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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2026-00912-01

Fecha
3 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2026-00912-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. RECHAZAR la solicitud formulada por el señor José Daladier Urrea Alzate, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO. CONFIRMAR la sentencia del 4 de agosto de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Octava de Decisión, en cuanto negó las pretensiones dirigidas a obtener el cumplimiento del artículo 4.º de la Ley 2250 de 2022 y del parágrafo del artículo 6.º de la Resolución 40005 del 11 de enero de 2024, expedida por el Ministerio de Minas y Energía. TERCERO. REVOCAR la sentencia impugnada en lo demás. En su lugar: 20 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: José Daladier Urrea Alzate Demandado: Agencia Nacional de Minería Radicado: 05001-23-33-000-2026-00912-01 RECHAZAR la acción de cumplimiento respecto del artículo 5.º de la Ley 2250 de 2022, por no haberse acreditado el requisito de constitución en renuencia frente a dicha disposición. ORDENAR a la Agencia Nacional de Minería que cumpla lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 9.º de la Resolución 40005 del 11 de enero de 2024. En consecuencia, dentro de los tres (3) meses siguientes a la ejecutoria de esta providencia, deberá implementar el Sistema Integral de Gestión Minera en el cual ajuste y establezca el trámite procedimental para la atención de las solicitudes de formalización minera en áreas ocupadas, en el marco de lo dispuesto en los incisos séptimo y octavo del artículo 4.º de la Ley 2250 de 2022 y de conformidad con las consideraciones expuestas en esta sentencia. CUARTO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley 393 de 1997. QUINTO: En firme la presente decisión, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 05001-23-33-000-2026-00912-01

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

3 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Tres (03) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 05001-23-33-000-2026-00912-01
Demandante: JOSÉ DALADIER URREA ALZATE
Demandado: AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA

Tema: Confirma parcialmente sentencia de primera instancia.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte accionante contra la
sentencia del 4 de agosto de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, que negó las pretensiones de la acción de cumplimiento.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de cumplimiento

El señor José Daladier Urrea Alzate, actuando en nombre propio, promovió acción
de cumplimiento en contra de la Nación – Ministerio de Minas y Energía y la Agencia
Nacional de Minería (en adelante, ANM) en la que pretende se dé cumplimiento a
los incisos 1.° al 8.° del artículo 4 y al artículo 5 de la Ley 2250 de 20221, al parágrafo
del artículo 6 y al inciso 3.° del artículo 9 de la Resolución 40005 del 11 de enero de
20242 expedida por el ministerio accionado.

Conforme lo anterior, a título de pretensión, solicitó:

SEGUNDA — CONDENA A LA ANM, MÓDULO ÁREAS OCUPADAS (plazo:
90 días): ORDENAR a la ANM implementar en ANNA Minería el módulo operativo
para los escenarios de superposición total con títulos mineros y propuestas de
concesión, dentro de los noventa (90) días calendario siguientes a la ejecutoria de
la presente decisión.

1 “Por medio del cual se establece un marco jurídico especial en materia de Legalización y
Formalización Minera, así como para su financiamiento, comercialización y se establece una
normatividad especial en materia ambiental.”
2 “Por medio del cual se reglamenta el artículo 4 de la Ley 2250 de 2022”.

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Demandante: José Daladier Urrea Alzate
Demandado: Agencia Nacional de Minería
Radicado: 05001-23-33-000-2026-00912-01

[…]

CUARTA — COORDINACIÓN AL MINISTERIO (plazo: 90 días): ORDENAR al
Ministerio ejercer la coordinación y supervisión funcional necesarias para la
materialización de la orden segunda.

QUINTA — PULFM (plazo: 180 días): ORDENAR al Ministerio y a la ANM adoptar
formalmente el PULFM íntegro conforme al artículo 5, Ley 2250/2022.

SEXTA — INFORMES PERIÓDICOS: ORDENAR informes de avance cada treinta
(30) días con evidencia técnica verificable3.

1.2. Hechos y fundamentos de la solicitud de cumplimiento

El accionante refirió que el artículo 4.º de la Ley 2250 de 2022 estableció una ruta
de legalización y formalización para quienes desarrollaran actividades de minería
tradicional sin título inscrito en el Registro Minero Nacional. Explicó que la
disposición contempló tanto las solicitudes presentadas sobre áreas libres como los
eventos de superposición total con títulos mineros o propuestas de contrato de
concesión.

Adujo que la ANM, mediante la Resolución 201 de 2024, únicamente reglamentó el
procedimiento aplicable a las áreas libres y omitió implementar en el Sistema
Integral de Gestión Minera el mecanismo necesario para radicar y tramitar las
solicitudes relacionadas con áreas superpuestas.

Sostuvo que el parágrafo único del artículo 6.º de la Resolución 40005 de 2024
impuso a la autoridad minera el deber de realizar los ajustes tecnológicos y
operativos necesarios para aplicar integralmente el artículo 4.º de la Ley 2250 de
2022, sin restringir esa obligación al escenario de las áreas libres. Asimismo, indicó
que el inciso tercero del artículo 9.º del referido acto administrativo ordenó ajustar
los procedimientos aplicables a la ruta de formalización en áreas ocupadas.

En ese sentido, argumentó que no era posible separar la adecuación procedimental
de su soporte tecnológico, dado que las solicitudes debían radicarse mediante el
Sistema Integral de Gestión Minera. Por ello, afirmó que la inexistencia de un canal
que permitiera presentar válidamente las solicitudes en áreas superpuestas impedía
dejar la trazabilidad exigida por la ley y hacía inoperantes los incisos séptimo y
octavo del artículo 4.º de la Ley 2250 de 2022.

Controvirtió que la implementación solicitada estuviera excluida de la acción por
implicar gasto público, ya que, según afirmó, se trataba de ajustar un sistema
tecnológico preexistente y no necesariamente de crear una erogación nueva.

3 Transcripción literal del texto original que puede contener errores.

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Demandante: José Daladier Urrea Alzate
Demandado: Agencia Nacional de Minería
Radicado: 05001-23-33-000-2026-00912-01

Respecto del requisito de procedibilidad, el accionante señaló que, el 21 de mayo
de 2026, reclamó ante la ANM el cumplimiento de las disposiciones invocadas y que
esta respondió el 4 de junio siguiente que no había lugar a desplegar actuaciones
adicionales y que no existía un mandato claro, concreto y exigible incumplido.
También afirmó que el Ministerio de Minas y Energía guardó silencio frente al
requerimiento dirigido a obtener el ejercicio de sus funciones de coordinación y la
adopción del Plan Único de Legalización y Formalización Minera previsto en el
artículo 5.º de la Ley 2250 de 2022.

1.3. Actuaciones procesales relevantes

1.3.1. Admisión de la acción de cumplimiento

Mediante auto del 23 de junio de 2026, el Tribunal Administrativo de Antioquia
inadmitió la demanda y concedió al accionante el término de dos días para que
acreditara la radicación del requerimiento de cumplimiento ante el Ministerio de
Minas y Energía, a través de alguno de sus canales oficiales.

El 25 de junio de 2026, el señor Urrea Alzate presentó escrito de subsanación, en
el que aportó la constancia de radicación núm. 1-2026-029765, expedida ese mismo
día por el sistema de gestión documental del Ministerio de Minas y Energía.

Por auto del 9 de julio de 2026, el Tribunal consideró que la constancia allegada
únicamente demostraba que la solicitud de cumplimiento se presentó ante el
Ministerio de Minas y Energía el 25 de junio de 2026, es decir, con posterioridad a
la radicación de la acción constitucional y cuando aún se encontraba en curso el
término de 10 días previsto en el artículo 8.º de la Ley 393 de 1997. En
consecuencia, rechazó la acción respecto de esa cartera ministerial por falta de
constitución previa en renuencia y la admitió únicamente contra la ANM, respecto
de la cual ordenó su notificación personal4.

1.3.2. Contestación

La Agencia Nacional de Minería se opuso a la totalidad de las pretensiones.
Reparó que el escrito inicial era ambiguo y no delimitaba con precisión la conducta
presuntamente omitida. A este respecto, afirmó que el accionante confundió los
ajustes tecnológicos aplicables a las solicitudes presentadas en áreas libres con los
ajustes procedimentales previstos para los escenarios de superposición.

Señaló que el parágrafo único del artículo 6.º de la Resolución 40005 de 2024 se
refería a los ajustes tecnológicos y operativos requeridos para las solicitudes de
áreas de reserva especial ubicadas en áreas libres. Aseguró que esa obligación fue

4 Notificación enviada a los correos electrónicos notificacionesjudiciales-anm@anm.gov.co y
contacto@anm.gov.co. Índice 13 del cuaderno de Samai de primera instancia.
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Demandado: Agencia Nacional de Minería
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satisfecha mediante la Resolución ANM 201 de 2024, por medio de la cual se
estableció el procedimiento y se adecuó la plataforma digital ANNA Minería para la
radicación de esa clase de solicitudes.

Respecto de las áreas ocupadas o superpuestas, adujo que el artículo 9.º de la
Resolución 40005 de 2024 únicamente ordenó ajustar los procedimientos
administrativos, sin imponer la creación de un módulo tecnológico específico.
Explicó que dicho deber se materializó con la Resolución ANM 600 de 2024, que
asignó al Grupo de Fomento de la Vicepresidencia de Promoción y Fomento Minero
las funciones relacionadas con la ruta prevista en los incisos séptimo y octavo del
artículo 4.º de la Ley 2250 de 2022. Por ello, enfatizó que no existía un mandato
imperativo e inobjetable que obligara a desarrollar la herramienta informática
solicitada por el demandante.

Manifestó que respondió de manera oportuna y de fondo el requerimiento del
accionante mediante oficio del 4 de junio de 2026, en el que explicó las actuaciones
desarrolladas a través de las Resoluciones 201 y 600 de 2024. Así, argumentó que
no se configuró la renuencia exigida por el artículo 8.º de la Ley 393 de 1997.

Agregó que, si la inconformidad recaía sobre la validez de actos administrativos o
sobre la resolución de una superposición concreta, el interesado disponía de los
medios de control ordinarios. Finalmente, alegó que el diseño, la codificación y la
implementación de un nuevo módulo en ANNA Minería requerirían apropiaciones
presupuestales y procesos de contratación, por lo que la acción también resultaba
improcedente conforme a la prohibición de exigir el cumplimiento de normas que
establecieran gastos.

1.4. Fallo de primera instancia

Mediante sentencia del 4 de agosto de 2026, el Tribunal Administrativo de Antioquia
encontró acreditados los presupuestos de procedencia de la acción. Consideró que
las disposiciones invocadas estaban contenidas en una norma con fuerza material
de ley y en un acto administrativo general vigente; que el accionante constituyó en
renuencia a la ANM mediante la reclamación presentada el 21 de mayo de 2026 y
la respuesta negativa de la entidad; y que no existía otro mecanismo judicial idóneo
para obtener directamente su cumplimiento.

Al abordar el fondo, explicó que los primeros seis incisos del artículo 4.º de la Ley
2250 de 2022 regularon la formalización minera en áreas libres, mientras que los
incisos séptimo y octavo contemplaron reglas para las áreas superpuestas con
títulos mineros o propuestas de contrato de concesión.

El Tribunal interpretó que los ajustes tecnológicos y operativos ordenados por el
parágrafo único del artículo 6.º de la Resolución 40005 de 2024 estaban vinculados,
4
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atendiendo al contexto de esa disposición, con la ruta de formalización de las áreas
libres. En cuanto a las áreas ocupadas, señaló que el inciso tercero del artículo 9.º
únicamente impuso a la autoridad minera el deber de ajustar sus procedimientos,
sin establecer de manera expresa que esa adecuación debiera materializarse
mediante la creación de un módulo específico en ANNA Minería.

Agregó que la disposición no determinó el contenido concreto del ajuste ni el
mecanismo para ejecutarlo, aspectos que requerían una valoración técnica y
administrativa previa. Por lo anterior, concluyó que las normas invocadas no
contenían, en los términos propuestos por el accionante, un mandato imperativo,
expreso e inobjetable que obligara a la ANM a implementar el módulo tecnológico
reclamado.

1.5. Impugnación5

El accionante impugnó la sentencia y solicitó su revocatoria. Sostuvo que el fallo
restringió injustificadamente el alcance del parágrafo único del artículo 6.º de la
Resolución 40005 de 2024 al escenario de las áreas libres, pese a que su texto
ordenó realizar los ajustes tecnológicos y operativos necesarios para aplicar
integralmente el artículo 4.º de la Ley 2250 de 2022, incluidos sus incisos séptimo y
octavo.

Señaló que la trazabilidad exigida por el inciso séptimo del artículo 4.º requería una
radicación formal y que el literal a) del artículo 6.º de la Resolución 40005 de 2024
estableció al Sistema Integral de Gestión Minera como el único medio autorizado
para iniciar el estudio de las solicitudes. Por ello, cuestionó la conclusión del Tribunal
según la cual los interesados podían presentar directamente sus solicitudes ante la
ANM y disponían de un marco procedimental mínimo, pues, a su juicio, la existencia
de reglas sustanciales para decidir no suplía la ausencia de un canal válido de
radicación.

Adujo que la Resolución ANM 600 de 2024 no demostraba el cumplimiento, sino
que evidenciaba que para esa fecha el trámite relacionado con las áreas
superpuestas aún debía ser establecido. Agregó que el deber reclamado era
imperativo, expreso e inobjetable, dado que identificaba a la autoridad obligada, la
conducta exigida y su finalidad, sin que fuera necesario que la norma precisara el
mecanismo técnico concreto para ejecutarlo.

Con la impugnación aportó una comunicación de la ANM del 30 de diciembre de
2024, relativa a una solicitud de área de reserva especial presentada por una
comunidad minera de Yolombó cuya zona de interés se superponía totalmente con
una propuesta de contrato de concesión. Destacó que, en esa respuesta, la entidad

5 Índice 15 expediente digital – cuaderno de primera instancia.

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indicó que la petición no constituía una solicitud de formalización debidamente
radicada, que los procedimientos y el sistema ANNA Minería se encontraban en
proceso de adecuación y que los interesados debían esperar su implementación
para radicar válidamente

En consecuencia, pidió requerir a la ANM para que informara si ANNA Minería
contaba con el mecanismo para radicar solicitudes en escenarios de superposición,
el estado de ejecución de la Resolución 600 de 2024, el trámite impartido a la
solicitud mencionada y el número de peticiones de esa naturaleza radicadas y
decididas desde la vigencia de la Ley 2250 de 2022.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para resolver la impugnación formulada por el señor José
Daladier Urrea Alzate, de conformidad con lo establecido en los artículos 3.º de la
Ley 393 de 1997, 125, 150 y 152 de la Ley 1437 de 20116, y el Acuerdo 080 del 12
de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que establece la
competencia de la Sección Quinta de la Corporación para conocer de las
«apelaciones contra las providencias susceptibles de ese recurso que se dicten por
los Tribunales Administrativos en primera instancia en las acciones de
cumplimiento».

2.2. Cuestión previa

Antes de abordar el estudio de fondo, la Sala resolverá la solicitud formulada por el
accionante en el escrito de impugnación, dirigida a que, con fundamento en el
artículo 27 de la Ley 393 de 1997, se requiera a la ANM para que informe acerca
de: (i) la existencia de un módulo que permita radicar solicitudes de áreas de reserva
especial en escenarios de superposición total; (ii) el estado y la fecha estimada de
implementación de los ajustes correspondientes; (iii) el trámite impartido a la
solicitud identificada con el radicado 20241003622822 del 27 de diciembre de 2024,
y (iv) el número de solicitudes efectivamente presentadas bajo ese supuesto.

El artículo 27 de la Ley 393 de 1997 dispone que el juez de segunda instancia
«podrá solicitar informes y ordenar la práctica de pruebas de oficio». Se trata, por
consiguiente, de una facultad oficiosa, cuyo ejercicio está condicionado a que el
fallador advierta la necesidad de complementar el acervo probatorio para resolver
la impugnación, y no de un mandato que deba atenderse por la sola petición de
alguna de las partes.

6 Modificado por la Ley 2080 de 2021.

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En el presente asunto, los elementos de juicio obrantes en el expediente resultan
suficientes para adoptar la decisión correspondiente. Pues bien, como se desprende
del estudio subsiguiente, la controversia puede resolverse a partir del contenido de
las disposiciones cuyo cumplimiento se reclama y de los demás documentos
incorporados al proceso.

En consecuencia, la Sala rechazará la solicitud probatoria de la parte actora, pues,
se evidencia que la oportunidad para elevar tal petición se dio con ocasión de la
presentación de la demanda y, en consecuencia, en este caso resulta abiertamente
extemporánea.

2.3. Problema jurídico a resolver en la presente acción de cumplimiento

Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la sentencia del 4
de agosto de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que negó
las pretensiones de la acción de cumplimiento. Con tal fin, deberá absolverse la
siguiente pregunta:

(i) ¿La parte actora cumplió con la constitución en renuencia del de
conformidad con lo previsto en el artículo 8.º de la Ley 393 de 1997?

De ser afirmativa la respuesta a la anterior interrogante, deberá determinarse, si se
cumplen con los requisitos de procedencia, caso en el cual, advertir si:

(ii) ¿Hay lugar a ordenar a la Agencia Nacional de Minería el cumplimiento
de los incisos 1.° al 8.° del artículo 4 y el artículo 5 de la Ley 2250 de 20227, el
parágrafo del artículo 6 y el inciso 3.° del artículo 9 de la Resolución 40005 del
11 de enero de 20248 expedida por el Ministerio de Minas y Energía?

Para resolver el problema jurídico planteado, se analizarán los siguientes temas: (i)
naturaleza de la acción constitucional; (ii) constitución en renuencia; (iii)
procedencia de la acción de cumplimiento y (iv) análisis del caso concreto.

2.4. Naturaleza de la acción de cumplimiento

Esta acción está instituida en el artículo 87 de la Constitución Política, como un
mecanismo para que toda persona pueda «acudir ante la autoridad judicial para
hacer efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto administrativo. En caso de
prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad renuente el cumplimiento
del deber omitido». En igual sentido, el artículo 1 de la Ley 393 de 1997 precisa que

7 “Por medio del cual se establece un marco jurídico especial en materia de Legalización y
Formalización Minera, así como para su financiamiento, comercialización y se establece una
normatividad especial en materia ambiental.”
8 “Por medio del cual se reglamenta el artículo 4 de la Ley 2250 de 2022”.

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«Toda persona podrá acudir ante la autoridad judicial definida en esta Ley para
hacer efectivo el cumplimiento de normas aplicables con fuerza material de Ley o
actos administrativos».

Colombia es un estado social de derecho y dentro de sus fines esenciales está el
de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitución, teniendo en cuenta lo anterior y que las autoridades de la República
están instituidas, entre otras cosas, para asegurar el acatamiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares (artículo 2° de la Constitución Política), la
acción en estudio permite la realización de este postulado logrando la eficacia
material de la ley y de los actos administrativos expedidos por las diferentes
autoridades en cumplimiento de sus funciones públicas.

De este modo, este mecanismo constituye el instrumento adecuado para demandar
de las autoridades o de los particulares que ejercen funciones públicas, y ante el
inminente incumplimiento la efectividad de las normas con fuerza material de ley y
de los actos administrativos.

Como lo señaló la Corte Constitucional9:

[…] el objeto y finalidad de esta acción es otorgarle a toda persona, natural o jurídica,
e incluso a los servidores públicos, la posibilidad de acudir ante la autoridad judicial
para exigir la realización o el cumplimiento del deber que surge de la ley o del acto
administrativo y que es omitido por la autoridad, o el particular cuando asume este
carácter. De esta manera, la referida acción se encamina a procurar la vigencia y
efectividad material de las leyes y de los actos administrativos, lo cual conlleva la
concreción de principios medulares del Estado Social de Derecho, que tienden a
asegurar la vigencia de un orden jurídico, social y económico justo.

Sin embargo, para que la acción de cumplimiento prospere, del contenido de la
Ley 393 de 1997, se desprende que se deben acreditar los siguientes requisitos
mínimos:

a) Que el deber que se pide hacer cumplir se encuentre consignado en
normas aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos
vigentes (Art. 1.º)10.

b) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al
cumplimiento del deber, antes de formular la demanda, bien sea por acción
u omisión del exigido o por la ejecución de actos o hechos que permitan
deducir su inminente incumplimiento (Art. 8.º).

9 Corte Constitucional, sentencia C-157 de 1998. Magistrados Ponentes Antonio Barrera Carbonell

y Hernando Herrera Vergara.
10 Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general

consagran principios y directrices.
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c) El artículo 8º señala que excepcionalmente, se puede prescindir de este
requisito «cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de
sufrir un perjuicio irremediable», caso en el cual deberá ser sustentado en
la demanda.

d) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial
para lograr el efectivo cumplimiento del deber jurídico o administrativo
omitido, salvo el caso que, de no proceder el juez, se produzca un perjuicio
grave e inminente para quien ejerció la acción, circunstancia esta que hace
procedente la acción. Por tanto, es improcedente la acción que persigue la
protección de derechos que puedan ser garantizados a través de la acción
de tutela o se pretenda el cumplimiento de normas que establezcan gastos
a la administración (Art. 9.º).

Solo una vez suplidas las anteriores exigencias, corresponderá analizar la
existencia de un mandato imperativo e inobjetable que esté radicado en cabeza
de aquella autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas
que deba cumplir y frente a los cuales se haya dirigido esta acción. Este último
corresponde a un análisis del fondo del asunto del cual depende la prosperidad
de las pretensiones expuestas en la demanda.

2.5. De la renuencia

El inciso segundo del artículo 8.° de la Ley 393 de 1997, en concordancia con el
numeral 5.° del artículo 10 ibidem, estableció como requisito de procedibilidad de
esta acción constitucional, que con la demanda el accionante aporte la prueba de
haber pedido a la entidad accionada en forma directa y con anterioridad al ejercicio
de la acción, el acatamiento del deber legal o administrativo presuntamente
desatendido por aquélla y, que la autoridad requerida se ratifique en el
incumplimiento o guarde silencio frente a la solicitud. De esta manera quedará
acreditada la renuencia de la respectiva autoridad administrativa y el actor podrá
ejercer la acción de cumplimiento.

Por lo tanto, la Sala debe estudiar si la parte actora cumplió con su carga de probar
que constituyó en renuencia a la ANM.

En el requisito de procedibilidad es importante tener en cuenta, como lo ha señalado
la Sala, que «el reclamo en tal sentido no es un simple derecho de petición sino una
solicitud expresamente hecha con el propósito de cumplir el requisito de la
renuencia para los fines de la acción de cumplimiento»11.

11 Sección Quinta, providencia del 20 de octubre de 2011, Exp. 2011-01063, C.P. Mauricio Torres

Cuervo
9
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Demandante: José Daladier Urrea Alzate
Demandado: Agencia Nacional de Minería
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A partir de los hechos expuestos en la demanda y los documentos aportados con
ésta, se tiene que, el 21 de mayo de 2026, el señor Urrea Álzate radicó ante la
autoridad accionada escrito en el cual requirió el cumplimiento del artículo 4 de la
Ley 2250 de 2022 y el parágrafo del artículo 6 y el inciso 3° del artículo 9 de la
Resolución 40005 del 11 de enero de 2024 expedida por el Ministerio de Minas y
Energía.

De esta radicación, la parte actora aportó la siguiente constancia:

Al anterior requerimiento, la ANM respondió mediante oficio con radicado
20261200299161 del 4 de junio de 2026. La entidad negó que hubiera incumplido
las disposiciones invocadas, pues sostuvo que reguló el trámite de las áreas de
reserva especial en áreas libres mediante la Resolución 201 de 2024 y adoptó
medidas para gestionar la ruta de formalización en áreas con superposición total a
través de la Resolución 600 de 2024, sin que las normas exigieran implementar una
herramienta tecnológica específica en ANNA Minería para este último escenario.

Conforme con lo anterior, la Sala entiende agotado el requisito de procedibilidad,
según lo dispuesto en el artículo 8.º de la Ley 393 de 1997, frente al artículo 4.º de
la Ley 2250 de 2022, el parágrafo del artículo 6.º y el inciso tercero del artículo 9.º
de la Resolución 40005 del 11 de enero de 2024, expedida por el Ministerio de
Minas y Energía.

No ocurre lo mismo respecto del artículo 5.º de la Ley 2250 de 2022, toda vez que
el accionante no solicitó su cumplimiento en el requerimiento previo dirigido a la
entidad accionada. Por consiguiente, al no haberse acreditado la constitución en
renuencia frente a esa disposición, se rechazará la acción de cumplimiento en lo
que a ella concierne.

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2.6. De la procedencia de la acción

Para determinar si la acción de cumplimiento promovida es procedente a la luz de
la Ley 393 de 1997, resulta necesario precisar las pretensiones formuladas por el
accionante y el alcance que conserva la controversia en esta instancia.

En el asunto bajo estudio, el señor José Daladier Urrea Alzate pretende que se
declare que la ANM incumplió el artículo 4.º de la Ley 2250 de 2022, el parágrafo
del artículo 6.º y el inciso tercero del artículo 9.º de la Resolución 40005 del 11 de
enero de 2024, al no realizar los ajustes tecnológicos y operativos que, en su criterio,
resultan necesarios para que el Sistema Integral de Gestión Minera (ANNA Minería)
permita radicar solicitudes de áreas de reserva especial en los escenarios de
superposición total con títulos mineros.

En ese orden, se tiene que el artículo 4.º de la Ley 2250 de 2022 corresponde a una
norma con fuerza material de ley, mientras que la Resolución 40005 de 2024
constituye un acto administrativo de carácter general. Por consiguiente, ambas
fuentes normativas son susceptibles de exigirse mediante la acción de
cumplimiento, en los términos del artículo 1.º de la Ley 393 de 1997. Asimismo, se
encuentran vigentes, pues no obra en el expediente disposición posterior o decisión
judicial que las haya derogado, anulado o suspendido.

Tampoco se evidencia la existencia de otro mecanismo judicial idóneo para obtener
directamente el cumplimiento pretendido. En particular, el señor Urrea Alzate no
cuestionó la validez alguna actuación administrativa concreta, sino que acudió a
este mecanismo con el propósito de exigir la observancia de los deberes que, según
su interpretación, se desprenden de las normas invocadas.

En igual sentido, la referencia efectuada en la impugnación a la comunicación con
radicado 20244110476091 del 30 de diciembre de 2024, mediante la cual la Agencia
Nacional de Minería respondió la solicitud identificada con el número
20241003622822, fue empleada por el actor como elemento demostrativo del
presunto incumplimiento general de la entidad. Por tanto, no se advierte que
pretenda promover el control de legalidad de esa respuesta ni que persiga obtener
una decisión sobre la solicitud particular que le dio origen, asuntos que no
corresponden al objeto de la acción de cumplimiento.

El debate tampoco es susceptible de ventilarse mediante la acción de tutela, pues
no se busca la protección directa e inmediata de un derecho fundamental.
Asimismo, aunque el accionante afirmó actuar en beneficio de las comunidades
mineras tradicionales, sus pretensiones no están dirigidas a la protección de un
derecho colectivo, sino a obtener el cumplimiento objetivo de normas con fuerza
material de ley y de un acto administrativo.

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Finalmente, no se advierte que las disposiciones invocadas establezcan por sí
mismas un gasto en los términos de la prohibición contenida en el parágrafo del
artículo 9.º de la Ley 393 de 1997. El hecho de que lo pretendido por el actor pudiera
involucrar actuaciones tecnológicas u operativas no permite concluir, por sí solo,
que se persiga el cumplimiento de una norma que ordene efectuar una erogación
presupuestal determinada. Por el contrario, se anticipa que ello no se desprende de
las normas objeto de la acción de cumplimiento como se advertirá en el análisis
siguiente.

En consecuencia, la acción resulta procedente por lo que corresponde continuar
con el análisis de los mandatos cuyo cumplimiento se reclama.

2.7. Caso concreto

2.7.1. Sobre la existencia de un mandato

Expuesto lo anterior, se remembra que la finalidad de la acción de cumplimiento es
que toda persona pueda acudir ante la autoridad judicial competente para hacer
efectivo el acatamiento de una ley o de un acto administrativo, tal como lo dispone
el artículo 87 constitucional.

No obstante, a través de esta acción no es posible ordenar ejecutar toda clase de
disposiciones, sino aquellas que contienen prescripciones que se caracterizan como
“deberes”. Los deberes legales o administrativos que pueden ser cumplidos a través
de las órdenes del juez constitucional son los que albergan un mandato perentorio,
claro y directo a cargo de determinada autoridad, un mandato “imperativo e
inobjetable”.

Al respecto, resulta importante recordar que esta sección ha indicado las
características que deben tener los deberes legales o administrativos que pueden
ser cumplidos a través de las órdenes del juez constitucional: mandatos imperativos,
expresos e inobjetables. Es así, que en reciente providencia precisó su postura de
la siguiente manera12:

[E]l mandato previsto en la ley o en el acto administrativo no tiene que consistir en
una obligación clara, expresa y exigible, bastara con que se trate de un deber
imperativo, expreso e inobjetable. Considerar que, si el precepto no tiene todas las
circunstancias de tiempo, modo y lugar no puede ser exigible para el sujeto pasivo de
la obligación, implicaría aceptar que las disposiciones son ineficaces desde todo
punto de vista y por tanto no podrían ser enjuiciables vía acción de cumplimiento.

12Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia de 25 de enero de 2024, radicado 25000-23-41-

000-2022-00243-01, MP Pedro Pablo Vanegas Gil.
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Esto a su vez, supondría ir en contra del espíritu del constituyente quien estatuyo en
el artículo 87 de la Carta, una acción que le permita a toda persona solicitar la
realización efectiva de los mandatos señalados en las leyes y los actos
administrativos ante cualquier autoridad, para «hacerle frente a las omisiones de las
autoridades públicas, y de los particulares que ejerzan funciones públicas, en el
ejercicio de toda actividad jurídica o material, legalmente debida y cuya ejecución sea
posible de realizar»13.

En ese orden de ideas, corresponde a la Sala determinar si de las disposiciones
invocadas por el accionante se desprende un mandato imperativo, expreso e
inobjetable. Las normas en cuestión disponen:

Ley 2250 del 11 de julio de 2022

"Por medio del cual se establece un marco jurídico especial en materia de
legalización y formalización minera, así como para su financiamiento,
comercialización y se establece una normatividad especial en materia ambiental".

[…]

Artículo 4°. Ruta para la legalización y formalización minera. Las personas
naturales o jurídicas, grupos o asociaciones que vienen desarrollando labores de
minería tradicional en un área determinada, sin título inscrito en el Registro Minero
Nacional y de acuerdo con lo definido en el artículo 2° de esta norma, deberán radicar
solicitud para iniciar su proceso de legalización y formalización en el Sistema Integral
de Gestión Minera.

En caso de no hacerlo, podrán ser requeridos por la autoridad minera, por una sola
vez so pena de entender desistida su voluntad de legalizar su actividad, para que en
un término de noventa (90) días calendario siguientes a la notificación, radiquen
solicitud para iniciar el proceso de formalización de sus actividades. La solicitud para
iniciar el proceso de que trata este artículo, bien por parte del minero tradicional o por
requerimiento de la autoridad minera, se podrá presentar por una única vez y en área
libre, cumpliendo con la demostración de su condición de tradicionalidad de acuerdo
con lo dispuesto en la presente ley.

La condición de persona, grupo o asociación de minería tradicional y la delimitación
del área minera correspondiente, serán definidas por la autoridad minera mediante
acto administrativo expedido dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la
radicación de la solicitud con el cumplimiento de requisitos; mientras transcurre ese
plazo, los mineros que radiquen la solicitud de formalización, estarán cubiertos por la
Directiva Permanente 2014 expedida por el Ministerio de Defensa, en la cual se
imparten “Instrucciones para la lucha contra la minería criminal y la aplicación del
Decreto 2235 de 2012”.

El minero tradicional deberá dentro del año siguiente a la ejecutoria de dicho acto
administrativo presentar el programa de trabajos y obras diferencial (PTOD) y los
instrumentos ambientales aplicables. Una vez cumplidos los cuarenta y cinco (45)
días o ejecutoriado el acto administrativo en mención que será entendido como la
declaratoria y delimitación del área de reserva especial, no habrá lugar a proceder

13 Ramelli Arteaga, A. 2000. La acción de cumplimiento: ¿Un instrumento jurídico al servicio del

Estado social de derecho en Colombia? Revista derecho del Estado. 8 (jun. 2000), 85–125.
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respecto de los interesados con las medidas previstas en los artículos 161 y 306 de
la Ley 685 de 2001, ni a proseguirles las acciones penales señaladas en los artículos
159 y 160 de este mismo Código, siempre y cuando no se superen los volúmenes de
producción definidos por el Gobierno nacional para la pequeña minería.

En el evento que el minero tradicional no radique el programa de trabajo y obras
diferencial (PTOD) y el instrumento ambiental respectivo ante las autoridades
competentes, perderán la prerrogativa descrita en el inciso anterior. Así mismo, en el
caso de utilizar equipos mecanizados se deberá atender a lo dispuesto en el artículo
27 de la presente Ley sobre el particular.

En el caso de no demostrarse la condición de minería tradicional la autoridad minera
requerirá al pequeño minero para que en los términos del artículo 17 de la Ley 1437
de 2011 o la norma que haga sus veces, radique sobre esta área una propuesta de
contrato de concesión con requisitos diferenciales de acuerdo con lo establecido en
la normatividad vigente, so pena de liberar el área y dar curso a las sanciones
administrativas y penales pertinentes.

En el evento de que al iniciar el trámite de radicación de la solicitud por parte de los
mineros tradicionales se evidencie la superposición total con títulos mineros, se
deberá informar de manera inmediata a la autoridad minera anexando los soportes
respectivos y la información general que conlleva la solicitud, como son: mineral,
solicitantes, área, entre otros, con el fin de dejar trazabilidad del proceso. Así mismo,
se deberá informar al Ministerio de Minas y Energía con el fin de iniciar las acciones
encaminadas a la mediación entre las partes en la búsqueda de posibles acuerdos
para hacer uso de las figuras jurídicas existentes y aplicables.

Adicionalmente, para las superposiciones mencionadas en el inciso anterior, la
autoridad minera verificará las condiciones de cumplimiento de las obligaciones del
titular minero y en caso de hallarse este en causal de caducidad y respetando el
debido proceso, se procederá a su declaratoria en un término no mayor a seis (6)
meses; en este evento y siempre que el minero tradicional demuestre una antigüedad
mayor en el área a la que tiene el título minero, se tendrá como primera opción, caso
en el cual se deberá previa a la liberación del área del título minero validar por parte
de la autoridad minera la trazabilidad del proceso del minero tradicional y el área
donde desarrollaba sus actividades como requisito para la radicación de la solicitud e
inicio del procedimiento aquí establecido. Este mismo proceso de validación se tendrá
en cuenta para las superposiciones de radicación por parte de mineros tradicionales
con solicitudes de propuestas de contratos de concesión que sean rechazadas o
desistidas.

Resolución 40005 de 2024 del Ministerio de Minas y Energía

“Por medio del cual se reglamenta el artículo 4 de la Ley 2250 de 2022”

[…]

Artículo 6. Procedimiento áreas de reserva especial- ARE.

[…]

Parágrafo: La autoridad minera realizará los ajustes tecnológicos y operativos que
sean necesarios para la aplicación del artículo 4° de la Ley 2250 de 2022.

[…]
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Artículo 9. Ruta de formalización en áreas ocupadas.

[…]

Para lo anterior, la autoridad minera ajustará sus procedimientos, en el marco de lo
dispuesto en el artículo 4° de la Ley 2250 de 2022.

En relación con las pretensiones que superaron el examen del requisito de
constitución en renuencia, corresponde determinar si el artículo 4.º de la Ley 2250
de 2022, el parágrafo del artículo 6.º y el inciso tercero del artículo 9.º de la
Resolución 40005 de 2024 contienen mandatos perentorios, claros y directos a
cargo de la ANM, esto es, deberes imperativos, expresos e inobjetables
susceptibles de hacerse efectivos mediante la acción de cumplimiento

2.7.1.1. Del artículo 4.° de la Ley 2250 de 2022

De su lectura se desprenden disposiciones relacionadas con la ruta de legalización
y formalización minera. En primer lugar, las personas, grupos o asociaciones que
desarrollen labores de minería tradicional sin título inscrito deben radicar la
respectiva solicitud en el Sistema Integral de Gestión Minera. La norma precisa que
esta puede presentarse por una única vez, debe recaer sobre un área libre y exige
acreditar la condición de tradicionalidad.

A su vez, la autoridad minera debe definir, mediante acto administrativo expedido
dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a la radicación completa de la
solicitud, la condición de minería tradicional y la delimitación del área
correspondiente.

Para los eventos de superposición total con títulos mineros, la disposición establece
una ruta diferente. En estos casos, los interesados deben informar inmediatamente
esa circunstancia a la autoridad minera, acompañar los soportes y suministrar la
información necesaria para dejar trazabilidad del proceso. Por su parte, la autoridad
minera debe verificar el cumplimiento de las obligaciones del titular y, si encuentra
configurada una causal de caducidad, adelantar el procedimiento correspondiente
y adoptar la decisión respectiva en un término no mayor a seis meses. Si el minero
tradicional acredita una antigüedad superior en el área, deberá ser tenido como
primera opción y, antes de la liberación del área, la entidad deberá validar la
trazabilidad del proceso y el lugar en el cual aquel desarrollaba sus actividades.

En cuanto a la superposición con propuestas de contrato de concesión, la ley
dispone que la misma validación deberá efectuarse cuando aquellas sean
rechazadas o desistidas.

Ahora bien, de los argumentos expuestos por el accionante no se desprende un
reproche que recaiga directamente sobre el cumplimiento de los deberes previstos
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en el artículo 4.º de la Ley 2250 de 2022. Su inconformidad se concentra en la
presunta falta de adopción de los ajustes tecnológicos, operativos y
procedimentales necesarios para hacer posible la aplicación de esa disposición en
los escenarios de superposición total. En consecuencia, corresponde examinar el
alcance de los mandatos contenidos en el parágrafo del artículo 6.º y en el inciso
tercero del artículo 9.º de la Resolución 40005 de 2024, cuyo cumplimiento también
fue solicitado.

2.7.1.2. Del artículo 6.º de la Resolución 40005 de 2024

El artículo 6.º de la Resolución 40005 de 2024 regula el «Procedimiento áreas de
reserva especial —ARE—» y dispone que la autoridad minera establecerá el trámite
de las solicitudes correspondientes, con observancia de los criterios mínimos allí
señalados. Puntualmente, su parágrafo dispone: «La autoridad minera realizará los
ajustes tecnológicos y operativos que sean necesarios para la aplicación del artículo
4° de la Ley 2250 de 2022».

La Sala comparte la conclusión del Tribunal en cuanto a que este parágrafo debe
ser leído en concordancia con el encabezado y el contenido integral del artículo del
cual forma parte. Aunque remite en términos generales al artículo 4.º de la Ley 2250
de 2022, su ubicación normativa delimita su alcance, pues se encuentra incorporado
en la disposición que regula específicamente el procedimiento de las áreas de
reserva especial.

Para efectos de esta regulación, las solicitudes de declaración y delimitación de
áreas de reserva especial recaen necesariamente sobre áreas libres. Así se
desprende del propio artículo 4.º de la Ley 2250 de 2022, que dispone que la
solicitud de legalización y formalización puede presentarse por una única vez y en
área libre. Cuando se evidencia una superposición total con un título minero o una
propuesta de contrato de concesión, la ley no prevé la radicación inmediata de una
solicitud de área de reserva especial sobre el área ocupada, sino una actuación
distinta, ya que el interesado debe informar la superposición para dejar trazabilidad
y permitir que la autoridad verifique la situación del título o de la propuesta.

Esta interpretación también se encuentra respaldada por la estructura de la
Resolución 40005 de 2024. Mientras el artículo 6.º regula el procedimiento de las
áreas de reserva especial, el artículo 9.º contempla separadamente la «Ruta de
formalización en áreas ocupadas» y establece los deberes aplicables a los
supuestos de superposición total. La existencia de esta regulación diferenciada
impide desligar el parágrafo del artículo 6.º de su contexto y extender
automáticamente sus previsiones tecnológicas a la ruta especial contemplada en el
artículo 9.º.

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Por consiguiente, contrario a la interpretación sostenida por el accionante, el deber
previsto en el parágrafo consiste en efectuar los ajustes tecnológicos y operativos
necesarios para implementar el procedimiento de áreas de reserva especial
regulado en el artículo 6.º, esto es, el que recae sobre áreas libres. De igual manera,
la exigencia contenida en el literal a), según la cual el Sistema Integral de Gestión
Minera constituye el único medio autorizado para radicar las solicitudes, está
referida al mismo procedimiento y no puede trasladarse, sin más, a la ruta aplicable
a las áreas ocupadas.

En todo caso, aun si se aceptara la lectura propuesta por el accionante, conforme
la cual el parágrafo también comprende los escenarios de superposición total, de
su texto no se desprende la obligación concreta de implementar el módulo
tecnológico reclamado. La disposición ordena efectuar los ajustes «que sean
necesarios», pero no identifica cuáles deben adoptarse, no prescribe sus
características ni establece que la aplicación del artículo 4.º de la Ley 2250 de 2022
deba materializarse mediante una funcionalidad determinada de ANNA Minería,
como se sugiere en el libelo introductorio.

El acto administrativo dejó así, un margen amplio de apreciación a la autoridad
minera para establecer, con fundamento en criterios técnicos y operativos, cuáles
ajustes resultan necesarios. Por ello, la sola inexistencia del módulo solicitado por
el actor no permite concluir que la ANM desatendió el parágrafo, pues este no
impuso específicamente su creación.

El juez de cumplimiento puede hacer efectivo un deber imperativo e inobjetable,
pero no sustituir a la administración en las valoraciones técnicas, operativas y de
conveniencia que la norma dejó bajo su responsabilidad. En consecuencia, no le
corresponde definir cuál herramienta tecnológica debe adoptarse ni ordenar una
medida particular que no fue prevista expresamente en la disposición cuyo
cumplimiento se reclama.

Por estas razones, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia en cuanto
negó la pretensión dirigida a obtener el cumplimiento del parágrafo del artículo 6.º
de la Resolución 40005 de 2024 mediante la implementación de un módulo para las
áreas superpuestas.

2.7.1.3. Del artículo 9.º de la Resolución 40005 de 2024

El artículo 9.º de la Resolución 40005 de 2024 regula específicamente la ruta de
formalización en áreas ocupadas. Sus dos primeros incisos establecen las
actuaciones que debe adelantar la autoridad minera cuando el área de interés se
superpone con títulos mineros o con propuestas de contrato de concesión.
Seguidamente, el inciso tercero dispone:

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«Para lo anterior, la autoridad minera ajustará sus procedimientos, en el marco de lo
dispuesto en el artículo 4° de la Ley 2250 de 2022».

En este punto, la Sala se aparta del razonamiento del Tribunal, según el cual la falta
de precisión sobre los ajustes concretos y el mecanismo para materializarlos
impediría reconocer la existencia de un mandato susceptible de cumplimiento.

El uso del verbo «ajustará» contiene una orden y no una mera autorización.
Además, la disposición identifica tanto al sujeto obligado —la autoridad minera—
como la conducta exigida —ajustar sus procedimientos— y la materia sobre la cual
debe recaer esa actuación que es la ruta de formalización en áreas ocupadas
regulada en los incisos precedentes, dentro del marco establecido por el artículo 4.º
de la Ley 2250 de 2022. Se trata, por tanto, de un mandato imperativo, expreso e
inobjetable a cargo de la ANM.

Es cierto que la disposición no determina cuáles modificaciones procedimentales
deben efectuarse ni establece la forma precisa de su implementación. Sin embargo,
esa circunstancia no elimina la existencia del deber. Como se expuso en las
consideraciones sobre la procedencia del mecanismo, para que un mandato pueda
exigirse mediante la acción de cumplimiento no es indispensable que contenga
todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar. La amplitud del margen
reconocido a la autoridad para definir el contenido de los ajustes no convierte la
orden en facultativa ni le permite abstenerse indefinidamente de ejercer la
competencia encomendada.

En esa línea, la adecuación de los procedimientos aplicables a las áreas ocupadas
implica el ejercicio de las funciones legales atribuidas a la autoridad minera dentro
del ámbito de sus competencias, lo cual, para el presente asunto, significa que
implemente el Sistema Integral de Gestión Minera.

Así, la discrecionalidad reconocida a la ANM recae sobre la manera de cumplir el
deber y sobre el contenido de los ajustes procedimentales, pero no sobre la decisión
de ejercer o no la competencia expresamente impuesta. En consecuencia, el inciso
tercero del artículo 9.º de la Resolución 40005 de 2024 sí contiene un mandato
susceptible de hacerse efectivo mediante la acción de cumplimiento.

Establecida la existencia y el alcance de este deber, corresponde determinar si la
accionada efectuó los ajustes procedimentales ordenados por la disposición o si,
por el contrario, persiste el incumplimiento alegado.

Para demostrar el cumplimiento del deber previsto en el inciso tercero del artículo
9.º de la Resolución 40005 de 2024, la ANM sostuvo que expidió la Resolución 600
del 2 de septiembre de 2024, «Por la cual se asignan unas funciones al interior de

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la Agencia Nacional de Minería ANM en relación con la ruta de legalización y
formalización en áreas con superposición total con títulos mineros y/o propuestas
de contrato de concesión, de que trata los incisos 7 y 8 del artículo 4º de la Ley 2250
de 2022».

En el artículo segundo de dicho acto administrativo dispuso:

ARTÍCULO SEGUNDO. ORDENAR al Grupo de Fomento de la Vicepresidencia de
Promoción y Fomento dar cumplimiento a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo
9º de la Resolución 40005 de 11 de enero de 2024, expedida por el Ministerio de
Minas y Energía, para lo cual deberá ajustar y establecer el trámite procedimental de
las solicitudes radicadas en virtud de lo dispuesto en los incisos 7 y 8 del artículo 4º
de la Ley 2250 de 2022.

Sin embargo, la expedición de la Resolución 600 de 2024 no acredita el
cumplimiento del mandato reclamado. Mediante ese acto, la ANM únicamente
asignó a una de sus dependencias la función de adelantar las actuaciones
necesarias para observar el inciso tercero del artículo 9.º de la Resolución 40005
de 2024; esto es, ajustar y establecer el trámite procedimental aplicable a las
solicitudes relacionadas con áreas ocupadas. En otras palabras, la resolución
distribuyó internamente la competencia y dispuso que se emprendiera la actividad
requerida para ajustar el procedimiento atinente al Sistema Integral de Gestión
Minera, pero a la fecha no se ha cumplido.

La Resolución 600 de 2024 no estableció el trámite aplicable a esta clase de
solicitudes ni incorporó reglas destinadas a desarrollar la ruta de formalización
prevista en los incisos séptimo y octavo del artículo 4.º de la Ley 2250 de 2022. Por
el contrario, el empleo de las expresiones «deberá ajustar y establecer» evidencia
que la regulación correspondiente debía ser expedida con posterioridad. No
obstante, con la contestación de la demanda no se aportó acto administrativo,
reglamento o instrumento posterior mediante el cual se hubiera cumplido
efectivamente esa labor.

Así, aunque la entidad adelantó una gestión encaminada al cumplimiento del
mandato, consistente en identificar la dependencia responsable y asignarle la
función correspondiente, no demostró que hubiera implementado el Sistema
Integral de Gestión Minera. Han transcurrido más de dos años desde la expedición
de la Resolución 40005 de 2024 y, aunque esta no fijó un término para cumplir lo
anterior, tal circunstancia no torna inexigible el deber ni habilita a la autoridad para
aplazar indefinidamente su cumplimiento.

Sobre este aspecto, la Corte Constitucional señaló en la sentencia C-157 de 1998
precisó lo siguiente:

«[…] el deber de cumplir una norma legal o un acto administrativo no admite
gradaciones, esto es, la autoridad cumple o no cumple, y naturalmente, no cumple o
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incumple a medias; el incumplimiento es algo que debe ser apreciado dentro de la
autonomía e independencia del juez para juzgar en el caso concreto. […]».

Aplicada esta consideración al asunto bajo examen, la asignación de funciones
realizada mediante la Resolución 600 de 2024 constituye una actuación
preparatoria dirigida a lograr el cumplimiento, pero no equivale al cumplimiento
mismo. El inciso tercero del artículo 9.º de la Resolución 40005 de 2024 no ordenó
simplemente designar la dependencia encargada de efectuar los ajustes, sino
ajustar efectivamente los procedimientos aplicables a la ruta de formalización en
áreas ocupadas.

En consecuencia, se revocará parcialmente la sentencia de primera instancia y se
ordenará a la ANM cumpla el deber previsto en el inciso tercero del artículo 9.º de
la Resolución 40005 de 2024, mediante la expedición de la regulación que ajuste y
establezca el trámite procedimental de las solicitudes presentadas en atención a la
ruta de formalización de áreas ocupadas en el marco del artículo 4.º de la Ley 2250
de 2022.

La orden no comprenderá la creación de un módulo específico en ANNA Minería ni
determinará el contenido concreto de la reglamentación, pues tales aspectos
pertenecen al margen de apreciación técnica y administrativa de la entidad. Su
alcance se limitará a exigir la expedición del procedimiento cuya adopción fue
ordenada por el acto administrativo cuyo cumplimiento se reclama.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO. RECHAZAR la solicitud formulada por el señor José Daladier Urrea
Alzate, por las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO. CONFIRMAR la sentencia del 4 de agosto de 2026, proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Octava de Decisión, en cuanto negó las
pretensiones dirigidas a obtener el cumplimiento del artículo 4.º de la Ley 2250 de
2022 y del parágrafo del artículo 6.º de la Resolución 40005 del 11 de enero de
2024, expedida por el Ministerio de Minas y Energía.

TERCERO. REVOCAR la sentencia impugnada en lo demás. En su lugar:

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Demandante: José Daladier Urrea Alzate
Demandado: Agencia Nacional de Minería
Radicado: 05001-23-33-000-2026-00912-01

RECHAZAR la acción de cumplimiento respecto del artículo 5.º de la Ley
2250 de 2022, por no haberse acreditado el requisito de constitución en
renuencia frente a dicha disposición.

ORDENAR a la Agencia Nacional de Minería que cumpla lo dispuesto en el
inciso tercero del artículo 9.º de la Resolución 40005 del 11 de enero de 2024.
En consecuencia, dentro de los tres (3) meses siguientes a la ejecutoria de
esta providencia, deberá implementar el Sistema Integral de Gestión Minera
en el cual ajuste y establezca el trámite procedimental para la atención de
las solicitudes de formalización minera en áreas ocupadas, en el marco de lo
dispuesto en los incisos séptimo y octavo del artículo 4.º de la Ley 2250 de
2022 y de conformidad con las consideraciones expuestas en esta sentencia.

CUARTO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley
393 de 1997.

QUINTO: En firme la presente decisión, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
Con aclaración de voto

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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