Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2026-00643-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2026-00643-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 05001-23-33-000-2026-00643-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
28 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D. C., veintiocho (28) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 05001-23-33-000-2026-00643-01
Referencia: Acción de tutela
Actor: MUNICIPIO DE BRICEÑO
TESIS: SE REVOCA LA SENTENCIA IMPUGNADA Y, EN SU LUGAR, DE
UNA PARTE, SE AMPARA EL DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN
DEL ACTOR, PUES SE ENCUENTRA ACREDITADO EL ENVÍO DE LA
SOLICITUD AL CORREO ELECTRÓNICO QUE CORRESPONDE A UN
CANAL OFICIAL DE LA ENTIDAD ACCIONADA. Y DE OTRA, SE
DECLARA IMPROCEDENTE FRENTE A LA PRETENSIÓN RELATIVA A
QUE SE ORDENE SUSPENDER LOS TÉRMINOS RELACIONADOS CON
EL DESISTIMIENTO TÁCITO DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO.
DERECHOS FUNDAMENTALES: PETICIÓN, DEBIDO PROCESO Y
ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por el actor contra la
sentencia de 4 de mayo de 2026, proferida por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA1 que declaró improcedente la
solicitud de amparo.
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En adelante TRIBUNAL.
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Número único de radicación: 05001-23-33-000-2026-00643-01
Actor: MUNICIPIO DE BRICEÑO
I.– ANTECEDENTES
I.1.- La solicitud
El MUNICIPIO DE BRICEÑO (ANTIOQUIA), actuando a través de
apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el
artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus
derechos fundamentales de petición, al debido proceso y al acceso a
la administración de justicia, los cuales, a su juicio, le fueron
vulnerados por el INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y
CIENCIAS FORENSES2 al no haber rendido el dictamen pericial
dentro del proceso ejecutivo identificado con el número único de
radicación 05001-33-33-018-2021-00066-00 y no dar respuesta a la
petición que presentó el 10 de febrero de 2026.
I.2.- Hechos
Indicó que MASORA promovió proceso ejecutivo en su contra, el cual
fue identificado con el número de radicación 2021-00066-00 y le
correspondió por reparto al JUZGADO DIECIOCHO
ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN3 que, en
2
En adelante MEDICINA LEGAL.
3
En adelante JUZGADO.
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Actor: MUNICIPIO DE BRICEÑO
audiencia de pruebas celebrada el 1o. de agosto de 2024, decretó
como prueba fundamental de la defensa el dictamen pericial
grafológico y, en consecuencia, ordenó que: “[…] El peritazgo se
realizará a través del INSTITUTO COLOMBIANO DE MEDICINA LEGAL
Y CIENCIAS FORENSES-SECCIONAL ANTIOQUIA, por lo tanto se
requiere al director de la Institución, para que designe al experto
encargado de rendir el dictamen […]”.
Afirmó que, pese a que han transcurrido más de 20 meses,
MEDICINA LEGAL ha incurrido en una mora injustificada, omitiendo
la designación del perito, la fijación de la fecha para la toma de
muestras y la entrega del informe técnico.
Señaló que el JUZGADO mediante autos de 16 de octubre de 2025
y 9 de abril de 2026, lo requirió para que allegara el dictamen
pericial, bajo la advertencia expresa de aplicar el desistimiento tácito
previsto en el artículo 178 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).
Sostuvo que, a través de su apoderado, el 10 de febrero de 2026,
presentó petición formal ante MEDICINA LEGAL, vía correo
electrónico, informando la urgencia judicial y solicitando la práctica
inmediata de la prueba para evitar la terminación del proceso, frente
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a lo cual, a la fecha de la radicación de la presente acción de tutela,
no ha obtenido respuesta alguna.
Aseguró que la parálisis del asunto y la posible aplicación de una
sanción procesal, esto es, el desistimiento, obedece exclusivamente
a la inoperancia de un órgano auxiliar de la justicia, lo que pone en
grave riesgo su patrimonio público al dejarlo sin defensa técnica.
I.3.- Pretensiones
Como consecuencia de lo anterior, al actor pretende lo siguiente:
“[…] PRIMERA: AMPARAR los derechos fundamentales al
debido proceso, acceso a la administración de justicia y derecho
de petición de mi poderdante.
SEGUNDA: ORDENAR al Instituto Nacional de Medicina Legal
y Ciencias Forenses que, en un término de cuarenta y ocho
(48) horas, asigne el perito grafólogo y fije fecha para la
práctica de la diligencia técnica.
ORDENAR al Instituto que rinda el dictamen pericial en un
plazo máximo de diez (10) días hábiles contados a partir de
la toma de muestras.
VINCULAR al Juzgado 18 Administrativo de Medellín para que,
en tanto se resuelve la presente acción y se recauda la prueba,
suspenda los términos relativos al desistimiento tácito en el
proceso 2021-00066. […]”.
I.4.- Defensa
I.4.1.- El JUZGADO realizó un recuento de las actuaciones surtidas
dentro del proceso ejecutivo identificado con el número único de
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radicación 2021-00066-00 y solicitó denegar las pretensiones de la
demanda, por cuanto no ha vulnerado los derechos fundamentales
alegados por el actor.
I.4.2.- MEDICINA LEGAL solicitó declarar improcedente la acción
de tutela de la referencia, toda vez que según el informe rendido por
el Laboratorio de Grafología Forense de la Dirección Regional
Noroccidente, una vez revisados los archivos físicos y digitales, no se
encontró ningún reporte, oficio petitorio, exhorto o documentación
mediante la cual se haya solicitado la prueba pericial grafológica
dentro del expediente número 2021-00066-00, ya sea por parte del
JUZGADO o el actor, razón por la que, a su juicio, se presenta una
ausencia de vulneración iusfundamental, pues, no existe ni ha
existido acto u omisión de su parte que transgreda los derechos
fundamentales invocados.
II.- FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO
El TRIBUNAL, mediante sentencia de 4 de mayo de 2026, declaró
improcedente el amparo solicitado por considerar que no se cumplía
con el requisito de la subsidiariedad.
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Actor: MUNICIPIO DE BRICEÑO
Para el efecto, precisó que, contrario a lo indicado por la parte actora,
la presunta mora que se presenta en la práctica de la prueba pericial
decretada dentro del proceso ejecutivo que cursa en el JUZGADO,
no es atribuible al actuar de MEDICINA LEGAL, sino de la propia
parte interesada en su recaudo, en la medida en que el medio
probatorio solicitado fue decretado desde el 27 de julio de 2023, pero
solo se acreditó que el actor adelantó acciones positivas para
obtenerla hasta el 10 de febrero de 2026, tras haber gestionado por
primera vez el oficio que para tal fin dictó el operador judicial.
Resaltó que, si bien en el expediente obra constancia que el actual
apoderado judicial del actor envió un correo electrónico dirigido a la
dirección notificacionesjudiciales@medicinalegal.gov.co, no acreditó
que el destinatario efectivamente lo recibió, elemento sin el cual no
se puede afirmar que MEDICINA LEGAL se enteró del encargo
encomendado; máxime, si se tiene en cuenta que esta al contestar
la presente acción de tutela, expuso que, una vez revisados los
archivos físicos y digitales, no encontró ningún reporte, oficio
petitorio, exhorto o documentación, mediante el cual se le haya
solicitado realizar la prueba pericial grafológica dentro del proceso
identificado con el número único de radicación 2021-00066-00.
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Actor: MUNICIPIO DE BRICEÑO
Sostuvo que el accionante no acreditó en debida forma los hechos
que originan la presunta vulneración de sus derechos fundamentales,
por lo que no resultaba procedente atribuirle a la accionada
responsabilidad alguna y, por el contrario, concluyó que el presente
mecanismo constitucional no supera el análisis de subsidiariedad,
pues la falta de impulso procesal no se genera por razones atribuibles
a la autoridad judicial o administrativa, sino al propio ente territorial.
Por último, consideró que no era procedente impartir orden alguna
tendiente a que el JUZGADO suspenda los términos relacionados con
el eventual desistimiento tácito del medio probatorio, debido a que
no se presenta una vulneración inminente de los derechos
fundamentales invocados.
III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
El actor impugnó la providencia de primera instancia, argumentando
que, contrario a lo afirmado por el a quo, la presente solicitud de
amparo sí resulta procedente en el caso bajo estudio, en tanto se
busca la protección del derecho fundamental de petición, el cual es
un derecho autónomo cuyo único mecanismo de salvaguarda es la
acción de tutela.
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Aclaró que en ningún momento en la presente acción constitucional
indicó la existencia de mora judicial alguna, pues claramente refirió
que desde el 10 de febrero de 2026 presentó una solicitud ante
MEDICINA LEGAL sin que a la fecha haya obtenido contestación
alguna, por lo que, a su juicio, el problema jurídico debe consistir en
determinar si la omisión de respuesta vulnera sus derechos
fundamentales.
Insistió en que la mora alegada es frente a la respuesta que debe
darle MEDICINA LEGAL a su petición y no respecto del JUZGADO,
ni que este último le haya vulnerado derecho fundamental alguno,
por lo que la pretensión de que se suspendan los términos relativos
al desistimiento tácito dentro del proceso ejecutivo tiene fundamento
en que está sujeto a la respuesta que le debe otorgar la entidad
accionada.
Aseguró que aportó evidencia del envío de la petición como consta
en los soportes presentados con el escrito de tutela, razón por la que
el TRIBUNAL no puede exigirle constancia de que el destinatario
haya recibido el correo electrónico, pues es la entidad accionada,
quien alega dicha situación, la que debe probar que no lo recibió. De
admitirse lo contrario, se configura un exceso ritual en el proceso
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constitucional, al invertirse la carga de la prueba.
Puso de presente que el a quo incurrió en un error al atribuirle la
mora, en la medida en que desconoció el rol de MEDICINA LEGAL
que, de conformidad con lo dispuesto en el Código General del
Proceso (CGP), como auxiliar de la justicia tiene el deber de colaborar
eficazmente con la administración de justicia, por lo que sus
omisiones pueden comprometer directamente su derecho
fundamental al debido proceso.
Informó que el 4 de mayo de 2026, el mismo día en que se dictó el
fallo de tutela de primera instancia, reiteró su solicitud ante
MEDICINA LEGAL, remitiéndosela a varios correos institucionales
con copia al JUZGADO y a la parte ejecutante, anexando los
documentos de soporte, entre ellos, los oficios dirigidos a la
accionada, solicitudes previas, constancias de radicación, acta de
audiencia y autos de requerimiento.
V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
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conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19
de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela
establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en
concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021
y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,
proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de negocios entre las secciones.
Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos
constitucionales fundamentales cuando estos resulten vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o
particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley
2591 de 19 de noviembre de 19914. Dicha acción se establece como
instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el
afectado no dispone de otros medios de defensa judicial, salvo que
se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio
irremediable.
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«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
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Caso concreto
En el presente caso, el actor instauró la acción de tutela con el fin de
obtener el amparo de sus derechos fundamentales de petición, al
debido proceso y al acceso a la administración de justicia, los cuales,
a su juicio, le fueron vulnerados por MEDICINA LEGAL, al no haber
rendido el dictamen pericial dentro del proceso ejecutivo identificado
con el número único de radicación 05001-33-33-018-2021-00066-
00 y no dar respuesta a la petición que le presentó el 10 de febrero
de 2026.
La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por el
TRIBUNAL que, a través de providencia de 4 de mayo de 2026,
declaró improcedente el amparo solicitado por no cumplir con el
requisito de la subsidiariedad, por considerar que la mora frente a la
práctica de la prueba pericial decretada dentro del proceso ejecutivo
no se genera por causa de la autoridad judicial o administrativa, sino
por la falta de impulso procesal del propio actor. Asimismo, consideró
que no era procedente impartir orden alguna tendiente a que el
JUZGADO suspenda los términos relacionados con el eventual
desistimiento tácito del medio probatorio, debido a que no se
presenta una vulneración inminente de los derechos fundamentales
invocados.
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Como consecuencia de lo anterior, la decisión proferida en primera
instancia fue impugnada por el actor alegando que, contrario a lo
afirmado por el a quo, la presente acción constitucional sí resulta
procedente en el caso bajo estudio, en tanto se busca la protección
del derecho de petición que presentó el 10 de febrero de 2026, sin
que a la fecha haya obtenido contestación alguna, el cual es una
garantía autónoma cuyo único mecanismo de salvaguarda es la
acción de tutela. Además, aclaró que en ningún momento en el
escrito de amparo indicó la existencia de mora judicial alguna, por lo
que, a su juicio, el problema jurídico debe consistir en determinar si
la omisión de respuesta vulnera sus derechos fundamentales.
Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico a
resolver consiste en determinar si en el presente caso se debe
confirmar, modificar o revocar la decisión del a quo, para lo cual
circunscribirá su estudio únicamente a los argumentos expuestos en
el escrito de impugnación y se establecerá si la autoridad accionada
vulneró el derecho fundamental de petición invocado por el actor.
Del derecho de petición
El derecho de petición se encuentra establecido en el artículo 23 de
la Constitución Política, que textualmente indica:
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“[…] Toda persona tiene derecho a presentar peticiones
respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o
particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá
reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para
garantizar los derechos fundamentales […]”.
Respecto del derecho de petición, la Jurisprudencia de la Corte
Constitucional, entre otras, en sentencia C-818 de 20115, estableció
que:
“[…] En relación con lo que debe entenderse como elementos
estructurales esenciales del derecho fundamental de
petición, reiteradamente, la Corporación ha señalado que estos
se constituyen en la posibilidad cierta y efectiva de elevar, en
términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que
éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas.
Sobre el particular, la Sentencia T-490 de 2005, reiterada por
la Sentencia T-1130 de 2005, T-373 de 2005, T-147 de 2006 y
T-108 de 2006, señaló:
“En lo que concierne al derecho de petición, considera la Sala
que conforme a las reglas que en esa materia ha fijado esta
Corporación y que se encuentran contenidas, entre otras, en la
Sentencia T-466 de 2004, el núcleo esencial del derecho de
petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión,
el cual en el asunto de la referencia resulta lesionado puesto que
el Seguro Social, según se ha reseñado, no demostró haber dado
respuesta a la petición del actor formulada el 5 de noviembre de
2003. Esta sola circunstancia impedía al a-quo dar aplicación al
artículo 26 del Decreto 2591 de 1991”.
En igual sentido, en la Sentencia T- 147 de 2006, se dijo:
“La abundante jurisprudencia de la Corte Constitucional en
materia de características esenciales del derecho de
petición, cuyo núcleo esencial reside en la resolución pronta y
oportuna de la cuestión, tiene como presupuesto esencial una
de dos circunstancias: (i) que al accionante no se le permita
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M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
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presentar petición, o (ii) que exista presentación de una solicitud
por parte del accionante. En este sentido, la vulneración del
derecho de petición se presentará o bien por la negativa de un
agente de recibir la respectiva petición o frustrar su presentación
– circunstancia (i)-; o bien que habiendo presentado una
petición respetuosa no ha obtenido respuesta, o que la solicitud
presentada no fue atendida debidamente –circunstancia (ii).”
De la misma manera, las Sentencias T-1160A de 2001, T-1889
de 2001, T-846 de 2003, T-306 de 2003, T-447 de 2003, T-855
de 2004, T-734 de 2004, T-915 de 2004, T-192 de 2007, T-243
de 2008, T-325 de 2010, entre muchas otras, han señalado que
el derecho de petición en su contenido comprende los siguientes
elementos: (i) la posibilidad cierta y efectiva de elevar, en
términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que
éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas;
(ii) una respuesta que debe ser pronta y oportuna, es decir
otorgada dentro de los términos establecidos en el ordenamiento
jurídico, así como clara, precisa y de fondo o material, que
supone que la autoridad competente se pronuncie sobre la
materia propia de la solicitud y de manera completa y
congruente, es decir sin evasivas, respecto a todos y cada uno
de los asuntos planteados y (iii) una pronta comunicación de lo
decidido al peticionario, independientemente de que la
respuesta sea favorable o no, pues no necesariamente se debe
acceder a lo pedido […]”.
El derecho de petición es considerado fundamental y determinante
para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa.
Además, porque mediante él se garantizan otros derechos
constitucionales, como el de información, participación política y
libertad de expresión.
Asimismo, que el núcleo esencial de dicho derecho reside en la
resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la
posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o se reserva
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para sí el sentido de lo decidido.
Que, por ello, la respuesta debe cumplir con estos requisitos: ser
oportuna; debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera
congruente con lo solicitado; ser puesta en conocimiento del
peticionario. Si la misma no cumple con estos parámetros se incurre
en una vulneración del derecho constitucional fundamental de
petición.
Por su parte, la Ley Estatutaria 1755 de 30 de junio de 2015 6 se
ocupó de regular el derecho fundamental de petición y sustituyó el
Título II del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
En lo pertinente al objeto y modalidades del derecho de petición, se
refirió así la citada Ley:
“[…] Artículo 13. Objeto y modalidades del derecho de
petición ante autoridades. Toda persona tiene derecho a
presentar peticiones respetuosas a las autoridades, en los
términos señalados en este código, por motivos de interés
general o particular, y a obtener pronta resolución completa y
de fondo sobre la misma.
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“Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
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Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades
implica el ejercicio del derecho de petición consagrado en el
artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea necesario
invocarlo. Mediante él, entre otras actuaciones, se podrá
solicitar: el reconocimiento de un derecho, la intervención de
una entidad o funcionario, la resolución de una situación jurídica,
la prestación de un servicio, requerir información, consultar,
examinar y requerir copias de documentos, formular consultas,
quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos.
El ejercicio del derecho de petición es gratuito y puede realizarse
sin necesidad de representación a través de abogado, o de
persona mayor cuando se trate de menores en relación a las
entidades dedicadas a su protección o formación […]”.
En cuanto al término para resolver las distintas peticiones, la Ley
1755 estableció que es de quince (15) días siguientes a su recepción,
excepto cuando se trate de peticiones de documentos y de
información o consultas a las autoridades en relación con las
materias a su cargo, cuyo plazo es de diez (10) y treinta (30) días,
respectivamente. En todo caso, si no es posible resolver la petición
en los plazos señalados, la autoridad debe informar esa circunstancia
al interesado, antes del vencimiento del término señalado,
precisando los motivos de la demora y el plazo razonable en que se
dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente
previsto.
Descendiendo al caso concreto y una vez revisadas las pruebas
obrantes en el proceso de la referencia, la Sala observa que la parte
actora allegó constancia de la petición que presentó el 10 de febrero
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de 2026, en la que le solicitó a MEDICINA LEGAL la realización de
la prueba pericial dentro del proceso identificado con el número único
de radicación 2021-00066-00, como se observa a continuación:
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Al respecto, la Sala advierte que si bien en el escrito de contestación
MEDICINA LEGAL aseguró que, una vez revisados los archivos
físicos y digitales, el Laboratorio de Grafología Forense de la Dirección
Regional Noroccidente informó que no se encontró ningún reporte,
oficio petitorio, exhorto o documentación mediante la cual se haya
solicitado la prueba pericial grafológica dentro del expediente número
2021-00066-00, lo cierto es que el actor logró acreditar que envió la
solicitud al correo electrónico notificacionesjudiciales@medicinalegal.gov.co,
el cual, en efecto, corresponde a un correo oficial de dicha entidad.
En este punto, la Sala resalta que no comparte las consideraciones
del a quo al señalar que no puede tenerse por acreditada la
comunicación remitida a la entidad accionada por el solo hecho de no
haberse aportado la constancia de que efectivamente ésta recibió el
correo electrónico.
Lo anterior, teniendo en cuenta que una vez verificado el envío a la
dirección electrónica institucional habilitada por la propia entidad, no
resulta razonable exigirle al remitente que demuestre el efectivo
acceso, apertura o lectura del mensaje por parte del destinatario,
pues ello implicaría imponerle una carga probatoria ajena a su esfera
de control. Máxime cuando no existe prueba de devolución del
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correo, rechazo del mensaje, error en la dirección electrónica
utilizada o falla en la transmisión que permita desvirtuar la
presunción de recepción derivada del uso del canal oficial de la
entidad accionada.
Así las cosas, comoquiera que no se encuentra probado que se haya
dado respuesta a la solicitud efectuada por el actor, la Sala concederá
el amparo al derecho de petición y, en consecuencia, se ordenará a
MEDICINA LEGAL que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas
siguientes a la notificación de esta providencia, responda de fondo y
de manera clara, precisa, completa y congruente el contenido de la
petición presentada por el apoderado del MUNICIPIO DE BRICEÑO
el 10 de febrero de 2026, como en efecto se dispondrá en la parte
resolutiva de la presente providencia.
Ahora bien, frente a la pretensión reiterada y encaminada a que a
través de la presente acción constitucional se ordene al JUZGADO
suspender los términos relacionados con el desistimiento tácito
dentro del proceso ejecutivo identificado con el número único de
radicación 2021-00066-00, la Sala advierte que esta resulta
improcedente porque desborda el ámbito de competencia del juez
constitucional, en la medida en que corresponde exclusivamente al
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Número único de radicación: 05001-23-33-000-2026-00643-01
Actor: MUNICIPIO DE BRICEÑO
juez de conocimiento, en ejercicio de la dirección y conducción del
proceso, determinar la procedencia de las actuaciones y adoptar las
decisiones conforme a las disposiciones legales aplicables al caso
concreto, pues lo contrario desconocería los principios de autonomía
e independencia judicial. Máxime, cuando el actor cuenta con los
mecanismos procesales ordinarios para solicitar ante el mismo
despacho judicial las medidas que considere pertinentes frente a la
configuración o no del desistimiento tácito.
Consecuente con lo anterior, la Sala revocará la decisión del a quo y,
en su lugar, de una parte, concederá el amparo del derecho de
petición invocado por el actor y, de otra, declarará improcedente la
solicitud frente a la pretensión relativa a que se ordene suspender
los términos relacionados con el desistimiento tácito dentro del
proceso ejecutivo identificado con el número único de radicación
2021-00066-00, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva
de la presente providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
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Número único de radicación: 05001-23-33-000-2026-00643-01
Actor: MUNICIPIO DE BRICEÑO
F A L L A:
PRIMERO: REVOCAR el fallo impugnado y, en su lugar, AMPARAR
el derecho fundamental de petición del actor y, en consecuencia,
ORDENAR al INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y
CIENCIAS FORENSES que, en el término de cuarenta y ocho (48)
horas siguientes a la notificación de esta providencia, dé respuesta a
la solicitud presentada por el apoderado del MUNICIPIO DE
BRICEÑO el 10 de febrero de 2026, por las razones expuestas en la
parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo
frente a la pretensión relativa a que se ordene suspender los
términos relacionados con el desistimiento tácito dentro del proceso
ejecutivo identificado con el número único de radicación 2021-
00066-00, por las razones expuestas en la parte motiva de la
presente providencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
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Actor: MUNICIPIO DE BRICEÑO
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 28 de mayo de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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