Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2026-00197-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2026-00197-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 05001-23-33-000-2026-00197-01
Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño
12 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Bogotá, D.C, doce (12) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 05001-23-33-000-2026-00197-01
Accionante: JOEL ESTEBAN RESTREPO
Accionado: PROCURADOR JUDICIAL II / PROCURADURÍA 35 JUDICIAL
II ASUNTOS DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE
BOGOTÁ
Temas: Tutela contra autoridad administrativa. Derecho de petición.
Carencia actual de objeto por hecho superado
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación
presentada por el accionante contra la sentencia de 11 de febrero de 2026, proferida
por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en la que se declaró la carencia actual
de objeto por configurarse un hecho superado.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 28 de enero de 20261, la parte actora pidió al juez constitucional la protección de
sus derechos fundamentales de petición, a la información y al debido proceso, que
considera vulnerados por la autoridad judicial accionada.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
1. “SE ORDENE, al DR. PEDRO ALIRIO QUINTERO SANDOVAL - PROCURADOR
JUDICIAL II - PROCURADURÍA 35 JUDICIAL II ASUNTOS DEL TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL DE BOGOTÁ, al momento de la notificación de la presente
Acción de Tutela, que dentro de (48) horas siguientes a la notificación del presente
fallo, proceda a darle respuesta a la petición presentada por el accionante el pasado
05/12/2025”.
“Dicha respuesta debe corresponder a los criterios fijados por la ley, esto es, debe ser
PRONTA, OPORTUNA, RESOLVIENDO DE FONDO, DE MANERA CLARA,
PRECISA Y CONGRUENTE LO SOLICITADO Y DEBERÁ ASEGURARSE QUE LA
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La demanda de tutela se presentó ante los juzgados con categoría de circuito y se asignó por reparto al Juzgado 8
Administrativo de Medellín, despacho que admitió la demanda por auto de 29 de enero de 2026 y dispuso su remisión al
Tribunal Administrativo de Antioquia por reglas de reparto el 2 de febrero de 2026. El Tribunal avocó conocimiento por auto
de 3 de febrero de 2026.
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Accionante: Joel Esteban Restrepo
RESPUESTA SEA DEBIDAMENTE NOTIFICADA AL ACCIONANTE. Así mismo y
teniendo en cuenta la falta de competencia de la entidad a quien se plantea la petición,
no lo exonera del deber de responder, debería si es el caso, orientar al acudiente
señalándole el conducto a seguir, en raras de obtener una expedita contestación de su
solicitud”.
2. Hechos
El demandante relató que el 5 de diciembre de 2025, en ejercicio del derecho
fundamental de petición, presentó solicitud dirigida a Pedro Alirio Quintero Sandoval
• Procurador Judicial II Asuntos del Trabajo y Seguridad Social de Bogotá y que, a
la fecha de presentación de la demanda de tutela, no había recibido respuesta.
3. Fundamentos de la acción
La parte actora presentó acción de tutela, bajo el argumento de que el procurador
judicial II a cargo de la Procuraduría 35 Judicial para asuntos del trabajo y la
seguridad social se ha negado a contestar su derecho de petición, lo cual desconoce
sus derechos fundamentales de petición, debido proceso e información.
Precisó que conforme a la Ley 1437 de 2011, la autoridad pública debe resolver lo
pedido bien sea en sentido positivo o negativo, no siendo de recibo que guarde
silencio.
4. Oposición
Respuesta de la Procuraduría 35 Judicial II Asuntos del Trabajo y Seguridad
Social de Bogotá
El procurador 35 Judicial II para Asuntos Laborales, adscrito a la Procuraduría
Delegada para Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social, propuso, como cuestión
previa, la nulidad por falta de competencia territorial, al considerar que los hechos
que originaron la tutela y sus efectos se producían en el departamento de Antioquia,
toda vez que el accionante tenía su domicilio en Caldas (Antioquia) y la presunta
omisión se relacionaba con la intervención ante un Juzgado Laboral de Itagüí. En
ese sentido, sostuvo que el conocimiento correspondía al Tribunal Administrativo de
Antioquia y no al Juzgado que asumió el trámite.
En cuanto al fondo del asunto, afirmó que el actor no allegó constancia de radicación
de la petición del 5 de diciembre de 2025, requisito indispensable para que se
configurara la obligación de respuesta. Sin embargo, pese a esa circunstancia y
bajo el principio de buena fe, informó que procedió a emitir respuesta formal. Expuso
además que el accionante había elevado múltiples solicitudes anteriores
relacionadas con el mismo proceso laboral y que, incluso, en virtud de peticiones
previas, el Ministerio Público ya había intervenido dentro del trámite judicial
correspondiente, incluyendo el proceso ejecutivo actualmente en curso.
Señaló que la petición objeto de la tutela fue resuelta mediante oficio, el cual fue
debidamente notificado y acompañado de los soportes pertinentes, por lo que, a su
juicio, se configuró la carencia actual de objeto por hecho superado.
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Finalmente, precisó que la intervención del Ministerio Público en procesos laborales
no era obligatoria ni se ejercía como representación del interesado, sino que
respondía a un criterio constitucional de necesidad, conforme al artículo 277 de la
Constitución y al artículo 16 del Código Procesal del Trabajo. Por ello, la
Procuraduría no estaba vinculada a actuar en el sentido pretendido por el solicitante,
sino a valorar, con autonomía, si se configuraban razones para intervenir en defensa
del orden jurídico, el patrimonio público o los derechos fundamentales.
5. Sentencia de tutela impugnada
El Tribunal Administrativo de Antioquia - Sala Primera, mediante sentencia de 11 de
febrero de 2026, declaró la improcedencia de la acción de tutela por carencia actual
de objeto y resolvió lo siguiente:
“PRIMERO: Declarar la carencia actual de objeto de la presente acción de tutela,
por configurarse un hecho superado, en atención a los argumentos expuestos en la
parte motiva de esta providencia”
Para el efecto sostuvo que conforme el material probatorio estaba acreditado que la
vulneración alegada cesó el 29 de enero de 2026, cuando el accionado brindó
respuesta a la solicitud, la cual fue puesta en conocimiento del interesado al correo
electrónico proporcionado.
6. Escrito de impugnación
Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, el accionante
presentó escrito de impugnación en el que indicó que la autoridad accionada evadió
totalmente sus solicitudes 1 y 3 del derecho de petición, en tanto no quiere trasladar
su petición y queja a la Fiscalía General de la Nación.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto
de impugnación.
2. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala determinar, en los términos del escrito de impugnación, si
debe revocar la sentencia de primera instancia que declaró configurado el hecho
superado por carencia actual de objeto para en su lugar, amparar los derechos
fundamentales invocados por el actor.
3. Derecho fundamental de petición
El artículo 23 de la Constitución Política prevé que el derecho de petición es
fundamental y faculta a toda persona para presentar solicitudes respetuosas ante
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las autoridades y a obtener una respuesta oportuna, clara, precisa, de fondo y
congruente con lo solicitado.
El derecho a recibir una respuesta de fondo implica que la autoridad que recibió la
solicitud, según su competencia, se pronuncie completa y detalladamente sobre
todos los asuntos expuestos por el solicitante. La autoridad no puede responder
con evasivas o con razones que no guarden relación con los temas planteados en
la solicitud.
El derecho de petición, en concreto, comprende los siguientes elementos: (i) la
posibilidad de formular solicitudes respetuosas ante las autoridades públicas o los
particulares, según sea el caso; (ii) la garantía de que se entregue respuesta
oportuna, es decir, en las oportunidades que prevé el ordenamiento jurídico; (iii) la
respuesta de fondo o contestación material, esto es, la decisión que, en el ámbito
de su competencia, debe entregar el destinatario de la petición, sin importar que la
decisión sea o no favorable al solicitante; (iv) la comunicación oportuna de lo
decidido, y (v) la falta de competencia para pronunciarse sobre la totalidad o parte
de la petición presentada no significa que el destinatario quede exento de
pronunciarse.
Frente al contenido de la respuesta, se ha establecido que debe ser: a) clara: que
explique de manera comprensible el sentido y contenido de la respuesta; b) de
fondo: que se pronuncie de manera completa y detallada sobre todos los asuntos
indicados en la petición, excluyendo referencias evasivas o que no guardan relación
con el tema planteado; c) suficiente: porque debe resolver materialmente la petición
y satisfacer los requerimientos del solicitante, sin que por ello excluya la posibilidad
de que la respuesta sea negativa a las pretensiones del peticionario; d) efectiva, si
soluciona el caso que se plantea; y e) congruente: si existe coherencia entre lo
respondido y lo pedido
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El desconocimiento de cualquiera de esos elementos trae como consecuencia la
vulneración del derecho de petición.
4. Estudio y solución del caso concreto
El señor Joel Esteban Restrepo, quien actúa en nombre propio, promovió acción de
tutela contra Pedro Alirio Quintero Sandoval - Procurador Judicial II / Procuraduría
35 Judicial II Asuntos del Trabajo y Seguridad Social de Bogotá, por considerar
vulnerados sus derechos fundamentales de petición, información y al debido
proceso, con ocasión a la solicitud realizada el 5 de diciembre de 2025, al negarse
a dar respuesta en los términos legales.
La Sala Primera del Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia de 11
de febrero de 2026 declaró la carencia actual de objeto por hecho superado, al
constatar que el accionante recibió respuesta a la petición en el curso de la acción
de tutela. Inconforme con la decisión, el actor interpuso impugnación por considerar
que la autoridad accionada no contestó las peticiones 1 y 3 de su solicitud.
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Sentencias T-667 de 2011, SU-587 de 2016, T-483 de 2017, T-223 de 2021 y T 051 de 2023.
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Accionante: Joel Esteban Restrepo
Revisado el material probatorio se observa que, contrario a lo que indica el
procurador accionado, existe evidencia de que el accionante radicó petición a
través de correo electrónico el 5 de diciembre de 2025, a la cuenta personal
institucional, en el que solicitó:
“1- Actuar e interferir ¡a lo que en derecho corresponda! para evitar que el despacho de
la Dra. Isabel Cristina Torres Marín (Jueza) Juzgado Primero Laboral del Circuito de
Itagüí - Antioquia, siga abusando de mí.
2- Que se le compuse copia de este oficio al despacho de: La DRA. LUZ ADRIANA
CAMARGO GRANADOS - FISCAL GENERAL DE LA NACION para que se inicien las
investigaciones penales que se requieran.
3- Que se les traslade (una) copia del oficio - radicado - referencia - IUS. E- 2025-516442
(incluyendo todos los anexos del mismo) a los despachos de: la Fiscalía en comento y
los del: Dr. Javier Camilo Fernández Velandia - Jefe de Dependencia Auxiliar Asuntos
Disciplinarios de la Procuraduría vs el de la Dra. Sandra Lucia Salazar Diaz.- Veedora
de Dependencia; para que dichos órganos (partes) investiguen a fondo y
primordialmente (tanto en lo penal como disciplinariamente) todas las actuaciones de
(trampa, abuzo (sic) de las actuaciones que se denunciaron en los hechos: 3, 4, 6, 7 y.
la parte considerativa del mismo IUS (rad: E-2025-516442).
Nota: Pilas que, en las fechas: 2 y 4 de este mes de diciembre (2025) la Empresa
Fabricato S.A. (ha hecho ver) que me ha estado consignando pagos de mis mesadas
pensionales sin antes haber esclarecido del por qué me toco con ella y, no con
Cementos Argos S.A. o con Coltejer S.A. (Anexo copia (recibos) de las consignaciones
en mención).
4- Que con la respuesta de este oficio se me allegue copia de todas las actuaciones,
como: requerimientos y traslados que gestiono (tramito) el despacho del Dr. Pedro Alirio
Quintero”.
Con la contestación a la tutela, el procurador accionado allegó copia de la respuesta
otorgada el 29 de enero de 2026, en la que frente a los puntos objeto de
controversia en el escrito de impugnación (1 y 3), expresamente se indicó:
“1- Actuar e interferir ¡a lo que en derecho corresponda! para evitar que el des- pacho
de la Dra. Isabel Cristina Torres Marín (Jueza) Juzgado Primero Laboral del Circuito de
ItagÜí — Antioquia, siga abusando de mí.
Respuesta: Inicialmente se reitera, en la forma prevenida en el artículo 19 de la Ley
1755 de 2015, la respuesta ofrecida en esa oportunidad, la cual se transcribe:
Respuesta: Si bien, la denominación de esta Procuraduría corresponde a la Procuraduría 35
Judicial II para Asuntos Laborales de Medellín, lo cierto es que fue dispuesta la asignación de
funciones en la ciudad de Bogotá, en su momento, por parte de la señora Procuradora General
de la Nación. En ese sentido, la sede actual de esta Procuraduría es la ciudad de Bogotá.
Con todo, debido a las facilidades propias de la virtualidad que fue dispuesta como legislación
permanente a través de la Ley 2213 de 2002 por medio de la cual se adoptaron como
legislación permanente muchas de las disposiciones del Decreto 806 de 2020, se ha venido
ejerciendo la labor de intervención en otras ciudades del país, entre ellas, la ciudad de
Medellín, e incluso, por solicitud de algunos de sus compañeros pertenecientes a la Industria
Hullera, esta Procuraduría ha venido 05001310501220190008300 050013105009201800709.
interviniendo (que tiene dentro de 50 los procesos demandantes) y 050013105009201800709.
En el caso concreto que motiva su solicitud, esta Procuraduría, en defensa del trámite del
proceso ejecutivo 01 2025 00234, dentro de un margen de plazo razonable y del derecho a la
tutela judicial efectiva, se presentó escrito de intervención en el que, considerando que ha
transcurrido un lapso cercano a los nueve (09) meses, sin que, como lo alega el solicitante,
se haya producido la satisfacción cabal de las obligaciones impuestas en la sentencia, solicité
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amablemente disponer lo pertinente para que, a la mayor brevedad, se proceda a ello (se
anexa escrito de intervención con constancia de envío).
Con todo, causa extrañeza a esta procuraduría las manifestaciones del solicitante, pues se
intervino de manera activa dentro del proceso ordinario que dio lugar a la presente ejecución
(rad. 05360310500120180037900), tanto así, que gracias a ello se profirió sentencia de
segunda instancia, luego de la solicitud de este organismo de control.
A la respuesta ya ofrecida, debe señalarse que esta Procuraduría no avizora razones
que permitan concluir que la señora Juez Primero Laboral del Circuito de Itagüí, este
“abusando” de Usted. Muy por el contrario, se advierte, una vez efectuada la Consulta
de Procesos Nacional Unificada, que el proceso regresó del Tribunal Superior, en donde
se encontraba en apelación el día 15 de enero de 2026 (hace apenas 14 días) y, en esa
misma fecha, la parte ejecutante presentó recurso de apelación que fue concedido en
la misma fecha.
Con todo, se reitera que esta Procuraduría, tal y como se lo hizo saber también a Usted
en respuesta anterior, solicitó al Juzgado “… tener al suscrito Procurador Judicial, en lo
sucesivo, como sujeto procesal especial (arts. 16 y 74 del CPTSS en armonía con los
arts. 45 y 46 del CGP), a efectos de continuar su intervención, de resultar necesario, en
defensa del orden jurídico, los derechos y garantías fundamentales y el patrimonio
público (art. 277.7 de la C.P.).
(…)
3- Que se les traslade (una) copia del oficio — radicado — referencia - IUS. E- 2025-
516442 (incluyendo todos los anexos del mismo) (…)
Respuesta: En lo que tiene que ver con eventuales compulsas de copias para
investigaciones penales, esta Procuraduría no advierte, de su escrito u otras piezas
procesales, la comisión de delitos por parte de las personas jurídicas que usted
menciona (Cementos Argos S.A., Coltejer S.A. y Fabricato S.A.), máxime si se tiene en
cuenta que, en principio, la responsabilidad penal solo se predica de las personas
naturales.
Y en lo que tiene que ver con compulsas de copias para investigaciones disciplinarias,
debe señalarse que la Procuraduría y, en ese sentido, las dependencias que Usted
menciona, no cuentan con competencia para investigar y sancionar disciplinariamente
a particulares, salvo aquellos que ejercen alguna función pública, razón por la cual no
se procede a enviar las copias a las personas y dependencias por Usted señaladas.
En lo que respecta a la nota según la cual Fabricato le ha venido consignando sus
mesadas, y no Coltejer o Cementos Argos, debe señalarse que Usted no allega los
recibos que menciona y, en todo caso, ese es un asunto que Usted, por medio de su
apoderado, puede plantear dentro del proceso ejecutivo que cursa en el Juzgado
Primero Laboral de Itagüí (Rad. 05360310500120250023400)”.
Se advierte que la contestación fue enviada al correo electrónico informado por el
peticionario el mismo 29 de enero de 2026. Por lo tanto, contrastado el contenido
de la petición elevada el 5 de diciembre de 2025 con la respuesta emitida por la
Procuraduría General de la Nación el 29 de enero de 2026, se advierte que la
autoridad accionada se pronunció de manera expresa sobre los puntos
cuestionados en la impugnación, particularmente frente a las solicitudes 1 y 3.
En efecto, la respuesta abordó de forma directa cada requerimiento, explicó las
actuaciones adelantadas dentro del proceso ejecutivo laboral, precisó las razones
por las cuales no se evidenciaban conductas constitutivas de delito ni faltas
disciplinarias que ameritaran compulsar copias, siendo la respuesta puesta en
conocimiento del interesado. Adicionalmente, es del caso precisar que también se
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advierte respuesta de los demás puntos de la petición radicada por el accionante el
5 de diciembre de 2025.
En este punto, valga recordar lo que ha señalado la Corte Constitucional en relación
con la diferencia entre el derecho de petición y el derecho a lo pedido 3, al indicar
que ”(...) no se debe confundir el derecho de petición -cuyo núcleo esencial radica
en la posibilidad de acudir ante la autoridad y en obtener pronta resolución- con el
contenido de lo que se pide, es decir con la materia de la petición. La falta de
respuesta o la resolución tardía son formas de violación de aquel y son susceptibles
de la actuación protectora del juez mediante el uso de la acción de tutela, pues en
tales casos se conculca un derecho constitucional fundamental. (…)”
En igual sentido, en sentencia T-051 de 2023 sostuvo que “(...) Se ha precisado que
la satisfacción del derecho de petición no depende de la respuesta favorable a lo
solicitado, por lo que hay contestación incluso si la respuesta es en sentido negativo
y se explican los motivos que conducen a ello. De ahí que se diferencie el derecho
4
de petición del ‘derecho a lo pedido’ , que se usa para destacar que ‘el ámbito de
protección constitucional de la petición se circunscribe al derecho a la solicitud y a
tener una contestación para la misma, [y] en ningún caso implica otorgar la materia
5
de la solicitud como tal’ ”.
Así las cosas, se concluye que la petición fue resuelta de fondo y de manera
congruente con lo solicitado, con argumentos claros y coherentes, sin que pueda
afirmarse la ausencia de pronunciamiento respecto de los aspectos señalados por
el actor.
Por las razones expuestas, la Sala confirmará la declaratoria de carencia actual de
objeto por configurarse un hecho superado6, en tanto, en el trámite de la presente
tutela la parte accionada atendió la petición formulada, es decir, desapareció la
causa que dio origen al ejercicio del mecanismo constitucional, tornándose inocua
cualquier orden adicional del juez de tutela.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA
Primero.- Confirmar la sentencia de 11 de febrero de 2026, proferida por la Sala
Primera del Tribunal Administrativo de Antioquia, por las consideraciones
expuestas.
3
Sentencia T-242 de 1993
4
Sentencias T-242 de 1993, C-510 de 2004, T-867 de 2013, C-951 de 2014, T-058 de 2018 y T-424 de 2019.
5
Sentencias C-007 de 2017 y T-424 de 2019.
6
La Corte Constitucional ha precisado que el hecho superado se configura cuando durante el trámite de tutela la parte
accionada atiende satisfactoriamente las pretensiones que motivaron la solicitud de amparo. “En otras palabras, aquello que
se pretendía lograr mediante la orden del juez de tutela ha acaecido antes de que el mismo diera orden alguna. Es importante
precisar que en estos casos le corresponde al juez de tutela constatar que: (i) efectivamente se ha satisfecho por completo lo
que se pretendía mediante la acción de tutela (ii) y que la entidad demandada haya actuado (o cesado en su accionar),
voluntariamente” (sentencia SU-522 de 2019).
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Accionante: Joel Esteban Restrepo
Segundo.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible,
como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
Cuarto.- Remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el
trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase.
Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad de este documento puede comprobarse a través de la siguiente dirección electrónica:
http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
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