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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-33-000-2025-01504-02

Fecha
25 de junio de 2026
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-33-000-2025-01504-02

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada. SEGUNDO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 05001-23-33-000-2025-01504-02

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

25 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de junio de dos mil veintiséis (2026)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación 050012333000202501504021
Recurso de apelación contra la sentencia de 28 de abril de 2026,
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia
Solicitante: MARTHA LUCÍA BETANCUR PÉREZ

TESIS: SE CONFIGURÓ CONFLICTO DE INTERESES EN CABEZA DE CONCEJAL
QUE PARTICIPÓ, CONFORMÓ QUORUM Y APROBÓ INICIATIVA PARA
OTORGARLE RECONOCIMIENTO CÍVICO A SU PADRE, ASÍ COMO TAMBIÉN
INTERVINO EN LA IMPOSICIÓN DE LA RESPECTIVA CONDECORACIÓN.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala procederá a decidir el recurso de apelación interpuesto por
la concejal de Itagüí (Antioquia), señora MARÍA ANGÉLICA
GAVIRIA LONDOÑO, a través de apoderado, contra la sentencia de
28 de abril de 2026, proferida por la Sala Plena del Tribunal
Administrativo de Antioquia, mediante la cual decretó su pérdida de
investidura por hechos ocurridos dentro del período constitucional
2024-2027.

I.- ANTECEDENTES

I.1.- La ciudadana MARTHA LUCÍA BETANCUR PÉREZ, actuando
en nombre propio, solicitó decretar la pérdida de investidura de la

1
Este proceso permanece digitalizado en el sistema para la gestión judicial SAMAI, por lo que las providencias,
pruebas, memoriales y demás piezas procesales a las que se haga alusión en esta sentencia, deben confrontarse
de forma virtual.

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Solicitante: MARTHA LUCÍA BETANCUR PÉREZ

señora MARÍA ANGÉLICA GAVIRIA LONDOÑO, concejal de Itagüí
(Antioquia), por hechos sucedidos dentro del período constitucional
2024-2027, al considerar que incurrió en la causal prevista en los
artículos 55, numeral 2, de la Ley 136 de 2 de junio de 19942, y 48,
numeral 1, de la Ley 617 de 6 de octubre de 20003, esto es por
violación al régimen de conflicto de intereses.

I.2.- En apoyo de su pretensión la solicitante adujo, como
circunstancias relevantes para la decisión del referido recurso de
apelación, que el 12 de enero de 2024, en sesión ordinaria del
Concejo de Itagüí (Antioquia), el concejal JORGE IVÁN RESTREPO
ARIAS presentó una proposición para exaltar al señor NORBERTO
GAVIRIA ÁLVAREZ por sus 25 años como concejal de ese
municipio, frente a la cual la accionada, señora MARÍA ANGÉLICA
GAVIRIA LONDOÑO, participó en su discusión y la votó
favorablemente sin manifestar impedimento alguno, a pesar de
tratarse de su padre.

Señaló que el 19 de enero de 2024, en otra sesión ordinaria del
Concejo, se llevó a cabo el acto de reconocimiento al exconcejal
NORBERTO GAVIRIA ÁLVAREZ, ocasión en la cual la accionada,
sin declararse impedida, también intervino en la sesión, participó en
el desarrollo del homenaje y realizó la entrega de la condecoración a
su padre, agradeciendo su trayectoria y servicio al municipio,
registrándose además intervenciones de otros concejales que

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“[…] Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios
[…]”.
3
“[…] Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona
la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la
descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional […]”.

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hicieron alusión tanto al exconcejal como a su hija concejal, según
consta en las respectivas actas.

Indicó que los actos de homenaje o reconocimiento público desatan
necesariamente un interés moral, en la medida en que están dirigidos
a exaltar las cualidades personales y la trayectoria de quien es objeto
de la condecoración, lo que repercute en su buen nombre y prestigio
social. Y que, por ello, cuando un concejal participa en la adopción
de decisiones encaminadas a otorgar tales reconocimientos a un
familiar cercano, se configura un interés directo de carácter moral
que compromete su imparcialidad y activa el deber de declararse
impedido.

Arguyó que la participación de la accionada en la proposición,
discusión y votación de una exaltación u homenaje a su padre, así
como su intervención en el acto de reconocimiento, constituyeron
actuaciones contrarias al régimen de conflicto de intereses, al
haberse omitido la manifestación de impedimento pese a la
existencia de un interés directo, particular e inmediato de carácter
moral.

I.3.- La concejal, a través de apoderado, contestó la solicitud de
pérdida de investidura con la que se opuso a dicha pretensión, para
lo cual arguyó, en síntesis, que la iniciativa de reconocimiento al
señor NORBERTO GAVIRIA ÁLVAREZ no constituyó una
proposición formal de conmemoración, sino una manifestación o
invitación realizada por otro concejal para hacerle una exaltación; y
que no realizó la condecoración ni el reconocimiento, limitándose a
la entrega de una medalla, mientras que la decisión de efectuar la

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exaltación correspondió a la mesa directiva, según lo establecido en
la Resolución 002 de 19 de enero de 2024.

Mencionó que no es cierto que se hubiera configurado un interés
moral directo, en tanto el acto cuestionado fue una exaltación de
carácter cívico, protocolario y simbólico, sin contenido patrimonial,
político o decisorio, por lo que carece de la entidad necesaria para
generar un provecho directo, real y actual, ni para si ni para el
supuesto beneficiario, ni tampoco se afectó la función pública o de
sus principios; y que las apreciaciones de la solicitante corresponden
a interpretaciones personales sobre la normativa aplicable, las cuales
no pueden asumirse como determinantes en el proceso.

Señaló que tratar de fundamentar la configuración de la causal en un
supuesto interés moral derivado de un acto de reconocimiento,
implica acudir a criterios subjetivos que desbordan el principio de
legalidad, en tanto permitiría sancionar conductas con base en
apreciaciones éticas o valorativas no definidas de manera clara por
el ordenamiento jurídico, de ahí que la interpretación extensiva del
concepto de interés moral podría conducir a desconocer el carácter
taxativo de las causales de pérdida de investidura y a afectar la
seguridad jurídica.

Manifestó que la propuesta de otro concejal fue sometida a
consideración de la plenaria en un lapso extremadamente breve, sin
deliberación efectiva, lo cual impidió que pudiera dimensionar
adecuadamente el alcance de la actuación y adoptar una decisión
informada frente a un eventual conflicto de intereses; y que su
intervención fue ambigua, rápida e intempestiva, sin un trámite

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estructurado ni el cumplimiento del procedimiento previsto para la
imposición de condecoraciones conforme a la reglamentación
interna.

Insistió en que el procedimiento adelantado fue irregular, pues, de
acuerdo con la normativa interna del Concejo, la competencia para
otorgar condecoraciones recae en la mesa directiva, previa
postulación y análisis correspondiente, por lo que la intervención de
la plenaria no constituía el escenario decisorio adecuado; y que la
decisión final de otorgar el reconocimiento fue adoptada por la mesa
directiva mediante la Resolución 002 de 19 de enero de 2024, órgano
del cual no hacía parte, circunstancia que excluye su participación en
el acto decisorio relevante para efectos de configurar la causal.

Sostuvo que actuó de buena fe, sin intención de obtener provecho
indebido ni de favorecer a un tercero: que su conducta no estuvo
orientada por un interés particular prevalente, sino que se desarrolló
dentro de un contexto que no le permitió advertir la necesidad de
declararse impedida; y que no existió dolo, entendido como la
voluntad consciente de vulnerar el ordenamiento jurídico, ni culpa
grave, en tanto no se configuró una negligencia inexcusable en su
actuar.

Anotó que no es profesional del derecho ni cuenta con formación
especializada en materia jurídico electoral o en el régimen de pérdida
de investidura, lo cual resulta relevante para valorar su falta de
capacidad para identificar un eventual conflicto de intereses,
especialmente tratándose de un concepto jurídico indeterminado
como el del interés moral; y que los hechos ocurrieron a escasos días

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de haber iniciado su primer período como concejal, lo que evidencia
su inexperiencia en el ejercicio de funciones deliberativas y en el
manejo de situaciones complejas al interior de la corporación,
circunstancia que, a juicio de la defensa, incide directamente en la
valoración del grado de diligencia exigible en su comportamiento.

Agregó que su experiencia laboral ha estado orientada a funciones
de carácter técnico y administrativo, sin que ello implicara formación
en la toma de decisiones políticas o deliberativas propias de una
corporación pública, lo cual refuerza la tesis de que no puede
exigírsele un estándar de comportamiento equiparable al de un
experto en la materia; y que de existir alguna omisión, esta
correspondería a un error excusable o, en el mejor de los casos, a
una culpa leve, lo cual resulta insuficiente para estructurar la causal
de pérdida de investidura.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA

El a quo, mediante sentencia de 28 de abril de 2026, decretó la
pérdida de investidura de la señora MARÍA ANGÉLICA GAVIRIA
LONDOÑO, concejal de Itagüí (Antioquia), luego de encontrar
probada la causal de violación del régimen de conflicto de intereses
prevista en el artículo 55, numeral 2, de la Ley 136. Para ello, señaló
que el acto de exaltación realizado al señor NORBERTO GAVIRIA
ÁLVAREZ comporta un reconocimiento público de sus méritos y
trayectoria, lo cual trasciende el ámbito meramente simbólico y se
proyecta en la esfera subjetiva del homenajeado y de su núcleo
familiar cercano, por lo que la participación de la accionada en las
actuaciones relacionadas con dicho reconocimiento, en su calidad de
hija del homenajeado, comporta la existencia de un interés de

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carácter moral, en la medida en que el acto incide directamente en
el buen nombre y la valoración social de su padre, así como en la
visibilidad y posicionamiento público de su entorno familiar cercano.

Alegó que la accionada intervino en las actuaciones relacionadas con
la proposición, deliberación y aprobación del homenaje, así como
participó activamente en el acto público de exaltación realizado a su
padre según consta en las actas 008 de 12 de enero y 013 de 19 de
enero de 2024, todo lo cual comportó un interés directo, en la medida
en que el beneficio se originó en el ejercicio de la función asignada a
la concejal, consistente en participar en la deliberación y votación de
los asuntos sometidos al conocimiento del Concejo, dentro de los
cuales se encontraba precisamente la iniciativa de reconocimiento
objeto de análisis; y que le asistía un interés particular para sí y para
su padre, el señor NORBERTO GAVIRIA ÁLVAREZ, en la medida
en que se acreditó que la proposición tenía como finalidad exaltarlo
y enaltecerlo.

Indicó que si bien la accionada alegó la existencia de un eventual
vicio en el trámite, relacionado con la exigencia de que la proposición
fuera presentada por escrito por el presidente de la corporación, lo
cierto es que tal circunstancia no se encuentra acreditada en el
expediente y tampoco obra prueba de que las decisiones adoptadas
en dicha sesión carecieran de efectos jurídicos o hubiesen sido objeto
de anulación o corrección formal, por lo que mantienen su validez y
eficacia dentro del trámite de reconocimiento adelantado por la
corporación.
Sostuvo que del contenido del acta 008 de 12 de enero de 2024 no
se desprende advertencia alguna en cuanto a que la iniciativa no

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seguía lo previsto en el Acuerdo 011 de 5 de diciembre de 2006, sino
que, por el contrario, se dejó constancia de que la proposición fue
sometida a consideración de la plenaria y aprobada con la
participación de los concejales presentes, entre ellos la accionada. Y
que, si bien los testigos hicieron énfasis en la existencia de un trámite
reglado para el otorgamiento de reconocimientos o exaltaciones, lo
cierto es que más allá de su valor declarativo no están respaldadas
con pruebas que desvirtúen la proposición de 12 de enero de 2024,
ni la participación de la accionada en dicha actuación.

Anotó que la actuación se desarrolló a título de culpa grave, pues, si
bien la accionada no es profesional en derecho, contaba con una
formación académica que le permitía comprender las exigencias
normativas propias del ejercicio del cargo, al ser profesional en
Administración de Negocios Internacionales, tecnóloga en Comercio
Exterior y especialista en Gerencia y Responsabilidad Estatal, por lo
que resultaba razonable exigirle el conocimiento del régimen de
inhabilidades, incompatibilidades y, particularmente, de conflicto de
intereses, el cual le imponía el deber de manifestar impedimento
cuando existiera un interés directo en la decisión, ya sea en cabeza
suya o de sus familiares cercanos.

III.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO

La accionada, a través de apoderado, interpone recurso de apelación
con el que solicita revocar la sentencia impugnada y, en su lugar,
denegar la pérdida de investidura, para lo cual sostiene que la
proposición de exaltación no fue obra suya sino del concejal JORGE
IVÁN RESTREPO ARIAS, quien la presentó el 19 de enero de 2024

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mediante formato denominado ‘Solicitud de Exaltación’ recibido por
el presidente del Concejo, la que fue aprobada por la mesa directiva
del Concejo de Itagüí (Antioquia) a través de la Resolución 002 de
19 de enero de 2024, en cumplimiento del Acuerdo 011 de 5 de
diciembre de 2006, que reglamentaba el otorgamiento de
condecoraciones.

Menciona que en la sesión de 12 de enero de 2024 —cuando apenas
acumulaba ocho sesiones y once días en el cargo— en el punto de
‘proposiciones y comunicaciones’, el concejal JORGE IVÁN
RESTREPO ARIAS, tras un reconocimiento al exalcalde JOSÉ
FERNANDO ESCOBAR, lanzó de manera intempestiva y sorpresiva
una proposición para homenajear a su amigo NORBERTO GAVIRIA
ÁLVAREZ, a la que se sumaron los concejales ANDRÉS CAMILO
ARCILA PÉREZ y ELKIN DE JESÚS ZULETA ESTRADA, luego de
lo cual el presidente la sometió a consideración y, en segundos, el
secretario certificó su aprobación, sin que constara quiénes votaron,
cuántos lo hicieron ni en qué sentido, y sin que mediara recusación,
advertencia o manifestación que la alertara sobre un eventual
conflicto de intereses.

Indica que esa decisión confusa, rápida e improvista, quedó sin
efectos por ser contraria al Acuerdo 011 de 5 de diciembre de 2006,
lo que obligó al proponente a rehacer la actuación y radicar la
solicitud de exaltación ante la mesa directiva para su aprobación,
contexto al cual el Tribunal restó valor bajo el argumento de que no
obraba prueba de que el trámite del 12 de enero de 2024 estuviera
viciado ni de que las decisiones de esa sesión carecieran de efectos
o hubiesen sido anuladas, pese a reconocer —a renglón seguido—

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que el propio concejal JORGE IVÁN RESTREPO ARIAS declaró
haber sido advertido por el secretario de que la iniciativa no tendría
curso por no haberse presentado por escrito conforme al referido
acuerdo.

Señala que el señor GUILLERMO LEÓN RESTREPO, secretario de
Educación de Itagüí (Antioquia), expuso en su testimonio que su
orientación fue que se formalizara el trámite conforme al acuerdo
que reglamentaba las exaltaciones; que el señor GUSTAVO ADOLFO
BETANCUR, secretario del Concejo, ratificó la vigencia del Acuerdo
011 de 5 de diciembre de 2006, precisó que la proposición del 12 de
enero de 2024 no produjo efectos y que la condecoración fue
producto de la solicitud del concejal JORGE IVÁN RESTREPO
ARIAS y de la aprobación de la mesa directiva mediante la
Resolución 002 de 19 de enero de 2024, aclarando que los concejales
no votaron, precisamente, por ser competencia de esa mesa
directiva; que el presidente del Concejo, vigencia 2024, señor
BAYRON DE JESÚS CARO LUJÁN, sostuvo que a la proposición no
se le dio trámite porque no cumplía el reglamento; y que el concejal
JORGE IVÁN RESTREPO ARIAS subsanó el asunto al hacerlo por
escrito ante la presidencia, concluyendo que para él la actuación del
12 de enero no tuvo efectos.

Resalta que en el acta 008 no se evidencia su presencia o
intervención, y critica que en la providencia apelada se otorgara
mayor fuerza demostrativa a esa acta —y a soportes no
identificados— en desmedro de la prueba testimonial soportada en
prueba documental, por lo que en este caso debe prevalecer el
principio in dubio pro reo, derivado de la presunción de inocencia y

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del artículo 29 de la Constitución Política, así como el principio pro
homine o pro persona, desarrollados desde la sentencia SU-424 de
2016, proferida por la Corte Constitucional.

Insiste en que no es profesional del derecho, sino administradora de
negocios, no cuenta con posgrado en materias jurídico electorales; y
que es concejal inexperta, pues al 12 de enero de 2024 apenas
acumulaba 8 sesiones y 11 días en el cargo, y su experiencia
administrativa era escasa para ese entonces. Y que el contexto vivido
en la sesión de 12 de enero de 2024 —la forma intempestiva y
sorpresiva de la proposición, su rápido sometimiento a consideración,
la aprobación certificada en segundos y la ausencia de recusación,
advertencia o llamado de atención de algún concejal, secretario o
asesor jurídico— torna imposible predicar su actuar descuidado, pues
guardó silencio en una actuación que, además, fue dejada sin
efectos.

IV.- TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

IV.1.- El traslado del recurso de apelación, previsto en el artículo 14,
numeral 3, de la Ley 1881 de 15 de enero de 20184, no fue descorrido
por la solicitante ni por el Ministerio Público.

IV.2.- La accionada, por su parte, con escrito que denominó
‘Alegatos de segunda instancia y solicitud de tener en cuenta el
contenido de la sentencia SU 082 de 2026 de la Corte Constitucional
con respecto al conflicto de intereses–sentencia sobreviniente’,
reitera sus argumentos de apelación, y recalca la necesidad de

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“[…] Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los Congresistas, se consagra la
doble instancia, el término de caducidad, entre otras disposiciones […]”.

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analizar el contexto de lo sucedido con la condecoración del
exconcejal NORBERTO GAVIRIA ÁLVAREZ y la aprobación de la
proposición realizada por el concejal JORGE IVÁN RESTREPO
ARIAS, la cual fue presentada y aprobada por la mesa directiva
mediante la Resolución 002 de 19 de enero de 2024, en cumplimiento
de lo dispuesto en el Acuerdo 011 de 5 de diciembre de 2006, lo que
desvanece la tesis acogida por el Tribunal.

Solicita que sea tenida en cuenta la sentencia SU082 de 15 de abril
de 2026, proferida por la Corte Constitucional, y anunciada en el
comunicado 16 de 15 de abril de 2026, en cuanto a que se verifiquen
las pruebas obrantes en el expediente para acreditar y no presumir
un interés directo, actual y particular, así como que se examinen los
elementos fácticos relacionados con el contexto, el interés
jurídicamente relevante y la responsabilidad subjetiva de la situación
del caso concreto; y que se revise la tesis de la incidencia de su
participación en la votación sin efectos de 12 de enero de 2024 para
condecorar a su padre, el exconcejal NORBERTO GAVIRIA
ÁLVAREZ, y lo sucedido el 19 de enero de 2024 con la presentación
de la proposición por escrito y su aprobación por parte de la mesa
directiva del Concejo de Itagüí (Antioquia).

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1.- Problema jurídico

Le corresponde a la Sala establecer, en los precisos términos del
recurso de apelación, en consonancia con el escrito de la solicitud
inicial, si la concejal de Itagüí (Antioquia), señora MARÍA

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Solicitante: MARTHA LUCÍA BETANCUR PÉREZ

ANGÉLICA GAVIRIA LONDOÑO, incurrió en la causal prevista en
los artículos 55, numeral 2, de la Ley 136, y 48, numeral 1, de la Ley
617, esto es por violación al régimen de conflicto de intereses, luego
de haber participado, intervenido y votado la proposición de
reconocimiento y exaltación a su padre, el exconcejal del mismo
municipio, señor NORBERTO GAVIRIA ÁLVAREZ.

V.2.- De la violación del régimen de conflicto de intereses
como causal de pérdida de investidura de concejales5

En la presente solicitud se endilga la configuración de la causal de
pérdida de investidura prevista en el artículo 48, numeral 1, de la
Ley 617, así:

“[…] Ley 617, artículo 48.- Pérdida de investidura de
diputados, concejales municipales y distritales y de
miembros de juntas administradoras locales. Los diputados y
concejales municipales y distritales y miembros de juntas
administradoras locales perderán su investidura:

1. Por violación del régimen de incompatibilidades o del de
conflicto de intereses. No existirá conflicto de intereses
cuando se trate de considerar asuntos que afecten al concejal
o diputado en igualdad de condiciones a las de la ciudadanía
en general […]” (Resaltado fuera del texto original).

En este sentido, el artículo 70, de la Ley 136 de 2 de junio de 19946,
y, previó, en cuanto al conflicto de intereses de concejales, la

5
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, consejera ponente Nubia Margoth
Peña Garzón, sentencias de 2 de diciembre de 2021, número único de radicación 47001233300020200075601;
3 de octubre de 2019, número único de radicación 05001233300020170347301; y 25 de febrero de 2021, número
único de radicación 25000231500020190021701.
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“[…] Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios
[…]”.

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siguiente definición conceptual que instruye la aplicación de esa
figura:

“[…] Artículo 70.- Conflicto de interés. Cuando para los
concejales exista interés directo en la decisión porque le
afecte de alguna manera, o a su cónyuge o compañero o
compañera permanente, o a alguno de sus parientes dentro
del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o
primero civil, o a su socio o socios de derecho o de hecho,
deberá declararse impedido de participar en los debates o
votaciones respectivas.

Los concejos llevarán un registro de intereses privados en el cual los
concejales consignarán la información relacionada con su actividad
económica privada. Dicho registro será de público conocimiento.
Cualquier ciudadano que tenga conocimiento de una causal de
impedimento de algún concejal, que no se haya comunicado a la
respectiva corporación, podrá recusarlo ante ella […]” (Negrillas y
subrayas fuera de texto).

La Sección ha establecido que el conflicto de intereses es un concepto
jurídico indeterminado y, debido a ello, es el juez quien decide, en
cada caso concreto, si existe o no fundamento suficiente para
acceder a la solicitud elevada. Por su parte, la jurisprudencia de la
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación se
ha pronunciado en múltiples ocasiones frente al alcance y contenido
de la causal en comento y su incursión en sede judicial,
consideraciones que, si bien son vertidas en el marco de
controversias de desinvestidura de congresistas de la República,
orientan su entendimiento, configuración y aplicación en los asuntos
que, como en el caso sub lite, examinan las conductas de concejales.

Así, en la sentencia de 12 de abril de 2011, de la Sala Plena, se
recogen en gran medida las diferentes providencias que abordan el
tema, de la cual se transcriben los apartes más significativos:

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Solicitante: MARTHA LUCÍA BETANCUR PÉREZ

“[…] Ahora bien, no obstante, la generalidad del alcance que tienen
los arts. 182 y 183.1 de la C.P., poseen un contenido mínimo
clarificador, que es importante destacar a continuación antes de
abordar el caso concreto:

i) El conflicto de interés puede ser de orden económico o moral, de
manera que en estos dos conceptos se deben enmarcar todas las
circunstancias reprochables desde el punto de vista del interés en
su concreción. Sin embargo, la indeterminación de los mismos sigue
caracterizando la institución.

ii) La consecuencia inmediata de estar incurso en ellos es que se le
prohíbe al congresista participar de la deliberación y decisión del
tema puesto a consideración del Congreso.

En este sentido, la Sala Plena consideró en la sentencia del 11 de
mayo de 2009 –exp. P.I. 2009 00043-: “La Carta Política impone a
los congresistas el deber de poner en conocimiento de la respectiva
Cámara las situaciones de orden moral o económico que los inhiban
para participar en el trámite de los asuntos sometidos a su
consideración. La Ley 5ª de 1992 -Sección IV-, reguló lo relativo a
la aplicación, declaración, comunicación y efectos del impedimento
y la recusación y el artículo 286 reitera el deber que tienen de
declararse impedidos ‘… de participar en los debates y votaciones
respectivas…’.”

iii) El conflicto de intereses afecta la posibilidad de participar en toda
clase de actuaciones y decisiones donde, en principio, debería actuar
el congresista, es decir, que está inhibido “para participar en el
trámite de los asuntos sometidos a su consideración.” Esto significa
que no puede intervenir en la deliberación ni en la votación de
proyectos de ley, de actuaciones judiciales, ni en la adopción de
otras decisiones administrativas, electorales o políticas, siempre que
lo afecten.

De este criterio ha sido la Sala Plena en muchas ocasiones. Entre
ellas lo ha aplicado a la elección de funcionarios a su cargo, en cuyo
caso ha analizado si en el evento concreto se presenta un conflicto
de intereses del congresista demandado que participó en la
correspondiente elección: “Para la Sala, la situación de conflicto de
interés que puede presentarse en un asunto o materia de
conocimiento de los congresistas, no se circunscribe únicamente a
los relacionados con su labor legislativa, pues como antes lo ha
precisado la Sala Plena7, los miembros del Congreso tienen otras
funciones de naturaleza administrativa, electoral, judicial, de control

7
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 10 de noviembre de 2001,
Expediente PI-0130, consejero ponente Germán Rodríguez Villamizar.

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político y fiscal, atribuidas por la Constitución y la ley. Por esta razón,
ha dicho la Sala8, que la situación de conflicto debe analizarse en
cada caso específico, para determinar si las particulares
circunstancias del congresista, su cónyuge o compañero o
compañera permanente, o sus parientes, o socios, se contraponen
con el interés comprometido en el asunto o materia en el que
intervenga.” -sentencia del 10 de noviembre de 2009. Rad. 11001-
03-15-000-2008-01180-00(PI)-2008-01367. CP. Martha Teresa
Briceño-

En el mismo sentido manifestó: “Que el impedimento puede darse
por la participación o votación en una decisión o asunto de que
conozca el Congreso de la República, sea que se trate de
deliberaciones y votaciones relacionadas con proyectos de ley o
actos legislativos, o se trate de una decisión trascendental. En
efecto, es inequívoco el artículo 291 al señalar que el congresista
debe declararse impedido cuando observe que existe un conflicto de
intereses para conocer y participar ‘sobre determinado proyecto o
decisión trascendental’.

“Por tanto, el impedimento no solo puede darse cuando se trate del
ejercicio de las funciones puramente legislativas del Congreso sino
cuando se trate de las otras funciones de ese órgano como las
funciones de control político, las administrativas, las judiciales y las
electorales.

“La Sala no desconoce que el conflicto de intereses podría darse de
forma contundente cuando se trata de la intervención de los
congresistas en el proceso de formación de normas jurídicas que
luego vendrían a favorecerlos de forma particular y concreta, como
cuando se dictan normas relativas al régimen del derecho penal
estando el congresista sometido efectivamente a una investigación
penal, cosa que no sucede en este caso. Este tema fue tratado por
la Sala de Consulta del Consejo de Estado en el concepto del 15 de
mayo de 20089, y así se concluyó en ese dictamen.” -sentencia del
23 marzo de 2010, rad. 11001-03-15-000-2009-00198-00(PI). CP.
Hugo Fernando Bastidas-

8
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de17 de octubre de 2000, Expediente
AC-11116, consejero ponente Mario Alario Méndez.
9
“[…] ¿Debe un congresista declararse impedido de participar en los debates y votaciones respecto del proyecto
de Acto Legislativo números 047 de 2007 Cámara y 014 de 2007 Senado, porque la Corte Suprema de Justicia,
Sala de Casación Penal le ha abierto una investigación preliminar por actos relacionados con la llamada
"parapolítica"? De acuerdo con los fundamentos normativos y los hechos analizados en el presente concepto, la
Sala considera recomendable que proceda a declarar su impedimento ante la respectiva Corporación, para que
sea ésta la que decida sobre el mismo. En caso de hacerlo y de votar el congresista favorablemente el mencionado
proyecto de Acto legislativo, ¿qué consecuencias podrían sobrevenirle en materia disciplinaria y pérdida de
investidura? De acuerdo con lo expuesto en este concepto, en caso de que el congresista no declare su
impedimento ante la Corporación y de alguna manera participe en el debate y votación del proyecto, además de
la posibilidad de que pueda ser recusado, dicha participación podría dar lugar a que se le iniciara una investigación
disciplinaria y se configurara una causal para un eventual proceso de pérdida de investidura […]”.

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En forma concluyente también ha expresado que “Para que se
estructure la violación del régimen del conflicto de intereses es
suficiente que el congresista participe en los debates10, así sea
simplemente integrando el quórum de la sesión donde se discuta el
tema respectivo11.” –Sala Plena. Sentencia del 27 de julio de 2010.
Rad. 11001-03-15-000-2009-01219-00(PI). CP. Mauricio Fajardo
Gómez-

iv) Cuando se concreta alguna circunstancia que obliga al
congresista a separarse del tema que compete resolver al Congreso,
aquél debe ponerla en conocimiento de la Corporación, so pena de
ser recusado. En estos términos, tanto la institución del
impedimento como la recusación tienen apoyatura directa en el art.
182 de la CP.

v) Se le encomendó al legislador complementar la tarea que se
encuentra implícita en esta causal: identificar “lo relacionado con los
conflictos de intereses y las recusaciones”. Esta atribución para
ultimar los detalles de la materia, en lo no regulado en la
Constitución Política, constituye una típica reserva de ley.

vi) De lo expresado se deduce que los elementos que configuran el
conflicto de intereses son: a) la existencia de un interés particular
del congresista en la deliberación o decisión de un tema específico
a cargo del Congreso, b) que efectivamente participe de ello, c) que
ese interés sea directo, no eventual o hipotético, d) que además el
interés sea actual, y e) que el beneficio recibido no sea general sino
particular […]”12.

A su vez, esta Sección ha acogido y reiterado, en múltiples
oportunidades, lo dicho en el concepto de 28 de abril de la Sala de
Consulta y Servicio Civil sobre la noción, finalidad, fundamento y

10
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 1º de abril de 2003, número único
de radicación 11001-03-15-000-2002-1127-01(PI-058), consejero ponente Alejandro Ordóñez Maldonado.
11
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 5 de agosto de 2003, número
único de radicación 11001-03-15-000-2003-0587-01(PI), consejero ponente Alejandro Ordóñez Maldonado.
12
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias de 12 de abril de 2011, número
único de radicación 11001-03-15-000-2010-01325-00 (PI), consejero ponente Enrique Gil Botero y 2 de julio de
2013, número único de radicación 11001-03-15-000-2012-00-00322-00(PI), consejero ponente María Elizabeth
García Gonzalez. Ver también, en el mismo sentido, Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, sentencias de 6 de junio de 2017, número único de radicación 11001-03-15-000-2016-02279-
00(PI) consejero ponente Jaime Orlando Santofimio Gamboa y de 1o. de febrero de 2018 número único de
radicación 66001-23-33-000-2017-00089-01(PI), consejero ponente Oswaldo Giraldo López.

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características que debe reunir el conflicto de interés, en el cual se
plasmaron las siguientes consideraciones13:

[…] 2. El conflicto de intereses. Es una institución de
transparencia democrática que por su alcance y fundamento debe
analizarse en forma concreta.

2.1. Noción. En términos generales es aquella cualidad de
concurrencia antagónica entre el interés particular y el interés
público que afecta la decisión a tomar y obliga a declararse impedido
a quien deba tomarla.

2.2. Finalidad. El instituto del conflicto de intereses trata de
impedir que prevalezca el interés privado del congresista [en este
caso entiéndase concejal] sobre los intereses públicos, el cual,
prevalido de su influencia, podría obtener provechos indebidos
para sí o para terceros, es decir, evitar favorecer intereses que
no sean los relativos al bien común o que la imparcialidad de sus
decisiones se comprometa y distorsione por motivos personales o
particulares. Se trata así de un asunto inherente al fuero interno del
congresista, a un aspecto esencialmente subjetivo, el que de existir
y no ser manifestado conforme al reglamento, da lugar a la
recusación.

2.3. Fundamento. De allí que el fundamento del impedimento
radica en que: a) el conflicto de interés afecta la transparencia de la
decisión -para el caso, la motivación del voto-. En efecto, en toda
decisión siempre debe haber, en forma inequívoca, un solo interés:
el interés general de la ley. Por tanto, en caso de conflicto se
mezclan el interés privado y el público, con lo cual queda en duda
cuál fue el interés dominante. b) En que el impedimento evita que
la decisión sea determinada por el interés particular en detrimento
del interés público.

2.4 Necesidad de análisis en cada caso particular: La Sala
estima conveniente advertir que el tema, de por sí complejo,
requiere para su tratamiento del análisis de cada caso concreto,
pues la conducta humana admite de manera necesaria matices y,
por tanto, el instituto del conflicto de intereses, al ser del resorte del
fuero interno, debe ser valorado con especial cuidado para no
vulnerar los derechos del congresista o hacer inanes los alcances de
la ley.

13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 18 de marzo de 2021,
número único de radicación 85001233300020200001602, consejero ponente Roberto Augusto Serrato Valdés.

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3. Requisitos para la configuración del conflicto de intereses
en el caso de los congresistas. Como quiera que dicho conflicto
se configura por la concurrencia de interés privado e interés público,
se hace indispensable tener en cuenta, entre otros, los siguientes
requisitos:

3.1 Interés privado concurrente. De acuerdo con lo expuesto,
resulta indubitable que este interés debe aparecer en tal forma que
comprometa objetivamente la intangibilidad del interés general
perseguido, para lo cual la Sala estima necesario hacer las
siguientes precisiones:

a) Existencia: Se configura el interés privado cuando hay
“exigencia para la satisfacción de necesidades humanas” -Messineo,
Tomo II, p. 10 -, lo cual acontece cuando surgen v. gr.: ventajas
o provechos representados en derechos subjetivos, o en
ventajas de tipo reparativo positivo (como indemnización por daños
o detrimento de derechos) o negativo (reparación de gastos), o de
tipo enriquecedor (como ganancias, utilidades, provechos,
derechos, etc.), o cuando se refieren a la simple exoneración de
desventajas (exoneración de obligaciones, cargas, etc.).

b) Juridicidad: Se da cuando el interés privado, protegible de
ordinario, pero con la aptitud de afectar la transparencia, debido a
que siendo actual y estando amparado por la ley puede perturbar el
ánimo del interesado a actuar en su propio favor. Para ello debe
tenerse en cuenta que el interés: 1) Es actual, cuando se ha
adquirido y puede afectarse. De allí que por ausencia de éste (sic)
requisito quede excluido el interés futuro. 2) Es jurídico, porque se
encuentra amparado por la ley. Por tanto es inaceptable interés
originado en el roce meramente social (v. gr. el de comunicación o
trato) para generar conflicto de interés. y, 3) Es afectable, cuando
puede extinguirse o modificarse el que se tiene. En cambio, no se
da cuando el interés es inalienable (v. gr. La vida).

c) Privado: Se da cuando el interés es de naturaleza particular de
manera inequívoca y, por lo mismo, se descarta cuando se actúa
movido por el interés público o general -regulación abstracta en
general-. El interés puede ser individual o colectivo, referido en el
primer caso, por ej., a la propiedad particular y, en el segundo, al
interés común de los propietarios en una urbanización.

d) Titularidad: El interés debe radicar en el congresista [en este
caso entiéndase concejal] o en su cónyuge, compañero (a), pariente
hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, en
el caso bajo estudio.

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3.2 El interés público concurrente en la decisión pertinente.
Para que este interés público concurrente pueda verse
menoscabado, también se hace indispensable tener en cuenta
aquellos aspectos que puedan afectar que sea el único determinante
de la decisión; lo cual implica que en la misma persona que tiene un
interés privado, también concurran estos requisitos:

a) Calidad de congresista.
b) Intervención en las deliberaciones y votaciones.
c) Proyecto de decisión de interés público.
d) Afectación particular, consistente en que el proyecto a votar
pueda afectar el interés directo del congresista, arriba mencionado.

3.3 Conflicto de interés. De la concurrencia objetiva de los dos
intereses mencionados puede desprenderse inequívocamente la
existencia de un conflicto de interés como causal de impedimento o
recusación. En tanto que este fenómeno no se estructuraría, de una
parte, cuando no concurra alguno de los requisitos mencionados
para los referidos intereses, y, de otro, cuando simplemente se trata
de mera apreciación subjetiva de conflicto sin sustento en
elementos objetivos [...]”14.

A partir de estos precisos elementos de juicio, la Sección15 ha
determinado que con dicha causal se procura castigar la posibilidad
de que los concejales pretendan, con determinadas decisiones,
lucrarse u obtener beneficios, ventajas o privilegios personales, en
detrimento de la comunidad, desconociendo precisamente el interés
general que debe guiar el ejercicio de sus funciones; esto es, cuando
el accionado tiene interés directo en el asunto que se encuentra
conociendo porque le afecta en forma personal, o a su cónyuge o
compañero o compañera permanente, o de alguno de sus parientes
dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o
primero civil, o de su socio o socios de derecho o de hecho, ya sea
de orden moral o económico.

14
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto de 28 de abril de 2004, radicación núm. 1572,
consejero ponente Flavio Augusto Arce Rodríguez.
15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencias de 30 de mayo de 2019,
número único de radicación 05001-23-31-000-2017-02538-01(PI), consejero ponente Roberto Augusto Serrato
Valdés y de 28 de noviembre de 2013, número único de radicación 50001-23-33-000-2013-00027-02(PI),
consejera ponente María Elizabeth García González.

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El asunto puesto en conocimiento del miembro de la corporación
pública le plantea un enfrentamiento entre su interés personal y el
interés general o bien común que, se reitera, debe guiar el ejercicio
de sus funciones, lo que obliga a que aquél manifieste su
impedimento para efectos de que sea resuelto, so pena de incurrir
en la referida causal de desinvestidura.

La causal de violación al régimen de conflicto de intereses en cabeza
de un concejal, supone la omisión en que se incurre cuando, en un
asunto sometido a su intervención, no advierte ante el resto del
órgano político-administrativo al cual pertenece, la connivencia entre
sus intereses particulares, -ya sean de orden moral y/o económico-,
y los ineludibles intereses públicos que per se está obligado a
proteger en desarrollo de sus funciones públicas corporativas, en
tanto que de dicha concurrencia de intereses resulta afectado de
alguna manera u obtiene un provecho privado.

Siendo consecuente con los antecedentes jurisprudenciales
referenciados y reiterados, la Sala hace hincapié en los presupuestos
cuya presencia debe quedar demostrada de forma suficiente y
concurrente dentro del proceso, en orden a verificar la configuración
de la causal de conflicto de intereses en concejales:

a) Que el accionado haya adelantado la actuación imputada en
ejercicio de su respectiva investidura;

b) Que exista un interés directo, particular y actual del concejal, o de
su cónyuge o compañero o compañera permanente, o de alguno de

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sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo
de afinidad o primero civil, o de su socio o socios de derecho o de
hecho, de orden moral o económico, en la deliberación o decisión de
un tema específico a cargo de la respectiva corporación pública, es
decir un asunto de conocimiento funcional del miembro de la
corporación pública, cualquiera sea su naturaleza, lo que no
circunscribe la causal, únicamente, a las cuestiones político-
administrativas, sino a toda materia que sea competencia del
órgano; y,

c) Que, a pesar de ello, dicho concejal conforme el quórum o
intervenga en el debate del referido asunto, o lo vote o participe
efectivamente del trámite, sin haber manifestado el impedimento
para actuar o sin haber sido recusado para los efectos16.

El presupuesto “a)”, común a las causales de pérdida de investidura,
exige para este escenario la calidad cualificada del sujeto activo que
incurrió en un conflicto de intereses mediante el ejercicio irregular de
su investidura, esto es que debe acreditarse su condición de concejal.

El presupuesto “b)” encierra tres componentes principales que deben
destacarse: el interés directo, particular y actual del accionado, o de
su cónyuge o compañero o compañera permanente, o de alguno de
sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo
de afinidad o primero civil, o de su socio o socios de derecho o de
hecho; su esencia moral y/o económica; y los asuntos o temas que
son puestos a consideración e intervención del miembro de la
corporación.

16
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 24 de febrero de 2015, número
único de radicación 11001-03-15-000-2012-01139-00(PI), consejera ponente doctora María Claudia Rojas Lasso.

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El primer componente consiste en la presencia de una inclinación real
del miembro de la corporación pública hacia un tema, objeto o
aspecto cualquiera sometido a su estudio, decisión, debate, votación,
censura o participación en desarrollo de sus funciones como tal, con
el ánimo de materializar un provecho, utilidad, ventaja o
conveniencia propia, o de su cónyuge, familiares o socios, que se
aleja en todo caso de la intención inicial de obtener el bien general17
y afecta la transparencia y objetividad de dicha actuación.

La Sala Plena18 se ha pronunciado afirmando que el interés debe ser
entendido como “[…] una razón subjetiva que torna al funcionario y
que lo inhabilita para aproximarse al proceso de toma de decisiones
con la ecuanimidad, la ponderación y el desinterés que la norma
moral y la norma legal exigen […]”19 y como “[…] el provecho,
conveniencia o utilidad que, atendidas sus circunstancias, derivarían
el congresista o los suyos de la decisión que pudiera tomarse en el
asunto […]”20.

La Corporación ha enfatizado, al respecto, en lo siguiente:

17
Con relación al bien general, en la sentencia de 23 de marzo de 2010, proceso con núm. único de radicación
11001-03-15-000-2009-00198-00(PI), consejero ponente Hugo Fernando Bastidas, la Sala Plena indicó: “[…] No
hay que olvidar que el artículo 133 de la Constitución dice que los miembros de los cuerpos colegiados de elección
directa representan al pueblo y que deberán actuar consultando la justicia y el bien común. De modo que el día
en que colisionan los intereses privados del congresista con el interés público inmerso en el debate, en la decisión
o en el voto habría un caso de conflicto de intereses, conflicto que pretenden resolver las figuras del impedimento
o de la recusación. En efecto, de prosperar el impedimento o la recusación, el congresista queda separado de la
función para el caso específico, con lo cual el ordenamiento pretende que el interés privado o particular del
congresista no subordine al interés público […]”.
18
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias de 27 de julio de 2010, número
único de radicación 11001-03-15-000-2009-01219-00(PI), consejero ponente Mauricio Fajardo Gómez y cit. de
24 de febrero de 2015, número único de radicación 11001-03-15-000-2012-01139-00(PI), consejera ponente
doctora María Claudia Rojas Lasso.
19
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 19 de marzo de 1996, Expediente
núm. AC-3300, consejero ponente Joaquín Barreto Ruiz.
20
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 17 de octubre de 2000, Expediente
núm. AC-1116, consejero ponente Mario Alario Méndez.

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24

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“[…] 3.1 Interés privado concurrente. De acuerdo con lo expuesto,
resulta indubitable que este interés debe aparecer en tal forma que
comprometa objetivamente la intangibilidad del interés general
perseguido, para lo cual la Sala estima necesario hacer las
siguientes precisiones:

a) Existencia: Se configura el interés privado cuando hay “exigencia
para la satisfacción de necesidades humanas” -Messineo, Tomo II,
p. 10 -, lo cual acontece cuando surgen v. gr.: ventajas o provechos
representados en derechos subjetivos, o en ventajas de tipo
reparativo positivo (como indemnización por daños o detrimento de
derechos) o negativo (reparación de gastos), o de tipo enriquecedor
(como ganancias, utilidades, provechos, derechos, etc.), o cuando
se refieren a la simple exoneración de desventajas (exoneración de
obligaciones, cargas, etc.).

b) Juridicidad: Se da cuando el interés privado, protegible de
ordinario, pero con la aptitud de afectar la transparencia, debido a
que siendo actual y estando amparado por la ley puede perturbar el
ánimo del interesado a actuar en su propio favor. Para ello debe
tenerse en cuenta que el interés: 1) Es actual, cuando se ha
adquirido y puede afectarse. De allí que por ausencia de este
requisito quede excluido el interés futuro. 2) Es jurídico, porque se
encuentra amparado por la ley. Por tanto, es inaceptable interés
originado en el roce meramente social (v. gr. el de comunicación o
trato) para generar conflicto de interés. y, 3) Es afectable, cuando
puede extinguirse o modificarse el que se tiene. En cambio, no se
da cuando el interés es inalienable (v. gr. La vida).

c) Privado: Se da cuando el interés es de naturaleza particular de
manera inequívoca y, por lo mismo, se descarta cuando se actúa
movido por el interés público o general -regulación abstracta en
general-. El interés puede ser individual o colectivo, referido en el
primer caso, por ej., a la propiedad particular y, en el segundo, al
interés común de los propietarios en una urbanización.

d) Titularidad: El interés debe radicar en el congresista o en su
cónyuge, compañero (a), pariente hasta el cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad, en el caso bajo estudio
[…]”21.

21
Consejo de Estado, Sala de Servicio y Consulta Civil, Concepto de 28 de abril de 2004, consejero ponente Flavio
Augusto Arce Rodríguez, Expediente núm. 1572; acogido y reiterado en Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, sentencias de 24 de agosto de 2006, Expediente núm. 2006-0003, consejero ponente Camilo
Arciniegas Andrade y de 22 de marzo de 2013, Expediente núm. 2012-00054, consejera ponente doctora María
Claudia Rojas Lasso.

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El segundo componente atañe a la naturaleza económica o moral del
interés que procura reprimir esta causal, ante los cuales la Sala Plena
ha explicado los siguientes criterios que la Sección prohíja:

“[…] El conflicto de intereses de índole económico tiene un
perfil mucho más claro habida cuenta de que los artículos
287 y 288 de la Ley 5ª de 1992 prescriben el deber de
registrar los intereses privados y la participación accionaria
que tenga el respectivo congresista, todo para que haya
transparencia respecto de la vida económica del congresista
frente al interés público que se debate en el Congreso y de
cara al pueblo.

No hay que olvidar que el artículo 133 de la Constitución dice que
los miembros de los cuerpos colegiados de elección directa
representan al pueblo y que deberán actuar consultando la justicia
y el bien común. De modo que el día en que colisionan los intereses
privados del congresista con el interés público inmerso en el debate,
en la decisión o en el voto habría un caso de conflicto de intereses,
conflicto que pretenden resolver las figuras del impedimento o de la
recusación. En efecto, de prosperar el impedimento o la recusación,
el congresista queda separado de la función para el caso específico,
con lo cual el ordenamiento pretende que el interés privado o
particular del congresista no subordine al interés público.

El conflicto de intereses de índole moral, en cambio, no
aparece nítidamente definido ni tiene un perfil claro en las
normas constitucionales y legales, como sí ocurre con el
conflicto de intereses de índole económico, lo que no
significa que no exista o que no pueda presentarse. Es más,
no se descarta que una determinada situación fáctica derive
simultáneamente tanto en un conflicto económico como en
un conflicto de tipo moral. Por un lado, es totalmente admisible
que el congresista, como cualquier ciudadano, ejerza o haya
ejercido derechos fundamentales y de ahí que tenga intereses
privados que deba cuidar. Por otro lado, la Constitución le ordena
que como congresista vote en pos del bien común y la justicia, vale
decir, en pos del interés general. En esa dinámica es factible el
enfrentamiento de intereses que debe evitarse, tal como se explicó.
Como no resulta conforme con los paradigmas de la ética pública
que en un momento dado se superpongan esos intereses, la
Constitución castiga el hecho de que el congresista omita denunciar
la existencia del conflicto de intereses, cuestión que queda en
evidencia cuando justamente el congresista vota, participa en un
debate o en una decisión trascendental estando de por medio
intereses personales de tipo económico o moral francamente

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incompatibles con el interés público relacionado con esa votación,
ese debate o esa decisión […]”22 (Negrillas y subrayas fuera de
texto).

El tercer componente alude a los asuntos o temas que son sometidos
a consideración e intervención del concejal que, lejos de
circunscribirse de forma exclusiva a los legislativos, también cobija
los electorales, judiciales, de control político, administrativos a su
cargo o, en general, que correspondan a decisiones trascendentales,
en cuanto hacen parte de las distintas facetas en las que aquél
termina interfiriendo, inevitablemente, por mandato constitucional y
legal. Por tanto, el impedimento para intervenir, siempre que lo
afecten, no solo se concreta en el ejercicio de las funciones
puramente político-administrativas de la corporación pública sino
cuando también se trate de las otras funciones de ese órgano como
son las de control político, judiciales y electorales, entre otras.

Por otra parte, el presupuesto “c” exige que, además de haberse
verificado la existencia del interés particular en cabeza del miembro
involucrado en el respectivo trámite, este participe efectivamente del
mismo, sin que hubiese manifestado su impedimento para actuar o
sin haber sido recusado para conseguir apartarlo del tema.

La participación efectiva en el trámite se materializa con el estudio,
decisión, debate, votación, censura y/o intervención en los asuntos
funcionales; en principio, el miembro de la corporación pública está

22
Cit. sentencia del 23 marzo de 2010 –Rad. 11001-03-15-000-2009-00198-00(PI). consejero ponente Doctor
Hugo Fernando Bastidas. Ver también sentencias AC-1499 de 26 de julio de 1994, consejero ponente Doctor Delio
Gómez Leyva; AC-3300 de 19 de marzo de 1996, consejero ponente Doctor Joaquín Barreto Ruiz; AC-3302 de 5
de marzo de 1996, consejero ponente Doctor Amado Gutiérrez Velásquez; AC-12262 de 26 de febrero de 2001,
consejero ponente Doctor Jesús María Carrillo Ballesteros; de 14 de mayo de 2002, Expediente núm. 2001-0211
(PI-031), consejero ponente Doctor Nicolás Pájaro Peñaranda; y de 20 de noviembre de 2007, Expediente núm.
2007-00286 (PI), consejero ponente Doctor Alejandro Ordóñez Maldonado.

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en la obligación de manifestar el impedimento cuando advierta la
existencia del eventual conflicto de intereses, de tal modo que le
permita al resto de sus compañeros definir o decidir el impedimento.
No se trata, como es obvio, de una decisión puramente discrecional
habida cuenta que, de todas las circunstancias de hecho que
pudieran configurar un interés privado de índole económico o moral,
surge la obligación de manifestar el consecuente impedimento23;
guardar silencio al respecto no impide la activación de la causal.

V.4.- Del caso concreto

V.4.1.- Análisis objetivo de los elementos configurantes del
conflicto de intereses en el caso concreto

V.4.1.1.- La Sala, con fundamento en el acervo probatorio allegado
al proceso y que guarda estrecha relación con el asunto sometido a
esta instancia24, pudo verificar lo siguiente:

La accionada, señora MARÍA ANGÉLICA GAVIRIA LONDOÑO, fue
elegida concejal de Itagüí (Antioquia), con el aval del Partido
Conservador Colombiano, para el período constitucional 2024-2027,
según consta en el formulario E-26 CON de 29 de octubre de 202325,
expedido por los miembros de la Comisión Escrutadora de la
REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, y credencial
E27 de 4 de noviembre de 2023, expedida por este órgano electoral.

23
Cit. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 23 marzo de 2010, número
único de radicación 11001-03-15-000-2009-00198-00(PI), consejero ponente Hugo Fernando Bastidas.
24
Tal como fue advertido al inicio de esta providencia, todas las pruebas recaudadas en el proceso reposan en el
en el sistema para la gestión judicial SAMAI.
25
Disponible [en línea]: [https://escrutinios-2023.registraduria.gov.co/actas-escrutinio].

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De conformidad con el registro civil de nacimiento 19197549 de 18
de octubre de 1992, la accionada es hija del señor NORBERTO
GAVIRIA ÁLVAREZ, esto es que entre los dos subsiste una relación
de parentesco por consanguinidad en primer grado.

Aparece el acta 008 de 12 de enero de 2024 de la sesión ordinaria
del Concejo de Itagüí (Antioquia), junto con su grabación en video,
realizada en el recinto de dicha corporación, en la cual consta la
verificación del quorum con la asistencia de 17 concejales, entre ellos
la accionada, así como el desarrollo del orden del día, que incluyó el
punto de proposiciones y comunicaciones y las intervenciones de los
miembros de la corporación.

En el punto 5 del orden del día ‘PROPOSICIONES Y
COMUNICACIONES’, el concejal JORGE IVÁN RESTREPO ARIAS,
secundado por otros concejales, formuló la propuesta para hacerle
un reconocimiento al señor NORBERTO GAVIRIA ÁLVAREZ,
exconcejal de esa corporación, así:

“[…] 5. PROPOSICIONES Y COMUNICACIONES

JORGE IVÁN RESTREPO ARIAS: Para proponer señor
presidente un homenaje a un amigo que compartió
conmigo aquí 2 periodos, 25 años sirviéndole a Itagüí
desde el concejo, pero también en su vida social en
parte de la Aldea, parte de Terranova, Calatrava, todos
esos sectores, a mi amigo Norberto Gaviria Álvarez, acá
nos dejó un legado a María Angelica un hombre que
trabaja con pasión, con dedicación, con esmero y que
había que verlo aquí madrugando, antes de que
llegáramos todos ya Norberto estaba aquí sentado, yo
creo como integrante del Partido Conservador un buen
homenaje a un hombre que le ha aportado a la ciudad
y que nos ha dejado muchas enseñanzas, entre ellas una
frase muy simbólica ‘no tengo con que quedarme, ahora con

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que irme’, eso de verdad que es fruto de un trabajo de un
hombre que cuando aquí hablaba o aportaba dejaba un buen
mensaje no solamente para cada uno de nosotros sino para
la ciudad, un hombre entregado como decía el amigo del
pueblo, en un gran momento María Angélica, entonces
felicitar desde aquí a mi amigo Norberto y proponer
como miembro del Partido Conservador, concejal, este
homenaje muy merecido a un hombre que le ha
aportado a la ciudad y sobre todo a este concejo,
gracias.

ANDRÉS CAMILO ARCILA PÉREZ: Perdón presidente le
pido la interpelación. Gracias compañero y presidente.
Unirme también a esa propuesta suya señor concejal
en honor a un hombre sabio que ocupó esa curul que
Usted ocupa hoy María Angélica con mucho honor y
que sin duda nos dejó grandes enseñanzas, con su
paciencia, con su sabiduría, con su inteligencia
emocional porque fue un hombre que siempre estuvo
bien puesto ahí, agradecerle a Norberto y enviarle un
saludo desde la distancia, un abrazo.

ELKIN DE JESÚS ZULETA ESTRADA: Presidente, yo no
puedo dejar pasar unirme a esa proposición del concejal Jorge
Iván ya que tuve la posibilidad de compartir durante tantos
años, y además de eso una gran amistad con mi
compañero Norberto, claro que si, desde ya mi voto
positivo a esa proposición, a esa persona que se lo
merece, gran amigo, respetuoso, gracias señor
presidente.

PRESIDENTE: En consideración la proposición, anuncio
que se va a cerrar, queda cerrada, la aprueba el
honorable concejo.

SECRETARIO: Ha sido aprobada la proposición señor
presidente […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).

Se observa, entonces, que fue aprobada la referida proposición de
reconocimiento cívico al señor NORBERTO GAVIRIA ÁLVAREZ, por
parte de la plenaria del Concejo de Itagüí (Antioquia), de la cual hizo

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parte su hija, la concejal accionada, quien estuvo presente y no
manifestó impedimento en torno al referido asunto sometido a su
conocimiento.

Luego de aprobada esta proposición por la plenaria, aparece el
formato de solicitud de exaltación del Concejo de Itagüí (Antioquia)
de 19 de febrero (sic) de 2024, con el que se refrendó la postulación
del señor NORBERTO GAVIRIA ÁLVAREZ para ser objeto de
reconocimiento, en el que se consignaron sus datos generales y la
relación de méritos, entre los cuales se incluyeron su desempeño
como concejal durante 7 periodos consecutivos, sus 25 años de labor
política y sus aportes al desarrollo político del municipio. Asimismo,
en el documento se indicó como postulante al concejal JORGE IVÁN
RESTREPO ARIAS, se señaló la fecha propuesta para la ceremonia
de imposición (19 de enero de 2024) y se registró la aprobación de
la solicitud en el espacio destinado para la decisión.

Posteriormente, fue expedida la Resolución 002 de 19 de enero de
2024 por la mesa directiva de ese cabildo, “[…] por medio de la cual
se exalta con la condecoración Concejo Municipal de Itagüí, honor al
mérito político y humano […]”, con la que se resolvió exaltar con la
condecoración ‘Concejo municipal de Itagüí, honor al mérito político
y humano’ al señor NORBERTO GAVIRIA ÁLVAREZ, incluyéndose
en su parte considerativa su trayectoria y aportes al desarrollo de la
comunidad.

En acta 013 de 19 de enero de 2024, de la sesión ordinaria del
Concejo de Itagüí (Antioquia), que cuenta con grabación en video,
llevada a cabo en el recinto de dicha corporación, consta la

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verificación del quorum con asistencia de 17 concejales, entre ellos
la accionada, así como el desarrollo del orden del día, dentro del cual
se incluyó el acto de exaltación al señor NORBERTO GAVIRIA
ÁLVAREZ por sus 25 años como concejal de ese municipio, la lectura
de la Resolución 002 de 19 de enero de 2024 y la imposición de la
condecoración ‘Concejo Municipal Honor al Mérito Político y Humano’,
junto con las intervenciones realizadas en dicho acto.

En el punto 4 del orden día ‘ACTO DE EXALTACIÓN AL SEÑOR
NORBERTO GAVIRIA ÁLVAREZ POR SUS 25 AÑOS COMO CONCEJAL
DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ’, se llevó a cabo dicho reconocimiento y
se impuso la condecoración al señor NORBERTO GAVIRIA
ÁLVAREZ con la participación de su hija, la concejal accionada, así:

“[…] 4.3. LECTURA DE LA RESOLUCIÓN 002 DE 2024 E
IMPOSICIÓN DE LA CONDECORACIÓN CONCEJO
MUNICIPAL HONOR AL MERITO POLÍTICO Y HUMANO

SECRETARIO, da lectura de la resolución en mención.
(…)

PRESIDENTE: Bueno, muchas gracias. Vamos a darle el uso a la
palabra, a nuestra querida concejal María Angélica.

MARÍA A. GAVIRIA LONDOÑO: Buenas tardes nuevamente para
todos los presentes, mesa directiva, concejales a todo nuestro grupo
de trabajo. Gracias por estar acá, muchísimas gracias a todos los
que pudieron llegar, a los que nos ven por redes sociales
muchísimas gracias. La verdad es un motivo de felicidad estar aquí
hoy reunida y como lo dije una vez el 2 de enero, cuando por
primera vez me senté en esa curul, es un motivo de orgullo, alegría,
de vibración, del corazón de felicidad tenerte aquí hoy papi, a mi
madre, a Carola, a mi esposo, a todo el equipo, doctor Guillermo,
Johann y demás. Y no podría decir los nombres porque se me van
perdiendo y no quiero quedar mal con ninguno. Pero el cariño y el
agradecimiento créanlo que es para todos, se quedan siempre en
mi corazón, hoy en el día del cumpleaños de ambos, porque ambos
cumplimos hoy 19 de enero y yo no sé qué nos dijo la vida con esto,
pero para mí es una conexión gigante. Para mí es un mensaje de no

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solo de un legado de padre e hija, sino algo muy especial. Y hablar
de Norberto Gaviria mi padre, aunque muchos pueden decir, ah, no
es sencillo porque lo conoce, porque ha estado con él, ha trabajado
con él y ha recibido un legado increíble, de trabajo social, de cariño,
amor por la gente, de ir a las comunidades, de aprender cada día
de ellos no es fácil porque no es sencillo uno poner pocas palabras
o pocos, muchísimos sentimientos en pocas palabras, pero decirle
pa gracias, gracias por estos 25 años de ser concejal del municipio
de Itagüí, por todo el tiempo que ha trabajado por la comunidad del
municipio, Usted se lo merece. Y cuando escuchaba hoy las palabras
del padre Faber, también hablaba del legado del rey a su hijo y
juntos le pedíamos a al divino Ecce Homo que nos diera la sabiduría
y que nos diera el poder volver ser concejal, porque yo lo dije, esa
curul la compartimos mi papá y yo, porque se lo ha merecido,
porque se lo merece, porque trabajamos juntos, porque me han
enseñado a amar a la comunidad de Itagüí. Soy itagüiceña y gracias
a Dios y a la vida, mi madre, que está acá también hoy también
cumples 35 años madre de ser madre, gracias por regalarme la
vida, pero más que todo decirles a todos que ustedes también hacen
parte de este llamado a decirle, gracias, muchas gracias papi,
gracias a todos por estar acá […]”.

Con oficio suscrito por el presidente del Concejo de Itagüí
(Antioquia), de 28 de noviembre de 2025, dirigido a la accionada, se
consignaron manifestaciones relacionadas con (i) la hoja de vida de
la concejal y su posesión en enero de 2024; (ii) la existencia de
funcionarios y contratistas del concejo con profesión de abogado
durante el año 2024; (iii) la relación de concejales para el periodo
2024-2027; (iv) el personal jurídico vinculado al concejo durante el
mes de enero de 2024; y (v) la ausencia de advertencias o
recusaciones formuladas a la concejal en las sesiones de ese periodo,
incluyendo aquella en la que se aprobó la proposición de
condecoración al padre de la accionada, señor NORBERTO
GAVIRIA ÁLVAREZ.

Está el Acuerdo 011 de 5 de diciembre de 2006 del Concejo de Itagüí
(Antioquia), “[…] por medio del cual se reglamenta la condecoración

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Concejo Municipal de Itagüí […]”, en el que se establecen, entre otros
aspectos, el objeto de la condecoración, la competencia de la mesa
directiva para otorgarla mediante resolución, las categorías de
reconocimiento, el diseño de la medalla, el trámite de postulación.

V.4.1.2.- Teniendo en cuenta los hechos probados en el proceso, la
Sala recuerda que la jurisprudencia de la Corporación ha explicado
que el reconocimiento público de honores involucra necesariamente
intereses de índole moral, porque tiene relación directa con el
nombre como atributo de la personalidad jurídica, y una especial
incidencia en el buen nombre de las personas, previsto como derecho
fundamental en el artículo 15 de la Constitución Política, y que hace
referencia a la reputación, la buena fama, o el mérito que los
miembros de la sociedad otorgan a una persona26.

Al respecto, la Sección Primera de la Corporación, en sentencia
proferida el 4 de septiembre de 2025, confirmó la providencia de 20
de febrero de 2025 del Tribunal Administrativo de Antioquia en la que
se decretó la pérdida de investidura del concejal allí accionado por
incurrir en la causal de conflicto de intereses, de tipo moral, porque
votó la proposición de rendir homenaje a uno de sus parientes en
primer grado de consanguinidad.

La Sección explicó lo siguiente frente a la configuración del elemento
objetivo de la causal invocada, con relación al conflicto de interés de
tipo moral:

26
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 4 de septiembre de
2025, número único de radicación 05001233300020250001701, consejero ponente Pablo Andrés Córdoba Acosta.
Reiterado en sentencia de 28 de mayo de 2026, número único de radicación 05001233300020250136701
(05001233300020250137301 acumulado), consejero ponente Carlos Fernando Mantilla Navarro.

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[…] 36. Si bien las circunstancias morales que dan lugar a la
existencia de un conflicto de intereses tienen límites menos claros
que aquellas de orden económico que dan lugar a él, lo cierto es que
el reconocimiento público de honores involucra necesariamente
intereses de índole moral, porque tiene relación directa con el
nombre como atributo de la personalidad jurídica, y una especial
incidencia en el buen nombre de las personas, previsto como
derecho fundamental en el artículo 15 de la Constitución Política, y
que hace referencia a la reputación, la buena fama, o el mérito que
los miembros de la sociedad otorgan a una persona.
(…)

39. En ese orden, el nombre como atributo de la personalidad y el
derecho al buen nombre, inherentes al ser humano, constituyen el
núcleo del interés moral que queda involucrado cuando las
autoridades exaltan el valor que una determinada persona
representa para la sociedad, porque ese reconocimiento tiene la
virtualidad de afectar positivamente la reputación, la buena fama y
el mérito con que lo reconoce y valora el resto de la colectividad.

40. Con las precisiones anteriores y descendiendo al caso
concreto, en lo sustantivo la Sala concluye que: el homenaje
que fue considerado y aprobado en la sesión de 25 de
noviembre de 2024 per se representaba un interés de índole
moral para los señores Javier Alberto Orrego Zuluaga y
Javier de Jesús Orrego Arango, puesto que su objeto y
finalidad era destacar, pública y oficialmente, los valores
humanos y sociales de este último, y el servicio que a lo largo
de su vida le prestó al municipio, como dignos de ejemplo
para la comunidad de Yarumal […]27 (Negrillas y subrayas fuera
de texto).

Seguidamente, consideró que dicho interés moral cumplía con las
características de ser directo, particular e inmediato, así:

[…] 46. Atendiendo los anteriores conceptos y las pruebas
documentales ya señaladas, la Sala encuentra que la
proposición considerada y aprobada en la sesión del 25 de
noviembre de 2024, sí representaba un interés directo
porque encuentra su fuente en el ejercicio de una función
que le fue encomendada al concejal, consistente en
considerar y votar una proposición sometida al
conocimiento de la plenaria del cabildo.

27
Idem.

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47. Ese interés es particular tanto para el concejal Javier
Alberto Orrego Zuluaga como para su padre, el señor Javier
de Jesús Orrego Arango, porque se acreditó que la
proposición estaba dirigida a exaltar y enaltecer a este
último; circunstancia que, como ya se dijo, tiene efecto
positivo, concreto y subjetivo respecto del concejal y su
padre: por un lado, en el reconocimiento generalizado del
buen nombre y la buena reputación del señor Javier de Jesús
Orrego Arango como miembro destacado y ejemplar de esa
comunidad municipal; y, por el otro, en la notoriedad y el
prestigio del nombre familiar en el municipio de Yarumal,
que recae directamente, entre otros, sobre sus hijos como
parientes en primer grado de consanguinidad.

48. Asimismo, dicho interés reúne el carácter de actual o
inmediato porque nació y se materializó en el mismo
momento en que se efectuó la proposición, la misma que fue
considerada y aprobada por unanimidad en dicha sesión, con
el concurso del concejal Javier Alberto Orrego Zuluaga, de manera
que, en ese momento, como efecto inmediato tuvo lugar la
expedición de la Resolución núm. 39 de 29 de noviembre de 2024
de la mesa directiva, suscrita por el concejal Orrego Zuluaga como
presidente del cabildo, en cumplimiento de la decisión de exaltar y
enaltecer a su padre, adoptada por la plenaria con su participación
(…)

66. De acuerdo con todo lo anterior, la Sala no tiene duda alguna
de que en el plenario se probó con suficiencia que, (i) el concejal se
encontraba incurso en un conflicto de intereses, debido al interés
directo, particular y actual que surgió para su padre con ocasión de
ser el destinatario del reconocimiento de honor que debía aprobar
la plenaria del Concejo de Yarumal; (ii) esa especial circunstancia
en la que se encontraba el concejal, por razón del parentesco y la
afectación al buen nombre de su padre, lo compelía a cumplir con
el deber previsto en el artículo 70 de la Ley 136, de declararse
impedido; (iii) ello no ocurrió y por el contrario participó de la
consideración de la proposición, integrando el quorum y votando la
aprobación de la misma en la sesión de 25 de noviembre de 2024,
(iv) el asunto compete al cabildo, y, por ende, al ejercicio funcional
que como miembro del cabildo le correspondía ejercer; conforme
con esto se encuentra plenamente acreditada la violación del
régimen del conflicto de intereses prevista en el numeral 2 del
artículo 55 de la Ley 136 […]”28 (Negrillas y subrayas fuera de
texto).

28
Idem.

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Particularmente, en la sentencia C-738 de 200129, la Corte señaló
que las atribuciones ejercidas por los concejos deben entenderse
como funciones administrativas, sujetas a los límites
constitucionales, pero no necesariamente previstas de manera
explícita en la ley; asimismo, en la sentencia C-098 de 201930, la
Corte reconoció que estas corporaciones pueden reglamentar
funciones en su territorio sin necesidad de una ley previa, siempre
que no se invadan competencias reservadas al legislador; y en la
sentencia C-353A de 202131 reafirmó que el núcleo básico de
competencias de los concejos no puede ser vaciado por el legislador,
lo que implica que tienen un margen de acción para adoptar
decisiones que no estén expresamente previstas, siempre que
respeten el principio de legalidad.

En ese orden, la Sala observa que los actos administrativos
simbólicos, como los reconocimientos, menciones o distinciones de
honor a personas, como el que dio lugar a este proceso, constituyen
ejercicio de las función administrativa y de representación que tienen
los concejos municipales, y en virtud del principio de autonomía
territorial pueden ser considerados y expedidos por estas
corporaciones sin necesidad de autorización legal, puesto que se
trata de un asunto propio del autogobierno de los intereses
territoriales que la Constitución o la ley no le reservó al legislador32.

En este punto de la apelación, la recurrente controvirtió que no se
allegó prueba que acreditara la existencia de un interés directo,

29
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia de 30 de noviembre de 1995. MP. Eduardo Cifuentes Muñoz.
30
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia de 6 de marzo de 2019. MP. Alberto Rojas Ríos.
31
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia de 15 de octubre de 2021. MP. Alberto Rojas Ríos.
32
Cit., sentencia de 4 de septiembre de 2025, número único de radicación 41001233300020250001701,
consejero ponente Pablo Andrés Córdoba Acosta.

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particular y actual en su contra; sin embargo, no le asiste razón por
cuanto en este caso, el interés radicó en que la aprobación en la
plenaria del Concejo de Itagüí (Antioquia), con su anuencia, de la
proposición para reconocer y exaltar a su padre, el señor
NORBERTO GAVIRIA ÁLVAREZ, así como la conformación de
quorum y su participación directa en la sesión en la que se le entregó
el citado galardón, tienen relación directa con su nombre como
atributo de la personalidad jurídica, y una especial incidencia en su
buen nombre, el cual, como se indicó, hace referencia a la
reputación, la buena fama, o el mérito que los miembros de la
sociedad otorgan a una persona, por lo que la circunstancia de
reconocerlo constituyó el núcleo de un evidente interés moral.

En efecto, si bien esa proposición fue presentada por otro concejal —
señor JORGE IVÁN RESTREPO ARIAS— lo cierto es que fue puesta
a consideración de la plenaria y aprobada en la sesión de 12 de enero
de 2024 con la aquiescencia de la accionada, lo que, sumado a su
intervención en la imposición de la condecoración el 19 de enero de
2024, durante un punto del orden del día de una sesión ordinaria de
esa corporación pública, le representaron un interés directo porque
encontró su fuente en el ejercicio de una función encomendada en
ejercicio de su cargo público, consistente en considerar y votar una
proposición sometida al conocimiento de la plenaria del cabildo,
interés que resultó particular tanto para ella como para su padre
porque la proposición estaba dirigida a exaltarlo y enaltecerlo,
circunstancia con efecto positivo, concreto y subjetivo respecto de
ambos: por un lado, en el reconocimiento generalizado del buen
nombre y la buena reputación del señor NORBERTO GAVIRIA
ÁLVAREZ como miembro destacado y ejemplar de esa comunidad

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municipal; y, por el otro, en la notoriedad y el prestigio del nombre
familiar en Itagüí (Antioquia) que recae, directamente, entre otros,
sobre su hija como pariente en primer grado de consanguinidad.

Dicho interés, por su parte, también reúne el carácter de actual o
inmediato porque nació y se materializó en el mismo momento en
que se efectuó la proposición, la que fue considerada y aprobada por
unanimidad en dicha sesión con el concurso de la accionada, de
manera que tuvo lugar la expedición de la Resolución 002 de 19 de
enero de 2024 del Concejo de Itagüí (Antioquia), suscrita por su
mesa directiva, en cumplimiento de la decisión de exaltar y enaltecer
a su padre, adoptada previamente por la plenaria con su
participación.

Si bien la concejal alega la existencia de un eventual vicio en el
trámite, relacionado con la exigencia de que la proposición fuera
presentada por escrito por el presidente de la corporación, lo cierto
es que, como lo advirtió el Tribunal, esa circunstancia no está
acreditada en el expediente y tampoco obra prueba de que las
decisiones adoptadas en dicha sesión carecieran de efectos jurídicos
o hubiesen sido objeto de anulación o corrección formal, por lo que
mantienen su validez y eficacia dentro del trámite de reconocimiento
adelantado por la corporación, sin perjuicio de mencionar que el
proceso de desinvestidura no es el escenario para debatir su
legalidad.

La apelante sostuvo que el testigo concejal JORGE IVÁN RESTREPO
ARIAS declaró haber sido advertido por el secretario de que la
iniciativa no tendría curso por no haberse presentado por escrito

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conforme al referido acuerdo; que el testigo GUILLERMO LEÓN
RESTREPO, secretario de Educación de Itagüí (Antioquia), expuso
en su testimonio que su orientación fue que se formalizara el trámite
conforme al acuerdo que reglamentaba las exaltaciones; que el señor
GUSTAVO ADOLFO BETANCUR, secretario del Concejo, ratificó la
vigencia del Acuerdo 011 de 5 de diciembre de 2006, y precisó que
la proposición del 12 de enero de 2024 no produjo efectos y que la
condecoración fue producto de la solicitud del concejal JORGE IVÁN
RESTREPO ARIAS y de la aprobación de la mesa directiva mediante
la Resolución 002 de 19 de enero de 2024, aclarando que los
concejales no votaron, precisamente, por ser competencia de esa
mesa directiva. Y que el presidente del Concejo, vigencia 2024,
BAYRON DE JESÚS CARO LUJÁN, sostuvo que a la proposición no
se le dio trámite porque no cumplía el reglamento y que el concejal
JORGE IVÁN RESTREPO ARIAS subsanó el asunto al hacerlo por
escrito ante la presidencia, concluyendo que para él la actuación del
12 de enero no tuvo efectos.

En efecto, la accionada invoca que todos estos testimonios fueron
consistentes y coincidentes en que no tuvo nada que ver en la
proposición de la exaltación al señor NORBERTO GAVIRIA
ÁLVAREZ porque no participó en la postulación ni en la aprobación
de la condecoración de su padre el 19 de enero de 2024, por parte
del Concejo de Itagüí (Antioquia), condecoración que por demás no
le trajo rédito económico, ni político, ni moral, ni social, adulto mayor
retirado de toda actividad social y comunitaria en ese municipio.

Al respecto, la Sala reitera que lo manifestado por el concejal JORGE
IVÁN RESTREPO ARIAS, respecto de haber sido advertido por el

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secretario del Concejo al final de la sesión de 12 de enero de 2024,
de que dicha iniciativa no tendría curso por no haberse presentado
por escrito según lo previsto en el Acuerdo 011 de 5 de diciembre de
2006, resulta ser una afirmación que no encuentra respaldo en el
material probatorio obrante en el expediente.

En efecto, del contenido del acta 008 de 12 de enero de 2024 no se
desprende que se hubiera formulado advertencia alguna en ese
sentido durante el desarrollo de la sesión ni al final de esta. Por el
contrario, en dicha acta se dejó constancia de que la proposición se
sometió a consideración de la plenaria y aprobada, con la
participación de los concejales presentes, entre ellos la accionada. Y
si bien el mencionado testigo allegó un documento denominado
‘solicitud de exaltación’, tramitado de manera posterior, el 19 de
enero de 2024, tal documento no altera los efectos de la forma como
se desarrolló la sesión, lo que allí se aprobó, así como tampoco releva
lo sucedido en la sesión de 19 de enero en la que, con el quorum de
la concejal y su actuación decidida, sin declararse impedida, se
impuso la condecoración a su padre.

Y es que, en el caso concreto, la Sala no pasa por alto que la
exaltación o distinción de honor al exconcejal NORBERTO GAVIRIA
ÁLVAREZ, ante las particularidades que rodearon su extensa
trayectoria en el cabildo municipal durante 25 años de servicio y su
amplio reconocimiento en Itagüí (Antioquia), hicieron que la plenaria
del Concejo decidiera imponerle la condecoración durante la
formalidad de una sesión ordinaria —la de 19 de enero de 2024—
previa verificación del quorum y asistencia de su hija, todo lo cual
también evidencia un conflicto entre su interés particular de orden

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moral y de tipo familiar, con el interés público que debía proteger en
el desarrollo de dicha reunión plenaria en sede oficial de la
corporación territorial, orden del día para el que fueron convocados
todos sus miembros, con sus respectivas consecuencias de
asistencia33.

Constituyó ese acto de exaltación de 19 de enero de 2024, en el caso
particular, un claro ejercicio de las funciones administrativa y de
representación que ostentan los concejos; y que en virtud del citado
principio de autonomía territorial, fue ejecutado sin necesidad de
autorización legal, al tratarse de un asunto propio del autogobierno
de los intereses territoriales que la Constitución o la ley no le reservó
al legislador, actuación de la que debió apartarse la accionada o, al
menos, haber manifestado su impedimento para con ello alejarse del
gesto de reconocimiento que el Concejo de Itagüí (Antioquia) tuvo
con su padre34, sin que le implicara la confrontación de intereses que
ahora se le censura.

Los testimonios rendidos, en cuanto procuran exculpar a la accionada
porque, aparentemente, ‘no tuvo nada que ver’ con el
reconocimiento de su padre y porque supuestamente se surtió un
trámite contrario a lo previsto en el Acuerdo 011 de 5 de diciembre
de 2006, no resultan pruebas suficientes para desvirtuar lo

33
Acuerdo 011 de 5 de diciembre de 2006: “[…] Artículo Sexto: Ceremonia de imposición: La imposición de
la condecoración Concejo Municipal de Itagüí procederá mediante entrega personal al galardonado o su
representante, en ceremonia que tendrá lugar preferentemente en el recinto de la Corporación,
mediante convocatoria pública y asistencia del pleno de los concejales. No obstante, la ceremonia de
imposición podrá adelantarse en otro escenario, si así lo solicitan los proponentes y lo aprueba la Mesa Directiva.
Durante el desarrollo de dicha ceremonia solo el presidente del concejo o su delegado llevará la vocería en
representación de la corporación. Los demás concejales y funcionarios se expresarán mediante mensajes escritos
que podrán leerse durante el acto y que en todo caso se entregarán al galardonado o su representante […]”
(Negrillas y subrayas fuera de texto).
34
Acuerdo 011 de 5 de diciembre de 2006: “[…] Artículo Décimo. Presupuesto: Los gastos que demande
el cumplimiento del presente acuerdo serán con cargo al presupuesto del concejo […]” (Negrillas y
subrayas fuera de texto).

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consignado en las actas de las sesiones de 12 y 19 de enero de 2024,
menos aún para restarle eficacia a la actuación surtida en ese
escenario, lo que refuerza la validez de lo actuado y la participación
efectiva de la concejal en la decisión adoptada que contravino los
intereses públicos que juró defender con los suyos particulares.

En tal sentido, si bien el artículo segundo del Acuerdo 011 de 5 de
diciembre de 2006 establece que es la mesa directiva la competente
para expedir el acto por medio del cual se otorga la condecoración
‘Concejo municipal de Itagüí’, lo cierto es que exige previa
postulación sustentada por uno o más concejales, en la que se haga
una relación ilustrada y comprobada de hechos que le den origen,
todo lo cual ocurrió en la sesión de 12 de enero de 2024 en la que,
como se pudo comprobar, fue sometida a consideración la iniciativa
de homenajear al señor NORBERTO GAVIRIA ÁLVAREZ, lo cual
obtuvo aprobación sin contratiempos, con la presencia de la
accionada, sin su impedimento, para que el trámite surtiera su curso
vía acto administrativo expedido por su mesa directiva —Resolución
002 de 19 de enero de 2024—.

En punto de lo anterior, está claro que la concejal MARÍA ANGÉLICA
GAVIRIA LONDOÑO tenía el deber de manifestar su impedimento
ante la corporación pública para evitar que la consideración y
aprobación de la proposición de rendirle homenaje a su padre se
realizara contraviniendo los principios de transparencia, objetividad
e imparcialidad en la toma de esa decisión de rendir homenaje a su
progenitor, los cuales debió privilegiar por razón de su investidura
como servidora pública de elección popular.

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En consecuencia, como a la concejal le asistía un interés de tipo
moral en la decisión de aprobar el reconocimiento o exaltación de su
padre, debió manifestar su impedimento, pero, al no hacerlo, incurrió
objetivamente en la causal de conflicto de intereses, toda vez que,
como se indicó, el núcleo esencial del interés moral, que no
económico, radicó en que el concejo con su participación aprobó la
exaltación o reconocimiento a su padre, el señor NORBERTO
GAVIRIA ÁLVAREZ, hizo parte del quorum decisorio y tuvo
intervención en el desarrollo de la sesión en la que se consideró y
aprobó el homenaje, todo lo cual resulta suficiente, conforme a la
jurisprudencia reiterada, para tener por configurado este elemento,
sin que sea exigible una participación más elocuente en el sentido de
la decisión adoptada.

Por lo expuesto, los argumentos expuestos por el recurrente, en este
punto de la apelación, no tienen vocación de prosperidad.

V.4.2.- Análisis subjetivo de la conducta del accionado

En cuanto al análisis de culpabilidad del concejal MARÍA ANGÉLICA
GAVIRIA LONDOÑO, se reiteran, de forma previa, los criterios
elaborados por la Sala en sentencia de 25 de mayo de 201735, que
al tenor indicó:

“[…] En cuanto al análisis subjetivo de la conducta desplegada por
el señor MARIO HINESTROZA ANGULO, en medio del respeto a sus
garantías al Debido Proceso sancionatorio y en aras de establecerse
si en aquélla estuvo presente o no el elemento de la culpabilidad en
los términos explicados, se recuerda y reitera lo considerado

35
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, consejera ponente María Elizabeth
García González, sentencia de 25 de mayo de 2017, número único de radicado 81001-23-39-000-2015-00081-
01(PI).

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recientemente por la Corte Constitucional en su sentencia SU424 de
2016:

“[…] 33. De este capítulo resultan relevantes las siguientes
conclusiones:

• La pérdida de investidura es una acción pública36, que comporta
un juicio de naturaleza ética que tiene como propósito
proteger la dignidad del cargo que ocupan los miembros de
cuerpos colegiados, y permite imponer como sanción no solo la
desvinculación de un congresista de su cargo de elección popular,
sino también la imposibilidad futura de volver a ocupar un
cargo de la misma naturaleza, si éste llega a incurrir en
alguna de las causales de procedencia de la figura señaladas
en la Carta Política.

• Son causales de pérdida de investidura37: el incumplimiento de los
deberes inherentes a su cargo, la violación del régimen de
inhabilidades e incompatibilidades38; la indebida destinación de
dineros públicos39; el conflicto de intereses40 y el tráfico de
influencias debidamente comprobado41.

• La gravedad de la sanción que se impone, exige que el proceso de
pérdida de investidura se lleve a cabo con observancia del
debido proceso, particularmente, de los principios pro
homine, in dubio pro reo, de legalidad (las causales son
taxativas y no hay lugar a aplicar normas por analogía),
objetividad, razonabilidad, favorabilidad, proporcionalidad y
culpabilidad.

34. Los presupuestos anteriores permiten a la Corte concluir que el
análisis de responsabilidad que realiza el juez en el proceso
sancionatorio de pérdida de investidura es subjetivo, pues en un
Estado de Derecho los juicios que implican un reproche sancionador,
por regla general, no pueden operar bajo un sistema de
responsabilidad objetiva, y las sanciones que se adopten en
ejercicio del ius puniendi deberán verificar la ocurrencia de
una conducta regulada en la ley (principio de legalidad o
tipicidad), contraria al ordenamiento jurídico (principio de
antijuridicidad) y culpable.

36
Corte Constitucional Sentencia SU-1159 de 2003. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
37
Art. 183 de la Carta Política. Sin embargo, otra causal también es la consagrada en el artículo 110 constitucional
relacionada con la prohibición a quienes desempeñan funciones públicas, de hacer contribuciones a partidos,
candidatos o movimientos políticos.
38
Art. 179 (El numeral 8 de este artículo fue modificado por el Acto Legislativo 01 de 2003); 180, 181 y 183 de la
Constitución Política.
39
Art. 183 de la Constitución Política.
40
Art. 182 y 183 de la Constitución Política.
41
Art. 183 C.P. Al respecto puede consultarse la sentencia C-207 de 2003. M.P. Rodrigo Escobar Gil.

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Así pues, en lo aquí pertinente, tras verificar la configuración de la
causal, el juez de pérdida de investidura examina si en el caso
particular se configura el elemento de culpabilidad (dolo o
culpa) de quien ostenta la dignidad, esto es, atiende a las
circunstancias particulares en las que se presentó la
conducta y analiza si el demandado conocía o debía conocer
de la actuación que desarrolló y si su voluntad se enderezó
a esa acción u omisión.

En ese sentido, el juez de este proceso sancionatorio debe
determinar si se configura la causal y si a pesar de que ésta
aparezca acreditada, existe alguna circunstancia que
excluya la responsabilidad del sujeto, bien sea porque haya
actuado de buena fe o, en caso de que la causal lo admita,
se esté ante una situación de caso fortuito o fuerza mayor, o
en general exista alguna circunstancia que permita
descartar la culpa.
(…)
Así pues, en el primero de estos se juzga la ruptura del pacto político
existente entre el elector y el elegido, que es un elemento
fundamental de la democracia representativa. En efecto, cuando
el candidato se presenta ante el electorado hace una
declaración de no estar incurso en causal de inhabilidad que
impida su elección y si tal declaración no es cierta, el elegido
viola ese pacto político, evento en el que procede la pérdida
de la investidura, cuya finalidad es preservar la legitimidad
de las instituciones de la sociedad política.
(…)
85. Así, la Sala encuentra que la sanción de pérdida de investidura
impuesta por la Sala Plena del Consejo de Estado a los ahora
accionantes generó un defecto sustantivo en la sentencia porque
omitió la aplicación de una norma claramente aplicable al caso. En
efecto, como se vio en los fundamentos jurídicos 24 a 34 de
esta providencia, el proceso sancionador de pérdida de
investidura exige la aplicación del principio de culpabilidad,
pese a lo cual ese elemento no fue valorado en los procesos
y, por el contrario, se impuso la responsabilidad objetiva en
este asunto. Son cuatro las premisas que apoyan esa conclusión:

La primera: en virtud de lo dispuesto en el artículo 29
Superior, por regla general, los procesos sancionadores
proscriben la responsabilidad objetiva. En efecto, salvo algunos
casos propios del derecho administrativo sancionador en los que aún
se ha admitido la responsabilidad únicamente por el resultado, en
los procesos que tienen por objeto reprochar y castigar la realización
de una conducta prohibida o restringida, la valoración de la culpa es
determinante e ineludible, pues no hay pena ni sanción sin culpa.

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En consecuencia, si el proceso de pérdida de investidura
impone la sanción más gravosa para el ejercicio del derecho
a ser elegido de un ciudadano y el derecho a elegir al
candidato del electorado, tal es la prohibición vitalicia para
aspirar a cargos de elección popular, es lógico entender que
las garantías del debido proceso sancionador también deben
ser aplicadas al proceso de pérdida de investidura. Luego, el
principio de culpabilidad en el proceso de pérdida de
investidura constituye una norma aplicable, de inevitable
observancia.

La segunda: el hecho de que una misma causal de inhabilidad pueda
interpretarse y aplicarse a la misma situación fáctica en dos
procesos distintos (el de nulidad electoral y el de pérdida de
investidura), exige reglas de coherencia y certeza en el derecho que
otorgue un sentido útil a la autonomía de los procesos diseñados
para el efecto. De esta manera, la diferencia sustancial, y no
solo formal, entre los procesos electoral y de pérdida de
investidura, consistiría en valorar el tipo de reproche a
efectuar, pues mientras en el primero la consecuencia puede
medirse únicamente por el resultado, en el segundo es
indispensable evaluar la conducta y la intención en la
producción del resultado. Dicho en otras palabras, mientras
el juicio electoral evalúa la adecuación de la causal de
inhabilidad en forma objetiva (estaba o no estaba
inhabilitado), el juicio constitucional de pérdida de
investidura analiza la adecuación de la causal de inhabilidad
en forma subjetiva, esto es, con culpa del demandado (sabía
o debía saber que estaba inhabilitado).

La tercera: la Sala Plena del Consejo de Estado impuso la sanción
de pérdida de investidura a los accionantes sin valorar la ausencia
de culpa en la configuración de la causal de inhabilidad aplicada. Por
la conducta asumida por los demandantes en este caso es
fácil inferir que se inscribieron al cargo de elección popular
con la convicción de que no se encontraban inhabilitados
para su ejercicio. Las sentencias reprochadas soslayaron el
hecho de que los accionantes no solo fueron diligentes en la
averiguación del estado actual de la jurisprudencia en torno
a la interpretación de la causal en debate, sino también
actuaron con sujeción al precedente vigente y vinculante de
la Sección Quinta del Consejo de Estado.
(…)
La cuarta: si como se expuso anteriormente, en el proceso de
pérdida de investidura deben aplicarse los principios del derecho
sancionatorio, dado que la sanción impone la restricción perpetua
de los derechos políticos, era obligatorio dotar de amplias garantías
el procedimiento jurisdiccional. En ese sentido, en virtud del artículo

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29 de la Constitución, que dispone el principio de presunción de
inocencia, del cual se desprende la culpabilidad, es necesario
verificar culpa o dolo en la conducta reprochable para
imponer el castigo de inhabilitación para ser elegido a
perpetuidad, razón por la cual la jurisprudencia del Consejo
de Estado ha indicado que el proceso de pérdida de
investidura se desarrolla en el ámbito de la responsabilidad
subjetiva […]”42 (Negrillas y subrayas por fuera de texto).

El proceso de pérdida de investidura exige, entonces, a partir de
estos claros parámetros, la observancia del derecho fundamental al
debido proceso del demandado, particularmente, de los principios
pro homine, in dubio pro reo, de legalidad (las causales son
taxativas y no hay lugar a aplicar normas por analogía), objetividad,
razonabilidad, favorabilidad, proporcionalidad y culpabilidad.

Se recuerda que, desde la perspectiva de los fines constitucionales
que se protegen, es clara la autonomía sustancial entre el juicio de
pérdida de investidura y el electoral: “[…] el primero, conlleva la
ponderación de la ética pública y los derechos del elegido,
pues su núcleo de protección es la dignidad que implica el
mandato otorgado en ejercicio de la democracia; y el
segundo, pondera la regularidad del proceso democrático y los
derechos de los elegidos y los electores, es decir, busca preservar la
validez del voto popular […]”.43

Es en ese entorno en el cual debe escudriñarse la conducta
desplegada por el demandado -la celebración de un contrato
público-, en aras de establecer si él sabía o debía saber que estaba
inhabilitado para inscribirse y ser elegido Concejal del Municipio de
Arauca (Arauca), pues el asunto se contrae a demostrar que optó
por inscribirse y participar de los comicios, muy a pesar de que
conocía o debía conocer esa actuación vetada para los
ciudadanos que pretendieran inscribirse y ser elegidos Concejales,
esto es, la intervención en la celebración de contratos con entidades
públicas dentro del año anterior a su elección.

Cabe señalar que la Corte Constitucional en la sentencia SU-501 de
6 de agosto de 2015 (Magistrada ponente doctora Myriam Ávila
Roldán), señaló que como quiera que en los procesos de pérdida
investidura no es posible calificar el grado de culpabilidad (dolo,
culpa grave o leve), y por tanto tampoco es posible modular la
sanción, se requiere acreditar un mínimo de culpabilidad para que
sea impuesta la sanción.

42
Corte Constitucional, sentencia SU424 de 11 de agosto de 2016, magistrada ponente Gloria Stella Ortiz Delgado.
Providencia ratificada recientemente por la Sala en sentencia de 9 de marzo de 2017, radicado nro. 76001-23-33-
007-2016-00267-01(PI), consejero ponente Carlos Enrique Moreno Rubio (E).
43
Ídem.

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En efecto, al respecto sostuvo:

“[…] 51. Sobre este especial énfasis, la jurisprudencia ha delimitado
varios de los aspectos más relevantes que caracterizan al proceso
de pérdida de investidura como un proceso jurisdiccional especial.
No obstante, existen ciertos elementos de la pérdida de investidura
que no han sido fijados por la doctrina constitucional debido a la
escasa regulación que la propia Constitución realizó sobre su
procedimiento, el cual, adicionalmente, debe ser observado con
estricto rigor dado su carácter estricto y restringido. Como explicó
la sentencia C-237 de 201244 “la pérdida de la investidura tiene a la
Constitución de 1991 como fuente principalísima en su regulación,
lo que hace relevante el hecho que algunas de las disposiciones
constitucionales tienen eficacia jurídica directa”.

52. Así por ejemplo, se ha controvertido la necesidad de establecer
el grado de culpabilidad del procesado, teniendo en cuenta que se
trata de un proceso que juzga el incumplimiento de obligaciones
disciplinarias sobre la conducta del representante popular.45 En
efecto, en el proceso de pérdida de investidura no es posible
calificar el grado de culpabilidad (dolo, culpa grave o leve),
y por tanto tampoco es posible modular la sanción, pues como
ha señalado la jurisprudencia constitucional, se trata de un sistema
que establece una sanción de manera rígida y única, la pérdida de
investidura.

53. Para la Corte, la justificación de esta particularidad del
sistema de responsabilidad de la pérdida de investidura se
deriva de su carácter excepcional dentro de “ius puniendi
estatal”46, carácter cuya excepcionalidad deriva en una
sanción rígida en el que se requiere el mínimo de
culpabilidad para que sea impuesta la sanción más severa a
los derechos políticos. En síntesis, tratándose del proceso de
pérdida de investidura, se trata de un sistema excepcional de
juzgamiento de carácter político-disciplinario el cual establece una
sanción rígida y única, la pérdida de la investidura […] (Negrillas
fuera de texto)”.

44
Magistrado ponente Humberto Antonio Sierra Porto.
45
Sobre esta discusión vale la pena resaltar la aclaración de voto del consejero de estado Hugo Fernando Bastidas
Bárcenas a la sentencia de pérdida de investidura PI-2009-00708-00, en la que señaló que la acción de pérdida
de investidura tiene un carácter punitivo dentro del cual es necesario la comprobación previa de los elementos
subjetivos de la falta. En el voto concurrente se señaló: “[l]a acción de pérdida de investidura debe desencadenar
un proceso gobernado por esos principios, en especial, el principio de presunción de inocencia. El dolo y la culpa
son lo incorrecto de una conducta que, por ende, merece el reproche jurídico pertinente, vale decir, la condigna
sanción. Imponer una sanción solo por el mero resultado es injusto.” En igual sentido: Consejo de Estado, Sala de
lo Contencioso Administrativo, sentencia del 23 de marzo de 2010, radicado PI 11001-03-15-000-2009-00198-
00, consejero ponente Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
46
Sentencias SU-400 de 2012 (M.P. Adriana M. Guillén Arango) y SU-399 de 2012 (M.P. Humberto Antonio Sierra
Porto).

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Precisado lo anterior, el abordaje del aspecto subjetivo requiere el
análisis del dolo y la culpa, entendido el primero como la intención
positiva de lesionar un interés jurídico, entretanto la segunda atañe
a un concepto que está ligado a la diligencia debida para el
desarrollo de determinada actividad.

Para llegar a definir si una conducta se cometió con dolo o con culpa,
deben analizarse los elementos que constituyen el aspecto subjetivo
de la misma, los cuales corresponden al conocimiento tanto de los
hechos como de la ilicitud, esto es, si el sujeto conocía o debía
conocer que su comportamiento resultaba contrario al
ordenamiento jurídico.

En los casos en los cuales se pruebe que el demandado conocía
plenamente que su comportamiento era constitutivo de una causal
de pérdida de investidura, estaríamos ante una situación de total
intención en la realización de la misma y, por ende, de un grado de
culpabilidad doloso. En aquellos eventos en los que se concluya que
el sujeto no conocía la ilicitud de su conducta, pero que en virtud de
la diligencia requerida para el desarrollo de su actividad debía saber
que la misma resultaba contraria a derecho, se está ante un
comportamiento culposo, de no mediar sólidas circunstancias que
se lo hubieran impedido.

Para definir este elemento subjetivo entonces, el análisis de la
conducta debe dirigirse a establecer si el señor MARIO HINESTROZA
ANGULO conocía o debía conocer que la suya era constitutiva de
inhabilidad, con miras a determinar si existió dolo o culpa en su
comportamiento.

En el caso del dolo, el objeto de prueba corresponde a determinar
el pleno conocimiento que tiene el sujeto sobre que determinada
conducta (en este caso la celebración del contrato), genera la
inhabilidad, pues ante dicho conocimiento, la ejecución de la
conducta demuestra la intención en la misma.

Entretanto para determinar si la conducta fue culposa, tiene que
estar demostrado, al menos, que el sujeto debía conocer su ilicitud
en virtud de la diligencia que para la inscripción como candidato al
Concejo del Municipio de Arauca (Arauca), le era menester
desplegar.

Ahora bien, para establecer esta diligencia acudiremos a los
presupuestos señalados en el artículo 63 del Código Civil, el cual
prevé:

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“Artículo 63. Culpa y dolo. La ley distingue tres especies de culpa
o descuido.

Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no
manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las
personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus
negocios propios. Esta culpa en materias civiles equivale al dolo.

Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella
diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en
sus negocios propios. Culpa o descuido, sin otra calificación, significa
culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia
o cuidado ordinario o mediano.

El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia,
es responsable de esta especie de culpa.

Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia
que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios
importantes. Esta especie de culpa se opone a la suma diligencia o
cuidado.

El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona
o propiedad de otro”.

En el caso concreto, la revisión de los requisitos y el marco
normativo que rige el cargo al cual se aspira, es una
obligación general para quien pretende acceder a la función
pública, incluso en los eventos de elección popular, sin
embargo el entendimiento de dichos requisitos debe
analizarse de acuerdo con las condiciones personales del
sujeto, esto es el grado de formación, su profesión, las
circunstancias que lo rodearon, así como a los actos que
haya realizado para conocer dicho marco normativo, por
ejemplo solicitar conceptos o asesorarse frente a la
configuración o no de la referida inhabilidad, para con base
en ello, determinar si se obró con el cuidado requerido y así
definir si su conducta es culposa o si, por el contrario, se está
ante una situación de buena fe exenta de culpa que impida
el reproche subjetivo de su obrar.

Esta conducta corresponde, según el citado artículo 63, a la falta de
cuidado que los hombres emplean ordinariamente en los negocios
propios. La Ley 136 establece en su artículo 42 las calidades o
requisitos positivos con los que debe contar un candidato para ser
elegido Concejal Municipal, esto es, ser ciudadano en ejercicio y
haber nacido o ser residente del respectivo municipio o de la
correspondiente área metropolitana durante los seis (6) meses

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anteriores a la fecha de la inscripción o durante un período mínimo
de tres (3) años consecutivos en cualquier época.

A su vez, en su artículo 43, esta Ley prevé las inhabilidades o
requisitos negativos de los que debe carecer el candidato al Concejo
para ser elegido y ejercer la curul, dentro de las cuales se encuentra,
como ya se ha explicado, haber intervenido en el año anterior a las
elecciones, en la celebración de contratos con entidades públicas en
interés propio o de terceros, para ser ejecutados en el mismo
Municipio al cual aspira a ser concejal.

Ambos tipos de requisitos son de obligatoria observancia, revisión y
análisis previos por parte de todo ciudadano que pretenda ser
elegido Concejal Municipal. Esa, es una diligencia que surge como
debida en el ordinario transcurrir del proceso de inscripción del
respectivo candidato, siéndole por demás exigible en medio de las
normales medidas de cuidado y precaución que tenía que adelantar
para llegar a la certeza del cumplimiento de los mismos y, por ende,
de una candidatura reglamentaria y sometida a las condiciones
legales para ejercer el cargo de Cabildante.

Al respecto, el artículo 9º del Código Civil, según el cual, “la
ignorancia de las leyes no sirve de excusa”, fue objeto de examen
de constitucionalidad por la Corte Constitucional, que en dicha
ocasión explicó lo siguiente, que ahora de prohíja:

“[…] Precisamente la disposición que hoy se cuestiona, fue
demandada como contraria al contenido del artículo 16 de la Carta
anterior, que implícitamente recogía el principio de igualdad. Y al
desechar el cargo, dijo la Corte Suprema, en fallo elaborado por el
Magistrado Luis Carlos Sáchica: “Es la igualdad jurídica, que otorga
iguales facultades e impone idénticos deberes, y da igual protección
a unos y a otros. Esto es, se repite, una igualdad de derechos y no
de medios. Si no

se acepta este principio, se rompe la unidad y uniformidad del orden
jurídico, atomizado en múltiples estatutos particulares, o sea, en un
sistema de estatutos privados privilegiados (…)

(…) Excluir de la obediencia de la ley a quien la ignora
equivale a establecer un privilegio a su favor violatorio de la
igualdad constitucional y generador del caos jurídico”47
[…]48” (Negrillas y subrayas fuera de texto).

47
Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, marzo 30 de 1978.
48
Corte Constitucional, sentencia C-651 de 1997, magistrado ponente Carlos Gaviria Díaz.

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La revisión de los requisitos y el estudio del marco normativo que
rige el cargo al cual se aspira, son una obligación general para quien
pretende acceder a la función pública, en los que están comprendidos
los cargos de elección popular; sin embargo, el entendimiento de
dichos requisitos podría analizarse de acuerdo con las condiciones
personales del sujeto, esto es, el grado de formación, su profesión,
las circunstancias que lo rodearon, así como a los actos que haya
realizado para conocer dicho contexto normativo, por ejemplo,
solicitar conceptos o asesorarse frente a la configuración o no de la
referida inhabilidad, para con base en ello determinar si se obró con
el cuidado requerido y así definir si su conducta es culposa o si, por
el contrario, se está ante una situación de buena fe exenta de culpa
que impida el reproche subjetivo de su obrar49.

Lo anterior, sin dejar de lado que, tal como se previno, la ignorancia
de la ley no sirve para excusar su transgresión, al tenor del artículo
9° del Código Civil, habida cuenta que las disposiciones que regulan
el ejercicio del cargo que se pretende ocupar, o que se está
ocupando, son de obligatoria observancia y diligente entendimiento
a la luz de cada circunstancia en particular, con el fin de determinar,
al menos con certeza promedio, si el individuo está inmerso, o no,
en las prohibiciones ordenadas por la Constitución Política y la ley.

Por su parte, la Ley 2003 de 19 de noviembre de 201950, que modificó
el artículo 1º de la Ley 1881 de 15 de enero de 201851, estableció
que el proceso sancionatorio de pérdida de investidura es un juicio

49
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 16 de mayo de 2019,
número único de radicado 81001-23-39-000-2016-00056-01, consejera ponente Nubia Margoth Peña Garzón.
50
“[…] Por la cual se modifica parcialmente la Ley 5ª de 1992 y se dictan otras disposiciones […]”.
51
“[…] Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los Congresistas, se consagra la
doble instancia, el término de caducidad, entre otras disposiciones […]”.

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de responsabilidad subjetiva y la acción se ejercerá en contra de los
congresistas que con su conducta dolosa o gravemente culposa
hubieren incurrido en una de las causales de pérdida de investidura
establecidas en la Constitución, lo que aporta, significativamente, en
aquellos factores que también deben verificarse en el
comportamiento desplegado por los miembros de las corporaciones
públicas territoriales, -dolo o culpa grave-.

Descendiendo al caso concreto, la Sala observa que, conforme lo
sostuvo el Tribunal, el comportamiento de la accionada sí estuvo
precedida de la falta de cuidado que se exhibe al no manejar los
negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes
o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios.

En efecto, la accionada, al margen de que no sea abogada y haya
sido su primer período como concejal, sí estaba en condiciones
cognitivas de comprender el hecho o la circunstancia configurativa
de la referida causal de pérdida de investidura, toda vez que, de lo
expuesto anteriormente, se advierte que el conocimiento del marco
normativo del conflicto de intereses que regula el cargo que
ostentaba —concejal— es una obligación general para aquella.

Dentro de ese marco normativo que ha debido conocer la accionada,
se encuentra precisamente el conflicto de intereses, según el cual,
conforme al artículo 70 de la Ley 136, los concejales están en la
obligación de declararse impedidos de participar en los debates o
votaciones respectivas, cuando adviertan que existe “[…] interés
directo en la decisión porque le afecte de alguna manera, o a
su cónyuge o compañero o compañera permanente, o a alguno de

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sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o
segundo de afinidad o primero civil, o a su socio o socios de derecho
o de hecho […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).

La Sala52 ha destacado la importancia de esta obligación general en
cabeza de quien pretende desempeñar cargos de elección popular,
en la siguiente forma:

“[…] Y es que, para cualquier profesión u oficio, es indispensable
que quien quiera desempeñarlo tenga los conocimientos que se
requieren, y más cuando la profesión u oficio compromete el interés
de una colectividad. El ejercicio de un cargo de elección popular
exige entonces que quien se presente al mismo se entere de las
condiciones en que debe desempeñarlo, pues su comportamiento
compromete seriamente el bienestar de la población. Por ello,
alegar que no se incurre en culpa porque se desconoce la ley,
dada la formación que el elegido tiene, es pretender que se
admita que quien desempeña tan delicadas funciones en una
democracia llegue a ocupar el cargo sin los conocimientos
que debe tener para ello, lo que resulta inadmisible […]”
(Negrillas y subrayas fuera del texto).

Igualmente, la Sección53 ha advertido que:

“[…] 137. Es importante tener en cuenta que no es suficiente que el
concejal ponga de presente la convicción que tenía sobre la rectitud
o validez de su conducta, sino que es necesario que el juez de la
pérdida de investidura analice si la persona estaba, o no, en
condiciones de superar el error54, en virtud de la diligencia requerida
para el desarrollo de su actividad; en ese marco, no basta con que
se alegue por el miembro de la corporación pública de elección
popular que obró de buena fe o bajo una íntima convicción, sino que
debe acreditar la buena fe calificada, motivada por un error
invencible, ya porque actuó al amparo de la jurisprudencia vigente
para la época, o se asesoró adecuadamente, y pese a ello incurrió
en la conducta reprochable […]”.

52
Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente: Oswaldo
Giraldo López. Sentencia de 15 de mayo de 2025. Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00220-01.
53
Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente: Hernando
Sánchez Sánchez. Sentencia de 5 de septiembre de 2024. Radicación núm.: 81001-23-39-000-2024-00014-01.
54
O, en otras palabras, si incurrió en la conducta por un error invencible, del cual no es posible sustraerse.

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No es posible estimar que la conducta de la accionada al participar y
votar la proposición de reconocimiento cívico a su padre, llevado a
cabo por la plenaria del Concejo de Itagüí (Antioquia), pueda estar
cobijada por la buena fe calificada, motivada por un error invencible.

En efecto, la concejal no acreditó, según lo han previsto las
decisiones de esta Sección, que actuó conforme a la jurisprudencia
vigente para la época que sucedieron los hechos o que procuró tener
una asesoría adecuada frente a la situación en la que se encontraba
o que se hubiere presentado otra circunstancia que la haya hecho
incurrir en error.

Tampoco, como se puso de presente, se aprecian actos de la concejal
para conocer del respectivo marco normativo, tales como conceptos
e indagaciones jurídicas con el propósito de establecer si por virtud
de ellos podía haber actuado con buena fe calificada, por lo que su
conducta no puede exculparse en el caso concreto.

La accionada no obró con la diligencia requerida, puesto que, se
reitera, no hizo una verificación de las normas que establecían el
régimen de conflicto de intereses del asunto en el que participaba y
en el cual debía adoptar una decisión, lo cual constituye una conducta
inexcusable y por consiguiente gravemente culposa que, según se ha
explicado por esta Sección55:

“[…] “[…] es la propia de las personas negligentes o de poca
prudencia […] que desconoce normas constitucionales y legales

55
Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente: Hernando
Sánchez Sánchez. Sentencia de 1. ° de agosto de 2024. Radicación núm.: 050012333000 202400019 01 y
050012333000 202400038 01 (Acumulado).

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[que] […] los concejales deben conocer, de un lado, porque la
ignorancia de la ley no sirve de excusa al tenor del artículo 9° del
Código Civil y, por el otro, porque son disposiciones que regulan
[…]”, en este caso, el ejercicio del cargo de elección popular […]”.

Se reitera que la jurisprudencia de la Sección Primera ha sido
consistente y armónica en relación con cada uno de los supuestos
constitutivos del conflicto de intereses, en especial, al considerar que
una de las formas en que se transgrede ese régimen consiste en que
el concejal, estando incurso en alguna de las hipótesis previstas por
la ley como causal de impedimento, de aquellas aplicables al asunto
del que conoce y decide, pese a no haber sido recusado, omite
manifestarse impedido; esto, toda vez que los impedimentos con su
correspondiente deber de manifestación, constituyen garantía
irrestricta de la prevalencia del interés general sobre el particular o
privado del concejal, o de su círculo cercano, familiar o de negocios.

Además, pretender desvirtuar la existencia de un conflicto de
intereses en que su padre, el señor NORBERTO GAVIRIA
ÁLVAREZ, ya no tiene ni tendrá aspiraciones electorales ni
burocráticas en el inmediato futuro, es desconocer que el interés
debe ser actual, es decir, precedente y concurrente con el
cumplimiento de las funciones por parte del concejal. En otras
palabras, la argumentación que trae la recurrente se refiere a
circunstancias futuras y no aquellas que se presentaron al momento
de votar la aprobación de la exaltación, por lo que este cargo
tampoco tiene vocación de prosperidad.

Al respecto, cabe recordar que la buena fe calificada se desprende
del principio general ‘error communis facit ius’ que implica la
existencia de un error que, además de ser invencible, debe ser

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común a la colectividad. De manera que la acreditación de la buena
fe calificada justifica la conducta siempre y cuando no haya claridad
en relación con el punto que se discute; ello es así porque si los
elementos para la estructuración de la causal son claros, no se
trataría de un error que es común a la colectividad, principio del cual
se desprende la buena fe calificada.

En ese sentido, al tener la concejal una carga de diligencia propia de
los servidores públicos, debía advertir la concurrencia del interés
particular, concretamente el beneficio de carácter moral que el
homenaje le podía generar a su padre y a ella misma, pero no lo
hizo; incluso, en la contestación de la solicitud de desinvestidura
indicó que actuó conforme a derecho, con lo cual es claro que dejó a
su criterio subjetivo el entendimiento de la norma, conducta que no
es excusable en tanto, se reitera, el estándar de diligencia debida al
que están sometidos los servidores públicos, implica considerar más
allá de un propio entendimiento, el verdadero contenido y alcance
que tiene las normas que rigen el ejercicio de sus funciones56.

Si bien la ausencia de esa manifestación no demuestra que su
intención fuese violar el régimen del conflicto de interés, sí es
demostrativo de su falta de diligencia, la cual no es excusable por la
simple ignorancia de la ley; la ausencia de acciones tendientes a
entenderla y comprenderla más allá de su criterio subjetivo es
demostrativa de que su conducta careció de la debida diligencia, pues
no realizó ninguna acción tendiente a establecer, seriamente, el

56
Cit., sentencia de 4 de septiembre de 2025, numero único de radicación 41001233300020250001701,
consejero ponente Pablo Andrés Córdoba Acosta.

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58

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fundamento constitucional, legal y jurisprudencial de la causal que
se le endilga57.

A partir de las razones expuestas y encontrándose demostrados los
aspectos objetivo y subjetivo de la causal prevista en los artículos
55, numeral 2, de la Ley 136, y 48, numeral 1, de la Ley 617, esto
es, por violación del régimen de conflicto de intereses, la Sala
procederá a confirmar la sentencia de 28 de abril de 2026, proferida
por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en cuanto decretó la
pérdida de investidura de la concejal de Itagüí (Antioquia), señora
MARÍA ANGÉLICA GAVIRIA LONDOÑO, elegida para el período
constitucional 2024-2027, con el aval del Partido Conservador
Colombiano.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada.

SEGUNDO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

57
Idem.

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Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión del día 25 de junio de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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