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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2026-00794-01

Fecha
24 de julio de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2026-00794-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA Primero. CONFIRMAR la sentencia del 4 de junio de 2026 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Oralidad. Segundo. NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la ARL Positiva S.A. Tercero.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 05001-23-33-000-2026-00794-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

24 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 05001-23-33-000-2026-00794-01
Accionante: Diana Cecilia Salazar Barahona
Accionado: Miguel Andrés Tirado Osorio en calidad de juez Segundo Laboral
del Circuito de Medellín

Tema: Derechos a la salud, la vida y otros. Acoso laboral. CONFIRMA
SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por la señora Diana Cecilia Salazar
Barahona, en nombre propio, en contra de la sentencia del 4 de junio de 2026
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Oralidad,
mediante la cual se declaró improcedente la acción.

ANTECEDENTES

La accionante pretende que se protejan sus derechos fundamentales a la vida, a la
salud, al trabajo en condiciones dignas y derecho a un entorno laboral libre de
violencia de género y discriminación, los cuales considera vulnerados por el señor
Miguel Andrés Tirado Osorio en calidad de juez Segundo Laboral del Circuito de
Medellín.

HECHOS

La solicitud de tutela se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:

Que el 20 de septiembre de 2024, el Juez Segundo Laboral del Circuito de Medellín
le sugirió de manera injustificada tramitar su traslado para la ciudad de Pasto.
considera que dicha recomendación no se fundamentó en criterios de rendimiento
laboral o necesidad del servicio, sino en valoraciones personales y de género,
específicamente «por el hecho de ser una mujer sóla, la resindencia en una ciudad
como Medellín representaba una situación muy dificil para mí (sic)»

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Considera que dicha sugerencia constituye una intromisión indebida en su esfera
personal y familiar; que su «proyecto de vida se encuentra fijado en esta hermosa
ciudad. Asimismo, el cuestionamiento a mi autonomía por el hecho de no estar
acompañada configura un sesgo de género que predente conddicionar (sic) la
idoneidad o estabilidad en mi cargo a mi estado civil o red familiar, situación que
resulta ajena a mi condición de servidora judicial en carrera».

Que el 20 de marzo de 2026, el Área de Gestión Humana, a través de la
Administración de Riesgos Laborales (ARL), realizó una intervención e instrucción
grupal en el despacho orientada a la evaluación del clima laboral. En ese espacio,
se le manifestó expresamente al titular la necesidad de moderar su tono de voz,
«toda vez que suele elevarlo de manera desmedida al impartir instrucciones (sic) o
debatir argumentos (sic)».

Que el 24 de abril de 2026, el juez citó al despacho a la sustanciadora, al secretario
y a la suscrita, para impartir instrucciones sobre una medida cautelar. Dijo que en el
ejercicio de sus funciones procedió a exponer de manera respetuosa una duda y
argumentó frente a la aplicación de una norma, «ante la discrepancia conceptual el
Juez (sic)… reaccionó de manera hostil y, omitiendo el compromiso adquirido con
la ARL, elevó desmedidamente su tono de voz con el propósito de silenciar mi
argumentación, justificó su trato desobligante bajo el argumento de que él es paisa
y que debo entender (sic) eso porque así habla él».

Que el 8 de mayo de 2026, elevó petición ante la ARL donde advirtió el riesgo
psicosocial al que estaba expuesto el despacho y solicitó apoyo psicológico
preventivo al titular del juzgado, buscando contener de manera temprana el
deterioro del clima laboral provocado por la entrega del cargo.

Afirma que en varias oportunidades le ha solicitado al juez que le trace las pautas e
instrucciones respectivas en las providencias a su cargo; sin embargo, este se ha
negado sistemáticamente a impartir instrucciones, «manifestando de forma
despectiva expresiones como: “Es usted la escribiente y tramitadora, no tengo
por qué decirle qué hacer, coja el código”».

Que, como consecuencia del violento episodio de gritos y persecución del viernes
15 de mayo de 2026, su salud física colapsó, presentó un fuerte dolor de cabeza
que la llevó a pedirle permiso al secretario para acudir a enfermería. Tuvo una crisis
de hipertensión severa, «aunque no sufro de ese padecimiento de salud la
enfermera del edificio se alarmó al detectar la presión por encima de los cuadros
normales y con taquicardia, procedió a llamar al médico y psicóloga de la ARL
POSITIVA quien me remitió de inmediato a la EPS para revisión por urgencias».

Que asistió al Hospital, donde le otorgaron la correspondiente incapacidad,
recomendaciones y remisión tanto al neurólogo, psiquiatra y psicología por el estado
de conmoción que está afectando su estado emocional y físico. Afirma que los
médicos le advirtieron que los picos altos de tensión arterial repentinos pueden
provocar un infarto o un accidente cerebro vascular ACV.

PRETENSIONES

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Solicitó que se amparen los derechos invocados y se ordene lo siguiente:

• Al juez Segundo Laboral del Circuito de Medellín cesar de inmediato todo acto de
violencia, persecución laboral, hostigamiento gritos y comentarios discriminatorios
basados en su género y origen y dar cumplimiento a sus deberes en el desempeño
de su cargo como lo manda la constitución y la ley.

• A la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, Sala Administrativa de la
Seccional gestionar su traslado preventivo y temporal a un área distinta al juzgado
en el que labora, mientras llega el juez o jueza titular del despacho en propiedad.

• A la ARL que

«(…) se lleve a cabo una intervención al Juzgado y como lo solicité con el Juez
titular actual. También se me otorgue a la suscrita el acompañamiento ordenado
por los médicos para la reparación del riesgo psicosocial y se me ayude en el
trámite de inicio de valoración por medicina laboral por los padecimientos de
salud derivados de riesgo psicosocial que ocasionó el Juez (sic) (…) con el
trastorno de ansiedad del que padezco desde su llegada al Juzgado».

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

El 22 de mayo de 2026, admitió la acción y negó la medida provisional solicitada1.

El 25 de mayo de 2026, se vinculó al Área de Seguridad y Salud en el Trabajo de la
Dirección Seccional de Administración Judicial de Medellín – Antioquia, a la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y a la Procuraduría Dos Seccional
Departamento de Antioquia. El 27 de igual mes y año, vinculó a la ARL Positiva S.A.

POSICIÓN DE LOS ACCIONADOS

El juez Segundo Laboral del Circuito de Medellín señaló que la acción pretende
trasladar un conflicto de carácter laboral, funcional y administrativo, cuando existen
mecanismos ordinarios en la Rama Judicial, como lo son: el comité de convivencia
laboral, instancias disciplinarias y la ARL. Que no se demostró la configuración de
un perjuicio irremediable, en los términos exigidos por la jurisprudencia, ni la
ineficacia de los mecanismos ordinarios.

Además, expreso que la acción está sustentada en apreciaciones subjetivas,
interpretaciones personales y valorativas, sin pruebas idóneas que acrediten la
supuesta vulneración de los derechos.

La Procuraduría General de la Nación expuso que la acción no cumple con el
requisito de subsidiariedad, ya que conforme a la Ley 1010 de 2006, existen
mecanismos idóneos para prevenir, corregir y sancionar conductas constitutivas de
acoso laboral, como lo son: los mecanismos internos a través del Comité de

1 Pidió que se ordenara a la «Dirección ejecutiva de administración judicial y a la ARL, en su defecto a la Sala

Administrativa de Administración Judicial que, de manera coordinada, garanticen mi reubicación temporal y
preventiva a otro cargo de mi categoría para evitar contacto directo con el agresor. Se ordene el tratamiento
psicológico solicitado por la suscrita como medida de reparación y mitigación del daño causado».

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Convivencia Laboral, y la posibilidad de acudir ante autoridades administrativas
como la Inspección del Trabajo, la Personería, la Defensoría del Pueblo, y
posteriormente ante las jurisdicciones disciplinaria o laboral como corresponda.

La Dirección Ejecutiva Seccional de la Administración Judicial de Medellín
indicó que el 7 de noviembre de 2024, el titular del Juzgado Segundo Laboral del
Circuito de Medellín solicitó realizar una consultoría organizacional, la cual se hizo
el 21 de igual mes y año con la participación del psicólogo James Andrés Poveda
Cardona, asesor de la ARL.

Dijo que los servidores del Juzgado en cuestión disponen de atención en salud
mental las veinticuatro (24) horas del día los siete (7) días de la semana; la
accionante tiene una cita programada de orientación psicológica el 28 de mayo de
2026.

Frente a la solicitud de reubicación, sostuvo que la dependencia no tiene la
competencia para ello, pues existe un procedimiento específico para los traslados,
reglamentado por el Acuerdo PCSJA25-12352 del 26 de noviembre de 2025.

La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial manifestó que el área de
Seguridad y Salud en el trabajo de la Dirección Seccional de Medellín recomendó a
la servidora acudir de forma prioritaria a su EPS para la valoración, diagnóstico y
tratamiento requerido.

Que desde el año 2024 a la fecha, la accionante fue objeto de acciones de
acompañamiento en el marco del SG-SST, como consultoría individual,
organizacional, atención en la línea «Positivamente a tu lado» y la vinculación al
Programa de Vigilancia Epidemiológica Psicosocial «conscientemente», todas
orientadas a la prevención, e intervención en el riesgo psicosocial.

Adujo que ante situaciones de discriminación por razón de género, la Rama Judicial
cuenta con un protocolo adoptado mediante el Acuerdo PCSJA23-12104, en el que
se establecen rutas de orientación y gestión de los casos.

El 20 de mayo de 2026, la accionante a través del canal institucional «correo violeta»
de la Seccional de Medellín activó la ruta correspondiente, que, por la naturaleza de
los hechos descritos, resulta procedente la intervención del Comité de Convivencia
Laboral de la Seccional, para que actúe como mediador en el ámbito de sus
competencias.

Concluyó que, mientras se adelantan las actuaciones correspondientes, se ha
brindado acompañamiento psicológico a la servidora judicial, por los profesionales
de la ARL de la Rama judicial.

La ARL Positiva S.A. mencionó que la accionante se encuentra activa en el sistema
de riesgos, a través de la ARL; sin embargo, no existe reporte de algún evento
relacionado con la actora, o radicación o información sobre registro de siniestro,
epicrisis o historia clínica, requisitos sin los cuales la entidad no puede entrar a cubrir

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las prestaciones asistenciales y económicas por parte del Sistema General de
Seguridad Social en Riesgos Laborales.

Precisó que las solicitudes elevadas por la accionante no guardan relación directa
con las competencias de la entidad, pues las pretensiones van encaminadas a
iniciar las medidas disciplinarias, administrativas y de reubicación, competencia
exclusiva del empleador, hecho por el cual no podría predicarse vulneración alguna
de los derechos fundamentales invocados, por lo que pide su desvinculación, por
falta de legitimación en la causa por pasiva.

Los demás vinculados guardaron silencio.

SENTENCIA IMPUGNADA

El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia del 4 de junio de 2026,
declaró improcedente la acción, para lo cual expresó que la Ley 1010 de 2006 en
su artículo 2 trae una definición del acoso laboral y las modalidades en las que se
presenta y en sus artículos 9 al 18 se establecen los diferentes tipos de conducta y
las medidas que se pueden adoptar para prevenir, corregir y sancionar dicho
comportamiento.

Adujo que la accionante cuenta con mecanismos idóneos como lo son: i) el
acompañamiento de profesionales en psicología, en el marco del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, a los que acudió en las situaciones que
estimó necesarias; y, ii) cuenta con el correo violeta de la Seccional de Medellín. La
accionante elevó solicitud de intervención del Comité de Convivencia Laboral de la
entidad, empleado como una instancia preventiva y mediadora, frente a los eventos
en los que se considere necesaria su intervención.

Consideró que no se probó el perjuicio irremediable, pues conforme a lo probado,
las entidades accionadas han atendido las solicitudes de la actora relacionadas con
los hechos que demanda.

Frente a la pretensión de reubicación en un área diferente al que se encuentra
actualmente laborando, indicó que la accionante debe iniciar un procedimiento
administrativo, a través del cual, el empleador realiza el correspondiente estudio,
para determinar la procedencia.

IMPUGNACIÓN

La accionante impugnó la decisión, considera que la acción de tutela es procedente,
ya que los mecanismos administrativos ordinarios no son suficientes ni eficaces
frente a la urgencia.

Alega que el protocolo contra el acoso por razones de género adoptado mediante
el Acuerdo PCSJA23-12104 sólo aplica para conductas tipificadas como acoso
sexual, tal y como lo dispuso el Consejo Seccional de la Judicatura el 5 de junio de
2026, de ahí que, no aplica en este caso.

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A su juicio los mecanismos invocados son de naturaleza preventiva, mediadora y
de trámite dilatado; pero ninguno tiene la aptitud para cesar de manera inmediata la
fuente del daño ni de conjurar el riesgo cierto sobre su vida y salud.

Considera que la sentencia descartó la vulneración por falta de prueba directa o por
considerar los hechos «simples roces laborales», lo cual desconoce que la conducta
del accionado «la sugerencia de traslado por ser mujer sola, la descalificación
pública y el trato hostil reiterado— configura violencia de género y discriminación»,
que es una forma de discriminación según la Recomendación General 19 (y 35) del
Comité de la CEDAW.

Indicó que el 5 de junio de 2026 fue valorada por psiquiatría, le otorgaron una
incapacidad de siete (7) días y se recomendó trabajo en casa hasta la valoración
por medicina laboral. El 9 de junio de 2026, radicó en el área de talento humano
historia clínica, incapacidad y remisión a medicina laboral.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

A la Sala le corresponde decidir sobre la presunta vulneración de los derechos
fundamentales del accionante, para lo cual abordará los siguientes temas: I)
generalidades de la acción de tutela; II) requisito de subsidiariedad en la acción de
tutela; y, III) análisis del caso concreto.

Generalidades de la acción de tutela

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales; cuando
éstos se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.

Requisito de subsidiariedad en la acción de tutela

Conforme la jurisprudencia desarrollada y reiterada de la Corte Constitucional, esta
acción es eminentemente subsidiaria, de ahí que, en virtud de esta característica,
los conflictos jurídicos relacionados con los derechos fundamentales deben ser, en
principio, resueltos por las vías ordinarias -jurisdiccionales y sólo ante la ausencia
de dichas vías o cuando las mismas no resultan idóneas y eficaces para evitar la
ocurrencia de un perjuicio irremediable, resulta admisible acudir a la acción de
amparo constitucional.

La existencia de otro mecanismo judicial ha sostenido la Corte, per se, no
constituye una razón suficiente para declarar la improcedencia de la acción, en la
medida que el mismo debe ser idóneo, lo que significa que debe ser materialmente
apropiado para generar el efecto protector de los derechos fundamentales,

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además, debe ser un medio eficaz, esto es, estar diseñado de forma tal que brinde
oportunamente una protección al derecho.

Ahora bien, en torno a la necesidad de examinar la irremediabilidad del perjuicio y
la idoneidad y eficacia de los mecanismos principales de defensa, en uno de sus
tantos pronunciamientos expuso la Corte:

«(…) Para determinar la irremediabilidad del perjuicio hay que tener en cuenta
la presencia concurrente de varios elementos que configuran su estructura,
como la inminencia, que exige medidas inmediatas, la urgencia que tiene el
sujeto de derecho por salir de ese perjuicio inminente, y la gravedad de los
hechos, que hace evidente la impostergabilidad de la tutela como mecanismo
necesario para la protección inmediata de los derechos constitucionales
fundamentales»2.

Análisis del caso concreto

A esta Subsección corresponde definir si en el presente asunto se cumple el
requisito de subsidiariedad, que no se encontró satisfecho en primera instancia,
pues, solo de ser así, habría lugar a efectuar un estudio de los desacuerdos
expuestos por la recurrente.

La accionante asegura que es víctima de constantes hostigamientos y persecución
por parte del señor juez, situación que la ha llevado a tener problemas de salud y le
ha ocasionado un detrimento en su condición laboral.

El numeral 1º del artículo 9 de la Ley 1010 de 2006 establece que los comités de
empresa podrán asumir funciones relacionados con acoso laboral en los
reglamentos de trabajo. El Consejo Superior de la Judicatura mediante el Acuerdo
núm. PSAA16-10558 del 9 de agosto de 20163, en su artículo 4º, establece que el
Comité de Convivencia Laboral tendrá las funciones establecidas en el Artículo 6 de
la Resolución núm. 0652 del 30 de abril de 2012 del Ministerio de Trabajo4.

Por otra parte, se advierte que el 20 de mayo de 2026, la señora Salazar a través
del canal institucional denominado «correo violeta» solicitó la activación de ruta
interna del protocolo contra el acoso por razones de género y pidió como medida
transitoria su reubicación laboral.

El 5 de junio de 2026, el Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia le indicó
a la señora Salazar que la situación que esta puso en conocimiento a través del
correo violeta encaja en conductas típicas de presunto acoso laboral, por lo que el
Comité Seccional de Convivencia Laboral está atendiendo dicha solicitud. De igual
forma, la entidad le indicó que esa cuenta es exclusivamente para atender
situaciones relacionadas con conductas tipificadas como acoso sexual.

2 Sentencia T-570 de 2007, MP Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra.
3 «Por el cual se crean los Comités de Convivencia Laboral en la Rama Judicial y se deroga el Acuerdo 9820

de 2013».
4 Dentro de dichas funciones está recibir y dar trámite a las quejas presentadas en las que se describan

situaciones que puedan constituir acoso laboral, así como las pruebas que las soportan.

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De lo anterior, se desprende que la acción de tutela resulta improcedente, por no
satisfacer el requisito de subsidiariedad, dado que los presuntos actos de acoso
laboral que expone la accionante ya están siendo atendidos por el Comité Seccional
de Convivencia Laboral.

La señora Salazar aduce que se configura un perjuicio irremediable dado que el 15
de mayo de 2026 tuvo una crisis hipertensiva, lo cual desencadenó «el
empeoramiento de mi salud como ampliamente quedó demostrado y la advertencia
médica de riesgo de infarto o ACV demuestran que la espera de un trámite
administrativo de meses equivaldría a tolerar la destrucción progresiva de mi salud».

Sobre el particular, la Sala encuentra que la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial le ha brindado acompañamiento psicológico a la accionante, por parte de
los profesionales de la Administradora de Riesgos Laborales y de la Rama Judicial,
en la ciudad de Medellín, en el marco del SG-SST. Además, está siendo valorada
por psicología y psiquiatría en su EPS, tal y como se desprende de su historia
clínica.

En el informe que rindió la DEAJ señaló que le solicitó al líder del programa de
Riesgo Psicosocial de la Rama Judicial que, en el menor tiempo posible, desarrolle
en el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Medellín Antioquia un taller que
promueva la socialización de conductas normalizadas, y que en la realidad
fomentan violencias simbólicas basadas en discriminación por razones de género.

Aunado a lo dicho, se advierte que la accionante mediante correo del 1º de julio de
2026 dirigido a coordinación violeta nacional solicitó recibir acompañamiento
profesional y manifestó que «el nuevo titular del despacho, doctor Robinson
Sánchez, ha mostrado una actitud respetuosa y receptiva, lo cual me brinda cierta
tranquilidad».

De lo anterior, se desprende que la situación médica de la accionante no configura
un perjuicio irremediable que habilite la intervención del juez constitucional, si se
tiene en cuenta que la señora Salazar está recibiendo la atención y el
acompañamiento respectivo y, el señor Miguel Andrés Tirado Osorio ya no es el
titular del Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Medellín.

Frente a la pretensión de reubicarla temporalmente en otro despacho, valga
recordar que el Consejo Superior de la Judicatura en el Acuerdo PCSJA25-12352
del 26 de noviembre de 20255 establece los presupuestos que se deben cumplir
para emitir concepto favorable de traslado; de ahí que, el juez constitucional no
puede interferir en ese trámite y desconocer las etapas que se deben dar para
conceder un traslado.

En consecuencia, se confirmará la sentencia del 4 de junio de 2026 que declaró
improcedente la acción de tutela por subsidiariedad y, se negará la solicitud de
desvinculación presentada por la ARL Positiva S.A.

5 Derogó los Acuerdos PCSJA17-10754 de 2017 y PCSJA22- 11956 de 2022

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. CONFIRMAR la sentencia del 4 de junio de 2026 proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Oralidad.

Segundo. NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la ARL Positiva
S.A.

Tercero. Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

Cuarto. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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