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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2026-00225-02

Fecha
25 de mayo de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 05001-23-33-000-2026-00225-02

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

25 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., veinticinco (25) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 05001-23-33-000-2026-00225-02 (4974)
Accionante: Agencia Nacional de Tierras
Accionado: Juzgado Segundo Administrativo de Turbo

Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Subtema 2: reforma de la demanda. Subtema 3:
defecto procedimental. Subtema 4: subsidiariedad.

Sentencia de primera instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la impugnación interpuesta por la Agencia Nacional de Tierras en contra de la
sentencia del 14 de abril de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia.

1. Síntesis del caso

La Agencia Nacional de Tierras, a través de apoderado judicial, presentó escrito de
tutela con la pretensión de amparo de sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la seguridad jurídica y a la igualdad, que consideró vulnerados con
ocasión de los autos del 20 de noviembre y el 11 de diciembre de 2025, proferidos
por el Juzgado Segundo Administrativo de Turbo, dentro del expediente de nulidad
y restablecimiento del derecho con radicado núm. 05837-33-33-002-2024-00221-
00.

2. Antecedentes

2.1. Hechos relevantes

1. A partir del escrito de tutela1 y de los demás elementos aportados por las partes
al trámite constitucional, la Sala considera relevantes los siguientes hechos:

2. Las señoras Amparo del Socorro Ayub Vásquez, Carmen Cecilia y Paola
Andrea Avirama Ayub presentaron demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho con el fin de que se dejara sin efectos la Resolución núm. 20224300207896

1 Samai, expediente núm. 05001-23-33-000-2026-00225-00, índice 2, certificado 3B7BED241C1A916E
193C131A72E9C48B 64B461CCE2A3D22D 3CE063E8E3925FC6.

Radicado: 05001-23-33-000-2026-00225-02 (4974)
Accionante: Agencia Nacional de Tierras
Accionado: Juzgado Segundo Administrativo de Turbo

del 12 de agosto de 20222, proferida por la Agencia Nacional de Tierras, y, en
consecuencia, se declare que el predio «La Presumida» es de propiedad privada y
se condene al pago de los perjuicios causados por la imposición de servidumbres
sobre el mismo.

3. El Juzgado Segundo Administrativo de Turbo, el 31 de octubre de 2024, profirió
auto admisorio y ordenó las notificaciones correspondientes.

4. Las señoras Amparo del Socorro Ayub Vásquez, Carmen Cecilia y Paola
Andrea Avirama Ayub, el 20 de octubre de 2025, presentaron escrito de reforma de
la demanda.

5. El Juzgado Segundo Administrativo de Turbo, mediante providencia del 20 de
noviembre de 2025, admitió la reforma de la demanda. Contra dicha decisión, la
parte demandante presentó recurso de reposición.

6. La autoridad judicial accionada, en auto del 11 de diciembre de 2025, negó la
reposición de la providencia recurrida.

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

7. La parte actora pidió en el escrito de tutela la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la seguridad jurídica y a la igualdad. En ese
sentido, solicitó lo siguiente:

DEJAR SIN EFECTOS el Auto interlocutorio Nro. 503 del 11 de diciembre de 2025
que resuelve los recursos de reposición presentados por la Agencia Nacional de
Tierras y otras entidades y el Auto Nro. 723 del 20 de noviembre de 2025 expedido
interior del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con expediente
05837333300220240022100 por el JUZGADO SEGUNDOADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO DE TURBO

ORDENAR que se rehaga la actuación negando la reforma de la demanda presentada
al interior del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con
expediente 05837333300220240022100 3.

8. Como fundamento de sus pretensiones, la parte actora trascribió ampliamente
los argumentos del recurso de reposición que presentó en el proceso ordinario y
expuso que los autos del 20 de noviembre y del 11 de diciembre de 2025 incurrieron
en defecto procedimental, toda vez que con la reforma varió el núcleo esencial de
la demanda. Explicó que los hechos se modificaron «casi en su totalidad» y que se
incluyeron nuevas pretensiones frente a las cuales la autoridad judicial accionada
no realizó un estudio de la caducidad ni se agotó el requisito previo de la
conciliación.

9. En cuanto a los hechos, explicó que las demandantes reemplazaron aspectos
medulares de la demanda inicial, concretamente en lo relacionado con el acto
administrativo sobre el cual alegaba la propiedad sobre el predio, en contraste con
lo plasmado en la reforma en la que afirmaron no tener el dominio del inmueble.

2 «Por la cual se regula una servidumbre derivada de actividades de utilidad pública e interés social sobre el

predio baldío identificado con cédula catastral número 058370006000000100204000000000, denominado La
Presumida, ubicado en el municipio de Turbo del departamento de Antioquia».
3 Se transcribe incluso con errores de texto.

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Accionante: Agencia Nacional de Tierras
Accionado: Juzgado Segundo Administrativo de Turbo

10. En relación con las pretensiones, consideró que, conforme a la jurisprudencia
del Consejo de Estado, debió realizarse un análisis individual de la caducidad de
estas y la verificación del recurso del cumplimiento de la conciliación extrajudicial,
de lo contrario, se desconocería lo dispuesto en el artículo 173 del CPACA.

2.3. Trámite procesal

11. El despacho ponente, mediante auto del 9 de febrero de 20264, admitió la
solicitud de amparo, ordenó la notificación al Juzgado Segundo Administrativo de
Turbo, en su calidad de autoridad accionada, y puso en conocimiento el escrito de
tutela a los señores Alejandro Sánchez Opsino, Amparo del Socorro Ayub Vásquez,
Carmen Cecilia y Paola Andrea Avirama Ayub, a la Sociedad Puerto Bahía
Colombia de Urabá S.A., al Consejo Comunitario Puerto Girón, al departamento de
Antioquia y a la Agencia Nacional de Infraestructura, en su condición de terceros
interesados.

2.4. Intervenciones

12. El Juzgado Segundo Administrativo de Turbo5 sostuvo que la providencia
cuestionada efectuó un análisis garantista y adecuado de la jurisprudencia referente
a la reforma de la demanda. Asimismo, aseveró que la solicitud de amparo no
cumple el requisito de subsidiariedad, pues no agotó la totalidad de los medios de
defensa en el proceso ordinario. Indicó que la omisión de interponer los recursos
correspondientes no puede ser subsanada mediante la acción de tutela, so pena de
desnaturalizar dicho mecanismo constitucional.

13. Las señoras Amparo del Socorro Ayub Vásquez, Carmen Cecilia y Paola
Andrea Avirama Ayub6 afirmaron que la acción de tutela es improcedente, debido a
que el proceso no ha finalizado y la parte demandada cuenta con varias
oportunidades de defensa, como la etapa probatoria, los alegatos de conclusión y
los recursos ordinarios. Explicaron que no se está frente a un perjuicio irremediable
que habilite el uso de este mecanismo constitucional, pues lo que pretende la
entidad demandada es reabrir debates jurídicos zanjados en el trámite ordinario.
Por último, manifestaron que no se configuró el defecto procedimental alegado.

14. La Agencia Nacional de Infraestructura7, se refirió a hechos y actuaciones que
no guardan relación con lo debatido en el presente trámite constitucional.

15. El Consejo Comunitario Puerto Girón8 adujo que la autoridad judicial accionada
incurrió en un grave error al tramitar la demanda, pues es un asunto que
corresponde a la jurisdicción de tierras, aunado al hecho de que no se reunían los
requisitos para la admisión de la reforma de la demanda. Lo anterior, comoquiera
que las pretensiones se encuentran caducadas y con ausencia del requisito de
procedibilidad y el juramento estimatorio.

16. Argumentó que, de continuar el proceso, se estaría ante la posibilidad de una
sentencia inhibitoria dada las irregularidades antes mencionadas. Finalmente,
solicitó que se desestimen las pretensiones de la tutela, dado que no se configuran
ningún de los defectos invocados en la solicitud de amparo.

4 Samai, exp. 05001-23-33-000-2026-00225-00, índice 5.
5 Samai, exp. 05001-23-33-000-2026-00225-00, índice 9.
6 Samai, exp. 05001-23-33-000-2026-00225-00, índice 22.
7 Samai, exp. 05001-23-33-000-2026-00225-00, índice 24.
8 Samai, exp. 05001-23-33-000-2026-00225-00, índice 25.

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Accionante: Agencia Nacional de Tierras
Accionado: Juzgado Segundo Administrativo de Turbo

17. La Sociedad Puerto Bahía Colombia de Urabá S.A.9 aseveró que la reforma de
la demanda introdujo una contradicción con los hechos del escrito inicial, la cual
pasó de una propiedad respaldada con un título de adjudicación a una ocupación
de varios años. A su vez, indicó que sobre las nuevas pretensiones operó la
caducidad, dado que fueron presentadas fuera del término legal y sin agotar la
conciliación extrajudicial como requisito previo. Por lo tanto, dichas circunstancias
vulneran su derecho al debido proceso y el de los demás vinculados al proceso.

18. La Gobernación de Antioquia10 informó que el predio “La Presumida” tiene como
titular de la posesión al señor Alejandro Sánchez Ospina y que, según los datos que
tiene a su disposición, no se evidencia que sobre dicho inmueble exista o haya sido
objeto de un proceso de restitución de tierras. Señaló que la entidad territorial está
dispuesta a atender los requerimientos o suministrar la información que sea
requerida en virtud de la acción de tutela incoada.

2.5. Sentencia de primera instancia

19. El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia del 14 de abril de
202611, declaró improcedente la tutela, al considerar que no cumplía con el requisito
de relevancia constitucional.

20. Al respecto, precisó que la entidad accionante desconoce que este tipo de
controversias sobre la interpretación de la ley no son del resorte del juez de tutela,
pues no se evidencia una afectación de derechos fundamentales que trascienda al
ámbito constitucional, toda vez que la admisión de la reforma de la demanda no
impide que el proceso continue su curso y que los aspectos con los que la parte
accionante está en desacuerdo puedan ser definidos en la sentencia que ponga fin
al proceso.

21. Asimismo, resaltó que de los hechos expuestos por la parte actora no se haya
una afectación al derecho de contradicción, pues se puede pronunciar sobre el
fondo de la reforma de la demanda dentro del término de traslado de esta. Refirió
que lo anterior tampoco permite que en este trámite se aborden controversias que
deben ser resueltas por el juez natural, so pena de invadir su autonomía en la
interpretación adecuada y motivada que ejerza sobre los asuntos que son puestos
a su consideración.

2.6. Impugnación

22. La parte actora presentó impugnación12 en contra de la sentencia del Tribunal
Administrativo de Antioquia. En su escrito mencionó que la decisión de primera
instancia ignoró que sus actuaciones en el proceso ordinario buscan la protección
de bienes baldíos, por lo que, a su juicio, dicha circunstancia acredita el requisito de
la relevancia constitucional.

23. Además, reiteró los argumentos de la solicitud de amparo relacionados con que
las providencias cuestionadas incurrieron en defecto procedimental al desconocer
que la reforma de la demanda no puede modificar aspectos sustanciales de la

9 Samai, exp. 05001-23-33-000-2026-00225-00, índice 26.
10 Samai, exp. 05001-23-33-000-2026-00225-00, índice 29.
11 Samai, exp. 05001-23-33-000-2026-00225-00, índice 30.
12 Samai, exp. 05001-23-33-000-2026-00225-00, índice 33.

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misma, En ese sentido, solicitó que se revoque el fallo de primera instancia y, en su
lugar, se acceda a las pretensiones de la tutela.

3. Consideraciones

3.1. Competencia

24. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, y el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer, en
segunda instancia, la impugnación interpuesta contra la sentencia del 14 de abril de
2026, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia.

3.2. Legitimación en la causa

25. La legitimación en la causa por activa de la Agencia Nacional de Tierras está
acreditada, porque es la entidad demandada en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho en el que fueron expedidas las decisiones que, a su
juicio, desconocieron sus derechos fundamentales.

26. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Juzgado
Segundo Administrativo de Turbo, debido a que fue la autoridad que profirió las
providencias objeto de estudio.

3.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

27. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado13 y de la Corte Constitucional
ha destacado que la acción de tutela en contra de providencias judiciales procede
de manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos,
en procura de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo
de este mecanismo constitucional14.

28.En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:

i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional;
ii) Que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial;
iii) Que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado;
iv) Que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia
directa y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y
que afecte un derecho fundamental;
v) Que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración; y,
vi) Que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.

29. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la acción
de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen
incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales15 y, por

13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, radicado

núm.11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
14 Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
15 Corte Constitucional, Sentencia SU-024 de 2018.

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tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En
otras palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que
afectan la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez
constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.

30. De esta manera, para que prospere una tutela contra providencia judicial se
requiere que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos o causales: i)
orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error
inducido a la autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del
precedente constitucional; o viii) violación directa de la Constitución16.

3.4. Problema jurídico

31. La Sala debe determinar si confirma, revoca o modifica la sentencia proferida
por el Tribunal Administrativo de Antioquia el 14 de abril de 2026, que declaró
improcedente la acción de tutela. Para ello, deberá resolver el siguiente problema
jurídico:

32. ¿La solicitud de amparo superó los requisitos de procedibilidad de la tutela
contra providencias judiciales, en particular, el de subsidiariedad?

Para el efecto, se estudiarán: i) los presupuestos generales de procedencia; y ii) el
caso concreto.

3.5. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

3.5.1. Requisito de subsidiariedad

33. En particular, es preciso tener en cuenta que el requisito de subsidiariedad
exige, en los términos del artículo 86 constitucional y del artículo 6 del Decreto 2591
de 199117 que el juez constitucional, por un lado, verifique que la accionante no
cuente con otros mecanismos judiciales de protección de sus derechos
fundamentales; y, por otro lado, valore si dichos mecanismos resultan idóneos y
eficaces para garantizar de forma oportuna el amparo solicitado, de acuerdo con las
particularidades de cada caso18.

34. En el evento de que existan otros medios de defensa judicial, pero que estos no
sean idóneos o eficaces, procede la tutela como mecanismo de protección de
derechos fundamentales, así como en los eventos en que se configura un perjuicio
irremediable, el cual debe ser inminente y grave, y sus medidas de protección
impostergables19.

35. Cuando se trata de una tutela contra providencia judicial, la Corte Constitucional
ha indicado que los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios constituyen vías
legítimas de defensa y reconocimiento de los derechos fundamentales 20. De manera
específica, el alto tribunal expresó lo siguiente:

16 Corte Constitucional, Sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.
17 Artículo 6. Causales de improcedencia de la tutela. «La acción de tutela no procederá: 1. Cuando existan

otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto […]».
18 Corte Constitucional, sentencia T-397 de 2017.
19 Corte Constitucional, sentencia T-471 de 2017.
20 Corte Constitucional, sentencia T-373 de 2021.

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La acción de tutela no fue diseñada para desplazar a los jueces del ejercicio de sus
competencias naturales, motivo por el cual, en principio, no es procedente acudir ante
un juez para impugnar las decisiones judiciales si previamente no se han empleado
los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial. El agotamiento de estas
herramientas constituye, entonces, un requisito indispensable para que el juez de
tutela pueda entrar a estudiar la vulneración invocada por el accionante.

3.6. Caso concreto

36. En el asunto bajo estudio, la Agencia Nacional de Tierras solicitó que se deje
sin efectos los autos del 20 de noviembre y el 11 de diciembre de 2025, proferidos
por el Juzgado Segundo Administrativo de Turbo, mediante los cuales se admitió la
reforma de la demanda en el proceso ordinario interpuesto en su contra.

37. A juicio de la entidad accionante, la autoridad judicial vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la seguridad jurídica y a la igualdad, al admitir
la reforma de la demanda con la que se sustituyeron aspectos esenciales del escrito
inicial y se introdujeron nuevos hechos y pretensiones respecto de las cuales no se
realizó un estudio sobre la caducidad y el agotamiento del requisito de la conciliación
extrajudicial.

38. El Tribunal Administrativo de Antioquia, en primera instancia, declaró
improcedente la solicitud de amparo por no cumplir el requisito de la relevancia
constitucional, al considerar que no se configuró una vulneración de derechos
fundamentales que amerite la intervención del juez de tutela.

39. La parte actora impugnó la anterior decisión con el argumento de que no se
valoró que su función en el proceso ordinario es la protección de los bienes baldíos,
lo cual acredita la relevancia constitucional del asunto.

40. En el presente caso, la Sala advierte que la Agencia Nacional de Tierras actúa
como parte demandada en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho,
identificado con radicado núm. 05837-33-33-002-2024-00221-00, en el que fueron
proferidos los autos del 22 de noviembre y 11 de diciembre de 2025, mediante los
cuales se admitió la reforma de la demanda y se negó la reposición de la providencia
admisoria.

41. En ese sentido, se evidencia que los argumentos en los que la entidad
accionante sustentó su escrito de tutela están orientados a controvertir la caducidad
y el agotamiento de la conciliación extrajudicial sobre las nuevas pretensiones que
fueron formuladas en el escrito de la reforma de la demanda, aspectos que son
susceptibles de ser debatidos con la contestación de esta y la proposición de
excepciones, conforme al artículo 175 del CPACA21.

42.Pues bien, verificado el Sistema de Gestión Judicial SAMAI, la Sala constata
que el 15 de diciembre de 2025, la Agencia Nacional de Tierras presentó memorial22
en el que se pronunció sobre la reforma de la demanda. A su vez, el Juzgado
Segundo Administrativo de Turbo, mediante auto del 26 de febrero de 202623,

21 Artículo 175. Contestación de la demanda. Durante el término de traslado, el demandado tendrá la facultad

de contestar la demanda mediante escrito, que contendrá: […]
2. Un pronunciamiento sobre las pretensiones y los hechos de la demanda.
3. Las excepciones.
[…].
22 Samai, exp. 05837-33-33-002-2024-00221-00, índice 131.
23
Samai, exp. 05837-33-33-002-2024-00221-00, índice 148.

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resolvió que, una vez vencido el término del traslado de la reforma de la demanda,
se pronunciaría sobre las excepciones propuestas, sin que a la fecha de la presente
providencia la autoridad judicial accionada haya expedido una decisión al respecto.

43. En ese contexto, es preciso señalar que el ordenamiento jurídico prevé un
trámite que deben seguir los procesos que sean conocidos por la jurisdicción de lo
Contencioso-Administrativo, el cual constituye el mecanismo ordinario idóneo para
someter a consideración del juez los argumentos en los que las partes sustentan
sus pretensiones o, en su defecto, las excepciones que sean propuestas con el fin
de discutir el derecho objeto del litigio.

44. En efecto, de conformidad con el artículo 179 y siguientes de la Ley 1437 de
2011, modificado por el artículo 39 de la Ley 2080 de 2021, se establecen las etapas
del proceso y las oportunidades para pronunciarse frente a la reforma de la
demanda y su contestación, los mecanismos dispuestos para el saneamiento del
proceso y el trámite a seguir en caso de que el juez considere probada alguna de
las excepciones propuestas.

45. Así las cosas, la Sala advierte que la parte actora no solo tenía la posibilidad de
pronunciarse de fondo sobre la reforma de la demanda, sino que efectivamente hizo
uso de esta oportunidad, al contestar y exponer su posición respecto al referido
escrito. En esa medida, corresponde a la autoridad judicial accionada, en su
condición de juez natural del proceso ordinario, pronunciarse de fondo sobre los
argumentos y excepciones propuestas por las partes en el traslado de la reforma de
la demanda y, en general, sobre la garantía de los derechos invocados.

46. Ahora bien, la entidad accionante sostiene que la tutela resulta procedente para
evitar la configuración de un perjuicio irremediable, en atención a que agotó los
recursos ordinarios contra el auto que admitió la reforma de la demanda. No
obstante, la Sala no advierte la configuración de dicho perjuicio, en tanto no se
acreditó una afectación actual, inminente y grave de sus derechos fundamentales
que ameriten la intervención urgente del juez constitucional. Por el contrario, se
observa que el proceso ordinario se encuentra en curso y en etapa de resolución de
las excepciones propuestas, lo que permite concluir que el trámite impartido resulta
idóneo y eficaz para resolver de manera oportuna la controversia planteada.

47. En consecuencia, la acción de tutela no puede ser empleada como un medio
alternativo o paralelo a los recursos de ley, ni como una instancia adicional para
anticipar el debate propio del proceso ordinario. Admitir lo contrario implicaría
desnaturalizar su carácter subsidiario y desconocer la competencia funcional del
juez ordinario, quien actualmente conoce del asunto y se encuentra en capacidad
de adoptar las decisiones a que haya lugar en el marco de su autonomía e
independencia.

4. Conclusión

48. En este orden de ideas, la Sala concluye que la solicitud de tutela no cumple
con el requisito de subsidiariedad. En consecuencia, se confirmará la sentencia del
14 de abril de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo del Antioquia.

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Accionante: Agencia Nacional de Tierras
Accionado: Juzgado Segundo Administrativo de Turbo

5. Decisión

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla

Primero: Confirmar la sentencia del 14 de abril de 2026, proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia que declaró improcedente la acción de tutela promovida
por la Agencia Nacional de Tierras, pero por las razones expuestas en esta
providencia.

Segundo: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase.

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx.
ABQ/SEJV.

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