Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2026-00773-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2026-00773-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 05001-23-33-000-2026-00773-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
25 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., veinticinco (25) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 05001-23-33-000-2026-00773-01
Accionante: Juan Mauricio Becerra Palacios
Accionados: Juzgado Catorce Administrativo del Circuito de Medellín
Tema: Acción de tutela por presunta mora judicial y la vulneración del
derecho fundamental de petición.
Decisión: Revocar para, en su lugar, declarar configurada la carencia actual de
objeto por hecho superado.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
I. ASUNTO
1. LaSubsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la
impugnación interpuesta por la parte accionante contra la sentencia del 26 de mayo
de 2026, mediante la cual se negó el amparo.
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos
2. El señor Juan Mauricio Becerra Palacios, en ejercicio del medio de control de
reparación directa, interpuso demanda contra la Rama Judicial – Fiscalía General de
la Nación, con la finalidad de que se le declarara administrativa y patrimonialmente
responsable por la presunta privación injusta de su libertad.
3. El 12 de abril de 2018 se realizó la audiencia inicial. Con posterioridad, el 23 de
mayo del mismo año se inició audiencia de pruebas, la cual finalizó el 28 de junio de
2018. En esta misma fecha se corrió traslado para la presentación de alegatos de
conclusión y finalmente, el proceso pasó a despacho para sentencia el 25 de julio de
2018.
4. Luego, la parte accionante sostuvo que el 21 de marzo de 2024 presentó petición
en la que solicitó impulso procesal, sin obtener respuesta alguna.
2.2. Fundamento jurídico
5. La parte accionante sostuvo que interpuso demanda de reparación directa el 2 de
febrero de 2017 y presentó petición el 21 de marzo de 2024 ante el Juzgado Catorce
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Acción De Tutela
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Accionante: Juan Mauricio Becerra Palacios
Administrativo del Circuito de Medellín, sin que a la fecha de presentación adoptara
sentencia o resolviera su solicitud. Por ende, consideró vulnerados sus derechos
fundamentales al debido proceso y petición.
2.3. Pretensiones
6. La parte accionante solicitó:
«Se declare que el señor Juez 14 Administrativo del Circuito de Medellín,
está vulnerando el derecho al debido proceso y a obtener una solución
pronta y justa y violación al derecho de información en contra de los
intereses míos y de mi familia.
Por lo anterior, se tutele mi derecho fundamental de petición, al debido
proceso y a obtener pronta, debida y justa decisión judicial.
Como consecuencia, se ordene al Juez 14 Administrativo del Circuito de
Medellín, que está vulnerando mis derechos, que, dentro de las 48 horas
siguientes a la notificación del fallo de tutela, se dé respuesta de fondo
conforme lo establecen la normatividad y la jurisprudencia colombianas».
2.4. Intervenciones
7. Por medio del auto del 20 de mayo de 2026, la Sala Séptima de Decisión del
Tribunal Administrativo de Antioquia, admitió la acción de tutela y ordenó notificar al
Juzgado Catorce Administrativo del Circuito de Medellín como accionado.
8. ElJuzgado Catorce Administrativo del Circuito de Medellín indicó que el
contenido de la petición elevada por la parte accionante es distinto de las solicitudes
presentadas al interior del proceso de reparación directa en cuestión.
9. Asimismo, señaló que, aunque, no se había adoptado una sentencia a la fecha de
respuesta del informe, debido a la cantidad de procesos que le correspondía al
despacho adelantar, así como a los constantes cambios de personal.
10. No obstante, precisó que el Juzgado se encontraba ejecutando un plan de
descongestión y el proyecto de sentencia estaba en revisión y la providencia sería
notificada a la mayor brevedad posible, a fin de que se declarara la carencia actual
de objeto por hecho superado.
2.5. Sentencia impugnada
11. La Sala Séptima de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante
sentencia del 26 de mayo de 2026, negó el amparo, al considerar que la autoridad
judicial accionada sí respondió la petición elevada por el señor Becerra Palacios y le
indicó que el proceso ya contaba con proyecto de sentencia en revisión y que la
decisión sería emitida y notificada lo antes posible.
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2.6. Impugnación
12. La parte accionante interpuso impugnación contra la decisión judicial anterior, para
lo cual argumentó que se desconoció que la presentación de una petición no requiere
formalidad y que, ignoró el otro asunto sometido a su análisis: la demora en la
resolución de la sentencia y, en consecuencia, la vulneración de sus derechos
fundamentales.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
13. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo dispuesto
en el Decreto 2591 de 1991, el Acuerdo 080 de 20191 y demás normas concordantes.
3.2. Problema jurídico
14. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe en
determinar si el Juzgado Catorce Administrativo del Circuito de Medellín incurrió en
la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y petición del señor
Juan Mauricio Becerra Palacios al interior del proceso de reparación directa con
radicado 05001-33-33-014-2017-00073-00.
3.3. Procedencia de la acción de tutela
15. La acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política de
Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015
fue creada para proteger los derechos constitucionales fundamentales de las
personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados por parte de las
autoridades o por particulares en los casos expresamente señalados en el primer
decreto anotado.
16. Lo anterior, siempre que no exista otro medio de defensa judicial idóneo para la
protección de tales derechos. En ese sentido, la acción de tutela tiene un carácter
residual o subsidiario, pues solo opera en ausencia de otros mecanismos judiciales,
salvo cuando se interpone como mecanismo transitorio para evitar la ocurrencia de
un perjuicio irremediable.
17. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales.
18. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del poder
en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los valores, principios y
derechos que la propia Constitución establece, y en esa perspectiva, cualquier
1 Reglamento interno del Consejo de Estado.
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autoridad investida de la potestad de administrar justicia, es susceptible de ser
controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando desborda los límites
que la Carta le impone.
3.4. De la carencia actual de objeto por hecho superado
19. En este sentido, se ha pronunciado la Corte Constitucional en los siguientes
términos:
«Esta Corporación, al interpretar el contenido y alcance del artículo 86
de la Constitución Política, en forma reiterada ha señalado que el
objetivo de la acción de tutela se circunscribe a la protección inmediata
y actual de los derechos fundamentales, cuando estos resulten
vulnerados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades
públicas, o de los particulares en los casos expresamente
consagrados en la ley.
Así las cosas, se tiene que el propósito de la tutela, como lo establece
el mencionado artículo, es que el Juez Constitucional, de manera
expedita, administre justicia en el caso concreto, profiriendo las
órdenes que considere pertinentes a la autoridad pública o al particular
que con sus acciones han amenazado o vulnerado derechos
fundamentales y procurar así la defensa actual y cierta de los mismos.
No obstante, cuando la situación de hecho que causa la supuesta
amenaza o vulneración del derecho alegado desaparece o se
encuentra superada, la acción de tutela pierde toda razón de ser como
mecanismo más apropiado y expedito de protección judicial, por
cuanto a que la decisión que pudiese adoptar el juez respecto del caso
concreto resultaría a todas luces inocua, y por consiguiente contraria
al objetivo constitucionalmente previsto para esta acción»2
20. Así las cosas, se tiene que el fenómeno de carencia actual de objeto por hecho
superado opera cuando entre el momento de interposición de la acción de tutela y
al momento de proferir la decisión judicial, desaparece la situación que genera la
presunta conculcación de los derechos fundamentales invocados.
21. Lo anterior, le impide al juez constitucional adoptar cualquier medida dirigida a
proteger las garantías constitucionales del accionante, pues nada contrariaría más
la lógica, que proferir una orden frente a una circunstancia que en la actualidad se
torna en inexistente, o contravenir la decisión que al respecto se haya proferido en
instancias diferentes a la del juez constitucional.
22. Sin embargo, aunque las pruebas aportadas al proceso de tutela demuestren que,
en apariencia, el hecho generador de la acción ha sido superado, resulta imperativo
que el juez de tutela examine si en el fondo persisten circunstancias que ocasionen
la vulneración de los derechos fundamentales, de acuerdo con la interpretación en
derecho del caso concreto y su posible superación.
2 Corte Constitucional, sentencia T-919 de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
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3.4.1. Análisis del caso concreto
23. La parte accionante sostuvo que interpuso demanda de reparación directa el 10
de febrero de 2017 y presentó petición el 21 de marzo de 2024 ante el Juzgado
Catorce Administrativo del Circuito de Medellín, sin que a la fecha de presentación
adoptara sentencia o resolviera su solicitud. Por ende, consideró vulnerados sus
derechos fundamentales al debido proceso y petición.
24. De conformidad con el expediente digital del proceso de reparación directa
contenido en la plataforma SAMAI y los elementos que obran en el expediente del
proceso de tutela, se observa que, a la fecha en que esta Subsección se pronuncia
sobre el asunto de la referencia, se han surtido las siguientes actuaciones:
• El 10 de febrero de 2017, el señor Juan Mauricio Becerra Palacios, en ejercicio
del medio de control de reparación directa, interpuso demanda contra la Rama
Judicial – Fiscalía General de la Nación, con la finalidad de que se le declarara
administrativa y patrimonialmente responsable por la presunta privación
injusta de su libertad.
• El Juzgado Catorce Administrativo del Circuito de Medellín el 3 de marzo de
2017 admitió la demanda de reparación directa. El 12 de abril de 2018 se
realizó la audiencia inicial. Con posterioridad, el 23 de mayo del mismo año se
inició audiencia de pruebas, la cual finalizó el 28 de junio de 2018. En esta
misma fecha se corrió traslado para la presentación de alegatos finales y
finalmente, el proceso pasó a despacho para sentencia el 25 de julio de 2018.
• La parte accionante sostuvo que el 21 de marzo de 2024, presentó petición en
la que solicitó impulso procesal.
• El 22 de mayo de 2026 se registró proyecto de sentencia y finalmente, el 25
de mayo del mismo año, se profirió y se notificó la misma.
25. Ahora, si bien la Sala Séptima de Decisión del Tribunal Administrativo de
Antioquia, a través de la sentencia del 26 de mayo de 2026, negó las pretensiones
de la demanda, al no encontrar demostrada alguna vulneración de derechos
fundamentales, esta Subsección estima que entre el momento de la presentación de
la acción de tutela de la referencia y el momento en que se analizó el caso concreto
para proferir una decisión judicial de primera instancia, se satisfizo la pretensión del
señor Juan Mauricio Becerra Palacios, pues la autoridad judicial accionada profirió
sentencia y la notificó el 25 de mayo de 2026.
26. En ese sentido, se considera pertinente revocar la decisión adoptada por el
Tribunal Administrativo de Antioquia en primera instancia y, en su lugar, declarar
configurada la carencia actual de objeto por hecho superado, máxime cuando no se
observa que persistan circunstancias que ocasionen la vulneración de los derechos
fundamentales de la parte accionante tras la expedición de la sentencia por parte de
la autoridad judicial accionada y su respectiva notificación.
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Acción De Tutela
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Accionante: Juan Mauricio Becerra Palacios
27. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
I. FALLA
PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 26 de mayo de 2026, mediante la cual se
negó el amparo y, en su lugar:
SEGUNDO: DECLARAR carencia actual de objeto por hecho superado, de
conformidad con los argumentos expuestos en precedencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
CUARTO: REMITIR el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de la
fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TURJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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