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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2026-01120-01

Fecha
20 de agosto de 2026
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2026-01120-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 4 de agosto de 2026, proferida por la Sala Cuarta de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. 13 Radicación: 05001-23-33-000-2026-01120-01 Accionantes: Sebastián Santa Ospina y otros TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 05001-23-33-000-2026-01120-01

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

20 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veinte (20) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 05001-23-33-000-2026-01120-01
Accionantes: SEBASTIÁN SANTA OSPINA Y OTRO
Accionado: COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL DE
ANTIOQUIA
Tema: ACCIÓN DE TUTELA. CONFIRMA EL FALLO IMPUGNADO.
Improcedencia por subsidiariedad. Proceso en curso.

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia
de 4 de agosto de 2026, proferida por la Sala Cuarta de Oralidad del Tribunal
Administrativo de Antioquia.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. Los señores Sebastián Santa Ospina y Luz Marina Botero Villa, en nombre
propio, solicitaron la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso, acceso a la administración de justicia y a la igualdad en conexidad con
el principio de seguridad jurídica, cuya vulneración le atribuyeron a la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia con las providencias de 7 de mayo
de 2025, 22 de enero y 10 de marzo de 2026 proferidas dentro del proceso
disciplinario identificado con el número de radicación 05001-25-02-000-2024-
00712-00.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones
que motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo
siguiente:

2.1. Señalaron que se desempeñaron como Juez Trece de Familia de Oralidad del
Circuito de Medellín (para el caso de la señora Luz Marina Botero Villa) y como
secretario de ese mismo Despacho (en el caso de Sebastián Santa Ospina).

2.2. Sostuvieron que la señora Luz Dary Gómez Duque presentó una queja
disciplinaria contra ellos ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

2

Radicación: 05001-23-33-000-2026-01120-01
Accionantes: Sebastián Santa Ospina y otros

Antioquia, por presunto acoso laboral, identificada con radicado núm. 05001-25-
02-000-2022-01118-00, dentro de la cual se profirió auto de apertura de
investigación el 28 de julio de 2022.

2.3. Indicaron que, mediante auto de fecha 31 de octubre de 2023, la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia decretó la nulidad de lo actuado a
partir del auto de investigación, tras advertir que, cuando se trata de quejas por
presunto acoso laboral, previamente debía verificarse el agotamiento del
procedimiento preventivo/correctivo ante el Comité de Convivencia Laboral de la
Seccional Antioquia.

2.4. Manifestaron que, por no encontrarse acreditado por parte de la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Antioquia el procedimiento
mencionado supra, la Comisión mediate auto de 28 de noviembre de 2023
resolvió inhibirse de iniciar actuación disciplinaria en su contra.

2.5. Expusieronque contra el mencionado auto inhibitorio la señora Luz Dary
Gómez Duque interpuso acción de tutela, la cual se negó, decisión que fue
confirmada en segunda instancia por la Sección Primera del Consejo de Estado1.

2.6. Adujeronque, posteriormente, se inició una nueva actuación disciplinaria
(radicado núm. 05001-25-02-000-2024-00712-00), por los mismos hechos y
entre las mismas partes, dentro del cual solicitaron la nulidad y,
subsidiariamente, la inhibición del trámite, con fundamento en el precedente
aplicado en el proceso anterior, según el cual el agotamiento del procedimiento
ante el Comité de Convivencia Laboral constituye un requisito obligatorio.

2.7. Señalaron que, mediante auto de 7 de mayo de 2025, la Comisión Seccional
de Disciplina Judicial de Antioquia negó la nulidad planteada por considerar que
la investigación buscaba verificar los hechos y que, en el caso concreto, la Ley
1010 de 2006 no exigía como requisito de procedibilidad haber acudido
previamente al Comité de Convivencia Laboral, por tratarse de ex empleados de
la Rama Judicial. Decisión que fue confirmada mediante providencia de 22 de
enero de 2026.

2.8. Advirtieron que la misma autoridad, a través de auto de 10 de marzo de 2026,
aclaró que la solicitud de nulidad de 4 de marzo de 2025 fue suscrita por ambos
investigados y rechazó el recurso de apelación con sustento en que, de acuerdo
con el artículo 133 de la Ley 1952 de 28 de enero de 20192, contra la decisión
de las solicitudes de nulidad únicamente procede el recurso de reposición.

2.9. Consideraron que las providencias mencionadas supra vulneraron sus
derechos fundamentales indicados por haber incurrido en los defectos orgánico,
procedimental absoluto, sustantivo, en falta de motivación, desconocimiento del
precedente y en la causal de violación directa de la Constitución.

1
Número de radicación 05001-23-33-000-2024-00159-01.
2
“[…] Por medio de la cual se expide el código general disciplinario se derogan la ley 734 de 2002 y algunas disposiciones
de la ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario. […]”.

3

Radicación: 05001-23-33-000-2026-01120-01
Accionantes: Sebastián Santa Ospina y otros

2.10. Adujeron que se configuró el defecto orgánico debido a que la autoridad que
profirió la providencia cuestionada carece de competencia teniendo en cuenta
que la queja identificada con radicación núm. 05001-25-02-000-2024-00712-00
realmente corresponde a un pronunciamiento relacionado con la decisión de
archivo de aquella identificada con radicación núm. 05001-25-02-000-2022-
01118-00.

2.11. Señalaron que el defecto procedimental absoluto se presentó en vista de que
el juez natural actuó al margen del procedimiento al dar apertura a una nueva
investigación disciplinaria sin contar con la constancia del requisito de
procedibilidad preventivo en asuntos de acoso laboral.

2.12. Aseveraron que la autoridad judicial incurrió en un defecto sustantivo al
adoptar una interpretación restrictiva de la norma aplicable, pese a que, en casos
similares, había sido interpretada de manera diferente. Asimismo, al negar la
solicitud de nulidad e inhibición dentro de la queja presentada en el año 2024 se
desconoció que existía un precedente claro en la providencia de 25 de mayo de
2023 dentro del proceso con radicación núm. 63001-25-02-000-2021-00136-01.

2.13. Añadieronque el desconocimiento del precedente ocurrió por cuanto se
omitió el requerimiento del procedimiento preventivo que se tuvo en cuenta en
providencias proferidas dentro de los procesos con radicación núm. i) 05001-25-
02-000-2022-01118-00 por la Comisión Seccional; ii) 05001-23-33-000-2024-
00159-00, en sede constitucional, por el Tribunal Administrativo de Antioquia en
primera instancia y el Consejo de Estado en segunda instancia; y iii) 63001-25-
02-000-2021-00136-01 por la Comisión Nacional del Servicio Civil.

2.14. Advirtieron que se trataba de una decisión sin motivación por considerar que
no se contaba con los fundamentos fácticos y jurídicos en la decisión al no
justificar adecuadamente las razones por las cuales se apartó del precedente
vertical mencionado previamente relacionado con decretar la nulidad e inhibirse
de iniciar actuación disciplinaria.

2.15. Arguyeron que se presentó una violación directa de la Constitución por la
afectación a los principios de igualdad, seguridad jurídica, confianza legítima y
debido proceso.

III. PRETENSIONES

3. Los accionantes formularon las siguientes pretensiones:

“[…] PRIMERA: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso,
igualdad, acceso a la administración de justicia, seguridad jurídica y confianza
legítima de Luz Marina Botero Villa y Sebastián Santa Ospina.

SEGUNDA: DEJAR SIN EFECTOS las providencias del 7 de mayo de 2025, y 22
de enero y 10 de marzo de 2026 dictadas dentro del proceso radicado

4

Radicación: 05001-23-33-000-2026-01120-01
Accionantes: Sebastián Santa Ospina y otros

05001250200020240071200, mediante las cuales se negó la solicitud de nulidad
y, en subsidio de inhibición, posteriormente se confirmó esa decisión al resolver el
recurso de reposición, y finalmente se corrigió la citada decisión y se rechazó el
recurso de apelación respectivamente, todas dentro del proceso radicado
05001250200020240071200.

TERCERO: ORDENAR a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de
Antioquia que, dentro del término de 48 horas, profiera una nueva decisión en la
que resuelva la solicitud de nulidad y, en subsidio de inhibición, observando los
procedentes (sic) que reposan en decisiones sobre el mismo asunto y entre las
mismas: I. De la propia Comisión Seccional dentro del proceso radicado
05001250200020220111800 en sede disciplinaria, II. En sede constitucional, la
acción de tutela radicado 05001233300020240015900 de primera instancia del
Tribunal Administrativo de Antioquia y del Consejo de Estado en segunda,
instancia, III. La postura de la Comisión Nacional dentro del radicado
63001250200020210013601 en un caso análogo. […]”. [ Negrilla del texto].

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 23 de julio de 2026, el Despacho sustanciador del Tribunal
Administrativo de Antioquia admitió la presente acción de tutela.

V. INTERVENCIONES

5. Una vez efectuada la notificación a la autoridad accionada se allegó el siguiente
informe:

5.1. La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia señaló que los
argumentos presentados en la acción de tutela resultan infundados, debido a
que la Comisión no ha proferido una decisión de fondo al interior del proceso
disciplinario con número de radicación 05001-25-02-000-2024-00712-00.
Agregó que no se han vulnerado los derechos fundamentales alegados, por lo
cual, solicitó negar las pretensiones de los accionantes.

5.2. Sostuvo que los objetos de los dos procesos disciplinarios son diferentes, ya
que a pesar de que el proceso identificado con número de radicación 05001-25-
02-000-2022-01118-00, involucra a las mismas personas por conductas de
presunto acoso laboral en el Juzgado 13 de Familia del Circuito de Medellín
hasta el año 2023, de acuerdo con la queja, los hechos investigados
corresponden a conductas de acoso laboral que se habrían presentado durante
6 a 10 años, finalizando el 4 de julio de 2023, cuando la denunciante se retira de
la Rama Judicial. Por tratarse de una conducta continuada, su materialización se
extiende hasta el momento en que cesa, esto es, el año 2023.

5.3. Así mismo, afirmó que “[…] Las decisiones inhibitorias emitida (sic) dentro de
los procesos disciplinarios no hace tránsito a cosa juzgada y, ello tiene razón de
ser por expresa disposición del legislador que en los artículos 16, 90 y 224 del
Código General Disciplinario – Ley 1952 de 2019. […]”.

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Radicación: 05001-23-33-000-2026-01120-01
Accionantes: Sebastián Santa Ospina y otros

5.4. Finalmente, agregó que la decisión adoptada dentro del proceso 05001-25-
02-000-2022-01118-00, no es un pronunciamiento de fondo sobre los hechos
denunciados y que tal situación se ha puesto de presente a los accionantes en
respuesta a diferentes solicitudes presentadas.

VI. EL FALLO IMPUGNADO

6. Mediante sentencia de tutela de 4 de agosto de 2026, el Tribunal Administrativo
de Antioquia, declaró improcedente la acción de tutela al no cumplirse con el
requisito de subsidiariedad.

7. Al respecto consideró:

“[…] Descendiendo al caso concreto, vemos que en el sub lite se configura una
situación que conlleva a la improcedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, y es que el proceso disciplinario dentro del cual se han
proferido las decisiones objeto de la solicitud de amparo, aún se encuentra en
curso, es decir, no ha finalizado y dentro de él no se ha proferido decisión
definitiva.

Así las cosas, de la revisión del expediente y de las pruebas allegadas, se constata
que los accionantes han venido haciendo uso, dentro del proceso disciplinario, de
las garantías propias del debido proceso y de los medios que están a su alcance
y que se encuentran consagrados en la ley para hacer valer sus derechos y debatir
los asuntos y cuestiones que consideran pertinentes; y, si bien es cierto dentro del
proceso alegaron de manera amplia la existencia de unos defectos de carácter
específico, también es verdad que primero deben cumplirse los requisitos de
procedencia de carácter general del recurso de amparo para poder satisfacer la
exigencia de la subsidiariedad, pues, de lo contrario, ello conduce
inexorablemente a la improcedencia de la acción de tutela, en la medida que,
como ya se dijo, la actuación disciplinaria está siendo adelantada por la autoridad
competente.

[…]

4.4. Por último, tampoco se encuentra acreditada la configuración de un perjuicio
irremediable que permita la eventual protección transitoria de los derechos
invocados como vulnerados a los accionantes. Esto, en la medida que, al no
avizorarse arbitrariedad ni vulneración al derecho de acceso a la administración
de justicia, como tampoco al debido proceso, aún está pendiente que el proceso
disciplinario surta sus etapas, constituyendo estas el escenario natural y propicio,
dentro del cual se deben discutir las distintas inconformidades de los quejosos,
disciplinables y demás intervinientes.

De manera que, al estar en curso el proceso disciplinario, resulta innecesaria en
este momento la intervención del juez constitucional, pues la providencia que negó
la nulidad de todo lo actuado, se resolvió previa verificación del cumplimiento de
los requisitos establecidos por parte del juez natural, garantizándose el ejercicio
del derecho de contradicción agotando los recursos y medios ofrecidos por la ley.

Así las cosas, le corresponde a los accionantes agotar todos los mecanismos que
tienen a su disposición previo a acudir a la acción de tutela, razón por la que esta
Sala se abstendrá de estudiar de fondo esta solicitud de amparo.

6

Radicación: 05001-23-33-000-2026-01120-01
Accionantes: Sebastián Santa Ospina y otros

En consecuencia, al no cumplirse el requisito de subsidiariedad y, en todo caso,
no evidenciarse vulneración alguna de derechos fundamentales, la presente
acción de tutela será negada, por improcedente […]”.

VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

8. La parte accionante impugnó el fallo de primera instancia, en los siguientes
términos:

“[…] 1. Contrario a lo indicado en el fallo de tutela de primera instancia,
se reitera que no existió una nueva queja, en efecto la génesis del trámite
disciplinario radicado 05001250200020240071200, fue un correo
electrónico presentado por la quejosa al Comité de Convivencia Laboral,
en respuesta a un auto proferido en el proceso disciplinario
05001250200020220111800, donde se reitera la misma queja
disciplinaria de dicho proceso, correo electrónico que fue remito (sic) por
dicho comité por competencia a la Comisión Seccional de Disciplina
Judicial de Antioquia, en vista de que la citada ya no era empleada judicial
(como si lo era al momento de interponer la queja primigenia), sin
embargo, se reitera que se trata de un pronunciamiento de la quejosa a
un auto proferido dentro del trámite disciplinario
05001250200020220111800, en consecuencia, no se debió haber
radicado una nueva queja, sino agregar dicha petición de insistencia
como memorial al proceso radicado 05001250200020220111800, ya que
no existe una nueva queja.

[…]

2. Asimismo, la acción de tutela no deviene en improcedente, por cuanto
la misma contrario a lo indicado por el Juez constitucional de primera
instancia, si es pertinente en el curso de un proceso disciplinario, así no
haya finalizado, ello en contra de decisiones interlocutorias, contra las
cuales se hayan agotado todos los recursos, como en el presente asunto,
donde ya se agotó la vía de la solicitud de nulidad, y variados recursos
contra la negativa de la misma (reposición y en subsidio de apelación),
así como peticiones de corrección e inhibición, ya que se reitera nunca
ha existido una nueva queja, sino una reiteración de la misma queja ya
zanjada […]”.

[…]

5. En vista de que no existen 2 quejas, sino una misma queja
erróneamente radicada en 2 oportunidades, ante 2 Despachos diferentes,
con todo el respeto que se merece la Honorable Comisión Seccional de
Disciplina Judicial de Antioquia, insistimos, en que existen y se deben
estudiar de fondo las siguientes causales específicas de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencias judiciales de que tratan las
sentencias SU-070 de 2025 y SU-116 de 2018 de la Corte Constitucional,
atentatorias de nuestros derechos fundamentales al debido proceso,
igualdad y al acceso efectivo a la admisión de justicia […]”.

[…]

9. El mismo asunto disciplinario recibió 2 tratamientos en procesos
distintos e incompatibles por la citada Comisión Seccional en 2
Despachos:

7

Radicación: 05001-23-33-000-2026-01120-01
Accionantes: Sebastián Santa Ospina y otros

• En el radicado 05001250200020220111800 del Despacho 3, la falta de
agotamiento del trámite preventivo/correctivo condujo a la nulidad y
posterior inhibición.

• En el radicado 05001250200020240071200 del Despacho 5, sostuvo
que en dicho trámite no era requisito de procedibilidad y que podía
continuar la investigación disciplinaria […]”. [Sic en toda la cita]

9. Sobreel tema objeto de estudio, hizo referencia a lo resuelto por “[…] el
Consejo de Estado en el fallo de tutela del 7 de marzo de 2024, MP Hernando
Sánchez Sánchez, que se expidió en el primer proceso disciplinario que nos
ocupa […]”.

VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VIII.1. Competencia de la Sala

10. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19913, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto
núm. 1069 de 26 de mayo de 20154, modificado por el artículo 1.º del Decreto
núm. 333 de 6 de abril de 20215 y el Decreto 799 de 9 de julio de 20256, y el
artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de 20197, modificado por el
Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 20248.

VIII.2. Problemas jurídicos

11. Deacuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo
impugnado debe ser confirmado, modificado o revocado9, la Sala debe
establecer:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela. Y, de ser así, se deberá:

b) Determinar si las providencias aquí enjuiciadas vulneraron los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante, al haber incurrido,
presuntamente, en los defectos orgánico, procedimental absoluto,
sustantivo, en falta de motivación, desconocimiento del precedente y
violación directa de la Constitución.

3
“[…] Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política […]”.
4
“[…] Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho […]”.
5
“[…] Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela […]”.
6
“[…] Por el cual se modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector
Justicia y del Derecho […]”.
7
Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
8 Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan
los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.
9
Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.

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Radicación: 05001-23-33-000-2026-01120-01
Accionantes: Sebastián Santa Ospina y otros

12. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, de acuerdo con los requisitos generales y especiales de
procedibilidad; para posteriormente ii) resolver el caso concreto, adentrándose
en el fondo del asunto, siempre y cuando se satisfagan a cabalidad las
exigencias adjetivas.

VIII.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad

13. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 201210, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

14. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

15. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional
del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la
existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto
decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de
los hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la
acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la
sentencia SU-627 de 2015.

16. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial11, la sentencia C-590 de
2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución12.

10
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de
julio de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
11
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván
Palacio Palacio.
12
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación
fáctica sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño
lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.

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Radicación: 05001-23-33-000-2026-01120-01
Accionantes: Sebastián Santa Ospina y otros

17. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole
de esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”13 que encaje en
dichos parámetros.

18. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso,
seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.

19. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado:
11001-03-15-000-2012-02201-01.

VIII.4. El caso concreto

20. Los señores Sebastián Santa Ospina y Luz Marina Botero Villa, en nombre
propio, solicitaron la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso, acceso a la administración de justicia y a la igualdad en conexidad con
el principio de seguridad jurídica, cuya vulneración le atribuyeron a la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia con las providencias de 7 de mayo
de 2025, 22 de enero y 10 de marzo de 2026 proferidas dentro del proceso
disciplinario identificado con el número de radicación 05001-25-02-000-2024-
00712-00.

21. Precisadolo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela, en especial, el requisito de
subsidiariedad.

VIII.4.1. Sobre el requisito general de subsidiariedad en el caso sub
examine

22. La acción de tutela es un medio de defensa judicial que, de conformidad con el
artículo 86 de la Constitución Política, tiene carácter subsidiario, excepcional y
residual. Esto significa que por regla general este instrumento de protección de
derechos fundamentales solo será procedente cuando se hayan agotado todos los

Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
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Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.

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Accionantes: Sebastián Santa Ospina y otros

medios de defensa judicial previstos por el legislador o cuando los mismos no sean
idóneos para la protección de los derechos fundamentales que se consideran
vulnerados.

23. Se destaca que este carácter excepcional y residual se encuentra previsto en
el artículo 6º del Decreto Ley 2591 de 1991. La norma aludida dispone:

“[…] CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La acción de
tutela no procederá:

1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que
aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto,
en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra
el solicitante […]”.

24. De acuerdo con lo anterior, para acudir a la acción de amparo el interesado
debe agotar todos los medios que prevea el ordenamiento legal (acción, recurso,
incidente o cualquier mecanismo de defensa judicial cualquiera que sea su
naturaleza14), lo que significa que el solicitante tiene la obligación de interponer en
tiempo los recursos establecidos en la ley o las acciones que estén a su alcance.

25. La Corte Constitucional se ha pronunciado respecto del carácter subsidiario de
la acción de tutela, en los siguientes términos:

“[…] ‘Dado el carácter subsidiario y residual de la acción de tutela, el
afectado sólo podrá acudir a ella en ausencia de otro medio de defensa
judicial para la protección del derecho invocado, ya que debe entenderse
que esta acción constitucional no puede entrar a sustituir los recursos o
medios ordinarios previstos por el legislador para el amparo de un
derecho’.

‘La naturaleza subsidiaria y excepcional de la acción de tutela, permite
reconocer la validez y viabilidad de los medios y recursos ordinarios de
protección judicial, como dispositivos legítimos y prevalentes para la
salvaguarda de los derechos. Al existir tales mecanismos, los ciudadanos
se encuentran obligados a acudir de manera preferente a ellos, cuando son
conducentes para conferir una eficaz protección constitucional. De allí que
quien alega la vulneración de sus derechos fundamentales deba haber
agotado los medios de defensa disponibles por la legislación para el efecto.

Exigencia que se funda en el principio de subsidiariedad de la tutela
descrito, que pretende asegurar que una acción tan expedita no sea
considerada en sí misma una instancia más en el trámite jurisdiccional, ni
un mecanismo de defensa que reemplace aquellos diseñados por el
legislador, y menos aún, un camino excepcional para solucionar errores u
omisiones de las partes en los procesos judiciales […]”15.

26. En este mismo sentido se pronunció esta Sala de Decisión, en sentencia de 25
de abril de 2019, al respecto expuso lo siguiente: “[…] la tutela no puede ser

14
Corte Constitucional. Sala Plena. Auto 132 de 16 de abril de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
15
Al respecto, ver Corte Constitucional. Sentencias T-890 de 24 de noviembre de 2011, M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio y T-580 de 26 de julio de 2006, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

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utilizada como acción judicial sustitutiva de los mecanismos judiciales ordinarios,
salvo que estos medios ordinarios no sean idóneos o eficaces para proteger los
derechos fundamentales controvertidos o cuando la acción de tutela se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable […]”16.

27. Sin embargo, el mismo texto constitucional y el Decreto Ley 2591 de 1991 señalan
una excepción a la regla anteriormente expuesta consistente en que cuando se trate
de evitar un perjuicio irremediable se podrá interponer la acción de tutela sin agotar
los mecanismos judiciales ordinarios. Es decir, no es necesario, bajo este supuesto
excepcional, agotar los mecanismos judiciales ordinarios cuando con la acción de
tutela se pretende evitar un perjuicio irremediable.

28. El concepto de perjuicio irremediable está relacionado con la existencia de una
grave e inminente afectación o detrimento del derecho fundamental que deba ser
conjurada con medidas urgentes, de aplicación inmediata e impostergable, para
neutralizar, cuando ello sea posible, la vulneración del derecho.

29. En relación con tales criterios interpretativos se ha definido lo siguiente:

“[…] La inminencia, que exige medidas inmediatas, la urgencia que tiene el
sujeto de derecho por salir de ese perjuicio inminente, y la gravedad de los
hechos, que hace evidente la impostergabilidad de la tutela como un
mecanismo necesario para la protección inmediata de los derechos
constitucionales fundamentales. La concurrencia de los elementos
mencionados pone de relieve la necesidad de considerar la situación fáctica
que legitima la acción de tutela, como mecanismo transitorio y como medidas
precautelativas para garantizar la protección de los derechos fundamentales
que se lesionan o que se encuentran amenazados […]”.17

30. Además de lo anterior, esta Sección18 ha indicado que el requisito de
subsidiariedad tampoco se cumple cuando se encuentra en trámite el proceso
donde se profirió la decisión objeto de tutela. Al respecto, señaló que:

“[…] Es necesario reiterar que, por regla general, cuando el proceso se
encuentra en curso, la acción de tutela no es procedente para
cuestionar cualquier decisión adversa a las partes, aún luego de
agotados los recursos que contra ellas proceden dentro del proceso, si el
desarrollo del medio de control no ha finalizado y, por tanto, no se puede
tener certeza de la trascendencia de esa presunta irregularidad procesal en
la decisión que pone fin al proceso.

Lo anterior atiende, además, a la imposibilidad de acudir a la acción de tutela
como una tercera instancia ante decisiones que no convienen a las partes
en el trámite de los procesos, cuyos efectos en la decisión definitiva son
inciertos, y que, además, no generan ningún perjuicio ius fundamental
irremediable.

16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de abril de 2019,
expediente número 11001-03-15-000-2018-04033-01, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
17
Sentencia T-225 de 1993, reiterado en la sentencia SU-617 de 2013.
18
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de diciembre de
2017, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 11001-03-15-000-2017-03006-00.

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En este sentido, solo en el evento en que las presuntas irregularidades
en el curso del proceso impidan el acceso a la administración de
justicia y el derecho a la tutela judicial efectiva de la parte accionante,
y ésta carezca de medios judiciales de defensa al interior del proceso,
resultaría procedente asumir su estudio en sede de tutela, situación
que no se presenta en el caso sub judice por cuanto, el medio de
control aún está en trámite […]”. [Negrilla fuera del texto original].

31. Con fundamento en las anteriores premisas, la Sala procede a analizar si la
presente solicitud de amparo cumple con el requisito general de procedibilidad de
subsidiariedad.

32. En el caso objeto de estudio, se tiene que la parte accionante le atribuyó la
vulneración de sus derechos fundamentales a las providencias de 7 de mayo de
2025, 22 de enero y 10 de marzo de 2026 proferidas dentro del proceso disciplinario
identificado con el número de radicación 05001-25-02-000-2024-00712-00.

33. De lo anterior, la Sala advierte que las providencias a las cuales la parte actora
atribuye la afectación de sus garantías fundamentales no pusieron fin al proceso
disciplinario. Así mismo, se observa que dicho trámite judicial aún se encuentra en
curso y, en consecuencia, no resulta procedente la intervención del juez
constitucional, por cuanto, como se indicó previamente, es dentro del proceso
disciplinario, el escenario idóneo para la defensa y protección de los derechos que
las partes consideran afectados.

34. Así las cosas y teniendo en cuenta que el hecho consistente en que el proceso
dentro del cual se alega la supuesta afectación a las garantías fundamentales de
los accionantes aún se encuentra en trámite, la presente solicitud de amparo
deviene en improcedente por no satisfacer el requisito de subsidiariedad, máxime
cuando de la revisión del escrito de tutela no se evidencia la ocurrencia de un
perjuicio irremediable.

35. Por lo expuesto, se confirmará el fallo impugnado que declaró la improcedencia
de la solicitud de amparo, pero por las razones expuestas en esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 4 de agosto de 2026, proferida por la Sala
Cuarta de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

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Radicación: 05001-23-33-000-2026-01120-01
Accionantes: Sebastián Santa Ospina y otros

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la
sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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