Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2026-00555-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2026-00555-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 05001-23-33-000-2026-00555-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
9 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D. C., nueve (9) de julio de dos mil veintiséis (2026)
MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 05001-23-33-000-2026-00555-01
ACCIÓN POPULAR – AUTO
Actores: ELIANA LISSETTE PATIÑO DIOSA Y OTROS
Asunto: Resuelve apelación frente a medida cautelar
TESIS: SE MODIFICA LA MEDIDA CAUTELAR APELADA Y, EN SU LUGAR, SE
ORDENA ELABORAR UN ESTUDIO DE RIESGO DETALLADO DE LA ZONA
AFECTADA CON EL FIN DE EVALUAR EL ESTADO ACTUAL DE AMENAZA Y
VULNERABILIDAD DE LA QUEBRADA.
DERECHOS COLECTIVOS INVOCADOS COMO VULNERADOS: SEGURIDAD Y
SALUBRIDAD PÚBLICA.
AUTO INTERLOCUTORIO DE SALA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el
MUNICIPIO DE CARAMANTA (ANTIOQUIA)1, contra el auto de 30
de abril de 2026, proferido por el Tribunal Administrativo de
Antioquia2, mediante el cual adoptó de oficio una medida cautelar.
1 En adelante el Municipio.
2 En adelante el Tribunal.
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Actores: ELIANA LISSETTE PATIÑO DIOSA y OTROS
I.- ANTECEDENTES
I.1.- La señora ELIANA LISSETTE PATIÑO DIOSA, actuando en
nombre propio y en representación de los habitantes de la
COMUNIDAD DE LA CALLE 21 MONTOYA DEL MUNICIPIO3, en
ejercicio de la acción popular prevista en el artículo 88 de la
Constitución Política, desarrollada por la Ley 472 de 5 de agosto de
19984, presentaron demanda contra el MUNICIPIO, las EMPRESAS
PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CARAMANTA5 y la
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE
ANTIOQUIA -CORANTIOQUIA6, tendiente a que se protegieran los
derechos colectivos a la vida, a la seguridad y a la salud pública.
I.2.- Síntesis de los hechos que sustentan la acción popular:
La parte actora aseguró que, a la altura de la calle 21 Montoya —o
Calle Conde— del MUNICIPIO, la estructura de canalización de la
quebrada "San Ignacio" es deficiente e incompleta y presenta
3 Con la demanda se anexó un listado de las personas que firmaron la demanda, el cual
puede ser consultado en el archivo 001 demanda y anexos; archivo 004 documental 1 firmas
del aplicativo SAMAI.
4 “Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación
con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”.
5 En adelante las Empresas Públicas.
6 En adelante Corantioquia.
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obstrucciones desde su origen y un hundimiento severo en su losa
principal.
Sostuvo que la situación en comento genera desbordamientos
sistemáticos que impactan los predios aledaños, pues provoca
erosión, pérdida de cultivos y remoción de terrenos, lo que amenaza
de manera inminente la estabilidad estructural de las viviendas e
incrementa el riesgo de una avalancha de gran magnitud que podría
comprometer la vida e integridad de los habitantes del sector.
Señaló que, asimismo, se evidencia un deterioro significativo en el
sistema de acueducto y alcantarillado con ocasión de la ejecución
defectuosa de las obras, las cuales carecen de las pendientes técnicas
requeridas, lo que provoca el reflujo de aguas residuales al interior
de los domicilios en épocas de altas lluvias y, además, genera
acumulación de lodo, vectores y estancamiento prolongado de aguas
lluvias, configurando un grave foco de contaminación y una
afectación directa a la salubridad pública.
Indicó que la pavimentación de la vía tiene deficiencias técnicas, pues
los andenes peatonales quedaron al mismo nivel de la calle, lo que
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conduce las corrientes directamente hacia el interior de las viviendas
afectadas.
Manifestó que, además, las escaleras del sector sufren un proceso de
hundimiento progresivo que han desestabilizado la infraestructura de
servicios públicos, específicamente un poste de energía eléctrica, sin
que, a la fecha, exista señalización preventiva que mitigue el riesgo
de accidentes viales y peatonales.
II.- FUNDAMENTOS DE LA PROVIDENCIA RECURRIDA
En la audiencia de pacto de cumplimiento llevada a cabo el 30 de
abril de 2026, el Tribunal adoptó de oficio la siguiente medida
cautelar:
“[…] Medida cautelar de oficio. Se adopta en esta instancia frente
a la quebrada San Ignacio, como medida cautelar, a partir de la
recomendación dada por Corantioquia, derivado de la visita técnica
120131017555 del 8 de octubre de 2013, la relacionada con la
evacuación preventiva inmediata. Por tanto, se ordena que por parte
de la administración del Municipio Caramanta se realicen actuaciones
pertinentes y necesarias para evacuar de manera preventiva a las
personas que habitan las casas que se encuentren construidas sobre el
box culvert o en la zona de retiro establecida por el EOT para este
cuerpo de aguas -Tal como se indica en el Informe Técnico de
CORANTIOQUIA-[…]”.
Consideró, para el efecto, que la medida cautelar era necesaria
debido al riesgo inminente para el sector residencial construido sobre
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el box culvert, como consecuencia de las precipitaciones fluviales en
la zona y, por ende, debía atenderse la recomendación del informe
técnico núm. 120-1310- 17555 de 8 de octubre de 2013, expedido
por CORANTIOQUIA, en el que se indicó que:
“[…]CONCLUSIONES.
La quebrada San Ignacio nace en el costado oriental de la zona urbana
del municipio de Caramanta y cruza por el sector conocido como la
"Calle Montoya" por medio de una bóveda cuya sección no responde
a ningún parámetro de diseño hidráulico. Por esta causa, se presentan
procesos de desestabilización en el talud de la margen derecha y
potencial afectación por inundación o colapso total de la estructura en
la parte baja.
Se recomienda a la administración municipal de Caramanta adelantar
lo pertinente para evitar una situación de emergencia por posible
colapso de la estructura. Para tal fin, se deberá adelantar la
evacuación preventiva de aquellas casas que se encuentren
construidas sobre el box culvert o en la zona de retiro establecida por
el EOT para este cuerpo de aguas. Así mismo, se deberá adelantar la
recolección de los escombros existentes en la parte baja, los cuales
fueron depositados en el sitio durante la pavimentación de la vía y
que, por su presencia, amenazan con transformar el sitio en un
depósito de escombros (…).
CORANTIOQUIA analizará la posibilidad técnica y financiera de
adelantar este convenio ya sea para esta vigencia o en el año 2014
[…]”.
III.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO
El MUNICIPIO estimó que la medida de evacuación es desproporcionada
y carece de los principios de urgencia e inmediatez, toda vez que se
sustentó en un informe de CORANTIOQUIA que data del año 2013 y
que no refleja las condiciones actuales del sector objeto de protección.
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Sostuvo que para la elaboración del EOT realizó un estudio técnico en la
zona sub examine en el que se concluyó la inexistencia de una amenaza
de colapso inminente y, por el contrario, el factor de riesgo registrado
ostentó la condición de mitigable; lo anterior, aunado al hecho de que en
trece (13) años no se ha materializado ningún tipo de colapso estructural.
Propuso ejecutar labores de limpieza como medidas de mitigación y
prevención inmediatas, en lugar de desalojar las viviendas que han estado
asentadas allí por más de sesenta (60) años, cuya orden solamente se
soportó en un informe del año 2013 que lo sugirió.
A su juicio, la orden cuestionada es de imposible ejecución, pues no
cuenta con un plan de reubicación para un número indeterminado de
familias.
IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
IV.1. De las medidas cautelares en acciones populares
Las medidas cautelares dentro de la acción popular están reguladas
por el artículo 25 de la Ley 472, el cual le otorga la facultad al Juez
constitucional para que, de oficio o a petición de parte, adopte las
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“medidas previas que estime pertinentes para prevenir un daño
inminente o para hacer cesar el que se hubiere causado”. Asimismo,
enlistó de manera enunciativa las medidas cautelares que se podrán
decretar, a saber:
«[…] a) Ordenar la inmediata cesación de las actividades que puedan
originar el daño, que lo hayan causado o lo sigan ocasionando:
b) Ordenar que se ejecuten los actos necesarios, cuando la
conducta potencialmente perjudicial o dañina sea
consecuencia de la omisión del demandado;
c) Obligar al demandado a prestar caución para garantizar el
cumplimiento de cualquiera de las anteriores medidas previas;
d) Ordenar con cargo al Fondo para la Defensa de los Derechos e
Intereses Colectivos los estudios necesarios para establecer la
naturaleza del daño y las medidas urgentes a tomar para mitigarlo
[…]» (Negrillas fuera del texto original).
Por su parte, el artículo 229 del CPACA dispuso que las medidas
cautelares en los procesos que tengan por finalidad la defensa y
protección de los derechos colectivos se regirán por lo dispuesto en
el Capítulo XI ibidem.
En consecuencia, en atención a la existencia de dos normativas que
regulan lo relacionado con las medidas cautelares dentro de las
acciones populares, la Sala ya se pronunció acerca de cómo estas
deben interpretarse y armonizarse.
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Así, en auto de 26 de abril de 20137, la Sala consideró que el artículo
229 del CPACA no derogó tácitamente lo dispuesto por la Ley 472
sobre las medidas cautelares, y que ambas disposiciones deben ser
interpretadas de manera armónica. De igual forma, se precisó que el
Juez popular está facultado para decretar cualquier medida cautelar
y, en particular, las previstas en los artículos 25 y 230 de la Ley 472
y del CPACA, respectivamente.
A su turno, el artículo 26 de la citada Ley 472 prevé que, una vez
decretada la medida previa, quien se oponga a la misma sólo podrá
hacerlo alegando alguna de las siguientes razones:
“[…] a) Evitar mayores perjuicios al derecho o interés colectivo que
se pretende proteger;
b) Evitar perjuicios ciertos e inminentes al interés público;
c) Evitar al demandado perjuicios cuya gravedad sea tal que le haga
prácticamente imposible cumplir un eventual fallo desfavorable.
d) Corresponde al quien alegue estas causales demostrarlas […]”.
IV.2.- Problema Jurídico
7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, providencia
de 26 de abril de 2013, magistrada ponente María Elizabeth García González, expediente
núm. 2012-00614.
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De acuerdo con los argumentos expuestos por el apelante, el
problema jurídico a resolver en esta instancia consiste en determinar
si la orden impartida resulta adecuada de cara al perjuicio inminente
advertido por el Tribunal.
Delimitado el asunto sobre el cual la Sala ha de emitir
pronunciamiento, a continuación, se relacionan los hechos probados
relevantes para resolver la cuestión planteada en esta instancia.
IV.2.1.- De la existencia de un perjuicio inminente
De acuerdo con el material probatorio aportado al expediente, la Sala
evidencia que en el sector de la calle 21 Montoya —o Calle Conde—
del MUNICIPIO se presentan unas fallas estructurales de
canalización de la quebrada "San Ignacio" que han venido afectando
la infraestructura urbana y las áreas residenciales.
En efecto, CORANTIOQUIA, en el año 2013, realizó una visita con
ocasión de la cual se expidió el informe técnico núm. 120-1310-
17555 de 8 de octubre de 20138, en el que se indicó que:
8 Obrante en el expediente digital del Tribunal, archivo 014 contestación Corantioquia.
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“[…] 2. Recorrido por la zona de interés. Se visitó el sector conocido
como la "Calle Montoya", localizado a una cuadra del parque principal
y sobre el cauce activo de la quebrada San Ignacio. Ver foto 2.
La zona presenta un conjunto de aproximadamente 25 viviendas, casi
todas construidas en un nivel y sin mayores especificaciones técnicas.
Todas ellas se encuentran sobre el área de influencia de esta
quebrada, la cual nace en la ladera oriental del municipio y desciende
por un cauce estrecho y superficial hasta la zona urbana.
Cerca al sitio donde actualmente se está construyendo la placa
deportiva del municipio la quebrada abandonó una antigua estructura
(box colvert) y se encuentra fluyendo libremente generando
socavación en la margen derecha, tal como se puede ver en las fotos
3, 4 y 5.
Los procesos de inestabilidad por movimiento en masa en la parte
alta son preexistentes a esta problemática y se encuentran asociados
a reptación por sobre pastoreo y cicatrices de deslizamientos activos,
sin embargo, la situación de amenaza derivada del deterioro en la
estructura hidráulica actualmente existente, se ha incrementado y
afecta especialmente las viviendas de la parte baja.
La estructura existente para encausar la quebrada consiste en una
bóveda con sección desconocida, por su deterioro parece haber
cumplido su vida útil y por tal razón, la quebrada aumenta su caudal
luego de cualquier precipitación fuerte con posibilidad de inundar
algunas casas de la parte baja de la vía, algunas de las cuales fueron
construidas sobre la estructura misma. Ver fotos 6 a la 8.
Ante esta situación, y dado que existe una situación de amenaza
potencial para unas 20 viviendas aproximadamente, la administración
municipal de Caramanta ha solicitado a CORANTIOQUIA elaborar y
ejecutar el convenio interadministrativo cuyo objeto es "Aunar
esfuerzos para la construcción de obras de mitigación de la amenaza
por inundaciones generadas por la quebrada San Ignacio en el área
urbana del municipio de Caramanta". La obra solicitada consiste en
una estructura tipo box colvert, con diseño típico de 2 x 2 metros y
aproximadamente 40 metros de largo, incluye aletas de entrada y
salida, demolición de la estructura actualmente existente, llenos y
obras complementarias. Su costo está estimado en la suma de
CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y
CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS ($142'355
953) de los cuales CIEN MILLONES DE PESOS ($ 100.000.000) serían
aportados por la Corporación y el resto por el municipio de
Caramanta. Teniendo en cuenta la complejidad de la problemática y
el hecho de que la estructura propuesta obedece más a un diseño
típico (de cartilla) que a un estudio, se propone más bien la ejecución
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de un estudio hidrológico que avale el diseño hidráulico de la nueva
estructura y garantice su estabilidad en el tiempo.
CONCLUSIONES.
La quebrada San Ignacio nace en el costado oriental de la zona urbana
del municipio de Caramanta y cruza por el sector conocido como la
"Calle Montoya" por medio de una bóveda cuya sección no responde
a ningún parámetro de diseño hidráulico. Por esta causa, se presentan
procesos de desestabilización en el talud de la margen derecha y
potencial afectación por inundación o colapso total de la estructura en
la parte baja.
Se recomienda a la administración municipal de Caramanta adelantar
lo pertinente para evitar una situación de emergencia por posible
colapso de la estructura. Para tal fin, se deberá adelantar la
evacuación preventiva de aquellas casas que se encuentren
construidas sobre el box colvert o en la zona de retiro establecida por
el EOT para este cuerpo de aguas. Así mismo, se deberá adelantar la
recolección de los escombros existentes en la parte baja, los cuales
fueron depositados en el sitio durante la pavimentación de la vía y
que por su presencia, amenazan con transformar el sitio en un
depósito de escombros (…).
CORANTIOQUIA analizará la posibilidad técnica y financiera de
adelantar este convenio ya sea para esta vigencia o en el año 2014
[…]”.
En atención al aludido informe técnico, en el mes de junio de 2014,
CORANTIOQUIA suscribió con la firma GMS Ingenieros Consultores
S.A.S. la elaboración del «Estudio hidrológico y diseño de obras para
mitigar la amenaza por inundación en la quebrada San Ignacio, área
urbana del municipio de Caramanta»9, específicamente en el sector
conocido como Calle Montoya, a través del cual se establecieron
medidas para estabilizar el cauce y minimizar las amenazas, tanto
9 Obrante en el expediente digital del Tribunal, archivo 014 contestación Corantioquia,
ibidem.
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por inundaciones como por socavación. En dicha oportunidad se
emitieron las siguientes recomendaciones:
"[...] 9.2 DIAGNÓSTICO
c. La quebrada San Ignacio en la zona de estudio presenta un cauce
intervenido antrópicamente, donde se observan procesos de
socavación y erosión lateral, así como desbordamientos periódicos.
d. Los pobladores de la zona afirman que la quebrada se desborda
periódicamente en el tramo de estudio; esta aseveración se verificó a
partir de los reportes dados por la comunidad en la zona.
e. La estructura existente es insuficiente hidráulicamente debido a
que la mayor parte de esta se encuentra fallada, lo que genera un
represamiento del flujo y desbordes paralelos a esta.
f. Se identificó que la zona de estudio está intervenida
antrópicamente y que la mayoría de los suelos superficiales
corresponden a llenos. Este tipo de suelo condiciona en gran medida
la selección de las obras que deben construirse para la solución del
problema.
g. Se evidenciaron fenómenos de deslizamiento, erosión del talud y
reptación, por lo que hay una alta vulnerabilidad a que estos procesos
se sigan presentando.
h. La estructura a proyectar deberá minimizar el impacto de las
excavaciones, además deberá ser capaz de no poner en riesgo el
acceso y la movilidad de los habitantes.
i. Para mejorar las condiciones anteriormente descritas y para evitar
los procesos de erosión, socavación y desbordamientos del cauce, se
proponen las obras definidas que se muestran a continuación en la
Tabla 24, considerando una pendiente a lo largo del canal del 2%.
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Posteriormente, con ocasión del convenio 040-COV1906-102 de
13 de junio de 2019 suscrito entre el MUNICIPIO y
CORANTIOQUIA, se realizó el denominado “Estudio Básico de
Amenazas -EBA-“de diciembre de 201910 con el propósito de
obtener un conocimiento de las condiciones físicas del territorio como
geología, geomorfología, procesos morfodinámicos, recurso hídrico e
intervención y usos del suelo. Dicho estudio arrojó las siguientes
conclusiones:
“[...] 14 Conclusiones […]
6. En la cabecera municipal se presenta una deficiencia hidráulica de
la quebrada San Ignacio a la altura de la calle 21 que afecta las
viviendas localizadas aguas abajo de la cancha. En este sector se
tienen una serie de recomendaciones para la intervención que se
resumen en este informe, pero para mayor detalle se presenta en el
Anexo 4 toda la información relacionada con el estudio detallado del
10 Obrante en el expediente digital del Tribunal, archivo 014 contestación Corantioquia,
ibídem.
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tramo de interés. Además, se presenta una zona de anegamiento
asociada al deterioro de las obras de infraestructura del sector. […]
15 Medidas e Intervenciones […]
15.2 En el suelo urbano de la cabecera municipal
Medidas no estructurales
Se debe prohibir la construcción de cualquier tipo de edificación sobre
las estructuras hidráulicas de las quebradas San Ignacio, Rosario,
Cañas, Candelaria y afluentes menores, estas solamente podrán ser
ocupadas con pasos viales y obras de espacio público y urbanismo
[…]
En las zonas catalogadas como zona de condición de riesgo por
movimientos en masa, se requiere la realización de estudios
detallados para definir si las viviendas localizadas allí pueden
permanecer o deben ser reubicadas, adicionalmente se necesitan si
se planea densificar con más viviendas los sectores. Estos estudios
considerarán el análisis detallado de la amenaza, la evaluación de la
vulnerabilidad, la evaluación del riesgo y la determinación de medidas
específicas de mitigación.
Evaluación detallada de la amenaza: se deberá realizar una
evaluación detallada de la amenaza por movimientos en masa que
considere los siguientes aspectos:
✓ Geología para ingeniería.
✓ Geomorfología detallada.
✓ Hidrogeología, con énfasis en comportamiento de los niveles
freáticos.
✓ Evaluación del drenaje superficial.
✓ Sismología.
✓ Uso del Suelo.
✓Exploración del subsuelo: se recomienda realizar los siguientes
análisis en cada sector definido como área con condición de riesgo
(ACR): […]
✓ Levantamiento topográfico, incluyendo la información predial o
catastral.
✓ El análisis de la amenaza a nivel detallado se realizará empleando
por lo menos métodos determinísticos y modelos matemáticos, en
función de la dinámica del movimiento en masa objeto de análisis.
✓ Como parte del análisis de amenaza se debe tener en cuenta las
causas de la inestabilidad del terreno, considerando dentro de los
agentes detonantes los siguientes factores: agua, sismo y procesos
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antrópicos (cortes, excavaciones, rellenos y construcciones en
general), mediante el análisis mínimo de tres escenarios.
Evaluación de la vulnerabilidad: Se deberá realizar una evaluación de
la vulnerabilidad física ante movimientos en masa que considere los
siguientes aspectos:
✓ Identificación y localización en cartografía, de los elementos
expuestos.
✓ Caracterización de los elementos expuestos a las amenazas
identificadas, en cuanto al tipo de elemento, grado de exposición,
resistencia que ofrece el elemento y distribución espacial.
✓ Se deben identificar los diferentes tipos de daño o efectos esperados
sobre los elementos expuestos que se pueden presentar como
resultado del fenómeno natural.
✓ Esta información debe zonificarse en un mapa a la misma escala
del mapa de amenazas detallado estableciendo categorías de
vulnerabilidad alta, media y baja, de acuerdo a las características de
los elementos expuestos.
Evaluación del riesgo: Se deberá realizar una evaluación del riesgo
ante los movimientos en masa que sea el resultado de relacionar la
zonificación detallada de amenaza y la evaluación de vulnerabilidad.
Con base en ello, se categorizará en riesgo alto, medio y bajo en
función de la afectación esperada. Adicional a lo anterior, la
evaluación del riesgo debe contener los siguientes aspectos:
✓ Documento técnico que contenga metodología de evaluación
empleada y los resultados.
✓ Fichas de evaluación de vulnerabilidad.
✓ Mapa de vulnerabilidad categorizada en alta, media y baja.
✓ Mapa de riesgo, categorizado en alto, medio y bajo, señalando para
el riesgo alto si es mitigable o no mitigable.
✓ Mapas de localización y dimensionamiento de las medidas de
intervención propuestas.
✓ Presupuestos estimados de costos de las alternativas planteadas.
✓ Inventario de viviendas en alto riesgo no mitigable.
• Se recomienda realizar un estudio de detalle sobre el deslizamiento
localizado sobre la margen derecha de la quebrada San Ignacio y que
está al frente de la cancha sintética, para definir las obras de
mitigación que controlen el talud.
• Se recomienda seguir las directrices dadas en el estudio de detalle
realizado en el año 2014 de la quebrada San Ignacio. […]
Medidas estructurales
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•Se recomienda mantener un estricto control de las aguas lluvias y
escorrentías, para lo cual deberá proyectarse la construcción de
sistemas de drenaje completo con el fin de generar un correcto
manejo de las aguas lluvia. Es indispensable la construcción de
cunetas y canales que permitan la captación, conducción y entrega
de las aguas captadas a sitios como drenajes naturales.
• Se debe realizar un adecuado manejo de las aguas de escorrentía
que drenan desde el sector del coliseo por la carrera 20, para evitar
la inundación de las viviendas localizadas en la calle 21 […]
•Se recomienda seguir las recomendaciones del “Estudio hidrológico
y diseño de obras para mitigar la amenaza por inundación en la
quebrada San Ignacio, área urbana del municipio de Caramanta
(Corantioquia – GMS Consultores, 2014)” con el fin de resolver la
situación de insuficiencia y deterioro de las obras de la quebrada en
el tramo de interés […]”.
Ahora, como lo evidencia el informe técnico de evaluación preliminar
aportado por el MUNICIPIO11 junto con la contestación de la
demanda, la Sala advierte que la entidad territorial conoce la
problemática que afecta el sector y de acuerdo con las visitas
técnicas ha identificado que:
“[...] 2. LOCALIZACIÓN Y CONTEXTO TERRITORIAL
La situación descrita se presenta en el sector Calle 21 Montoya del
municipio de Caramanta, en inmediaciones de la cancha sintética
municipal, zona en la cual se presenta interacción directa entre
infraestructura urbana, áreas residenciales y el cauce de la quebrada
San Ignacio.
El área presenta condiciones geomorfológicas propias de zonas de
ladera, con presencia de pendientes pronunciadas, procesos erosivos
y antecedentes de movimientos de masa en diferentes puntos del
territorio municipal. Estas condiciones influyen directamente en el
comportamiento hidráulico de las corrientes superficiales y en la
11 Obrante en el expediente digital del Tribunal, archivo 015 contestación municipio, ibídem.
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dinámica de transporte de sedimentos durante eventos de
precipitación intensa.
Adicionalmente, la cercanía entre el cauce de la quebrada, las
viviendas del sector y la infraestructura pública existente hace
necesario analizar la situación bajo un enfoque integral que contemple
aspectos hidráulicos, geotécnicos, ambientales y de gestión del
riesgo.
3. DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA
Con base en las visitas técnicas preliminares realizadas en el sector,
se han identificado una serie de condiciones que inciden en el
comportamiento hidráulico de la quebrada San Ignacio y que pueden
generar afectaciones en el entorno inmediato.
Durante eventos de alta precipitación la quebrada presenta un
aumento considerable en el arrastre de sedimentos y material
vegetal, lo cual genera procesos de deposición de material en
diferentes puntos del cauce. Este fenómeno ha ocasionado procesos
de colmatación en una estructura hidráulica antigua localizada en el
sector cercano a la cancha sintética, reduciendo la capacidad de
conducción del flujo.
La estructura hidráulica existente presenta signos evidentes de
deterioro asociados a su antigüedad, pérdida de capacidad estructural
y procesos de erosión generados por la dinámica natural del cauce.
Como consecuencia de estas condiciones, se ha producido el colapso
parcial de algunos elementos de dicha obra, lo cual ha favorecido la
acumulación de sedimentos y la formación de represamientos de
material en determinados puntos del cauce.
La acumulación progresiva de sedimentos ha modificado parcialmente
la sección hidráulica disponible para el paso del agua, generando una
disminución en la capacidad de evacuación del flujo durante eventos
de precipitación intensa, lo cual incrementa el riesgo de
desbordamiento o afectaciones en áreas cercanas al cauce.
Adicionalmente, las condiciones geotécnicas del terreno en el sector
evidencian suelos susceptibles a procesos de saturación, erosión
superficial y movimientos de tierra, lo cual implica que cualquier
intervención estructural en el área debe ser analizada
cuidadosamente mediante estudios técnicos especializados.
4. LIMITACIONES PARA UNA INTERVENCIÓN INMEDIATA
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Desde el punto de vista técnico, la intervención estructural definitiva
de una fuente hídrica en un entorno urbano requiere la realización
previa de estudios especializados que permitan comprender
adecuadamente las condiciones del terreno, la dinámica hidráulica del
cauce y las cargas estructurales que deberán soportar las obras
proyectadas.
Entre los estudios necesarios para este tipo de intervenciones se
encuentran los estudios de suelos orientados a determinar las
características geotécnicas del terreno, los estudios hidrológicos que
permitan establecer los caudales de diseño asociados a diferentes
períodos de retorno y los análisis de comportamiento del régimen de
lluvias en la microcuenca.
De igual manera, resulta necesario realizar modelaciones hidráulicas
que permitan evaluar el comportamiento del flujo dentro del cauce,
determinar las secciones hidráulicas adecuadas y analizar posibles
escenarios de desbordamiento o represamiento.
A partir de estos estudios se deben elaborar los respectivos diseños
hidráulicos y estructurales de las obras requeridas, incluyendo
sistemas de conducción, estructuras de captación, obras de drenaje
y elementos de protección de taludes, acompañados de las
respectivas memorias de cálculo y especificaciones técnicas.
La ausencia de estos estudios técnicos impide realizar una
intervención estructural inmediata, ya que cualquier actuación
realizada sin el soporte técnico correspondiente podría generar
riesgos adicionales, afectar la estabilidad del terreno o resultar
ineficiente frente a la problemática existente [...]”. (Negrillas fuera
del texto original).
Por su parte, mediante derecho de petición de 2 de septiembre de
2025, la señora Eliana Patiño Diosa puso en conocimiento del
MUNICIPIO los perjuicios estructurales y las pérdidas de cultivos y
animales, con ocasión del taponamiento en el cauce de la quebrada
“San Ignacio”. Asimismo, solicitó a la administración municipal las
siguientes medidas:
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“[…] PETICIÓN
1. Dar conocimiento por escrito de la respuesta suministrada por el
DAPAR o Gestiones de la Administración Municipal para la resolución de la
situación de la quebrada San Ignacio ubicada en la calle Montoya del
Municipio de Caramanta, en caso tal que a nivel municipal se hubiese
agotado esta instancia.
2. Demolición de la estructura de la cañada para poder canalizarla de
manera correcta.
3. Solución de los perjuicios causados y que se puedan generar a causa
de la no intervención en la problemática de la quebrada San Ignacio.
4. Revisión y solución en la calle conde del sistema de acueducto y
alcantarillado y
5. Terminar de pavimentar la calle Montoya en su totalidad con la
resolución del sistema de acueducto y alcantarillado que permita el curso
normal de la quebrada y de aguas lluvias y de esta forma las personas
puedan transitar sin problema por toda la extensión del sector […]”.
De acuerdo con lo anterior, para la Sala existe suficiente nivel de
certeza de que, tal y como lo concluyó el Tribunal, el perjuicio
inminente que justifica el decreto de una medida cautelar deviene de
las fallas estructurales de canalización de la quebrada "San Ignacio"
que ha venido afectando la infraestructura urbana y las áreas
residenciales en el sector de la calle 21 Montoya —o Calle Conde—,
de suerte que la necesidad de atender tal situación es la que debe
orientar las medidas idóneas que deben adoptarse para evitar que
tal perjuicio alcance proporciones de mayor gravedad y las
autoridades competentes para su atención, como pasará a
determinarse en el siguiente acápite.
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IV.2.2.- De la idoneidad de las medidas cautelares y las
autoridades competentes
Las pruebas reseñadas en precedencia evidenciaron que las
circunstancias que dieron origen a la acción popular tienen origen en la
deficiencia hidráulica y canalización de la quebrada “San Ignacio” que ha
venido afectando desde hace varios años las viviendas y la infraestructura
localizada en la denominada calle 21 o calle Montoya del Municipio.
Asimismo, se advierte que desde el año 2013 CORANTIOQUIA ha
realizado un acompañamiento a la entidad territorial efectuando visitas
técnicas, informes y estudios en los que se han hecho algunas
recomendaciones a fin de disminuir el riesgo en las viviendas aledañas a
la zona. Dentro de las recomendaciones efectuadas por la autoridad
ambiental se resaltan las siguientes:
Informe Recomendación
Informe técnico núm. 120- i) La evacuación preventiva de las casas que
1310- 17555 de 8 de octubre de se encuentran construidas sobre el box
2013. colvert o en la zona de retiro del cuerpo de
aguas.
ii) La recolección de escombros existentes
en la parte baja los cuales fueron
depositados durante la pavimentación de la
vía.
“Estudio hidrológico y diseño de Construcción de las denominadas “obras
obras para mitigar la amenaza planteadas” indicadas en la Tabla 24, cuyo
por inundación en la quebrada fin consistía en evitar los procesos de
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San Ignacio, área urbana del erosión, socavación y desbordamientos del
municipio de Caramanta”. Junio cauce.
de 2014
Estudio Básico de Amenazas - 15. Medidas e Intervenciones […]
EBA-“. Diciembre de 2019
15.2 En el suelo urbano de la cabecera
municipal
Evaluación detallada de la amenaza: se
deberá realizar una evaluación detallada de
la amenaza por movimientos en masa que
considere los siguientes aspectos:
✓ Geología para ingeniería.
✓ Geomorfología detallada.
✓ Hidrogeología, con énfasis en
comportamiento de los niveles freáticos.
✓Evaluación del drenaje superficial.
✓ Sismología.
✓ Uso del Suelo.
✓Exploración del subsuelo: se recomienda
realizar los siguientes análisis en cada sector
definido como área con condición de riesgo
(ACR): […]
✓ Levantamiento topográfico, incluyendo la
información predial o catastral.
✓ El análisis de la amenaza a nivel detallado
se realizará empleando por lo menos
métodos determinísticos y modelos
matemáticos, en función de la dinámica del
movimiento en masa objeto de análisis.
✓ Como parte del análisis de amenaza se
debe tener en cuenta las causas de la
inestabilidad del terreno, considerando
dentro de los agentes detonantes los
siguientes factores: agua, sismo y procesos
antrópicos (cortes, excavaciones, rellenos y
construcciones en general), mediante el
análisis mínimo de tres escenarios.
Evaluación de la vulnerabilidad: Se deberá
realizar una evaluación de la vulnerabilidad
física ante movimientos en masa que
considere los siguientes aspectos:
✓ Identificación y localización en cartografía,
de los elementos expuestos.
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✓ Caracterización de los elementos
expuestos a las amenazas identificadas, en
cuanto al tipo de elemento, grado de
exposición, resistencia que ofrece el
elemento y distribución espacial.
✓ Se deben identificar los diferentes tipos de
daño o efectos esperados sobre los
elementos expuestos que se pueden
presentar como resultado del fenómeno
natural.
✓ Esta información debe zonificarse en un
mapa a la misma escala del mapa de
amenazas detallado estableciendo
categorías de vulnerabilidad alta, media y
baja, de acuerdo a las características de los
elementos expuestos.
Evaluación del riesgo: Se deberá realizar
una evaluación del riesgo ante los
movimientos en masa que sea el resultado
de relacionar la zonificación detallada de
amenaza y la evaluación de vulnerabilidad.
Con base en ello, se categorizará en riesgo
alto, medio y bajo en función de la
afectación esperada. Adicional a lo anterior,
la evaluación del riesgo debe contener los
siguientes aspectos:
✓ Documento técnico que contenga
metodología de evaluación empleada y los
resultados.
✓ Fichas de evaluación de vulnerabilidad.
✓ Mapa de vulnerabilidad categorizada en
alta, media y baja.
✓ Mapa de riesgo, categorizado en alto,
medio y bajo, señalando para el riesgo alto
si es mitigable o no mitigable.
✓ Mapas de localización y
dimensionamiento de las medidas de
intervención propuestas.
✓ Presupuestos estimados de costos de las
alternativas planteadas.
✓ Inventario de viviendas en alto riesgo no
mitigable.
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• Se recomienda realizar un estudio de
detalle sobre el deslizamiento localizado
sobre la margen derecha de la quebrada
San Ignacio y que está al frente de la cancha
sintética, para definir las obras de
mitigación que controlen el talud.
• Se recomienda seguir las directrices dadas
en el estudio de detalle realizado en el año
2014 de la quebrada San Ignacio
En ese sentido, la Sala advierte que si bien la adopción de la medida
cautelar por parte del Tribunal consistió en la orden de evacuación
preventiva de las viviendas que se encuentran construidas sobre el
denominado box culvert para dicho cuerpo de aguas, en atención de
la recomendación que brindó CORANTIOQUIA en el “Informe
técnico núm. 120-1310- 17555 de 8 de octubre de 2013”, también
lo es que dicha recomendación se efectuó hace más de doce años y,
por ende, se desconoce la condición actual de la infraestructura para
efecto de determinar si el nivel de riesgo existente amerita la
reubicación de la población.
Asimismo, la Sala destaca que pesar de que con el escrito de la
demanda se aportaron unos registros fotográficos y fílmicos, tales
documentos no dan cuenta de la fecha, hora y lugar en el que fueron
registrados, por lo que no se tiene certeza de que tales imágenes
correspondan a la zona afectada, esto, con el fin de determinar o de
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siquiera tener un indicio del estado actual de las viviendas y de la
infraestructura afectada.
Además de lo expuesto, la Sala destaca que el artículo 14 de la Ley
1523 identifica al alcalde, en su calidad de conductor del desarrollo
local, como el responsable directo de la implementación de los
procesos de gestión del riesgo en el distrito o municipio, incluyendo
el conocimiento y la reducción del riesgo y el manejo de desastres
en el área de su jurisdicción.
La disposición en mención se acompasa con lo dispuesto por los
artículos 311 de la Constitución Política y 1° de la Ley 136 de 2 de
junio de 1994, que definen al municipio como la entidad territorial
fundamental en la división político administrativa del Estado, cuya
finalidad es prestar los servicios públicos que determine la ley,
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el
desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el
mejoramiento social y cultural de sus habitantes, buscar el bienestar
general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población de su
territorio.
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Por consiguiente, en lo atinente a la política de gestión y prevención
del riesgo, es al MUNICIPIO, en cabeza de su alcalde, a quien
corresponde de manera principal implementar, ejecutar, desarrollar,
entre otras, las políticas, actividades y gestiones tendientes a dicho
fin; no obstante, ello no indica que se deba dejar de lado que la
misma Ley 1523 y el Decreto 4147 de 2011, establecieron un trabajo
coordinado y armónico con las demás entidades, en punto al
desarrollo de dicha política.
En tal contexto, los principios de concurrencia y subsidiariedad
facultan al MUNICIPIO para que en los eventos en que su capacidad
de respuesta resulta desbordada por la magnitud de la situación,
acuda ante instancias departamentales y nacionales a fin de obtener
los recursos necesarios para conjurar los factores determinantes del
riesgo existente.
Ahora, en lo que tiene que ver con las Corporaciones Autónomas
Regionales12, el artículo 23 de la Ley 99, estableció que son «entes
corporativos de carácter público, creados por la ley, integrados por
las entidades territoriales que por sus características constituyen
12 Ver sentencia de 10 de diciembre de 2021 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, consejera ponente Nubia Margoth Peña Garzón, expediente
núm. 66001-23-33-000-2013-00290-02).
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geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad
geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotados de autonomía
administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica,
encargados por la ley de administrar, dentro del área de su
jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y
propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las
disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio
Ambiente».
En relación con el objeto de estas entidades, la misma Ley señala
que son las encargadas de la «ejecución de las políticas, planes,
programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos naturales
renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación a las
disposiciones legales vigentes sobre su disposición, administración,
manejo y aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y
directrices expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente».
El artículo 31 de la Ley 99 prevé las funciones de las corporaciones
autónomas regionales, dentro de las cuales se destacan las
relacionadas con: i) el apoyo en materia ambiental que debe brindar
al municipio para la ordenación del territorio; ii) establecer las
directrices para el manejo de las cuencas hidrográficas en su
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jurisdicción; iii) ejecución de obras para la regulación de cauces y
corrientes de agua, recuperación del medio ambiente y los recursos
naturales no renovables; iv) realizar actividades de análisis,
seguimiento, prevención y control de desastres; y v) adelantar con
la administración municipal programas de adecuación de áreas
urbanas en zonas de alto riesgo, como lo es el control de la erosión,
manejo de cauces y reforestación. Dichas competencias fueron
previstas en los siguientes términos:
“Artículo 31. Funciones. Las Corporaciones Autónomas Regionales ejercerán
las siguientes funciones:
[…]
4) Coordinar el proceso de preparación de los planes, programas y proyectos
de desarrollo medioambiental que deban formular los diferentes organismos
y entidades integradas del Sistema Nacional Ambiental (SINA) en el área de
su jurisdicción y en especial, asesorar a los Departamentos, distritos y
Municipios de su comprensión territorial en la definición de los planes de
desarrollo ambiental y en sus programas y proyectos en materia de
protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables, de
manera que se asegure la armonía y coherencia de las políticas y acciones
adoptadas por las distintas entidades territoriales;
5) Participar con los demás organismos y entes competentes en el ámbito
de su jurisdicción, en los procesos de planificación y ordenamiento territorial
a fin de que el factor ambiental sea tenido en cuenta en las decisiones que
se adopten;
[…]
18) Ordenar y establecer las normas y directrices para el manejo de las
cuencas hidrográficas ubicadas dentro del área de su jurisdicción, conforme
a las disposiciones superiores y a las políticas nacionales;
19) Promover y ejecutar obras de irrigación, avenamiento, defensa contra
las inundaciones, regulación de cauces y corrientes de agua, y de
recuperación de tierras que sean necesarias para la defensa, protección y
adecuado manejo de cuencas hidrográficas del territorio de su jurisdicción,
en coordinación con los organismos directores y ejecutores del Sistema
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Nacional de Adecuación de Tierras, conforme a las disposiciones legales y a
las previsiones técnicas correspondientes;
Cuando se trate de obras de riego y avenamiento que de acuerdo con las
normas y reglamentos requieran de Licencia Ambiental, ésta deberá ser
expedida por el Ministerio del Medio Ambiente.
20) Ejecutar, administrar, operar y mantener en coordinación con las
entidades territoriales, proyectos, programas de desarrollo sostenible y
obras de infraestructura cuya realización sea necesaria para la defensa y
protección o para la descontaminación o recuperación del medio ambiente y
los recursos naturales renovables;
[…]
23) Realizar actividades de análisis, seguimiento, prevención y control de
desastres, en coordinación con las demás autoridades competentes, y
asistirlas en los aspectos medioambientales en la prevención y atención de
emergencias y desastres; adelantar con las administraciones municipales o
distritales programas de adecuación de áreas urbanas en zonas de alto
riesgo, tales como control de erosión, manejo de cauces y reforestación;
[…]
Parágrafo 3. Cuando una Corporación Autónoma Regional tenga por objeto
principal la defensa y protección del medio ambiente urbano, podrá
adelantar con las administraciones municipales o distritales programas de
adecuación de áreas urbanas en zonas de alto riesgo, tales como control de
erosión, manejo de cauces y reforestación; así mismo podrá administrar,
manejar, operar y mantener las obras ejecutadas o aquellas que le aporten
o entreguen los municipios o distritos para esos efectos;
Parágrafo 4. Las Corporaciones Autónomas Regionales realizarán sus tareas
en estrecha coordinación con las entidades territoriales y con los organismos
a las que éstas hayan asignado responsabilidades de su competencia […]”.
Por su parte, el artículo 31 de la Ley 1523 ordena a las corporaciones
autónomas regionales apoyar a las entidades territoriales de su
jurisdicción ambiental en la elaboración de «estudios necesarios
para el conocimiento y la reducción del riesgo». Para el efecto, la
norma en comento previó:
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“ARTÍCULO 31. LAS CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES EN EL
SISTEMA NACIONAL. Las corporaciones autónomas regionales o de desarrollo
sostenible, que para efecto de la presente ley se denominarán las
corporaciones autónomas regionales, como integrantes del sistema nacional
de gestión del riesgo, además de las funciones establecidas por la Ley 99 de
1993 y la Ley 388 de 1997 o las leyes que las modifiquen. Apoyarán a las
entidades territoriales de su jurisdicción ambiental en todos los
estudios necesarios para el conocimiento y la reducción del riesgo y
los integrarán a los planes de ordenamiento de cuencas, de gestión
ambiental, de ordenamiento territorial y de desarrollo.
PARÁGRAFO 1o. El papel de las corporaciones autónomas regionales es
complementario y subsidiario respecto a la labor de alcaldías y gobernaciones,
y estará enfocado al apoyo de las labores de gestión del riesgo que
corresponden a la sostenibilidad ambiental del territorio y, por tanto, no
eximen a los alcaldes y gobernadores de su responsabilidad primaria en la
implementación de los procesos de gestión del riesgo de desastres.
PARÁGRAFO 2o. Las corporaciones autónomas regionales deberán
propender por la articulación de las acciones de adaptación al cambio
climático y la de gestión del riesgo de desastres en su territorio, en
virtud que ambos procesos contribuyen explícitamente a mejorar la gestión
ambiental territorial sostenible.
PARÁGRAFO 3o. Las corporaciones autónomas regionales como integrantes
de los consejos territoriales de gestión del riesgo, en desarrollo de los
principios de solidaridad, coordinación, concurrencia y subsidiariedad positiva,
deben apoyar a las entidades territoriales que existan en sus
respectivas jurisdicciones en la implementación de los procesos de
gestión del riesgo de acuerdo con el ámbito de su competencia y
serán corresponsables en la implementación.
PARÁGRAFO 4o. Cuando se trate de Grandes Centros Urbanos al tenor de lo
establecido en la Ley 99 de 1993, en lo relativo a los comités territoriales,
harán parte de estos las autoridades ambientales locales” […] (Resaltado de
la Sala).
Cabe resaltar que si bien el parágrafo 1º del artículo en mención
dispone que el papel de las corporaciones autónomas regionales es
complementario y subsidiario respecto a la labor de las Alcaldías y
Gobernaciones en apoyo de las tareas de gestión del riesgo que
corresponden a la sostenibilidad ambiental del territorio, ello no la
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exime del cumplimiento de los deberes que le asisten en materia
ambiental y de gestión del riesgo, pues debe trabajar
coordinadamente con las demás entidades para la consecución de
dichos fines.
En consideración a todo lo expuesto, a juicio de la Sala, aun cuando
la orden cuestionada responde a la intención de atender y mitigar los
riesgos estructurales que desde hace varios años han venido
afectando las viviendas y la infraestructura sub examine, con ocasión
a las presuntas deficiencias hidráulicas y canalización de la quebrada
“San Ignacio”; no obstante, la misma no es idónea de cara a la
incertidumbre sobre las condiciones actuales del sector, por lo que
debe ser modificada en el sentido de ordenar al MUNICIPIO que,
junto con CORANTIOQUIA y en el marco de sus competencias, en
el término de dos (2) meses, contados a partir de la ejecutoria de
esta providencia, elaboren un estudio de riesgo detallado de la zona
afectada en el que se deberá evaluar de manera específica el estado
actual de amenaza, riesgo y vulnerabilidad derivado de la estructura
hidráulica actualmente existente en la quebrada “San Ignacio”, así
como de las viviendas y demás infraestructura que se encuentra
construida en la denominada calle 21 o calle Montoya del
MUNICIPIO.
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Asimismo, el MUNICIPIO deberá ejecutar las acciones de
prevención, señalización y limpieza del canal y de la zona que
actualmente se encuentre afectada.
Finalmente, el MUNICIPIO y CORANTIOQUIA, al finalizar el plazo
concedido para la ejecución de la orden, deberán rendir un informe
al Tribunal sobre el cumplimiento.
Bajo tales consideraciones, se modificará la decisión judicial apelada,
como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de este proveído.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera,
R E S U E L V E:
PRIMERO: MODIFICAR la medida cautelar adoptada por el Tribunal
Administrativo de Antioquia en la audiencia de pacto de cumplimiento
llevada a cabo el 30 de abril de 2026, la cual quedará así:
«[...] ORDÉNASE Al MUNICIPIO DE CARAMANTA que, junto con
la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE
ANTIOQUIA -CORANTIOQUIA- y en el marco de sus competencias,
en el término de dos (2) meses, contados a partir de la ejecutoria de
esta providencia, elaboren un estudio de riesgo detallado de la zona
afectada en que se deberá evaluar de manera específica el estado
actual de amenaza, riesgo y vulnerabilidad derivado de la estructura
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hidráulica actualmente existente en la quebrada “San Ignacio”, así
como de las viviendas y demás infraestructura que se encuentra
construida en la denominada calle 21 o calle Montoya del
MUNICIPIO.
Asimismo, el MUNICIPIO DE CARAMANTA deberá ejecutar las
acciones de prevención, señalización y limpieza del canal y de la zona
que actualmente se encuentre afectada.
Finalmente, el MUNICIPIO DE CARAMANTA y la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA -
CORANTIOQUIA, al finalizar el plazo concedido para la ejecución de
la orden, deberán rendir un informe al Tribunal sobre el cumplimiento
[...]».
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión de 9 de julio de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por
los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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