RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 05001-23-33-000-2026-00611-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2026-00611-01

Fecha
30 de julio de 2026
Consejero ponente
Wilson Ramos Girón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2026-00611-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Revocar la sentencia impugnada, por las razones expuestas en esta providencia. En su lugar: 2. Declarar la carencia actual de objeto por hecho sobreviniente, conforme a la parte motiva. 3. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 4. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado. 5. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 05001-23-33-000-2026-00611-01

Consejero ponente: Wilson Ramos Girón

30 de julio de 2026

Radicado: 05001-23-33-000-2026-00611-01
Demandante: Benigno Robinson Ríos Ochoa y Otros

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá, D.C., 30 de julio de 2026

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 05001-23-33-000-2026-00611-01
Demandante: BENIGNO ROBINSON RÍOS OCHOA Y OTROS
Demandado: CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE ANTIOQUIA Y
OTROS

Tema: Acción de tutela. Derecho a la honra y al buen nombre. Libertad de
expresión. Rectificación de información en redes sociales. Conflicto
laboral, hostigamiento y persecución. Revoca y declara carencia actual
de objeto

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por Luis Merchán y Alexander Arbeláez
Gómez contra la sentencia del 29 de abril de 2026, mediante la cual el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Segunda, dispuso:

PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales a la honra y buen nombre de los señores Yimi Patiño
García, Juan Manuel Torres Calle y Benigno Robinson Ríos Ochoa, vulnerados por el señor Alexander
Merchán (sic).

SEGUNDO: ORDENAR al señor Luis Merchán que, en el término máximo de dos (2) días siguientes a
la notificación de esta sentencia, rectifique la información publicada el día 15 de abril de 2026 en su
cuenta de Instagram con nombre de usuario “merchanenvivo”, en el sentido de precisar que no hay
prueba por medio de la cual se pueda afirmar que el evento específico del video adjunto se trate de un
caso de acoso y persecución en contra del señor Alexander Arbeláez por parte de sus compañeros y
jefe.
La rectificación deberá hacerse en la red social Instagram y en la misma modalidad de publicación fija.
Igualmente, deberá publicar un extracto de la parte resolutiva de esta sentencia en la publicación de
rectificación.

TERCERO: EXHORTAR al Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia – Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial para que convoque al Comité de Convivencia Laboral y se
gestionen medidas positivas tendientes a restablecer la armonía laboral en el Juzgado Segundo de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de El Santuario.
CUARTO: COMPULSAR COPIAS de esta decisión a la Comisión de Disciplina Judicial de Antioquia y
a la Fiscalía General de la Nación para que, en la órbita de sus competencias, investiguen si los sujetos
implicados en este asunto han incurrido en faltas disciplinarias o conductas punibles, a partir de los
hechos analizados en esta providencia.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

El 17 de abril de 2026, en ejercicio de la acción de tutela y en nombre propio, los señores
Yimy Patiño García, Juan Manuel Torres Calle y Benigno Robinson Ríos Ochoa pidieron
la protección de sus derechos fundamentales a la dignidad humana, al buen nombre, a la
honra y a la vida.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
1

Radicado: 05001-23-33-000-2026-00611-01
Demandante: Benigno Robinson Ríos Ochoa y Otros

A juicio de los accionantes, la vulneración de sus garantías superiores se presentó con
ocasión de (i) la publicación en Instagram realizada el 15 de abril de 2026 por el señor
Luis Merchán, en la que denunció presuntos hechos de acoso laboral por parte de los
accionantes y (ii) por el correo electrónico enviado masivamente por Alexander Arbeláez
Gómez, en el que también hizo denuncias relativas a acoso laboral que involucraban al
accionante Benigno Robinson Ríos Ochoa.

2. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

PRIMERO: Al señor Luis Merchán, a través de su página de Instagram, eliminar el video que fue
publicado, en tanto afecta la privacidad e integridad del señor Secretario Yimy Patiño García, el Citador
Juan Manuel Torres Calle, el Personero SANTIAGO PAREJA GÓMEZ al exponerlos con situaciones
que desconocen la realidad, por ende, a mi como Juez titular del despacho afectado, por lo que, no
verificó la información y procedió a realizar la publicación, con un mensaje sugestivo. Y a su vez, se
realice la respectiva retractación de la noticia por los mismos medios.

SEGUNDO: Se ordene al señor ALEXANDER ARBELAEZ GÓMEZ, por los mismos medios que difundió
el correo electrónico, a RETRACTARSE del mismo, en tanto afecta el buen nombre del grupo de trabajo,
se trata de situaciones administrativas internas del despacho y, si no está de acuerdo con ellas, debe
acudir ante las entidades competentes.

TERCERO: Se ordene a la Rama Judicial, Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, Salud
Ocupacional, evalúen la posibilidad de bloquear el correo institucional del señor ALEXANDER
ARBELÁEZ GÓMEZ, quien no le está dando el manejo indicado que es la prestación del servicio, y está
siendo utilizado para difamar y atacar a los compañeros de su grupo de trabajo.

3. Hechos

Del expediente y de la información que reposa en el aplicativo Samai, la Sala destaca los
siguientes hechos relevantes:

Los señores Yimy Patiño García, Juan Manuel Torres Calle y Benigno Robinson Ríos
Ochoa se desempeñan, respectivamente, como secretario, citador y juez del Juzgado
Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de El Santuario, con sede en
el corregimiento de Doradal. El señor Alexander Arbeláez Gómez era servidor judicial del
mismo despacho, en el cargo de asistente administrativo grado 6.

El señor Arbeláez Gómez se encontraba laborando bajo la modalidad de trabajo en casa
desde el mes de septiembre de 2024, derivado de recomendaciones de salud mental
emitidas por la oficina de Salud Ocupacional de la Rama Judicial.

El 1.° de abril de 2026, el juez Benigno Robinson Ríos Ochoa profirió la Resolución 019,
mediante la cual dispuso un plan de mejoramiento institucional en cumplimiento de lo
ordenado por el Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia. En el acto se indicó
que en Resolución CSJANTR26-965 del 11 de marzo de 2026, el Consejo Seccional de
la Judicatura de Antioquia ordenó la elaboración de “un inventario actualizado de los asuntos
a cargo y suscribirse un plan de mejoramiento, en el cual se consignen de manera clara y puntual:
la definición de roles y responsabilidades de los servidores judiciales del despacho, las metas
concretas a alcanzar, así como los mecanismos de revisión y seguimiento periódico,
individualizando al responsable de dicha labor”.

En cumplimiento de tal disposición, en la Resolución 019 de 1º de abril de 2026, el juez
asignó funciones a cada uno de los empleados del despacho. Al asistente administrativo
se le asignó la tarea específica de escaneo y remisión de expedientes físicos a diferentes
despachos del país.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2

Radicado: 05001-23-33-000-2026-00611-01
Demandante: Benigno Robinson Ríos Ochoa y Otros

El 15 de abril de 2026, el secretario y el citador del juzgado, acompañados por el
personero municipal de Puerto Triunfo, Antioquia, se trasladaron hasta el domicilio del
servidor Arbeláez Gómez, con el fin de entregarle físicamente las cajas de expedientes
judiciales para que realizara la labor desde su residencia. El servidor se negó a recibir el
material físico argumentando la protección de su intimidad y procedió a grabar el
procedimiento con su teléfono celular.

Por los hechos antes indicados, los accionantes señalan que el 15 de abril de 2026 el
señor Luis Merchán publicó en una cuenta de la red social Instagram denominada
“merchanenvivo” dedicada a la divulgación de denuncias ciudadanas, el video del
incidente con el mensaje “Funcionario de la Rama Judicial que trabaja en casa por motivos de
salud le quieren obligar a llevarse expedientes físicos para la casa, el juez lo acosa y lo persigue
presuntamente, conoce otros casos similares?? Si usted es funcionario judicial cuenta conmigo,
yo soy su aliado para que luchemos contra el acoso de los jueces y magistrado”.

El 16 de abril de 2026, el señor Alexander Arbeláez remitió un correo electrónico masivo
con el asunto “LLAMADO URGENTE DE AUXILIO” desde su cuenta institucional a
múltiples buzones de la Rama Judicial y altas cortes. En la comunicación, denunció lo
que consideró una invasión a su domicilio y un hostigamiento laboral derivado de la
intención de sus compañeros de entregarle expedientes físicos en su casa.

4. Fundamentos de la acción de tutela

Los accionantes manifestaron que el señor Alexander Arbeláez Gómez y el señor Luis
Merchán vulneraron sus derechos fundamentales a la dignidad humana, al buen nombre,
a la honra y a la vida, por la publicación del video en Instagram y por la remisión de
correos electrónicos masivos a buzones de la Rama Judicial.

Afirmaron que el video publicado en el Instagram del señor Luis Merchán
descontextualizó la situación ocurrida el 15 de abril de 2026, lo que afectó el buen nombre
de los accionantes y los expuso al escarnio público.

Explicaron que la visita al domicilio del actor el 15 de abril de 2026 únicamente tenía
como propósito “realizar la entrega de los expedientes para (que) cumpla con la función
encomendada”, en consideración a que el empleado laboraba exclusivamente desde su
vivienda. Añadieron que para delegarle cualquier función había sido necesario solicitar el
acompañamiento policial en el Juzgado y la presencia del Ministerio Público, dados los
comportamientos “disruptivos, acosadores y hostigadores” del señor Alexander Arbeláez.

Alegaron que el correo electrónico masivo remitido por el señor Alexander Arbeláez
Gómez el 16 de abril de 2026 atentó contra su buen nombre, pues los identificó con
nombres propios alegando situaciones que desconocían la realidad. Aseguraron que
simplemente se trataba de una función asignada que aquel se negaba a realizar.

Consideraron que la reiteración de los mensajes, su uso indiscriminado y el señalamiento
nominal de funcionarios “configuran una forma de presión y hostigamiento, con capacidad
real de afectar la honra, la tranquilidad, la salud mental y la seguridad personal de los
involucrados”. Advirtieron que, a raíz de la difusión de esos mensajes, recibieron un
sinnúmero de llamadas telefónicas, mensajes de WhatsApp y comentarios en Instagram
de personas que desconocían la situación, circunstancias que afectaron su honra,
tranquilidad, salud mental e incluso su seguridad personal.
Añadieron que la permanencia de las publicaciones y comunicaciones en el tiempo
incrementaba exponencialmente el riesgo, dada la inmediatez, el alcance indeterminado
y viral propio de los medios de difusión utilizados.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3

Radicado: 05001-23-33-000-2026-00611-01
Demandante: Benigno Robinson Ríos Ochoa y Otros

Agregaron que el servidor Arbeláez manejaba armas y los empleados del despacho
temían por su vida, por lo que el riesgo para su integridad física y mental no podía ser
minimizado.

Mencionaron que el servidor incurrió en un “mal uso del órgano judicial”, ya que interpuso
diferentes procesos en contra del titular del despacho y de sus compañeros del trabajo
de forma deliberada; entre estos, la radicación de 16 vigilancias administrativas que
fueron cerradas por ausencia de fundamentos.

Pidieron como medida provisional, que se ordenara (i) al señor Luis Merchán, creador de
contenido en la red social Instagram y Facebook, retirar o suspender temporalmente el
video publicado, así como abstenerse de realizar nuevas publicaciones relacionadas
directa o indirectamente con los hechos objeto de la tutela, (ii) al señor Alexander
Arbeláez Gómez abstenerse de remitir correos electrónicos masivos, por medios
institucionales o personales, en los que se formularan señalamientos o afirmaciones
relacionadas con los hechos aquí debatidos y (iii) a la coordinación de la mesa de ayuda
o soporte técnico de la Rama Judicial, suspender temporalmente el correo electrónico
institucional del servidor Alexander Arbeláez Gómez para evitar que se propagara
masivamente “más información errónea y que vulnera mis derechos”.

5. Trámite en primera instancia

Mediante auto del 17 de abril de 2026, el despacho ponente de primera instancia admitió
la acción de tutela interpuesta por los señores Yimy Patiño García, Juan Manuel Torres
Calle y Benigno Robinson Ríos Ochoa en contra del Consejo Seccional de la Judicatura
de Antioquia, Seguridad y Salud en el Trabajo, Salud Ocupacional de la Rama Judicial,
Soporte Tecnológico (Coordinadora Mesa ayuda Judicial) y de los señores Alexander
Arbeláez Gómez y Luis Merchán.

En la misma providencia, decretó medida provisional consistente en ordenar al servidor
Arbeláez Gómez abstenerse de continuar remitiendo correos electrónicos masivos por
canales institucionales que contuvieran señalamientos nominales o afirmaciones que
afectaran la honra de los actores. La autoridad judicial explicó que esa medida no
suprimía un derecho fundamental ni una herramienta de trabajo, sino que introducía un
deber de autocontención mientras se resolvía de fondo la controversia, con el fin de evitar
la agravación de un perjuicio irremediable y mantener el equilibrio entre la libertad de
expresión y los derechos a la honra y buen nombre.

6. Intervenciones

El Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Medellín manifestó que sus funciones legales se limitan a
la prevención de riesgos laborales y que no está dentro de sus facultades la adopción de
medidas frente al uso indebido de herramientas tecnológicas por parte de los servidores.

Consideró que en este caso se configuró la falta de legitimación en la causa por pasiva,
pues los hechos de la acción de tutela son de naturaleza disciplinaria, de gestión de
talento humano o de administración de sistemas de información.

El Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia manifestó que no ha faltado a
ninguno de sus deberes ni ha vulnerado ningún derecho fundamental de los accionantes.
Consideró que deberán ser los accionados, Luis Merchán y Alexander Arbeláez, quienes
den las explicaciones del caso.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4

Radicado: 05001-23-33-000-2026-00611-01
Demandante: Benigno Robinson Ríos Ochoa y Otros

Informó que el señor Benigno Robinson Ríos Ochoa, en calidad de juez 002 de Ejecución
de Penas y Medidas de Seguridad de El Santuario, Antioquia, solicitó a la entidad, al
Tribunal Superior de Antioquia y a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Medellín Área de Seguridad y Salud en el Trabajo, su intervención en la
situación presentada con el servidor Alexander Arbeláez Gómez. Aseguró que dicha
petición será contestada dentro del término que otorga la ley.

Solicitó que se tuviera en cuenta la acción de tutela interpuesta por el servidor Alexander
Arbeláez Gómez en contra del juez 002 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad
de El Santuario, Antioquia 05001-23-33-000-2026-00581-00, la cual, indicó, estuvo
fundada en los mismos hechos de la presente acción de tutela.

Mencionó que el asunto versaba sobre asuntos de índole interna del despacho judicial
en el cual laboraban las partes involucradas, por las medidas administrativas adoptadas
por el titular del juzgado. Afirmó que estas se debían interpretar como estrategias para la
correcta y eficaz administración de justicia.

Sugirió que el juez de tutela proyectara líneas de acción tendientes a conjurar la
problemática que dejaron entrever los tutelantes y que se podían perfectamente
entrelazar con los hechos ventilados, pues todas ellas tenían un cariz que no podía seguir
obviando la Dirección Seccional de Administración Judicial de Medellín, pues era vox
populi que el comportamiento del servidor tutelado (Alexander Arbeláez Gómez), rayaba
en actos poco acordes con la actitud y aptitud que debe ostentar un empleado judicial en
razón de los asuntos que se le confiaban en cada una de las dependencias judiciales.

Puso de presente que el Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, desde sus
competencias, había desplegado todas y cada una de las acciones que en su haber tenía,
con el fin de atender las situaciones particulares que el caso del señor Alexander Arbeláez
Gómez reclamó; y que si bien, en el presente asunto, fungía como accionado, era
menester pronunciarse respecto de todo lo que tenía que ver con este servidor.

El señor Luis Eduardo Merchán, quien publicó el video en Instagram, manifestó que no
había sido notificado formalmente y que se enteró de la existencia del proceso por un
tercero. Afirmó que la acción de tutela era improcedente, puesto que no cumplía con el
requisito de subsidiariedad al no habérsele solicitado previamente la rectificación de la
información.

Sostuvo que carecía de legitimación en la causa por pasiva porque no poseía ninguna
vinculación, competencia ni potestad legal que lo obligara a atender las pretensiones
expuestas por el accionante. Por lo tanto, solicitó ser desvinculado del proceso.

El señor Alexander Arbeláez Gómez, quien se desempeñaba en el cargo de asistente
administrativo grado 6 en el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de El Santuario, solicitó prorrogar el término para contestar la acción de tutela
por encontrarse hospitalizado. A su vez, allegó historia clínica, de especialidad
psiquiatría, en la cual se indica que aquel padecía de “TRASTORNO DE ADAPTACIÓN
CRÓNICO CON ANSIEDAD Y ESTADO DE ÁNIMO MIXTO”.

Mediante auto de 21 de abril de 2026, se decretó prueba de oficio y, en consecuencia, se
requirió a los tutelantes informar si antes de la presentación de la acción de tutela
solicitaron a los señores Alexander Arbeláez y Luis Merchán la rectificación de la
información difundida por ellos a través de plataformas digitales.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5

Radicado: 05001-23-33-000-2026-00611-01
Demandante: Benigno Robinson Ríos Ochoa y Otros

El juez Benigno Robinson Ríos Ochoa indicó que antes de radicar la acción de tutela
contactó al señor Merchán vía WhatsApp para advertirle sobre la falsedad de la
información y la gravedad de difundirla sin obtener respuesta. Aseguró que el mensaje
fue una solicitud implícita de corrección y, en todo caso, argumentó que el caso
encuadraba en la hipótesis de procedencia excepcional de la acción de tutela sin
requerimiento previo dada la gravedad de la afectación a sus derechos fundamentales.

El señor Alexander Arbeláez Gómez indicó que la Resolución 019 de 1 de abril de 2026,
mediante la cual se dispuso un plan de mejoramiento institucional, le fue notificada el
lunes 6 de abril de 2026. Señaló que en dicha Resolución se le retiraron las 21 funciones
de carácter digital que adelantaba en modalidad de teletrabajo sin atraso. Sostuvo que
las nuevas funciones que se le asignaron se encontraban a cargo del citador con un alto
atraso.

Indicó que los funcionarios que aparecían en el video eran servidores públicos y que los
hechos se produjeron en ejercicio de funciones públicas. Frente a esto, la jurisprudencia
constitucional ha reconocido un mayor umbral de tolerancia frente a la crítica, el escrutinio
ciudadano y la difusión de actuaciones oficiales, siempre que no se consigne información
falsa o injuriosa; circunstancia que a su juicio no ocurrió en el caso.

Mencionó que el correo que remitió el 16 de abril de 2026 constituía un ejercicio legítimo
de la libertad de expresión, la petición, la denuncia ciudadana y control social, la protesta
pacífica, la autoprotección, la dignidad humana y la libertad personal.

Consideró que el señalamiento nominal de los servidores no configuraba por sí mismo
una vulneración de derechos, dado que los servidores públicos estaban sujetos a un
mayor umbral de escrutinio y crítica en el ejercicio de sus funciones. A su juicio, se trató
de una comunicación transparente, abierta y formal, orientada a poner en conocimiento
de autoridades, órganos de control y dependencias competentes una situación grave que
había superado el ámbito estrictamente laboral.

Insistió en que la mención de nombres propios no tuvo finalidad deshonrosa, sino
meramente de identificación, respecto de funcionarios que participaron en una actuación
realizada en ejercicio de funciones públicas. No se utilizaron expresiones injuriosas,
insultantes ni imputaciones delictivas. Indicó que el solo hecho de que los tutelantes
hayan recibido llamadas telefónicas, mensajes de WhatsApp o comentarios en redes
sociales por parte de terceros no configuraba por sí mismo un riesgo constitucionalmente
relevante.

Resaltó que los comentarios de terceros en redes sociales no contenían amenazas, sino
reflexiones legítimas en torno a la improcedencia de que un servidor público custodie
expedientes judiciales en su domicilio particular, al considerarlo una mala práctica
administrativa. Tales opiniones, aunque críticas, no constituían riesgo alguno, sino una
manifestación del debate público frente a una actuación estatal cuestionable.

A su juicio, debía prevalecer la libertad de expresión, denuncia y control institucional
frente a las afectaciones hipotéticas, no probadas y esencialmente subjetivas alegadas
por los accionantes. Aceptar que toda denuncia o crítica institucional vulneraba
automáticamente el buen nombre o la honra vaciaría de contenido el derecho a la libertad
de expresión, generaría un efecto inhibidor incompatible con el Estado social de derecho
y convertiría la acción de tutela en un instrumento de silenciamiento.

Aseveró que se encontraba en una evidente situación de indefensión frente al poder,
frente a quien tiene jerarquía, antigüedad, redes de apoyo y la capacidad de instalar

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6

Radicado: 05001-23-33-000-2026-00611-01
Demandante: Benigno Robinson Ríos Ochoa y Otros

relatos que, aun siendo falsos, terminaban pareciendo verdades, y que su actuar, en
cambio, se había limitado a dejar constancia por escrito, documentar y buscar protección
dentro del marco legal.

Indicó que era un empleado de base, con cuatro años de servicio en la Rama Judicial, en
un cargo de rango bajo, enfrentado a un juez con más de cuarenta años de trayectoria,
amplia influencia, reconocimiento institucional y un entorno de apoyo consolidado. Que
esta diferencia no solo era jerárquica, sino también humana. Afirmó que la situación se
intensificó desde el momento en que decidió poner límites frente a situaciones reiteradas
de discriminación, trato diferencial, presión indebida y acoso laboral.

Finalmente, indicó que los accionantes no solicitaron la rectificación de la información
previo a la interposición de la acción de tutela; requisito indispensable en asuntos
relacionados con conflictos sobre publicaciones en plataformas digitales y redes sociales,
lo que evidenciaba que la acción de tutela no cumplió con el requisito de subsidiariedad.

La Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial
(ASONAL) allegó memorial manifestando que tenía conocimiento de presuntos actos de
acoso laboral contra el señor Alexander Arbeláez desde mayo de 2025. Adujo que detectó
un significativo aumento de los casos de acoso laboral en la Rama Judicial, en la mayoría
de los casos con una respuesta deficiente, tanto de las Direcciones Ejecutivas, los
Comités de Convivencia, las ARL e incluso en los COPASST, que dejan al trabajador
judicial impotente y abandonado frente a actos de estas características.

Consideró que la tutela es improcedente para controversias que surgen en redes
sociales. Con todo, manifestó que la sentencia T-241 de la Corte Constitucional validó el
escrache como discurso constitucionalmente protegido. En su criterio, el mensaje
remitido por el señor Arbeláez el 16 de abril de 2026 constituyó una manifestación de
esta posibilidad constitucional que debía ser garantizada por el juez de tutela. Resaltó
que el mencionado mensaje no hizo acusaciones directas contra los accionantes, sino
que constituyó, como el mismo mensaje titulaba, un grito de auxilio que el juez
constitucional no podía desconocer.

Indicó que el traslado de expedientes físicos a un domicilio privado vulneraba el derecho
fundamental a la desconexión laboral, pues generaba un elevado riesgo para la custodia.
Además, era el secretario del despacho quien tenía el deber de custodia sobre estos.

Solicitó declarar la improcedencia de la acción de tutela y tomar medidas positivas para
combatir los actos de acoso laboral que pretendían extenderse a la esfera judicial.

El juez Benigno Robinson Ríos Ochoa allegó memorial pronunciándose frente a las
contestaciones allegadas por los accionados. Sostuvo que tanto el señor Alexander
Arbeláez Gómez como el señor Luis Merchán constantemente individualizaron y
expusieron información personal de servidores judiciales que participan en el debate de
redes sociales, haciendo señalamientos que afectaban su buen nombre. Consideró que
esta conducta trascendía lo institucional, pues el uso de redes sociales propiciaba
interpretaciones erróneas por parte de terceros.

Afirmó que la exposición pública había impactado su salud mental, tanto que se
encontraba en trabajo en casa por disposición de la ARL, y que la identificación de los
funcionarios no solo devenía del video publicado en redes sociales, sino del correo
masivo enviado por el señor Alexander Arbeláez Gómez.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7

Radicado: 05001-23-33-000-2026-00611-01
Demandante: Benigno Robinson Ríos Ochoa y Otros

Puso de presente que las actuaciones descritas no constituían un hecho aislado, sino
que evidenciaban una prolongación en el tiempo de conductas de exposición pública
irregular, las cuales habían trascendido los canales institucionales y se habían trasladado
a escenarios digitales, generando una afectación continua al buen nombre y a la función
judicial. Resaltó que existían otras publicaciones en redes sociales, en las cuales el señor
Luis Merchán posteó fotografías de los servidores del despacho judicial.

En suma, adujo que la dinámica descrita evidencia que la situación no se limitó a una
publicación puntual, sino que se insertó en un escenario de difusión progresiva y no
controlada, cuyas consecuencias debían ser valoradas de manera integral por el juez
constitucional.

En memorial posterior1, el señor Alexander Arbeláez Gómez se opuso a los
pronunciamientos allegados por los accionantes.

Informó que el 9 de junio de 2023 una empleada del Juzgado hizo un reporte telefónico
en el que afirmó que él tenía un arma tipo escopeta, al parecer traumática. Recalcó que
esa denuncia en su contra se hizo después de que él puso en conocimiento situaciones
que podrían constituir conductas de acoso laboral ejercidas contra el entonces oficial
mayor.

Subrayó que la jueza que conoció del asunto, mediante oficio 333 del 10 de junio de 2023,
concluyó que no existió conducta amenazante, riesgo para la integridad de los servidores
ni infracción penal, disciplinaria o de convivencia, calificando incluso como
"sobrevalorado" el operativo desplegado. Añadió que el Consejo Seccional de la
Judicatura no encontró mérito para adoptar medidas disciplinarias, conforme consta en
el documento CSJANTOP231309 suscrito el 28 de agosto de 2023 por la presidenta del
Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, donde indicó que no tenían
competencia para pronunciarse sobre los hechos ocurridos el 9 de junio de 2023 y anexó
a la respuesta, el oficio suscrito el 10 de junio de 2023 por la entonces encargada del
Juzgado Segundo de Ejecución de Penas de El Santuario, Antioquia, quien explicó que
en aquella oportunidad el tutelante llevó al juzgado un rifle de juguete que había
comprado en una tienda hobbies y que solo lo sacó de la caja para mostrárselo a sus
compañeros.

Manifestó que se pretendía sustentar una narrativa de peligrosidad a partir de un
documento aislado, descontextualizado y contrario a la prueba oficial preexistente. Esto,
a su juicio, comprometería seriamente los principios de lealtad procesal, veracidad y
buena fe.

7. Sentencia impugnada

El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda, por medio de sentencia del 29 de
abril de 2026, amparó los derechos fundamentales a la honra y buen nombre de los
accionantes; ordenó al señor Luis Merchán rectificar la información publicada en su cuenta
de Instagram, en el sentido de precisar que no hay prueba para calificar el evento específico
del video como un caso de acoso y persecución en contra del señor Alexander Arbeláez por
parte de sus compañeros y jefe.

Adicionalmente, exhortó al Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia y a la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial para que convoquen al Comité de
Convivencia Laboral y gestionen medidas tendientes a restablecer la armonía laboral en el
Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de El Santuario; y

1
Samai, índice 23

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8

Radicado: 05001-23-33-000-2026-00611-01
Demandante: Benigno Robinson Ríos Ochoa y Otros

compulsó copias a la Comisión de Disciplina Judicial de Antioquia y a la Fiscalía General de
la Nación para que, en la órbita de sus competencias, investigaran si los sujetos implicados
en el asunto habían incurrido en faltas disciplinarias o conductas punibles.

Consideró que el video publicado por el señor Luis Merchán, en su calidad de creador de
contenido en redes sociales, no era solo informativo, sino que calificaba una situación como
un caso de acoso y persecución.

Explicó que el video que presentaba la diligencia administrativa del 15 de abril de 2026 se
calificó con el siguiente rótulo: “juez que acosa y persigue a un funcionario de la Rama
Judicial y que pretende obligarlo a trasladar expedientes físicos a su vivienda, afirmaciones
que, por su carga acusatoria y por asociar a los accionantes con conductas reprochables en
el ámbito laboral, tienen aptitud directa para deteriorar su reputación social y su credibilidad
profesional”.

Sostuvo que en el caso (i) el autor de la publicación en Instagram no era periodista de
profesión; (ii) no brindó a los afectados la posibilidad de presentar su versión de los hechos;
y (iii) la publicación, más que constituir un ejercicio informativo, aparentaba orientarse a la
promoción del ejercicio profesional de la abogacía que desempeñaba el señor Merchán. Por
lo tanto, indicó que aquel no contaba con razones suficientes para calificar la situación del
video como un caso de acoso y persecución, dado que se trataba de una inconformidad
laboral.

Añadió que se archivó la solicitud de vigilancia administrativa adelantada por el señor
Alexander Arbeláez en contra del juzgado en el cual es titular el señor Benigno Robinson
Ríos. Estimó que, si bien no había lugar a imponer correctivos, sí era necesario imponer un
plan de manejo que procurara la optimización de la administración de justicia. Advirtió que
ese manejo fue el que se detalló en la Resolución 019, que le impuso una carga laboral
ostensiblemente menor a la de los demás cargos del juzgado, pues solo se le asignaron 5
funciones. Consideró que tal circunstancia acreditaba que se tuvo en cuenta la situación de
salud del señor Arbeláez.

Concluyó que las pruebas incorporadas no acreditaban un caso de abuso o persecución en
contra del señor Arbeláez, al margen de las inconformidades presentadas en la organización
del Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de El Santuario.

Respecto al correo electrónico difundido por el señor Alexander Arbeláez Gómez, el Tribunal
estimó que el contenido era descriptivo, que no contenía afirmaciones con señalamientos
directos de descrédito público, más allá de poner de presente la situación que ocurrió en su
casa.

También señaló que su difusión se limitó al entorno institucional en calidad de petición o
denuncia, reduciendo el impacto de la afectación reputacional. Aclaró que el mensaje no
afirmó que existiera una sanción o condena, sino que exhibía actuaciones y una denuncia
previa. Consideró que los accionantes podían haber rebatido la información por el mismo
medio y con el mismo impacto. Por lo que concluyó que no había lugar a rectificación alguna,
pues no se había acreditado la vulneración alegada.

Explicó que la publicación del señor Luis Merchán y la del señor Alexander Arbeláez tenían
diferencias sustanciales, tanto en el contenido como en la manera de su difusión. La de
Alexander Arbeláez era más descriptiva y con una ampliación institucional, frente a la de Luis
Merchán, que fue más bien afirmativa y con la potencialidad suficiente de generar más
rechazo mediático por su capacidad de difusión.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9

Radicado: 05001-23-33-000-2026-00611-01
Demandante: Benigno Robinson Ríos Ochoa y Otros

Finalmente, ante el evidente conflicto interno, el Tribunal exhortó al Consejo Seccional de la
Judicatura y a la Dirección Seccional de Administración Judicial para activar el Comité de
Convivencia Laboral.

También compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación y a la Comisión de Disciplina
Judicial para que investiguen posibles conductas punibles o faltas disciplinarias de los
implicados. Sustentó tal decisión en las pruebas allegadas por la parte actora, relacionadas
con la manipulación de armas al interior del despacho judicial, al parecer por parte del señor
Alexander Arbeláez Gómez.

8. Impugnación

El señor Alexander Arbeláez Gómez impugnó la sentencia de primera instancia.
Manifestó su inconformidad con la orden de compulsar copias a la Comisión de Disciplina
Judicial y a la Fiscalía General de la Nación. Sostuvo que, para sustentar esa orden, el
Tribunal calificó como “prueba sobreviniente” los hechos ocurridos casi tres años antes
cuando se tramitó la tutela interpuesta el 9 de junio de 2023, relacionada con una
supuesta manipulación de armas, con lo que se incurrió en un error jurídico que vició la
motivación de compulsa de copias y que debía ser corregido por la segunda instancia.

Aseguró que los accionantes allegaron dos pruebas como sustento de la narrativa de
riesgo y peligrosidad: una fotografía aislada del objeto (arma) y un video breve de ingreso
al despacho portándola. Consideró que tales pruebas eran descontextualizadas y
fragmentadas, pues se pretendió mostrar una fracción de la realidad para inducir una
conclusión distinta a la que arrojaban los hechos en su integridad.

De hecho, manifestó que ninguno de los ahora accionantes ejercía funciones en el
despacho el 9 de junio de 2023; de ahí que los accionantes no fueran víctimas de los
hechos ocurridos ese día. Además, que ninguno interpuso denuncia penal, disciplinaria
o administrativa sobre estos hechos durante los casi tres años transcurridos hasta la
actual tutela.

Consideró que la remisión de esas pruebas es una estrategia para inducir al juez
constitucional a conclusiones falsas sobre su supuesta peligrosidad. Además, censuró
que se pretendiera reactivar unos hechos del pasado que fueron desacreditados
institucionalmente, de manera que no podían calificarse como una prueba sobreviniente.

Dada la remisión de esas pruebas sin el debido contexto de los hechos, consideró que la
parte actora incurrió en falta disciplinaria gravísima consagrada en el artículo 55, numeral
6.° de la Ley 1952 de 2019 y en las conductas delictivas establecidas en los artículos
453, 454-b, 286 y 287 del Código Penal colombiano (Ley 599 de 2000). Por lo anterior,
solicitó que se compulsaran copias a la Comisión de Disciplina Judicial de Antioquia y a
la Fiscalía General de la Nación, para que investiguen si los accionantes incurrieron en
las conductas enunciadas.

Consideró que el Tribunal no valoró las pruebas que él aportó al trámite de tutela
relacionadas con los hechos ocurridos el 9 de junio de 2023, esto es, los oficios
CSJANTOP23-811 de 9 de junio de 2023, 333 de 2023, suscrito por la juez en encargo
que en ese momento lideraba el Juzgado y CSJANTOP23-1309 del 28 de agosto de 2023
emitido por el Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia. Estos contienen la
valoración definitiva de las autoridades competentes, quienes descartaron cualquier
peligrosidad en el incidente del rifle de aire ocurrido en 2023.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10

Radicado: 05001-23-33-000-2026-00611-01
Demandante: Benigno Robinson Ríos Ochoa y Otros

Puntualizó que en el oficio 333 del 10 de junio de 2023 la mencionada juez en encargo,
que estuvo presente el día de los hechos, dejó constancia de que el objeto no era arma
de fuego, ni arma traumática; se trató de un objeto de libre comercio. En el oficio también
se indicó que no existió amenaza, riesgo ni conducta intimidante y que no hubo reproche
penal, disciplinario ni de convivencia.

Reprochó que la sentencia de tutela de primera instancia no incorporó esos documentos
al expediente, no los analizó en las consideraciones y no explicó la razón de su exclusión.
En cambio, la sentencia sí acogió la fotografía y el video aportado por los accionantes,
los elevó a la categoría de "prueba sobreviniente" y con base en ellos ordenó la compulsa
de copias a autoridades penales y disciplinarias.

En suma, consideró que la sentencia de primera instancia no lo sancionó directamente,
pero lo estigmatizó; no probó, pero se sugirió peligrosidad; no valoró la prueba en su
integridad, pero ordenó la persecución penal y disciplinaria con base en material
incompleto.

Finalmente, señaló su inconformidad con que en el fallo el Tribunal no haya levantado la
medida provisional decretada en el auto admisorio, consistente en abstenerse de enviar
correos electrónicos masivos por canales institucionales con señalamientos nominales.

Aseguró que esta omisión violó el principio de congruencia de las decisiones judiciales,
pues, aunque en la sentencia se descartó toda vulneración de derechos atribuible al señor
Arbeláez Gómez por la remisión del correo electrónico, dicha medida provisional no fue
levantada en el fallo.

El señor Luis Eduardo Merchán Hernández también impugnó el fallo de primera
instancia, solicitó revocarlo y en su lugar declarar la improcedencia de la acción por no
cumplir con el requisito de subsidiariedad.

Afirmó que los accionantes acudieron a la tutela como mecanismo principal sin haber
agotado la solicitud previa de rectificación, requisito de procedibilidad indispensable en
controversias entre particulares por asuntos de libertad de expresión. Consideró que
existían otros medios de defensa para solucionar la controversia suscitada, como la
justicia ordinaria penal (en caso de injuria o calumnia) y la acción disciplinaria.

Sostuvo que la sentencia impugnada pretendió amordazar el control social y periodístico
frente a presuntos hechos de corrupción y acoso laboral. Aseguró que se estaba
utilizando el aparato judicial para encubrir situaciones internas del despacho que
afectaban la dignidad de los trabajadores.

Finalmente, solicitó que (i) se compulsaran copias a los accionantes; (ii) la Personería
Municipal abriera investigación por presunto acoso laboral contra el señor Alexander
Arbeláez Gómez; (iii) se alertara al Consejo Superior de la Judicatura sobre “la posible
intención de encubrimiento entre funcionarios judiciales y la evidente censura contra
quienes ejercemos control ciudadano y prevención frente al acoso laboral”; (iv) se
remitieran copias a la autoridad competente para que se investigaran las presuntas faltas
del juez de primera instancia; y (v) se le remitieran los links de las publicaciones que
debían ser bajadas para cumplir con el fallo de primera instancia.

Los accionantes allegaron memorial solicitando la apertura de un incidente de desacato
contra el señor Luis Merchán, donde argumentaron que, vencido el término judicial,
persistía la publicación objeto de tutela en Instagram y que el accionado mantenía una
conducta renuente al cumplimiento de la orden de rectificación, haciendo nuevas

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11

Radicado: 05001-23-33-000-2026-00611-01
Demandante: Benigno Robinson Ríos Ochoa y Otros

publicaciones que comprometían los derechos fundamentales de los accionantes, como
la difusión de fotografías que contenían a los empleados del Juzgado.

En consecuencia, mediante auto del 21 de mayo de 2026, el Tribunal Administrativo de
Antioquia se abstuvo de dar apertura al incidente de desacato. Concluyó que el hecho
que motivaba la sanción se encontraba superado, toda vez que se acreditó que el señor
Luis Merchán rectificó la información conforme a los términos del fallo y removió el
contenido lesivo, restableciendo así los derechos al buen nombre y la honra de los
accionantes.

9. Trámite de segunda instancia

El conocimiento del proceso correspondió inicialmente al despacho de la consejera
Myriam Stella Gutiérrez Argüello, quien registró el proyecto de sentencia el 25 de junio
de 2026. No obstante, la ponencia presentada no obtuvo la mayoría necesaria para
su aprobación. En consecuencia, se expidió auto de 3 de julio de 2026, mediante el cual
se ordenó la remisión del expediente al magistrado de la posición mayoritaria que sigue
en su turno, Wilson Ramos Girón.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico y solución

Corresponde a la Sala determinar si, en los términos de la impugnación, se debe
confirmar, modificar o revocar la sentencia de primera instancia, mediante la cual el
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda, amparó los derechos fundamentales
a la honra y buen nombre de los señores Yimi Patiño García, Juan Manuel Torres Calle y
Benigno Robinson Ríos Ochoa, que consideró vulnerados por el señor Luis Merchán.

La Sala anticipa que se configura la carencia actual de objeto por hecho sobreviniente,
pues (i) el señor Luis Merchán retiró la publicación objeto de controversia y además realizó
la rectificación ordenada en la sentencia impugnada y (ii) durante el trámite de la segunda
instancia se produjo el lamentable fallecimiento del servidor Alexander Arbeláez Gómez.

Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) generalidades
de la acción de tutela, (ii) la carencia actual de objeto y (iii) analizará el caso concreto.

2. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y desarrollada
por el Decreto 2591 de 1991, es una acción residual que permite a todas las personas
reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos fundamentales que
sean vulnerados o amenazados, por la acción o la omisión de cualquier autoridad o de
los particulares, en el último caso, cuando así lo permita expresamente la ley.

La acción procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa, salvo que
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En todo caso,
el otro mecanismo de defensa debe ser idóneo para proteger el derecho fundamental
vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá determinar si
existe perjuicio irremediable y, de existir, debe examinar de fondo los argumentos que
proponga el demandante.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
12

Radicado: 05001-23-33-000-2026-00611-01
Demandante: Benigno Robinson Ríos Ochoa y Otros

3. La carencia actual de objeto

El artículo 26 del Decreto 2591 de 1991 señala que: « Si, estando en curso la tutela, se
dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación
impugnada, se declarará fundada la solicitud únicamente para efectos de indemnización y de
costas, si fueren procedentes».

El fenómeno de la carencia actual de objeto se caracteriza principalmente por hacer que
la orden impartida por el juez en la sentencia de tutela se torne inocua. Es decir, que
resulta intrascendente que el juez de tutela se pronuncie de fondo frente a la vulneración
o amenaza de derechos fundamentales.

En reiterada jurisprudencia2, la Corte Constitucional ha establecido que la carencia actual
de objeto puede presentarse a partir de tres eventos: el hecho superado, el daño
consumado o el hecho sobreviniente.

En particular, el hecho sobreviniente se configura cuando, por cualquier circunstancia
diferente al hecho superado y el daño consumado, la orden del juez de tutela no surtiría
ningún efecto. A manera de ilustración, la Corte Constitucional ha declarado un hecho
sobreviniente cuando: “(i) el actor mismo es quien asume la carga que no le correspondía para
superar la situación vulneradora; (ii) un tercero –distinto al accionante y a la entidad demandada-
ha logrado que la pretensión de la tutela se satisfaga en lo fundamental; (iii) es imposible proferir
alguna orden por razones que no son atribuibles a la entidad demandada; o (iv) el actor
simplemente pierde interés en el objeto original de la Litis”3.

4. Análisis del caso concreto

En el presente caso se advierte que en las pretensiones de la tutela los señores Yimy
Patiño García, Juan Manuel Torres Calle y Benigno Robinson Ríos Ochoa solicitaron al
señor Luis Merchán “eliminar el video que fue publicado, en tanto afecta la privacidad e
integridad del señor Secretario Yimy Patiño García, el Citador Juan Manuel Torres Calle, el
Personero SANTIAGO PAREJA GÓMEZ al exponerlos con situaciones que desconocen la
realidad, por ende, a mi como Juez titular del despacho afectado, por lo que, no verificó la
información y procedió a realizar la publicación, con un mensaje sugestivo. Y a su vez, se realice
la respectiva retractación de la noticia por los mismos medios”.

También solicitaron al señor Alexander Arbeláez Gómez “por los mismos medios que
difundió el correo electrónico, a RETRACTARSE del mismo, en tanto afecta el buen nombre del
grupo de trabajo, se trata de situaciones administrativas internas del despacho y, si no está de
acuerdo con ellas, debe acudir ante las entidades competentes”. Finalmente, solicitaron a la
Rama Judicial, Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, Salud Ocupacional que
«evalúen la posibilidad de bloquear el correo institucional del señor Alexander Arbeláez
Gómez, quien consideraron, no le está dando el manejo indicado, que es la prestación
del servicio, y se estaba utilizando “para difamar y atacar a los compañeros de su grupo de
trabajo”.

4.1. Sobre la carencia actual de objeto respecto de Luis Merchán

De las solicitudes se desprende que los actores perseguían la rectificación de la
información divulgada tanto en la red social Instagram por parte del creador de contenido
Luis Merchán, como a través del correo institucional en cabeza del señor Alexander
Arbeláez Gómez. Sin embargo, en el fallo de primera instancia proferido el 29 de abril de
2026, el amparo únicamente se concedió a efectos de ordenar al primero rectificar la
2 Ver sentencias T-070 de 2023, SU-255 de 2013, SU-655 de 2017 y SU-522 de 2019.
3 Sentencia SU522/19

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
13

Radicado: 05001-23-33-000-2026-00611-01
Demandante: Benigno Robinson Ríos Ochoa y Otros

información publicada el día 15 de abril de 2026 en su cuenta de Instagram con nombre
de usuario “merchanenvivo”, en el sentido de precisar que no hay prueba por medio de
la cual se pueda afirmar que el evento específico del video adjunto se trate de un caso
de acoso y persecución en contra del señor Alexander Arbeláez por parte de sus
compañeros y jefe”.

Ahora bien, la Sala advierte que el 8 de mayo de 2026, los accionantes pidieron al
Tribunal Administrativo de Antioquia que iniciara incidente de desacato para que se
ordenara al señor Luis Merchán cumplir el fallo de tutela de primera instancia; sin
embargo, la corporación se abstuvo de dar apertura al incidente, para lo cual precisó que
con la respuesta aportada por el accionado el 13 de mayo de 2026, se acreditó el
cumplimiento de la orden en la medida en que el referido ciudadano hizo la publicación
de rectificación y eliminó aquella que provocó la presente acción de tutela con el
compromiso de no volverla a publicar.

De conformidad con lo anterior, se advierte que, a pesar de que la sentencia de primera
instancia solo ordenó a Luis Merchán rectificar la información publicada el 15 de abril de
2026, sin disponer expresamente el retiro del contenido, este no solo publicó la
rectificación ordenada, sino que además eliminó por su propia voluntad la publicación
cuestionada y se comprometió a no reproducirla, sin que mediara orden judicial en tal
sentido.

En consecuencia, la actuación del accionado evidencia una satisfacción completa y motu
proprio de la pretensión, requisito que la Corte Constitucional en sentencia SU-522 de
2019 exigió para configurar la carencia actual de objeto por hecho sobreviniente, que
produce como consecuencia procesal la imposibilidad de un pronunciamiento útil, pues
la orden de retiro que en sede de impugnación pudiera reclamarse ya no tiene objeto
sobre el cual recaer.

4.2. Sobre la carencia actual de objeto respecto de Alexander Arbeláez Gómez

En igual sentido, en lo que alude a los motivos de impugnación presentados por el señor
Alexander Arbeláez Gómez, se advierte que en el proceso se encontró probado que se
produjo su fallecimiento el 20 de junio de 2026. En este sentido, aspectos como la
eventual rectificación del correo masivo, la evaluación de bloqueo de su cuenta
institucional y, sobre todo, la compulsa de copias a la Comisión de Disciplina Judicial y a
la Fiscalía General de la Nación para investigar su conducta, constituyen situaciones que
se extinguieron con su deceso, lo que imposibilita la realización de un pronunciamiento
que pueda producir algún efecto práctico.

En efecto, conforme al artículo 94 del Código Civil, la existencia de la persona natural
termina con la muerte, lo que extingue su capacidad jurídica para ser destinatario de
órdenes de hacer de carácter estrictamente personal. A ello se suma que tanto la acción
penal como la disciplinaria que eventualmente podrían derivarse de la compulsa de
copias están legalmente extinguidas frente a él en los términos previstos en el artículo
82, numeral 1.°, de la Ley 599 de 2000, que señala la muerte del procesado como causal
de extinción de la acción penal, y el artículo 32 de la Ley 1952 de 2019 (Código General
Disciplinario), que dispone lo propio para la acción disciplinaria.

Así las cosas, cualquier pronunciamiento de esta Corporación en sede de impugnación
que involucre órdenes o efectos jurídicos respecto de Alexander Arbeláez Gómez caería
en el vacío por razones ajenas a su voluntad y a la de los demás sujetos procesales,
configurándose también en este aspecto la carencia actual de objeto por hecho
sobreviniente.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
14

Radicado: 05001-23-33-000-2026-00611-01
Demandante: Benigno Robinson Ríos Ochoa y Otros

En otras palabras, durante el trámite de segunda instancia de la acción de tutela,
ocurrieron circunstancias que superaron lo pretendido por los accionantes y extinguieron
cualquier orden que pudiere afectar al servidor Alexander Arbeláez Gómez, de modo que
carece de objeto cualquier pronunciamiento de fondo por parte del juez de tutela.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. FALLA

1. Revocar la sentencia impugnada, por las razones expuestas en esta providencia.
En su lugar:

2. Declarar la carencia actual de objeto por hecho sobreviniente, conforme a la parte
motiva.

3. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

4. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

5. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente Salvo voto

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador 4

4 Con el propósito de asegurar la calidad lingüística y técnico-formal de la presente providencia, el despacho ponente,

a través de su grupo de sustanciación, como herramienta de apoyo a la gestión administrativa y judicial, empleó un
sistema de apoyo de inteligencia artificial Microsoft 365 Copilot (modelo GPT-4, desarrollado por OpenAI), con el único
propósito de efectuar una revisión ortográfica, gramatical y léxica del texto previamente elaborado por el funcionario
judicial. Para tal efecto se utilizó un prompt estructurado en el que se asignó a la herramienta el rol de revisor lingüístico
y técnico-formal, con la instrucción precisa de identificar exclusivamente errores verificables de ortografía (tildes,
mayúsculas y puntuación), gramática (concordancia, régimen preposicional y sintaxis) y léxico (uso impropio de
palabras, ambigüedad semántica y términos fuera de contexto jurídico), tomando como referencia las reglas de la Real
Academia Española y los estándares de redacción judicial de las altas cortes colombianas. El prompt incluyó
restricciones expresas dirigidas a impedir que la herramienta formulara sugerencias de estilo, propusiera redacciones
alternativas, reescribiera párrafos, sugiriera versiones "mejoradas" del texto o emitiera valoración alguna sobre el fondo
jurídico, probatorio o argumentativo de la providencia, así como instrucciones sobre el formato de salida, consistente
en una tabla que individualizara cada hallazgo (página, párrafo, fragmento, tipo de error y explicación técnica). En todo
caso, se precisa que los hallazgos rportados por la herramienta fueron objeto de revisión, verificación y validación por
parte del funcionario judicial, quien determinó autónomamente la procedencia o improcedencia de cada ajuste, sin que
se hayan realizado transcripciones literales del contenido generado por la herramienta, ni se hayan incorporado al texto
reformulaciones de contenido, modificaciones argumentativas o reescrituras de pasajes, en tanto que el sistema se
utilizó exclusivamente como instrumento de control de calidad lingüística sobre un texto cuya redacción, estructura
argumentativa, valoración fáctica, análisis probatorio y motivación jurídica fueron elaborados íntegramente por el
funcionario judicial. Asimismo, se deja constancia de que no se introdujeron en la herramienta datos personales,

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
15

Radicado: 05001-23-33-000-2026-00611-01
Demandante: Benigno Robinson Ríos Ochoa y Otros

información sensible ni elementos de carácter reservado o confidencial de las partes o del proceso. Esta actuación se
realizó en cumplimiento de los principios jurídicos de debido proceso, transparencia, igualdad ante la ley y supervisión
judicial. Finalmente, el uso de dicha herramienta se enmarca en las finalidades autorizadas en los literales (a) del
numeral 4.1.; y (q) del numeral 4.2 del artículo 4 del Acuerdo PCSJA24-12243 del 16 de diciembre de 2024, "por el
cual se adoptan lineamientos para el uso y aprovechamiento respetuoso, responsable, seguro y ético de la inteligencia
artificial en la Rama Judicial"

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
16

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.