Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2026-00320-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2026-00320-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 05001-23-33-000-2026-00320-01
Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria
14 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Catorce (14) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 05001-23-33-000-2026-00320-01
Accionante: Julián Andrés Ortiz Ramírez
Accionados: Juzgado Promiscuo Municipal San Roque – Antioquia y Consejo
Seccional de la Judicatura de Antioquia y de Chocó
Referencia: Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia
La Sala resuelve la impugnación presentada contra la sentencia proferida el 4 de marzo
de 2026, por el Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante la cual se declaró la
improcedencia de la demanda de tutela por falta del requisito de subsidiariedad.
SÍNTESIS1
El accionante cuestiona (i) el acto administrativo del 4 de noviembre de 2025, mediante
el cual se reconoció estabilidad reforzada al empleado provisional, Julián Yamid Gaviria
Arango y (ii) la resolución del 14 de enero de 2026, por medio de la cual se confirmó la
estabilidad reforzada y se nombró en el cargo de citador al señor Diego Alexander
Guzmán Jaramillo, proferidos por el Juzgado Promiscuo Municipal de San Roque -
Antioquia. Se confirma la improcedencia declarada en primera instancia por
incumplimiento del requisito de subsidiariedad.
I. ANTECEDENTES
A. Solicitud de amparo
1. El 19 de febrero de 2026, el señor Julián Andrés Ortiz Ramírez presentó una
demanda en ejercicio de la acción de tutela para obtener la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso e igualdad, los cuales, a su juicio, fueron vulnerados
con ocasión de (i) la resolución núm. 008 del 4 de noviembre de 2025, mediante la cual
se reconoció al señor Julián Yamid Gaviria Arango el derecho a la estabilidad laboral
reforzada y (ii) la resolución núm. 001 del 14 de enero de 2026, por medio de la cual se
confirmó la estabilidad laboral reforzada concedida al señor Gaviria Arango y se nombró
citador al señor Diego Alexander Guzmán Jaramillo, ambas expedidas por el Juzgado
Promiscuo Municipal de San Roque – Antioquia en el marco de la Convocatoria núm.
04 promovida por el Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia.
2. La parte accionante formuló las pretensiones que se transcriben a continuación:
1. Conceder el amparo inmediato de los derechos fundamentales señalados y que se
1 Temas: Acción de tutela contra actos administrativos / Confirma improcedencia / Requisito de
subsidiariedad / Medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho / Perjuicio Irremediable
Radicado: 05001-23-33-000-2026-00320-01
Accionante: Julián Andrés Ortiz Ramírez
Se confirma la improcedencia de la demanda
observan lesionados, requiriendo al JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE SAN
ROQUE ANTIOQUIA, REVOCAR la resolución 008 del 04 de noviembre de 2025 y
001 del 14 de enero de 2026.
2. Ordenar al JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE SAN ROQUE ANTIOQUIA
proceder de conformidad con la regla fijada en la ley 270 de 1996 y Ley 2430 de 2024
(Estatutaria de la Administración de Justicia): arts. 156, 164 y ss. (convocatoria,
etapas y registro de elegibles de la carrera judicial). Ley 2430 de 2024.
3. Ordenar al CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA hacer seguimiento y control
estricto frente los abusos del derecho en los que incurre la juez PROMISCUA
MUNICIPAL DE SAN ROQUE ANTIOQUIA, y Garantizar la aplicación estricta del
principio de mérito en la provisión del cargo.2
B. Hechos
3. En cumplimiento de lo dispuesto por el Consejo Superior de la Judicatura en el
Acuerdo núm. PCSJA17-10643 del 14 de febrero de 20173, el Consejo Seccional de la
Judicatura de Antioquia realizó convocatoria a concurso de méritos para la conformación
del registro seccional de elegibles para la provisión de los cargos de empleados de
carrera de tribunales, juzgados y centro de servicios, convocatoria de la cual hace parte
el cargo de Citador de Juzgado Municipal grado 3.
4. El 1° de septiembre de 2025, el Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, en
el marco de la Convocatoria núm. 04 publicó el listado de vacantes ofertadas en el
concurso de méritos, dentro de las cuales se encontraba la del cargo de citador grado 3
en el Juzgado Promiscuo Municipal de San Roque, con fecha límite para escogencia el
5 de septiembre de 2025.
5. El señor Julián Andrés Ortíz Ramírez, encontrándose en la lista de elegibles, presentó
solicitud de opción de sede para el cargo de citador categoría municipal grado 3 y
mediante oficio núm. CSJANTOP25-1794 del 30 de septiembre de 2025 se remitió la
lista de candidatos para dicho cargo en el Juzgado Promiscuo Municipal de San Roque,
dentro de los cuales se encontraba el accionante.
6. Mediante resolución núm. 008 del 4 de noviembre de 2025, el Juzgado Promiscuo
Municipal de San Roque – Antioquia reconoció al señor Julián Yamid Gaviria Arango el
derecho a la estabilidad laboral reforzada, en virtud de su condición como único
responsable del cuidado y sostenimiento de su madre Mariela del Socorro Arango de
Gaviria, por lo tanto, se ordenó que no se adoptara ninguna decisión que implicara la
desvinculación laboral del señor Gaviria Arango.
7.El 5 de diciembre de 2025, el señor Ortíz Ramírez presentó recurso de reposición, y
en subsidio, de apelación contra la resolución núm. 008 del 4 de noviembre de 2025, al
considerar que esa decisión afectaba la vacante ofertada en el concurso de méritos.
8.Por medio de la resolución núm. 001 del 14 de enero de 2026, el Juzgado Promiscuo
Municipal de San Roque – Antioquia, resolvió (i) no dar lugar a los recursos interpuestos,
2 Índice 4 del expediente digital disponible en Samai
3 Consejo Superior de la Judicatura. Acuerdo núm. PCSJA17-10643 – 14 de febrero de 2017. “Por medio
del cual se dispone que los Consejos Seccionales de la Judicatura adelanten los procesos de selección,
actos preparatorios, expidan las respectivas convocatorias, de conformidad con las directrices que se
impartan para la provisión de los cargos de empleados de carrera de Tribunales, Juzgados y Centros de
Servicios.”
Radicado: 05001-23-33-000-2026-00320-01
Accionante: Julián Andrés Ortiz Ramírez
Se confirma la improcedencia de la demanda
(ii) confirmar la estabilidad laboral reforzada concedida al señor Gaviria Arango y (iii)
nombrar al señor Diego Alexander Guzmán Jaramillo como citador del Juzgado
Promiscuo Municipal de San Roque, con la observación de que, se transcribe, la
posesión se realizará cuando el cargo se encuentre materialmente disponible,
atendiendo la situación de estabilidad laboral reforzada del actual ocupante.
C. Fundamentos de la vulneración
9. El accionante indicó que se transgredió la “ley del concurso” y el principio de
publicidad, por cuanto la resolución núm. 008 del 4 de noviembre de 2025 introdujo una
nueva condición que alteró sustancialmente la oferta y desconoció la convocatoria como
norma obligatoria, lo que conllevó a que se vulnerara el principio de buena fe y los
derechos fundamentales al debido proceso e igualdad.
10. Señaló que hubo una afectación a la confianza legitima, por cuanto los concursantes
ajustaron su conducta a la información oficial y a las reglas del concurso y la
modificación que sobrevino defraudó las expectativas legitimas (protegidas por la
jurisprudencia), ya que la modificación no obedeció a una corrección para salvaguardar
el mérito sino a la imposición de una restricción que excluye la vacante ofertada.
11. Alegó que la estabilidad reforzada reconocida con posterioridad a la publicación del
empleo ofertado no puede desplazar el mérito ni impedir la provisión de la vacante, pues
contrario a lo que sucedió en el presente caso, las medidas administrativas deben
orientarse a garantizar el mérito y no a reducir las vacantes o privilegiar situaciones
internas que no fueron debidamente informadas.
12. Manifestó que no hay ningún mecanismo adicional al que pueda acudir en aras de
evitar un perjuicio irremediable que conlleve a la transgresión del debido proceso, el
acceso a cargos públicos, el principio de buena fe, la confianza legitima y el derecho al
trabajo.
D. Trámite procesal
13. Mediante auto del 20 de febrero de 20264, el Tribunal Administrativo de Antioquia
admitió la demanda de tutela y ordenó notificar al Juzgado Promiscuo Municipal de San
Roque – Antioquia, al Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia y de Chocó, y en
calidad de terceros con interés, a los señores Diego Alexander Guzmán Jaramillo y a
Julián Yamid Gaviria Arango, para que rindieran un informe sobre los hechos objeto de
la demanda de tutela.
14. Asimismo, por medio de auto del 2 de marzo de 20265, el Tribunal Administrativo de
Antioquia vinculó a la señora Mariela del Socorro Arango de Gaviria, toda vez que podía
ser afectada con las resultas de la presente demanda de tutela.
E. Oposiciones e intervenciones
15. El Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia6 (accionado) rindió un informe
4 Índice 5 del expediente digital de primera instancia disponible en Samai
5 Índice 16 del expediente digital de primera instancia disponible en Samai
6 Índice 10 del expediente digital de primera instancia disponible en Samai
Radicado: 05001-23-33-000-2026-00320-01
Accionante: Julián Andrés Ortiz Ramírez
Se confirma la improcedencia de la demanda
de los hechos objeto de controversia y solicitó que se desestimaran las pretensiones de
la demanda de tutela, por cuanto se han cumplido todas las disposiciones legales y
reglamentarias, ya que en desarrollo de la Convocatoria núm. 04 se publicaron las
vacantes, la conformación de la lista de elegibles y su correspondiente remisión a la
autoridad nominadora, dentro de las cuales participó el accionante.
16. Indicó que de los hechos y las pretensiones expuestas es claro que la entidad no
ha vulnerado ningún derecho fundamental del accionante, por el contrario, ofreció el
trámite correspondiente a la solicitud de opción de sede que presentó el señor Ortíz
Ramírez, razón por la cual es el nominador quien debe analizar el caso concreto y
decidir respecto el nombramiento.
17. En calidad de Citador del Juzgado Promiscuo Municipal de San Roque – Antioquia,
el señor Julián Yamid Gaviria Arango (tercero con interés) en coadyuvancia con Paola
María Berrio García, titular del despacho accionado solicitaron que el amparo se
denegara, debido a que el accionante no pretende la protección de un derecho
fundamental propio, directo y actualmente afectado sino la satisfacción de derechos de
orden legal, pues la situación del tutelante permanece intacta, conserva su posición en
la lista de elegibles, no ha sido excluido del concurso, no se le ha negado un
nombramiento y no enfrenta ningún perjuicio irremediable.
18. A su vez, solicitaron que se ordenara la protección de los derechos fundamentales
de la señora Mariela del Socorro Arango de Gaviria, madre del señor Gaviria Arango,
como sujeto de especial protección constitucional y se ordenara la vinculación al
presente trámite por ser la titular del posible derecho fundamental comprometido.
19. El Consejo Seccional de la Judicatura del Chocó7 (accionado) señaló que cada
Consejo Seccional de la Judicatura ostenta una competencia exclusiva y única dentro
de su respectivo ámbito territorial. Así, se constató que el señor Ortíz Ramírez no integró
el Registro Seccional de Elegibles del Distrito Judicial de Quibdó, por el contrario, hizo
parte del registro conformado por el Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia,
razón por la cual el Consejo Seccional de la Judicatura del Chocó carece de
competencia funcional y material para pronunciarse respecto las pretensiones del
accionante.
20.En ese sentido, solicitó declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva y
desvincular al Consejo Seccional de la Judicatura del Chocó del presente trámite
constitucional.
21. La señora Mariela del Socorro Arango de Gaviria8 (tercero con interés) ratificó en su
totalidad los argumentos expuestos en la contestación de tutela realizada por el señor
Julián Yamid Gaviria Arango y solicitó que se negara el amparo solicitado por el
accionante y se mantuvieran incólumes las resoluciones núm. 008 de 2025 y 001 de
2026.
22. El señor Diego Alexander Guzmán Jaramillo fue debidamente notificado9, sin
7 Índice 12 del expediente digital de primera instancia disponible en Samai
8 Índice 20 del expediente digital de primera instancia disponible en Samai
9 Índice 8 del expediente digital de primera instancia disponible en Samai
Radicado: 05001-23-33-000-2026-00320-01
Accionante: Julián Andrés Ortiz Ramírez
Se confirma la improcedencia de la demanda
embargo, guardó silencio.
F. Fallo impugnado
23. Mediante sentencia del 4 de marzo de 2026, el Tribunal Administrativo de Antioquia
declaró la improcedencia de la demanda de tutela por falta del requisito de
subsidiariedad.
24. El Tribunal señaló que los actos administrativos que cuestiona el accionante son de
carácter particular y concreto y para debatir la legalidad de estas decisiones el
ordenamiento jurídico prevé un medio ordinario de defensa idóneo y eficaz, el cual
corresponde al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho ante la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
25. A su vez, adujo que, para desplazar el medio ordinario de defensa, el accionante
debe demostrar la inminencia de un perjuicio irremediable y en el presente asunto el
señor Ortíz Ramírez no aportó prueba alguna, ni siquiera sumaria, que demostrara una
situación de debilidad manifiesta, una afectación a su mínimo vital o la configuración de
un daño irreparable.
26. Indicó que el accionante ocupó el segundo lugar en la lista de elegibles, toda vez
que el señor Diego Alexander Guzmán Jaramillo fue quien obtuvo el primer lugar y quien
ostenta el derecho prevalente y directo de ser posesionado en la vacante ofertada. De
tal modo, el accionante se está anticipando a eventos futuros e inciertos, como que
quien lo antecede rechace el nombramiento o no tome posesión del cargo, razón por la
cual su situación jurídica no es la del titular de un derecho sustancial, sino la de quien
ostenta una mera expectativa.
27. Así, determinó que no superó el requisito de subsidiariedad y además no acreditó
los elementos que configuran un perjuicio irremediable que habilitara el mecanismo
constitucional como mecanismo transitorio.
G. Impugnación
28. Mediante escrito allegado el 9 de marzo de 202610, el accionante impugnó la
decisión del 4 de marzo de 2026 e insistió en que tiene expectativas e interés en la plaza
ofertada en San Roque, tal como explicó en su escrito de tutela. Indicó que estaba de
segundo en la lista de elegibles y que su posición se veía afectada dependiendo de la
propiedad de los concursantes.
29. Adujo que el Tribunal Administrativo de Antioquia omitió el hecho de que el Juzgado
Promiscuo de San Roque notificó la resolución núm. 001 del 14 de enero de 2026 al
señor Guzmán Jaramillo mediante el cual fue nombrado y el concursante, dentro de los
términos establecidos, guardó silencio, razón por la cual se entiende desestimado el
cargo y da lugar a seguir con el siguiente en la lista de elegibles.
30.Insistió en que la estabilidad laboral reforzada del señor Julián Yamid Gaviria
Arango no se encontraba reconocida cuando se escogió sede y que existen otras
10 Índice 24 del expediente digital de primera instancia disponible en Samai
Radicado: 05001-23-33-000-2026-00320-01
Accionante: Julián Andrés Ortiz Ramírez
Se confirma la improcedencia de la demanda
vacantes en provisionalidad dentro de la Rama Judicial que puede ocupar el señor
Gaviria Arango, ya que es una persona muy joven y con experiencia laboral en el cargo.
31. Alegó que se encuentra bajo el riesgo de un perjuicio irremediable, considerando
que la lista del concurso venció en diciembre de 2025 y las demás sedes ofertadas hasta
la fecha en que presentó la impugnación ya fueron ocupadas por concursantes que, en
la lista de elegibles, tenían un puntaje mayor, razón por la cual sus opciones se han
agotado.
II. CONSIDERACIONES
H. Competencia
32. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente para
resolver, en segunda instancia, la demanda de acción de tutela interpuesta por el señor
Julián Andrés Ortíz Ramírez contra el Juzgado Promiscuo Municipal San Roque –
Antioquia, el Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia y de Chocó, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, en los Decretos 2591 de
1991 y 1069 de 2015 y en el Reglamento del Consejo de Estado (Acuerdo 80 de 2019).
I. Cuestión previa
33. Al revisar la sentencia del 4 de marzo de 2026, se constató que el Tribunal
Administrativo de Antioquia no resolvió la solicitud de desvinculación presentada por
parte del Consejo Seccional de la Judicatura del Chocó. De tal modo, la Sala concederá
la solicitud, por cuanto el Consejo Seccional de la Judicatura del Chocó no tiene injerencia
en los hechos y las pretensiones expuestas en el presente trámite constitucional.
J. Sentido de la decisión
34. La Sala confirmará la improcedencia de la demanda de tutela por incumplimiento del
requisito de subsidiariedad, por cuanto el accionante dispone del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho para cuestionar los actos administrativos que
controvierte en sede de tutela. Además, no se advirtió un perjuicio irremediable que
habilitara el mecanismo constitucional como medio de protección transitorio. En ese
sentido, y por razones metodológicas, en esta providencia no se hará la verificación de
los demás requisitos generales de procedencia de la demanda de tutela11.
11 Como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Corte
Constitucional ha establecido los siguientes: a) que la cuestión que se discute resulte de evidente
relevancia constitucional; b) que se hayan agotado todos los medios –ordinarios y extraordinarios– de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable; c) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela
se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración; d) cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora; e) que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron
la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible, y f) que no se trate de sentencias de tutela (Sentencia C-590 de
2005).
Radicado: 05001-23-33-000-2026-00320-01
Accionante: Julián Andrés Ortiz Ramírez
Se confirma la improcedencia de la demanda
K. El requisito de subsidiariedad
35. El artículo 86 de la Constitución y el Decreto 2591 de 1991, el requisito de
subsidiariedad de la acción de tutela establece que esta acción es excepcional y residual
a los demás medios de defensa judicial.
36. En virtud del requisito de subsidiariedad, la demanda de acción de tutela solo
procede en dos supuestos excepcionales: (i) cuando el afectado no dispone de otro
medio de defensa judicial idóneo y eficaz, caso en el cual la tutela procede como
mecanismo de protección definitivo; y (ii) cuando el afectado utiliza la tutela con el
propósito de evitar un perjuicio irremediable, evento en el que procede como mecanismo
transitorio.
37. La valoración de este requisito debe ser más rigurosa cuando se trata de una acción
de tutela contra providencia judicial, ya que, en virtud de la naturaleza autónoma,
subsidiaria y residual del mecanismo constitucional, la demanda de amparo solo es
procedente cuando el accionante no cuente con otro medio de defensa judicial. De tal
modo, es imperativo para la parte interesada agotar todos los medios judiciales
ordinarios que tenga a su alcance para pretender la defensa de sus derechos
fundamentales, como requisito previo para acudir al mecanismo constitucional.
38. En ese contexto, la Corte Constitucional12 ha sido enfática y reiterativa respecto a
que el juez constitucional debe verificar de forma exhaustiva que el accionante
efectivamente haya agotado los medios de defensa judicial a su alcance, pues de lo
contrario, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales y de utilizar la solicitud de amparo como una instancia adicional en el trámite
jurisdiccional.
39. El principio de subsidiariedad permite reconocer la validez, la prevalencia y la
viabilidad de los recursos ordinarios y extraordinarios para la protección de los intereses
fundamentales, ya que de esta manera se impide el uso indebido de la acción
constitucional como una vía preferente.
40. En este sentido, de acuerdo con el marco normativo mencionado y con lo
establecido jurisprudencialmente por la Corte Constitucional13, si el ordenamiento
jurídico ofrece mecanismos de defensa judicial idóneos y eficaces para solicitar la
protección de los derechos fundamentales que se consideran vulnerados o
amenazados, se debe recurrir a ellos, y no a la acción de tutela, de tal forma que se
impida el uso indebido de este mecanismo constitucional.
L. Requisitos específicos de procedibilidad invocados en la demanda
41. La sentencia C-590 de 2005 de la Corte Constitucional estableció que la tutela
contra providencias judiciales es constitucionalmente admisible siempre y cuando se
configure, al menos, una de las siguientes causales especiales: (i) defecto orgánico; (ii)
defecto procedimental; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto sustantivo; (v) error inducido; (vi)
decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente; y (viii) violación directa
12 Corte Constitucional. Sentencia T-106 del 9 de abril de 2024 y sentencia T-103 del 26 de febrero de 2014.
13 Corte Constitucional, sentencia T-247 de 2024. M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera.
Radicado: 05001-23-33-000-2026-00320-01
Accionante: Julián Andrés Ortiz Ramírez
Se confirma la improcedencia de la demanda
de la Constitución.
42. En el asunto sub iudice, el accionante cuestiona (i) la resolución núm. 008 del 4 de
noviembre de 2025 y (ii) la resolución núm. 001 del 14 de enero de 2026 proferidas por
el Juzgado Promiscuo Municipal de San Roque – Antioquia, porque, a su juicio,
vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso e igualdad. No obstante, en
el escrito de tutela no se determinó ningún defecto en el que incurrieron los actos
administrativos cuestionados.
M. El caso concreto
43. La Sala coincide en que la demanda de tutela no satisface el requisito de
subsidiariedad, toda vez que la discusión que presenta el accionante debió ser
propuesta a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
Además, se evidencia que los argumentos expuestos en el escrito de tutela no advierten
un perjuicio irremediable en detrimento de los derechos fundamentales del señor Ortíz
Ramírez.
44. El accionante cuestiona (i) la resolución núm. 008 del 4 de noviembre de 2025,
mediante la cual se reconoció al señor Julián Yamid Gaviria Arango el derecho a la
estabilidad laboral reforzada y (ii) la resolución núm. 001 del 14 de enero de 2026, por
medio de la cual se confirmó la estabilidad laboral reforzada concedida al señor Gaviria
Arango y se nombró citador al señor Diego Alexander Guzmán Jaramillo, ambas
expedidas por el Juzgado Promiscuo Municipal de San Roque – Antioquia. Cabe resaltar
que las resoluciones que se controvierten corresponden a actos administrativos de
carácter particular y concreto proferidos por una autoridad judicial en ejercicio de su
función nominadora.
45. En ese sentido, la parte accionante dirige su escrito de tutela contra tales actos
administrativos, no obstante, es preciso señalar que el ordenamiento jurídico ha previsto
un medio de defensa judicial idóneo y eficaz para reprochar lo que pretende el
accionante por medio del mecanismo constitucional, en particular, el artículo 13814 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - CPACA15
dispone el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para controvertir
los actos administrativos particulares, expresos o presuntos, tal como se pretende en el
presente trámite constitucional.
46. Adicionalmente, en el capítulo XI del CPACA se regula la procedencia, alcance y
decreto de las medidas cautelares en los procedimientos declarativos que se adelantan
ante la jurisdicción contenciosa administrativa con el fin de que sean promovidas para
14 Artículo 138. Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho
subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo
particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el
daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior.
Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del
derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho
particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro
(4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto
general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel.
15 Congreso de Colombia. Ley 1437 de 2011. “Por la cual se expide el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.”
Radicado: 05001-23-33-000-2026-00320-01
Accionante: Julián Andrés Ortiz Ramírez
Se confirma la improcedencia de la demanda
que se protejan, transitoriamente, los derechos de los demandantes que presuntamente
se encuentran afectados por actos que emanan de la administración y, a su vez, se evite
un perjuicio irremediable. Así, el accionante cuenta con la posibilidad de solicitar, desde
la presentación de la demanda, la suspensión provisional de los efectos de los actos
administrativos controvertidos, lo que desestima la interposición de la demanda de tutela
para cesar provisionalmente o en definitiva los efectos de las resoluciones que profirió
el Juzgado Promiscuo Municipal de San Roque.
47.De tal modo, la Sala coincide con el argumento que expuso el Tribunal
Administrativo de Antioquia en la sentencia de primera instancia, a saber:
Este medio ordinario no solo es el escenario natural y especializado para dirimir este tipo
de controversias, sino que resulta materialmente eficaz, toda vez que el legislador dotó a la
jurisdicción administrativa de un robusto sistema de medidas cautelares. En efecto, el
accionante tiene la posibilidad de solicitar desde la presentación de la demanda la
suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos, lo que desvirtúa la
necesidad de la intervención excepcional del juez de tutela para paralizar los efectos de las
resoluciones. Admitir la tutela en este escenario equivaldría a vaciar de competencia al juez
administrativo y utilizar el amparo constitucional como un atajo procesal, lo cual contraviene
abiertamente la naturaleza subsidiaria de la acción.
48. Ahora bien, la jurisprudencia constitucional16 ha establecido la procedencia
excepcional de la acción de tutela ante la posibilidad de que se configure un perjuicio
irremediable, no obstante, en el caso concreto no se advierte la existencia de ese
supuesto.
49. Aunque el accionante alegó la configuración de un perjuicio irremediable, no cumplió
con la carga mínima de argumentación y acreditación exigida para demostrar su
ocurrencia, pues no aportó elementos de juicio que permitieran advertir la existencia de
un riesgo cierto, grave e inminente para sus derechos fundamentales, ni explicó por qué
la eventual afectación no podía ser atendida a través de los mecanismos judiciales
ordinarios previstos por el ordenamiento jurídico.
50. En consecuencia, tampoco hay lugar a flexibilizar el requisito de subsidiariedad para
habilitar la procedencia excepcional de la acción de tutela como mecanismo transitorio
de protección.
51. Finalmente, observa la Sala que, en el escrito de impugnación, el accionante expone
su preocupación frente a la posibilidad de no acceder a ninguno de los cargos ofertados
en el concurso de méritos. Sin embargo, esa afirmación no es más que una
inconformidad frente al resultado de la provisión de cargos, de lo cual no surge la
necesaria intervención excepcional del juez constitucional.
52. Así las cosas, la Sala comparte la decisión de primera instancia que determinó que
la solicitud de amparo presentada no supera el requisito de subsidiariedad, toda vez que
el accionante pretendió utilizar la acción constitucional como una vía principal para
exponer sus pretensiones, eludiendo el trámite del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, que constituye el escenario natural para debatir este tipo
de controversias.
16 Corte Constitucional. Sentencias T-035 de 2025, T-149 de 2023; T-008 de 2026 y T-300 de 2025.
Radicado: 05001-23-33-000-2026-00320-01
Accionante: Julián Andrés Ortiz Ramírez
Se confirma la improcedencia de la demanda
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia proferida el 4 de marzo de
2026 por el Tribunal Administrativo de Antioquia mediante la cual se declaró la
improcedencia de la demanda de tutela.
SEGUNDO: CONCEDER la solicitud de desvinculación de la presente acción judicial
formulada por el Consejo Seccional de la Judicatura de Chocó.
TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
CUARTO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
QUINTO: PUBLICAR la presente providencia en la página web de la Corporación.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
Con firma electrónica
FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Presidente
Con firma electrónica Con firma electrónica
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
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