Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2026-00768-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2026-00768-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 05001-23-33-000-2026-00768-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
16 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., dieciséis (16) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia Acción de tutela
Radicación 05001-23-33-000-2026-00768-01
Demandante SONIA DEL CARMEN ORTEGA MONSALVE
Demandada JUZGADO QUINCE CIVIL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN
Temas Acción de tutela. Estabilidad laboral reforzada de prepensionada.
Desvinculación por edad de retiro forzoso.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la señora Sonia del Carmen Ortega
Monsalve contra el fallo de tutela de 2 de junio de 2026, proferido por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Decisión, que dispuso lo siguiente:
«PRIMERO. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por Sonia del
Carmen Ortega Monsalve en contra del Juzgado Quince Civil del Circuito de Oralidad de
Medellin, por incumplimiento del requisito de subsidiariedad, de conformidad con las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia».
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 12 de mayo de 2026, la señora Sonia del Carmen Ortega Monsalve interpuso
acción de tutela, en nombre propio, contra el Juzgado Quince Civil del Circuito de
Medellín, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la dignidad
humana, mínimo vital y protección laboral reforzada.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«PRIMERO. Tutelar mis derechos fundamentales a la dignidad humana, mínimo vital y
protección laboral reforzada en calidad de pre-pensionada, y todos aquellos que el despacho
estime vulnerados.
SEGUNDO. Ordenar al Juez Quince Civil del Circuito de Oralidad de Medellín Jorge William
Campos Foronda, revocar la Resolución 016 del 4 de mayo de 2026 por la cual se dispuso
mi retiro del servicio por llegar a la edad de 70 años.
De manera subsidiaria, Ordenar al Juez Quince Civil del Circuito de Oralidad de Medellín
Jorge William Campos Foronda, modificar la Resolución 016 del 4 de mayo de 2026 en el
sentido que el efecto del retiro del servicio solo se producirá una vez Colpensiones reconozca
mi derecho a la pensión de vejez y me ingrese a su nómina».
2. Hechos
Del expediente, los hechos relevantes son los siguientes:
2.1. En octubre de 2001, la señora Sonia del Carmen Ortega Monsalve fue
nombrada en propiedad en el cargo de oficial mayor del Juzgado Quince Civil
del Circuito de Medellín.
2.2. En oficio DESAJMEO26-1180 de 6 de abril de 2026, rotulado como «PROXIMO
CUMPLIMIENTO EDAD DE RETIRO FORZOSO SONIA DEL CARMEN ORTEGA
MONESALVE (sic)» la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
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de Medellín requirió al juez del Juzgado Quince Civil del Circuito de Medellín
en los siguientes términos:
«En atención a la revisión que se hiciera en el sistema de Nómina EFINÓMINA, sobre
servidores judiciales que a la fecha se encuentran activos y que han cumplido o van a cumplir
la edad de retiro forzoso, se encuentra la empleada judicial SONIA DEL CARMEN ORTEGA
MONSALVE (…) quien actualmente se desempeña como OFICIAL MAYOR CIRCUITO en el
JUZGADO 15 CIVIL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, cuya fecha de nacimiento es el 18 de
mayo de 1956.
En consecuencia, se solicita proceder de conformidad con el artículo 1 de la Ley 1821 de
2016 y artículo 138 del Decreto 1660 de 1978, y aquellas otras normas relacionadas con las
autoridades nominadoras de la Rama Judicial, referidas en los artículos 131 y 175 de la Ley
270 de 1996.
De su decisión, por favor informar al Grupo de Asuntos Laborales a través del Portal de
Servicios Administrativos y al Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia para lo de su
competencia, informando sobre la vacancia creada dentro de los 3 días siguientes conforme
al Acuerdo PSAA08-4856 de 2008.
El no tramitar el retiro del servidor judicial es una situación que acarrea inconsistencias en la
liquidación de la nómina y un incumplimiento por parte del nominador de sus obligaciones
legales, al generar un detrimento patrimonial en contra del Estado».
2.3. Mediante resolución 016 de 4 de mayo de 2026, el Juez Quince Civil del
Circuito de Medellín dispuso el retiro del servicio de la empleada Sonia del
Carmen Ortega Monsalve, por cumplir la edad de retiro forzoso, a partir del 19
de mayo de 2026.
2.4. El 12 de mayo de 2026, la tutelante presentó renuncia al cargo a partir del 1°
de julio de 2026.
2.5. La accionante afirmó que próximamente cumplirá 70 años y que cuenta con
1245,14 semanas cotizadas en Colpensiones.
3. Fundamentos de la acción
La tutelante afirmó que está amparada por la garantía constitucional de estabilidad
laboral reforzada, dada su condición de prepensionada. Aseguró que cuenta con tal
calidad porque (i) está próxima a cumplir 70 años y (ii) únicamente le faltan 5
semanas de cotización al sistema pensional para cumplir los requisitos de la pensión
de vejez, esto es las 1.250 semanas exigidas. Agregó que por ser un adulto mayor
es sujeto de una especial protección constitucional, conforme lo establecen las
sentencias T-521 de 2024 y T-842 de 2012 de la Corte Constitucional.
Aseguró que conforme al precedente constitucional existe una prohibición de aplicar
de forma automática el retiro forzoso. Si bien la Ley 1821 de 2016 establece los 70
años como edad de retiro forzoso en el sector público, la Corte Constitucional en las
sentencias T-643 de 2015 y T-360 de 2017 ha establecido una subregla sobre la
materia: el retiro no puede ser automático ni objetivo si la entidad conoce que el
trabajador está próximo a consolidar su derecho pensional. Específicamente, la
sentencia T-521 de 2024 señala que la Administración debe realizar un ejercicio de
ponderación y razonabilidad antes de desvincular a un adulto mayor, evaluando si
queda en estado de desamparo.
En su caso, el Juez Quince Civil del Circuito de Medellín aplicó la causal de retiro
forzoso de forma objetiva y automática, sin realizar una valoración de sus
circunstancias particulares y de su proximidad al estatus pensional. Por
consiguiente, aquel desconoció la subregla jurisprudencial que prohíbe el retiro
indiscriminado de adultos mayores sin asegurar su mínimo vital.
Manifestó que la jurisprudencia ha ordenado «el reintegro de servidores cuando falta un
“corto período de tiempo” para pensionarse, con el fin de que no se frustre el acceso a una vejez
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digna». En su caso solo faltan 5 semanas de cotización. Por lo tanto, su retiro resulta
desproporcionado e irrazonable, ya que «el daño de quedar sin pensión de por vida es
infinitamente superior al beneficio de renovar la planta de personal en un mes de servicio».
Manifestó que el salario que percibe constituye su única fuente de ingresos. Al ser
retirada del servicio sin haber consolidado su derecho de disfrutar de la pensión
quedó en un estado de desamparo absoluto, pues dada su edad las probabilidades
de reintegrarse al mercado laboral para cotizar las pocas semanas restantes son
nulas. Esto compromete su subsistencia digna y sus necesidades básicas de
alimentación, salud y vivienda.
Explicó que presentó su renuncia a partir del 1° de julio de 2026, a fin de garantizar
el cumplimiento de los requisitos legales y administrativos para acceder a la pensión
de vejez, pues a partir de esa fecha consolidaría su derecho a la pensión. Asimismo,
mencionó que frente al acto administrativo que dispuso su desvinculación «no se
concedieron recursos de la vía administrativa».
Finalmente, solicitó como medida provisional la suspensión temporal de «los efectos
de la Resolución No. 016 del 4 de mayo de 2026 mientras se profiere el fallo de fondo en la presente
acción de tutela (…) pido que se ordene al Juez Quince Civil del Circuito de Oralidad de Medellín
que se abstenga de hacer efectivo mi retiro».
Consideró que la medida provisional solicitada es procedente, porque se cumplen
con los criterios de inminencia, gravedad y urgencia para el decreto de la medida
provisional solicitada. La desvinculación laboral a sus casi 70 años extingue su única
fuente de ingresos, lo que constituye un atentado grave contra su dignidad humana
al quedar desprovista de los medios para satisfacer necesidades básicas de
alimentación y salud. Agregó que la medida cautelar es necesaria para evitar que
mientras dure el proceso se consolide un daño a su mínimo vital que no podría ser
reparado posteriormente.
4. Trámite e intervenciones
4.1. Mediante auto de 15 de mayo, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Unitaria
de Decisión Civil remitió el asunto al Tribunal Administrativo de Antioquia, en
virtud de las reglas de reparto contenidas en el Decreto 333 de 2021.
Puntualmente, se refirió al artículo 1, numeral 8 de dicho Decreto que dispone
lo siguiente: «Cuando se trate de acciones de tutela presentadas por funcionarios o
empleados judiciales, que pertenezcan o pertenecieron a la jurisdicción ordinaria, el
conocimiento corresponderá a la jurisdicción de lo contencioso administrativo».
4.2. En auto de 20 de mayo de 2026, se admitió la acción de tutela interpuesta por
la señora Sonia del Carmen Ortega Monsalve contra el Juzgado Quince Civil
del Circuito de Medellín; se vinculó a la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Medellín; se negó la medida provisional; y se ordenó
efectuar las notificaciones correspondientes.
4.3. En auto de 21 de mayo de 2026, se vinculó a Colpensiones.
4.4. El Juez Quince Civil del Circuito de Medellín manifestó que no se cumple
con el requisito de subsidiariedad, porque contra la resolución 016 del 4 de
mayo de 2026 procedían recursos ordinarios que la accionante no agotó.
Resaltó que la señora Sonia del Carmen Ortega Monsalve, en su condición de
abogada y servidora judicial de la Rama Judicial, conocía los mecanismos
judiciales disponibles frente al acto administrativo cuestionado. En
consecuencia, solicitó declarar improcedente la acción de tutela por
incumplimiento del requisito de subsidiariedad.
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Subrayó que la actora no expuso oportunamente circunstancias económicas,
familiares o de seguridad social que permitieran advertir una afectación
concreta de sus derechos fundamentales, pese a que fue requerida en ese
sentido.
De otra parte, afirmó que sí realizó un ejercicio de ponderación, tal como lo
exige la jurisprudencia. Precisó que la decisión no obedeció a una aplicación
automática de la causal objetiva de retiro forzoso, sino al desarrollo de un
procedimiento previo, serio y diligente, orientado a verificar las circunstancias
particulares de la empleada. Explicó que el 3 de marzo de 2026 se reunió con
la accionante y el secretario del despacho para contextualizarla sobre su retiro
del servicio por retiro forzoso. En dicha reunión, la accionante manifestó que
había solicitado corrección de semanas cotizadas ante su fondo de pensiones
y que adelantaba gestiones para obtener el reconocimiento de su pensión.
Adujo que mediante oficio 20 del 3 de marzo de 2026 se le solicitó información
soportada sobre el número de semanas cotizadas, el estado de los trámites
pensionales iniciados y cualquier circunstancia adicional relevante. Sin
embargo, afirmó que la respuesta allegada por la tutelante fue parcial.
Además, no hizo referencia a eventuales afectaciones económicas, familiares
o de seguridad social que debieran ser consideradas.
Indicó que los días 6 de marzo y el 7 de abril de 2026 ofició a Colpensiones, a
fin de conocer la situación pensional de la empleada, pero no obtuvo
respuesta. Por su parte, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Medellín le ordenó proceder conforme a la causal de retiro forzoso
e informar la decisión, advirtiendo que la omisión del trámite podría constituir
incumplimiento de deberes legales como nominador.
Adujo que con el fin de contar con mayores elementos de ponderación
encontró, mediante plataformas públicas, la existencia del proceso laboral
ordinario de radicado 05001-31-05-029-2024-00046-00, relacionado con el
cambio de régimen pensional de la accionante. En dicho proceso se aportó
certificación expedida por Colpensiones el 30 de abril de 2025, que acreditaba
su afiliación desde el 01 de mayo de ese año. En consecuencia, aseguró que
desde el año 2025 la accionante conocía que no cumplía con las semanas
mínimas requeridas para acceder a la pensión y que solo inició la solicitud de
corrección de historia laboral hasta el 20 de febrero de 2026, pocos meses
antes de cumplir la edad de retiro forzoso. Calificó tal gestión como tardía.
Aseguró que la ausencia de reconocimiento pensional no impide la aplicación
de la causal objetiva de retiro forzoso prevista en el numeral 4 del artículo 149
de la Ley 270 de 1996, razón por la cual la administración se encontraba
obligada a proceder con la desvinculación una vez cumplida la edad
legalmente establecida.
Finalmente, consideró que no existe afectación cierta al mínimo vital de la
accionante. Las afirmaciones expuestas por la tutelante carecen de soporte
probatorio y no evidencian circunstancias excepcionales que justifiquen la
intervención del juez constitucional. Agregó que la desvinculación constituye
una consecuencia legal del retiro forzoso y que la accionante tendría derecho
al pago de salarios causados, prestaciones sociales y liquidación definitiva
derivada de su retiro del servicio.
4.5. La Dirección Seccional de Administración Judicial de Medellín sostuvo
que la edad máxima para el retiro del servicio de los servidores públicos es de
70 años, lo cual constituye una causal objetiva de retiro forzoso que no admite
excepciones discrecionales. Por tal motivo, mediante oficio DESAJMEO26-
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1180 de 6 de abril de 2026 le solicitó al juez nominador la adopción de la
decisión administrativa correspondiente, para evitar incumplir la normativa
vigente.
En cumplimiento de tal requerimiento, el 21 de mayo de 2026 el juez
nominador reportó la novedad de radicado 806652, por medio del cual dispuso
el retiro del servicio de la accionante. En consecuencia, el Grupo de Asuntos
Laborales procedió a registrar la novedad en el sistema de liquidación de
nómina EFINÓMINA y señaló que, dado que la vinculación de la accionante
estuvo activa hasta el 18 de mayo del 2026, la nómina correspondiente a dicho
mes únicamente abarcó el pago 18 días laborados.
Precisó que no es quien toma tales decisiones administrativas, ya que esto
corresponde al titular de cada despacho y es de acuerdo con las novedades
reportadas por ellos que el Grupo de Asuntos Laborales, adscrito a la Dirección
Seccional, efectúa su procesamiento. Añadió que la existencia de un vínculo
laboral con esta entidad es necesaria para sustentar las correspondientes
erogaciones presupuestales que se generen, y en el caso, no existe vínculo
vigente.
Finalmente, sostuvo que no incurrió en la vulneración de los derechos
fundamentales invocados y que no le compete lo solicitado por la accionante.
4.6. La Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, manifestó
que no es la autoridad encargada de atender lo solicitado por la parte actora y
que no existe vulneración de los derechos fundamentales que le sea atribuible,
dado que no tiene trámites o peticiones pendientes por resolver. Aseguró que
no tiene injerencia frente a lo solicitado en la tutela por la accionante, esto es
que su nominador se abstenga de hacer efectivo el retiro.
Sostuvo que el 7 de mayo de 2026 le informó al Juzgado Quince Civil del
Circuito de Medellín que la accionante contaba con 1245,14 semanas
cotizadas de pensión, según consta en su historia laboral.
En consecuencia, pidió negar la acción de tutela en lo que respecta a
Colpensiones.
4.7. En auto de 27 de mayo de 2026, se vinculó al Juzgado Veintinueve Laboral
del Circuito de Medellín, en el cual cursó un proceso ordinario laboral, por
cambio de régimen, y a la AFP Porvenir S.A.
4.8. La AFP Porvenir SA. indicó que la accionante no se encuentra afiliada a esa
administradora, sino a Colpensiones desde el 1° de mayo de 2025. Por
consiguiente, afirmó que es ajena a la presunta vulneración de los derechos
fundamentales invocados y alegó su falta de competencia en el asunto.
Solicitó negar o declarar improcedente la acción de tutela, en lo que le
concierne.
4.9. El Juzgado Veintinueve Laboral del Circuito de Medellín remitió el
expediente de radicado 05001-31-05-029-2024-00046-00, contentivo del proceso
ordinario laboral que cursó en dicho despacho, instaurado por la tutelante
contra Colpensiones y Porvenir S.A. a fin de lograr su traslado al régimen de
prima media con prestación definida.
4.10. En auto de 29 de mayo de 2026, se dispuso «advertir al Despacho de la Magistrada
Martha Nury Velásquez Bedoya que entre la acción de tutela con radicado 05001 23 33 000
2026 00818 00 y la acción de tutela con radicado 05001 23 33 000 2026 00768 00 existe
identidad plena». Por lo tanto, se ordenó «DEVOLVER el expediente No. 05001 23 33
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Radicado: 05001-23-33-000-2026-00768-01
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000 2026 00818 00 al Despacho 4 de esta Corporación para que adopte la decisión de fondo
que corresponda». El referido despacho, al que se envió la tutela, profirió auto
ordenando «REMITIR EN FORMA INMEDIATA la presente acción de tutela al Despacho del
Magistrado Carlos Enrique Pinzón Muñoz del Tribunal Administrativo de Antioquia para
conocer de la acción de tutela de la referencia».
4.11. La accionante allegó memorial en el cual afirmó que la Oficina Judicial / Oficina
de Reparto realizó en dos fechas diferentes el reparto a dos magistrados
distintos de la Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín, de la única acción
de tutela interpuesta contra el Juzgado Quince Civil del Circuito de Medellín,
por la vulneración de sus derechos fundamentales a la estabilidad laboral
reforzada, dignidad humana y mínimo vital.
Informó que el 12 de mayo de 2026 radicó la acción de tutela contra el Juzgado
Quince Civil del Circuito de Medellín y en vista de que no recibía información
sobre el reparto o admisión el 14 de mayo de 2026 solicitó información. El 15
de mayo de 2026 recibió un correo desde la cuenta
tutelaenlinea@deaj.ramajudicial.gov.co donde requerían a la Oficina Judicial / Oficina
de Reparto (correo apptutelasant@cendoj.ramajudicial.gov.co) información sobre el
avance del proceso. El mismo 15 de mayo de 2026 se le informó del reparto
de la tutela al magistrado Martín Agudelo Ramírez de la Sala Civil del Tribunal
Superior de Medellín, mediante acta individual de reparto
05001220300020260033800 del 15 de mayo de 2026.
Informó que el 20 de mayo de 2026 desde la cuenta
reparto018ofjmed@cendoj.ramajudicial.gov.co se le informó que la tutela radicada el
12 de mayo con el número 3827734 fue asignada al magistrado Julián
Valencia Castaño de la Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín, mediante
acta individual de reparto 05001220300020260035000 del 20 de mayo de 2026,
(ver anexos 04 y 04.1) quien, a su vez, mediante auto notificado el 21 de mayo
de 2026, remitió por competencia al Tribunal Administrativo de Antioquia.
5. Providencia impugnada
Mediante sentencia de 2 de junio de 2026, el Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Cuarta de Decisión declaró la improcedencia de la acción de tutela por
considerar que no se cumple con el requisito de subsidiariedad. En criterio de la
autoridad judicial, la tutelante debe acudir al medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho a fin de controvertir el acto administrativo, mediante el
cual se dispuso su retiro del servicio por haber alcanzado la edad de retiro forzoso
de 70 años, prevista en el artículo 1 de la Ley 1821 de 2016.
Reconoció que la accionante tiene la condición de prepensionada, debido a que
únicamente le faltan 5 semanas para completar las 1.250 exigidas legalmente para
el año 2026. No obstante, adujo que «el reconocimiento formal de la condición de
prepensionada no conduce, por sí solo, a la concesión del amparo».
Afirmó que la tutelante no acreditó que su retiro del servicio, dispuesto con
fundamento en una causal objetiva, le hubiese generado un perjuicio irremediable
que habilite la intervención del juez constitucional. Aquella no probó ante el
nominador, durante la actuación administrativa, ninguna circunstancia económica,
familiar o de salud que evidenciara una situación de desamparo material real y
concreto, pese a que expresamente se le solicitó tal información.
Agregó que al producirse el retiro por una causal legal y objetiva, la actora tiene
derecho a percibir los salarios devengados y la liquidación de sus prestaciones
sociales, correspondientes. Por consiguiente, sostuvo que se desvirtuó la
inminencia de un perjuicio irremediable.
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6. Impugnación
La parte actora impugnó la sentencia de primera instancia. De entrada, manifestó
que de su parte no ha existido temeridad. Afirmó que solo presentó una acción de
tutela y que la duplicidad de trámites obedeció a un error administrativo en la oficina
de reparto judicial, que asignó su caso a dos magistrados diferentes.
Informó que dio respuesta al oficio 020 del 3 de marzo de 2026, mediante el cual el
juez Jorge William Campos Foronda le solicitó información sobre el número de
semanas cotizadas, el estado actual de las diligencias para obtener la pensión de
vejez y cualquier información adicional. Le informó al nominador que para el 3 de
marzo de 2026, según el reporte de la historia laboral descargado de Colpensiones,
contaba con 1.229,71 semanas cotizadas. También puso en conocimiento del juez
nominador que solicitó la corrección de la historia laboral en febrero de 2026 en
relación con las semanas cotizadas por la Rama Judicial que no aparecen en la
historia laboral.
Agregó que debido a que aún no cuenta con las semanas mínimas para acceder a
la pensión de vejez no es posible solicitar tal derecho. Precisó que para el momento
de la presentación de la acción de tutela se logró la corrección de la historia laboral,
de manera que a marzo de 2026 contaba con 1.229,71 semanas y para el 11 de
mayo de 2026 registraban 1.245,14 semanas cotizadas. Sin embargo, resaltó que
no alcanza las 1.250 semanas mínimas de cotización para iniciar los trámites de
reconocimiento y pago de la pensión de vejez.
En ningún apartado del oficio del requerimiento el juez nominador le solicitó
información sobre sus circunstancias económicas, familiares o de salud. Con todo,
afirmó que es de pleno conocimiento del juez que ella vive en una casa arrendada
y que sus condiciones de salud se agudizaron por las situaciones de acoso laboral
a las que fue sometida y que puso en conocimiento del Comité de Convivencia
Laboral desde 2025. Aquel no desconocía sus temas de salud, pues a él debía
solicitar los permisos para la asistencia a las citas y exámenes médicos, a tal punto
que exigía constancia de ingreso y salida de cada cita médica.
Aseguró que su retiro intempestivo la dejó sin ingresos para cubrir necesidades
básicas como vivienda, servicios públicos y alimentación y que la falta de
vinculación laboral pone en riesgo su tratamiento médico, pues su acceso a los
servicios de salud será suspendido por el retiro del empleo.
Respecto a la liquidación de prestaciones sociales, ese se constituye en un pago
único que no reemplaza el ingreso mensual permanente necesario para cubrir
necesidades básicas y mucho menos es de acceso inmediato. Por consiguiente,
afirmó que el cese intempestivo en los ingresos que venía percibiendo y la
imposibilidad de acceder a la mesada pensional demuestra la vulneración a su
derecho fundamental al mínimo vital.
Resaltó que el perjuicio que se deriva del retiro forzoso no es meramente
económico. La desvinculación le impide continuar efectuando las cotizaciones
necesarias para consolidar plenamente su estatus pensional, circunstancia que
compromete directamente la efectividad de su derecho fundamental a la seguridad
social y amenaza con frustrar la consolidación de la expectativa legítima que se
encontraba próxima a concretarse.
De otra parte, manifestó que si bien el ordenamiento jurídico colombiano contempla
el medio de control nulidad y restablecimiento del derecho como mecanismo
ordinario para controvertir los actos administrativos de carácter particular, también
es cierto, que el proceso contencioso administrativo puede tardar meses o años en
resolverse, incluso si se ordenan medidas cautelares.
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Por lo tanto, calificó de desproporcionado e ineficaz el hecho de obligarla a acudir a
dicho mecanismo, teniendo en cuenta que necesita completar un tiempo muy corto
de cotización para asegurar su acceso a la pensión de vejez y, consecuentemente,
su subsistencia mínima. Precisó que su propósito no es sustituir los procesos
judiciales previstos ni desconocer los recursos pertinentes. Justamente, por esa
razón acudió a la acción constitucional como un mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable ante la ineficacia para la protección inmediata de los
derechos fundamentales, a través de los medios ordinarios.
Aseguró que independiente de su profesión o trayectoria laboral tiene la condición
de prepensionada por cumplir los requisitos jurisprudenciales exigidos de tal figura.
En virtud de la aplicación automática de la causal objetiva de retiro forzoso se
encuentra en una situación de debilidad manifiesta, igual que lo estaría cualquier
persona adulta mayor que pierde su único ingreso justo antes de pensionarse.
Finalmente, insistió en que existe una irregularidad en la notificación del acto
mediante el cual se ordenó su retiro, puesto que no se le informaron explícitamente
sobre los recursos legales procedentes y los plazos para interponerlos, tal como lo
dispone el artículo 67 de la Ley 1437 de 2011.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19911, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. Planteamiento del problema jurídico
Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos, le corresponde a la Sala
establecer si le asistió razón al juez de tutela de primera instancia al declarar la
improcedencia de la acción de tutela a falta del requisito de subsidiariedad. De
superar tal estadio de análisis, se determinará si la autoridad accionada vulneró los
derechos fundamentales al mínimo vital, a la seguridad social y a la estabilidad
laboral de la accionante, teniendo en cuenta que no se tomaron medidas de
protección a su favor, pese a que aquella aseguró tener la calidad de
prepensionada.
3. Requisito de la subsidiariedad de la acción de tutela y su análisis en el
caso
3.1. De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, uno de los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela es el de
subsidiariedad. Esa norma dispone que la tutela «solo procederá cuando el afectado
no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable». A su turno, el artículo 6 del Decreto
2591 de 1991 establece que la acción de tutela es improcedente cuando
existen otros medios de defensa judicial, a menos que se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
1
Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».
8
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Según esas normas, la subsidiariedad hace referencia a que la acción de tutela
solo procede cuando no existen otros medios de defensa idóneos para
amparar los derechos fundamentales invocados; o siempre que ello sea
necesario para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual
procederá como mecanismo transitorio de protección. De esta forma, se busca
que los mecanismos ordinarios de defensa para la protección de los derechos
no sean desplazados o suplantados por la acción de tutela.
Así las cosas, la tesis de la Sección consiste en que, por regla general, cuando
existe otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz no es procedente la acción
de tutela. Por supuesto, la idoneidad y eficacia del medio de defensa se
definen en función del caso concreto, atendiendo a las circunstancias en las
que se encuentra el solicitante. También debe analizarse la existencia o no de
un perjuicio irremediable, en los términos del numeral 1º del artículo 6 del
Decreto 2591 de 1991 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
En ese sentido, el juez de tutela tiene la potestad de valorar las circunstancias
particulares de cada caso y determinar si la acción es procedente; o si, por el
contrario, existen otros medios que permiten satisfacer los derechos
fundamentales del actor.
Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe
probar que se agotaron los recursos que tenía a su disposición pues, de lo
contrario, la tutela deviene improcedente.
3.2. Del escrito de tutela, se advierte que el propósito original de la accionante
mediante la acción de tutela era que se declarara la nulidad de la resolución
016 de 4 de mayo de 2026, en la cual el Juzgado Quince Civil del Circuito de
Medellín dispuso el retiro del servicio de la tutelante por cumplir la edad de
retiro forzoso. Esto bajo el entendido que para la fecha en que radicó la acción
de tutela, esto es el 12 de mayo de 2026, aún no se había hecho efectivo el
retiro, tanto así que como medida provisional solicitó que este último no se
hiciera efectivo, así como la suspensión temporal de dicho acto administrativo.
Si bien es cierto que por regla general la tutela es improcedente cuando se
cuestionan actos administrativos, del escrito de tutela se advierte que lo
perseguido materialmente por la parte actora es que se protejan sus derechos
dada su calidad de prepensionada.
Al respecto, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha establecido que
procede «la acción de tutela como mecanismo definitivo cuando el juez evidencie que
el prepensionado que pretende su estabilidad laboral se encuentra en una precaria
situación, generada por el retiro de su lugar de trabajo. Someter a las personas, en tales
condiciones, a un procedimiento que podría durar un tiempo considerable, tornaría ineficaz la
protección de los derechos fundamentales invocados por éste».2 (Negrillas propias)
En armonía con lo anterior, la Sala considera que en el presente caso la acción
de tutela es el mecanismo idóneo y definitivo en la situación de la accionante,
en tanto que alegó contar con la condición de prepensionada.
Teniendo en cuenta tal precisión, la Sala concluye que se cumple con el
requisito de subsidiariedad, pues lo pretendido de fondo por la parte actora es
obtener una salvaguarda que, en virtud de su calidad de prepensionada, le
garantice la continuidad en las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social en
Pensiones por 5 semanas más, a fin de lograr consolidar su pensión de vejez.
Por ende, la Sala revocará la decisión de primera instancia. En esa medida, al
advertir que en el caso la tutela es procedente, la Sala centrará su análisis en
la tensión de derechos previamente enunciada.
2
Corte Constitucional. Sentencia T-595 de 2016. En el mismo sentido ver las Sentencias T-360 de 2017 y T-413 de 2019.
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4. Estabilidad laboral reforzada en prepensionados y su análisis en el caso
4.1. En la sentencia SU-003 de 2018, la Corte Constitucional indicó que los
prepensionados son «aquellos a los que les falte tres años o menos para cumplir los
requisitos que les permitirían acceder a la pensión de jubilación o vejez»3. La protección
otorgada a aquellos consiste en evitar la pérdida intempestiva del empleo, «la
estabilidad en el cargo y la continuidad en la cotización efectiva al Sistema General de
Seguridad Social en Pensiones, para consolidar los requisitos que le faltaren para acceder
a su pensión de vejez»4.
El antecedente normativo de la estabilidad laboral reforzada de los
prepensionados es el llamado retén social5, consagrado en el artículo 126 de
la Ley 790 de 2002. Allí se dispuso que no podían ser retirados del Programa
de Renovación de la Administración Pública: (i) las madres cabeza de familia
sin alternativa económica; (ii) las personas con limitación física, mental, visual
o auditiva; y (iii) las personas a quienes les faltara menos de tres (3) años de
cumplir con los requisitos para obtener el disfrute de la pensión de vejez. El
objetivo del mencionado Programa de Renovación era renovar y modernizar
la estructura de la Rama Ejecutiva del orden nacional, a través de la fusión de
entidades u organismos nacionales y ministerios.
La Corte Constitucional ha establecido que la estabilidad laboral reforzada de
prepensionados se diferencia del denominado retén social, en tanto que esta
última es una institución de origen legal, que solamente opera ante la
renovación, reestructuración o liquidación de entidades públicas. En cambio,
el fundamento de la protección especial a las personas próximas a
pensionarse no se limita a un mandato de origen legal, sino que «obedece a una
finalidad constitucional, por lo que resulta aplicable en los casos en que se evidencia una
tensión entre los derechos fundamentales al mínimo vital y a la igualdad de una persona
frente a su desvinculación o retiro del cargo, o incluso a la terminación de un contrato de
trabajo».
Mientras que el retén social es un instrumento legal específico limitado a
ciertos supuestos derivados de la liquidación o reestructuración de las
entidades públicas, «la estabilidad laboral de prepensionado es más amplia y se aplica
en cualquier escenario donde el retiro del cargo ponga en riesgo los derechos
fundamentales del trabajador»7.
En la sentencia T-186 de 2013, la Corte Constitucional aseguró que la
estabilidad laboral de los prepensionados opera en todo contexto que involucre
los derechos al mínimo vital y la igualdad de prepensionados, al margen de
otro tipo de consideraciones. Veamos:
«El fundamento del reconocimiento de la estabilidad laboral reforzada de los prepensionados
no es un asunto que dependa de un mandato legislativo particular y concreto, sino que tiene
raigambre constitucional. Esto debido a que dicha estabilidad opera como instrumento para
la satisfacción de los derechos fundamentales de estos grupos poblacionales, que se verían
gravemente interferidos por el retiro del empleo público. Por ende, la Corte desestima lo
expresado por los jueces de instancia, en el sentido de confundir la estabilidad laboral
reforzada de los prepensionados con la figura del retén social, para concluir erróneamente que
la mencionada estabilidad solo es aplicable en los casos que el retiro del cargo se sustenta en
su supresión ante la liquidación de la entidad y en el marco de los procesos de restructuración
de la Administración Pública.
3
Corte Constitucional. Sentencia SU-003 de 2018.
4
Corte Constitucional. Sentencia SU-003 de 2018.
5
Corte Constitucional. Sentencia T-374 de 2024
6
Ley 790 de 2002. Artículo 12: « De conformidad con la reglamentación que establezca el Gobierno Nacional, no podrán
ser retirados del servicio en el desarrollo del Programa de Renovación de la Administración Pública las madres cabeza
de familia sin alternativa económica, las personas con limitación física, mental, visual o auditiva, y los servidores que
cumplan con la totalidad de los requisitos, edad y tiempo de servicio, para disfrutar de su pensión de jubilación o de vejez
en el término de tres (3) años contados a partir de la promulgación de la presente ley».
7
Corte Constitucional. Sentencia T-398 de 2025.
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En contrario, el retén social es apenas una especie de mecanismo, dentro de los múltiples que
pueden considerarse para garantizar los derechos fundamentales concernidos por la
permanencia en el empleo público de los servidores próximos a pensionarse. En otras
palabras, el fundamento de la estabilidad laboral de los prepensionados tiene origen
constitucional y, por ende, resulta aplicable en cada uno de los escenarios en que
entren en tensión los derechos al mínimo vital y la igualdad, frente a la aplicación de
herramientas jurídicas que lleven al retiro del cargo, entre ellas el concurso público de méritos»
(negrillas propias).
El fundamento constitucional de la protección a los prepensionados se
encuentra en el principio de solidaridad, en los derechos a la igualdad, mínimo
vital y vida digna y en la obligación de protección a las personas de la tercera
edad8 consagrada en el artículo 46 de la Constitución Política.
De otra parte, en la sentencia T-055 de 2020 la Corte Constitucional explicó
que únicamente cuentan con la calidad de prepensionados aquellas personas
que acrediten estar a tres años o menos de completar las semanas cotizadas
requeridas para efectos de la pensión. Quiere decir que si la persona ya
completó las semanas y solo le falta tres o menos años para alcanzar la edad
de pensión no cumple con las condiciones para considerarse un
prepensionado.
De hecho, ya desde la sentencia SU-003 de 2018 se aclaró que no se tiene la
condición de prepensionado, cuando solamente falte la edad para completar
los requisitos de la pensión de vejez. En ese supuesto no se frustra el acceso
a la pensión de vejez, pues con o sin vinculación laboral vigente eventualmente
se adquirirá la edad requerida en la norma.
Para resolver posibles dudas frente a tal condición, en la en la sentencia T-
055 de 2020, la Corte Constitucional elaboró el siguiente cuadro en que
diferencia cuándo se es o no prepensionado:
Consecuentemente, y de acuerdo con la jurisprudencia constitucional
reiterada, la estabilidad laboral de los prepensionados es una garantía
constitucional de los trabajadores tanto del sector público como privado,
consistente en no ser desvinculados de sus cargos cuando se encuentren
cerca de cumplir con los requisitos para acceder a la pensión de vejez. Se
busca proteger «la expectativa del trabajador de obtener su pensión de vejez, ante su
posible frustración como consecuencia de una pérdida intempestiva del empleo»9.
4.2. Con base en lo expuesto hasta el momento, la Sala encuentra que la tutelante
tiene la calidad de prepensionada, pues actualmente tiene 70 años de edad
(cumplidos en el curso de la tutela el 18 de mayo) y cuenta con 1245,14 semanas
cotizadas, conforme se acreditó con el reporte de semanas cotizadas en
8
Corte Constitucional. Sentencia T-374 de 2024.
9
Corte Constitucional. Sentencia T-398 de 2025.
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pensiones de Colpensiones. Se infiere, entonces, que únicamente le restan 5
semanas para acceder a la pensión de vejez.
Por lo tanto, la accionante se encuentra dentro de los supuestos establecidos
por la jurisprudencia constitucional para ser beneficiaria de la estabilidad
laboral reforzada para prepensionados, debido a que le faltan menos de 3 años
para completar las semanas de cotización requeridas para acceder a la
pensión de vejez.
4.3. Adicionalmente a su condición de prepensionada, no puede pasarse por alto
que la tutelante tiene derecho a una protección preferencial, en razón a que se
trata de un sujeto de especial protección constitucional, en virtud de su edad y
sus condiciones de salud.
La Corte Constitucional ha explicado que las personas de la tercera edad
gozan de una protección preferencial. Esta es una materialización del principio
de igualdad, según el cual «hay que tratar igual a lo igual y desigual a lo desigual».
En virtud de esta premisa es deber del Estado «no consagrar un igualitarismo
jurídico entre quienes se hallan en diversidad de condiciones fácticas, es decir, la
obligación de crear un sistema jurídico diferente para quienes se encuentran en
desigualdad en los amplios y complejos campos de la vida política, económica, social y
cultural».
Justamente, dado el trato diferenciado que merecen ciertos grupos
poblacionales, en el artículo 46 de la Constitución Política se dispuso que es
deber del Estado, la sociedad y la familia proteger y asistir a las personas de
la tercera edad. Siendo «el Estado (…) el principal responsable de la construcción y
dirección de este trabajo mancomunado, que debe tener como fin último el avance
progresivo de los derechos de la población mayor». Por ende, en cabeza de este
último recaen deberes de protección, asistenciales y prestacionales dirigidos
a la población de la tercera edad.
En armonía con lo anterior, la Corte Constitucional ha puntualizado que las
distintas autoridades estatales tienen el deber de prestar especial atención a
los casos que involucren personas de la tercera edad, a fin de determinar si
procede una atención preferente:
«las autoridades y el juez constitucional deben obrar con especial diligencia cuando se trate de
adultos mayores, dadas sus condiciones de debilidad manifiesta, interpretando el alcance de
sus propias funciones con un criterio eminentemente protectivo, de forma que se materialice
la intención del Constituyente y se garantice el goce de los derechos constitucionales.
Corresponde a ellas detener la reproducción de prácticas cotidianas que producen opresión,
haciendo especial control a los comportamientos institucionales que puedan traer consigo
consecuencias colectivas a un grupo especialmente protegido, como los adultos mayores»
(Negrillas propias).
Tratándose de casos que involucran a personas de la tercera edad, el juez de
tutela debe tener en mente que aquellos gozan de un socorro preferente, dada
su condición de sujetos de especial protección constitucional.
Precisamente, la Corte Constitucional ha explicado que «algunos grupos con
características particulares pueden llegar a sufrir daños o amenazas que, aun cuando para la
generalidad de la sociedad no constituyen perjuicio irremediable sí lo son para ellos, puesto
que por encontrarse en otras condiciones de debilidad o vulnerabilidad pueden tener
repercusiones de mayor trascendencia que justifican un ‘tratamiento diferencial positivo’, y que
amplía a su vez el ámbito de los derechos fundamentales susceptibles de protección por vía
de tutela».
En consecuencia, es obligación del Estado, y por ende del juez constitucional,
«detenerse en las diferencias que de hecho existen entre las personas», para así
adoptar decisiones que tengan en consideración las circunstancias que
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padecen ciertos grupos poblacionales, especialmente en contextos de suma
desigualdad como el colombiano.
Diferenciación que responde a la premisa de igualdad material según la cual
debe tratarse igual a los iguales y diferente a los diferentes. Esto en razón a
que en el estado social de derecho el postulado clásico de igualdad formal
ante la ley trasciende. Por ende, bajo esta óptica de la igualdad, es necesaria
la adopción de medidas que garanticen un punto de partida equitativo entre
los ciudadanos.
Justamente, dadas las especiales condiciones que afrontan los adultos
mayores, mediante la Ley 2055 de 2020, Colombia aprobó la Convención
Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas
Mayores. En este instrumento, además de reconocerse «la necesidad de abordar
los asuntos de la vejez y el envejecimiento desde una perspectiva de derechos humanos»,
se dispuso que los estados parte adoptarán medidas afirmativas y realizarán
los ajustes razonables que haya lugar para el ejercicio de los derechos de los
adultos mayores, y especialmente «para acelerar o lograr la igualdad de hecho de la
persona mayor».
Asimismo, se estableció la obligación de adoptar todas las medidas judiciales
y administrativas, para «garantizar a la persona mayor un trato diferenciado y
preferencial en todos los ámbitos».
4.4. Ahora bien, en cuanto al retiro forzoso por edad, el artículo 1 de la Ley 1821
de 2016 establece que «La edad máxima para el retiro del cargo de las personas que
desempeñen funciones públicas será de setenta (70) años». La Corte Constitucional
ha señalado que las normas que fijan el cumplimiento de una edad específica
como causal de retiro forzoso son constitucionalmente válidas, pues permiten
que otras personas ocupen los cargos de quienes ya culminaron su etapa
productiva10.
Sin embargo, dicha Corporación ha reiterado que «la desvinculación de un
funcionario por alcanzar la edad de retiro forzoso no puede operar de forma objetiva o
automática, ya que se requiere, en todos los casos, de un análisis de las
particularidades del asunto sometido a consideración, especialmente, en lo relativo a la
protección del mínimo vital de los adultos mayores»11 (Negrillas propias).
Así, en la sentencia T-495 de 2011 se sostuvo lo siguiente:
«En suma, la Corte ha precisado que la desvinculación de un funcionario por alcanzar la edad
de retiro forzoso no puede llevarse a cabo de manera objetiva y automática, sin analizar antes
las particularidades de cada caso, debido a que como la decisión implica privar de un ingreso
a una persona de la tercera edad, ello puede tener consecuencias transgresoras de garantías
fundamentales que pueden ir desde el derecho al mínimo vital hasta el derecho a la salud. En
otras palabras, la desvinculación de los trabajadores por el motivo de alcanzar la edad de retiro
forzoso, sin haber alcanzado a cumplir los requisitos para obtener su pensión, debe hacerse
con base en argumentos razonables y medidas de proporcionalidad entre la posibilidad legal
del empleador de tomar dicha decisión, y la situación de desprotección en que pueda quedar
el trabajador; ello porque la omisión del empleador en evaluar las circunstancias particulares
del adulto mayor, puede devenir en vulneración de los derechos al mínimo vital y a la vida en
condiciones dignas».
En sentencia T-360 de 2017 la Corte dispuso que en casos de retiro forzoso
por edad se debe verificar lo siguiente: (i) si la pensión no ha sido reconocida
por mora en el fondo de pensiones, pese a cumplir con los requisitos para
recibir la pensión de vejez o jubilación; o (ii) si falta un corto período de tiempo
para completar el número de semanas de cotización requeridas para acceder
al derecho a la pensión de vejez.
10
Corte Constitucional. Sentencia T-024 de 2025.
11
Corte Constitucional. Sentencia T-374 de 2024.
13
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En armonía con lo anterior, en sentencia T-024 de 2025 la Corte Constitucional
dispuso que deberá examinarse si la persona que cumplió con la edad de retiro
forzoso: (i) reúne los requisitos para recibir la pensión de vejez, pero no ha
podido obtenerla debido a dilaciones por parte del fondo de pensiones,
inconsistencias en su historial laboral, entre otros o (ii) es prepensionado.
Igualmente, señaló que «si la causal es aplicada en contravía de lo dicho por la
jurisprudencia constitucional, el trabajador deberá ser reintegrado al mismo puesto que
venía desempeñando o a otro similar hasta que pueda acceder a su pensión de vejez y
sea incluido en la correspondiente nómina» (Negrillas propias).
4.5. Teniendo en cuenta las reglas expuestas sobre retiro forzoso, la Sala
considera que el Juez Quince Civil del Circuito de Medellín vulneró los
derechos a la seguridad social, mínimo vital y estabilidad laboral de la
accionante, pues efectuó la desvinculación, a pesar de que a aquella
únicamente le faltan pocas semanas de cotización para adquirir el derecho a
la pensión de vejez.
Se precisa que para el momento en que fue requerida por el nominador (el 3
de marzo de 2026), sobre el número de semanas cotizadas aquella contaba
con 1.229.71. Sin embargo, para la fecha de radicación de la tutela, es decir
el 12 de mayo de 2026, se reflejaban 1245,14 semanas cotizadas en
Colpensiones. Está acreditado en el expediente que el nominador indagó
sobre la situación de la accionante, específicamente en lo relacionado a los
requisitos para el reconocimiento de la pensión de vejez. Se allegó acta de la
reunión celebrada el 3 de marzo de 2026 entre la tutelante, el juez y el
secretario del despacho, en la cual el nominador inquirió sobre tales
circunstancias. Veamos:
Asimismo, se encuentra que mediante oficio 020 también de 3 de marzo de
2026 el juez le solicitó a la tutelante informar (i) si ya cuenta con el número
total de semanas cotizadas mínimas para obtener la pensión de vejez o no, en
caso negativo poner en conocimiento cuántas semanas restan para reunir este
total; (ii) cuál es su fondo de pensiones actual o de presentarse dificultad con
varios, cuáles son y en qué consiste tal dificultad; (iii) cuál es el estado actual
de las diligencias tendientes a obtener su pensión de vejez; y (iv) cualquier
información adicional que la tutelante estimara pertinente comunicar.
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Frente a tal requerimiento, la accionante contestó lo siguiente:
Se observa, entonces, que el nominador sí efectuó la gestión de averiguación
previa sobre las circunstancias de la accionante de cara al reconocimiento de
la pensión de vejez. El 3 de marzo de 2026 la accionante le informó que aún
le faltaban semanas de cotización, pues esa fecha solo le aparecían 1.229,71
semanas. Aún así, mediante resolución 016 de 4 de mayo de 2026, el
nominador procedió con la desvinculación.
Lo anterior denota que aunque el juez tenía conocimiento de que la empleada
aún no tenía completa la totalidad de las semanas de cotización, concluyó que
procedía la terminación del vínculo por la causal de retiro forzoso. La Sala
considera que el ejercicio de indagación previa no constituye una mera
formalidad.
Por ende, si producto de tal gestión se advierte que la desvinculación por retiro
forzoso implica poner en riesgo inminente la posibilidad de que el
prepensionado y adulto mayor acceda a la pensión de vejez, es imperativo que
el nominador adopte medidas para evitar tal situación.
No se desconoce que mediante oficio DESAJMEO26-1180 de 6 de abril de
2026, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín
le solicitó al juez nominador efectuar el retiro forzoso, al indicarle lo siguiente:
«proceder de conformidad con el artículo 1 de la Ley 1821 de 2016 y artículo 138 del Decreto
1660 de 1978 (…) De su decisión, por favor informar al Grupo de Asuntos Laborales a través
del Portal de Servicios Administrativos y al Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia
para lo de su competencia, informando sobre la vacancia creada dentro de los 3 días
siguientes conforme al Acuerdo PSAA08-4856 de 2008. El no tramitar el retiro del servidor
judicial es una situación que acarrea inconsistencias en la liquidación de la nómina y un
incumplimiento por parte del nominador de sus obligaciones legales, al generar un detrimento
patrimonial en contra del Estado».
No obstante el requerimiento efectuado por la Dirección Ejecutiva Seccional
de Administración Judicial de Medellín, quien detenta la facultad de
nombramiento y desvinculación es el nominador. Por ende, era el llamado a
ponderar las circunstancias particulares del caso y aplicar acciones afirmativas
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orientadas a otorgar una protección especial a la actora, máxime si el número
de semanas restantes para adquirir el derecho pensional era de tan solo 5.
En criterio de la Sala, como acción afirmativa, dada la condición de
prepensionada de la señora Ortega Monsalve (ya que le faltaban 5 semanas de
cotización para completar este requisito pensional), de manera excepcional, era
posible acceder a la solicitud que formuló la empleada, consistente en que su
renuncia se hiciera efectiva a partir del 1° de julio de 2026, a fin de asegurar la
cotización de las semanas que le faltaban para adquirir el derecho pensional.
No obstante, se optó por desvincularla usando como justificación que la
Dirección Ejecutiva Seccional lo instó a proceder con el retiro del servicio. Tal
decisión implicó la vulneración al mínimo vital, la seguridad social y la
estabilidad laboral de la accionante.
La transgresión de derechos se genera porque se procedió con el retiro del
servicio a sabiendas de que la accionante tiene la calidad de prepensionada y
de que le restaban pocas semanas de cotización. Postura que se adoptó pese
a que el ordenamiento jurídico otorga una protección preferente para los
prepensionados que impide su desvinculación laboral a fin de garantizar la
consolidación del derecho a la pensión de vejez.
En virtud de la edad de la accionante son casi nulas las probabilidades de
lograr una nueva vinculación laboral a fin de completar las 5 semanas que
actualmente le faltan, lo cual impide su acceso al derecho a la pensión de
vejez.
Además, la lectura que debe dársele a la figura del retiro forzoso es aquella
que se compagina con los postulados constitucionales de protección al adulto
mayor y su derecho a gozar de una vida digna en su vejez, para la cual es
base imprescindible contar con un sustento económico que permita solventar
sus necesidades, esto es la pensión de vejez.
Es por eso que la interpretación de las normas que regulan tal figura no puede
ser ajena a la jurisprudencia vinculante de la Corte Constitucional, que
proscribe la aplicación automática del retiro forzoso en el caso de
prepensionados.
5. Conclusión
Con base en lo expuesto, se amparará los derechos fundamentales al mínimo vital,
seguridad social y estabilidad laboral de la accionante, al encontrar que estos fueron
transgredidos por el Juez Quince Civil del Circuito de Medellín, quien ordenó el retiro
del servicio de la tutelante, a pesar de conocer que aquella gozaba de una
estabilidad laboral reforzada producto de su condición de prepensionada y de una
protección especial por su condición de adulto mayor.
En criterio de la Sala, la mejor forma de proteger los derechos fundamentales de la
accionante es ordenar a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
de Medellín que realice en favor de la accionante las cotizaciones al sistema de
seguridad social integral por las cinco (5) semanas que le faltan para cumplir con
ese requisito pensional. De esta forma, no solo se materializan las garantías
constitucionales a su favor como sujeto de especial protección y se garantiza la
protección de los derechos de la demandante vulnerados por Juez Quince Civil del
Circuito de Medellín, sino que también se evita incurrir en actuaciones que puedan
resultar lesivas para terceros que actualmente laboren en el mencionado Juzgado.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
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Demandante: Sonia del Carmen Ortega Monsalve
FALLA
1. REVOCAR la sentencia impugnada de 2 de junio de 2026, proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Decisión, por las razones
expuestas en esta providencia.
2. AMPARAR los derechos fundamentales al mínimo vital, a la seguridad social y
a la estabilidad laboral de la señora Sonia del Carmen Ortega Monsalve, por
los motivos expuestos en esta decisión.
3. ORDENAR a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Medellín que, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de esta
providencia, adelante los trámites administrativos y presupuestales que
correspondan para realizar ante la Administradora Colombiana de Pensiones,
Colpensiones el pago de las cotizaciones al sistema de seguridad social
integral en favor de la señora Sonia del Carmen Ortega Monsalve, por las cinco
(5) semanas que le restan para cumplir con ese requisito pensional.
4. NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
5. PUBLICAR la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
6. ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
Con aclaración de voto
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
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