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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2026-00653-01

Fecha
28 de mayo de 2026
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2026-00653-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 7 de mayo de 2026 dictada por la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia que NEGÓ la solicitud de amparo y, en su lugar: 1. RECHAZAR la acción de tutela interpuesta por la parte actora por temeridad, frente a los cuestionamientos con las decisiones adoptadas en la audiencia del 16 de septiembre de 2025. 2. DECLARAR LA IMPROCEDENCIA por falta de relevancia constitucional, en relación con el cargo dirigido a dejar sin efectos las decisiones adoptadas en audiencia del 23 de abril de 2026. SEGUNDO: ADVERTIR al señor Juan Alberto Mora González que, en lo sucesivo, se abstenga de presentar nuevas acciones de tutela con el mismo objeto y causa de las ya presentadas. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. CUARTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 12 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Accionante: Juan Alberto Mora González Accionado: Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia Radicado: 05001-23-33-000-2026-00653-01

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 05001-23-33-000-2026-00653-01

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

28 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá, D. C., veintiocho (28) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 05001-23-33-000-2026-00653-01
Accionante: JUAN ALBERTO MORA GONZÁLEZ
Accionado: COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL DE
ANTIOQUIA

Tema: Tutela contra providencia judicial – revoca decisión que negó
tutela para rechazarla – fenómeno de la temeridad y declara
improcedencia.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala resuelve la impugnación de la parte actora contra la sentencia proferida
el 7 de mayo de 2026 por la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo
de Antioquia. Lo anterior, de conformidad con lo establecido por el Decreto 2591
de 1991, en concordancia con el Decreto 1069 de 2015, modificado por los
Decretos 333 de 2021 y 799 de 2025, así como el Acuerdo 080 de 20191 de la
Sala Plena del Consejo de Estado.

Por auto del 24 de abril de 20262, el a quo admitió la acción constitucional, y
mediante la providencia del 15 de mayo del mismo año se concedió la
impugnación.

I. ANTECEDENTES

1.1. Tutela

1. El señor Juan Alberto Mora González, actuando a nombre propio, instauró
acción de tutela en contra de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de
Antioquia. Con la solicitud de amparo pretende que se le proteja su derecho
fundamental al debido proceso.

2. El accionante estimó vulneradas sus garantías constitucionales con
ocasión de las decisiones adoptadas en el curso de la audiencia del 16 de

1
Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2
Índice 5 del expediente de primera instancia en Samai. Al respecto, resulta oportuno precisar
que se notificó como accionada a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia y se
le requirió para que allegara: 1) copia del expediente disciplinario con el radicado 05001-25-02-
000-2023-02962-00, 2) informe detallado sobre el trámite impartido a los recursos de reposición
y apelación interpuestos por el accionando y3) copia de las actas y/o registros de audio o video
de las audiencias. Además, se vinculó a todos los intervinientes del proceso disciplinario.

1
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Accionante: Juan Alberto Mora González
Accionado: Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia
Radicado: 05001-23-33-000-2026-00653-01

septiembre de 2025 y del 23 de abril de 2026. Ello, al interior del proceso
disciplinario identificado con el radicado núm. 05001-25-02-000-2023-02962-00.

3. En concreto, la parte actora formuló las siguientes pretensiones:

Primera: Muy respetuosamente le solicito al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
ANTIOQUIA (REPARTO). AMPARE el derecho fundamental previsto en la
Constitución Política Colombiana en su Artículo 29. (DEBIDO PROCESO), contra
la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia Atte. M.P. Dra. Carolina
Rojas Gil. Correo Electrónico: secdisant@cendoj.ramajudicial.gov.co – Rdo. Nro.
05001 25 02 000 2023 02962 00.
Segunda: Muy respetuosamente le solicito al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
ANTIOQUIA (Reparto). DEJAR SIN EFECTOS la formulación de cargos
realizada en audiencia del día 23 de abril del año dos mil veintiséis (2026), hasta
tanto, sean resueltos los dos recursos de apelación sustentados con fecha
dieciséis (16) de septiembre del año dos mil veinticinco (2025), por el superior
funcional, dentro del proceso con Rdo. Nro. 05001 25 02 000 2023 02962 00.
Tercera: Muy respetuosamente le solicito al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
ANTIOQUIA (Reparto). ORDENAR el traslado a otra Sala Disciplinaria, dentro
del proceso con Rdo. Nro. 05001 25 02 000 2023 02962 00. Les ruego no invocar
para negar esta pretensión que debo agotar el requisito de subsidiariedad, pues
está demostrado (6 acciones de tutela), que no cuento con las más mínimas
garantías constitucionales dentro de dicho proceso. O que no pueden invadir la
esfera de mi Juez Natural. La pregunta que me asalta es porque tengo que
recurrir a una Acción de Tutela para la defensa de mis derechos constitucionales
(después de cada audiencia), si dentro del proceso tendría que tener garantizado
todo. [Sic a toda la cita]

1.2. Hechos

4. La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia adelanta
investigación disciplinaria en contra del señor Juan Alberto Mora González, al
interior del expediente con radicado núm. 05001-25-02-000-2023-02962-00, por
presuntas irregularidades cometidas en proceso ejecutivo que se tramita en el
Juzgado Segundo Civil Municipal de Envigado y en el que funge como
apoderado.

5. El 28 de julio de 2025, el señor Mora González recusó al magistrado
conductor del proceso. En providencia del 6 de agosto de 2025, otro despacho
declaró infundada la referida solicitud.

6. El día 16 de septiembre de 2025, se llevó a cabo audiencia de pruebas y
de calificación. En esa diligencia, el señor Mora González presentó los recursos
de reposición y en subsidio el de apelación en contra de la decisión que negó la
recusación formulada contra el magistrado conductor del proceso. Asimismo,
presentó solicitud de nulidad y, en contra de su negativa, interpuso apelación.

7. El 23 de abril de 2026 se dio continuidad al trámite de la audiencia de
prueba y calificación. Allí, se formularon cargos en contra del disciplinado, por la
falta prevista en el numeral 8 del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007.

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1.3. Sustento de la vulneración

8. La parte actora afirmó que se incurrió en defecto sustantivo por «falsa
motivación», toda vez que la autoridad judicial resolvió los recursos de apelación
interpuestos en audiencia del 16 de septiembre de 2025, en vez de remitirlos al
superior funcional como correspondía.

9. Aunado a ello, precisó que el titular del despacho judicial abusó «de su
posición dominante» y continuó con la audiencia de pruebas el día 23 de abril de
2026, pese a que no se habían resuelto dos recursos de apelación.

10. También puso de presente que, el 8 de octubre de 2022, fue operado con
ocasión de una «hemorragia subdural traumática» y a partir de ahí, su vida ha
tenido cambios abruptos, en tanto continua con algunos traumatismos y dolores
de cabeza. Además, expuso que fue diagnosticado por «gastritis endoscópica
crónica antral». Con ello, mencionó que su desempeño profesional se ha visto
perjudicado, así como su participación en los procesos que hace parte.

11. A su vez, cuestionó una serie de comentarios y actuaciones por parte del
conductor del proceso disciplinario.

12. Por lo anterior, pide que se dejen sin efectos las decisiones adoptadas en
audiencia del 23 de abril del presente año, hasta tanto se imparta el trámite
adecuado y se resuelvan los recursos de apelación interpuestos en audiencia del
16 de septiembre de 2025, por el superior funcional.

1.4. Intervenciones

13. El Consejo Seccional de Judicatura de Antioquia hizo un recuento de
las actuaciones surtidas al interior del proceso disciplinario, e informó que el
señor Juan Alberto Mora González ha interpuesto diversas acciones de tutela en
contra de las decisiones proferidas al interior del trámite, incidentes y
recusaciones en contra de los magistrados que han tenido a cargo la
investigación.

14. Se destaca principalmente, el recuento de las siguientes actuaciones a
efectos de la presente acción de tutela:

• El 28 de julio de 2025, el señor Mora González recusó al magistrado
conductor del proceso. En providencia del 6 de agosto de 2025, otro
despacho declaró infundada la referida solicitud.
• El expediente volvió a ingresar al despacho del titular y, en audiencia de
pruebas y calificación del 16 de septiembre de 2025, el señor Mora
González intervino para anunciar la interposición del recurso de reposición
y de apelación en contra del auto del 6 de agosto de 2025 que resolvió la
recusación. Para sustentar la apelación, citó como fundamento «una
negativa de pruebas».

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• En la diligencia, la autoridad judicial dejó constancia de que no procedía
el recurso de reposición, comoquiera que la decisión la había adoptado
otro magistrado. En el mismo sentido, advirtió la improcedencia del
recurso de apelación.
• Inconforme con lo anterior, el disciplinable interpuso solicitud de nulidad y,
en el mismo momento, manifestó que interponía recurso de apelación.
• El magistrado declaró la improcedencia tanto de la nulidad, como de la
apelación. Para el efecto, expuso que la primera, era una reiteración de la
recusación, aspecto que ya había sido zanjado y, frente a la segunda,
indicó que la alzada era formulada «antes de una decisión», lo cual, no era
procedente.

15. Con ello, indicó que el señor Mora González no tenía razón al afirmar que
los recursos no habían sido zanjados, ni que el expediente debía ser remitido al
superior.

16. De otro lado, se resalta que la autoridad indicó que el 18 de septiembre de
2025, el accionante promovió acción de tutela que se identifica con el radicado
05001-22-05-000-2025-10224-00 en la que solicitó la protección de su derecho
fundamental al debido proceso por la supuesta negativa del despacho de dar
traslado al superior jerárquico de los recursos de apelación.

17. Mencionó que dicha acción de tutela había sido declarada improcedente
en primera instancia por la Sala Séptima de Decisión laboral del Tribunal Superior
del Medellín en sentencia del 9 de octubre de 2025, en tanto no se advertía una
solicitud de pruebas cuya negativa habilitara la apelación, ni una actuación del
magistrado encaminada a desconocerle el derecho fundamental al debido
proceso.

18. Ahora bien, indicó que, en sentencia del 19 de noviembre de 2025, la Sala
de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia revocó la decisión para, en
su lugar, negar el amparo, al considerar que no había decisiones arbitrarias ni
caprichosas por parte del despacho judicial, pues la autoridad había actuado en
el marco de su autonomía, con apego a la realidad procesal, las normas y la
jurisprudencia que rige el asunto.

19. Seguidamente, expuso que el 23 de abril de 2026 se dio continuidad a la
audiencia de pruebas y calificación, y en esa oportunidad, el accionante reiteró
que estaban pendientes recursos y etapas procesales. En la misma diligencia, se
le formularon cargos al investigado por la falta prevista en el numeral 8 del artículo
33 de la Ley 1123 de 2007, tras estimarse que aquel habría incurrido en la
presentación reiterada de recursos, incidentes, nulidades y acciones
constitucionales con el fin de entorpecer o dilatar el normal desarrollo de procesos
judiciales.

20. Finalmente, pidió que se evaluara la posibilidad de compulsarle copias al
tutelante, a efectos de que se investigue al tutelante por la eventual falta

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disciplinaria prevista en el numeral 3° del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007,
relativa al desconocimiento de los deberes profesionales del abogado mediante
el uso indebido de acciones constitucionales.

21. Por otra parte, el señor Andrés Felipe González Patiño, en calidad de
abogado de oficio del señor Juan Alberto Mora González al interior del proceso
disciplinario, allegó memorial en el que indicó que las actuaciones surtidas en la
audiencia 16 de septiembre de 2025 fueron realizadas directamente por el
tutelante de manera imprevista y voluntaria, sin que él tuviese conocimiento
previo de los recursos, pues de haber sido así, los habría sustentado
técnicamente. Acto seguido, pidió la protección del derecho fundamental al
debido proceso de su representado.

1.5. Sentencia de primera instancia

22. Mediante el fallo del 7 de mayo de 2026, la Sala Segunda de Decisión del
Tribunal Administrativo de Antioquia negó la solicitud de amparo.

23. Para llegar a esa conclusión, consideró que no hubo vulneración al debido
proceso del tutelante al interior del proceso disciplinario, en tanto el operador
judicial actúo conforme al orden jurídico y resolvió los recursos como
correspondían.

24. Al respecto, precisó que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 143
del Código General del Proceso, las decisiones adoptadas en el trámite de
recusación no son susceptibles de ningún recurso. De igual manera, estimó que
de conformidad con los artículos 79 al 81 de la Ley 1123 de 2007, la procedencia
del recurso de apelación no es automática, sino que depende de la naturaleza de
la decisión

25. Bajo esa lógica, afirmó que la inconformidad del tutelante en realidad era
con la decisión que declaró infundada la recusación formulada contra el
magistrado ponente, sin que aquella hubiera sido pasible de recursos. Por
consiguiente, consideró que las decisiones adoptadas en la audiencia del 16 de
septiembre de 2025 estaban ajustadas a derecho, en la medida que, al haberse
declarado la improcedencia de los recursos en estrados, no surgía obligación de
remisión del expediente a algún superior.

26. De otro lado, estimó que, si bien la Comisión Seccional de Disciplina
Judicial de Antioquia había puesto de presente la existencia de otras acciones de
tutela, no había prueba suficiente para concluir una identidad de partes, hechos
y pretensiones que permitiera la declaratoria de temeridad en los términos
previstos en el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991.

27. Finalmente, expuso que no estaba demostrada una afectación al principio
de imparcialidad, en tanto no había pruebas de un prejuzgamiento o interés
indebido por parte del magistrado que tuvo a cargo la investigación. Además,

5
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mencionó que tampoco era posible determinar que las condiciones de salud del
accionante hubieran incidido de manera concreta en la posibilidad de ejercer su
derecho de defensa.

1.6. Impugnación

28. La parte actora solicitó que se revocará la decisión de primer grado y, en
su lugar, se accediera a pretensiones, en el sentido de dejar sin efectos lo
decidido en audiencia del 23 de abril de 2026. En concreto, manifestó que, de
conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado, el recurso de apelación
debe ser resuelto por el superior jerárquico funcional de quien emitió la decisión,
para garantizar el principio de la doble instancia y el derecho de defensa.

II. CONSIDERACIONES

29. La Sala revocará la decisión de primera instancia que negó el amparo
deprecado y, en su lugar, rechazará la acción por temeridad y declarará la
improcedencia por falta de relevancia constitucional. En tal sentido, se
demostrará que en el asunto se configuró un actuar temerario por parte del actor.

2.1. Caso concreto

2.1.1. Estudio del fenómeno de la temeridad

30. El fenómeno de la temeridad en acciones de tutela se encuentra regulado
en el artículo 38 del Decreto Ley 2591 de 1991, el cual establece:

ARTÍCULO 38. ACTUACIÓN TEMERARIA. Cuando, sin motivo expresamente
justificado, la misma acción de tutela sea presentada por la misma persona
o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán
desfavorablemente todas las solicitudes.

(Negrilla y subrayado fuera del texto).

31. En desarrollo a esto, la Corte Constitucional ha condensado el marco
jurisprudencial que regula la materia, para lo cual adujo:

Sobre el ejercicio temerario de la acción de tutela, esta Corporación en reiterada
jurisprudencia ha desarrollado los aspectos a tener en cuenta para abordar su
posible configuración. Entre ellos, ha sostenido que deben analizarse los
siguientes: 1. Que se presente una identidad de procesos, esto es, que las
acciones de tutela presentadas de manera simultánea o sucesiva tengan una triple
identidad, a saber, se trata de las mismas partes, se plantean los mismos hechos
y la misma solicitud. 2. Que el caso no sea uno de aquellos considerados como
excepcionales que no constituyen una actuación temeraria, de acuerdo con lo
señalado explícitamente por la ley o la jurisprudencia. 3. Que en caso de
presentarse una solicitud de tutela que pretenda ser diferente a una anterior con la
que guarda identidad (a partir de un desarrollo argumentativo diferente) el juez

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constitucional acredite que, en realidad, los dos procesos tienen las mismas partes,
se sustentan en las mismas razones y solicitud3.

32. De esta manera, el Alto Tribunal fue claro en señalar que el juez
constitucional deberá analizar si existe una triple identidad entre las acciones de
tutela presentadas de manera simultánea o sucesiva, teniendo en cuenta los
siguientes criterios:

i. Identidad de parte: esto es, que las acciones de tutela se hayan
presentado por la misma persona natural o jurídica o a través de su
apoderado o representante y se dirija contra el mismo demandado.

ii. Identidad de causa petendi: es decir, que el ejercicio repetido de la
acción de tutela se fundamente en los mismos hechos que le sirven de
sustento.

iii. Identidad de objeto: en otras palabras, que las demandas persigan la
satisfacción de la misma pretensión o invoquen la protección de los
mismos derechos fundamentales.

33. Superado este estudio, de acuerdo con la Corte, y de encontrarse
acreditada la triple identidad, el fallador de la acción deberá verificar si el actuar
del demandante resultó contrario a la buena fe, caso en el cual deberá rechazar
el mecanismo constitucional e imponer las sanciones a las que hubiere lugar.

34. Como quedó expuesto en los antecedentes de esta providencia, la
Comisión Seccional de la Judicatura de Antioquia informó que el señor Juan
Alberto Mora González ha interpuesto varias acciones de tutela en contra de las
decisiones adoptadas en el marco del proceso disciplinario identificado con el
radicado 05001-25-02-000-2023-02962-00 que se adelanta en su contra.

35. Particularmente, expuso que el trámite de los recursos de reposición y
apelación impetrados por el tutelante en la audiencia de pruebas y de calificación
surtida el 16 de septiembre de 2025, fue avalada por el juez constitucional tanto
en primera como en segunda instancia al interior de la acción de tutela
identificada con el radicado núm. 05001-22-05-000-2025-10224-00. De ahí que,
contrario a lo afirmado por el señor Mora González, no había recursos pendientes
por resolver.

36. En efecto, los argumentos expuestos en el escrito inicial y en el de
impugnación dan cuenta de que la inconformidad del accionante deriva de que el
operador judicial que tiene a su cargo el proceso disciplinario no impartió el
trámite que, a su juicio, es el adecuado a los mecanismos de impugnación que
ejerció en la diligencia llevada a cabo el día 16 de septiembre de 2025.

3
Corte Constitucional. Sentencia SU-027 de 2021.
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37. Si bien lo que pretende en esta acción de tutela es que se dejen sin efectos
las decisiones adoptadas en el marco de la audiencia del 23 de abril del presente
año, comoquiera que aquella le dio continuidad a la anterior, lo cierto es que su
reparo continúa siendo la irregularidad en el trámite de los recursos de apelación,
toda vez que no se remitió el expediente al superior funcional para que resolviera
la alzada.

38. En tal sentido, la Sala no puede obviar que, tal como fue señalado por la
parte accionada, presuntamente, ya un juez de tutela se pronunció con relación
a dicha inconformidad.

39. Por tanto, es necesario estudiar si la presente acción constitucional guarda
identidad con la demanda ya instaurada por el actor o si, por el contrario, se trata
de hechos nuevos que no ha sido decidido previamente. Así pues, se expondrán
a continuación los procesos en los que se han tramitado acciones de tutela
presentadas por la parte actora, previo a adoptar cualquier otro tipo de
determinación:

Presupuesto Expediente Expediente
05001-22-05-000-2025-10224-0 Rad 05001-23-33-000-2026-
0 00653-01
Sub judice
Accionante: Juan Alberto Mora Accionante: Juan Alberto Mora
González González a nombre propio.
Apoderado: Hugo Armando
Castañeda Bermúdez
Identidad de
partes Accionados / auto admisorio: Accionados / auto admisorio:
Comisión Seccional de Disciplina Comisión Seccional de Disciplina
Judicial de Antioquia Judicial de Antioquia

La autoridad disciplinaria omitió La autoridad disciplinaria omitió darle
darle traslado al superior jerárquico traslado al superior jerárquico de los
de los dos recursos de apelación, dos recursos de apelación,
interpuestos en sus debidos interpuestos en sus debidos
momentos procesales y momentos procesales y sustentados
Identidad de sustentados oralmente por el oralmente por el accionante,
causa accionante, conforme los artículos conforme los artículos 57 y 81 de la
57 y 81 de la ley 1123 de 2007, en ley 1123 de 2007, en la audiencia de
la audiencia de pruebas y de pruebas y de calificación del 16 de
calificación del 16 de septiembre de septiembre de 2025 y, aun así,
2025. continúo la diligencia el 23 de abril de
2026.
PRIMERA: Muy Primera: Muy respetuosamente
respetuosamente le solicito al le solicito al TRIBUNAL
TRIBUNAL SUPERIOR DE ADMINISTRATIVO DE
MEDELLIN SALA CIVIL, ANTIOQUIA (REPARTO).
LABORAL Y PENAL AMPARE el derecho fundamental
Identidad de
(REPARTO). Ampare el previsto en la Constitución
objeto
derecho fundamental de mi Política Colombiana en su
poderdante previsto en la Artículo 29. (DEBIDO
Constitución Política PROCESO).
Colombiana en su Artículo 29
DEBIDO PROCESO.
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Accionante: Juan Alberto Mora González
Accionado: Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia
Radicado: 05001-23-33-000-2026-00653-01

Presupuesto Expediente Expediente
05001-22-05-000-2025-10224-0 Rad 05001-23-33-000-2026-
0 00653-01
Sub judice

SEGUNDA: Muy Segunda: Muy respetuosamente
respetuosamente le solicito al le solicito al TRIBUNAL
TRIBUNAL SUPERIOR DE ADMINISTRATIVO DE
MEDELLIN SALA CIVIL, ANTIOQUIA (Reparto). DEJAR
LABORAL Y PENAL SIN EFECTOS la formulación de
(REPARTO). Le ordene al M.P. cargos realizada en audiencia del
Dr. Carlos Mario Herrera Muñoz. día 23 de abril del año dos mil
Darle traslado al superior veintiséis (2026), hasta tanto,
jerárquico de los dos recursos sean resueltos los dos recursos
de apelación, interpuestos en de apelación sustentados con
sus debidos momentos fecha dieciséis (16) de
procesales y sustentados septiembre del año dos mil
oralmente por mi poderdante, veinticinco (2025), por el
conforme al Artículo 57 y 81 de superior funcional, dentro del
la Ley 1123 de 2007, para no proceso con Rdo. Nro. 05001 25
configurar una flagrante 02 000 2023 02962 00.
vulneración al DEBIDO
PROCESO.

40. Por lo expuesto con antelación, los procesos de tutela que se han
referenciado guardan identidad de partes, de hechos y de pretensiones,
conforme se expone con más detenimiento a continuación.

41. Como viene de verse, las 2 solicitudes amparo fueron promovidas por el
señor Juan Alberto Mora González. No obstante, en el asunto de la referencia, el
actor vino a nombre propio, mientras que en la causa con radicado 2025-010224-
004 actuó por intermedio de apoderado judicial.

42. Ahora bien, los supuestos fácticos que sirven de sustento a las 2
solicitudes de amparo son los mismos. En efecto, el reparo del tutelante reside
en que en la audiencia del 16 de septiembre de 2025, el magistrado conductor
del proceso no le impartió el trámite adecuado a los recursos de apelación que
presentó en el curso de la diligencia, toda vez que, «de conformidad con la
jurisprudencia del Consejo de Estado», lo correcto era que se remitiera el
expediente al superior jerárquico funcional para que aquel lo resolviera.

43. Finalmente, las pretensiones de las dos peticiones de amparo también
guardan similitud, en el entendido que se solicitó que se le ordenara a la autoridad
judicial que tramita la investigación disciplinaria, impartirle el trámite adecuado a
los recursos de apelación.

44. Cabe precisar que en el sub judice, solo hay una circunstancia que varía
entre una solicitud de amparo y otra y es que también solicita que se deje sin
efectos la formulación de cargos realizada en audiencia del 23 de abril de 2026.

4
En este caso, aún no se ha proferido decisión sobre su selección por parte de la Corte
Constitucional (ver expediente T-12.018.685).
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Accionante: Juan Alberto Mora González
Accionado: Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia
Radicado: 05001-23-33-000-2026-00653-01

45. Al respecto, la Corte Constitucional5 ha señalado que, en los eventos en
los que se estudia la configuración de la cosa juzgada –que, como en el examen
de temeridad, requiere del cumplimiento de la triple identidad de partes, causa y
objeto de la acción– algunas variaciones en cuanto a los sujetos, los
presupuestos fácticos o las pretensiones no conducen necesariamente a que no
exista dicho fenómeno. Por el contrario, el Alto Tribunal ha establecido que este
estudio implica un examen riguroso en el que se debe verificar una coincidencia
material en los dos procesos, pese a las diferencias que se puedan presentar
entre una y otra acción.

46. De conformidad con el criterio de la Corte Constitucional, para la sala es
claro que, frente a las pretensiones de darle trámite a los recursos interpuestos
en audiencia del 16 de septiembre de 2025, no han variado las partes, la causa
ni el objeto de la presente solicitud de amparo, en relación con las acciones que
ha presentado la actora de forma sucesiva. Lo anterior, puesto que lo pretendido
por la parte actora es que aquellos sean resueltos por el superior jerárquico
funcional de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia.

47. Por su parte, se tiene que el accionante no justificó de forma alguna las
razones por las cuales ha radicado la misma acción de tutela en este contexto,
más allá de la continuación de la audiencia de pruebas y de calificación. Tampoco
existe prueba, ni siquiera sumaria, que acredite que el hecho generador de la
presunta transgresión de las garantías del señor Mora González haya variado.
En este entendido, no existen situaciones fácticas adicionales que permitan al
juez de tutela llevar a cabo un nuevo estudio en relación con los cargos
formulados en esta ocasión.

48. Por el contrario, el actor declaró bajo la gravedad de juramento que no
había instaurado ninguna otra tutela por la misma situación fáctica puesta de
presente en el escrito inicial. Por tanto, esto desvirtúa la buena fe procesal del
demandante, lo que permite concluir que en el presente litigio se configura el
fenómeno de la temeridad en relación con las pretensiones del trámite a los
recursos de la audiencia del 16 de septiembre de 2026.

49. En virtud de lo anterior, se deberá revocar la decisión de primera instancia
que negó la acción de tutela y, en su lugar, se deberá rechazarla, ante la
configuración del fenómeno de temeridad. Se pone de presente que esta sala
considera que ha existido un uso abusivo de esta acción constitucional, lo que
desnaturaliza su finalidad, por ello se le advertirá al tutelante que, en lo sucesivo,
se abstenga de presentar solicitudes de amparo con el mismo fundamento fáctico
y jurídico.

2.1.2. La solicitud de amparo no acredita el requisito de la relevancia
constitucional

5
Al respecto, ver: Sentencia SU-397 de 2022.
10
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Radicado: 05001-23-33-000-2026-00653-01

50. De conformidad con lo establecido por la Corte Constitucional6, la
acreditación de este requisito implica verificar: (i) que el actor cumpla con la carga
argumentativa que vislumbre la vulneración de sus derechos fundamentales, ya
que no basta con la enunciación de estos; (ii) que el debate propuesto no sea
exclusivamente legal, pues este trámite no está dispuesto para resolver las
inconformidades del actor frente a la decisión judicial; y, (iii) que no se trate de
asuntos puramente económicos en los que no se evidencie tensión alguna entre
la providencia reprochada y las garantías constitucionales. Lo anterior, teniendo
en cuenta que el presente mecanismo se desnaturaliza cuando se pretende
reabrir los debates jurídicos zanjados por el juez ordinario de la causa, como si
de una instancia adicional se tratase.

51. Así las cosas, frente a la pretensión de dejar sin efectos el auto de
formulación de cargos del 23 de abril de 2026, la Sala considera que no se
acredita el requisito de la falta de relevancia constitucional, en tanto carece por
completo de un ejercicio hermeneútico encaminado a demostrar la procedencia
de este defecto.

52. Al respecto, se destaca que la Corte Constitucional7, ha explicado que este
se presenta cuando «la autoridad judicial aplica una norma claramente
inaplicable al caso o deja de aplicar la que evidentemente lo es, u opta por una
interpretación que contraríe los postulados mínimos de la razonabilidad
jurídica»8.

53. Puntualmente, lo configuran los siguientes supuestos:

a) El fundamento de la decisión judicial es una norma que no es aplicable
al caso concreto, por impertinente9 o porque ha sido derogada10, es
inexistente11, inexequible12 o se le reconocen efectos distintos a los
otorgados por el Legislador13.
b) No se hace una interpretación razonable de la norma14.
c) La disposición aplicada es regresiva15 o contraria a la Constitución16.
d) El ordenamiento otorga un poder al juez y este lo utiliza para fines no
previstos en la disposición17.
e) La decisión se funda en una interpretación no sistemática de la norma18

6
Sentencia SU-215 de 2022.
7
Corte Constitucional, Sentencias SU-159 de 2002., T-043 de 2005, T-295 de 2005, T-657 de
2006, T-686 de 2007, T-743 de 2008, T-033 de 2010, T-792 de 2010, entre otras.
8
Corte Constitucional, Sentencias SU-159 de 2002, T-043 del 2005, T-295 de 2005, T-657 del
2006, T-686 del 2007, T-743 del 2008, T-033 de 2010, T-792 de 2010, entre otras.
9
Corte Constitucional, Sentencia T-189 de 2005.
10
Corte Constitucional, Sentencia T-205 de 2004
11
Corte Constitucional, Sentencia T-800 de 2006
12
Corte Constitucional, Sentencia T-522 de 2001
13
Corte Constitucional, Sentencia SU-159 de 2002
14
Corte Constitucional, Sentencias T-051 de 2009. y T-1101 de 2005
15
Corte Constitucional, Sentencia T-018 de 2008
16
Corte Constitucional, Sentencia T-086 de 2007
17
Corte Constitucional, Sentencia T-231 de 1994
18
Corte Constitucional, Sentencia T-807 del 2004
11
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f) Se afectan derechos fundamentales, debido a que el operador judicial
sustentó o justificó de manera insuficiente su actuación.

54. Al constatar la solicitud de amparo, no es posible advertir si quiera un
argumento que dé cuenta de que la decisión emitida en audiencia del 23 de abril
de 2026 incurrió en alguno de los supuestos previstos con antelación.

55. Por lo anterior, es oportuno mencionar que formular un simple desacuerdo
con una decisión judicial y, sumado a ello, alegar la vulneración de unas garantías
fundamentales, no conlleva que el asunto puesto en conocimiento revista
necesariamente relevancia constitucional. En estos asuntos, se requiere que en
el escrito inicial medie un ejercicio argumentativo que permita entrever que la
controversia gira en torno al alcance, contenido o goce de un derecho
fundamental.

56. Esto, debido a que la competencia de este juez se restringe a la protección
efectiva de las garantías constitucionales y no a problemas de carácter legal y/o
económico, o a estudiar una mera inconformidad con las decisiones adoptadas
por los jueces naturales.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 7 de mayo de 2026 dictada por la Sala
Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia que NEGÓ la
solicitud de amparo y, en su lugar:

1. RECHAZAR la acción de tutela interpuesta por la parte actora por
temeridad, frente a los cuestionamientos con las decisiones adoptadas en
la audiencia del 16 de septiembre de 2025.
2. DECLARAR LA IMPROCEDENCIA por falta de relevancia constitucional,
en relación con el cargo dirigido a dejar sin efectos las decisiones
adoptadas en audiencia del 23 de abril de 2026.

SEGUNDO: ADVERTIR al señor Juan Alberto Mora González que, en lo
sucesivo, se abstenga de presentar nuevas acciones de tutela con el mismo
objeto y causa de las ya presentadas.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

13
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