Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2026-01089-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2026-01089-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 05001-23-33-000-2026-01089-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
3 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C., tres (3) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 05001-23-33-000-2026-01089-01
Accionante: Juan Carlos Gutiérrez Romero
Accionados: Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Turbo.
Tema: Derechos al debido proceso administrativo, igualdad y acceso
a cargos públicos. Provisión de vacante temporal en cargo de
carrera judicial. Requisito de subsidiariedad. CONFIRMA
SENTENCIA
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por el señor Juan Carlos Gutiérrez
Romero, en nombre propio, en contra de la sentencia del 29 de julio de 2026,
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Oralidad,
mediante la cual declaró improcedente la acción de tutela por no satisfacer el
requisito de subsidiariedad.
ANTECEDENTES
El accionante pretende que se amparen sus derechos fundamentales al debido
proceso administrativo, a la igualdad y al acceso a cargos públicos, los cuales
considera vulnerados por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de
Turbo, con la expedición de la Resolución No. 032 del 22 de junio de 2026 y No.
040 del 14 de julio de 2026, mediante las cuales nombró en provisionalidad al señor
Eduardo Enrique Gil Castellanos, y confirmó la decisión.
HECHOS
La solicitud de tutela se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
Que el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Turbo, mediante aviso
publicado el 19 de junio de 2026, realizó una convocatoria para proveer
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temporalmente el cargo de Profesional Universitario Grado 16, con ocasión de una
vacante temporal generada en dicho despacho judicial.
Que presentó su postulación dentro del término establecido en la convocatoria y
acreditó su condición de servidor judicial de carrera, en calidad de sustanciador del
Juzgado Primero de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Riohacha, con el
propósito de que se le otorgara prioridad o prevalencia de conformidad con el inciso
segundo del artículo 2 del Acuerdo PCSJA24-12238 de 9 de diciembre de 2024.
Que no recibió comunicación relacionada con el resultado de la convocatoria ni tuvo
conocimiento de la publicación del acto administrativo correspondiente, razón por la
cual solicitó al despacho accionado la publicación de dicho acto en los términos del
parágrafo del artículo 65 del CPACA.
Que el despacho accionado informó que había efectuado una valoración objetiva y
crítica de las hojas de vida y que el aspirante seleccionado cumplía los requisitos
exigidos para el cargo, además de señalar que la publicación del acto no resultaba
obligatoria por tratarse de un acto administrativo de carácter particular.
Que, luego de insistir en la solicitud, el despacho publicó la Resolución No. 032 de
22 de junio de 2026, por medio de la cual efectuó el nombramiento en
provisionalidad en el cargo de Profesional Universitario Grado 16.
Que mediante la referida Resolución se nombró en provisionalidad al señor Eduardo
Enrique Gil Castellanos en el cargo de Profesional Universitario Grado 16, con
fundamento en una valoración objetiva y crítica de las hojas de vida de los
aspirantes.
Que formuló recurso de reposición y/o aclaración contra dicha decisión, por
considerar que la evaluación carecía de claridad e imparcialidad, que no existían
argumentos que permitieran establecer la idoneidad de la persona seleccionada y
que no se precisaba si el nombrado ostentaba derechos de carrera judicial que
justificaran una prioridad en la selección.
Que el recurso fue resuelto mediante la Resolución No. 040 de 14 de julio de 2026,
notificada el mismo día, decisión en la cual el despacho accionado sostuvo que el
Acuerdo PCSJA24-12238 de 2024 fue suspendido provisionalmente por el Consejo
de Estado y que la prelación legal solamente cobijaba a los empleados de carrera
del mismo despacho y a quienes integraran el registro de elegibles.
Que la autoridad accionada vulneró sus derechos fundamentales invocados, porque
desconoció la preferencia que, en su criterio, ampara a los servidores judiciales de
carrera dentro de los procedimientos de provisión de vacantes temporales; omitió
realizar una valoración objetiva de las hojas de vida y profirió actos administrativos
que, a su juicio, presentan falsa motivación y desconocen la jurisprudencia
constitucional aplicable a esta materia.
PRETENSIONES
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Solicitó que se amparen los derechos fundamentales invocados; y se deje sin efecto
«(…) la resolución 040 del 14 de julio de 2026 y en su lugar proceda a realizar las
actuaciones administrativas (…) para proveer cargo en vacancia temporal de
Profesional Universitario Grado 16 del Juzgado 003 Administrativo del Circuito de
Turbo.»
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
El 16 de julio de 2026 se admitió la acción; se vinculó al Consejo Seccional de la
Judicatura de Antioquia, al señor Eduardo Enrique Gil Castellanos, y a las personas
inscritas en la convocatoria para proveer en provisionalidad el cargo de Profesional
Universitario Grado 16, como terceros interesados y, se ordenó notificar a las partes
e intervinientes.
POSICIÓN DE LOS ACCIONADOS
El Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Turbo dijo que el cargo
de Profesional Universitario Grado 16 forma parte de la carrera judicial y que la
provisión temporal de esa vacante se rige por el numeral 2 del artículo 132 de la Ley
270 de 1996, modificado por el artículo 68 de la Ley 2430 de 2024.
Sostuvo que dicha norma únicamente contempla dos categorías para la provisión
de vacancias temporales: el empleado de carrera del despacho respectivo y la
persona inscrita en el registro de elegibles y, que el accionante no pertenece a
ninguna de ellas.
Que el argumento principal de la tutela parte de una interpretación equivocada del
Acuerdo PCSJA24-12238 de 2024, puesto que los artículos 1 y 2 de dicho acuerdo
fueron suspendidos provisionalmente por el Consejo de Estado dentro del proceso
de nulidad que cursa contra esa reglamentación. Que, como consecuencia de esa
decisión judicial, la norma aplicable era la Ley 270 de 1996, modificada por la Ley
2430 de 2024.
Expresó que el accionante no pertenece al despacho judicial donde surgió la
vacante y tampoco hace parte del registro de elegibles para el cargo ofertado. Por
tal razón, afirmó que no gozaba de prelación frente a otros aspirantes y que la
autoridad nominadora podía ejercer la facultad de selección entre las personas que
acreditaran los requisitos exigidos para el empleo.
Que la Resolución No. 032 de 2026 contiene los fundamentos de hecho y de
derecho que justificaron la decisión administrativa, pues señala la existencia de la
vacante temporal, la realización de la convocatoria, la valoración de las hojas de
vida recibidas y la verificación de los requisitos del candidato seleccionado. Agregó
que el acto administrativo no requería una motivación propia de los concursos de
méritos y negó cualquier actuación orientada a favorecer indebidamente a una
persona determinada.
Frente a la publicidad del acto administrativo, sostuvo que la Resolución No. 032
fue publicada el 7 de julio de 2026 y que esa circunstancia permitió al accionante
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presentar oportunamente recurso de reposición, el cual fue resuelto mediante la
Resolución No. 040 de 14 de julio de 2026.
Finalmente, solicitó negar las pretensiones de la demanda y declarar improcedente
la acción de tutela, por cuanto el accionante dispone del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho para controvertir los actos administrativos
cuestionados.
POSICIÓN DE LOS VINCULADOS
El Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia manifestó que no tuvo
participación en los hechos objeto de la tutela, por cuanto la provisión de vacantes
temporales en los juzgados corresponde a la autoridad nominadora respectiva y no
hace parte de las funciones asignadas a esa corporación. Solicitó que se declarara
la falta de legitimación en la causa por pasiva.
Que el señor Juan Carlos Gutiérrez Romero no presentó solicitudes ante esa
entidad relacionadas con los hechos discutidos en la tutela y que, conforme a la Ley
270 de 1996 y sus modificaciones, la provisión de cargos en vacancia temporal
corresponde a los jueces en calidad de nominadores, criterio que coincide con lo
previsto en el Acuerdo PCSJA24-12238 de 2024 y en la Circular PCSJA-5 de 2025.
El señor Eduardo Enrique Gil Castellanos afirmó que no intervino en la adopción
de la decisión administrativa cuestionada y que únicamente presentó su hoja de
vida dentro de la convocatoria publicada por el despacho accionado.
Dijo que el accionante no acreditó un perjuicio irremediable y que únicamente
ostenta una expectativa de acceder al cargo, razón por la cual el debate debe
desarrollarse ante la jurisdicción de lo contencioso - administrativo y no mediante la
acción de tutela. También indicó que el actor no acreditó encontrarse dentro de las
categorías expresamente previstas por la Ley para la provisión de vacancias
temporales en cargos de carrera judicial.
Manifestó que reúne las condiciones académicas y profesionales para desempeñar
el empleo, pues es abogado con especialización y maestría en derecho
administrativo, cursa estudios de especialización en contratación estatal y cuenta
con experiencia superior a diez años en despachos de la jurisdicción contencioso-
administrativa.
Sostuvo que conceder el amparo afectaría una situación jurídica consolidada con
fundamento en un acto administrativo que goza de presunción de legalidad y que
fue expedido dentro del ejercicio de las competencias legales de la nominadora. Por
ello, solicitó que se mantuvieran los efectos de las resoluciones cuestionadas y se
declarara improcedente la acción constitucional.
No se presentaron más intervenciones.
SENTENCIA IMPUGNADA
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El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Oralidad, mediante
sentencia del 29 de julio de 2026, declaró improcedente la acción de tutela al
considerar que no cumplió con el requisito de subsidiariedad.
Que el accionante cuestionó la legalidad de las Resoluciones No. 032 de 22 de junio
de 2026 y No. 040 de 14 de julio de 2026, proferidas por el Juzgado Tercero
Administrativo Oral del Circuito de Turbo, con fundamento en presuntas
irregularidades relacionadas con la provisión temporal del cargo de Profesional
Universitario Grado 16.
Consideró que el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
constituye el mecanismo judicial idóneo para controvertir actos administrativos de
carácter particular y para debatir aspectos relacionados con la falsa motivación, la
desviación de poder, la interpretación de las normas aplicables al nombramiento y
la valoración realizada por la administración dentro del procedimiento de selección.
Dijo que el accionante no acreditó la existencia de un perjuicio irremediable que
justificara la intervención excepcional del juez constitucional, pues no aportó
elementos de prueba que demostraran una afectación actual, grave e inminente a
sus derechos fundamentales. También destacó que conserva su vinculación laboral
en la Rama Judicial y que la controversia planteada se relaciona con una
expectativa de acceso a un cargo en provisionalidad.
Que adicionalmente, la reglamentación contenida en el Acuerdo PCSJA24-12238
de 2024 se encuentra sometida al control de legalidad por parte del Consejo de
Estado, dentro del proceso de nulidad identificado con el radicado 11001-03-25-
000-2025-00056-00 (0314-2025), circunstancia que, en criterio de la Sala, impedía
que el juez de tutela resolviera por vía constitucional aspectos relacionados con los
efectos y alcance de esa normativa.
Con fundamento en lo anterior, declaró improcedente la solicitud de amparo.
IMPUGNACIÓN
El accionante impugnó la decisión y sostuvo que la providencia impugnada
confundió el control de legalidad de los actos administrativos con la protección
inmediata de los derechos fundamentales invocados en la acción de tutela. Afirmó
que la controversia no se limita a cuestionar la legalidad de un acto administrativo,
sino que involucra la protección de los principios de mérito, igualdad, transparencia
y debido proceso dentro de un procedimiento de selección para proveer una vacante
temporal.
Manifestó que la vacante temporal del cargo de Profesional Universitario Grado 16
surgió con ocasión del nombramiento de su titular en un juzgado administrativo
transitorio del Distrito Judicial de Medellín, cuya creación tiene vigencia únicamente
hasta el 11 de diciembre de 2026. Con fundamento en lo anterior, afirmó que remitir
el asunto a la jurisdicción de lo contencioso - administrativo torna ineficaz la
protección reclamada, pues considera improbable que el medio de control ordinario
produzca una decisión antes de que finalice la vacancia temporal.
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Afirmó que esa conclusión no estuvo acompañada de una explicación concreta
acerca de la forma en que esas medidas podrían restablecer la oportunidad de
ocupar el cargo temporal controvertido, cuánto tiempo tomaría su adopción o de qué
manera evitarían la consumación del daño alegado.
Expuso que el perjuicio irremediable no debe analizarse desde una perspectiva
económica ni a partir de la afectación del mínimo vital. En su criterio, la controversia
se relaciona exclusivamente con los derechos invocados. Por tal razón, afirmó que
el perjuicio radica en la pérdida de la oportunidad de acceder al cargo por la
supuesta inaplicación de las reglas que, a su juicio, otorgaban prioridad a los
empleados de carrera judicial
Finalmente, reiteró que la suspensión provisional decretada por el Consejo de
Estado respecto del Acuerdo PCSJA24-12238 de 2024 no comprendió el inciso
segundo del artículo 2 de dicha reglamentación, además sostuvo que ese aparte
normativo permanecía vigente y que debía reconocerse la prioridad a los servidores
judiciales de carrera para acceder a vacantes temporales como la discutida en el
presente asunto.
Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
A la Sala le corresponde decidir la impugnación propuesta, para lo cual abordará
los siguientes temas: I) generalidades de la acción de tutela; II) requisito de
subsidiariedad en la acción de tutela y III) análisis del caso concreto.
Generalidades de la acción de tutela
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales; cuando éstos
se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.
Requisito de subsidiariedad en la acción de tutela
Conforme la jurisprudencia desarrollada y reiterada de la Corte Constitucional, esta
acción es eminentemente subsidiaria, de ahí que, en virtud de esta característica,
los conflictos jurídicos relacionados con los derechos fundamentales deben ser, en
principio, resueltos por las vías ordinarias -jurisdiccionales y sólo ante la ausencia
de dichas vías o cuando las mismas no resultan idóneas y eficaces para evitar la
ocurrencia de un perjuicio irremediable, resulta admisible acudir a la acción de
amparo constitucional.
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La existencia de otro mecanismo judicial ha sostenido la Corte, per se, no constituye
una razón suficiente para declarar la improcedencia de la acción, en la medida que
el mismo debe ser idóneo, lo que significa que debe ser materialmente apropiado
para generar el efecto protector de los derechos fundamentales, además, debe ser
un medio eficaz, esto es, estar diseñado de forma tal que brinde oportunamente una
protección al derecho.
Ahora bien, en torno a la necesidad de examinar la irremediabilidad del perjuicio y
la idoneidad y eficacia de los mecanismos principales de defensa, en uno de sus
tantos pronunciamientos expuso la Corte:
«(…) Para determinar la irremediabilidad del perjuicio hay que tener en cuenta
la presencia concurrente de varios elementos que configuran su estructura,
como la inminencia, que exige medidas inmediatas, la urgencia que tiene el
sujeto de derecho por salir de ese perjuicio inminente, y la gravedad de los
hechos, que hace evidente la impostergabilidad de la tutela como mecanismo
necesario para la protección inmediata de los derechos constitucionales
fundamentales»1.
Por lo demás, tampoco desconoce la Sala la amplia jurisprudencia constitucional
con relación a la improcedencia de la tutela contra actos administrativos de
contenido particular y concreto; por cuanto es viable controvertirlos e incluso solicitar
la suspensión provisional de sus efectos; mediante los medios de control, así lo dijo
la Corte Constitucional:
«(…) Además, tal y como se señaló anteriormente (ver supra, fundamentos
jurídicos 44-56), la Ley 1437 de 2011 consagró una serie de posibles medidas
cautelares para la protección y garantía provisional del objeto del proceso o para
la efectividad de la sentencia. Entre las que se cuentan el restablecimiento
inmediato de un derecho, la suspensión de un procedimiento o actuación, o la
suspensión de los efectos de un acto administrativo. Adicionalmente, las
medidas cautelares pueden ser ordinarias o de urgencia. (…)»2
En este entendido, la procedencia de la acción de tutela se torna aún más
excepcional, dada la eficacia de las acciones ordinarias para la protección inmediata
de los derechos fundamentales.
Análisis del caso concreto
La Sala comparte la decisión de primera instancia en cuanto determinó que la acción
de tutela resulta improcedente por no satisfacer el requisito de subsidiariedad, pues
el accionante dispone de otro mecanismo judicial de defensa, en el cual puede
cuestionar la legalidad de las resoluciones controvertidas, discutir la motivación de
los actos administrativos, alegar el presunto desconocimiento de las normas que
regulan la provisión de vacantes temporales en la Rama Judicial y solicitar el
restablecimiento de los derechos que considere afectados.
Por otra parte, el accionante sostuvo que la naturaleza temporal de la vacante torna
ineficaz el mecanismo ordinario; sin embargo, no aportó elementos objetivos que
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Sentencia T-570 de 2007, MP Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra.
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Sentencia T-149 de 2023
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permitan concluir que las herramientas cautelares previstas por el ordenamiento
jurídico resulten insuficientes o inoperantes en el caso concreto. Tampoco acreditó
la configuración de un perjuicio irremediable para los derechos fundamentales, que
justifique la intervención excepcional del juez constitucional.
Adicionalmente, la controversia planteada exige determinar el alcance de las
disposiciones que regulan el nombramiento en provisionalidad en vacancias
temporales de cargos de carrera judicial, los efectos jurídicos de las decisiones
adoptadas respecto del Acuerdo PCSJA24-12238 de 2024 y la legalidad de los
actos administrativos expedidos dentro del procedimiento de selección, aspectos
que corresponden al ámbito propio de competencia de la jurisdicción de lo
contencioso – administrativo.
En consecuencia, se confirmará la sentencia impugnada, pues no satisface el
requisito de subsidiariedad.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. CONFIRMAR la sentencia del 29 de julio de 2026, proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Oralidad, a través de la cual
declaró improcedente la acción de tutela, por las razones expuestas en esta
providencia.
Segundo. Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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