Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2026-00427-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2026-00427-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 05001-23-33-000-2026-00427-01
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
15 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., quince (15) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 05001-23-33-000-2026-00427-01
Demandante: Jesús David Hoyos Salgado
Demandado: Procuraduría 31 Judicial II para la Conciliación Administrativa de
Medellín
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA / Improcedencia – falta de legitimación en la causa por
activa – apoderamiento judicial en sede constitucional
Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la parte accionante contra
la sentencia proferida el 19 de marzo de 2026 por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, mediante la cual se negó la solicitud de amparo.
I. A N T E C E D E N T E S
A. Demanda y sus fundamentos
1. Elabogado Javier Ricardo Fernández Campillo, quien manifestó obrar como
apoderado judicial del señor Jesús David Hoyos Salgado, presentó acción de tutela
contra la Procuraduría 31 Judicial II para la Conciliación Administrativa de Medellín,
con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso
y acceso a la administración de justicia.
2. Sostuvo que tales garantías fueron vulneradas con ocasión de los autos No. 371 y
390 del 16 y 26 de diciembre de 2025, por medio de los cuales la autoridad accionada
inadmitió la solicitud de conciliación extrajudicial en la que el señor Hoyos Salgado
convocó a la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia -Corantioquia-
y, posteriormente, declaró su desistimiento y la tuvo por no presentada.
3. El profesional del derecho en mención expuso que, mediante auto No. 116 del 31
de mayo de 2023, la Oficina de Control Interno Disciplinario de Corantioquia dio
apertura a una investigación disciplinaria en contra del señor Jesús David Hoyos
Salgado.
4. Señaló que desde el inicio de dicha investigación han acaecido múltiples
irregularidades en el marco de ese trámite. En razón de ello, en su calidad de
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Radicación: 05001-23-33-000-2026-00427-01
Demandante: Jesús David Hoyos Salgado
Demandado: Procuraduría 31 Judicial II para la Conciliación Administrativa de Medellín
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
apoderado del señor Hoyos Salgado, solicitó la nulidad de todo lo actuado, petición
que fue negada por Corantioquia mediante auto No. SG37 del 20 de enero de 2025.
Esa decisión fue objeto de recurso, el cual fue resuelto desfavorablemente a través
de la Resolución RES-SG2508-2 del 5 de agosto de 2025.
5. Indicó que el 15 de agosto de 2025, el señor Jesús David Hoyos Salgado, por
conducto de su apoderado, promovió acción de tutela, con el propósito de
controvertir tanto el Auto No. SG27, como la Resolución No. RES-SG2508-2,
expedidas por Corantioquia el 20 de enero y el 5 de agosto de esa misma anualidad.
6. Aseveró que el conocimiento de dicho asunto correspondió al Juzgado Sexto de
Familia del Circuito de Medellín, despacho que en fallo del 1° de septiembre de 2025
declaró improcedente la solicitud de amparo por carecer de subsidiariedad, al
considerar que la controversia planteada debía ser ventilada ante la jurisdicción de
lo contencioso-administrativo. Esa decisión fue confirmada por el Tribunal Superior
de Medellín en sentencia del 16 de octubre siguiente.
7. Afirmó que, en atención a lo anterior, el 5 de diciembre de 2025, el señor Hoyos
Salgado -a través de su apoderado- formuló solicitud de conciliación extrajudicial en
la que convocó a Corantioquia. Lo anterior, con el fin de agotar el requisito de
procedibilidad a efectos de acudir a la jurisdicción ordinaria a debatir la legalidad de
las decisiones adoptadas en el marco del trámite disciplinario.
8. Mediante auto No. 371 del 16 de diciembre de 2025, la Procuraduría 31 Judicial II
para la Conciliación Administrativa de Medellín resolvió inadmitir la solicitud de
conciliación, tras estimar que no cumplía con los requisitos previstos en los
numerales 5 y 16 del artículo 101 de la Ley 2220 de 20221. Señaló que no había
claridad sobre las pretensiones que se plantearían en una eventual demanda, por
cuanto las consignadas no perseguían la nulidad de ningún acto administrativo
definitivo proferido dentro de la investigación disciplinaria, sino de actos de trámite.
9. Por consiguiente, concedió a la parte convocante el término de cinco (5) días para
que procediera a su corrección, so pena de tener por desistida y no presentada la
petición.
10. Vencido el término otorgado sin que la parte convocante allegara escrito de
subsanación, por medio de auto No. 390 del 26 de diciembre de 2025, la
Procuraduría declaró desistida y tuvo por no presentada la solicitud de conciliación
extrajudicial, conforme lo previsto en el artículo 102, inciso 3 de la Ley 2220 de 2022.
11. Como fundamento de la solicitud de amparo, el abogado Fernández Campillo
sostuvo que las decisiones adoptadas por la Procuraduría vulneraron los derechos
1“POR MEDIO DE LA CUAL SE EXPIDE EL ESTATUTO DE CONCILIACIÓN Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES.”
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Demandante: Jesús David Hoyos Salgado
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia del señor
Jesús David Hoyos Salgado.
12. Lo anterior, toda vez que la autoridad accionada sustentó la inadmisión de la
solicitud de conciliación en que esta debía recaer sobre actos definitivos,
desconociendo que, en el caso concreto, no existe un fallo disciplinario definitivo,
pues el proceso aún se encuentra en curso. En ese contexto, afirmó que la exigencia
de subsanar la petición a través de su direccionamiento a un acto definitivo
inexistente impone una carga imposible o, cuando menos, irrazonable y
desproporcionada, que en la práctica impide el agotamiento del requisito de
procedibilidad en aras de acudir a la jurisdicción.
13. Además, resaltó que el artículo 43 del CPACA permite considerar como actos
definitivos no solo aquellos que ponen fin a la actuación administrativa, sino también
los que aún dictados dentro del trámite, deciden directa o indirectamente el fondo del
asunto o hacen imposible continuar la actuación.
14. Agregó que la actuación de la Procuraduría desbordó el ámbito funcional que la
ley asigna al Ministerio Público dentro del trámite de conciliación extrajudicial.
Expuso que la inadmisión no se limitó a verificar la conciliabilidad del asunto o el
cumplimiento de los requisitos formales de la solicitud, sino que impuso al
convocante la carga de modificar el objeto de sus pretensiones y ajustar el mandato
conferido al profesional del derecho para dirigir la solicitud contra actos
administrativos distintos de aquellos que el solicitante pretendía someter a control
judicial.
15. De esta manera, alegó que la autoridad accionada sustituyó indebidamente al
convocante en la configuración de la pretensión judicial y anticipó un juicio sobre la
procedencia del medio de control, valoración que corresponde exclusivamente al
operador judicial.
16. En ese orden, manifestó que el accionante se encuentra inmerso en una situación
de indefensión absoluta, pues mientras que en sede de tutela se le indicó que debía
acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa, la Procuraduría le impidió agotar
la conciliación como requisito de procedibilidad para acceder a aquella, a la par que
el proceso disciplinario continúa su curso, sin que tenga a su alcance un mecanismo
efectivo para controvertir las decisiones adoptadas.
B. Sentencia de primera instancia
17. Mediante providencia del 19 de marzo de 2026, el Tribunal Administrativo de
Antioquia negó el amparo constitucional solicitado, tras estimar que las decisiones
cuestionadas no obedecieron a una actuación arbitraria o caprichosa de la autoridad
accionada, sino a la aplicación directa de los artículos 89, 101 y 102 de la Ley 2220
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Radicación: 05001-23-33-000-2026-00427-01
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
de 2022.
18. Explicó que las decisiones que se pretendían someter a conciliación no revisten
el carácter de actos administrativos definitivos, en tanto no deciden el fondo del
asunto ni ponen fin a la actuación disciplinaria, sino que se tratan de actuaciones de
trámite, lo que impide que sean sometidas a conocimiento de la jurisdicción de lo
contencioso-administrativo. Señaló que, por ende, dichas decisiones no resultan
conciliables, pues no satisfacen el presupuesto material exigido por el artículo 89 de
la Ley 2220 de 2022, consistente en que el asunto sea susceptible de conocimiento
por dicha jurisdicción.
19. En ese orden, concluyó que la exigencia de subsanación respondió al
cumplimiento de un deber legal de verificación de requisitos, no a la imposición de
una carga irrazonable o desproporcionada, por lo que no se configuró una
vulneración al debido proceso.
20. Consideró que tampoco se transgredió el derecho de acceso a la administración
de justicia, pues la imposibilidad de adelantar la conciliación prejudicial no se deriva
de una conducta obstructiva atribuible a la autoridad accionada, sino de la naturaleza
jurídica de los actos que se pretenden controvertir, los cuales, al no tener el carácter
de definitivos, no habilitan el acceso al correspondiente medio de control.
C. Impugnación
21. El abogado Fernández Campillo arguyó que el fallo de primera instancia se edificó
sobre una premisa equivocada, según la cual, por tratarse de actos de trámite no
susceptibles de control jurisdiccional, el asunto no sería conciliable. A su juicio, tal
razonamiento implica una indebida equivalencia entre dos categorías jurídicas
distintas: (i) la conciliabilidad del conflicto y (ii) la procedencia del control judicial del
acto administrativo.
22. Adujo que dicha equiparación carece de sustento normativo, comoquiera que no
existe alguna disposición que señale que los actos de trámite no son susceptibles de
control jurisdiccional, pues dicho planteamiento ha sido creado jurisprudencialmente.
En todo caso, precisó que dicha regla no es absoluta, dado que el Consejo de Estado
ha admitido, de forma excepcional, la procedencia de demandas dirigidas contra
actuaciones de esa naturaleza, cuando el acto de trámite define una situación jurídica
relevante o afecta de manera directa derechos fundamentales.
23. En ese sentido, insistió en que corresponde al juez de lo contencioso-
administrativo determinar, en cada caso concreto, la procedencia del medio de
control cuando este recae sobre actos de trámite, a partir de la valoración de la
afectación que pueda causar la actuación cuestionada.
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
24. Señaló que si bien el artículo 89 de la Ley 2220 de 2022 establece que son
conciliables los conflictos susceptibles de conocimiento por la jurisdicción de lo
contencioso-administrativo, ello no faculta al conciliador para efectuar un juicio
definitivo sobre la procedencia del medio de control, ni para anticipar una decisión
que corresponde al juez natural. Menos aún cuando el legislador contempló la
posibilidad de adelantar la conciliación sin la intención de acudir posteriormente a la
jurisdicción, lo que evidencia que la conciliabilidad no se encuentra supeditada de
manera estricta y automática a la viabilidad del control judicial.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
D. Competencia
25. La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y examinar
su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera
instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
E. Análisis del caso concreto
26. Esta Subsección modificará el fallo impugnado, tras advertir que el abogado Javier
Ricardo Fernández Campillo carece de legitimación en la causa por activa, lo que
conduce a la improcedencia del mecanismo de amparo.
27. De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, cualquier persona
puede acudir a la acción de tutela, bien sea -por sí misma o a través de un
representante-, para reclamar la protección inmediata de sus derechos
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción u omisión de cualquier autoridad pública y, excepcionalmente, de los
particulares.
28. En consonancia con el mandato superior, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991
previó la posibilidad de que el mecanismo constitucional sea interpuesto mediante
apoderado judicial.
29. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional2, dicha facultad se habilita siempre
que el destinatario del acto de apoderamiento sea un profesional del derecho
habilitado con tarjeta profesional y el acto jurídico formal se concrete en un escrito
que se denomina poder, el cual puede ser general o especial. En este último evento,
se requiere que el mandato haya sido otorgado por una sola vez y con un objeto
específico.
30. La Corte Constitucional también ha precisado que, además de especial, el poder
2 Al respecto, ver sentencias T-202 de 2022 y T-373 de 2025, entre otras.
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
debe ser específico. Así, el escrito debe contener de forma clara y expresa los
siguientes elementos: (i) los nombres y datos de identificación del poderdante y su
apoderado; (ii) la autoridad pública o el particular contra la cual se va dirigir la acción
de tutela; (iii) el acto o documento que motiva la solicitud de amparo; y (iv) los
derechos fundamentales cuya protección se busca reclamar3.
31. De manera que, en este tipo de asuntos, el contenido del acto de apoderamiento
es el que permite al juez constitucional verificar el cumplimiento del presupuesto de
procedibilidad atinente a la legitimación en la causa por activa.
32. En suma, cuando la acción de tutela se promueve a través de apoderado judicial,
además de acreditar que se encuentra habilitado para ejercer la profesión, sino
también la existencia de un poder especial, válido y suficiente que lo faculte
expresamente para actuar en defensa de los derechos fundamentales cuya
protección se reclama.
33. Como ya se mencionó, en el presente asunto el abogado Javier Ricardo
Fernández Campillo presentó la demanda de tutela manifestando actuar como
apoderado judicial del señor Jesús David Hoyos Salgado. A efectos de acreditar
dicha condición, en el acápite de anexos del libelo introductorio relacionó un
documento denominado: “Poder debidamente conferido en los términos de la Ley
2213 de 2022, para elevar la solicitud de conciliación, con la expresa facultad de
interponer acciones de tutela referidas a ese trámite”.
34. No obstante lo anterior, revisados los elementos de juicio obrantes en el plenario,
se observa que el poder en comento fue conferido en los siguientes términos:
« JESÚS DAVID HOYOS SALGADO (…) quien obra en nombre propio, y con domicilio
en el Distrito Capital de Bogotá, República de Colombia, por medio del presente
escrito, a la luz de lo establecido en el artículo 75 del código general del proceso,
confiero poder especial amplio y suficiente al abogado JAVIER RICARDO
FERNÁNDEZ CAMPILLO (…) titular de la tarjeta profesional número (sic) 350128 del
Consejo Superior de la Judicatura, o a quien este designe, para que, en mi nombre y
representación, convoque y adelante hasta su terminación, un trámite de
CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL EN DERECHO, como requisito de procedibilidad
para promover demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, en contra de la
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA–, con ocasión de la expedición de los actos administrativos de
carácter particular y concreto contenidos en el Auto N° SG37 del 20 de enero de 2025,
y en la resolución N° RES-SG2508-2 del 5 de agosto de 2025, proferidos por la
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA–, por los cuales negó una nulidad procesal y su reposición, en el
marco del proceso disciplinario que ésta adelanta, en contra mi contra, bajo el radicado
CDI- 2021-86.
3 Al respecto, ver sentencias T-531 de 2002, T-024 de 2019 y T-202 de 2022, entre otras.
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Demandante: Jesús David Hoyos Salgado
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
El apoderado queda plenamente facultado para designar y remover apoderados,
sustituir, reasumir, transigir, conciliar, recibir, desistir, recibir notificaciones y todas las
demás facultades inherentes a esta clase de tramites extrajudiciales.
El correo electrónico del apoderado es: j.fernandez@estrategiascontractuales.com
(coincide con el correo electrónico reportado en el registro nacional de abogados)».
35. Se observa que el acto de apoderamiento aportado fue conferido exclusivamente
para el trámite de solicitud de conciliación extrajudicial, pero no para el ejercicio de
la acción de tutela. En efecto, contrario a lo afirmado por el profesional del derecho,
en ningún apartado se le otorgó facultad expresa para promover demanda de tutela
contra las decisiones que se adoptaran en el marco de ese asunto. El objeto del
poder se delimitó de manera precisa a la gestión de las actuaciones relacionadas
con la solicitud de conciliación extrajudicial y a las facultades inherentes a ese trámite
específico.
36. Al respecto, la Corte Constitucional ha puntualizado que el poder conferido para
determinada actuación o procedimiento no puede entenderse extendido para la
representación posterior en un litigio diferente, aun cuando estos guarden relación
con los supuestos fácticos sobre los que versó el asunto inicialmente encomendado4.
37. De esta manera, resulta claro que el poder allegado por el abogado en mención
no lo facultaba para presentar la acción constitucional de la referencia, en tanto no
se le otorgó facultad expresa para ello. En consecuencia, en el acto de
apoderamiento también se omitió identificar la autoridad contra la cual se tenía la
intención de promover la solicitud de amparo, las actuaciones a las que pretendía
atribuirse la vulneración alegada, así como los derechos fundamentales que
buscaban protegerse.
38. A lo anterior, se suma que el aludido acto de apoderamiento fue conferido con
anterioridad a la ocurrencia de las actuaciones que se cuestionan en el caso
sometido a consideración de esta Sala, lo que lleva a reafirmar que dicho mandato
no fue otorgado con el propósito específico de interponer la solicitud de amparo
objeto de estudio.
39. Sobre el particular, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que este
mecanismo constitucional “no admite que se pueda asumir de manera indeterminada
o ilimitada la representación de otro, ni la informalidad que caracteriza a la acción de
tutela se opone a que su ejercicio esté sometido a requisitos mínimos de
procedibilidad”5 .
40. Enese sentido, si bien es cierto que la informalidad constituye una de las
características esenciales de la acción de tutela, cuyo fundamento estriba
4 Al respecto, ver sentencias T-1025 de 2006, T-194 de 2012 y T-202 de 2022, entre otras.
5 Sentencia T-417 de 2013.
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Radicación: 05001-23-33-000-2026-00427-01
Demandante: Jesús David Hoyos Salgado
Demandado: Procuraduría 31 Judicial II para la Conciliación Administrativa de Medellín
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
precisamente en la aplicación del principio de prevalencia del derecho sustancial
sobre las formas procesales, también lo es que ello no es óbice para que la misma
se someta a unos requisitos mínimos de procedencia.
41. Bajo esa premisa, la exigencia de un poder especial, expreso y suficiente para
promover la acción de tutela no puede calificarse como desproporcionada o
caprichosa. Por el contrario, constituye una carga razonable y necesaria, derivada
del marco normativo y jurisprudencial sobre la materia. Más aún cuando, en el
presente asunto, el profesional del derecho tenía pleno conocimiento de dicho
requisito, pues según se desprende tanto de los documentos allegados como de su
propio relato fáctico, previamente había promovido otra acción de tutela en
representación del señor Hoyos Salgado y, en esa oportunidad, sí aportó el
respectivo poder especial.
42. Por lo tanto, no resulta admisible que el abogado pretenda extender los efectos
de un mandato conferido exclusivamente para adelantar un trámite de conciliación
extrajudicial a un proceso constitucional autónomo y distinto.
43. Aunado a lo anterior, en el expediente no obran elementos que permitan acreditar
siquiera, de forma sumaria, que el señor Jesús David Hoyos Salgado, como titular
de los derechos fundamentales cuya protección se reclama, haya manifestado su
voluntad expresa e inequívoca de incoar la demanda de tutela de la referencia.
44. De acuerdo con lo expuesto, la Sala concluye que el abogado Javier Ricardo
Fernández Campillo no se encuentra legitimado en la causa por activa para
interponer la presente acción constitucional. En consecuencia, se modificará el fallo
del 19 de marzo de 2026 proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia y, en
su lugar, se declarará la improcedencia del mecanismo de amparo.
45. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 19 de marzo de 2026 dictada por el Tribunal
Administrativo de Antioquia. En su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo
constitucional solicitado, conforme lo expuesto en la presente sentencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito y eficaz.
TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
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Radicación: 05001-23-33-000-2026-00427-01
Demandante: Jesús David Hoyos Salgado
Demandado: Procuraduría 31 Judicial II para la Conciliación Administrativa de Medellín
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE6
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.
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