Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2026-00661-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2026-00661-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 05001-23-33-000-2026-00661-01
Consejero ponente: Omar Joaquin Barreto Suarez
18 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
CONSEJERO DE ESTADO PONENTE: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Bogotá, D. C., dieciocho (18) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 05001-23-33-000-2026-00661-01
Demandante: SANTIAGO ANDRÉS CARDEÑO RESTREPO
Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL – CONSEJO SUPERIOR DE
LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
Tema: Revoca parcialmente sentencia que declaró improcedencia
de la acción y negó las pretensiones de la demanda y
declara cosa juzgada
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala procede a resolver la impugnación interpuesta por la parte
demandante contra la sentencia de 26 de mayo de 2026, mediante la cual el
Tribunal Administrativo de Antioquia, declaró improcedente la acción de
cumplimiento respecto de una norma y niega respecto de lo demás.
I. ANTECEDENTES
1. La solicitud
1. En ejercicio de la acción desarrollada por la Ley 393 de 1997, el señor
Santiago Andrés Cardeño Restrepo presentó demanda contra la Nación-
Rama Judicial-Consejo Superior de la Judicatura y la Dirección Ejecutiva de la
Administración Judicial, en la que solicitó el acatamiento de los artículos 86 de
la Constitución Política y 1.º del Decreto 2591 de 1991.
2. Como consecuencia, pidió que:
PRIMERA: Ordenar a las autoridades demandadas que den efectivo
complimiento a la obligación contenida en el artículo 86 de la Constitución Política
y el artículo 1 del Decreto 2591 de 1991, específicamente en los apartados que
establecen que la acción de tutela se puede radicar en todo momento y lugar, y
que todos los días y horas son hábiles para interponer la acción de tutela.
SEGUNDA: Como consecuencia, las autoridades demandadas deben realizar los
ajustes correlativos en el aplicativo web para la radicación de acciones de tutela
en línea, de tal manera que el sistema permita el cargue y radicación de
documentos durante todos los días de la semana en horario 24/7 sin ninguna
limitación. La pretensión no se extiende al reparto, trámite y gestión de la acción
pues resulta apenas razonable que estas actividades se realicen en el horario
laboral del despacho judicial a quien se le asigne el conocimiento o a quien le
corresponda el reparto.
Demandante: Santiago Andrés Cardeño Restrepo
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura
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2. Hechos
3. En resumen, el fundamento fáctico de la demanda es el siguiente:
4. La parte actora manifestó que, las normas invocadas como incumplidas
establecen que la acción de tutela se puede interponer en todo momento y
lugar, de suerte que en los desarrollos físicos y virtuales que establezca la
Rama Judicial para efectos de la radicación de la acción de tutela no puede
existir restricción de horarios por turnos laborales para efectos de la radicación
de la solicitud de acción de tutela.
5. Indicó que, con ocasión de las normas de «virtualidad» la Rama Judicial
dispuso de un aplicativo web para la radicación de tutelas denominado «tutela
en línea» que se puede consultar en el siguiente vinculo web:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/TutelaEnLinea.
6. Afirmó que, dicho aplicativo, para la mayoría de ciudades del país, sólo está
operativo en los días hábiles y en las horas hábiles laborales, por lo que
permanece bloqueado para el ingreso los días sábados, domingos y festivos,
y durante las noches y en la pausa de almuerzo; además, indicó que el
sistema arroja el siguiente mensaje:
Restricción de horario. A través de este medio, solo se pueden registrar tutelas
los días y horas hábiles laborales. Para la ciudad de Bogotá DC, solo se puede
registrar tutelas los días Hábiles Laborales”. (Subrayas nuestras).
7. Refirió que, esta restricción aplica por igual para la mayoría de las ciudades
consultadas. No obstante, dicha restricción no se presenta en el portal, por
ejemplo, para la ciudad de Cali en el Valle del Cauca.
8. Sostuvo que, la Rama Judicial, al diseñar el portal de radicación de tutelas
impuso una restricción de horario para días y horas hábiles laborales
exclusivamente, que incumple lo señalado en los artículos 86 de la
Constitución y 1 del Decreto 2591 de 1991, en la medida en que ambas
normas establecen textualmente que la acción de tutela se puede radicar en
todo momento y lugar; todos los días y horas son hábiles para interponer
acción de tutela. De esta manera, el aplicativo web para cargar la acción de
tutela debe permitir radicar la demanda correspondiente en el horario 24/7.
3. Trámite de la solicitud en primera instancia
9. Mediante providencia del 30 de abril de 20261, la magistrada sustanciadora
del Tribunal Administrativo de Antioquia admitió la demanda y ordenó la
notificación a la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura –
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
1 Índice 2 de Samai, del expediente digital del Consejo de Estado
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Demandante: Santiago Andrés Cardeño Restrepo
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4. Contestación de la demanda
10. La Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, se opuso a las pretensiones de la
demanda y solicitó que se declare improcedente la acción de cumplimiento o,
subsidiariamente, que se nieguen las pretensiones por inexistencia de
incumplimiento de las normas invocadas).
11. Expuso que el aplicativo «Tutela y Habeas en Línea» constituye una
herramienta tecnológica para facilitar la radicación de acciones
constitucionales, pero no es el único ni el canal exclusivo dispuesto para ese
propósito.
12. Señaló que, el accionante interpretó de manera errónea el alcance de la
expresión «en todo momento» en las normas invocadas como incumplidas,
dado que dichas disposiciones garantizan la posibilidad de presentar en todo
momento la acción de tutela, pero no imponen que ello tenga que ser de forma
permanente e ininterrumpida por el aplicativo web específicamente.
13. Como argumento de defensa, sostuvo que aun cuando el aplicativo Tutela
y Hábeas Corpus en Línea presenta limitaciones horarias asociadas a su
funcionamiento y al reparto automatizado, los usuarios conservan en todo
momento la posibilidad de radicar sus solicitudes a través de los correos
electrónicos institucionales como el canal primario, oficial y permanente para
las comunicaciones judiciales.
14. Precisó que la restricción horaria obedece a razones técnicas y
administrativas orientadas a garantizar la adecuada contabilización del
término constitucional de diez (10) días para decidir la acción de tutela, así
como a evitar expectativas erróneas sobre la asignación inmediata del asunto
en horarios no laborales.
15. Agregó que el Consejo Superior de la Judicatura, en ejercicio de las
competencias conferidas por la Ley 270 de 1996, modificada por la Ley 2430
de 2024, está facultado para reglamentar el funcionamiento de los despachos
judiciales y el uso de herramientas tecnológicas.
16. En desarrollo de esa potestad, el Acuerdo PCSJA20-11567 promovió el
uso de medios electrónicos junto con los diversos canales de comunicación
existentes con los usuarios, por lo que al contarse con medios alternativos
idóneos y eficaces para presentar la acción de tutela, no puede sostenerse
que se presenta una restricción del derecho de acceso a la administración de
justicia.
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5. Sentencia de primera instancia
17. El Tribunal Administrativo de Antioquia, en sentencia del 26 de mayo de
20262, declaró la improcedencia de la acción de cumplimiento respecto del
artículo 86 de la Constitución Política y negó las pretensiones en relación con
el artículo del Decreto 2591 de 1991.
18. En relación con el artículo 86 de la Constitución Política, reiteró que la
presente acción constitucional resulta improcedente para exigir el
cumplimiento directo de normas superiores, dado que el propio Constituyente
la concibió como un mecanismo destinado exclusivamente a hacer efectivas
la observancia de normas con fuerza material de ley y de actos administrativos.
19. Respecto de las demás pretensiones, sostuvo que no se configura el
incumplimiento alegado porque el mandato previsto en el artículo 1 del Decreto
2591 de 1991 admite diversas formas de cumplimiento y no exige que la
disponibilidad permanente de la acción de tutela se materialice exclusivamente
a través del aplicativo «Tutela en Línea» de forma continua y permanente,
evidenciándose así que la entidad accionada garantiza a través de diversos
canales y medios físicos, el cumplimiento del mandato contenido en la norma
invocada como incumplida.
20. Como consecuencia, negó las pretensiones de la demanda de
cumplimiento.
6. La impugnación3
21. La parte actora solicitó que se revocara el fallo de primera instancia y, en
su lugar, se acceda a las pretensiones de la acción de cumplimiento.
22. Adujo que el Tribunal en la sentencia de primera instancia aceptó que,
tanto el artículo 86 de la Constitución al igual que el Decreto 2591/91
establecen como una regla imperativa el hecho de que la acción de tutela se
pueda radicar en todo momento y lugar.
23. Sin embargo, consideró que el cumplimiento de esta obligación puede ser
condicionado dependiendo del medio que eventualmente use el titular de la
acción de tutela. En concreto, si se trata del uso del correo electrónico la
obligación para la Rama Judicial se impone en el horario 24/7, pero si se trata
del aplicativo web de tutelas, pueden imponerse restricciones por cuestión de
horarios, pues estima el tribunal, los ciudadanos en general conservan
supuestamente la radicación 24/7 con el uso del correo electrónico.
2 Índice 2 de Samai, del expediente digital del Consejo de Estado.
3 La sentencia del 26 de mayo de 2026 fue notificada el 27 de mayo de 2026 a través de correo
electrónico, y el escrito de impugnación fue radicado mediante ese mismo medio el 2 de junio
de 2026, término que se encuentra oportuno.
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24. Así, sostuvo que el razonamiento del tribunal resulta inadmisible y no se
corresponde con la garantía de acceso permanente al servicio de
administración de justicia, en particular cuando se trata de los mecanismos
procesales de protección de los derechos fundamentales.
25. Afirmó que la interpretación que de la norma incumplida y de la obligación
correlativa realiza el juez de primera instancia, es irrazonable, en cuanto
admite como posible que un conjunto de herramientas informáticas pueda
tener diferencias sustanciales en su uso, solamente a base de capricho de
quien las ha diseñado.
26. Indicó que, la postura interpretativa del tribunal de instancia viola de
manera directa el artículo 122 de la Ley 2430 de 2024, según el cual se deben
ofrecer diferentes canales para garantizar el acceso a los servicios de justicia
y que todos esos canales habilitados deben contar con las mismas
condiciones, lo que implica que si se han establecido dos herramientas para
la radicación de tutelas, el correo y el aplicativo web, ambas deben funcionar
con el mismo horario, pero en este caso una funciona 24/7 y la otra solamente
durante el horario hábil laboral.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
27. La Sección Quinta es competente para decidir la impugnación contra la
sentencia dictada el 26 de mayo de 2026 por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, según lo dispuesto en los artículos 1504 y 1525 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y
en el artículo trece del Acuerdo 080 de 2019 expedido por la Sala Plena del
Consejo de Estado6.
2. Objeto de la decisión
28. Corresponde a la Sala resolver si confirma, revoca o modifica la decisión
adoptada por la citada Corporación judicial en la sentencia de 26 de mayo de
2026, que declaró improcedente la acción de cumplimiento.
29. Con tal fin, deberá absolverse la siguiente pregunta:
4 Artículo 150: Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de
radicación. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en
segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los
tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de
impugnación. También conocerá del recurso de queja que se formule contra decisiones de los
tribunales, según lo regulado en el artículo 245 de este código.
5 Artículo 152: (…) 14. De los relativos a la protección de derechos e intereses colectivos y de
cumplimiento, contra las autoridades del orden nacional o las personas privadas que dentro
de ese mismo ámbito desempeñen funciones administrativas.
6 Dicho acuerdo estableció la competencia de la Sección Quinta para el conocimiento de las
apelaciones contra las providencias susceptibles de ese recurso que sean dictadas por los
tribunales administrativos, en primera instancia, en las acciones de cumplimiento.
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(i) ¿La parte actora cumplió con la constitución en renuencia de las
entidades demandadas de conformidad con lo previsto en el artículo 8.º
de la Ley 393 de 1997?
30. De ser afirmativa la respuesta a la anterior interrogante, deberá
determinarse si se cumplen con los requisitos de procedencia.
3. Generalidades de la acción de cumplimiento
31. La acción de cumplimiento busca la materialización de aquellos mandatos
contenidos en las normas de rango legal y en los actos administrativos.
32. Sin embargo, para la prosperidad del medio de control, del contenido de la
Ley 393 de 1997, se desprende que se deben cumplir varios requisitos
mínimos. Estos presupuestos se han identificado y precisado que son los
siguientes:
(i) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al
obedecimiento del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción
u omisión o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su
imperioso incumplimiento. Excepcionalmente, se puede prescindir de este
requisito «cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir
un perjuicio irremediable» caso en el cual corresponde ser sustentado en la
solicitud [artículo 8.º]. La falta de acreditación de este presupuesto implica el
rechazo de la acción de cumplimiento.
(ii) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas
aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes [artículo
1.º].
(iii) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial
para lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo,
circunstancia esta que la hace improcedente, salvo el caso que, de no
proceder, se produzca un perjuicio grave e inminente para quien ejerció la
acción.
(iv) Que no pretenda la protección de derechos que puedan ser garantizados
a través de la tutela o el acatamiento de normas que establezcan gastos a la
Administración [artículo 9.º].
33. Si se advierte la configuración de alguno de los tres puntos descritos [ii, iii
o iv], la decisión conlleva a la declaratoria de improcedencia del medio de
control.
34. Finalmente, si los anteriores presupuestos se encuentran satisfechos, la
Sala precisa que el estudio del fondo del asunto corresponde al de determinar
si existe o no el mandato imperativo e inobjetable en cabeza de aquella
autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas y frente a
los cuales se haya dirigido la acción, a partir de la/s disposición/es invocada/s,
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[artículos 5.º y 6.º]. Por tanto, del referido análisis se concluirá la prosperidad
o no de la/s pretensión/es formulada/s.
4. La constitución de la renuencia
35. En el artículo 8.º, la Ley 393 de 1997 señaló que «[c]on el propósito de
constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá que el accionante
previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o administrativo
y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no contestado dentro
de los diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud […]».
36. Frente a los alcances de esta norma, la Sala mantiene un criterio reiterado
según el cual «[…] el reclamo en tal sentido no es un simple derecho de
petición sino una solicitud expresamente hecha con el propósito de cumplir el
requisito de la renuencia para los fines de la acción de cumplimiento»7.
37. Esta Corporación también ha considerado que no puede tenerse por
demostrado el requisito de procedibilidad de la acción en aquellos casos en
que la solicitud hecha por el interesado «[…] tiene una finalidad distinta a la de
constitución en renuencia»8.
38. Según el criterio reiterado de la Sala, la renuencia debe entenderse como
la negativa del accionado frente al requerimiento, bien porque no brinde
respuesta oportuna o porque, a pesar de ser proferida en tiempo, sea contraria
al querer del ciudadano9.
39. Es necesario que la solicitud permita determinar claramente que lo
pretendido por el interesado es el efectivo cumplimiento de un deber legal o
administrativo, cuyo objetivo es precisamente la constitución en renuencia de
la parte demandada.
40. Al respecto, esta Sección ha señalado que:
Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es
importante tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la
renuencia.
El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que
incumple la norma, la cual constituye la base de la renuencia, que si bien no
está sometida a formalidades especiales, se ha considerado que debe al
menos contener: La petición de cumplimiento de una norma con fuerza
material de ley o de un acto administrativo; el señalamiento preciso de la
7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia de octubre 20
de 2011, expediente No. 2011-01063, M.P. Mauricio Torres Cuervo.
8 Sobre el particular pueden verse las providencias de noviembre 21 de 2002 dentro del
expediente ACU-1614 y de marzo 17 de 2011, expediente 2011-00019.
9 Sobre el particular pueden consultarse, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 15 de diciembre de 2015,
radicación 25000-23-41-000-2016-02003-01 M.P. Lucy Jeannette Bermúdez, sentencia del 17
de noviembre de 2016, radicación 15001-33-33-000-2016-00690-01 M.P. Lucy Jeannette
Bermúdez y sentencia del 15 de septiembre de 2016, radicación 15001-23-33-000-2016-
00249-01 M.P. Lucy Jeannette Bermúdez.
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disposición que consagra una obligación y la explicación del sustento en
el que se funda el incumplimiento.
Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o
expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido
expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la
presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con relación
a la aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de procedencia de la
acción prueba la resistencia del destinatario de la norma a cumplir con ella.
Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es necesario
analizar tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta del destinatario
del deber omitido, puesto que la primera delimita el marco del incumplimiento
reclamado. Y, para demostrar la renuencia tácita es necesario estudiar el
contenido de la petición de cumplimiento que previamente debió formular el
demandante, pues, como se dijo, aquella define el objeto jurídico sobre el cual
versará el procedimiento judicial para exigir el cumplimiento de normas con fuerza
material de ley o actos administrativos [10] (Negrillas fuera de texto).
41. Como fue establecido en el numeral 5.º del artículo 10.º de la Ley 393 de
1997, el agotamiento del requisito de procedibilidad de la acción respecto de
la parte accionada deberá acreditarse con la demanda, so pena de ser
rechazada de plano.
42. En el caso concreto se encuentra la solicitud ante la Rama Judicial-
Consejo Superior de la Judicatura del 8 de noviembre de 2025, en la que la
parte actora solicitó el cumplimiento de los artículos 86 la Constitución y el
artículo 1 del Decreto 2591 de 1991.
43. En el proceso obra constancia de la respuesta otorgada por la entidad, el
1 de diciembre de 2025, en la que se negó a dar aplicación a lo solicitado.
44. Por tanto, para la Sala se encuentra acreditado el requisito de constitución
en renuencia de que trata el artículo 8.º de la Ley 393 de 1997. Como
consecuencia, se pasará al estudio de procedencia de este medio de control.
5. Normas que se piden cumplir y procedencia de la acción
45. La Sala reitera que este mecanismo procura por hacer efectiva la
observancia de normas con fuerza material de ley o de un acto administrativo
que impone determinada actuación u omisión a la respectiva autoridad; es
decir, su objeto es el acatamiento del ordenamiento jurídico vigente. La parte
demandante invocó como disposiciones incumplidas el artículo 86 de la
Constitución Política y el artículo 1 del Decreto 2591 de 1991.
46. Al respecto, la Sala confirmará la decisión de primera instancia, dado que
el artículo 86 de la Constitución Política no es susceptible del mecanismo
constitucional, pues no se trata de una ley o acto administrativo, lo cual hace
improcedente la acción. Al respecto, la Corte Constitucional indicó lo siguiente:
10 [En la providencia se citó «Sobre el tema, Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia
del 24 de junio de 2004, exp. ACU-2003-00724, MP.: Darío Quiñones Pinilla»]
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Cuando dicha disposición señala que el objeto de la acción es hacer efectivo el
cumplimiento de normas aplicables con fuerza material de ley, está indicando que
se trata de hacer efectivos mandatos del legislador, provenientes del Congreso o
del Gobierno en ejercicio de funciones legislativas, cuyo contenido corresponde
a normas de carácter general, impersonal y abstracto. También expresa la
referida disposición que la acción en referencia está diseñada para hacer efectivo
el cumplimiento de actos administrativos, sin especificar si son de contenido
general o particular; por ello hay que entender que aquella procede contra toda
clase de actos administrativos, en las condiciones que la misma ley prescribe.
47. Ahora bien, en cuanto al artículo 1.º del Decreto 2591 de 1991, se tiene
que dicha disposición sí puede ser alegada como incumplida, por lo que
conviene precisar su contenido:
DECRETO 2591 DE 1991
(noviembre 19)
Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86
de la Constitución Política.
Artículo 1º Objeto. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante
los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y
sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata
de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este Decreto.
Todos los días y horas son hábiles para interponer la acción de tutela. La acción
de tutela procederá aún bajo los estados de excepción. Cuando la medida
excepcional se refiera a derechos, la tutela se podrá ejercer por los menos para
defender su contenido esencial, sin perjuicio de las limitaciones que la
Constitución autorice y de lo que establezca la correspondiente ley estatutaria
de los estados de excepción.
48. La citada disposición se encuentra actualmente vigente, no ha sido
derogadas o removida del ordenamiento jurídico mediante providencia judicial
debidamente ejecutoriada.
49. Del mismo modo, el debate que acá se suscita no radica en la defensa de
derechos de carácter fundamental, lo cual hace inviable la acción de tutela
para lograr el fin perseguido. Asimismo, el accionante no tiene a su alcance
otro instrumento judicial que le permita obtener el acatamiento de las normas.
50. Finalmente, ninguna de las anteriores disposiciones conlleva
intrínsecamente un gasto no presupuestado en cabeza del Consejo Superior
de la Judicatura; sin embargo, en el presente caso operó la cosa juzgada,
como pasa a explicarse
6. De la cosa juzgada
51. Esta colegiatura ha manifestado que el objeto de la cosa juzgada es que
los hechos y conductas que se han resuelto judicialmente no puedan ser
debatidos nuevamente en un proceso posterior. Lo anterior, por cuanto lo
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decidido por el juez adquiere las características de vinculante, obligatorio y,
por tanto, de inmutable11.
52. En palabras de la Corte Constitucional:
La cosa juzgada es una institución jurídico procesal mediante la cual se otorga a
las decisiones plasmadas en una sentencia y en algunas otras providencias, el
carácter de inmutables, vinculantes y definitivas. Los citados efectos se conciben
por disposición expresa del ordenamiento jurídico para lograr la terminación
definitiva de controversias y alcanzar un estado de seguridad jurídica12.
53. De acuerdo con lo anterior, según lo prevé el artículo 303 del Código
General del Proceso, los elementos constitutivos de la cosa juzgada son: (i)
identidad de objeto; (ii) identidad de causa y, (iii) identidad jurídica de partes.
54. Ahora bien, la Sala ha establecido que, para estar en presencia del
fenómeno de la cosa juzgada en las acciones de cumplimiento, en principio,
no es necesaria la identidad de partes; en específico, del extremo accionante,
dado el carácter púbico de la acción, lo cual implica que puede instaurarse por
cualquier persona. Tratándose de la identidad de objeto, se verifica la
equivalencia del bien jurídico que se encuentra en disputa. Finalmente, en
relación con la identidad de causa se determina la razón por la cual se acude
a esta instancia13.
55. En esos términos, se procede a verificar si se dan los presupuestos para
declarar la cosa juzgada respecto del proceso con radicado 66001-23-33-000-
2025-00244-01 en el que la Sala negó las pretensiones a través de sentencia
del 4 de diciembre de 2025.
56. Lo anterior, por cuanto en dicha acción de cumplimiento se solicitó el
acatamiento de los artículos 86 de la Constitución Política y 1.º del Decreto
2591 de 1991.
57. En esta oportunidad, la demanda se dirigió contra el Consejo Superior de
la Judicatura y tenía por objeto que se ordenara a dicha entidad la supresión
de la facultad de los Consejos Seccionales de la Judicatura de establecer los
horarios de recepción de tutelas y la expedición de una disposición nacional
que expresamente autorice la recepción de tutelas en todo momento.
58. La Sala concluyó que no se cumplían los requisitos para configurar un
mandato imperativo e inobjetable a cargo del Consejo Superior de la
Judicatura, pues de la lectura del artículo 1.º no era posible inferir cuál es el
verbo rector contentivo del deber desconocido.
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del
30 de enero de 2025. Radicado: 54001 23 33 000 2024 00229 01. C.P. Omar Joaquín Barreto
Suárez.
12 Corte Constitucional, sentencia C-100 de 2019.
13 Ibidem.
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Demandante: Santiago Andrés Cardeño Restrepo
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura
Rad: 05001-23-33-000-2026-00661-01
59. Allí, se afirmó que la norma establece que cualquier persona puede acudir
a la acción de tutela en cualquier momento, pero dicha circunstancia por sí
sola no implica que deba ser tramitada de manera inmediata un día no hábil,
pues para tales efectos el Decreto 2591 de 1991, estableció un procedimiento
que, por su estructura, ya goza de celeridad conforme se colige del artículo 15.
60. Además, se indicó que, desde la presentación del mecanismo
constitucional resulta plausible para el accionante solicitar la adopción de
medidas provisionales encaminada a la protección del derecho fundamental
presuntamente trasgredido, circunstancia que amerita un estudio y
ponderación del juez constitucional en cuanto a su adopción.
61. Finalmente, se indicó que, el juez goza de la prerrogativa de ordenar el
restablecimiento del derecho objeto de amparo, si desde la presentación del
escrito se cuentan con medios de prueba útiles, pertinentes y conducentes que
le permitan colegir de manera clara e irrefutable la trasgresión o potencial
afectación de la garantía constitucional. Como consecuencia, se negaron las
pretensiones de la demanda.
62. En vista de esta decisión judicial, es posible establecer la configuración de
la cosa juzgada sobre la pretensión de cumplimiento dirigida a la al Consejo
Superior de la Judicatura, del artículo 1.° del Decreto 2591 de 1991.
63. Lo expuesto, dado que, en la sentencia del 4 de diciembre de 2025, esta
Sala estudió de fondo, si había lugar a exigir a dicha entidad el cumplimiento
de esta norma y, como consecuencia, ordenar al Consejo Superior de la
Judicatura que permita la radicación de tutelas en cualquier momento, como
se evidencia a continuación:
EXPEDIENTE PARTES OBJETO CAUSA
66001-23-33- Accionante: Juan Artículo 86 de la Suprimir la
000-2025-00244- Esteban Calbo Constitución facultad de los
01 López Política y 1.° del Consejos
Accionado: Decreto 2591 de Seccionales de
Consejo 1991 la Judicatura de
Superior de la establecer los
Judicatura horarios de
recepción de
tutelas.
Recepción de
tutelas en todo
momento, como
lo dispone la
constitución
05001-23-33- Accionante: Artículo 86 de la Realizar los
000-2026-00661- Santiago Andrés Constitución ajustes
Política y 1.° del correlativos en el
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Demandante: Santiago Andrés Cardeño Restrepo
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura
Rad: 05001-23-33-000-2026-00661-01
01-00/01 (caso Cardeño Decreto 2591 de aplicativo web
sub judice) Restrepo 1991 para la
Accionado: radicación de
Consejo acciones de
Superior de la tutela en línea,
Judicatura durante todos los
días de la
semana en
horario 24/7 sin
ninguna
limitación.
64. El esquema anterior nos permite concluir que existe una identidad de
objeto, causa y partes entre el asunto resuelto por esta Sala de decisión el 4
de diciembre de 2025, y el litigio estudiado en el presente caso.
65. Lo anterior permite corroborar la triple identidad a la que hace referencia
el fenómeno de la cosa juzgada. Esto es, ya existe una decisión de fondo y
ejecutoriada en la que se resolvió si el Consejo Superior de la Judicatura está
incumpliendo o no, lo dispuesto en los artículos alegados como desatendidos
en la presente acción.
66. En otras palabras, para la Sala es claro que hay una decisión inmutable,
vinculante y definitiva que resolvió el mismo objeto, en la medida que las
disposiciones cuyo acatamiento se solicitó fueron las mismas, al tiempo que,
la demanda se fundó en la misma causa, pues el sustento fáctico y jurídico es
similar. Ello, en tanto, con independencia de la forma en que se formularon las
pretensiones en cada caso, ambas pretenden que se ordene al Consejo
Superior de la Judicatura que garantice la presentación de acciones de tutela
en todo momento, incluyendo días y horas no hábiles. Por tanto, corresponde
la declaratoria de la cosa juzgada.
67. Del anterior análisis, se concluye que esta Sección revocará parcialmente
la sentencia proferida el 26 de mayo de 2026 proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia con el fin de confirmar la improcedencia respecto
del cumplimiento del artículo 86 de la Constitución Política y declarará la cosa
juzgada respecto del artículo 1.° del Decreto 2591 de 1991.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley
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Demandante: Santiago Andrés Cardeño Restrepo
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura
Rad: 05001-23-33-000-2026-00661-01
FALLA
PRIMERO: Revocar parcialmente la sentencia del 26 de mayo de 2026,
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia con el fin de confirmar la
improcedencia respecto del cumplimiento del artículo 86 de la Constitución
Política y declarará la cosa juzgada respecto del artículo 1.° del Decreto 2591
de 1991, de conformidad con los argumentos expuestos en este fallo.
SEGUNDO: Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la
Ley 393 de 1997.
TERCERO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial
con el número de radicación en el siguiente enlace:
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