio cuándo el accionante ya no estaba
vinculado a la entidad él debía solicitar el pago a la ARL. Sin embargo, la entidad
radicó la incapacidad ante la ARL.

9
Cfr. SAMAI, índice 22 del Tribunal Administrativo de Antioquia.
10
Cfr. SAMAI, índice 24 del Tribunal Administrativo de Antioquia.

6

Radicación: 05001-23-33-000-2025-01461-01
Accionante: Carlos Mario Herrera Muñoz
Acción de tutela–Segunda instancia

El 20 de noviembre de 2025 11, la Sala Sexta de Decisión del Tribunal Administrativo
de Antioquia profirió sentencia. Estudió el derecho fundamental a la seguridad social
y el derecho al pago de las incapacidades. Explicó que el derecho a la seguridad
social es fundamental, autónomo y propende por garantizar a los individuos
recursos suficientes para la subsistencia en relación con la dignidad humana.

Frente al pago de incapacidades explicó que, la Corte Constitucional 12 ha afirmado
que, si bien corresponde a un derecho económico, su falta de reconocimiento puede
conllevar la vulneración de derechos fundamentales. Sobre todo, cuando su pago
constituye el ingreso con el cual la persona garantiza su sustento propio y el de su
grupo familiar. En estos casos la Corte 13 ha reiterado que la solicitud de pago solo
procede por vía de tutela cuando se afecta el mínimo vital del incapacitado.

Además, consideró que es evidente la inminencia del perjuicio que se causa con la
suspensión de un salario a una persona cuando constituye la única fuente de
ingreso, por el que el pago de las incapacidades laborales sustituye el salario
durante el lapso en que el trabajador permanece retirado de sus labores.

Teniendo en cuenta lo anterior, el Tribunal estableció que el amparo era el
mecanismo idóneo para la protección de los derechos fundamentales al mínimo vital
y a la salud cuando el accionante se ve desprovisto de su pago, pues si bien existe
el proceso ordinario ante la jurisdicción laboral, dicho medio, aunque en principio
idóneo, resulta ineficaz en los casos en los que se acredita sumariamente una
amenaza inminente y grave sobre el mínimo vital del accionante 14.

Sobre la procedencia de la tutela, el Tribunal encontró que la acción es procedente.
Lo anterior porque la falta de pago de las incapacidades afecta el mínimo vital, y
como este derecho en el caso concreto no puede ser protegido de manera eficaz a
través del mecanismo ordinario de defensa, se cumple con el requisito de
subsidiariedad.

Frente al caso concreto, el Tribunal encontró que como la incapacidad inicial fue
generada el 29 de septiembre de 2025, y que el reporte fue recibido por la entidad

11
Cfr. SAMAI, índice 27 del Tribunal Administrativo de Antioquia.
12
Corte Constitucional. Sentencia T-530 de 2008
13
Corte Constitucional. Sentencia T-789 de 2005.
14
Corte Constitucional. Sentencias T-140 de 2016, T-447 de 2017 y T-421 de 2023.

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Radicación: 05001-23-33-000-2025-01461-01
Accionante: Carlos Mario Herrera Muñoz
Acción de tutela–Segunda instancia

el 30 de septiembre de 2025, el empleador tenía el deber de realizar el trámite
correspondiente para el reconocimiento y pago de la incapacidad temporal, reportar
las novedades, y prorrogas de la incapacidad. Por el contrario, el empleador dio
información errada al ex servidor y lo remitió a la EPS, pese a que ya le había sido
notificado el dictamen de calificación de origen del accidente y enfermedad. Estas
omisiones configuraron la vulneración del derecho a la seguridad social del
accionante.

El Tribunal indicó que, como la DESAJ no pagó la incapacidad ni la prórroga, pero
sí radicó las incapacidades y la ARL le pagó, debe hacer entrega de las sumas al
accionante. Lo anterior en la medida en que el origen de la incapacidad es laboral.

Frente a la ARL, el Tribunal declaró el hecho superado e indicó que la EPS no tiene
responsabilidad respecto a los hechos.

En consecuencia, ordenó:

«PRIMERO: CONCEDER la tutela del derecho a la seguridad social de CARLOS
MARIO HERRERA MUÑOZ (…) contra la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE ANTIOQUIA con Nit. 800.165.798, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva.

SEGUNDO: ORDENAR a la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE ANTIOQUIA que, a más tardar, en el término de
cuarenta y ocho contadas a partir de la notificación de esta providencia, proceda a
pagar a favor de CARLOS MARIO HERRERA MUÑOZ con cédula de ciudadanía
71.758.801, el subsidio por los certificados de incapacidad de 29/9/2025 a 13/10/2025
y de 14/10/2025 a 12/11/2025.

TERCERO: ORDENAR a la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE ANTIOQUIA que, brinde información completa,
oportuna y adecuada para que el ex servidor en adelante tramite las eventuales
prórrogas directamente ante la ARL y/o las demás gestiones que sean requeridas por
las entidades del Sistema de Seguridad Social, de manera segura, así como entregar
la documentación que requiera la ARL o cualquier otra entidad del Sistema de
Seguridad Social para el estudio, reconocimiento y pago de las prestaciones a que
pueda tener derecho como afiliado el ex magistrado CARLOS MARIO HERRERA
MUÑOZ.15»

15
Cfr. SAMAI, índice 27 del Tribunal Administrativo de Antioquia. Pg.11.

8

Radicación: 05001-23-33-000-2025-01461-01
Accionante: Carlos Mario Herrera Muñoz
Acción de tutela–Segunda instancia

El 24 de noviembre de 2025 16, Mayra Lucía Viera Cano, como Directora de la
Dirección Seccional de Administración de Justicia de Medellín del Consejo Superior
de la Judicatura, en representación de la entidad, impugnó el fallo. Solicitó que se
revocara la decisión en lo concerniente a la responsabilidad atribuida a la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín pues considera que no
vulneraron los derechos invocados en la acción.

Argumentó que el fallo que ordena el pago se fundamentó en un comprobante de
pago que relaciona ARL Positiva en su respuesta, que carece de información
esencial (número de orden, fecha y estado de pago) y que no permite verificar con
certeza que el pago hubiera sido efectivamente realizado. Indicó que la ARL Positiva
no había reportado a la Dirección Seccional el pago de la incapacidad inicial
reconocida, pues la sentencia parte de que dicho pago se efectuó, pero lo cierto es
que no existe constancia clara del mismo ni comunicación que lo confirme, por lo
cual atribuir responsabilidad a la Entidad sin que exista prueba clara del pago,
constituye una indebida imputación de competencias.

Adicionalmente, se verificó el día en que se presentó la impugnación en la
plataforma para empleadores de ARL Positiva (Alissta) que ninguna de las
incapacidades se encuentra liquidada, lo que sustenta que la sentencia fue proferida
sin la verificación del cumplimiento de la obligación de pago por parte de la ARL.
Indicó que «En un eventual escenario de no pago, esta Entidad carecería de soporte
para efectuar el cobro de la obligación, especialmente cuando la orden está dirigida
únicamente en contra de esta Entidad, desconociendo que la responsabilidad
corresponde a la ARL».

Argumentó que el accionante inició su incapacidad el 29 de septiembre de 2025
cuando seguía vinculado a la Rama Judicial, motivo por el cual la Dirección
Seccional pagó el primer día de incapacidad. Sin embargo, la prórroga se produjo
cuando ya no existía un vínculo laboral pues la renuncia presentada por el
accionante fue aceptada con efectos a partir del 1 de octubre de 2025. En
consecuencia, la obligación de reconocimiento y pago de dicha prestación
corresponde exclusivamente a la ARL Positiva, de conformidad con lo previsto en

16
Cfr. SAMAI, índice 30 del Tribunal Administrativo de Antioquia.

9

Radicación: 05001-23-33-000-2025-01461-01
Accionante: Carlos Mario Herrera Muñoz
Acción de tutela–Segunda instancia

la Ley 776 de 2002 y la Ley 1562 de 2012. Atribuir el pago a la Dirección Seccional
desconoce dichas normas.

Finalmente, adujo que el fallo atribuyó a la entidad «funciones de asesoría frente a
trámites ante la ARL, lo cual a todas luces excede nuestras competencias.
Conforme a los artículos 99 y 103 de la Ley 270 de 1996, la Dirección Seccional de
Administración Judicial es un órgano técnico y administrativo, que tiene a su cargo
la ejecución de las actividades administrativas de la Rama Judicial, con sujeción a
las políticas y decisiones del Consejo Superior de la Judicatura, sin facultad para
asesorar a servidores en trámites ante las Administradores de Riesgos Laborales,
máxime cuando no existe un vínculo laboral vigente entre el accionante y esta
Entidad.»

El 26 de noviembre de 2025 17, Mayra Lucía Vieira Cano, obrando en nombre y
representación del Consejo Superior de la Judicatura en calidad de Directora
Seccional de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Medellín -
Antioquia comunicó el cumplimiento del fallo. Adjuntó el desprendible de pago en el
que se evidenció el reconocimiento del primer día de incapacidad y el pago de las
incapacidades a partir del segundo día y «el descuento del valor cancelado en la
nómina de septiembre por concepto de salarios, teniendo en cuenta que la renuncia
surtió efectos a partir del 1 de octubre de 2025, en dicha nómina se incluyeron dos
días de incapacidad como salario, razón por la cual se efectuó el ajuste
correspondiente».

Precisó que el pago se haría efectivo el 27 de noviembre de 2025.

El 27 de noviembre de 2025 18, el Tribunal Administrativo de Antioquia concedió la
impugnación.

5. Trámite de segunda instancia

17
Cfr. SAMAI, índice 31 del Tribunal Administrativo de Antioquia.
18
Cfr. SAMAI, índice 32 del Tribunal Administrativo de Antioquia.

10

Radicación: 05001-23-33-000-2025-01461-01
Accionante: Carlos Mario Herrera Muñoz
Acción de tutela–Segunda instancia

El 16 de marzo de 2026 19, se requirió a la ARL Positiva para que allegara el
documento que acreditara el pago de la incapacidad a la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración de Antioquia, respecto del señor Carlos Mario Herrera
Muñoz, y se dispuso la suspensión del término para proferir el fallo de tutela
mientras se cumplía lo ordenado. No obstante, la Sala advierte que, no hubo
contestación al requerimiento por parte de la ARL Positiva.

CONSIDERACIONES

6. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si debe confirmar, modificar o revocar la sentencia
del 20 de noviembre de 2025, proferida por la Sala Sexta de Decisión del Tribunal
Administrativo de Antioquia, que concedió la tutela.

7. Análisis de la Sala

El Consejo de Estado conoce de la acción de tutela, de conformidad con los artículos
86 de la Constitución Política y 43 de la Ley Estatutaria de la Administración de
Justicia-LEAJ. La Sala es competente para decidir la impugnación contra el fallo de
primera instancia con arreglo a lo dispuesto por el artículo 32 del Decreto 2591 de
1991 y el Acuerdo n°. 80 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena de la
Corporación.

Carencia actual de objeto por hecho superado

El artículo 26 del Decreto 2591 de 1991 prescribe que sí, estando en curso la tutela
se dictare una resolución administrativa o judicial que revoque, detenga o suspenda
la actuación impugnada, se declarará fundada la solicitud únicamente para efectos
de indemnización y de costas, si fueren procedentes. La carencia actual de objeto

19
Cfr. SAMAI, índice 5 del Consejo de Estado.

11

Radicación: 05001-23-33-000-2025-01461-01
Accionante: Carlos Mario Herrera Muñoz
Acción de tutela–Segunda instancia

por hecho superado se configura cuando entre la interposición de la acción de tutela
y el fallo se satisface lo solicitado en el amparo, de modo que la pretendida orden
de tutela no es necesaria y, por ello, el juez debe concluir la actuación 20.

Caso concreto

El accionante formuló acción de tutela con el fin de obtener la protección de sus
derechos fundamentales al mínimo vital, vida en condiciones dignas y seguridad
social que consideró vulnerados por la Dirección Ejecutiva Seccional de la
Administración Judicial de Antioquia–DESAJ, el Consejo Seccional de la Judicatura
de Antioquia y la ARL Positiva, con ocasión a la omisión del pago de las
incapacidades que recibió como consecuencia de las afectaciones a la salud mental
sufridas por una serie de eventos derivados de su labor como magistrado de la
Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia.

La Sala advierte que, una vez revisado el expediente de este proceso de tutela,
Rad. No. 05001-23-33-000-2025-01461-01, en la plataforma de SAMAI, fue posible
evidenciar que la situación que dio origen a la solicitud de amparo fue superada
durante el trámite constitucional, pues se acreditó el pago de las incapacidades
pretendido por el accionante.

El 26 de noviembre de 2025 21, la Dirección Seccional informó el cumplimiento de la
orden impartida en primera instancia y allegó el desprendible de pago, en el que se
evidenció el reconocimiento del primer día de incapacidad y el pago de las
incapacidades a partir del segundo día, así como el ajuste correspondiente frente a
los valores previamente incluidos en la nómina de septiembre de 2025. Asimismo,
precisó que el pago se haría efectivo el 27 de noviembre de 2025.

Posteriormente, en segunda instancia, mediante auto del 5 de agosto de 2026, el
Despacho consideró necesario requerir nuevamente a la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Antioquia y a la ARL Positiva para que
allegaran el documento que acreditara el pago de las incapacidades respecto del
señor Carlos Mario Herrera Muñoz, y suspendió el término para proferir el fallo
mientras se cumplía lo ordenado.

20
Corte Constitucional, sentencia SU-225 de 2013.
21
Cfr. SAMAI, índice 31 de primera instancia.

12

Radicación: 05001-23-33-000-2025-01461-01
Accionante: Carlos Mario Herrera Muñoz
Acción de tutela–Segunda instancia

En respuesta al requerimiento, el 14 de agosto de 2026 22, la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Medellín–Antioquia informó que remitía los
documentos con los cuales se acreditaba el pago efectuado por la ARL Positiva a
esa entidad respecto de las incapacidades del accionante y aportó los respectivos
comprobantes de pago.

En los soportes allegados se evidencia, respecto de Carlos Mario Herrera Muñoz,
el reconocimiento de la incapacidad correspondiente al periodo comprendido entre
el 29 de septiembre y el 13 de octubre de 2025, con fecha de pago del 21 de
noviembre de 2025. Asimismo, se acredita el reconocimiento de la incapacidad
correspondiente al periodo comprendido entre el 14 de octubre y el 12 de noviembre
de 2025, con fecha de pago del 15 de diciembre de 2025.

Así las cosas, como se efectuó el pago de las incapacidades cuyo reconocimiento
pretendía el señor Carlos Mario Herrera Muñoz mediante la presente acción
constitucional, se configura un hecho superado y, en consecuencia, se debe
declarar la carencia actual de objeto, en la medida en que lo pretendido con el
amparo ya se satisfizo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 20 de noviembre de 2025 por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, que concedió la tutela del derecho a la
seguridad social de Carlos Mario Herrera Muñoz. Y, en su lugar, DECLARAR la
carencia actual de objeto por hecho superado, de conformidad con lo expuesto en
la parte motiva de esta providencia, toda vez que se acreditó el pago de las
incapacidades objeto de la presente acción de tutela.

22
Cfr. SAMAI, índice 14 de segunda instancia.

13

Radicación: 05001-23-33-000-2025-01461-01
Accionante: Carlos Mario Herrera Muñoz
Acción de tutela–Segunda instancia

TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

CUARTO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MÚÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO

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