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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2026-00439-01

Fecha
16 de abril de 2026
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2026-00439-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 24 de marzo de 2026 dictada por el Tribunal Administrativo de Antioquia que DECLARÓ LA IMPROCEDENCIA de la solicitud de amparo interpuesta por la parte actora. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 05001-23-33-000-2026-00439-01

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

16 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá, D. C., dieciséis (16) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 05001-23-33-000-2026-00439-01
Accionante: OSCAR FERNANDO QUINTERO MESA
Accionados: JUZGADO TREINTA Y CUATRO ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO DE MEDELLIN Y OTROS

Temas: Improcedencia de la acción ante la ausencia de una conducta
que amenace o vulnere un derecho fundamental

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala es competente para resolver la impugnación presentada por la parte
accionante contra la sentencia de primera instancia proferida el 24 de marzo de
2026 por el Tribunal Administrativo de Antioquia. Lo anterior, de conformidad con
lo establecido por el Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el Decreto 1069
de 2015, modificado por los decretos 333 de 2021 y 799 de 2025, así como el
Acuerdo 080 de 20191 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

Por auto del 16 de marzo de 20252, dicha autoridad judicial admitió la acción
constitucional y, mediante la providencia del 8 de abril de 2026 concedió la
impugnación.

I. ANTECEDENTES

1.1. Tutela

1. El señor Oscar Fernando Quiintero Mesa, actuando en nombre propio,
presentó acción de tutela en contra del Juzgado 34 Administrativo del Circuito de
Medellín, del departamento de Antioquia, del Distrito Especial de Ciencia y
Tecnología e innovación de Medellín, de la Unidad Especial Para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas UARIV, del Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario INPEC y de la Fiscalía General de la Nación. Con la solicitud de
amparo pretende que se le protejan sus derechos fundamentales al debido

1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2 Índice 5 de Samai. Al respecto, resulta oportuno precisar que el juez de primera instancia notificó

como autoridades accionadas al Juzgado 34 Administrativo del Circuito de Medellín, al
departamento de Antioquia, al Distrito Especial de Ciencia y Tecnología e innovación de Medellín,
a la UARIV, al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC y a la Fiscalía General de la
Nación.

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Accionante: Oscar Fernando Quintero Mesa
Accionados: Juzgado 34 Administrativo de Medellín y otros
Radicado: 05001-23-33-000-2026-00439-01

proceso y a la igualdad.

2. En su confuso escrito de tutela, el actor no identificó ninguna acción u
omisión concreta que vulnere o ponga en riesgo sus garantías constitucionales.
Por su parte, exigió un pago por $2.500’000.000 y formuló un extenso acápite de
pretensiones cuya redacción no es clara.

1.2. Hechos

3. En su escrito inicial, el actor puso de presente algunas situaciones de
hecho con vaguedad e imprecisión, lo que imposibilita establecer cuáles son los
presupuestos fácticos relevantes del litigio propuesto.

4. Sostuvo que en el municipio de Pereira radicó una acción de tutela3 que
fue asignada al Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Pereira, autoridad que «generó un conflicto territorial» y remitió el
proceso a Medellín. Agregó que dicho trámite fue asignado por reparto al Juzgado
34 Administrativo de Medellín, autoridad que «ha cometido fraude procesal a
resolución judicial de la sentencia de la juez Magda Lorena Ceballos, por violar
el derecho a la igualdad».

5. Informó de la existencia de un evento denominado «XV Ceremonia
Internacional de Colegiación», el cual se llevaría a cabo el 8 y 9 de abril en la
ciudad de Antigua Guatemala.

1.3. Sustento de la vulneración

6. Sostuvo que el Juzgado 34 Administrativo de Medellín incurrió en fraude
procesal al admitir una acción de tutela que promovió. Agregó que cometió
«prevaricato por acción al desconocer la competencia territorial de Pereira».
Sostuvo que con ello «desconoció las sentencias del juzgado tercero civil del
circuito de Cali (…) y de su superior jerárquico, el tribunal superior de Cali, se la
sentencia de impugnación, que dio el MP Julián Alberto Villegas Perea, donde
ambos jueces adoptaron sentencias violatorias de la constitución y la ley».

7. Puso de presente que se desconoció una sentencia del Consejo de Estado
que ordenó la convalidación de un título de maestría en derecho de unas
universidades que tienen convenio con la Universidad de Antioquia. Agregó que,
por tanto, el juzgado accionado está obligado a reconocer a su favor la suma de
$2.500’000.000 y los viáticos para garantizar su asistencia, y la de 17
doctorandos más, a la ceremonia de colegiación en Antigua Guatemala.

8. Lo mencionado con antelación lo vincula a un supuesto proceso de
incidente de desacato que ha tramitado, sin poner de presente algún radicado o
providencia judicial en concreto.

3 El actor no identificó el radicado del proceso constitucional.

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1.4. Intervenciones

9. El Juzgado 34 Administrativo de Medellín informó que el proceso de la
acción de tutela promovida por el señor Quintero Mesa y de la cual tuvo
conocimiento, fue tramitada en garantía del acceso a la administración de justicia,
a pesar del confuso escrito inicial. Puso de presente que en dicho trámite se dictó
sentencia de primera instancia que declaró la improcedencia de la acción y
declaró cosa juzgada parcial. Alegó una posible actuación temeraria por parte del
accionante, dada la presentación de múltiples acciones de tutela ante diferentes
autoridades judiciales del país.

10. El Departamento de Antioquia solicitó su desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva, en la medida en que no ha llevado a cabo
ninguna acción u omisión relacionada con el tutelante. Enfatizó en que en la
demanda es confusa y no permite establecer los hechos que habrían vulnerado
las garantías del actor, motivo por el cual no se puede establecer algún nexo
causal entre la administración departamental y la trasgresión alegada.

11. El Distrito Especial de Medellín solicitó su desvinculación ante su falta
de legitimación en la causa por pasiva, dada la falta de relación entre sus
funciones y los hechos expuestos por el accionante. Puso de presente que lo
desarrollado en el escrito inicial es confuso, inconexo y carente de claridad
alguna, puesto que menciona múltiples situaciones de diversa naturaleza.

12. El INPEC alegó su falta de legitimación en la causa por pasiva, puesto que
la acción se dirige principalmente contra el Juzgado 34 Administrativo de
Medellín.

13. La Fiscalía General de la Nación también solicitó su desvinculación por
falta de legitimación en la causa por pasiva, puesto que los hechos descritos por
el señor Quintero Mesa no están relacionados con sus funciones.

1.5. Sentencia de primera instancia

14. Mediante fallo del 24 de marzo de 2026, el Tribunal Administrativo de
Antioquia desvinculó del proceso al Departamento de Antioquia, al Distrito
Especial de Medellín, al INPEC y a la Fiscalía, por carecer de legitimación en la
causa por pasiva. A su vez, declaró la improcedencia de la acción de tutela contra
el Juzgado 34 Administrativo de Medellín.

15. Advirtió una absoluta ausencia de la carga mínima en cabeza del actor de
exponer con claridad los hechos que habrían generado la vulneración o amenaza
alegada, aunado a una falta de pruebas respecto de los supuestos fácticos
expuestos. Señaló que, a pesar de las facultades oficiosas con las que cuenta el
juez de tutela para adoptar una decisión en este tipo de litigios, es necesario que
el interesado aporte elementos de juicio básicos y coherentes que posibiliten al

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juez establecer o inferir la existencia de algún hecho relevante, real y actual.

16. Con respecto a las supuestas actuaciones llevadas a cabo por el Juzgado
34 Administrativo de Medellín, argumentó que el señor Quintero Mesa no
identificó las providencias mediante las cuales se habrían vulnerado sus
garantías fundamentales ni tampoco identificó el radicado de algún proceso,
motivo por el cual no es posible verificar alguna transgresión.

17. Agregó que la pretensión relacionada con el reconocimiento de la suma
de dinero exigida y el pago de viáticos, implica un uso abusivo del derecho,
aunado a las múltiples acciones de tutela que el actor ha presentado ante
diferentes autoridades judiciales del país. Al respecto, decidió lo siguiente:

Advertir al señor Oscar Fernando Quintero Mesa que el ejercicio de la acción
de tutela debe ceñirse a los principios de buena fe y lealtad procesal. En
consecuencia, se le conmina a abstenerse de incurrir en conductas temerarias o
de utilizar este mecanismo constitucional para formular pretensiones puramente
económicas o desprovistas de sustento probatorio, so pena de hacerse acreedor
a las sanciones correccionales de multa o arresto previstas en los artículos 25
(inciso tercero) y 38 del Decreto 2591 de 1991.

1.6. Impugnación

18. Mediante mensaje de datos remitido vía correo electrónico, el actor
manifestó lo siguiente: «se impugna la falsa sentencia en alzada del despacho».
A su vez, se limitó a anexar el escrito de tutela, sin otorgar argumento adicional
alguno.

II. CONSIDERACIONES

19. La Sala confirmará la decisión de primera instancia que declaró la
improcedencia de la acción, ante la imposibilidad de establecer la acción u
omisión que motiva la solicitud de amparo.

2.1. Improcedencia de la acción de tutela frente a la inexistencia de una
conducta respecto de la cual se pueda efectuar un juicio de vulneración de
derechos fundamentales

20. La Corte Constitucional ha enfatizado que, de conformidad con el artículo
86 del texto superior y el Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela solo procede
para asegurar la protección de derechos fundamentales «cuando quiera que
éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares»4.

21. De allí que uno de los presupuestos de procedencia de la acción de tutela
sea «que las acciones u omisiones que amenacen o vulneren los derechos

4 Ver Corte Constitucional, Sentencia T-130 de 2014.

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fundamentales existan»5. Ello supone que este mecanismo de amparo no
procede ante acciones u omisiones «inexistentes, presuntas o hipotéticas» 6 que
no se han concretado en la realidad. En otras palabras,

[…] sin la existencia de un acto concreto de vulneración a un derecho fundamental
no hay conducta específica activa u omisiva de la cual proteger al interesado (…).

Y lo anterior resulta así, ya que si se permite que las personas acudan al
mecanismo de amparo constitucional sobre la base de acciones u omisiones
inexistentes, presuntas o hipotéticas, y que por tanto no se hayan concretado en
el mundo material y jurídico, “ello resultaría violatorio del debido proceso de los
sujetos pasivos de la acción, atentaría contra el principio de la seguridad jurídica
y, en ciertos eventos, podría constituir un indebido ejercicio de la tutela, ya que se
permitiría que el peticionario pretermitiera los trámites y procedimientos que señala
el ordenamiento jurídico como los adecuados para la obtención de determinados
objetivos específicos, para acudir directamente al mecanismo de amparo
constitucional en procura de sus derechos”7.

22. Por tanto, siempre que no se encuentre probada la existencia de conducta
y omisión alguna de la cual pueda derivarse la pretendida vulneración o amenaza
de los derechos fundamentales, corresponde al juez constitucional declarar la
improcedencia de la acción.

23. A su vez, Sobre la importancia de identificar hechos concretos en la acción
de tutela se ha pronunciado la Corte Constitucional en el siguiente sentido8:

En consideración a lo anterior, la jurisprudencia constitucional indica que es un
presupuesto “lógico jurídico” la acreditación de la existencia de una acción u
omisión que presuntamente desconozca de los derechos fundamentales: “Es decir,
de manera previa a la comprobación de los requisitos de procedencia de la acción,
relativos a legitimación en la causa, inmediatez y subsidiariedad, el juez
constitucional debe verificar si, en el caso concreto, existe una conducta activa u
omisiva de la autoridad estatal demandada, que pueda generar un efecto de
amenaza o vulneración de los derechos fundamentales cuya protección se
solicita”. Por tanto, no se trata de definir anticipadamente si tal acción u omisión
efectivamente desconoce o no los derechos fundamentales, sino de constatar que
la conducta que se reprocha exista.

24. En aplicación de lo anterior, la Corte Constitucional ha declarado la
improcedencia de las acciones de tutela ante la ausencia de acreditación de una
acción u omisión atribuible al demandado que fundamente la solicitud de amparo.
Lo contrario, según ha indicado esta Corte, implicaría un pronunciamiento sobre
«la base de acciones u omisiones inexistentes, presuntas o hipotéticas».

25. En consonancia con lo anterior, en sentencia SU-975 de 2003, la Corte
Constitucional indicó que «sin la existencia de un acto concreto de vulneración a
un derecho fundamental no hay conducta específica activa u omisiva de la cual
proteger al interesado»

5 Id. En el mismo sentido, ver Corte Constitucional, Sentencia T-883 de 2008.
6 Id.
7 Id.
8 Sentencia T-141 de 2021.

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2.2. Caso concreto

26. De conformidad con lo expuesto con antelación, se tiene que del escrito
inicial presentado por el señor Oscar Fernando Quintero Mesa no es posible
establecer con claridad los presupuestos fácticos que habrían generado la
transgresión alegada. En efecto, en su extenso escrito de tutela, el actor se limitó
a exponer una variedad de situaciones que no guardan una mínima conexidad
lógica entre sí, lo que imposibilita al juez de tutela identificar o verificar la
existencia de una conducta activa u omisiva por parte de las autoridades
accionadas, de las cuales se genere la vulneración de derechos fundamentales
alegada.

27. A pesar de que el tutelante identificó algunas situaciones de hecho que, a
su juicio, habría generado una vulneración de sus garantías constitucionales, la
vaguedad e imprecisión de sus afirmaciones impiden que el juez de tutela cuente
con la posibilidad de establecer mínimamente la existencia de alguna acción u
omisión que motive la interposición del mecanismo de amparo. Se advierte que,
a pesar de que el mecanismo de amparo se rige por el principio de informalidad
y oficiosidad, el artículo 14 del Decreto 2591 de 1991 establece que el accionante
debe cumplir con la carga mínima de identificar, «con la mayor claridad posible»
la descripción de las circunstancias relevantes que permitan al juez decidir la
solicitud y, con ello, establecer si existió o no una vulneración de las garantías
cuyo amparo se procura.

28. De tal forma, si bien se puso de presente la existencia de un proceso de
tutela conocido por el Juzgado 34 Administrativo de Medellín del que, a su juicio,
derivaría la transgresión alegada, no se identificó mínimamente alguna
providencia o actuación judicial en concreto, aunado a que no se relacionó el
radicado del expediente en cuestión. Por su parte, se hizo referencia imprecisa a
múltiples situaciones relacionadas con un evento que tendría lugar en la ciudad
de Antigua Guatemala, sin identificar en qué sentido ello guarda relación con
alguna situación particular y concreta de la que derive una vulneración o amenaza
de derechos fundamentales.

29. Lo anterior demuestra la ausencia absoluta de un hilo argumentativo o
lógico mínimo que permita al juez identificar las razones que sustentan lo
pretendido por el señor Quintero Mesa. Aunado a ello, la ambigüedad e
imprecisión del escrito de tutela impide establecer con certeza el objeto de la
acción, a pesar de que se identificó un extenso acápite de pretensiones en la
solicitud.

30. En dicha medida, se advierte que esta Sección no puede establecer de
oficio los presupuestos fácticos de esta acción de tutela, dada la plena ausencia
de claridad con respecto a la causa y el objeto del litigio propuesto por el
accionante. Esto, porque, se insiste, ante la falta de la formulación de un hecho
vulnerador en concreto, el fallador carece de sustento fáctico a partir del cual se
efectúe un análisis del asunto.

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31. En virtud de lo expuesto, la Sala confirmará la decisión de primera
instancia que declaró la improcedencia de la acción de tutela promovida por el
señor Quintero Mesa, en atención a que los hechos expuestos resultan ser
imprecisos e inciertos, sobre los cuales no es posible efectuar un análisis
constitucional actual y concreto.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 24 de marzo de 2026 dictada por el
Tribunal Administrativo de Antioquia que DECLARÓ LA IMPROCEDENCIA de la
solicitud de amparo interpuesta por la parte actora.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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