Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2026-00292-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2026-00292-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 05001-23-33-000-2026-00292-01
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
23 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Bogotá, D.C., veintitrés (23) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 05001-23-33-000-2026-00292-01
Demandante: DIEGO ALEXANDER CARRASQUILLA SALAZAR
Demandado: UNIVERSIDAD NACIONAL
Tema: Revoca sentencia de primera instancia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte accionante contra la sentencia
del 12 de marzo de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que
negó a las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de cumplimiento
El señor Diego Alexander Carrasquilla Salazar, actuando en nombre propio, promovió
acción de cumplimiento en contra de la Universidad Nacional de Colombia – Sede
Medellín (en adelante, la UNAL), en la que pretende se dé cumplimiento al artículo 65
de la Ley 1437 de 2011 (CPACA).
Conforme lo anterior, a título de pretensión, solicitó:
[…]
Segundo. Ordenar a la Universidad Nacional de Colombia – Sede Medellín […]
[disponer] la publicación de los actos administrativos de nombramiento expedidos en el
marco del Concurso Profesoral 2025 de la Facultad de Minas, en un medio oficial de
difusión accesible al público, conforme a la ley.
Tercero. Ordenar que la publicación de los actos administrativos de nombramiento se
realice dentro de un término perentorio que fije el despacho, contado a partir de la
notificación de la sentencia, garantizando el principio constitucional de publicidad y
transparencia de la función administrativa.
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Demandante: Diego Alexander Carrasquilla Salazar
Demandado: Universidad Nacional
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Cuarto. Disponer que la Universidad Nacional de Colombia – Sede Medellín se
abstenga de reiterar prácticas administrativas contrarias al deber legal de publicidad, en
particular aquellas consistentes en sustituir la publicación de los actos administrativos
de nombramiento por su sola notificación individual al interesado.
Quinto. Ordenar a la autoridad accionada que adopte las medidas administrativas
necesarias para asegurar que, en adelante, los actos administrativos de nombramiento
que expida sean publicados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley
1437 de 2011 (CPACA)1.
1.2. Hechos
La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la
decisión que se adoptará en la sentencia:
El 13 de enero de 2026, el señor Diego Alexander Carrasquilla Salazar presentó
requerimiento ante la UNAL con el propósito de agotar el requisito de procedibilidad
previsto en el artículo 8 de la Ley 393 de 1997. En dicha solicitud, instó a la entidad a
acatar lo dispuesto en el artículo 65 del CPACA, requiriendo la publicación, en el medio
oficial correspondiente, de los actos administrativos mediante los cuales se efectuaron
nombramientos en la planta de personal, en particular, en el marco del Concurso
Profesoral 2025 de la Facultad de Minas – Sede Medellín.
La decana de dicha facultad dio respuesta al requerimiento mediante Oficio identificado
con el radicado M.FM.1-0035-26 del 4 de febrero de 2026, en el cual negó la solicitud.
Indicó que el régimen aplicable al concurso se encuentra definido en la Resolución
1048 de 20252, la cual constituye la regulación especial del proceso. Conforme a dicha
normativa, se prevé que los resultados generales del concurso, como la identificación
de ganadores y elegibles, tienen carácter público y son objeto de publicación en los
canales oficiales de la Facultad. Por otro lado, los actos administrativos de
nombramiento en período de prueba se conciben como actos de carácter particular,
cuya comunicación se realiza de manera individual al interesado.
En esa línea, la UNAL sostuvo que los actos de nombramiento producen efectos
exclusivamente respecto de la persona designada y de la administración, razón por la
cual su notificación se surte mediante el envío del acto al correo electrónico del
ganador, conforme a lo dispuesto en el reglamento del concurso. Así, refirió que la
interpretación propuesta por el solicitante desconoce tanto el alcance del artículo 65
del CPACA como el principio de autonomía universitaria.
1 Transcripción original que puede contener errores.
2 “Por la cual se convoca al Concurso Profesoral 2025 para proveer treinta y dos (32) cargos docentes
en dedicaciones de Tiempo Completo y Cátedras en la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de
Colombia Sede Medellín”.
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1.3. Fundamentos de la solicitud de cumplimiento
El accionante argumentó que el parágrafo del artículo 65 del CPACA consagra un deber
jurídico claro, expreso e inequívoco de publicar los actos administrativos de
nombramiento, sin distinguir entre actos de carácter general o particular. Afirmó que se
trata de una obligación imperativa, no sujeta a discrecionalidad administrativa, cuya
observancia solo podría limitarse mediante una reserva legal expresa, inexistente en
este caso.
Advirtió que la interpretación de la UNAL contraría el derecho de acceso a la
información pública, conforme a la jurisprudencia constitucional, la cual ha establecido
que la publicidad es la regla general y la reserva una excepción de carácter estricto,
además de imponer a las autoridades deberes positivos de divulgación de la
información necesaria para el control ciudadano de la gestión pública.
De igual forma, alegó que la negativa de la accionada vulnera el régimen de
transparencia previsto en la Ley 1712 de 2014, aplicable a todas las entidades públicas,
incluidas las universidades. Señaló que, incluso en el evento de existir información
parcialmente reservada, la autoridad tiene el deber de divulgar versiones públicas de
los documentos, sin que sea admisible la negativa absoluta a su publicación. En esa
línea, destacó que la ley califica la información salarial de los servidores públicos como
información de carácter público, lo que descartaría la presencia de este dato como
impedimento para publicar los actos de nombramiento.
Adicionalmente, cuestionó la invocación de la Resolución 1048 de 2025 como
fundamento para restringir la publicidad de los actos de nombramiento, al considerar
que un acto administrativo de carácter reglamentario no puede desconocer ni limitar un
mandato legal. Asimismo, rechazó la tesis según la cual la notificación individual del
acto sustituye su publicación, al advertir que ambas figuras cumplen funciones
distintas.
Finalmente, criticó la apelación al principio de autonomía universitaria resulta, dado que
este no es absoluto y se encuentra subordinado al cumplimiento de la Constitución y la
ley.
1.4. Admisión, notificación e intervenciones
Por auto del 17 de febrero de 20263, la Magistrada Ponente del Tribunal Administrativo
de Antioquia admitió la acción de cumplimiento y ordenó la notificación de la entidad
demandada4. Realizadas las notificaciones correspondientes, se recibió la siguiente
intervención:
3 Índice 3 de Samai – cuaderno de primera instancia.
4Notificación enviada a los correos electrónicos: notificaciones_juridica_med@unal.edu.co
notificaciones_juridica_nal@unal.edu.co. Índice 8 de Samai – cuaderno de primera instancia.
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1.4.1 Universidad Nacional de Colombia – Sede Medellín
La convocada se opuso a las pretensiones de la demanda sosteniendo que la provisión
de cargos de su personal académico se rige por su normativa interna, como el Acuerdo
123 de 2013 y, de manera específica para el caso, por la Resolución 1048 de 2025, la
cual constituye ley especial del Concurso Profesoral 2025.
Indicó que este acto administrativo, expedido en ejercicio de la autonomía universitaria,
goza de presunción de legalidad y regula de manera integral y obligatoria las etapas
del proceso, incluyendo la forma de comunicación de los actos de nombramiento.
Estos, según el artículo 14 de la Resolución 1048 de 2025, deben ser remitidos
individualmente al correo electrónico del ganador, dada su naturaleza particular.
Consideró que el mandato previsto en el artículo 65 del CPACA no es de aplicación
automática ni inobjetable en este caso, en tanto entra en tensión con una norma
especial y posterior que regula de manera específica el concurso. En ese sentido,
afirmó que ordenar la publicación de los actos de nombramiento implicaría obligar a la
Universidad, en contravía de la autonomía que le asiste, a desconocer su propio
reglamento vigente, cuya legalidad no ha sido desvirtuada. Por ello, señaló que, si el
accionante entiende contraria a derecho la Resolución 1048 de 2025, debió acudir al
medio de control de nulidad y no a la acción de cumplimiento.
Asimismo, rechazó que exista una omisión o práctica administrativa irregular, al indicar
que la notificación individual de los actos de nombramiento no responde a una decisión
discrecional, sino al cumplimiento estricto de un mandato reglamentario expreso.
Añadió que el demandante confunde el alcance del principio de publicidad, pues este
se materializa de manera diferenciada según la naturaleza del acto: mediante
publicación para actos generales y mediante notificación para actos particulares, como
ocurre con los nombramientos, los cuales crean situaciones jurídicas individuales y
cuya eficacia se garantiza con su comunicación directa al interesado.
1.5. Fallo de primera instancia
En sentencia del 12 de marzo de 2026, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Séptima de Oralidad5, negó las pretensiones de la acción de cumplimiento.
El a quo indicó que el deber cuya observancia se pretendía se encuentra consagrado
en una norma con fuerza de ley y que, además, el actor cumplió con el requisito de
constitución en renuencia. No obstante, en el análisis de exigibilidad del mandato,
concluyó que, aunque la disposición legal contiene un deber imperativo, este no resulta
inobjetable ni directamente exigible frente a la UNAL.
5 Integrada por los magistrados Martha Nury Velásquez Bedoya, Carlos Cristopher Viveros Echeverri y
Gonzalo Zambrano Velandia.
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Para arribar a dicha conclusión, el Tribunal sostuvo que, en virtud de la autonomía
universitaria consagrada en el artículo 69 de la Constitución y desarrollada por la Ley
30 de 1992, las universidades públicas pueden adoptar procedimientos administrativos
propios. En ese marco, estimó que la Resolución 1048 de 2025 constituye una norma
especial que establece un régimen específico de notificación de los actos de
nombramiento, consistente en su comunicación directa al interesado. Así, estimó que
las disposiciones generales del CPACA sobre publicidad de actos administrativos no
resultan aplicables cuando existe una regulación interna especial en las universidades.
El Tribunal se apoyó en decisiones de la Sección Quinta del Consejo de Estado,
relativas a la elección de autoridades universitarias, para afirmar que, cuando las
universidades cuentan con disposiciones internas que regulan sus procedimientos, las
normas del CPACA resultan inaplicables. A partir de ello, entendió que la autonomía
universitaria habilita la adopción de procedimientos propios que desplazan la aplicación
de las reglas generales de publicidad
La anterior decisión se notificó mediante correo electrónico remitido a las partes el 12
de marzo de 20266.
1.6. Impugnación7
El accionante, en su escrito de impugnación, solicitó la revocatoria de la sentencia de
primera instancia para que, en su lugar, se acceda a las pretensiones de la demanda.
Alegó una indebida aplicación del precedente del Consejo de Estado, pues las
providencias invocadas se refieren a la publicación de actos generales expedidos en
procedimientos de elección de autoridades universitarias, supuestos distintos a los
actos de nombramiento docente derivados de concursos de méritos.
En segundo lugar, reprochó que el Tribunal aplicó erróneamente el principio de
especialidad, al considerar que una resolución reglamentaria puede desplazar un
mandato legal. Precisó que la Resolución 1048 de 2025 no regula ni excluye el deber
de publicación, sino únicamente la notificación individual del acto, figuras que cumplen
funciones distintas y son compatibles entre sí.
En tercer lugar, cuestionó la invocación de la autonomía universitaria como fundamento
para inaplicar la ley, al señalar que dicha garantía no es absoluta y no habilita a las
universidades para desconocer deberes legales de transparencia ni derechos
fundamentales como el acceso a la información pública.
En cuarto lugar, advirtió que la interpretación acogida por el Tribunal hace nugatorio el
control judicial sobre los actos de nombramiento docente, pues su no publicación
6 Índice 12 expediente digital – cuaderno de primera instancia.
7 Índice 15 expediente digital – cuaderno de primera instancia.
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impide a terceros conocerlos y ejercer oportunamente los medios de control,
convirtiéndolos en decisiones de facto inaccesibles para la ciudadanía.
Finalmente, manifestó que la decisión desconoce los principios constitucionales de
publicidad, transparencia y control ciudadano de la función administrativa, los cuales
son aplicables a las universidades públicas.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para resolver la impugnación formulada por el señor
Carrasquilla Salazar, de conformidad con lo establecido en los artículos 3.º de la Ley
393 de 1997, 125, 150 y 152 de la Ley 1437 de 2011 8, y el Acuerdo 080 del 12 de
marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que establece la competencia
de la Sección Quinta de la Corporación para conocer de las «apelaciones contra las
providencias susceptibles de ese recurso que se dicten por los Tribunales
Administrativos en primera instancia en las acciones de cumplimiento».
2.2. Problema jurídico a resolver en la presente acción de cumplimiento
Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la sentencia del 12 de
marzo de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que negó las
pretensiones de la acción de cumplimiento. Con tal fin, deberá absolverse la siguiente
pregunta:
(i) ¿La parte actora cumplió con la constitución en renuencia de la UNAL de
conformidad con lo previsto en el artículo 8.º de la Ley 393 de 1997?
De ser afirmativa la respuesta a la anterior interrogante, deberá determinarse, si se
cumplen con los requisitos de procedencia, caso en el cual, advertir si:
(ii) ¿Hay lugar a ordenar a la parte accionada el cumplimiento del artículo 65
de la Ley 1437 de 2011?
2.3. Razones jurídicas de la decisión
Para resolver el problema jurídico planteado, se analizarán los siguientes temas: (i)
naturaleza de la acción constitucional; (ii) constitución en renuencia; (iii) procedencia
de la acción de cumplimiento y (iv) análisis del caso concreto.
8 Modificado por la Ley 2080 de 2021.
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2.3.1. Naturaleza de la acción de cumplimiento
Esta acción está instituida en el artículo 87 de la Constitución Política, como un
mecanismo para que toda persona pueda «acudir ante la autoridad judicial para hacer
efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto administrativo. En caso de prosperar la
acción, la sentencia ordenará a la autoridad renuente el cumplimiento del deber
omitido». En igual sentido, el artículo 1 de la Ley 393 de 1997 precisa que «Toda
persona podrá acudir ante la autoridad judicial definida en esta Ley para hacer efectivo
el cumplimiento de normas aplicables con fuerza material de Ley o actos
administrativos».
Colombia es un estado social de derecho y dentro de sus fines esenciales está el de
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitución, teniendo en cuenta lo anterior y que las autoridades de la República están
instituidas, entre otras cosas, para asegurar el acatamiento de los deberes sociales del
Estado y de los particulares (artículo 2° de la Constitución Política), la acción en estudio
permite la realización de este postulado logrando la eficacia material de la ley y de los
actos administrativos expedidos por las diferentes autoridades en cumplimiento de sus
funciones públicas.
De este modo, este mecanismo constituye el instrumento adecuado para demandar de
las autoridades o de los particulares que ejercen funciones públicas, y ante el inminente
incumplimiento la efectividad de las normas con fuerza material de ley y de los actos
administrativos.
Como lo señaló la Corte Constitucional9:
[…] el objeto y finalidad de esta acción es otorgarle a toda persona, natural o jurídica, e
incluso a los servidores públicos, la posibilidad de acudir ante la autoridad judicial para
exigir la realización o el cumplimiento del deber que surge de la ley o del acto
administrativo y que es omitido por la autoridad, o el particular cuando asume este
carácter. De esta manera, la referida acción se encamina a procurar la vigencia y
efectividad material de las leyes y de los actos administrativos, lo cual conlleva la
concreción de principios medulares del Estado Social de Derecho, que tienden a
asegurar la vigencia de un orden jurídico, social y económico justo.
Sin embargo, para que la acción de cumplimiento prospere, del contenido de la Ley
393 de 1997, se desprende que se deben acreditar los siguientes requisitos mínimos:
a) Que el deber que se pide hacer cumplir se encuentre consignado en normas
aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes (Art.
1.º)10.
9 Corte Constitucional, sentencia C-157 de 1998. Magistrados Ponentes Antonio Barrera Carbonell y
Hernando Herrera Vergara.
10 Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general
consagran principios y directrices.
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b) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al
cumplimiento del deber, antes de formular la demanda, bien sea por acción u
omisión del exigido o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir
su inminente incumplimiento (Art. 8.º).
c) El artículo 8º señala que excepcionalmente, se puede prescindir de este
requisito «cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir
un perjuicio irremediable», caso en el cual deberá ser sustentado en la
demanda.
d) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para
lograr el efectivo cumplimiento del deber jurídico o administrativo omitido,
salvo el caso que, de no proceder el juez, se produzca un perjuicio grave e
inminente para quien ejerció la acción, circunstancia esta que hace
procedente la acción. Por tanto, es improcedente la acción que persigue la
protección de derechos que puedan ser garantizados a través de la acción de
tutela o se pretenda el cumplimiento de normas que establezcan gastos a la
administración (Art. 9.º).
Solo una vez suplidas las anteriores exigencias, corresponderá analizar la existencia
de un mandato imperativo e inobjetable que esté radicado en cabeza de aquella
autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas que deba cumplir
y frente a los cuales se haya dirigido esta acción. Este último corresponde a un
análisis del fondo del asunto del cual depende la prosperidad de las pretensiones
expuestas en la demanda.
2.3.2. De la renuencia
El inciso segundo del artículo 8.° de la Ley 393 de 1997, en concordancia con el
numeral 5.° del artículo 10 ibidem, estableció como requisito de procedibilidad de esta
acción constitucional, que con la demanda el accionante aporte la prueba de haber
pedido a la entidad accionada en forma directa y con anterioridad al ejercicio de la
acción, el acatamiento del deber legal o administrativo presuntamente desatendido por
aquélla y, que la autoridad requerida se ratifique en el incumplimiento o guarde silencio
frente a la solicitud. De esta manera quedará acreditada la renuencia de la respectiva
autoridad administrativa y el actor podrá ejercer la acción de cumplimiento.
Por lo tanto, la Sala debe estudiar si la parte actora cumplió con su carga de probar
que constituyó en renuencia a la UNAL.
En el requisito de procedibilidad es importante tener en cuenta, como lo ha señalado la
Sala, que «el reclamo en tal sentido no es un simple derecho de petición sino una
solicitud expresamente hecha con el propósito de cumplir el requisito de la renuencia
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para los fines de la acción de cumplimiento»11.
A partir de los hechos expuestos en la demanda y los documentos aportados con ésta,
se tiene que, el 13 de enero de 2026, el señor Diego Alexander Carrasquilla Salazar
presentó requerimiento ante la UNAL con el propósito de agotar el requisito de
procedibilidad previsto en el artículo 8 de la Ley 393 de 1997. En dicha solicitud, instó
a la entidad a acatar lo dispuesto en el artículo 65 del CPACA, requiriendo la
publicación, en el medio oficial correspondiente, de los actos administrativos mediante
los cuales se efectúan nombramientos en la planta de personal, en particular, en el
marco del Concurso Profesoral 2025 de la Facultad de Minas – Sede Medellín.
De esta radicación, la parte actora aportó la siguiente constancia:
La decana de la Facultad de Minas dio respuesta al requerimiento mediante Oficio
identificado con el radicado M.FM.1-0035-26 del 4 de febrero de 2026, en el cual negó
la solicitud de cumplimiento.
Conforme con lo anterior, la Sala entiende agotado el requisito de procedibilidad, según
lo dispuesto en el artículo 8.º de la Ley 393 de 1997.
2.3.3. Caso concreto
2.3.3.1. De la procedencia de la acción
Para determinar si la demanda de cumplimiento promovida es procedente a la luz de
la Ley 393 de 1997, es necesario traer de presente las pretensiones formuladas por el
accionante.
En el asunto bajo estudio, el señor Diego Alexander Carrasquilla Salazar persigue que
se ordene a la UNAL acatar lo dispuesto en el parágrafo del artículo 65 de la Ley 1437
de 2011. De manera consecuente, solicita que la entidad publique los actos
administrativos de nombramiento derivados de los concursos docentes en un medio
oficial accesible al público, en particular, aquellos expedidos en el marco del Concurso
Profesoral 2025 de la Facultad de Minas.
11 Sección Quinta, providencia del 20 de octubre de 2011, Exp. 2011-01063, C.P. Mauricio Torres Cuervo
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Precisado lo anterior, como punto de partida se tiene que la disposición invocada
corresponde a una norma con fuerza material de ley, susceptible de ser exigida
mediante acción de cumplimiento, en los términos del artículo 1° de la Ley 393 de 1997.
Asimismo, se trata de una norma vigente, pues no obra en el expediente disposición
posterior o decisión judicial que la haya retirado del ordenamiento jurídico.
Ahora bien, tampoco se evidencia la existencia de otro mecanismo judicial que permita
al demandante obtener el cabal acatamiento de la disposición citada. Al respecto, no
se advierte que el señor Carrasquilla Salazar esté cuestionando la validez de los actos
administrativos de nombramiento en específico, ni tampoco la legalidad de la
Resolución 1048 de 2025, pues su pretensión se orienta a obtener el cumplimiento de
un deber legal de carácter general, cuya observancia considera omitida por la entidad
accionada.
En igual sentido, el debate aquí planteado no es susceptible de ventilarse a través de
la acción de tutela, en la medida en que no se alegó por el accionante una vulneración
directa e inmediata de derechos fundamentales. Así las cosas, el accionante no solicita
la salvaguarda de una garantía constitucional respecto de su situación particular,
eventualmente afectada por la omisión de publicidad, sino la efectividad de un mandato
legal en abstracto.
Finalmente, no se advierte que la observancia del mandato normativo invocado
conlleve para la parte demandada la realización de un gasto no presupuestado, en los
términos del parágrafo del artículo 9 de la Ley 393 de 1997.
Surtido el análisis de los requisitos de procedencia, la Sala concluye que la acción de
cumplimiento es el mecanismo idóneo para examinar lo perseguido por el accionante.
2.3.3.2. Sobre la existencia de un mandato
Expuesto lo anterior, se remembra que la finalidad de la acción de cumplimiento es que
toda persona pueda acudir ante la autoridad judicial competente para hacer efectivo el
acatamiento de una ley o de un acto administrativo, tal como lo dispone el artículo 87
constitucional.
No obstante, a través de esta acción no es posible ordenar ejecutar toda clase de
disposiciones, sino aquellas que contienen prescripciones que se caracterizan como
“deberes”. Los deberes legales o administrativos que pueden ser cumplidos a través
de las órdenes del juez constitucional son los que albergan un mandato perentorio,
claro y directo a cargo de determinada autoridad, un mandato “imperativo e
inobjetable”.
Al respecto, resulta importante recordar que esta sección ha indicado las
características que deben tener los deberes legales o administrativos que pueden ser
cumplidos a través de las órdenes del juez constitucional: mandatos imperativos,
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expresos e inobjetables. Es así, que en reciente providencia precisó su postura de la
siguiente manera12:
[E]l mandato previsto en la ley o en el acto administrativo no tiene que consistir en una
obligación clara, expresa y exigible, bastara con que se trate de un deber imperativo,
expreso e inobjetable. Considerar que, si el precepto no tiene todas las circunstancias de
tiempo, modo y lugar no puede ser exigible para el sujeto pasivo de la obligación,
implicaría aceptar que las disposiciones son ineficaces desde todo punto de vista y por
tanto no podrían ser enjuiciables vía acción de cumplimiento.
Esto a su vez, supondría ir en contra del espíritu del constituyente quien estatuyo en el
artículo 87 de la Carta, una acción que le permita a toda persona solicitar la realización
efectiva de los mandatos señalados en las leyes y los actos administrativos ante cualquier
autoridad, para «hacerle frente a las omisiones de las autoridades públicas, y de los
particulares que ejerzan funciones públicas, en el ejercicio de toda actividad jurídica o
material, legalmente debida y cuya ejecución sea posible de realizar»13.
En ese orden de ideas, corresponde a la Sala determinar si del artículo 65 del CPACA
se desprende un mandato imperativo, expreso e inobjetable en el sentido argumentado
por el accionante. La norma en cuestión dispone:
Artículo 65. Deber de publicación de los actos administrativos de carácter
general. Los actos administrativos de carácter general no serán obligatorios mientras
no hayan sido publicados en el Diario Oficial o en las gacetas territoriales, según el
caso.
Cuando se trate de actos administrativos electrónicos a que se refiere el artículo 57 de
esta Ley, se deberán publicar en el Diario Oficial o gaceta territorial conservando las
garantías de autenticidad, integridad y disponibilidad.
Las entidades de la administración central y descentralizada de los entes territoriales
que no cuenten con un órgano oficial de publicidad podrán divulgar esos actos mediante
la fijación de avisos, la distribución de volantes, la inserción en otros medios, la
publicación en la página electrónica, o cualquier canal digital habilitado por la entidad,
o por bando, en tanto estos medios garanticen amplia divulgación.
Las decisiones que pongan término a una actuación administrativa iniciada con una
petición de interés general se comunicarán por cualquier medio eficaz.
En caso de fuerza mayor que impida la publicación en el Diario Oficial, el Gobierno
nacional podrá disponer que la misma se haga a través de un medio masivo de
comunicación eficaz.
Parágrafo . También deberán publicarse los actos de nombramiento y los actos de
elección distintos a los de voto popular.
12Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia de 25 de enero de 2024, radicado 25000-23-41-000-
2022-00243-01, MP Pedro Pablo Vanegas Gil.
13 Ramelli Arteaga, A. 2000. La acción de cumplimiento: ¿Un instrumento jurídico al servicio del Estado
social de derecho en Colombia? Revista derecho del Estado. 8 (jun. 2000), 85–125.
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De la norma transcrita se extrae un deber de publicidad consistente en la obligación a
cargo de las autoridades administrativas de dar a conocer determinados actos
administrativos a través de mecanismos de divulgación general, como presupuesto
para su eficacia y oponibilidad.
El artículo 65 del CPACA regula, en primer término, la publicación de los actos
administrativos de carácter general, estableciendo que estos no serán obligatorios
mientras no hayan sido publicados en el Diario Oficial o en las gacetas territoriales,
según el caso. Asimismo, dispone que, tratándose de actos administrativos
electrónicos, su publicación debe garantizar condiciones de autenticidad, integridad y
disponibilidad. Además, prevé que, en ausencia de un órgano oficial de publicidad, las
entidades podrán acudir a otros mecanismos de divulgación que aseguren una difusión
amplia y efectiva. No obstante, el parágrafo de dicha disposición amplía el ámbito del
deber de publicidad, al establecer que también deberán publicarse los actos de
nombramiento; es decir, incorpora un mandato de publicación respecto de actos que,
pese a su naturaleza particular, quedan sometidos a un régimen especial de publicidad.
En este contexto, resulta pertinente precisar que el listado de medios de divulgación
previsto en la norma no tiene carácter taxativo ni establece un orden jerárquico entre
ellos. Pues bien, el legislador fijó como medios principales el Diario Oficial y las gacetas
territoriales, pero habilitó, de manera subsidiaria y ante la inexistencia de un órgano
oficial de publicidad, otros mecanismos como la fijación de avisos, la distribución de
volantes, la inserción en distintos medios o la publicación en canales electrónicos o
digitales, siempre que se garantice una adecuada difusión. Esta enumeración, además,
tiene un carácter meramente indicativo, pues el uso de la conjunción disyuntiva permite
entender que la administración puede acudir a cualquiera de estos medios, de forma
alternativa o concurrente, sin que deba agotarlos de manera sucesiva, siempre que se
cumpla la finalidad de asegurar el conocimiento público de los actos administrativos.
Este deber de publicidad de los actos administrativos referidos en el artículo 65 del
CPACA materializa los principios que orientan el ejercicio de la función administrativa
consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política, y encuentra concordancia
con múltiples disposiciones del ordenamiento jurídico que imponen a las autoridades
el deber de hacer accesibles sus actuaciones. En esa línea, el numeral 9° del artículo
3 del CPACA dispone que, en virtud del principio de publicidad, las autoridades deben
dar a conocer al público y a los interesados, de forma sistemática y permanente, sus
actos, contratos y decisiones, mediante los mecanismos de comunicación, notificación
y publicación previstos en la ley, incluso a través de tecnologías que permitan su
difusión masiva.
De igual forma, la disposición bajo estudio guarda armonía con la Ley 57 de 1985, que
ordena la publicidad de los actos y documentos oficiales; así como con el artículo 119
de la Ley 489 de 1998, que establece la obligación de publicar en el Diario Oficial
determinados actos administrativos, especialmente aquellos de carácter general. En su
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conjunto, estas normas persiguen garantizar la transparencia de la actuación
administrativa y el acceso de los ciudadanos a la información pública.
Precisado el alcance del mandato, debe determinarse si el mismo es exigible a la
autoridad demandada, en vista de los argumentos relativos a la autonomía universitaria
y a la existencia del artículo 14 de la Resolución 1048 de 2025, que sirvieron de
fundamento para negar las pretensiones en primera instancia.
En relación con la autonomía universitaria, prevista en el artículo 69 de la Constitución
Política, se trata de una garantía institucional que reconoce a las universidades la
capacidad de autorregularse en su dimensión ideológica y en su organización interna.
Ello se traduce en facultades como darse y modificar sus estatutos, designar sus
autoridades, definir sus programas académicos, seleccionar a sus profesores, admitir
estudiantes, y administrar sus recursos, conforme a la Ley 30 de 199214.
No obstante, esta autonomía no es absoluta, pues su ejercicio está condicionado por
la Constitución y la ley, tal como lo establece el propio artículo 69 superior. En
consecuencia, debe interpretarse de manera armónica con los demás principios que
rigen la función administrativa.
Desde esta perspectiva, el deber de publicar los actos administrativos de
nombramiento, consagrado en el parágrafo del artículo 65 del CPACA, constituye una
obligación legal que no interfiere con el núcleo esencial de la autonomía universitaria,
pues no incide en la definición de criterios académicos, en la selección de docentes ni
en la organización interna de la institución, sino que se limita a imponer un deber de
divulgación de decisiones ya adoptadas, en aras de garantizar su conocimiento público
y el control ciudadano. Así, la norma en cuestión es aplicable a las universidades,
máxime ante la inexistencia de disposiciones internas que resulten incompatibles con
las reglas para surtir la publicidad de los actos administrativos que refiere.
Por otra parte, el artículo 14 de la Resolución 1048 de 2025 establece:
Artículo 14. Nombramiento de la ganadora o el ganador. Cumplido lo anterior, la
Sección de Personal Académico de la Sede Medellín enviará a la ganadora o ganador,
vía correo electrónico, copia del acto administrativo de nombramiento en período de
prueba.
Si la o el concursante declarada(o) ganadora o ganador no acepta el nombramiento o
no se posesiona en el cargo dentro del término establecido por el parágrafo 4 del
Artículo 8 del Acuerdo 123 de 2013 del Consejo Superior Universitario, la Decana de la
Facultad de Minas designará en su lugar, en estricto orden descendente, a la o el
elegible que en la lista correspondiente haya obtenido el siguiente mejor puntaje; en el
evento en que no se disponga de elegibles o ninguna o ninguno de ellas(os) acepte, el
cargo se declarará desierto.
14 Al respecto, ver Sentencia C-1435 de 2000, Corte Constitucional.
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Como se desprende de su contenido, este artículo establece que el acto administrativo
de nombramiento será comunicado al ganador del concurso mediante su envío al
correo electrónico correspondiente. Sin embargo, dicha regulación se circunscribe al
ámbito de la notificación personal del acto, como mecanismo para asegurar
conocimiento por parte del destinatario directo, y no regula, ni se muestra excluyente,
con el deber de publicación general previsto en la ley.
Pues bien, la notificación y la publicación son mecanismos de publicidad que cumplen
funciones distintas y que pueden resultar complementarias dentro del ordenamiento
jurídico. Mientras la primera garantiza que el acto produzca efectos frente a su
destinatario, la segunda permite su conocimiento público, haciendo posible el ejercicio
del control ciudadano. En consecuencia, no existe incompatibilidad entre lo dispuesto
en la Resolución 1048 de 2025 y el artículo 65 del CPACA, sino una concurrencia de
deberes que deben ser observados de manera armónica.
En consecuencia, la Sala concluye que el mandato contenido en el parágrafo del
artículo 65 del CPACA es exigible a la entidad demandada y, por tanto, susceptible de
ser ordenado a través de la presente acción de cumplimiento.
Resta precisar el medio a través del cual debe efectuarse dicha publicación. Al
respecto, el artículo 65 del CPACA establece como regla general que los actos
administrativos de nombramiento deben publicarse en el Diario Oficial o en las gacetas
territoriales, según corresponda, como medios principales de divulgación. No obstante,
la misma disposición prevé que, en ausencia de un órgano oficial de publicidad, las
entidades podrán acudir a mecanismos alternativos que garanticen una amplia difusión,
tales como la fijación de avisos, la inserción en otros medios o la publicación en canales
electrónicos o digitales institucionales.
Ahora bien, como lo ha precisado esta Sección en pronunciamientos previos 15, en
atención a la autonomía universitaria de la UNAL, resulta procedente atender a sus
reglamentos internos en lo relativo a los mecanismos de publicidad de sus actos. En
particular, el Acuerdo 070 del 4 de septiembre de 201216, en su artículo 2, numeral 7,
establece su sistema institucional de publicación normativa en los siguientes términos:
Artículo 2. Definiciones. El presente Acuerdo tiene como finalidad dotar de seguridad
jurídica a los destinatarios, evitar la dispersión y proliferación normativa con el objeto de
consolidar un ordenamiento jurídico eficaz, coherente y estructurado. Para tal efecto, es
indispensable tener en cuenta las siguientes definiciones:
[…]
15 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de octubre de 2015. M.P. Alberto Yepes
Barreiro (E). Rad. 1001-03-28-000-2015-00011-00.
16 “Por el cual se establece el Ordenamiento Jurídico de la Universidad Nacional de Colombia y se
derogan los Acuerdos 026 de 2010 y 026 de 2011 del Consejo Superior Universitario”
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Sistema de Información Normativa, Jurisprudencial y de Conceptos - Régimen
Legal. Es el medio oficial de publicación de actos académicos y administrativos de
carácter general en la Universidad Nacional de Colombia. Consiste en un aplicativo web
que informa de manera inmediata y actualizada mediante un mecanismo de
incorporación y actualización del ordenamiento jurídico, que permite consultar y
establecer la vigencia de éstas mediante el manejo de vínculos de navegación web.
Seguidamente, el artículo 3 del mismo Acuerdo dispone que:
Artículo 3. Ámbito de aplicación. El presente Acuerdo debe ser aplicado por todas las
autoridades de la Universidad Nacional de Colombia que en razón de sus funciones
deban proyectar y/o expedir actos académicos y administrativos y por quienes estén
encargados de su publicidad, comunicación y notificación, según corresponda.
Así las cosas, la Sala considera que dicho sistema institucional constituye el medio
idóneo para dar cumplimiento al deber de publicidad previsto en el artículo 65 del
CPACA.
Con base en las piezas procesales incorporadas al presente asunto, se advierte que la
autoridad accionada no ha cumplido el deber endilgado, pues, pese a haber realizado
nombramientos de docentes dentro de la convocatoria realizada por la institución de
educación superior, no obra elemento probatorio alguno que permita demostrar que
tales actos administrativos han sido publicados a través de un canal idóneo que
garantice la amplia difusión.
En consecuencia, se revocará la sentencia dictada en primera instancia por el Tribunal
Administrativo de Antioquia el 12 de marzo de 2026 y, en su lugar, se ordenará a la
entidad demandada que, en atención al artículo 65 del CPACA, publique los actos
administrativos de nombramiento que expida, incluidos aquellos proferidos en el marco
del Concurso Profesoral 2025 de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de
Colombia Sede Medellín, a través de su sistema institucional de información normativa
o de cualquier otro medio oficial que garantice su adecuada divulgación.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la
ley,
FALLA
PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 12 de marzo de 2026, proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, en cuanto negó las pretensiones de la demanda y, en su
lugar:
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DECLARAR que la Universidad Nacional de Colombia – Sede Medellín ha
incumplido el deber previsto en el artículo 65 de la Ley 1437 de 2011, en lo relativo
a la publicación de los actos administrativos de nombramiento.
ORDENAR a la Universidad Nacional de Colombia – Sede Medellín: (i) adoptar las
medidas necesarias para dar cumplimiento al deber de publicación de los actos
administrativos de nombramiento que expida en el marco del Concurso Profesoral
2025 de la Facultad de Minas – Sede Medellín; y (ii) en el término de 30 días
contados a partir de la notificación de esta providencia, publicar a través de su
sistema institucional de información normativa los actos administrativos de
nombramiento expedidos en el marco del Concurso Profesoral 2025 de la Facultad
de Minas.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley
393 de 1997.
TERCERO: En firme la presente decisión, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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