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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2026-00643-01

Fecha
28 de mayo de 2026
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2026-00643-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: REVOCAR el fallo impugnado y, en su lugar, AMPARAR el derecho fundamental de petición del actor y, en consecuencia, ORDENAR al INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, dé respuesta a la solicitud presentada por el apoderado del MUNICIPIO DE BRICEÑO el 10 de febrero de 2026, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo frente a la pretensión relativa a que se ordene suspender los términos relacionados con el desistimiento tácito dentro del proceso ejecutivo identificado con el número único de radicación 2021- 00066-00, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 22 Número único de radicación: 05001-23-33-000-2026-00643-01 Actor: MUNICIPIO DE BRICEÑO

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 05001-23-33-000-2026-00643-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

28 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D. C., veintiocho (28) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 05001-23-33-000-2026-00643-01
Referencia: Acción de tutela
Actor: MUNICIPIO DE BRICEÑO

TESIS: SE REVOCA LA SENTENCIA IMPUGNADA Y, EN SU LUGAR, DE
UNA PARTE, SE AMPARA EL DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN
DEL ACTOR, PUES SE ENCUENTRA ACREDITADO EL ENVÍO DE LA
SOLICITUD AL CORREO ELECTRÓNICO QUE CORRESPONDE A UN
CANAL OFICIAL DE LA ENTIDAD ACCIONADA. Y DE OTRA, SE
DECLARA IMPROCEDENTE FRENTE A LA PRETENSIÓN RELATIVA A
QUE SE ORDENE SUSPENDER LOS TÉRMINOS RELACIONADOS CON
EL DESISTIMIENTO TÁCITO DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO.

DERECHOS FUNDAMENTALES: PETICIÓN, DEBIDO PROCESO Y
ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por el actor contra la

sentencia de 4 de mayo de 2026, proferida por el TRIBUNAL

ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA1 que declaró improcedente la

solicitud de amparo.

1
En adelante TRIBUNAL.

2

Número único de radicación: 05001-23-33-000-2026-00643-01
Actor: MUNICIPIO DE BRICEÑO

I.– ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud

El MUNICIPIO DE BRICEÑO (ANTIOQUIA), actuando a través de

apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el

artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus

derechos fundamentales de petición, al debido proceso y al acceso a

la administración de justicia, los cuales, a su juicio, le fueron

vulnerados por el INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y

CIENCIAS FORENSES2 al no haber rendido el dictamen pericial

dentro del proceso ejecutivo identificado con el número único de

radicación 05001-33-33-018-2021-00066-00 y no dar respuesta a la

petición que presentó el 10 de febrero de 2026.

I.2.- Hechos

Indicó que MASORA promovió proceso ejecutivo en su contra, el cual

fue identificado con el número de radicación 2021-00066-00 y le

correspondió por reparto al JUZGADO DIECIOCHO

ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN3 que, en

2
En adelante MEDICINA LEGAL.
3
En adelante JUZGADO.

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Actor: MUNICIPIO DE BRICEÑO

audiencia de pruebas celebrada el 1o. de agosto de 2024, decretó

como prueba fundamental de la defensa el dictamen pericial

grafológico y, en consecuencia, ordenó que: “[…] El peritazgo se

realizará a través del INSTITUTO COLOMBIANO DE MEDICINA LEGAL

Y CIENCIAS FORENSES-SECCIONAL ANTIOQUIA, por lo tanto se

requiere al director de la Institución, para que designe al experto

encargado de rendir el dictamen […]”.

Afirmó que, pese a que han transcurrido más de 20 meses,

MEDICINA LEGAL ha incurrido en una mora injustificada, omitiendo

la designación del perito, la fijación de la fecha para la toma de

muestras y la entrega del informe técnico.

Señaló que el JUZGADO mediante autos de 16 de octubre de 2025

y 9 de abril de 2026, lo requirió para que allegara el dictamen

pericial, bajo la advertencia expresa de aplicar el desistimiento tácito

previsto en el artículo 178 del Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).

Sostuvo que, a través de su apoderado, el 10 de febrero de 2026,

presentó petición formal ante MEDICINA LEGAL, vía correo

electrónico, informando la urgencia judicial y solicitando la práctica

inmediata de la prueba para evitar la terminación del proceso, frente

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a lo cual, a la fecha de la radicación de la presente acción de tutela,

no ha obtenido respuesta alguna.

Aseguró que la parálisis del asunto y la posible aplicación de una

sanción procesal, esto es, el desistimiento, obedece exclusivamente

a la inoperancia de un órgano auxiliar de la justicia, lo que pone en

grave riesgo su patrimonio público al dejarlo sin defensa técnica.

I.3.- Pretensiones

Como consecuencia de lo anterior, al actor pretende lo siguiente:

“[…] PRIMERA: AMPARAR los derechos fundamentales al
debido proceso, acceso a la administración de justicia y derecho
de petición de mi poderdante.

SEGUNDA: ORDENAR al Instituto Nacional de Medicina Legal
y Ciencias Forenses que, en un término de cuarenta y ocho
(48) horas, asigne el perito grafólogo y fije fecha para la
práctica de la diligencia técnica.

ORDENAR al Instituto que rinda el dictamen pericial en un
plazo máximo de diez (10) días hábiles contados a partir de
la toma de muestras.

VINCULAR al Juzgado 18 Administrativo de Medellín para que,
en tanto se resuelve la presente acción y se recauda la prueba,
suspenda los términos relativos al desistimiento tácito en el
proceso 2021-00066. […]”.

I.4.- Defensa

I.4.1.- El JUZGADO realizó un recuento de las actuaciones surtidas

dentro del proceso ejecutivo identificado con el número único de

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radicación 2021-00066-00 y solicitó denegar las pretensiones de la

demanda, por cuanto no ha vulnerado los derechos fundamentales

alegados por el actor.

I.4.2.- MEDICINA LEGAL solicitó declarar improcedente la acción

de tutela de la referencia, toda vez que según el informe rendido por

el Laboratorio de Grafología Forense de la Dirección Regional

Noroccidente, una vez revisados los archivos físicos y digitales, no se

encontró ningún reporte, oficio petitorio, exhorto o documentación

mediante la cual se haya solicitado la prueba pericial grafológica

dentro del expediente número 2021-00066-00, ya sea por parte del

JUZGADO o el actor, razón por la que, a su juicio, se presenta una

ausencia de vulneración iusfundamental, pues, no existe ni ha

existido acto u omisión de su parte que transgreda los derechos

fundamentales invocados.

II.- FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

El TRIBUNAL, mediante sentencia de 4 de mayo de 2026, declaró

improcedente el amparo solicitado por considerar que no se cumplía

con el requisito de la subsidiariedad.

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Para el efecto, precisó que, contrario a lo indicado por la parte actora,

la presunta mora que se presenta en la práctica de la prueba pericial

decretada dentro del proceso ejecutivo que cursa en el JUZGADO,

no es atribuible al actuar de MEDICINA LEGAL, sino de la propia

parte interesada en su recaudo, en la medida en que el medio

probatorio solicitado fue decretado desde el 27 de julio de 2023, pero

solo se acreditó que el actor adelantó acciones positivas para

obtenerla hasta el 10 de febrero de 2026, tras haber gestionado por

primera vez el oficio que para tal fin dictó el operador judicial.

Resaltó que, si bien en el expediente obra constancia que el actual

apoderado judicial del actor envió un correo electrónico dirigido a la

dirección notificacionesjudiciales@medicinalegal.gov.co, no acreditó

que el destinatario efectivamente lo recibió, elemento sin el cual no

se puede afirmar que MEDICINA LEGAL se enteró del encargo

encomendado; máxime, si se tiene en cuenta que esta al contestar

la presente acción de tutela, expuso que, una vez revisados los

archivos físicos y digitales, no encontró ningún reporte, oficio

petitorio, exhorto o documentación, mediante el cual se le haya

solicitado realizar la prueba pericial grafológica dentro del proceso

identificado con el número único de radicación 2021-00066-00.

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Sostuvo que el accionante no acreditó en debida forma los hechos

que originan la presunta vulneración de sus derechos fundamentales,

por lo que no resultaba procedente atribuirle a la accionada

responsabilidad alguna y, por el contrario, concluyó que el presente

mecanismo constitucional no supera el análisis de subsidiariedad,

pues la falta de impulso procesal no se genera por razones atribuibles

a la autoridad judicial o administrativa, sino al propio ente territorial.

Por último, consideró que no era procedente impartir orden alguna

tendiente a que el JUZGADO suspenda los términos relacionados con

el eventual desistimiento tácito del medio probatorio, debido a que

no se presenta una vulneración inminente de los derechos

fundamentales invocados.

III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

El actor impugnó la providencia de primera instancia, argumentando

que, contrario a lo afirmado por el a quo, la presente solicitud de

amparo sí resulta procedente en el caso bajo estudio, en tanto se

busca la protección del derecho fundamental de petición, el cual es

un derecho autónomo cuyo único mecanismo de salvaguarda es la

acción de tutela.

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Aclaró que en ningún momento en la presente acción constitucional

indicó la existencia de mora judicial alguna, pues claramente refirió

que desde el 10 de febrero de 2026 presentó una solicitud ante

MEDICINA LEGAL sin que a la fecha haya obtenido contestación

alguna, por lo que, a su juicio, el problema jurídico debe consistir en

determinar si la omisión de respuesta vulnera sus derechos

fundamentales.

Insistió en que la mora alegada es frente a la respuesta que debe

darle MEDICINA LEGAL a su petición y no respecto del JUZGADO,

ni que este último le haya vulnerado derecho fundamental alguno,

por lo que la pretensión de que se suspendan los términos relativos

al desistimiento tácito dentro del proceso ejecutivo tiene fundamento

en que está sujeto a la respuesta que le debe otorgar la entidad

accionada.

Aseguró que aportó evidencia del envío de la petición como consta

en los soportes presentados con el escrito de tutela, razón por la que

el TRIBUNAL no puede exigirle constancia de que el destinatario

haya recibido el correo electrónico, pues es la entidad accionada,

quien alega dicha situación, la que debe probar que no lo recibió. De

admitirse lo contrario, se configura un exceso ritual en el proceso

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constitucional, al invertirse la carga de la prueba.

Puso de presente que el a quo incurrió en un error al atribuirle la

mora, en la medida en que desconoció el rol de MEDICINA LEGAL

que, de conformidad con lo dispuesto en el Código General del

Proceso (CGP), como auxiliar de la justicia tiene el deber de colaborar

eficazmente con la administración de justicia, por lo que sus

omisiones pueden comprometer directamente su derecho

fundamental al debido proceso.

Informó que el 4 de mayo de 2026, el mismo día en que se dictó el

fallo de tutela de primera instancia, reiteró su solicitud ante

MEDICINA LEGAL, remitiéndosela a varios correos institucionales

con copia al JUZGADO y a la parte ejecutante, anexando los

documentos de soporte, entre ellos, los oficios dirigidos a la

accionada, solicitudes previas, constancias de radicación, acta de

audiencia y autos de requerimiento.

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de

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conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19

de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela

establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en

concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021

y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,

proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de negocios entre las secciones.

Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución

Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos

constitucionales fundamentales cuando estos resulten vulnerados o

amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o

particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley

2591 de 19 de noviembre de 19914. Dicha acción se establece como

instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el

afectado no dispone de otros medios de defensa judicial, salvo que

se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio

irremediable.

4
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».

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Caso concreto

En el presente caso, el actor instauró la acción de tutela con el fin de

obtener el amparo de sus derechos fundamentales de petición, al

debido proceso y al acceso a la administración de justicia, los cuales,

a su juicio, le fueron vulnerados por MEDICINA LEGAL, al no haber

rendido el dictamen pericial dentro del proceso ejecutivo identificado

con el número único de radicación 05001-33-33-018-2021-00066-

00 y no dar respuesta a la petición que le presentó el 10 de febrero

de 2026.

La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por el

TRIBUNAL que, a través de providencia de 4 de mayo de 2026,

declaró improcedente el amparo solicitado por no cumplir con el

requisito de la subsidiariedad, por considerar que la mora frente a la

práctica de la prueba pericial decretada dentro del proceso ejecutivo

no se genera por causa de la autoridad judicial o administrativa, sino

por la falta de impulso procesal del propio actor. Asimismo, consideró

que no era procedente impartir orden alguna tendiente a que el

JUZGADO suspenda los términos relacionados con el eventual

desistimiento tácito del medio probatorio, debido a que no se

presenta una vulneración inminente de los derechos fundamentales

invocados.

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Como consecuencia de lo anterior, la decisión proferida en primera

instancia fue impugnada por el actor alegando que, contrario a lo

afirmado por el a quo, la presente acción constitucional sí resulta

procedente en el caso bajo estudio, en tanto se busca la protección

del derecho de petición que presentó el 10 de febrero de 2026, sin

que a la fecha haya obtenido contestación alguna, el cual es una

garantía autónoma cuyo único mecanismo de salvaguarda es la

acción de tutela. Además, aclaró que en ningún momento en el

escrito de amparo indicó la existencia de mora judicial alguna, por lo

que, a su juicio, el problema jurídico debe consistir en determinar si

la omisión de respuesta vulnera sus derechos fundamentales.

Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico a

resolver consiste en determinar si en el presente caso se debe

confirmar, modificar o revocar la decisión del a quo, para lo cual

circunscribirá su estudio únicamente a los argumentos expuestos en

el escrito de impugnación y se establecerá si la autoridad accionada

vulneró el derecho fundamental de petición invocado por el actor.

Del derecho de petición

El derecho de petición se encuentra establecido en el artículo 23 de

la Constitución Política, que textualmente indica:

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“[…] Toda persona tiene derecho a presentar peticiones
respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o
particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá
reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para
garantizar los derechos fundamentales […]”.

Respecto del derecho de petición, la Jurisprudencia de la Corte

Constitucional, entre otras, en sentencia C-818 de 20115, estableció

que:

“[…] En relación con lo que debe entenderse como elementos
estructurales esenciales del derecho fundamental de
petición, reiteradamente, la Corporación ha señalado que estos
se constituyen en la posibilidad cierta y efectiva de elevar, en
términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que
éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas.
Sobre el particular, la Sentencia T-490 de 2005, reiterada por
la Sentencia T-1130 de 2005, T-373 de 2005, T-147 de 2006 y
T-108 de 2006, señaló:

“En lo que concierne al derecho de petición, considera la Sala
que conforme a las reglas que en esa materia ha fijado esta
Corporación y que se encuentran contenidas, entre otras, en la
Sentencia T-466 de 2004, el núcleo esencial del derecho de
petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión,
el cual en el asunto de la referencia resulta lesionado puesto que
el Seguro Social, según se ha reseñado, no demostró haber dado
respuesta a la petición del actor formulada el 5 de noviembre de
2003. Esta sola circunstancia impedía al a-quo dar aplicación al
artículo 26 del Decreto 2591 de 1991”.

En igual sentido, en la Sentencia T- 147 de 2006, se dijo:

“La abundante jurisprudencia de la Corte Constitucional en
materia de características esenciales del derecho de
petición, cuyo núcleo esencial reside en la resolución pronta y
oportuna de la cuestión, tiene como presupuesto esencial una
de dos circunstancias: (i) que al accionante no se le permita

5
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

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presentar petición, o (ii) que exista presentación de una solicitud
por parte del accionante. En este sentido, la vulneración del
derecho de petición se presentará o bien por la negativa de un
agente de recibir la respectiva petición o frustrar su presentación
– circunstancia (i)-; o bien que habiendo presentado una
petición respetuosa no ha obtenido respuesta, o que la solicitud
presentada no fue atendida debidamente –circunstancia (ii).”

De la misma manera, las Sentencias T-1160A de 2001, T-1889
de 2001, T-846 de 2003, T-306 de 2003, T-447 de 2003, T-855
de 2004, T-734 de 2004, T-915 de 2004, T-192 de 2007, T-243
de 2008, T-325 de 2010, entre muchas otras, han señalado que
el derecho de petición en su contenido comprende los siguientes
elementos: (i) la posibilidad cierta y efectiva de elevar, en
términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que
éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas;
(ii) una respuesta que debe ser pronta y oportuna, es decir
otorgada dentro de los términos establecidos en el ordenamiento
jurídico, así como clara, precisa y de fondo o material, que
supone que la autoridad competente se pronuncie sobre la
materia propia de la solicitud y de manera completa y
congruente, es decir sin evasivas, respecto a todos y cada uno
de los asuntos planteados y (iii) una pronta comunicación de lo
decidido al peticionario, independientemente de que la
respuesta sea favorable o no, pues no necesariamente se debe
acceder a lo pedido […]”.

El derecho de petición es considerado fundamental y determinante

para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa.

Además, porque mediante él se garantizan otros derechos

constitucionales, como el de información, participación política y

libertad de expresión.

Asimismo, que el núcleo esencial de dicho derecho reside en la

resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la

posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o se reserva

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para sí el sentido de lo decidido.

Que, por ello, la respuesta debe cumplir con estos requisitos: ser

oportuna; debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera

congruente con lo solicitado; ser puesta en conocimiento del

peticionario. Si la misma no cumple con estos parámetros se incurre

en una vulneración del derecho constitucional fundamental de

petición.

Por su parte, la Ley Estatutaria 1755 de 30 de junio de 2015 6 se

ocupó de regular el derecho fundamental de petición y sustituyó el

Título II del Código de Procedimiento Administrativo y de lo

Contencioso Administrativo.

En lo pertinente al objeto y modalidades del derecho de petición, se

refirió así la citada Ley:

“[…] Artículo 13. Objeto y modalidades del derecho de
petición ante autoridades. Toda persona tiene derecho a
presentar peticiones respetuosas a las autoridades, en los
términos señalados en este código, por motivos de interés
general o particular, y a obtener pronta resolución completa y
de fondo sobre la misma.

6
“Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.

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Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades
implica el ejercicio del derecho de petición consagrado en el
artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea necesario
invocarlo. Mediante él, entre otras actuaciones, se podrá
solicitar: el reconocimiento de un derecho, la intervención de
una entidad o funcionario, la resolución de una situación jurídica,
la prestación de un servicio, requerir información, consultar,
examinar y requerir copias de documentos, formular consultas,
quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos.

El ejercicio del derecho de petición es gratuito y puede realizarse
sin necesidad de representación a través de abogado, o de
persona mayor cuando se trate de menores en relación a las
entidades dedicadas a su protección o formación […]”.

En cuanto al término para resolver las distintas peticiones, la Ley

1755 estableció que es de quince (15) días siguientes a su recepción,

excepto cuando se trate de peticiones de documentos y de

información o consultas a las autoridades en relación con las

materias a su cargo, cuyo plazo es de diez (10) y treinta (30) días,

respectivamente. En todo caso, si no es posible resolver la petición

en los plazos señalados, la autoridad debe informar esa circunstancia

al interesado, antes del vencimiento del término señalado,

precisando los motivos de la demora y el plazo razonable en que se

dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente

previsto.

Descendiendo al caso concreto y una vez revisadas las pruebas

obrantes en el proceso de la referencia, la Sala observa que la parte

actora allegó constancia de la petición que presentó el 10 de febrero

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de 2026, en la que le solicitó a MEDICINA LEGAL la realización de

la prueba pericial dentro del proceso identificado con el número único

de radicación 2021-00066-00, como se observa a continuación:

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Al respecto, la Sala advierte que si bien en el escrito de contestación

MEDICINA LEGAL aseguró que, una vez revisados los archivos

físicos y digitales, el Laboratorio de Grafología Forense de la Dirección

Regional Noroccidente informó que no se encontró ningún reporte,

oficio petitorio, exhorto o documentación mediante la cual se haya

solicitado la prueba pericial grafológica dentro del expediente número

2021-00066-00, lo cierto es que el actor logró acreditar que envió la

solicitud al correo electrónico notificacionesjudiciales@medicinalegal.gov.co,

el cual, en efecto, corresponde a un correo oficial de dicha entidad.

En este punto, la Sala resalta que no comparte las consideraciones

del a quo al señalar que no puede tenerse por acreditada la

comunicación remitida a la entidad accionada por el solo hecho de no

haberse aportado la constancia de que efectivamente ésta recibió el

correo electrónico.

Lo anterior, teniendo en cuenta que una vez verificado el envío a la

dirección electrónica institucional habilitada por la propia entidad, no

resulta razonable exigirle al remitente que demuestre el efectivo

acceso, apertura o lectura del mensaje por parte del destinatario,

pues ello implicaría imponerle una carga probatoria ajena a su esfera

de control. Máxime cuando no existe prueba de devolución del

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Actor: MUNICIPIO DE BRICEÑO

correo, rechazo del mensaje, error en la dirección electrónica

utilizada o falla en la transmisión que permita desvirtuar la

presunción de recepción derivada del uso del canal oficial de la

entidad accionada.

Así las cosas, comoquiera que no se encuentra probado que se haya

dado respuesta a la solicitud efectuada por el actor, la Sala concederá

el amparo al derecho de petición y, en consecuencia, se ordenará a

MEDICINA LEGAL que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas

siguientes a la notificación de esta providencia, responda de fondo y

de manera clara, precisa, completa y congruente el contenido de la

petición presentada por el apoderado del MUNICIPIO DE BRICEÑO

el 10 de febrero de 2026, como en efecto se dispondrá en la parte

resolutiva de la presente providencia.

Ahora bien, frente a la pretensión reiterada y encaminada a que a

través de la presente acción constitucional se ordene al JUZGADO

suspender los términos relacionados con el desistimiento tácito

dentro del proceso ejecutivo identificado con el número único de

radicación 2021-00066-00, la Sala advierte que esta resulta

improcedente porque desborda el ámbito de competencia del juez

constitucional, en la medida en que corresponde exclusivamente al

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Actor: MUNICIPIO DE BRICEÑO

juez de conocimiento, en ejercicio de la dirección y conducción del

proceso, determinar la procedencia de las actuaciones y adoptar las

decisiones conforme a las disposiciones legales aplicables al caso

concreto, pues lo contrario desconocería los principios de autonomía

e independencia judicial. Máxime, cuando el actor cuenta con los

mecanismos procesales ordinarios para solicitar ante el mismo

despacho judicial las medidas que considere pertinentes frente a la

configuración o no del desistimiento tácito.

Consecuente con lo anterior, la Sala revocará la decisión del a quo y,

en su lugar, de una parte, concederá el amparo del derecho de

petición invocado por el actor y, de otra, declarará improcedente la

solicitud frente a la pretensión relativa a que se ordene suspender

los términos relacionados con el desistimiento tácito dentro del

proceso ejecutivo identificado con el número único de radicación

2021-00066-00, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva

de la presente providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

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F A L L A:

PRIMERO: REVOCAR el fallo impugnado y, en su lugar, AMPARAR

el derecho fundamental de petición del actor y, en consecuencia,

ORDENAR al INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y

CIENCIAS FORENSES que, en el término de cuarenta y ocho (48)

horas siguientes a la notificación de esta providencia, dé respuesta a

la solicitud presentada por el apoderado del MUNICIPIO DE

BRICEÑO el 10 de febrero de 2026, por las razones expuestas en la

parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo

frente a la pretensión relativa a que se ordene suspender los

términos relacionados con el desistimiento tácito dentro del proceso

ejecutivo identificado con el número único de radicación 2021-

00066-00, por las razones expuestas en la parte motiva de la

presente providencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su

eventual revisión.

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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 28 de mayo de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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