Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2026-00595-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2026-00595-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 05001-23-33-000-2026-00595-01
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
21 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Bogotá D.C., veintiuno (21) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 05001-23-33-000-2026-00595-01
Demandante: JOSÉ NILSON MOREANO TAICUS
Demandado: PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y OTRO
Tema: Tutela por presunta vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia. Confirma decisión. Niega amparo
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte accionante contra
la sentencia del 24 de abril de 2026, en virtud de la cual, el Tribunal Administrativo
de Antioquia, Sala Sexta de Oralidad negó el amparo.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo1
El señor José Nilson Moreano Taicus, actuando en nombre propio, promovió acción
de tutela contra la Procuraduría General de la Nación y la Procuraduría 113 Judicial
II para Asuntos Administrativos de Medellín, en la que solicitó el amparo de sus
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia.
En criterio de la parte actora, la vulneración de sus garantías constitucionales se
materializó con los autos del 26 de marzo y 8 de abril de 2026 en los que la agencia
del Ministerio Público tuvo por desistida la solicitud de conciliación prejudicial
radicada por el accionante, en la que pretendía convocar a la Nación, Ministerio de
Defensa Nacional, Ejército Nacional, en el procedimiento conciliatorio que se
identificó con el radicado E-2026-111043 del 2 de marzo de 2026.
1.2. Pretensiones
Con base en lo anterior, el actor solicitó el amparo de los derechos fundamentales
invocados y, en consecuencia, pidió:
1 Índice 002 de Samai. Tutela radicada el 15 de abril de 2026.
1
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Demandante: José Nilson Moreano Taicus
Demandado: Procuraduría General de la Nación y otro
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[…]
2. Dejar sin efectos:
o
El auto del 26 de marzo de 2026
o
El auto del 8 de abril de 2026
3. Ordenar a la entidad accionada:
o
Tener por subsanada en término la solicitud de conciliación extrajudicial
o
Continuar con el trámite correspondiente2.
1.3. Hechos
La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes supuestos fácticos que, a
juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará:
El 2 de marzo de 2026, a través de la sede electrónica de la Procuraduría General
de la Nación, el señor José Nilson Moreano Taicus presentó una solicitud de
conciliación, previo a interponer el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, contra la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional.
El asunto se asignó a la Procuraduría 113 Judicial II para Asuntos Administrativos
de Medellín, que mediante auto del 11 de marzo de 2026 inadmitió la solicitud de
conciliación prejudicial3, para que el convocante subsanara las siguientes falencias:
(i) aclarara si el procedimiento sancionatorio No. 38285-2025/BADRA4 adelantado
contra el convocante ya había finalizado; (ii) si agotó la vía administrativa ante la
Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional; (iii) individualizara los actos de los
que cuestiona la legalidad con la constancia de comunicación; (iv) estimara
razonadamente la cuantía; (v) relacionara las pruebas; (vi) manifestara bajo
juramento de no haber presentado otra solicitud con los mismos hechos y
pretensiones; (vii) aportara la constancia de remisión simultánea al correo de la
convocada y a la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado; y (viii)
allegara el poder con el lleno de requisitos de ley.
A través de escrito radicado el 20 de marzo de 2026 el accionante subsanó los
requisitos. No obstante, mediante el auto del 26 de marzo de 20264 el Procurador
113 Judicial II resolvió «Declarar desistida y tener por no presentada la solicitud de
conciliación presentada por José Nilson Moreano Taicus» porque remitió el
memorial de forma extemporánea, comoquiera que el auto inadmisorio se le
comunicó el 11 de marzo de 2026 y el plazo de 5 días que señala el artículo 102 de
la Ley 2220 de 2022 para atender el requerimiento, finalizó el 18 de marzo del mismo
año.
Contra la anterior decisión, el señor José Nilson Moreano presentó recurso de
reposición y en subsidio apelación, argumentando que sí subsanó los requisitos del
auto inadmisorio dentro del término legal, puesto que, a su juicio, el plazo referido
2 Transcripción original del texto con posibles errores.
3 Índice 009 de Samai. Archivo 003 de Onedrive.
4 Índice 009 de Samai. Archivo 006 de Onedrive.
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debe contabilizarse después de cumplidos dos días hábiles siguientes a la
notificación de la providencia, pues así lo establecen los artículos 56 del CPACA -
modificado por el artículo 10 Ley 2080 de 20215- y 8 de la Ley 2213 de 20226.
En el proveído del 8 de abril de 20267 la autoridad accionada confirmó la decisión y
rechazó el recurso de apelación por improcedente. Como sustento, indicó que, en
el trámite de conciliación prejudicial se aplica la Ley 2220 de 2022, y solo en aquellos
asuntos no previstos en este, se remite al CPACA. Por lo que, de acuerdo a lo
dispuesto en la referida norma, las notificaciones de las actuaciones en el
procedimiento conciliatorio se entienden surtidas al día siguiente (artículo 99), por
tanto, al haberse comunicado al convocante el auto inadmisorio el 11 de marzo de
2026, el plazo de 5 días con el que contaba para subsanar la solicitud (artículo 102)
trascurrió entre el 12 y el 18 de marzo de la presente anualidad, sin embargo, como
el memorial de subsanación se radicó el día 20 del mismo mes y año, se hizo de
forma extemporánea.
En el referido auto, la accionada recordó que las reglas establecidas en el CPACA
respecto de las notificaciones de las providencias, se aplica al ámbito judicial y no
en las actuaciones administrativas, pues así lo ha indicado la jurisprudencia de la
Corte Suprema de Justicia en las sentencias STC16733-2022 y STC4737-2023.
5 ARTÍCULO 56. NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA. <Artículo modificado por el artículo 10 de la Ley
2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> Las autoridades podrán notificar sus actos a través
de medios electrónicos, siempre que el administrado haya aceptado este medio de notificación.
Sin embargo, durante el desarrollo de la actuación el interesado podrá solicitar a la autoridad que las
notificaciones sucesivas no se realicen por medios electrónicos, sino de conformidad con los otros
medios previstos en el Capítulo Quinto del presente Título, a menos que el uso de medios
electrónicos sea obligatorio en los términos del inciso tercero del artículo 53A del presente título.
Las notificaciones por medios electrónicos se practicarán a través del servicio de notificaciones que
ofrezca la sede electrónica de la autoridad.
Los interesados podrán acceder a las notificaciones en el portal único del Estado, que funcionará
como un portal de acceso.
La notificación quedará surtida a partir de la fecha y hora en que el administrado acceda a la misma,
hecho que deberá ser certificado por la administración.
6 ARTÍCULO 8o. NOTIFICACIONES PERSONALES. Las notificaciones que deban hacerse
personalmente también podrán efectuarse con el envío de la providencia respectiva como mensaje
de datos a la dirección electrónica o sitio que suministre el interesado en que se realice la notificación,
sin necesidad del envío de previa citación o aviso físico o virtual. Los anexos que deban entregarse
para un traslado se enviarán por el mismo medio.
El interesado afirmará bajo la gravedad del juramento, que se entenderá prestado con la petición,
que la dirección electrónica o sitio suministrado corresponde al utilizado por la persona a notificar,
informará la forma como la obtuvo y allegará las evidencias correspondientes, particularmente las
comunicaciones remitidas a la persona por notificar.
La notificación personal se entenderá realizada una vez transcurridos dos días hábiles
siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a contarse cuándo el iniciador
recepcione acuse de recibo o se pueda por otro medio constatar el acceso del destinatario al
mensaje.
Para los fines de esta norma se podrán implementar o utilizar sistemas de confirmación del recibo
de los correos electrónicos o mensajes de datos.
Cuando exista discrepancia sobre la forma en que se practicó la notificación, la parte que se
considere afectada deberá manifestar bajo la gravedad del juramento, al solicitar la declaratoria de
nulidad de lo actuado, que no se enteró de la providencia, además de cumplir con lo dispuesto en
los artículos 132 a 138 del Código General del Proceso.
[…] Negrillas fuera de texto.
7 Índice 009 de Samai. Archivo 008 de Onedrive.
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1.4. Fundamentos de la solicitud de amparo
La parte accionante señaló que los autos cuestionados incurren en los siguientes
defectos:
(i) Sustantivo: por cuanto la autoridad administrativa aplicó de forma rígida la Ley
2220 de 2022, desconociendo la integración normativa que debía realizar con los
artículos 8 de la Ley 2213 de 2022 y 56 del CPACA. Así como también, desatendió
el principio de prevalencia del derecho sustancial contemplado en el artículo 228
Constitucional.
(ii) Procedimental absoluto por exceso ritual manifiesto: por aplicar de forma
inflexible la normativa referida, sin tener en cuenta el contexto digital, lo que llevó a
que se obstaculizara su derecho de acceso a la administración de justicia.
Finalmente, alegó que, se configura un perjuicio irremediable porque el rechazo de
la conciliación prejudicial le impide acudir a la administración de justicia, perdiendo
la posibilidad de ejercer el derecho de acción y obtener el restablecimiento
pretendido.
1.5. Trámite de la acción de tutela
Por auto del 15 de abril de 2026, el Magistrado ponente del Tribunal Administrativo
de Antioquia, Sala Sexta de Oralidad, admitió la solicitud de amparo, ordenó la
notificación a la parte accionante8, y como accionados, a la Procuraduría General
de la Nación9 y a la Procuraduría 113 Judicial II para Asuntos Administrativos de
Medellín10.
1.6. Intervenciones
1.6.1. Procuraduría 113 Judicial II para Asuntos Administrativos de Medellín11
El agente del Ministerio Público pidió que se niegue el amparo comoquiera que en
el trámite de la solicitud de conciliación extrajudicial radicada con el número E-2026-
111043 no se vulneraron los derechos al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, puesto que en el trámite se siguieron los lineamientos
establecidos en la Ley 2220 de 2022.
Insistió en que dentro del procedimiento de conciliación prejudicial en materia de
asuntos de lo contencioso administrativo no es procedente aplicar las disposiciones
contenidas en los artículos 56 del CPACA y 8 de la Ley 2213 de 2022, que indican,
a grandes rasgos, que las notificaciones electrónicas de entienden surtidas a partir
8 Índice 008 de Samai. La notificación fue realizada a: buriticamauricio@hotmail.com.
9 Índice 007 de Samai. La notificación fue realizada a: procesosjudiciales@procuraduria.gov.co.
10 Índice 007 de Samai. La notificación fue realizada a: procjudadm113@procuraduria.gov.co y
ojaramillo@procuraduria.gov.co.
11 Índice 009 de Samai.
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del segundo día del envío del mensaje de datos, pues estas son propias del proceso
judicial y no del administrativo, aunado a que, en este último existe regulación
expresa, contenida en el Estatuto de Conciliación.
1.6.2. La Procuraduría General de la Nación guardó silencio, pese a que fue
debidamente notificada del presente mecanismo constitucional.
1.7. Sentencia de primera instancia12
El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Oralidad dictó sentencia el
24 de abril de 2026 en la que negó el amparo.
Como sustento, consideró que, la regla de notificación que ordena entender surtida
tal diligencia 2 días después del envío de la comunicación se aplica a aquellas
actuaciones de naturaleza judicial, puesto que la conciliación prejudicial tiene
regulación expresa y autónoma contenida en el Título V de la Ley 2220 de 2022, la
que se aplica de manera estricta y preferente.
En ese sentido, al examinar el plenario, advirtió que el correo electrónico mediante
el cual se notificó al actor el auto inadmisorio fue remitido al buzón de su apoderado
el 11 de marzo de 2026, a las 10:12 a.m.; por lo tanto, al tenor de lo dispuesto en el
artículo 99 de la Ley 2220 de 2022, la comunicación se entiende surtida en esa
fecha. En consecuencia, el término de 5 días previsto en el artículo 102 de la misma
ley para allegar el escrito de subsanación inició su curso el 12 de marzo de 2026 y
finalizó el 18 del mismo mes y año. No obstante, el memorial que cumplía con los
requisitos exigidos se radicó el 20 de marzo de esa anualidad, esto es, por fuera del
término legal.
Por lo que, a su juicio, la autoridad administrativa no tenía otra opción que dar
aplicación a lo previsto en el inciso 3 del artículo 102 del Estatuto de Conciliación,
es decir, declarar el desistimiento de la solicitud y tenerla por no presentada. En ese
sentido, descartó la existencia de una decisión constitutiva de un exceso ritual
manifiesto por parte de la agencia del Ministerio Público y concluyó que la parte
actora pretende usar este mecanismo para subsanar los yerros de su falta de
diligencia.
La sentencia de primera instancia se notificó a las partes e intervinientes el 27 de
abril de 202613 mediante correo electrónico.
1.8. Impugnación14
El apoderado de la parte accionante pidió que se revoque la sentencia de primera
instancia y, en su lugar, se amparen las garantías invocadas dado que, en su sentir,
12 Índice 012 de Samai.
13 Índice 014 de Samai.
14 Índice 016 de Samai. La sentencia se notificó el 27 de abril de 2026 a través de correo electrónico
y el escrito contentivo de la impugnación fue radicado el 5 de mayo del mismo año, por lo que fue
oportuna su interposición. El recurso se concedió en auto del 5 de mayo de 2026.
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las actuaciones del Ministerio Público dentro del trámite de conciliación constituyen
un yerro procedimental por exceso ritual manifiesto y porque se configura el defecto
sustantivo.
Respecto del primer yerro refirió que, de avalar que el término corra desde el
momento en que el mensaje de datos ingresa al servidor del destinatario, «ello
equivale a una notificación ficta sin garantía de acceso real».
Señaló que, los autos emitidos en el trámite conciliatorio le imponen una barrera
para acceder a la jurisdicción contenciosa, aunado a que le generan una carga
desproporcionada al administrado, con lo que se sacrifica su derecho sustancial. Lo
que contraría, además, el principio pro actione y la sentencia SU-087 de 2022 que
exigen optar por una interpretación que garantice el acceso a la administración de
justicia.
Alegó que, el a quo constitucional atribuyó la responsabilidad a su apoderado
judicial sin tener en cuenta que, lo determinante en su caso fue el criterio restrictivo
adoptado por la agencia del Ministerio Público, al tener por extemporánea la
subsanación de la solicitud de conciliación que se presentó dentro del plazo legal.
Respecto del segundo defecto, señaló que, su configuración se deriva de que la
autoridad administrativa asumió que la Ley 2220 de 2022 excluye cualquier
integración normativa, cuando esta debe aplicarse de manera armónica con los
artículos los artículos 56 del CPACA y 8 de la Ley 2213 de 2022.
Alegó que, el artículo 99 de la referida Ley no regula «el estándar de conocimiento
efectivo» de las comunicaciones, por lo que la Sala y la Procuraduría accionada
incurren en una confusión entre: «recepción técnica del mensaje y conocimiento
jurídico del acto», desconociendo que, para la Corte Constitucional, lo fundamental
es examinar si la parte tuvo acceso real al acto de notificación. En este punto citó la
sentencia C-420 de 2020.
1.9. Actuaciones en segunda instancia
En escrito del 20 de mayo de 2026 el magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez
manifestó estar impedido para conocer de la acción constitucional del
asunto invocando el numeral 5° del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal,
porque sostiene una amistad con el señor Juan Gregorio Eljach Pacheco, quién
ostenta el cargo de Procurador General de la Nación, y teniendo en cuenta que la
entidad a la que representa hace parte del extremo activo de este mecanismo
constitucional, consideró que se configura la causal de impedimento citada
anteriormente
Al respecto, la Sala, por auto del 21 de mayo de 2026, declaró infundada la causal,
pues no se encontró acreditado el supuesto de hecho establecido en la norma.
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II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta Corporación es competente para resolver la impugnación formulada por la
parte accionante, conforme con lo establecido en el Decreto 2591 de 1991, el
numeral 7º del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por los
Decretos 333 de 2021 y 799 de 2025, así como el Acuerdo 080 de 201915.
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si revoca, modifica o confirma la sentencia del 24
de abril de 2026 dictada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de
Oralidad, a efectos de lo anterior, se debe resolver el siguiente problema jurídico:
• ¿La Procuraduría 113 Judicial II para Asuntos Administrativos de Medellín
vulneró las garantías invocadas por la parte accionante al proferir los autos
del 26 de marzo y del 8 de abril de 2026 en los que declaró desistida la
solicitud de conciliación prejudicial identificada con el radicado E-2026-
111043 del 2 de marzo de 2026?
Con el fin de dilucidar el interrogante planteado, se analizarán los siguientes temas:
(i) la naturaleza de la acción de tutela; (ii) requisitos generales de procedibilidad;
(iii) la conciliación prejudicial en asuntos de lo contencioso administrativo, y; (iv) el
caso concreto.
2.3. Naturaleza de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión
de las autoridades o de los particulares en los precisos casos en que indica el
Decreto 2591 de 1991.
La jurisprudencia constitucional de manera enfática y uniforme ha señalado que la
acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de los
derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo anterior
implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es decir, cuando
no sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se promueva para
precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable16.
2.4. Estudio de los requisitos generales de procedibilidad
2.4.1. Inmediatez
15 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
16 Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.
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La tutela se ejerció en un término razonable, por cuanto, el auto cuestionado se
profirió el 8 de abril de 2026, y se notificó en la misma fecha, mientas que la acción
constitucional se radicó el día 15 del mismo mes y año, por lo que, sin necesidad de
establecer la fecha de ejecutoria de la decisión objetada, la Sala considera oportuno
el término transcurrido entre el auto tutelado y la presentación de la tutela.
2.4.2. Subsidiariedad
Para obtener la protección de los derechos fundamentales que el accionante
considera vulnerados, no existe otro mecanismo de defensa judicial ordinario,
comoquiera que ya agotó el recurso de reposición contra el auto inadmisorio de la
solicitud de conciliación, siendo este el único procedente dentro del trámite de
conciliación prejudicial, como lo dispone el artículo 114 de la Ley 2220 de 202217.
2.5. La conciliación prejudicial en asuntos de lo contencioso administrativo
A través de la Ley 2220 de 2022 se expidió el nuevo Estatuto de Conciliación en el
que se compiló y unificó la normativa en materia de conciliación, con el fin de facilitar
«el acceso a la justicia, genera condiciones aptas para el diálogo y la convivencia
pacífica, y sirve como instrumento para la construcción de paz y de tejido social».
En concreto, la referida normativa, fijó las normas especiales relativas a la
conciliación extrajudicial y judicial en la jurisdicción de lo contencioso administrativo
y en el Título V, Capítulo I de la Ley 2220 de 2022 estableció «los principios
especiales aplicables, las autoridades que intervienen en estas actuaciones, los
procedimientos, recursos, medios de control y otras disposiciones especiales
relacionadas con esta materia» y en cuanto a su ámbito de aplicación, refirió:
ARTÍCULO 87. Ámbito de aplicación. La conciliación extrajudicial en asuntos de
lo contencioso administrativo se regulará por las disposiciones de la presente
ley, en especial por lo previsto en el presente título. Y en los aspectos de
procedimiento no regulados se aplicarán, en su orden, las reglas de
procedimiento establecidas en la Parte Primera de la Ley 1437 de 2011, Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y en la
segunda parte de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo o las normas que las modifiquen o sustituyan.
De manera supletoria y en cuanto sea compatible con el trámite de la conciliación,
se recurrirá a las normas contenidas en el Código General del Proceso o las normas
que lo modifiquen o sustituyan.
Ahora bien, en cuanto al régimen de notificaciones electrónicas dentro del trámite
conciliatoria en materia contenciosa, la Ley 2220 de 2022 dispuso:
17 ARTÍCULO 114. RECURSOS. En contra de las decisiones proferidas por los agentes del Ministerio
Público en el trámite de la conciliación extrajudicial salvo que se indique lo contrario en la presente
ley, solo procede el recurso de reposición dentro de los tres (3) días siguientes a su comunicación.
PARÁGRAFO. Contra el auto que profiera el agente del Ministerio Público mediante el cual declara
que un asunto no es susceptible de conciliación extrajudicial en materia contencioso administrativa
procede el recurso de reposición dentro de los tres (3) días siguientes a su comunicación.
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ARTÍCULO 99. Utilización de medios electrónicos. En el trámite de la conciliación
extrajudicial en materia contencioso administrativo deberán utilizarse medios
electrónicos en todas las actuaciones y, en particular, para llevar a cabo todas las
comunicaciones, tanto del Ministerio Público con las partes como con terceros, para
la comunicación sobre las decisiones adoptadas, la presentación de memoriales y
la realización de audiencias, así como para el archivo de la activación y su posterior
consulta. La comunicación transmitida por medios electrónicos se considerará
recibida cuando el iniciador recepcione acuse de recibo o se pueda por otro
medio constatar el acceso del destinatario al mensaje, de lo cual se dejará
constancia en el expediente.
Bajo la dirección del agente del Ministerio Público, las partes y los demás
intervinientes participarán en las audiencias a través de videoconferencia,
teleconferencia o por cualquier otro medio técnico. La formación y guarda del
expediente deberá llevarse íntegramente a través de medios electrónicos o
magnéticos.
La Procuraduría General de la Nación deberá implementar los mecanismos
electrónicos idóneos, confiables, seguros y suficientes para la implementación de la
conciliación extrajudicial en materia contencioso administrativa por medios
electrónicos.
Las audiencias de conciliación se realizarán de forma presencial o por medios
virtuales conforme a la regulación que expida la Procuraduría General de la Nación
para tales efectos.
[…]
De lo anterior se colige, que las disposiciones contenidas en la Ley 2220 de 2022
se aplicarán de forma preferente dentro del trámite de conciliación extrajudicial, y
solo en aquellos eventos no contemplados en la normativa en cita, se aplicará el
CPACA, o en su defecto, el C.G.P.
2.6. Caso Concreto
La parte actora cuestionó los autos del 26 de marzo y del 8 de abril de 2026 en los
que la Procuraduría 113 Judicial II para la Conciliación Administrativa de Medellín
declaró desistida, y tuvo por no presentada la solicitud de conciliación prejudicial
elevada por el actor, en la que pretendía convocar al trámite conciliatorio a la Nación,
Ministerio de Defensa, Ejército Nacional; procedimiento que se identificó con el
radicado E-2026-111043 del 2 de marzo de 2026.
En primera instancia, el a quo constitucional negó el amparo porque consideró que
no se vulneraban los derechos invocados por el tutelante comoquiera que las
normas que el accionante pretendía que le fueran aplicadas son de naturaleza
judicial, mientras que la conciliación prejudicial tiene norma expresa que se aplica
de forma preferente. Por lo tanto, cuando examinó el caso del actor bajo las
disposiciones del Estatuto de Conciliación concluyó que, en efecto, la subsanación
del convocante se radicó por fuera del término legal, tal como lo resolvió la autoridad
administrativa, por lo que esa decisión no constituía un exceso ritual manifiesto, sino
que advirtió que el actor pretendía usar este mecanismo para corregir su falta de
diligencia.
No obstante, en el escrito de impugnación, la parte actora reiteró que la agencia del
Ministerio Público incurrió en los yerros sustantivo y procedimental por exceso ritual
manifiesto, al no tener en cuenta que la notificación del auto que inadmitió la solicitud
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de conciliación solo podía entenderse realizada dos días hábiles después del envío
del mensaje. Citó al respecto los artículos 56 del CPACA y 8 de la Ley 2213 de
2022.
Al respecto, cabe advertir que, la disposición referente a que el término de
notificación de una providencia se entienda surtido después de 2 días de enviado el
mensaje de datos no está contenida en el artículo 5618, sino en el 20519 del CPACA,
y solo resulta aplicable a los procesos judiciales.
En consecuencia, la Sala advierte que, la autoridad administrativa no vulneró los
derechos fundamentales del señor José Nilson Moreano Taicus, pues, contrario a
lo alegado por el actor, respecto de la indebida aplicación de los artículos 205 del
CPACA y 8 de la Ley 2213 de 2022, lo cierto es que, la Ley 2220 de 2022 estableció
un régimen especial en materia de conciliación en asuntos contencioso-
administrativos.
Dicha normativa reguló de forma expresa lo relativo a las notificaciones en ese
trámite, por lo que no resulta procedente aplicar las disposiciones invocadas por el
tutelante, dado que los preceptos contenidos en el CPACA solo se implementan en
aquellos «aspectos de procedimiento no regulados» en el Estatuto de Conciliación, de
conformidad con la regla de prevalencia de la ley especial contenida en el artículo
5° de la Ley 57 de 188720.
De este modo, considera la Sala que, las reglas de notificación del CPACA y de la
Ley 2213 de 2021, referentes a que la notificación de las providencias se entiende
surtida una vez transcurren los 2 días hábiles siguientes al envió del mensaje son
aplicables a los procesos judiciales, sin que sean extensivas al procedimiento
18 Modificado por el artículo 10 Ley 2080 de 2021.
19 ARTÍCULO 205. NOTIFICACIÓN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS. <Artículo modificado por el
artículo 52 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> La notificación electrónica de las
providencias se someterá a las siguientes reglas:
1. La providencia a ser notificada se remitirá por el Secretario al canal digital registrado y para su
envío se deberán utilizar los mecanismos que garanticen la autenticidad e integridad del mensaje.
2. La notificación de la providencia se entenderá realizada una vez transcurridos dos (2) días
hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a correr a partir del día
siguiente al de la notificación.
Se presumirá que el destinatario ha recibido la notificación cuando el iniciador recepcione acuse de
recibo o se pueda por otro medio constatar el acceso del destinatario al mensaje. El Secretario hará
constar este hecho en el expediente.
De las notificaciones realizadas electrónicamente se conservarán los registros para consulta
permanente en línea por cualquier interesado.
[Negrillas fuera de texto]
20 Artículo 5. Cuando haya incompatibilidad entre una disposición constitucional y una legal, preferirá
aquélla.
Si en los Códigos que se adoptan se hallaren algunas disposiciones incompatibles entre sí, se
observarán en su aplicación las reglas siguientes:
1ª La disposición relativa a un asunto especial prefiere a la que tenga carácter general;
2ª Cuando las disposiciones tengan una misma especialidad ó generalidad, y se hallen en un mismo
Código, preferirá la disposición consignada en artículo posterior; y si estuvieren en diversos Códigos
preferirán, por razón de éstos, en el orden siguiente: Civil, de Comercio, Penal. Judicial,
Administrativo, Fiscal, de Elecciones, Militar, de Policía, de Fomento, de Minas, de Beneficencia y
de Instrucción Pública.
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conciliatorio, tal como lo concluyó el a quo constitucional. En consecuencia, la Sala
examinará el presente caso a la luz de lo dispuesto en el Estatuto de Conciliación.
Al respecto se tiene que, el artículo 99 de la Ley 2220 de 2022 indica que, «la
comunicación transmitida por medios electrónicos se considerará recibida cuando
el iniciador recepcione acuse de recibo o se pueda por otro medio constatar el
acceso del destinatario al mensaje». A su vez, el artículo 102 de la referida norma
dispone que, en caso de inadmisión de la solicitud de conciliación, el convocante
cuenta con un plazo de 5 días para allegar el escrito de subsanación, contabilizados
a partir del día siguiente al de la notificación, tal como se advierte:
ARTÍCULO 102. Inadmisión de la petición de convocatoria. El agente del Ministerio
Público verificará el cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo anterior.
En caso de incumplimiento, mediante decisión contra la que no procederán
recursos, indicará al solicitante los defectos que debe subsanar, para lo cual
concederá un término de cinco (5) días contados a partir del día siguiente de
la comunicación de la decisión.
La subsanación de la petición de convocatoria deberá presentarse con la constancia
de envío al convocado y, cuando corresponda, a la Agencia de Defensa Jurídica del
Estado.
Si vencido el término para subsanar no se corrigen los defectos indicados, mediante
decisión que se comunicará al convocante, se declarará el desistimiento de la
solicitud y se tendrá por no presentada.
[…] [Negrilla fuera de texto]
Siendo así, la Sección encuentra que el auto del 11 de marzo de 2026, dictado por
la Procuraduría 113 Judicial II para Asuntos Administrativos de Medellin, a través
del cual inadmitió la solicitud de conciliación extrajudicial, se notificó debidamente
al correo electrónico registrado por el accionante, tal como se advierte en la captura
de pantalla que se inserta a continuación21:
Por lo tanto, como la comunicación fue recibida por el convocante el 11 de marzo
de 2026, el término de cinco días para subsanar su solicitud transcurrió desde el día
21 Índice 009 de Samai. Archivo 004 de Onedrive.
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siguiente, es decir, del 12 al 18 de marzo del mismo año, sin embargo, el accionante
radicó el escrito de cumplimiento de los requisitos el 20 de marzo de 2026, por tanto,
de forma extemporánea.
En ese sentido, advierte la Sala que la decisión de la agencia del Ministerio Público
no fue caprichosa o arbitraria, sino que, por el contrario, estuvo ceñida a los
preceptos contenidos en la Ley 2220 de 2022, norma que regula el procedimiento
de la conciliación en materia contencioso-administrativa, y que establece que, si
vencido el término de subsanación no se corrigen los yerros del auto inadmisorio, la
solicitud de conciliación se declarará desistida y se entenderá como no presentada,
por lo que, la conclusión a la que arribó la autoridad accionada era la consecuencia
jurídica que debía aplicar en el presente asunto, dada la falta de diligencia del
convocante.
Finalmente, no se advierte la causación del perjuicio irremediable, en los términos
que señala el actor, puesto que, el efecto derivado de la falta de subsanación de los
requisitos de inadmisión es tener «por no presentada» la solicitud, por tanto, puede
volver a iniciar el trámite con el lleno de los requisitos legales, de encontrarse dentro
del término de caducidad del medio de control que pretende ejercer.
En consecuencia, como la Sala no advierte la vulneración de los derechos
fundamentales invocados por el tutelante, confirmará la sentencia del 24 de abril de
2026 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Oralidad
que negó el amparo.
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 24 de abril de 2026 proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Oralidad que negó el amparo,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y terceros con interés, en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
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OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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