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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2026-00814-01

Fecha
10 de agosto de 2026
Consejero ponente
Adriana Polidura Castillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2026-00814-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: MODIFICAR la sentencia proferida el 9 de junio de 2026 por el Tribunal Administrativo de Antioquia-Sala Cuarta de Decisión y, en su lugar DECLARAR la improcedencia de la acción, en atención a lo expuesto en la parte motiva de esta decisión. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito. TERCERO: ENVIAR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 05001-23-33-000-2026-00814-01

Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo

10 de agosto de 2026

Radicado: 05001-23-33-000-2026-00814-01
Accionante: Adriana Castro Barajas

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Bogotá D.C., diez (10) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 05001-23-33-000-2026-00814-01
Accionante: Adriana Castro Barajas
Accionado: Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia
Referencia: Acción de tutela

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial – Carácter subsidiario del amparo. Requisitos
generales y especiales de procedencia. Relevancia constitucional – improcedencia.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionante contra la sentencia
proferida el 9 de junio de 2026 por la el Tribunal Administrativo de Antioquia-Sala Cuarta
de Decisión.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

Adriana Castro Barajas interpuso acción de tutela con el fin de obtener el amparo de sus
derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la
igualdad, a la honra, al buen nombre y a la tutela judicial efectiva 1, los cuales considera
vulnerados por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia, con ocasión del
auto de 27 de marzo de 2026, mediante el cual se desestimó de plano la queja presentada
contra Stephanie Rendón Zapata, dentro del proceso disciplinario identificado con el
radicado núm. 05001-25-02-000-2026-00192-00.

2. Hechos

El escrito de tutela se sustenta en la siguiente relación fáctica:

2.1. El 20 de octubre de 2025, la señora Adriana Castro Barajas participó en una clase
virtual de la asignatura Contratos II, impartida en la Universidad de Medellín por la
abogada Stephanie Rendón Zapata, oportunidad en la cual esta última profirió diversas
expresiones que la accionante consideró ofensivas, degradantes y deshonrosas en su
contra.

1
Índice 00004 del expediente digital de primera instancia en el aplicativo SAMAI, certificado F955D3802CAC73C2
1553E5961B70769B C0C776FDD7136B33 EBA55CECE7067228, páginas 1 a 8.

Radicado: 05001-23-33-000-2026-00814-01
Accionante: Adriana Castro Barajas

2.2. En el desarrollo de dicha clase, la abogada Stephanie Rendón Zapata manifestó
públicamente que la señora Adriana Castro Barajas era “ignorante”, que “no parecía
abogada”, que actuaba como “una pared” y que era “estúpida”. Asimismo, señaló que
debía enfrentar un proceso disciplinario.

2.3. Las expresiones cuestionadas se produjeron en el marco de una discusión de
contenido estrictamente jurídico, desarrollada durante una clase universitaria de
Derecho, en la que se abordaron asuntos relacionados con contratos, arrendamiento
comercial, vías de hecho y actuaciones de abogados.

2.4. Posteriormente, el contenido audiovisual de la clase fue difundido a través de redes
sociales y plataformas digitales utilizadas tanto por la abogada Stephanie Rendón Zapata
como por su cliente, Natalia Forero Manrique, particularmente en las plataformas TikTok
y YouTube.

2.5. Con fundamento en lo anterior, la señora Adriana Castro Barajas presentó queja
disciplinaria ante la jurisdicción disciplinaria judicial, al considerar que la conducta
atribuida a la abogada Stephanie Rendón Zapata podía constituir una infracción a los
deberes éticos y profesionales previstos en la Ley 1123 de 2007.

2.6. El asunto le correspondió a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá
bajo el radicado número 05001-25-02-000-2026-00192-00, autoridad que mediante auto
del 20 de enero de 2026 remitió la actuación, por competencia, a la Comisión Seccional
de Disciplina Judicial de Antioquia.

2.7. Una vez recibida la actuación, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de
Antioquia, a través de providencia del 27 de marzo de 2026 desestimó de plano la queja,
al considerar que la conducta cuestionada no había ocurrido en ejercicio de la profesión
de abogado, sino en el marco del ejercicio de funciones docentes.

Para sustentar dicha determinación, la autoridad disciplinaria señaló que entre la
accionante y la abogada cuestionada no existía una relación abogado-cliente ni un
vínculo de representación jurídica, por lo que concluyó que no resultaba procedente
adelantar una investigación de carácter disciplinario.

3. Pretensiones y argumentos de la solicitud

Como pretensiones la parte actora solicitó

“PRIMERO. Amparar mis derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia, igualdad, honra, buen nombre y tutela judicial efectiva.

SEGUNDO. Dejar sin efectos la providencia proferida por la Comisión Seccional de
Disciplina Judicial de Antioquia dentro del radicado 05-001-25-02-000-2026
00192-00 mediante la cual se desestimó de plano la queja disciplinaria.

2

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Accionante: Adriana Castro Barajas

TERCERO. Ordenar a la autoridad accionada emitir una nueva decisión debidamente
motivada, valorando integralmente si la conducta denunciada se produjo en ejercicio
de actividades propias de la profesión de abogado”2.

Como fundamento de sus pretensiones, la accionante sostuvo que la autoridad
disciplinaria incurrió en los siguientes defectos:

(i) Defecto sustantivo. La accionante sostuvo que la autoridad disciplinaria realizó una
interpretación restrictiva e irrazonable del concepto de «ejercicio de la profesión» previsto
en la Ley 1123 de 2007, al considerar que este únicamente se configura cuando existe
una relación abogado-cliente o representación judicial. Señaló que dicha interpretación
desconoció que el ejercicio profesional comprende otras actividades jurídicas
especializadas, entre ellas la docencia universitaria en Derecho, máxime cuando la
abogada denunciada impartía una asignatura jurídica, desarrollaba análisis sobre
asuntos propios de la profesión y las expresiones cuestionadas se referían al desempeño
profesional de otra abogada. En su criterio, esta interpretación redujo injustificadamente
el ámbito de aplicación del régimen disciplinario de la abogacía.

(ii) Desconocimiento del precedente constitucional. Afirmó que la providencia
desconoció la sentencia C-290 de 2008 de la Corte Constitucional, según la cual el
ejercicio de la profesión de abogado no se circunscribe a la representación judicial, sino
que comprende diversas actividades jurídicas orientadas al cumplimiento de la función
social de la profesión. Agregó que la autoridad accionada también se apartó de
precedentes disciplinarios que reconocen como ejercicio profesional el desempeño de
actividades que requieren formación jurídica especializada. Asimismo, sostuvo que la
decisión desconoció la relevancia social de la profesión y el deber de prevenir
actuaciones que puedan afectar derechos fundamentales como la honra, el buen nombre,
la intimidad y el derecho de defensa.

(iii) Defecto fáctico. Alegó que la autoridad disciplinaria omitió valorar integralmente las
circunstancias en las que se produjeron las expresiones denunciadas. Explicó que estas
no fueron manifestaciones efectuadas en un ámbito privado o ajeno al Derecho, sino que
tuvieron lugar durante una clase jurídica, versaron sobre asuntos propios de esa
disciplina, fueron dirigidas contra otra profesional del derecho y cuestionaron
expresamente su idoneidad profesional y ética. Por ello, consideró que se desconoció el
vínculo material entre la conducta denunciada y el ejercicio especializado de la profesión
de abogada, lo que le impidió obtener un pronunciamiento disciplinario de fondo sobre los
hechos que, a su juicio, afectaron sus derechos fundamentales.

4. Trámite de tutela e intervenciones

Mediante auto del 26 de mayo de 20263 el magistrado ponente del Tribunal Administrativo
de Antioquia admitió la acción de tutela; vinculó como tercera con interés a Stephanie
Rendón Zapata, a Natalia Forero Manrique y a la Universidad de Medellín; ofició a la

2
Ibid.
3
Índice 00005 del expediente digital de primera instancia, certificado 5CA96608C2306E5E C6E477DE5A812BCD
0266A2E581E64887 0722B1D415C702A6.

3

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Accionante: Adriana Castro Barajas

autoridad judicial accionada para que remitiera copia del expediente objeto de amparo; y
ordenó notificar a los sujetos procesales.

Una vez efectuadas las notificaciones de rigor, se recibieron los siguientes informes:

4.1. La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia4, a través de la
magistrada ponente de la decisión cuestionada, allegó el expediente objeto de amparo y
realizó un recuento de las actuaciones surtidas al interior de la acción disciplinaria.

Sostuvo que la decisión obedeció a que las presuntas manifestaciones que incomodaron
a la quejosa se realizaron cuando dictó clase la Dra. Rendón Zapata, esto es, en un
espacio académico y no en el ejercicio de la profesión (artículo 19 Ley 1123 de 2007),
como quiera que, la denunciada actuó en el marco de la actividad de docencia, al impartir
la clase de Contratos II, para el programa de Derecho en la Universidad de Medellín.

4.2. La abogada Stephanie Rendón Zapata5 solicitó negar la solicitud de amparo al no
configurarse los defectos invocados por la actora. Manifestó que no existe vulneración del
debido proceso, por cuanto la autoridad disciplinaria aplicó el marco normativo y
jurisprudencial pertinente y concluyó motivadamente que los hechos ocurrieron en un
escenario académico.

Adujo la existencia de una actuación temeraria por parte de Adriana Castro Barajas, al
considerar que promovió múltiples acciones por los mismos hechos. Señaló que la
accionante había acudido previamente a una acción de tutela con radicado
11001400301420250112000, tramitada ante el Juzgado Catorce Civil Municipal de
Bogotá, autoridad que, a través de sentencia del 26 de noviembre de 2025 declaró
improcedente el amparo al estimarse que las actuaciones estaban cobijadas por la
libertad de cátedra y que no existía vulneración por parte de la Universidad o de sus
docentes. Añadió que dicha decisión fue confirmada por el Juzgado Cuarenta y Uno Civil
del Circuito de Bogotá, mediante fallo del 4 de diciembre de 2025.

Adicionalmente, pidió compulsar copias a la autoridad disciplinaria competente para que
investigue la conducta de la abogada Adriana Castro Barajas.

4.3 La Universidad de Medellín6, por intermedio de apoderada judicial, solicitó declarar
su falta de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto no fue partícipe de la actuación
cuestionada por la accionante, esto es, la providencia del 27 de marzo de 2026 proferida
por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia, ni tiene injerencia alguna en
el proceso disciplinario adelantado ante esa autoridad. Además, por no existir acción u
omisión atribuible a esta Institución que vulnere o amenace los derechos fundamentales
de la accionante en el marco del presente proceso.

4
Índice 00008 del expediente digital de primera instancia, certificado 8C3BD91998DB3ECC 147199AA6EB4D161
F0CC3FB8306D1236 31B645929DDE338B.
5
Índice 00010 del expediente digital de primera instancia, certificado 6381E630B2E43BE7 D7EB84405E68373B
39DC0770D4DD7108 0D023CB3E38883A1.
6
Índice 00011 del expediente digital de primera instancia, certificado B236355E4573E02C 562C12957AABB266
23292C05A05E8D23 F85ADC7745E183FB.

4

Radicado: 05001-23-33-000-2026-00814-01
Accionante: Adriana Castro Barajas

Informó que “tanto el Juzgado Catorce Civil Municipal de Bogotá en fallo del 26 de
noviembre de 2025 como el Juzgado Cuarenta y Uno Civil del Circuito de Bogotá en fallo
del 4 de diciembre de 2025, al resolver acción de tutela interpuesta por la misma
accionante contra la Universidad de Medellín con radicado 11001400301420250112001
por los mismos hechos en que funda su queja contra la docente, concluyeron que la clase
se desarrolló al amparo de la libertad de cátedra y que las expresiones cuestionadas no
eran imputables a la Institución”7.

5. Actuación posterior

El magistrado ponente del Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante auto del 29 de
mayo de 2026, ordenó vincular al Juzgado Catorce Civil Municipal de Bogotá y Juzgado
Cuarenta y Uno Civil del Circuito de Bogotá, y adicionalmente solicitó que aportaran el
enlace del expediente digital con radicados No 11001-40-03-014-2025-01120-00/01,
correspondiente a la acción de tutela instaurada por Adriana Castro Barajas en la ciudad
de Bogotá, pues conforme se deduce de la contestación aportada por parte de la señora
Stephanie Rendón Zapata y de la Universidad Medellín, al parecer, estos despachos
judiciales decidieron una acción constitucional por los mismos hechos narrados por la
solicitante.

5.1. La señora Adriana Castro Barajas8, con ocasión a la providencia que antecede,
realizó algunas precisiones. Indicó que no existe identidad entre la presente acción de
tutela y la tramitada bajo el radicado número 11001-40-03-014-2025-01120-00/01, pese a
lo señalado por las vinculadas.

Explicó que la tutela actualmente conocida por el tribunal se dirige contra la providencia
de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia, proferida dentro del radicado
05-001-25-02-000-2026-00192-00, mediante la cual se desestimó de plano la queja
disciplinaria formulada contra Stephanie Rendón Zapata, y pretende el amparo de los
derechos al debido proceso, acceso a la administración de justicia, igualdad, honra, buen
nombre y tutela judicial efectiva, así como dejar sin efectos dicha decisión y ordenar la
emisión de una nueva providencia debidamente motivada.

En contraste, señaló que la acción constitucional tramitada ante los juzgados civiles de
Bogotá fue promovida contra la Universidad de Medellín, por hechos relacionados con la
utilización de datos personales e información privada durante una actividad académica
del 14 de octubre de 2025, la negativa a suministrar determinada información y la
presunta afectación de derechos fundamentales por expresiones ofensivas. En ese
proceso se solicitaron, entre otras medidas, la respuesta a una petición, la entrega de la
grabación de la clase, la retractación de expresiones ofensivas y el retiro de contenidos
divulgados en redes sociales.

Por tanto, sostuvo que, aunque las conductas atribuidas a Stephanie Rendón Zapata
constituyen un antecedente fáctico común, ello no determina la identidad de las acciones
constitucionales, pues difieren los sujetos accionados, los derechos invocados, las
7
Ibid.
8
Índice 00015 del expediente digital de primera instancia, certificado C33070FA8C75394D 4230C8257B215B87
59CA629F48A5F814 25A954057D21C3DB.

5

Radicado: 05001-23-33-000-2026-00814-01
Accionante: Adriana Castro Barajas

actuaciones cuestionadas, la causa jurídica y las pretensiones. En consecuencia, solicitó
que dicha diferenciación sea tenida en cuenta al valorar la información remitida por los
juzgados vinculados y que se deje constancia de la inexistencia de identidad entre ambos
procesos.

5.2. La señora Natalia Catalina Forero9, precisó que la sesión virtual de la asignatura
Contratos II de la Universidad de Medellín se realizó el 14 de octubre de 2025, y no el 20
de octubre, y que su intervención se limitó a participar como invitada para relatar una
experiencia comercial. Negó haber proferido las expresiones atribuidas a Stephanie
Rendón Zapata, así como haber mantenido con ella una relación de mandato,
representación o asesoría jurídica. Sostuvo, además, que el contexto de la actividad
académica ya había sido valorado por otras autoridades como amparado por la libertad
de cátedra y que la difusión del material audiovisual correspondió a un ejercicio legítimo
de divulgación y denuncia pública.

De otro lado, alegó que la accionante ha promovido múltiples acciones judiciales y
constitucionales sustentadas en un mismo núcleo fáctico, por lo que consideró
configurados un abuso del derecho de acción y una actuación temeraria. En
consecuencia, defendió la legalidad del auto del 27 de marzo de 2026, mediante el cual la
Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia concluyó que los hechos
denunciados no correspondían al ejercicio de la profesión de abogada.

Finalmente, solicitó negar el amparo, su desvinculación por falta de legitimación en la
causa por pasiva, y la compulsa de copias ante las autoridades competentes para que se
investigara la presunta conducta temeraria, el supuesto acoso procesal y el posible delito
de falso testimonio.

5.3. El Juzgado Catorce Civil Municipal de Bogotá y el Juzgado Cuarenta y Uno Civil del
Circuito de Bogotá a pesar de haber sido notificadas en debida forma, guardaron silencio
en esta etapa procesal.

6. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 9 de junio de 202610, la Tribunal Administrativo de Antioquia-Sala
Cuarta de Decisión negó las pretensiones de amparo y desvinculó a la Universidad de
Medellín, a Stephanie Rendón Zapata y a Natalia Forero Manrique respecto de cualquier
pronunciamiento de fondo distinto al propio de su vinculación procesal, por no ser las
autoras de la providencia judicial cuestionada.

El juez constitucional de primera instancia señaló que al revisar el contenido de la
decisión cuestionada no se desprendía la configuración de defecto fáctico, sustantivo ni
de una decisión sin motivación ya que, de su lectura, se encuentra que la Comisión sí
identificó el supuesto de hecho relevante, valoró el contexto en el que ocurrieron las
manifestaciones atribuidas a Stephanie Rendón Zapata y expuso una razón jurídica

9
Índice 00016 del expediente digital de primera instancia, certificado 1B4D0EA858AB569A 85983105EDC7F4E8
A8A609D30BE413DB 0A4B5A79249E149C
10
Índice 00021 del expediente digital de primera instancia, certificado 2711D03C07667C25 EDE456A80BFBAA79
F003C550E7089204 DBABF447BA94820E.

6

Radicado: 05001-23-33-000-2026-00814-01
Accionante: Adriana Castro Barajas

concreta para desestimar de plano la queja como es que tales expresiones se produjeron
en el marco de una actividad académica y docente, sin acreditarse una relación
profesional de asesoría, representación o gestión propia del ejercicio de la abogacía
sometido al régimen de la Ley 1123 de 2007.

Por otra parte, precisó que el juez constitucional no puede sustituir a la jurisdicción
disciplinaria para imponer una interpretación distinta sobre la naturaleza de las conductas
denunciadas, ni extender el objeto de la tutela al análisis autónomo de eventuales
afectaciones a la honra y al buen nombre ocasionadas por particulares. En consecuencia,
al no acreditarse que el auto del 27 de marzo de 2026 fuera arbitrario, irrazonable o
carente de motivación, negó el amparo solicitado, al no configurarse un defecto específico
de procedibilidad que justificara la intervención excepcional del juez de tutela.

7. Impugnación11

La parte actora presentó escrito de impugnación en contra de la decisión de primera
instancia y reiteró los argumentos expuestos en el escrito de tutela.

Adujo que el tribunal desnaturalizó el objeto de la acción de tutela, pues esta no pretendía
que el juez constitucional sustituyera a la jurisdicción disciplinaria ni determinara la
responsabilidad de la abogada investigada, sino que estableciera si la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia podía desestimar de plano la queja
disciplinaria con fundamento exclusivo en que los hechos ocurrieron en un contexto
académico, sin analizar su eventual relación con el ejercicio de la profesión de abogada.

Sostuvo que el a quo constitucional se limitó a verificar la existencia formal de una
motivación en la providencia cuestionada, sin establecer si esta era suficiente, razonable
y compatible con la Constitución, pues la autoridad disciplinaria no explicó por qué el
escenario académico excluía, por sí mismo, la posibilidad de responsabilidad
disciplinaria, ni examinó materialmente la conducta denunciada. Agregó que, al tratarse
de una desestimación de plano que impidió cualquier actuación investigativa, la decisión
requería una carga argumentativa reforzada. Por ello, afirmó que tanto la Comisión como
el juez de tutela sustituyeron el análisis sustancial de la conducta por una consideración
meramente formal y, en consecuencia, solicitaron la protección de los derechos
fundamentales invocados.

Mediante auto del 23 de junio de 202612, el magistrado ponente del tribunal Administrativo
de Antioquia concedió la impugnación interpuesta por la parte accionante.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

11
Índice 00023 del expediente digital de primera instancia, certificado 518DBDF3A6B94876 C9785FCD32CB6CA2
A9D6A86117F78387 362013223D513D56.
12
Índice 00024 del expediente digital de primera instancia, certificado ABE6058B02C5E170 29D6132F1F8919C2
2E562938773A25FC D47B33AE9BC14E29.

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Radicado: 05001-23-33-000-2026-00814-01
Accionante: Adriana Castro Barajas

La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 32 del
Decreto 2591 de 1991.

2. Legitimación en la causa

2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa, en tanto
Adriana Castro Barajas ostenta la titularidad de los derechos fundamentales cuya
vulneración invoca. En tal condición, actúa como la persona directamente afectada por la
decisión adoptada por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia, decisión
que, según afirma, transgredió las garantías constitucionales.

2.2. También está probada la legitimación en la causa por pasiva porque la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia fue la autoridad que profirió la decisión que,
según la parte accionante, vulneró sus derechos fundamentales.

3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si debe confirmar, modificar o revocar la sentencia del
9 de junio de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia-Sala Cuarta de
Decisión, que negó las pretensiones de amparo.

Para el efecto, es necesario establecer si en el caso sub judice se encuentran superados
los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia
judicial. En caso afirmativo, se procederá a realizar el estudio de fondo frente a los
argumentos expuestos por la parte actora.

4. Procedibilidad de la acción

En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar un
examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la
observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de fondo
sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea, en función de los defectos que
reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la Corte
Constitucional a través de la sentencia C-590 de 2005 13 indicó que estas proceden si se
cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de carácter general, que

13
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.

8

Radicado: 05001-23-33-000-2026-00814-01
Accionante: Adriana Castro Barajas

habilitan la interposición de la tutela14 y otros de carácter específico, que tocan con la
procedencia misma del amparo, una vez interpuesto15.

Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela no es
la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se cuestiona pues
ello desconocería la competencia y finalidad de administración de justicia por parte de los
jueces naturales, así como su autonomía funcional”16.

4.1. Relevancia constitucional.

Dado que la acción de tutela no es una instancia adicional para controvertir las decisiones
judiciales y, por el contrario, es un mecanismo excepcional cuyo objeto exclusivo es la
protección efectiva de los derechos fundamentales, se requiere que el asunto que origina
la solicitud de amparo contra una providencia judicial tenga una clara, marcada e
indiscutible importancia constitucional, lo que impide que el juez constitucional invada la
órbita de competencia del juez natural de la causa, a la vez que garantiza la autonomía e
independencia judicial.

Así, la Corte Constitucional ha resaltado que la relevancia constitucional tiene por
finalidad: “(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se
utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de
tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales
y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces”17.

En línea con lo anterior, en la SU-215 de 2022 la Corte Constitucional fijó como criterios
para definir el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional: i) que el debate en
tutela gire en torno al contenido, alcance y goce de un derecho fundamental; ii) que la

14
De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento de
los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga
relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir
al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud
en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria de los
derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los
derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela
15
Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en los
defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial se presenta
alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A saber: a) Defecto
orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que ocurre cuando la
autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo en
cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el que se
origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía de
ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando la
autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos
fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de
los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional; g) desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional
establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance y h) violación directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley
Fundamental, conforme al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta Política que antepone de manera
preferente la aplicación de sus postulados.
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
16
Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.
17
Corte Constitucional, SU 573 de 2019.

9

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Accionante: Adriana Castro Barajas

controversia no se limite a asuntos de mera legalidad o económicos; y, iii) que el reparo
formule argumentos suficientes dirigidos a demostrar la configuración de un defecto.

Además, indicó que, si la providencia objeto de reparo fue emitida por una alta corte, el
estudio de procedibilidad debe ser mucho más estricto, lo que implica verificar la
existencia de una actuación claramente arbitraria y violatoria de derechos fundamentales.

De modo que, en las acciones de tutela interpuestas contra las decisiones judiciales, el
análisis de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad implica la
necesidad de establecer: i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; ii)
que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; iii) que se justifique
razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales; y iv) que
se advierta una verdadera vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.
De manera que la intervención del juez constitucional se establezca, exclusivamente,
ante graves defectos constitucionales.

Como corolario de lo expuesto, el cumplimiento del requisito de procedibilidad
relacionado con la relevancia constitucional implica que el asunto en cuestión afecte de
manera directa y significativa los derechos fundamentales consagrados en la
Constitución. Esto permite determinar la procedencia y el alcance de la intervención del
juez constitucional con base en tres aspectos: i) La afectación directa o repercusión en la
vulneración de los derechos fundamentales; ii) el impacto en el interés público, ya que el
asunto debe trascender el interés particular de las partes y generar un efecto más amplio
en la sociedad o en el orden jurídico y, iii) la claridad y fundamentación de la petición de
amparo, con el fin de justificar su importancia.

Respecto de esta última, debe destacarse que quien solicita el amparo debe cumplir con
la carga de exponer las razones por las que el reproche a una providencia que ha hecho
tránsito a cosa juzgada trasciende de la controversia litigiosa propia de la causa ordinaria,
a una cuestión con relevancia constitucional, en términos de los defectos definidos por la
jurisprudencia como únicas causales que habilitan el control constitucional concreto 18.

5. Caso concreto

La Sala anuncia que modificará la decisión de primera instancia, porque la presente
acción constitucional no cumple con el requisito de relevancia constitucional, por las
razones que se exponen a continuación:

5.1. Al analizar el escrito de tutela, se advierte que la actora sostuvo que la autoridad
disciplinaria incurrió en defecto sustantivo, desconocimiento del precedente
constitucional y defecto fáctico. En cuanto al primero, sostuvo que interpretó
restrictivamente el concepto de ejercicio de la profesión, previsto en la Ley 1123 de 2007,
al limitarlo a la relación abogado-cliente o representación judicial, pese a que comprende
otras actividades jurídicas especializadas, como la docencia universitaria en Derecho.

18
Cfr. sentencia C-590 de 2005.

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Accionante: Adriana Castro Barajas

Frente al segundo, afirmó que se desconoció la Sentencia C-290 de 2008 de la Corte
Constitucional y precedentes disciplinarios que reconocen como ejercicio profesional
actividades que requieren formación jurídica especializada. Finalmente, respecto del
defecto fáctico, señaló que no se valoraron integralmente las circunstancias en que
ocurrieron las expresiones denunciadas, pues tuvieron lugar durante una clase de
Derecho, versaron sobre asuntos jurídicos y cuestionaron la idoneidad profesional y ética
de otra abogada, omitiéndose analizar su eventual relación con el ejercicio de la
profesión.

5.2. Ahora bien, del análisis de los aspectos abordados por la Comisión Seccional de
Disciplina Judicial de Antioquia se advierte que, en el auto proferido el 27 de marzo de
2026, dicha autoridad arribó a la siguiente conclusión:

“No obstante, aunque existe una inconformidad frente a las manifestaciones
realizadas en la clase por la Dra. RENDÓN ZAPATA, el contexto en el cual se produjo
los hechos que pudiesen connotar relevancia disciplinaria ocurrieron en un espacio
académico y no en el ejercicio de la profesión, toda vez que, la denunciada actuó en el
marco de la docencia, al impartir la clase de Contratos II, para el programa de
Derecho en la Universidad de Medellín.

Debe precisarse que, el ejercicio de la profesión de abogado no se presume por la
sola posesión del título profesional, sino que exige que la conducta examinada se
despliegue material y funcionalmente en el desarrollo de actividades propias de la
abogacía. Esto quiere decir que, aunque la denunciada ostenta la calidad de
abogada, la conducta de la que se duelen las quejosas, no se estructuró en ejercicio
de la profesión, ni guarda relación con las facultades que corresponden en ejercicio
de un mandato o gestiones consagradas en un contrato o mandato ya que no implican
representación, asesoría, patrocinio ni asistencia jurídica en los términos del artículo
19 de la Ley 1123 de 2007”19.

Asimismo, la autoridad disciplinaria señaló que, para fundamentar su decisión, el Tribunal
Administrativo de Antioquia puso de presente que la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial, con ponencia del magistrado Mauricio Fernando Rodríguez, en providencia del 1
de junio de 2022, emitida al interior del proceso disciplinario radicado 11001-11-02-000-
2018-07128-01, dispuso lo siguiente:

“En ese orden de ideas, para determinar si el actuar de un abogado puede ser
reprochado disciplinariamente la Comisión Nacional de Disciplina Judicial ha
establecido, al amparo del artículo 26 superior y en armonía con el artículo 19 de la
Ley 1123 de 2007, la necesidad de practicar un test de verificación que implica la
comprobación de tres presupuestos. Veamos:

De lo expuesto, al amparo del artículo 26 superior y en armonía con el artículo 19 de la
Ley 1123 de 2007, nótese que lo fundamental para determinar si el actuar de un
abogado puede ser reprochado disciplinariamente […] [se] requiere la comprobación
de los siguientes presupuestos: (i) si existe un vínculo entre el abogado y su cliente o
prohijado52 al momento de la ocurrencia del hecho, es decir, a partir de una relación
legal, reglamentaria, contractual y/o la existencia de un acto de apoderamiento; (ii) si
la conducta cometida está relacionada con la gestión profesional encomendada; y (iii)
si los hechos jurídicamente relevantes guardan correspondencia con la consulta,
asesoría o representación legal de una persona natural o jurídica, que puede ser intra
o extra juicio.

19
Índice 00004 del expediente digital de primera instancia en el aplicativo SAMAI, certificado F955D3802CAC73C2
1553E5961B70769B C0C776FDD7136B33 EBA55CECE7067228, páginas 9 a 14.

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Radicado: 05001-23-33-000-2026-00814-01
Accionante: Adriana Castro Barajas

Como se puede apreciar, este test de verificación opera de tal manera que el abogado
es disciplinable bajo el régimen de la Ley 1123 de 2007 si se verifican los tres
presupuestos. De lo contrario, es decir, a falta de cualquier de estos tres
presupuestos, el abogado no es disciplinable por cuanto su comportamiento puede
considerarse cometido en ejercicio de la profesión.”

En este punto, la autoridad accionada advirtió que la profesional contra quien se formuló
la queja no había desplegado ninguna actividad de naturaleza jurídica, pues no había
prestado servicios de consulta, asesoría ni representación a persona alguna. Señaló que
la inconformidad planteada por la quejosa había tenido origen en un escenario educativo
y no en una relación profesional entre abogado y cliente, ámbito que contaba con sus
propios mecanismos de control, pues una conclusión distinta habría implicado ampliar por
vía analógica la potestad sancionadora del Estado, en contravía del principio de legalidad
estricta que regía el derecho disciplinario.

Sostuvo que, de acuerdo con la jurisprudencia disciplinaria, el control ético resultaba
exigible cuando el abogado actuaba en ejercicio de la profesión, mas no cuando
desarrollaba actividades propias de otro rol legítimo que no implicara el ejercicio
profesional de la abogacía. Por tanto, las actuaciones desplegadas en tales
circunstancias no se encontraban sometidas al régimen previsto en el Código
Disciplinario del Abogado.

Bajo este contexto, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia agregó:

“Al respecto, el proveído del 5 de agosto de 2015 de la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, M.P. MARÍA MERCEDES LÓPEZ
MORA en el radicado 730011102000201101007 02, se señaló lo siguiente:

“… Así las cosas, los profesionales del derecho por el simple hecho de serlo no son
destinatarios del Código Disciplinario del Abogado, pues para ello requieren ejercer
su profesión respecto asesorar, patrocinar o asistir a personas, naturales o jurídicas,
en la orientación y desenvolvimiento de sus relaciones jurídicas, esto es, en una
relación que puede ser contractual, de forma verbal o escrita, pero que
necesariamente tiene que existir” (Cursiva y negrilla propia)

Frente al concepto de ejercicio profesional, la Superioridad20 indicó que se puede
predicar, entre otros, en los siguientes casos:

a) Asesoría profesional tanto en el ámbito privado o público.
b) Consejería.
c) Actuación en actividades jurídicas extra procesales que requieran conocimientos
jurídicos.
d) Desempeño en cargos públicos o privados, que requieran título profesional de
abogado.
e) Desempeño de cargos en la Rama Judicial como funcionarios o empleados de la
misma, que exijan como requisito, la condición de abogado.
f) El ejercicio como litigante”21.

20
Consejo Superior de la Judicatura Sala Jurisdicción Disciplinaria, proveído del 30 de enero de 2013 M. P. María
Mercedes López Mora, radicado 130011102000200800697 01 [cita textual].
21
Índice 00004 del expediente digital de primera instancia en el aplicativo SAMAI, certificado F955D3802CAC73C2
1553E5961B70769B C0C776FDD7136B33 EBA55CECE7067228, páginas 9 a 14.

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Accionante: Adriana Castro Barajas

Sobre el particular la autoridad accionada puso de presente que, en lo relativo al ejercicio
de la profesión de abogado, la Corte Constitucional en la C-290 de 2008 señaló:
“La Corte ha considerado que el abogado ejerce su profesión principalmente en dos
escenarios: (i) por fuera del proceso, a través de la consulta y asesoría a particulares,
y (ii) al interior del proceso, en la representación legal de las personas naturales o
jurídicas que acuden a la administración de justicia para resolver sus controversias.

En el desarrollo de estas actividades, la profesión adquiere una especial relevancia
social, pues se encuentra íntimamente ligada a la búsqueda de un orden justo y al
logro de la convivencia pacífica, en razón a que el abogado es, en gran medida, un
vínculo necesario para que el ciudadano acceda a la administración de justicia4. En el
marco del nuevo Código disciplinario, al abogado se le asigna un nuevo deber, de
relevancia constitucional, consistente en la defensa y promoción de los derechos
humanos.

De acuerdo con las premisas expuestas, y en la medida en que el ejercicio de la
profesión de abogado se orienta a concretar importantes fines constitucionales, el
incumplimiento de los principios éticos que informan la profesión, implica también
riesgos sociales que ameritan el control y la regulación legislativa5, tanto más en
cuanto tal intervención se encuentra explícitamente autorizada por la propia Carta
Política en su artículo 26.

En tal sentido, esta Corte ha sostenido que el ejercicio inadecuado o irresponsable de
la profesión, pone en riesgo la efectividad de diversos derechos fundamentales, como
la honra, la intimidad, el buen nombre, el derecho de petición, el derecho a la defensa
y, especialmente, el acceso a la administración de justicia, así como la vigencia de
principios constitucionales que deben guiar la función jurisdiccional, como son la
eficacia, la celeridad y la buena fe.

El fundamento del control público al ejercicio de la profesión de abogado, se
encuentra entonces en los artículos 26 y 95 de la Constitución Política, así como en
los fines inherentes a la profesión, de acuerdo con las consideraciones precedentes.

La primera de estas disposiciones consagra la libertad de escoger profesión y oficio, a
la vez que faculta al legislador para exigir títulos de idoneidad y a las autoridades
públicas para ejercer su vigilancia y control; la segunda disposición, por su parte, en
su numeral segundo prescribe que todos los ciudadanos tienen el deber de respetar
los derechos ajenos y ejercer responsablemente los propios, mientras que en el
numeral séptimo, consagra la obligación de colaborar con la administración de
justicia7, deberes que adquieren una connotación especial en el caso de los
abogados, dada la función social de la profesión”.

Bajo este panorama, la autoridad disciplinaria consideró que la abogada Stephanie
Rendón Zapata no era sujeto disciplinable ante esa jurisdicción, toda vez que, conforme
al artículo 198 de la Ley 1123 de 2007, no se advertía que la conducta reprochada hubiera
sido realizada en desarrollo de actividades de asesoría, patrocinio o asistencia a
personas naturales o jurídicas. Asimismo, con fundamento en la Sentencia C-098 del 11
de febrero de 2003 de la Corte Constitucional, señaló que los deberes éticos previstos en
el Estatuto del Abogado resultaban exigibles únicamente respecto de actuaciones
relacionadas con el ejercicio de la profesión, circunstancia que no se configuraba en el
caso analizado.

En consecuencia, al considerar que existía una causal objetiva de improcedibilidad, con
fundamento en el artículo 68 de la Ley 1123 de 2007, el despacho desestimó de plano la
queja y ordenó el archivo de las diligencias. Finalmente, precisó que, de acuerdo con el

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Accionante: Adriana Castro Barajas

artículo 81 ibidem y el precedente de su superior, contra las decisiones inhibitorias no
procedía recurso alguno.
5.3 En ese orden, la Sala advierte que la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de
Antioquia expuso de manera suficiente, clara y razonada las razones por las cuales
consideró que la abogada Stephanie Rendón Zapata no era sujeto disciplinable por esa
jurisdicción. Para ello, señaló que las conductas denunciadas ocurrieron en el marco de
su actividad docente y no en ejercicio de la profesión de abogada, pues no se acreditó que
hubiera prestado servicios de consulta, asesoría, patrocinio o representación jurídica.

Asimismo, la autoridad disciplinaria sustentó su conclusión en los criterios fijados por la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial y el Consejo Superior de la Judicatura, así como
en las sentencias C-290 de 2008 y C-098 de 2003 de la Corte Constitucional. A partir de
estos precedentes, consideró que el régimen disciplinario resultaba aplicable cuando el
abogado actuaba en ejercicio de la profesión, mas no cuando desarrollaba un rol distinto,
como la docencia, sin desplegar actividades propias de la abogacía.

En consecuencia, al establecer que la conducta denunciada no guardaba relación con el
ejercicio profesional, la Comisión concluyó que se configuraba una causal objetiva de
improcedibilidad y, con fundamento en el artículo 68 de la Ley 1123 de 2007, desestimó
de plano la queja y ordenó el archivo de las diligencias.

Pues bien, los elementos señalados en precedencia le permiten a la Sala inferir, con
claridad, que el debate planteado en este caso fue adecuadamente examinado por el juez
competente. Asimismo, no se aprecia que la decisión haya sido dictada de forma
arbitraria, sin respaldo o análisis de los hechos y fundamentos normativos, ni que se
hayan trasgredido los derechos fundamentales de la parte actora durante el desarrollo del
proceso ordinario.

Al punto, es pertinente recordar que, en relación con la carga argumentativa y explicativa
que se encuentra en cabeza de quien acude a solicitar la protección a través del amparo,
la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha precisado de manera clara que no basta la
simple mención de la vulneración de los derechos al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, sino que, para entender como acreditado el requisito general
de procedencia de relevancia constitucional, se requiere demostrar: i) su existencia; ii) su
carácter desproporcionado; y iii) su carácter arbitrario. Así, quien acude a la tutela debe
aportar elementos suficientes que permitan al juez constitucional advertir tal
vulneración22.

Por lo tanto, es claro que no basta con realizar simples afirmaciones con la intención de
lograr que su tesis sea acogida, sino que lo que se requiere es que la parte actora
presente sus reparos de cara a los derechos fundamentales que considera vulnerados y
eleve su argumentación a rango constitucional.

5.4. Ahora bien, respecto al defecto fáctico alegado por la parte accionante a la luz del
requisito de relevancia constitucional, es preciso recordar que la Corte Constitucional ha
señalado que este se configura cuando “resulta evidente que el apoyo probatorio en que

22
Sentencia SU-215 de 2022.

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se basó el juez para aplicar una determinada norma es absolutamente inadecuado
(...)”23 o cuando “se hace manifiestamente irrazonable la valoración probatoria hecha por
el juez en su providencia”24.

En esa medida, la indebida valoración de las pruebas, ya sea desde su dimensión positiva
o negativa25, solo adquiere relevancia constitucional cuando el yerro es ostensible,
flagrante y manifiesto, y tiene la entidad suficiente para incidir en el sentido de la decisión
adoptada26. Por ello, para que se configure este defecto es indispensable identificar la
prueba que no fue valorada o que fue apreciada de manera irrazonable, así como
demostrar que tal irregularidad tenía la potencialidad de modificar el resultado de la
decisión judicial cuestionada.

Bajo ese entendido, la Sala advierte que la parte actora sostuvo que la autoridad judicial
incurrió en un defecto fáctico porque no valoró integralmente las circunstancias en las que
se produjeron las expresiones denunciadas.

En ese orden, los argumentos relacionados con la configuración de un defecto fáctico no
exponen una irracionabilidad en la interpretación probatoria por parte de la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia, sino que pretenden, nuevamente, insistir en
mostrar una solución distinta al caso concreto de manera favorable a los intereses del
tutelante, pues no advierten reparos concretos, de carácter iusfundamental en contra del
análisis realizado por la autoridad judicial.

Lo expuesto resulta suficiente para que la Sala se releve del análisis de este cargo, en la
medida en que la solicitante no desarrolló sus argumentos en función del defecto fáctico
invocado, pues su reparo se circunscribió en señalar que existió un yerro probatorio, pero
omitió explicar con claridad en que cambiaría la decisión tal circunstancia.

5.5. En cuanto al cargo por desconocimiento del precedente, la Sala precisa que el
precedente27 se constituye en un pilar del Estado de Derecho, pues busca asegurar la
coherencia en la aplicación del ordenamiento jurídico, a través de las decisiones
judiciales que sean razonablemente previsibles. Por su alcance, se constituye en una

23
Corte Constitucional, sentencia T-393 de 2017, T-567 de 1998, reiterada en sentencias como la T-555 de 1999,
T-1100 de 2008, T-781 de 2011, entre otras.
24
Corte Constitucional, sentencia SU-399 de 2012.
25
Corte Constitucional, sentencia T-385 de 2018. “La Corte Constitucional ha identificado dos dimensiones en las que
se puede apreciar el defecto fáctico: 1.) La dimensión negativa del defecto fáctico, según aquella, abarca supuestos
como los siguientes: i) ignorar o no valorar, injustificadamente, medios de prueba trascendentales frente a la decisión
adoptada; ii) decidir al margen de las pruebas que le hubieren impedido la aplicación del supuesto legal en el que se
sustenta la providencia; iii) no decretar pruebas de oficio en los procedimientos en los que el juez se encuentre
habilitado legalmente para hacerlo, y siempre que de las circunstancias del caso se derive la obligación de hacerlo para
esclarecer hechos oscuros o difusos. 2.) La dimensión positiva del defecto fáctico puede abarcar supuestos tales
como: i) valorar pruebas ilícitas, siempre que las mismas hubieren sido determinantes del sentido de la
decisión; ii) decidir con medios de prueba que, por disposición legal, no conduzcan a demostrar los hechos en que se
fundamenta la providencia judicial que se cuestiona en tutela”.
26
Sentencias T-442 de1994 y T-456 de 2010.“(…) El error en el juicio valorativo de la prueba debe ser de tal entidad que
sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela
no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente
conoce de un asunto, según las reglas generales de competencia, porque ello sería contrario al principio de que la tutela
es un medio alternativo de defensa judicial, aparte de que se invadiría la órbita de la competencia y la autonomía de que
son titulares las otras jurisdicciones.(…)”. (Resaltado de la Sala).
27
Sentencia SU 113/2018 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

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herramienta de protección de los principios de la confianza legítima y la buena fe al
momento de resolver un caso sometido a su jurisdicción.

A partir de lo expuesto, la Sala advierte que la accionante no explicó por qué la autoridad
judicial cuestionada habría desconocido el precedente que invocó como fundamento de
su reproche, pese a que la providencia examinada citó expresamente jurisprudencia de la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial y de la Corte Constitucional, en particular la
Sentencia C-290 de 2008. En efecto, la parte actora se limitó a afirmar el desconocimiento
de dicho precedente, sin identificar las razones por las cuales la interpretación o
aplicación efectuada por la autoridad accionada resultaba contraria a su contenido. Por
tanto, el cargo no plantea una controversia de relevancia constitucional que justifique la
intervención del juez de tutela, pues la ausencia de una argumentación concreta sobre el
supuesto desconocimiento del precedente torna inocuo un pronunciamiento
constitucional al respecto.

Aunado a lo anterior, esta judicatura advierte que, a pesar de que la parte actora indicó
que la autoridad accionada desconoció precedentes disciplinarios que reconocen como
ejercicio profesional el desempeño de cargos privados que requieren formación jurídica
especializada, lo cierto es que no identificó providencia alguna que permitiera identificar
tal circunstancia, razón por la cual el asunto carece de relevancia constitucional.

5.6. Bajo estas condiciones, la Subsección estima que la acción de tutela formulada por la
parte actora está encaminada a continuar con el debate surtido en el trámite del proceso
disciplinario, toda vez que reitera argumentos de índole legal y probatorio desarrollados
en el marco del proceso, sin esbozar las razones concretas por las cuales los derechos
fundamentales invocados fueron vulnerados con la providencia atacada, lo que escapa
de la órbita del juez constitucional, toda vez que, como ya se dijo, la decisión censurada
se sustenta en el principio de autonomía judicial.

5.7. Pues bien, es preciso recordar que la acción de tutela fue concebida con un carácter
excepcional, para evitar la amenaza o vulneración de un derecho constitucional
fundamental y entre sus características se cuentan su naturaleza residual y subsidiaria,
por lo que su procedencia está limitada a determinar la vulneración de los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante respecto de una posible agresión
proveniente de una autoridad judicial a partir de una decisión proferida por esta, sin que
ello implique, como lo pretende la parte tutelante, un nuevo estudio del caso como si fuera
una instancia adicional a lo ya surtido.

Para el efecto, se reitera que el hecho de que la parte accionante no esté de acuerdo con
el análisis probatorio realizado por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de
Antioquia no habilita para que el juez constitucional interfiera en la apreciación realizada
por la autoridad judicial, en tanto, no se vislumbra que los argumentos de la solicitud de
amparo sean de carácter constitucional, sino que, se insiste, pretenden reabrir un debate
que ya fue zanjado por el juez de instancia.

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Accionante: Adriana Castro Barajas

En ese orden, el juicio que efectúa el juez en sede de tutela es de validez y no de
corrección de la decisión cuestionada28, lo que se opone a que use indebidamente como
una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole probatoria o de
interpretación del derecho, que fueron resueltos en el curso del proceso ordinario 29.

5.8. En consecuencia, la Sala procederá a modificar la decisión proferida en primera
instancia el 9 de junio de 2026 por el Tribunal Administrativo de Antioquia-Sala Cuarta de
Decisión que negó la solicitud de amparo y, en su lugar declarará la improcedencia de la
acción por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia proferida el 9 de junio de 2026 por el Tribunal
Administrativo de Antioquia-Sala Cuarta de Decisión y, en su lugar DECLARAR la
improcedencia de la acción, en atención a lo expuesto en la parte motiva de esta decisión.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito.

TERCERO: ENVIAR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Magistrado Magistrada
SABF

28
Corte Constitucional, sentencia T-310 del 30 de abril de 2019.
29
Corte Constitucional, sentencia T-384 del 20 de septiembre de 2008.

17

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