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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2026-00810-01

Fecha
6 de agosto de 2026
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2026-00810-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 23 de junio de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Octava de Decisión, y, en su lugar, NEGAR las pretensiones de la demanda. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley 393 de 1997. TERCERO: En firme la presente decisión, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 05001-23-33-000-2026-00810-01

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

6 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Seis (6) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 05001-23-33-000-2026-00810-01
Demandante: JOSÉ DALADIER URREA ÁLZATE
Demandado: AGENCIA NACIONAL DE MINERIA

Tema: Revoca sentencia de primera instancia que declaró
improcedente la acción. Niega pretensiones de la demanda.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala decide la impugnación formulada por la parte accionante, contra la
sentencia del 23 de junio de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Octava de Decisión, por medio de la cual se negaron las
pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. Demanda1

El ciudadano José Daladier Urrea Álzate, obrando en nombre propio, promovió
demanda en ejercicio de la acción de cumplimiento en contra de la Agencia Nacional
de Minería2, en lo sucesivo la ANM, en la que solicitó el acatamiento del artículo 288
de la Ley 685 de 20013. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

3.1. Pretensión Principal

PRIMERA: Que este Tribunal Administrativo de Antioquia ORDENE a la Agencia
Nacional de Minería que, en el término perentorio de cuarenta y ocho (48) horas
contadas desde la ejecutoria de la sentencia, profiera la resolución de trámite de

1 Índice 4, cuaderno de primera instancia
2 Decreto 4134 de 2011 Artículo 1°. Creación y Naturaleza Jurídica de la Agencia Nacional de
Minería, ANM. Créase la Agencia Nacional de Minería ANM, como una agencia estatal de naturaleza
especial, del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personería
jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, técnica y financiera, adscrita al Ministerio de
Minas y Energía.
3 Por la cual se expide el Código de Minas y se dictan otras disposiciones.

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Demandante: José Daladier Urrea Álzate
Demandado: Agencia Nacional de Minería
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apertura del procedimiento de caducidad del Contrato JIT-08261, conforme al
artículo 288 de la Ley 685 de 2001, señalando los hechos constitutivos de las
causales c), g) e i) del artículo 112 ibídem, acreditadas en las Resoluciones VSC-44
(8 ene. 2026) y VSC-906 (16 mar. 2026), ejecutoriadas desde el 18 de marzo de 2026.

3.2. Pretensión Subsidiaria

SEGUNDA (SUBSIDIARIA): Fijar un cronograma perentorio e improrrogable que
disponga: (i) expedición del auto de apertura del artículo 288 dentro de los cinco (5)
días hábiles siguientes a la ejecutoria; (ii) término de treinta (30) días calendario
para descargos (inciso 2° Art. 288); y (iii) decisión de fondo dentro de los diez (10)
días calendario siguientes.

3.3. Pretensión Cautelar — Art. 9 Ley 393/1997 + Arts. 229-241 CPACA

TERCERA (CAUTELAR): Ordenar a la ANM que, dentro de las 24 horas siguientes
a la comunicación del auto admisorio, anote preventivamente en el Registro Minero
Nacional (RMN) el Contrato JIT-08261, bloqueando cualquier cesión, gravamen,
prórroga o acto de disposición hasta la ejecutoria del fallo de fondo. Fundamento:
fumus boni iuris + periculum in mora acreditados por los actos propios en firme de
la ANM4.

1.2. Hechos

El accionante narró que mediante contrato de concesión minera N. ° JIT-08261,
suscrito el 19 de diciembre de 2011, la ANM permitió a la empresa El Molino S.O.M.,
la realización de actividades de exploración técnica y explotación económica, de un
yacimiento de minerales de oro y platino y sus concentrados, para un área de
6908,82081 hectáreas ubicadas en los municipios de Yalí y el Yolombó, del
departamento de Antioquia.

Posteriormente, mediante Resolución 108394 del 30 de octubre de 2013, se aprobó
la cesión total de los derechos mineros que le corresponden a la empresa El Molino
S.O.M., a favor de la sociedad Marquesa Gold S.A.S.

Indicó que la ANM estableció que el titular de la concesión minera no estaba
acatando las obligaciones a su cargo, razón por la cual se expidieron las
Resoluciones VSC-44 y VSC-906 del 8 de enero y 16 de marzo de 2026, mediante
las cuales se negó la cuarta prórroga exploratoria y se confirma dicha decisión,
respectivamente.

Por lo anterior, en criterio del accionante, se cumplen los supuestos de facto
establecidos en el artículo 288 de la Ley 685 de 2001, lo que impone el deber a
cargo de la ANM de declarar la caducidad del contrato de concesión minera.

4 Transcripción original del texto con posibles errores.

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El señor Urrea Álzate el 21 de mayo de 2026 radicó ante la ANM escrito de
constitución en renuencia, en el que solicitó el acatamiento de la norma
anteriormente indicada.

Finalmente, la autoridad convocada, mediante comunicado del 22 siguiente,
respondió que no accedía a las pretensiones formuladas.

1.3. Actuaciones procesales relevantes

1.3.1. Admisión de la demanda5

La Magistrada Ponente del Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Octava de
Decisión, por auto del 26 de mayo de 2026, encontró acreditados los requisitos
legales establecidos en la Ley 393 de 1997, por lo que dispuso la admisión de la
demanda y ordenó la notificación de la ANM6.

1.3.2. Intervenciones

El Ministerio Público7 concurrió al proceso solicitando que se nieguen las
pretensiones de la demanda. Al respecto, preciso que la norma invocada no
contiene una obligación clara, expresa y exigible a cargo de la ANM.

En ese sentido, acotó que la disposición se limita a establecer un procedimiento que
debe adelantar la ANM para declarar la caducidad del contrato, sin que sea
imperativo adoptar dicha determinación.

Adicionalmente, precisó que la correcta interpretación de la norma, parte del
cumplimiento de los supuestos fácticos que para tal efecto establece el artículo 112
de la misma Ley.

La ANM8, por conducto de apoderada judicial, alegó que no es posible acudir a la
acción de cumplimiento para imponer obligaciones que no cuentan con fundamento
jurídico válido.

Explicó que la negativa a la solicitud de renuencia, esto es la respuesta dada
mediante oficio del 22 de mayo de 2026, justifica desde el punto de vista fáctico y
jurídico las razones por las cuales no es procedente aplicar la figura de la caducidad
al contrato de concesión minera N. ° JIT-08261.

5 Índice 5 de Samai. Cuaderno de primera instancia
6 Índice 8 de Samai. Cuaderno de primera instancia. Lo anterior mediante Oficio 57701 del 26 de

mayo de 2026, remitido a los buzones: notificacionesjudiciales@anm.gov.co y
notificacionesjudiciales-anm@anm.gov.co.
7 Índice 9 de Samai. Cuaderno de primera instancia.
8 Índice 10 de Samai. Cuaderno de primera instancia.

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Frente a la labor de seguimiento al citado negocio jurídico, mediante auto GSC-ZO
N.° 000056 del 28 de noviembre de 2025, se requirió al concesionario respecto a
los incumplimientos presentados, so pena de imponerse multas, sin que se haya
hecho mención a la declaratoria de caducidad.

Finalmente, acotó que la acción constitucional promovida por el actor, no puede
definir procedimientos administrativos internos, tampoco puede reprochar las
decisiones que adopta la administración frente al contrato de concesión minera N. °
JIT-08261, y mucho menos definir situaciones jurídicas particulares.

1.4. Sentencia de primera instancia9

El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Octava de Decisión, clausuró el trámite
mediante sentencia del 23 de junio de 2026 en la que negó las pretensiones de la
demanda. En sustento de dicha decisión se explicó lo siguiente:

Por consiguiente, la disposición invocada por el accionante regula el procedimiento
que debe adelantarse para declarar la caducidad de un contrato de concesión minera,
al disponer que esta será precedida de una resolución de trámite en la que se indiquen
las causales atribuidas al concesionario, se le otorgue la oportunidad de subsanarlas
o presentar descargos y, posteriormente, se adopte la decisión correspondiente; sin
embargo, la norma no establece de manera expresa en qué eventos la autoridad
minera se encuentra obligada a iniciar dicho procedimiento ni define lospresupuestos
fácticos cuya sola ocurrencia imponga inexorablemente la apertura del trámite.

Así las cosas, la orden pretendida por el señor JOSÉ DALADIER URREA ÁLZATE,
no se dirige al cumplimiento de un deber concreto, directo e inequívoco contenido en
el artículo 288 de la Ley 685 de 2001, sino a que el juez constitucional determine
previamente que se encuentran configuradas determinadas causales de caducidad y,
con fundamento en ello, disponga la apertura del procedimiento administrativo, asunto
que excede el ámbito propio de la acción de cumplimiento.

En consecuencia, la Sala concluye que la disposición cuyo cumplimiento se reclama
no contiene un mandato imperativo e inobjetable susceptible de ser exigido mediante
este mecanismo constitucional, toda vez que su aplicación presupone la valoración
previa de circunstancias fácticas, técnicas y jurídicas relacionadas con la eventual
configuración de las causales de caducidad previstas en el artículo 112 de la Ley 685
de 2001.

La anterior decisión fue notificada a las partes e intervinientes mediante correo
electrónico remitido el 24 de junio de 202610.

1.5. Impugnación11

Dentro de la oportunidad procesal correspondiente, el ciudadano José Daladier
Urrea Álzate presentó escrito de impugnación en el que solicitó que se revoque la

9 Índice 13 de Samai. Cuaderno de primera instancia
10 Índice 15 de Samai. Cuaderno de primera instancia
11 Índice 17 de Samai. Cuaderno de primera instancia.

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decisión de primera instancia y, en su lugar, se accedan a las pretensiones de la
demanda.

Como primer argumento, explicó que el a quo limitó el estudio del asunto única y
exclusivamente al artículo 288 de la Ley 685 de 2001, dejando a un lado lo reglado
en el artículo 122 de la misma ley, lo que, en su criterio, violó el principio de unidad
sistemática del ordenamiento jurídico.

Asimismo, precisó que se presentaba una contradicción entre los argumentos
expuestos en la decisión y la conclusión, pues se desconoció el derrotero que para
tal efecto ha fijado el órgano de cierre de la materia.

Cuestiona que el tribunal haya indicado que, por tratarse de un procedimiento
administrativo, no es posible establecer el acaecimiento de los supuestos de facto
que permiten la declaración de caducidad. No obstante, se debe tener en cuenta
que dicha situación ya está clarificada con ocasión de los actos administrativos que
expidió la ANM en las Resoluciones VSC-44 y VSC-906.

Adicionalmente, reiteró que se encuentran satisfechos los presupuestos de
caducidad del contrato, pues, la propia ANM estableció que habían concurrido las
causales que para tal efecto estableció el legislador.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer la impugnación presentada por la accionante
contra la sentencia del 23 de junio de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo
de Antioquia, Sala Octava de Decisión, de conformidad con lo establecido en los
artículos 3º de la Ley 393 de 1997, 10, 125, 150 y 152 de la Ley 1437 de 2011, y el
Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que
establece la competencia de la Sección Quinta de la Corporación para conocer de
las «apelaciones contra las providencias susceptibles de ese recurso que se dicten
por los Tribunales Administrativos en primera instancia en las acciones de
cumplimiento».

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la sentencia de
primera instancia, que negó las pretensiones de la demanda. Para lo cual se
resolverán, en su estricto orden, los siguientes problemas jurídicos:

• ¿Se cumplió con la constitución de renuencia de la autoridad demandada
frente a la disposición invocada como incumplida?

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• ¿Se superan los requisitos de procedencia de la acción de cumplimiento?

En caso de ser afirmativas las respuestas, se deberá absolver el siguiente
planteamiento:

• ¿El artículo 288 de la Ley 685 de 2001, invocada por la parte accionante
como disposición legal incumplida, contiene un mandato imperativo e
inobjetable a cargo de la ANM?

2.3. Razones jurídicas de la decisión

A efectos de resolver tales, resulta pertinente abordar los siguientes temas: i)
naturaleza de la acción de cumplimiento, ii) el estudio del requisito de renuencia, y
iii) el caso concreto.

2.3.1. Naturaleza de la acción de cumplimiento

La acción de cumplimiento está instituida en el artículo 87 de la Constitución Política;
como un mecanismo para que toda persona pueda, «acudir ante la autoridad judicial
para hacer efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto administrativo. En caso
de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad renuente el
cumplimiento del deber omitido».

En igual sentido, el artículo 1.° de la Ley 393 de 1997 precisa que, «[t]oda persona
podrá acudir ante la autoridad judicial definida en esta Ley para hacer efectivo el
cumplimiento de normas aplicables con fuerza material de Ley o actos
administrativos».

Colombia es un Estado Social de Derecho, y dentro de sus fines esenciales está el
de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitución; teniendo en cuenta lo anterior y que las autoridades de la República
están instituidas, entre otras cosas, para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares (artículo 2.° de la Constitución Política), la
acción en estudio permite la realización de este postulado, logrando la eficacia
material de la ley y de los actos administrativos expedidos por las diferentes
autoridades en cumplimiento de sus funciones públicas.

De este modo, la acción de cumplimiento constituye el instrumento adecuado para
demandar a las autoridades o los particulares que ejercen funciones públicas, ante
el inminente incumplimiento; la efectividad de las normas con fuerza material de ley
y de los actos administrativos.

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Como lo señaló la Corte Constitucional «el objeto y finalidad de esta acción es
otorgarle a toda persona, natural o jurídica, e incluso a los servidores públicos, la
posibilidad de acudir ante la autoridad judicial para exigir la realización o el
cumplimiento del deber que surge de la ley o del acto administrativo y que es omitido
por la autoridad, o el particular cuando asume este carácter. De esta manera, la
referida acción se encamina a procurar la vigencia y efectividad material de las leyes
y de los actos administrativos, lo cual conlleva la concreción de principios medulares
del Estado Social de Derecho, que tienden a asegurar la vigencia de un orden
jurídico, social y económico justo» (subrayado por fuera del texto).

Sin embargo, para que la acción de cumplimiento prospere, del contenido de la Ley
393 de 1997, se desprende que, se deben acreditar los siguientes requisitos
mínimos:

a. Que el deber que se pide hacer cumplir se encuentre consignado en normas
aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes (art. 1.º)12

b. Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al cumplimiento
del deber, antes de formular la demanda, bien sea por acción u omisión del exigido
o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su inminente
incumplimiento (art. 8.º).

c. El artículo 8.° señala que, excepcionalmente, se puede prescindir de este
requisito «cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un
perjuicio irremediable», caso en el cual deberá ser sustentado en la demanda.

d. Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para
lograr el efectivo cumplimiento del deber jurídico o administrativo omitido, salvo el
caso que, de no proceder el juez, se produzca un perjuicio grave e inminente para
quien ejerció la acción, circunstancia esta que hace procedente la acción. Por tanto,
es improcedente la acción que persigue la protección de derechos que puedan ser
garantizados a través de la acción de tutela; o se pretenda el cumplimiento de
normas que establezcan gastos a la administración (art. 9.º).

2.3.2. De la renuencia

El inciso segundo del artículo 8.° de la Ley 393 de 1997, en concordancia con el
numeral 5.° del artículo 10 ibidem, estableció como requisito de procedibilidad de
esta acción constitucional, que con la demanda el accionante aporte la prueba de
haber pedido a las entidades accionadas en forma directa y con anterioridad al
ejercicio de la acción, el cumplimiento del deber legal o administrativo
presuntamente desatendido por aquélla y, que la autoridad requerida se ratifique en

12Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general
consagran principios y directrices.
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el incumplimiento o guarde silencio frente a la solicitud; de esta manera, quedará
acreditada la renuencia de la respectiva autoridad administrativa y el actor podrá
ejercer la acción de cumplimiento

Al respecto, esta Sección ha señalado que:

Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es importante
tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la renuencia.

El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que incumple
la norma, la cual constituye la base de la renuencia, que si bien no está sometida a
formalidades especiales, se ha considerado que debe al menos contener: La
petición de cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto
administrativo; el señalamiento preciso de la disposición que consagra una
obligación y la explicación del sustento en el que se funda el incumplimiento.

Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o
expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido
expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la
presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con relación a
la aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de procedencia de la acción
prueba la resistencia del destinatario de la norma a cumplir con ella.

Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es necesario
analizar tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta del destinatario del
deber omitido, puesto que la primera delimita el marco del incumplimiento reclamado.
Y, para demostrar la renuencia tácita es necesario estudiar el contenido de la petición
de cumplimiento que previamente debió formular el demandante, pues, como se dijo,
aquella define el objeto jurídico sobre el cual versará el procedimiento judicial para
exigir el cumplimiento de normas con fuerza material de ley o actos administrativos
[13] (Negrillas fuera de texto).

Para el cumplimiento de este requisito de procedibilidad es importante tener en
cuenta, como lo ha señalado la Sala, que «el reclamo en tal sentido no es un simple
derecho de petición sino una solicitud expresamente hecha con el propósito de
cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la acción de cumplimiento» 14,
ya que no se ha dado por demostrado su agotamiento cuando la petición «tiene una
finalidad distinta a la de constitución en renuencia».

Resulta relevante para la Sala precisar que la renuencia debe entenderse como la
negativa del ente accionado frente a la solicitud de cumplimiento de la disposición,
bien porque no dé respuesta oportunamente o porque, aunque sea emitida en
tiempo, «resulte contraria al querer del ciudadano»15

13 [En la providencia se citó «Sobre el tema, Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 24

de junio de 2004, exp. ACU-2003-00724, MP.: Darío Quiñones Pinilla»]
14 Sección Quinta, providencia del 20 de octubre de 2011, Exp. 2011-01063, M.P. Mauricio Torres

Cuervo.
15 Lo mismo se reitera en Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de diciembre de

2015, radicación n.º 25000-23-41-000-2016-02003-01 (ACU); Consejo de Estado, Sección Quinta,
sentencia del 17 de noviembre de 2016, radicación n.º 15001-33-33-000-2016-00690-01 (ACU);
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En el presente caso, se tiene por probado que el 21 de mayo de 2026, el señor
Urrea Álzate radicó ante la ANM escrito en el que solicitó expresamente el
cumplimiento del artículo 288 de la Ley 685 de 2001.

Del mismo modo, se acreditó que la ANM, mediante oficio del 22 de mayo de 2026,
atendió dicho requerimiento, indicando no se accedía a lo solicitado, para lo cual
expuso las razones de su postura.

Siendo ello así, se concluye que el requisito de procedibilidad de que trata el artículo
8 de la Ley 393 de 1997 se encuentra satisfecho, por lo que resulta procedente

Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de septiembre de 2016, radicación n.º 15001-
23-33-000-2016-00249-01(ACU), en todas, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez, entre otras.
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acometer el estudio de los requisitos de procedencia y, en caso de superarse éstos,
realizar el análisis de fondo.

2.3.3. Caso concreto

Como punto de partida, la Sala debe traer a colación la disposición sobre la cual
recae la pretensión de la demandante, en ese sentido, se itera, el actor busca que
se ordene a la ANM el cumplimiento del artículo 288 de la Ley 685 de 2001, el cual
dispone lo siguiente:

LEY 685 DE 2001
(Agosto 15)
"Por la cual se expide el Código de Minas y se dictan otras disposiciones".

Artículo 288. Procedimiento para la caducidad. La caducidad del contrato, en los
casos en que hubiere lugar, será declarada previa resolución de trámite en la que, de
manera concreta y específica, se señalen la causal o causales en que hubiere
incurrido el concesionario. En esta misma providencia se le fijará un término, no mayor
de treinta (30) días, para que subsane las faltas que se le imputan o formule su
defensa, respaldada con las pruebas correspondientes. Vencido este término se
resolverá lo pertinente en un plazo máximo de diez (10) días. Los funcionarios que
dejaren vencer este plazo serán sancionados disciplinariamente como responsables
de falta grave.

Frente a la anterior disposición, como punto de partida se tiene que se trata de un
artículo vertido en una ley susceptible de la acción de cumplimiento en los términos
del artículo 1° de la Ley 393 de 1997. Asimismo, la citada norma se encuentra
vigente, pues, no existe otra disposición legal o decisión judicial que la haya
removido del ordenamiento jurídico.

Por otra parte, tampoco se evidencia la existencia de otro mecanismo judicial que
permita al demandante obtener el cabal acatamiento de la disposición citada; en
igual sentido, el debate que se plantea en esta instancia no es susceptible de ser
ventilado a través de la acción de tutela, toda vez que no se ven involucrados
derechos fundamentales.

Al respecto, cabe la pena mencionar que el señor Urrea Álzate no goza de
legitimación en la causa por activa para instaurar el medio de control de
controversias contractuales, dado que, conforme el artículo 141 de la Ley 1437 de
201116, dicho mecanismo se encuentra reservado para aquellas personas que
ostenten la condición de partes al interior del contrato Estatal

16 Artículo 141. Controversias contractuales. Cualquiera de las partes de un contrato del Estado

podrá pedir que se declare su existencia o su nulidad, que se ordene su revisión, que se declare su
incumplimiento, que se declare la nulidad de los actos administrativos contractuales, que se condene
al responsable a indemnizar los perjuicios, y que se hagan otras declaraciones y condenas. Así
mismo, el interesado podrá solicitar la liquidación judicial del contrato cuando esta no se haya logrado
de mutuo acuerdo y la entidad estatal no lo haya liquidado unilateralmente dentro de los dos (2)
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Finalmente, el eventual acatamiento de la norma no conlleva para la parte
demandada incurrir en un gasto no presupuestado.

2.3.3.1. Sobre la existencia de un mandato

La finalidad de la acción de cumplimiento es que toda persona pueda acudir ante la
autoridad judicial competente para hacer efectivo el acatamiento de una ley o de un
acto administrativo, tal como lo dispone el artículo 87 constitucional.

No obstante, a través de esta acción no es posible ordenar ejecutar toda clase de
disposiciones, sino aquellas que contienen prescripciones que se caracterizan como
“deberes”. Los deberes legales o administrativos que pueden ser cumplidos a través
de las órdenes del juez constitucional son los que albergan un mandato perentorio,
claro y directo a cargo de determinada autoridad, un mandato “imperativo e
inobjetable”.

Al respecto, resulta importante recordar que esta sección ha indicado las
características que deben tener los deberes legales o administrativos que pueden
ser cumplidos a través de las órdenes del juez constitucional: mandatos imperativos,
expresos e inobjetables. Es así, que en reciente providencia precisó su postura de
la siguiente manera17:

[E]l mandato previsto en la ley o en el acto administrativo no tiene que consistir en
una obligación clara, expresa y exigible, bastara con que se trate de un deber
imperativo, expreso e inobjetable. Considerar que, si el precepto no tiene todas las
circunstancias de tiempo, modo y lugar no puede ser exigible para el sujeto pasivo de
la obligación, implicaría aceptar que las disposiciones son ineficaces desde todo
punto de vista y por tanto no podrían ser enjuiciables vía acción de cumplimiento.

Esto a su vez, supondría ir en contra del espíritu del constituyente quien estatuyo en
el artículo 87 de la Carta, una acción que le permita a toda persona solicitar la
realización efectiva de los mandatos señalados en las leyes y los actos
administrativos ante cualquier autoridad, para «hacerle frente a las omisiones de las
autoridades públicas, y de los particulares que ejerzan funciones públicas, en el
ejercicio de toda actividad jurídica o material, legalmente debida y cuya ejecución sea
posible de realizar»18.

Expuesto lo anterior, se remembra que la finalidad de la acción constitucional del
asunto es que la ANM, en aplicación del artículo 288 de la Ley 685 de 2001, inicie
y lleve hasta su finalización el procedimiento administrativo correspondiente, por

meses siguientes al vencimiento del plazo convenido para liquidar de mutuo acuerdo o, en su
defecto, del término establecido por la ley.
[…]
17Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia de 25 de enero de 2024, radicado 25000-23-41-

000-2022-00243-01, MP Pedro Pablo Vanegas Gil.
18 Ramelli Arteaga, A. 2000. La acción de cumplimiento: ¿Un instrumento jurídico al servicio del

Estado social de derecho en Colombia? Revista derecho del Estado. 8 (jun. 2000), 85–125.
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medio del cual declare la caducidad en el contrato de concesión minera N. ° JIT-
08261 cuyo titular de los derechos es la sociedad Marquesa Gold S.A.S. Lo anterior,
por cuanto, en sentir del accionante, se encuentran configurados supuestos de facto
establecidos en el artículo 112 de la Ley 685 de 2001, que faculta a la administración
para adoptar dicha determinación.

Al respecto, la Corte Constitucional ha indicado sobre la figura de la caducidad lo
siguiente:

La ley, la doctrina y la jurisprudencia han coincidido en reconocer en esta cláusula,
una prerrogativa o privilegio que se le otorga al Estado para dar por terminado un
contrato donde él es parte, cuando el contratista ha desplegado ciertas conductas o
se presentan circunstancias que, en general, impiden el cumplimiento eficaz y
adecuado del objeto contractual, hecho que hace necesaria la intervención rápida de
la administración a fin de garantizar que el interés general involucrado en el contrato
mismo no se afecte, porque de hecho se lesiona a la comunidad en general. Es decir,
la caducidad del contrato es una potestad que se le reconoce al Estado como parte
en él, para darlo por terminado.19

En igual sentido, la citada corte, en tratándose de la caducidad de los contratos de
concesión minera ha indicado:

En relación con el debido proceso aplicado a la declaratoria de caducidad de contratos
por parte de la administración, esta Corporación ha establecido que esta figura,
constituye una medida constitucionalmente legítima, que resulta válida para afrontar
eventuales situaciones de incumplimiento contractual, o para prevenir otros
comportamientos que puedan tener efecto directo sobre el interés público. A este
respecto ha establecido la jurisprudencia de la Corte que: (i) la caducidad es una
figura plenamente legítima desde el punto de vista constitucional; (ii) se origina en el
incumplimiento grave del contratista; (iii) se fundamenta en dicho incumplimiento y
por tanto no tiene el carácter de sanción; (iv) tiene como consecuencia que la
administración dé por terminado el contrato y ordene su liquidación; (v) debe ser
declarada mediante un acto debidamente motivado, (vi) debe respetar el debido
proceso; (v) implica igualmente que la administración queda facultada para adoptar
las medidas necesarias para ejecutar el objeto contratado; (vii) trae aparejadas
importantes consecuencias como multas o sanciones que se hubieren estipulado, así
como la inhabilidad que por ministerio de la Ley existe para volver a celebrar contratos
con las entidades estatales durante el tiempo que fije la ley; (viii) es una medida de
control efectivo frente al grave incumplimiento del contratista, (ix) es una medida que
protege el interés público; (x) no tiene como finalidad sancionatoria, en principio, sino
de prevención; (xi) constituye una de las estipulaciones contractuales de las partes;
(xii) se utiliza para prevenir otras situaciones ajenas al cumplimiento del contrato, que
el Legislador ha considerado que afectan gravemente el interés público, en cuyo caso
es prevalente el carácter sancionatorio de la medida; (xiii) tiene un efecto disuasivo y
ejemplarizante; (xiv) se encuentra amparada por la presunción de legalidad, no
obstante lo cual puede ser controvertida tanto en la vía gubernativa como por la vía
jurisdiccional; (xv) no implica vulneración de los derechos del contratista, ya que la(s)
persona(s) o entidad(es) afectada(s) por esta medida conocen previamente las
consecuencias del incumplimiento y tienen el deber jurídico de soportar las

19 Sentencia T – 569 de 1998. MP. Alfredo Beltrán Sierra

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restricciones o efectos desfavorables, siempre y cuando la medida se adopte con
respeto del debido proceso.20

Con base en lo anterior, la Sala prontamente advierte que la norma invocada como
incumplida, más allá de contener un mandato imperativo e inobjetable a cargo de la
ANM, establece un procedimiento para declarar la caducidad del contrato, lo cual
no significa necesariamente que su declaratoria sea obligatoria. Al respecto, esta
Corporación ha indicado lo siguiente:

De la previsión legal transcrita se desprende que la caducidad corresponde a una
forma de terminación anormal de los contratos estatales que, generalmente, se
origina por el incumplimiento cualificado de las obligaciones a cargo del contratista y
cuya declaración conlleva la imposición de sanciones a cargo de quien dio lugar a
ella; sin embargo, para que proceda la declaración de caducidad, se debe presentar
no cualquier tipo de incumplimiento, sino uno de aquellos que impidan o amenacen
la continuidad de la ejecución del contrato y, por ende, de la prestación del servicio.21

La acción de cumplimiento sólo permite ordenar el acatamiento de deberes
imperativos, expresos e inobjetables. Y la expedición de la resolución de trámite del
artículo 288 no constituye un deber de esa naturaleza, por lo siguiente:

• La decisión de perseguir la caducidad reposa en el artículo 112 del Código
de Minas, cuyo enunciado es potestativo («podrá»). El artículo 288 no crea
la potestad: regula el procedimiento que ha de observarse «en los casos en
que hubiere lugar» a la caducidad, una vez la administración ha determinado
que procede adelantarla. La apertura del trámite es, por tanto, un paso
condicionado a esa determinación previa, y no un deber autónomo e
incondicionado.

• Esa determinación previa (si «hubiere lugar» o no a la caducidad) es de suyo
valorativa: supone calificar, en clave técnica, contractual y jurídica, si el
incumplimiento es de aquellos que, conforme a la jurisprudencia de lo
contencioso administrativo, impiden o amenazan la continuidad de la
ejecución del contrato y habilitan su terminación anormal. Se trata de una
apreciación reservada a la ANM, que no es inobjetable y, por ello, no es
exigible por la vía del artículo 87 de la Constitución.

• La tesis del actor (la reducción de la discrecionalidad a cero tras la firmeza
de la Resolución VSC-906) no salva el obstáculo, sino que lo confirma. Para
acogerla, el juez de cumplimiento tendría que declarar, previamente, que las
causales de los literales c), g) e i) del artículo 112 están configuradas de
manera definitiva e inobjetable y que la única solución jurídicamente posible
es la apertura del procedimiento. Ese juicio es, precisamente, la valoración

20 Sentencia C – 983 de 2010. MP Luis Ernesto Vargas Silva.
21 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 12 de junio de 2013. Expediente

25000-23-26-000-2002-01795-01. MP. Carlos Alberto Zambrano Barrera.
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previa que desborda el ámbito de la acción de cumplimiento. A ello se agrega
que las Resoluciones VSC-44 y VSC-906 resolvieron una solicitud de
prórroga de la etapa de exploración (no la procedencia de la caducidad), de
modo que sus hallazgos, con ser relevantes, no equivalen a la decisión
administrativa de que «hubiere lugar» a la terminación del contrato. La propia
entidad, por lo demás, encauzó el seguimiento por la vía del requerimiento
bajo apremio de multa (artículo 115, L685/2001), lo que evidencia la
subsistencia de un margen de apreciación entre remedios diversos.

En suma, se debe tener en cuenta que la caducidad, en su noción de cláusula
exorbitante, es una prerrogativa de las autoridades quienes dentro de la autonomía
administrativa se encuentran en total libertad de decidir si quieren hacer uso o no
de dicha potestad como remedio a los posibles incumplimientos de un contratista.

Por lo anterior, emerge de manera clara e irrefutable que la acción de cumplimiento
no puede tener como objeto el ordenar a una autoridad que inicie el procedimiento
administrativo correspondiente a efectos de imponer la caducidad al interior de un
contrato estatal, pues, se reitera, es una prerrogativa de la administración su
declaratoria.

Avalar la tesis que plantea la parte actora, esto es que, vía acción de cumplimiento,
acaecido un supuesto incumplimiento del contrato, se pueda ordenar a una entidad
de derecho público el uso de la caducidad, conllevaría indefectiblemente una
deformación de la estructura del Estado, pues se haría una usurpación de
competencias propias de la administración, y dotando a las autoridades judiciales
de poderes exorbitantes.

Finalmente, conviene precisar que el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Octava de Decisión, declaró improcedente la acción, pero su motivación da cuenta
de la negativa de las pretensiones. En ese sentido, se revocará el sentido de la
decisión, pues, conforme quedó consignado en precedencia, se superaron los
requisitos de procedencia, pero se concluyó que la norma invocada no contiene un
mandato a cargo de la Agencia Nacional de Minería.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

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FALLA

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 23 de junio de 2026, proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Octava de Decisión, y, en su lugar,
NEGAR las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley
393 de 1997.

TERCERO: En firme la presente decisión, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
Salva el voto

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
Salva el voto

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

JESÚS VALL DE RUTÉN RUÍZ
Conjuez

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de radicación en
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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