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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2026-00726-01

Fecha
25 de junio de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2026-00726-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA Primero: Adicionar el numeral quinto a la sentencia del 19 de mayo de 2026, el cual quedará de la siguiente manera «QUINTO: Negar el amparo constitucional solicitado por la parte actora respecto de las pretensiones dirigidas contra el Juzgado Veintisiete Administrativo de Medellín, conformidad con lo expuesto en la providencia.» Segundo: Confirmar en lo demás la sentencia del 19 de mayo de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Cuarto: Remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 05001-23-33-000-2026-00726-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

25 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

Bogotá D.C., veinticinco (25) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 05001-23-33-000-2026-00726-01
Accionante: Astrid Elena Ramírez García
Accionados: Juzgado Veintisiete Administrativo del Circuito de Medellín y otro

Tema: Tutela contra providencia judicial

Decisión: Confirma parcialmente la decisión impugnada

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

I. ASUNTO

1. LaSubsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la
impugnación formulada por la parte actora contra la providencia del 19 de mayo de
2026 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia mediante la cual declaró
improcedente la acción de tutela.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos

2. La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas a través de la
Resolución 04102019-425587 del 13 de marzo de 2020 reconoció a favor del señor
Oscar de Jesús Ramírez García una indemnización por desplazamiento forzado.

3. El 4 de diciembre de 2024, la señora Astrid Elena Ramírez García presentó ante
la UARIV una solicitud para que se le hiciera entrega de la indemnización
reconocida al señor Ramírez García porque había fallecido, petición que fue
negada mediante oficio LEX 8346729, al considerar que no era posible la entrega,
toda vez que el fallecimiento aconteció antes de que le fuera ordenado el pago.

4. Con ocasión de lo anterior, la accionante promovió el medio de control de
reparación directa contra la UARIV con el propósito de que se declarara
patrimonialmente responsable por falla del servicio, al omitir la entrega de una
indemnización administrativa por desplazamiento forzado.

5. El proceso correspondió al Juzgado Veintisiete Administrativo del Circuito de
Medellín autoridad judicial que mediante providencia del 13 de noviembre de 2025
resolvió rechazar la demanda de plano porque no se agotó el requisito de
procedibilidad de conciliación extrajudicial.

6. Contra la anterior decisión, la accionante presentó recurso de reposición y en
subsidio de apelación, al considerar que no se trataba de una demanda de

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Radicado: 05001-23-33-000-2026-00726-01
Accionante: Astrid Elena Ramírez García

reparación directa, sino del cumplimiento de una obligación que constaba en un
acto administrativo en firme y por lo tanto pedía el pago de una indemnización que
ya había sido reconocida.

7. Así las cosas, el Juzgado Veintisiete Administrativo del Circuito de Medellín
mediante providencia del 5 de febrero de 2026, dispuso revocar la decisión y, en su
lugar, ordenar la remisión del expediente al Juez competente, toda vez que la
pretensión de cumplimiento o ejecución de una obligación contenida en un acto
administrativo se regía por las reglas propias del proceso ejecutivo.

8. Con ocasión de lo anterior, el proceso correspondió por reparto al Juzgado
Octavo Civil Municipal de Medellín1, autoridad judicial que mediante providencia del
12 de marzo de 2026 negó el mandamiento de pago.

2.2. Fundamento jurídico

9. Elaccionante alegó un defecto orgánico por parte del Juzgado Veintisiete
Administrativo de Medellín, pues considera que debió asumir el conocimiento del
proceso, o proponer conflicto negativo entre jurisdicciones.

10. De otra parte, considera que el Juzgado Octavo Civil Municipal de Medellín
incurrió en un defecto procedimental absoluto, toda vez que omitió registrar el
proceso en el portal de la Rama Judicial, lo que le impidió ejercer su derecho de
defensa y contradicción. Además, que no recibió notificación electrónica ni física
del «auto de rechazo».

2.3. Pretensiones

11. Con fundamento en lo anterior, solicitó:

«(…)
AMPARAR de manera integral los derechos fundamentales invocados.
DECLARAR LA NULIDAD de todo lo actuado en el despacho del Juzgado 8° Civil
Municipal de Medellín desde el auto que rechazó la demanda, por falta de
notificación y publicidad, restableciendo los términos legales para actuar.
ORDENAR AL JUZGADO 27 ADMINISTRATIVO DE MEDELLÍN que, en virtud del
principio de justicia material, asuma el conocimiento del asunto o, en su defecto,
que el Juez de Tutela defina de una vez por todas la jurisdicción competente para
evitar que continúe el "ping-pong" judicial.
(…)»

2.4. Intervenciones

12. La acción de tutela de la referencia fue admitida por el Tribunal Administrativo
de Antioquia mediante auto del 8 de mayo de 2026 a través del cual se ordenó
notificar al Juzgado Veintisiete Administrativo del Circuito de Medellin, la Unidad
para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas - UARIV y el Juzgado Octavo
Civil Municipal de Medellin como accionados.

13. El Juzgado Veintisiete Administrativo del Circuito de Medellín después de
hacer un recuento de las actuaciones surtidas al interior del proceso ordinario

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Radicado 05001-40-030-08-2026-00244-00

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informó que todas las decisiones fueron debidamente notificadas a la accionante y
registradas en la plataforma SAMAI.

14. La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas – UARIV
solicitó negar las pretensiones de la acción tutela porque no vulneró los derechos
fundamentales invocados en protección, puesto que dio respuesta a la petición
presentada por la señora Ramírez García dentro de los parámetros legales y
constitucionales exigidos.

15. No se rindieron más informes.

2.5. Sentencia impugnada

16. El Tribunal Administrativo de Antioquia mediante providencia del 19 de mayo de
2026 resolvió declarar improcedente la acción de tutela respecto de las
pretensiones dirigidas contra el Juzgado Octavo Civil Municipal de Medellín, al
considerar que, si bien a través del auto de 12 de marzo de 2026 resolvió negar el
mandamiento de pago, lo cierto era que contra esa decisión no se presentó ningún
recurso.

17. Al respecto, precisó que, de conformidad con el artículo 438 del CGP, el auto
que niegue total o parcialmente el mandamiento de pago es apelable; no obstante,
no existía prueba que acreditara que la accionante promovió dicho recurso; o que
hubiera acudido al incidente de nulidad con fundamento en el numeral 8.° del
artículo 133 del CGP.

18. Por lo anterior, concluyó que, para dejar sin efectos vía tutela, una decisión por
indebida notificación, tal y como lo pretendía la accionante, era necesario demostrar
que la vulneración del derecho fundamental no se pudo evitar por los medios
ordinarios y que se agotaron los recursos y medios de impugnación que el
ordenamiento jurídico establece para el control de la decisión atacada.

19. Ahora, en cuanto a la pretensión de determinar quién es el juez competente para
adelantar la acción de cobro de la indemnización reconocida a su hermano, precisó
que no estaba llamada a prosperar en la medida que el Juzgado Octavo Civil
Municipal de Medellín denegó el mandamiento de pago, al considerar que la
Resolución 04102019-425587 del 13 de marzo de 2020 expedida por la Unidad de
Víctimas, no cumplía con los requisitos del título ejecutivo, decisión que no
configuraba un conflicto negativo de competencia, como de manera errónea lo
interpretaba la accionante.

20. En relación con la orden de pago de la indemnización administrativa, indicó que
no era posible acceder a dicha pretensión, en tanto la acción de tutela no podía
omitir el trámite administrativo legalmente establecido por parte de la Unidad de
Víctimas para el reconocimiento y pago de las indemnizaciones administrativas,
máxime cuando el beneficiario de la indemnización había fallecido.

2.6. Impugnación

21. La parte actora después de insistir en los argumentos de la demanda solicitó
revocar la decisión impugnada y, en consecuencia, amparar los derechos
invocados en protección.

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3. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

22. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas concordantes.

3.2. Problema jurídico

23. De conformidad con lo expuesto, corresponde determinar si el Juzgado
Veintisiete Administrativo de Medellín, al proferir el auto del 5 de febrero de 2026,
incurrió en un defecto orgánico.

24. Asimismo, se establecerá si el Juzgado Octavo Civil Municipal de Medellín
incurrió en un defecto procedimental absoluto, con ocasión de la presunta indebida
notificación de la providencia del 12 de marzo de 2026.

25. Espertinente precisar que ambos problemas jurídicos serán analizados de
manera independiente. En consecuencia, inicialmente se abordará el estudio del
presunto defecto orgánico.

3.4. Procedencia de la acción de tutela

26. La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015.
Fue creada para proteger los derechos constitucionales fundamentales de las
personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados por parte de las
autoridades o por particulares en los casos expresamente señalados en el primer
decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de otro medio de defensa
judicial para hacer valer tales derechos; por ello se puede afirmar que aquella tiene
el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a operar cuando no exista otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.

27. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como
cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a
los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa
perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia, es
susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando
desborda los límites que la Carta le impone.

28. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual,
supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la
protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se
inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa

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medida las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del
proceso. De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de
elaboración jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia
de la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito
garantizar el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía
e independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la
vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.

29. Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y por
lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son: (i)
que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia
constitucional; (ii) que en el proceso se hayan agotado todos los medios de defensa,
tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de quien
demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de
inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se trate
de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto
decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora; (v) que se identifique la situación fáctica que
devino en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias de tutela.

3.4.1. En el presente asunto, la Sala advierte que la pretensión de amparo
constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia,
que habilitan su interposición.

3.4.1.1. En efecto, esta Sala considera que los hechos que generaron la vulneración
de sus derechos fundamentales se encuentran plenamente individualizados.

3.4.1.2. Así mismo se advierte que la providencia objeto de tutela carece de
recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional.

3.4.1.3. Se observa igualmente que la interposición del mecanismo constitucional
se dio en un lapso «razonable y proporcionado», pues, no han transcurrido más de
6 meses desde que profirió la decisión cuestionada en sede de tutela, lo cual ocurrió
el 5 de febrero de 2026 y la interposición de la acción de tutela se presentó el 28
de mayo de la presente anualidad.

3.4.1.4. El asunto a resolver es de marcada relevancia constitucional, en la medida
que se centra en establecer una posible vulneración iusfundamental al debido
proceso, acceso a la administración de justicia, mínimo vital, y reparación integral
como consecuencia del defecto orgánico, el cuales se encuentran fundamentados
razonablemente.

30. Visto lo anterior, la Sala procede a resolver el fondo de la controversia.

3.5. El defecto orgánico como causal de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial

31. En lo que atañe al defecto orgánico, la Corte Constitucional sostuvo, en la
sentencia T-643-2017, que se refiere a un vicio relacionado a la competencia, es
decir que la autoridad que profirió la providencia cuestionada carece de

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competencia para conocer del asunto a resolver. Tiene como fuente principal el
artículo 121 de la Constitución, el cual dispone que las autoridades del Estado solo
pueden ejercer las funciones que les asigna la Constitución y la ley.2

32. Al respecto, la misma Corte, en la sentencia SU 072-2018, precisó que se
configura en dos situaciones: (i) cuando el peticionario se encuentra supeditado a
una situación en la que existe una actuación consolidada y no tiene otro mecanismo
de defensa como es el caso de una decisión que está en firme y fue dada por un
funcionario que carecía de manera absoluta de competencia, y cuando (ii) en el
transcurso del proceso, el actor puso de presente las circunstancias de
incompetencia absoluta y dicha situación fue desechada por los jueces de instancia,
incluso en el trámite de recursos ordinarios y extraordinarios, validándose así una
actuación erigida sobre una competencia inexistente3.

33. Según la Corte Constitucional4, este defecto tiene un (i) carácter funcional
cuando los jueces desconocen su esfera de competencias y por el contrario
interfieren en ámbitos funcionales que no les corresponden de acuerdo a lo que
dicta la Constitución Política y la ley, y extralimitan su ejercicio quebrantando el
derecho fundamental al debido proceso; y un (ii) carácter temporal, cuando la
autoridad a pesar de contar con atribuciones para realizar determinada conducta,
lo hace por fuera del término consagrado para ello5.

3.5.1. Análisis de la presunta configuración del defecto orgánico en el caso
concreto

34. La parte accionante alega la configuración de un defecto orgánico, pues, a su
juicio, el Juzgado Veintisiete Administrativo de Medellín debió asumir el
conocimiento del proceso, o proponer conflicto negativo entre jurisdicciones.

35. De conformidad con el material probatorio obrante en el proceso,
se observa que dicha autoridad mediante providencia del 13 de noviembre de 2025
resolvió rechazar la demanda de plano porque no se agotó el requisito de
procedibilidad de conciliación extrajudicial.

36. Contra la anterior decisión, la accionante presentó recurso de reposición y en
subsidio de apelación, al considerar que no se trataba de una demanda de
reparación directa, sino del cumplimiento de una obligación que constaba en un
acto administrativo en firme y por lo tanto pedía el pago de una indemnización que
ya había sido reconocida.

37. Con fundamento en lo anterior, mediante providencia del 5 de febrero de 2026,
dispuso revocar la decisión del 13 de noviembre de 2025 por medio de la cual se
rechazó la demanda. En consecuencia, ordenó la remisión del expediente al juez
competente, al considerar:

2 Corte Constitucional SU072 - 2018
3 Corte Constitucional SU072-2018
4 Sentencia T-267-2013
5 Sentencia T-267-2013 Corte Constitucional.

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«De antemano y en aras de garantizar el derecho de acceso a la administración de
justicia, el despacho dirá que revocará la decisión impugnada y en su lugar ordenará
la remisión del expediente al Juez competente para que asuma su conocimiento.

En efecto, y si bien el Juzgado nunca confundió el medio de control presentado
pues claramente en la demanda se especificó que se trataba de una Reparación
Directa debido a falla del servicio por omisión en la entrega de una indemnización
administrativa, lo cierto es que en el escrito contentivo de los recursos la parte
actora manifiesta, sin duda alguna, que el propósito de la demanda es el
CUMPLIMIENTO o PAGO de una OBLIGACIÓN contenida en un acto
administrativo de donde se colige que se trata de una ACCIÓN EJECUTIVA que
para su interposición no requiere como presupuesto procesal agotar el requisito de
procedibilidad de la conciliación prejudicial.

En consecuencia, sería del caso admitir la demanda conforme a una acción
ejecutiva singular, sin embargo, se advierte que el despacho carece de
JURISDICCIÓN para conocer del asunto en virtud de lo previsto en el artículo 104
del Cpaca, cuyo texto dice:
(…)
De la transcripción de la norma se tiene que esta Jurisdicción conoce de los
ejecutivos derivados de i) las condenas impuestas y ii) las conciliaciones aprobadas
por esta jurisdicción, así como los iii) provenientes de laudos arbitrales en que
hubiere sido parte una entidad pública; e, iv) igualmente los originados en los
contratos celebrados por esas entidades.

En el presente caso se reclama el pago de la obligación contenida en la Resolución
04102019-425587 - del 13 de marzo de 2020 expedida por la Unidad Administrativa
Especial De Atención y Reparación Integral a las Victimas (UARIV), en la que se
reconoce el derecho a la medida de indemnización administrativa por el hecho
victimizante de DESPLAZAMIENTO FORZADO a favor del señor Oscar de Jesús
Ramírez García, por consiguiente esta jurisdicción de lo contencioso administrativo
no es competente para conocer el trámite de dicha demanda.
(…)»

38. Así las cosas, en criterio de esta Sala, la decisión no implica la vulneración de
derechos fundamentales y menos aún una invasión de competencias, como lo
señala la parte demandante; contrario sensu, se advierte que al declarar que
carecía de jurisdicción y, en consecuencia remitir el proceso a la jurisdicción
ordinaria para que asumiera el conocimiento del asunto, no puede considerarse per
se, violatorio de derechos fundamentales, pues dicha manifestación corresponde
únicamente al ejercicio de la función prevista a cargo de los jueces, conforme se
deduce del contenido normativo de los principios constitucionales de autonomía e
independencia judicial.

39. En suma, la Sala considera que la presente solicitud de tutela no tiene vocación
de prosperidad, toda vez que la decisión de remitir el proceso a la autoridad judicial
concretamente a los Juzgados Civiles Municipales es producto del ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, por lo que debe ser respetada en virtud
de los principios de autonomía e independencia judicial.

40. Ahora, la inconformidad de la accionante no se dirige realmente a cuestionar la
competencia funcional del despacho judicial accionado, sino la interpretación
jurídica que este efectuó respecto de la jurisdicción llamada a conocer de la
controversia. No obstante, las discrepancias hermenéuticas o los desacuerdos
frente a las conclusiones jurídicas adoptadas por los jueces naturales no
constituyen, por sí mismos, una vulneración de derechos fundamentales ni habilitan
la intervención del juez constitucional.

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41. Tampoco advierte la Sala que el despacho judicial estuviera obligado a promover
un conflicto de jurisdicciones como lo alega la parte actora, pues la providencia
cuestionada se limitó a declinar el conocimiento del asunto y a remitir el expediente
a la autoridad que consideró competente, actuación que encuentra respaldo en las
facultades legalmente atribuidas a los jueces para verificar su competencia y
adoptar las decisiones procesales correspondientes. En consecuencia, no se
evidencia una actuación arbitraria, caprichosa o manifiestamente irrazonable que
permita concluir la configuración de un defecto orgánico.

42. Así las cosas, es claro para la Sala que el Juzgado no excedió el marco de sus
competencias y menos aún quebrantó los derechos fundamentales invocados en
protección, razón por la cual se debe adicionar el numeral quinto a la sentencia del
19 de mayo de 2026 para negar el amparo constitucional solicitado por la parte
actora respecto de las pretensiones dirigidas contra el Juzgado Veintisiete
Administrativo de Medellín.

3.6. En virtud de lo anterior, la Sala procederá a resolver el segundo problema
jurídico planteado, esto es, si el Juzgado Octavo Civil Municipal de Medellín incurrió
en un defecto procedimental absoluto, con ocasión de la presunta indebida
notificación de la providencia del 12 de marzo de 2026.

3.6.1. Del requisito de subsidiariedad

43. Elinciso 3º del artículo 86 de la Constitución consagró el requisito de
subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y determinó
que «[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio
de defensa judicial», precepto reglamentado por el numeral 1º del artículo 6º del
Decreto 2591 de 1991.

44. Así las cosas, cuando existen otros mecanismos de defensa judicial que resultan
idóneos y eficaces para solicitar la protección de los derechos que se consideran
amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos y no a la tutela.

45. Al respecto, la Corte Constitucional ha determinado que cuando una persona
recurre a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos sus
derechos, no puede desconocer las acciones judiciales contempladas en el
ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones
paralelas a las del funcionario que conoce de un determinado asunto radicado bajo
su competencia6.

46. No obstante, es claro que en determinadas oportunidades el enfoque bajo el cual
se resuelven no es suficiente para precaver la vulneración de derechos
fundamentales, puesto que los recursos pueden ser ineficientes o inadecuados,
momento en el cual la tutela se torna procedente para precaver la eventual
conculcación de estas garantías de orden superior.

6 En sentencia T-313 de 1 de abril de 2005, se estableció: «En efecto, la Constitución y la ley estipulan (sic) un

dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que tienen como objetivo común garantizar el
ejercicio pleno de los derechos constitucionales, en consonancia con el cumplimiento de los demás fines del
Estado previstos en el artículo 2 Superior. Por tanto, una comprensión ampliada de la acción de tutela, que
desconozca el requisito de subsidiariedad, vacía el contenido de las mencionadas competencias y, en
consecuencia, es contraria a las disposiciones de la Carta Política que regulan los instrumentos de protección
de los derechos dispuestos al interior de cada una de las jurisdicciones».

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3.6. Análisis del requisito de subsidiariedad

47. La parte actora alega que el Juzgado Octavo Civil Municipal de Medellín incurrió
en un defecto procedimental absoluto, toda vez que omitió registrar el proceso en
el portal de la Rama Judicial, lo que le impidió ejercer su derecho de defensa y
contradicción. Además, que no recibió notificación electrónica ni física del «auto de
rechazo».

48. Al respecto, esta Sala considera como lo hizo el juez constitucional de primera
instancia que la presente acción de tutela es improcedente por falta del requisito de
subsidiariedad por las razones que se expondrán a continuación.

49. De la información disponible en el aplicativo de Consulta Unificada de Procesos
de la Rama Judicial se puede advertir que, en efecto el proceso fue repartido el 18
de febrero de 2026 al Juzgado Octavo Civil Municipal de Medellín. Sin embargo,
dicha autoridad judicial a través del auto 12 de marzo de 2026 resolvió negar el
mandamiento ejecutivo. Decisión contra la que no se presentaron los recursos
correspondientes.

50. En ese contexto, la Subsección coincide con lo señalado por el juez
constitucional, en cuanto precisó que no obra prueba alguna que permita acreditar
que la accionante interpuso el recurso de apelación previsto en el artículo 438 del
Código General del Proceso, ni que promovió incidente de nulidad con fundamento
en la causal prevista en el numeral 8 del artículo 133 ibidem.

51. Ahora bien, en relación con el reproche consistente en que la providencia del 12
de marzo de 2026 no fue notificada en debida forma, la Sala considera que este no
está llamado a prosperar. En efecto, de la consulta efectuada al portal de la Rama
Judicial se evidencia que dicha decisión fue incorporada al sistema y notificada por
estado el 13 de marzo de 2026, esto es, al día siguiente en que se profirió, como
se pasa a ver a continuación:

52. En ese contexto, no resulta acertada la afirmación de la accionante según la cual
la actuación no fue publicada ni registrada en el portal de la Rama Judicial, pues,
por el contrario, lo anterior, permite constatar que la autoridad judicial accionada
cumplió con la carga procesal de efectuar la respectiva notificación por estado.

53. Así las cosas, la omisión de la parte interesada en consultar oportunamente el
estado del proceso e interponer los recursos procedentes contra la decisión
cuestionada no puede trasladarse a la autoridad judicial accionada para predicar la

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vulneración de derechos fundamentales.

54. Por ende, emerge con claridad que la acción de tutela no cumple con el requisito
de subsidiariedad, en la medida que no se presentaron los recursos procedentes
contra la providencia que la parte actora pretende infirmar a través del presente
mecanismo.

55. Además, es menester señalar que en el presente asunto no se demostró la
existencia de un perjuicio irremediable que haga necesaria la intervención del juez
constitucional, ni se argumentó la existencia del mismo, por lo que no hay lugar a
dar por cumplido el requisito de la subsidiariedad.

56. Así las cosas, dado que la acción de tutela es un mecanismo subsidiario que
permite reconocer la validez y viabilidad de los medios y recursos ordinarios de
protección judicial como dispositivos legítimos y prevalentes para la salvaguarda de
los derechos, ese reconocimiento obliga a los asociados a incoar los recursos
jurisdiccionales con los que cuenten para conjurar la situación que estimen lesiva
de sus derechos.

57. En ese sentido, la jurisprudencia constitucional7 ha sido clara en reiterar que las
personas deben hacer uso de todos los recursos ordinarios y extraordinarios que el
sistema judicial ha dispuesto para conjurar la situación que amenaza o lesiona sus
derechos, de tal manera que se impida el uso indebido de la acción de tutela como
vía preferente o instancia judicial adicional de protección.

58. De tal modo, al no comprobarse la inminencia, ni existencia de un perjuicio
irremediable, no resulta procedente un estudio de fondo cuando no se han resuelto
los medios de defensa judicial procedentes, idóneos y efectivos para obtener el
amparo de sus derechos, razón por la cual es predicable la improcedencia de la
presente acción de tutela.

59. En ese orden de ideas, la Sala procederá a confirmar la decisión de declarar la
improcedencia de la presente acción, por falta del requisito de subsidiariedad, pues,
se reitera, dentro de las facultades del juez constitucional no se encuentra la de
sustituir las herramientas judiciales idóneas para obtener la protección
iusfundamental quebrantada, porque de lo contrario, la acción de tutela se
convertiría irremediablemente en un medio de protección alternativo que lejos de
amparar un derecho vulnerado, propiciaría un desborde institucional en el
cumplimiento de las funciones que le encomendó la Carta a los jueces
constitucionales.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

7 Sentencia T-375 de 2018. Corte Constitucional.

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Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Acción De Tutela
Radicado: 05001-23-33-000-2026-00726-01
Accionante: Astrid Elena Ramírez García

FALLA

Primero: Adicionar el numeral quinto a la sentencia del 19 de mayo de 2026, el
cual quedará de la siguiente manera

«QUINTO: Negar el amparo constitucional solicitado por la parte actora
respecto de las pretensiones dirigidas contra el Juzgado Veintisiete
Administrativo de Medellín, conformidad con lo expuesto en la providencia.»

Segundo: Confirmar en lo demás la sentencia del 19 de mayo de 2026, proferida
por el Tribunal Administrativo de Antioquia, de conformidad con las razones
expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

Cuarto: Remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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