Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2026-01131-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2026-01131-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 05001-23-33-000-2026-01131-01
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
10 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Diez (10) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 05001-23-33-000-2026-01131-01
Demandante: OLDH1
Demandados: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTROS
Temas: Tutela de fondo – estabilidad laboral en los nombramientos en
provisionalidad – protección a las madres gestantes.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA SOLICITUD
Procede la Sala a resolver las impugnaciones presentadas por la parte accionante y la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín contra la
sentencia de 10 de agosto de 2026 proferida por la Sala Segunda de Decisión del
Tribunal Administrativo de Antioquia.
1. ANTECEDENTES
1.1. La solicitud de amparo
La señora OLDH, en nombre propio, presentó acción de tutela2 contra la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín, el Consejo Seccional de la
Judicatura de Antioquia, el Centro de Servicios de los Juzgados de Ejecución de Penas
y Medidas de Seguridad Medellín, la juez Primera de Ejecución de Penas y Medidas
de Seguridad de Medellín y los Juzgados Segundo al Trece de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Medellín, con el fin de que se amparen sus derechos
fundamentales a la estabilidad laboral reforzada, a la igualdad, al trabajo, a la
seguridad social, a la salud, a la dignidad humana, al mínimo vital, al debido proceso
administrativo y a la «protección especial del hijo por nacer».
1 La accionante solicitó en su escrito de tutela que se garantice su derecho a la intimidad y que se
adopten mecanismos de anonimización, razón por la cual así se procederá en esta providencia.
2 Con escrito presentado el 23 de julio de 2026, a través del buzón electrónico
ofjudmed@cendoj.ramajudicial.gov.co.
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Demandante: OLDH
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otros
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Las referidas garantías constitucionales las consideró vulneradas con ocasión de su
desvinculación laboral del cargo de oficial mayor que ostentaba en provisionalidad en
el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín, sin
que se haya estudiado la posibilidad de una reubicación y de medidas positivas de
protección, dada su condición de madre gestante.
1.2. Pretensiones
La parte actora solicitó:
PRIMERA: Amparar mis derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada de
la mujer gestante, igualdad, trabajo, seguridad social, salud, mínimo vital, debido
proceso administrativo, dignidad humana y protección constitucional del nasciturus,
vulnerados por las entidades accionadas.
SEGUNDA: Ordenar a la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE ANTIOQUIA, EL CONSEJO SECCIONAL DE LA
JUDICATURA DE ANTIOQUIA, LOS JUECES DE EJECUCIÓN DE PENAS Y
MEDIDAS DE SEGURIDAD DE MEDELLÍN Y EL CENTRO DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS DE LOS JUZGADOS DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS
DE SEGURIDAD DE MEDELLÍN que, de manera inmediata, adelanten todas las
actuaciones administrativas necesarias para mi reubicación en un cargo igual o superior
al que venía desempeñando, dentro del Distrito Judicial de Medellín o en otro despacho
de la Rama Judicial cercano al lugar de mi residencia, sin solución de continuidad,
respetando mi nivel salarial, funciones y derechos laborales.
TERCERA: Ordenar a las entidades accionadas realizar un estudio completo de las
vacantes existentes en los despachos judiciales del Distrito Judicial de Medellín y demás
municipios cercanos, verificando la existencia de cargos equivalentes o superiores
susceptibles de ser provistos mediante mi reubicación, conforme al deber constitucional
de protección reforzada.
CUARTA: Ordenar que dicha reubicación se realice con aplicación del criterio de
protección reforzada de la mujer gestante y del principio de permanencia preferente
desarrollado por la jurisprudencia constitucional, privilegiando mi permanencia frente a
otros nombramientos provisionales existentes en la Rama Judicial.
QUINTA: En subsidio de la anterior pretensión, ordenar a la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial garantizar integralmente mi afiliación al Sistema
General de Seguridad Social durante todo el embarazo, parto, licencia de maternidad y
periodo de lactancia, incluyendo la totalidad de los aportes correspondientes.
SEXTA: Ordenar el reconocimiento y pago de todos los salarios, prestaciones sociales,
aportes al Sistema de Seguridad Social y demás emolumentos dejados de percibir
desde la fecha de mi desvinculación hasta cuando se haga efectiva la protección
constitucional que corresponda.
SÉPTIMA: Ordenar al Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia impartir las
directrices administrativas necesarias para garantizar que las servidoras judiciales en
estado de embarazo vinculadas en provisionalidad reciban la protección constitucional
reforzada establecida por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, evitando la
repetición de actuaciones similares.
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1.3. Hechos
La accionante fundó su escrito de tutela en los siguientes:
Señaló que ingresó a laborar de manera continua e ininterrumpida al servicio de la
Rama Judicial, particularmente en la especialidad de Ejecución de Penas y Medidas
de Seguridad de Medellín, desde el 26 de noviembre de 2008, y que allí ha ejercido
diferentes cargos de citadora, asistente administrativa, escribiente, oficial mayor y
asistente jurídica.
Explicó que hasta el 21 de julio de 2026 se desempeñó como oficial mayor del Juzgado
Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín; momento en el
cual se reintegró la señora MLZZ3, quien ostenta en propiedad el mencionado empleo.
Alegó que mientras se encontraba disfrutando de su periodo de vacaciones
comprendido entre el 23 de junio y el 17 de julio de 2026, tuvo conocimiento de su
estado de embarazo, razón por la cual el 1. ° de julio de ese año informó sobre su
condición a la titular del Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Medellín.
Así mismo, expuso que el 14 de julio de 2026 le envió un correo a la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Medellín a través del cual pidió que se le
informara el trámite que debía realizar dado su estado de embarazo.
Comentó que, teniendo en cuenta que tiene 43 años, su embarazo fue calificado como
de alto riesgo por la EPS Sura.
Afirmó que mediante la Resolución 021 de 17 de julio de 2026, el Juzgado Primero de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín resolvió reintegrar al
despacho a la señora MLZZ desde el 21 de julio de 2026 y, en consecuencia, la retiró
del cargo que venía ejerciendo en provisionalidad, pese a que en dicho acto
administrativo reconoció que conocía de su estado de embarazo.
Trajo a colación que el 21 de julio de 2026 le solicitó vía electrónica al juez coordinador
del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Medellín, así como de los demás jueces de esa especialidad
y distrito, y a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín
que la reubicaran en un cargo igual o superior al que ostentaba, con el fin de garantizar
su protección constitucional como madre gestante. No obstante, alegó que no obtuvo
una respuesta efectiva.
3 Se anonimiza en razón a que el a quo constitucional así lo dispuso en primera instancia.
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1.4. Fundamentos de la solicitud
La parte actora indicó que las autoridades accionadas vulneraron sus derechos
fundamentales, toda vez que omitieron: (i) adelantar un estudio para determinar la
existencia de vacantes equivalentes dentro del Distrito Judicial de Medellín, que
permitieran su reubicación temporal mientras culminaba el periodo de especial
protección derivado del embarazo; (ii) la aplicación de la jurisprudencia de
permanencia preferente de la mujer gestante; (iii) desplegar medidas positivas de
protección en calidad de servidora pública en provisionalidad que se encuentran en
estado de embarazo, y (iv) garantizar su continuidad en el Sistema General de
Seguridad Social.
Puso de presente que con esta acción constitucional «no pretende desconocer el
derecho que le asiste a la señora [MLZZ] a reintegrarse al cargo del cual es titular,
pues dicho derecho encuentra fundamento en el régimen de carrera judicial», sino que
lo que cuestiona es la omisión de las autoridades accionadas de reconocer sus
derechos como mujer en estado de embarazo y las de su hijo por nacer.
Alegó que su desvinculación produjo un riesgo cierto e inminente, puesto que está
relacionada con la continuidad de su seguridad social, la atención médica
especializada requerida para su embarazo de alto riesgo, su estabilidad económica,
su mínimo vital y la protección integral de su hijo.
Trajo a colación la figura de la estabilidad laboral reforzada intermedia o relativa, según
la cual, aunque la administración tenga la posibilidad de retirar a una servidora
vinculada en provisionalidad, dicha facultad únicamente procede después de haber
agotado todas las medidas razonables encaminadas a garantizar su continuidad en el
cargo. En ese sentido, reprochó que las entidades accionadas no realizaran un estudio
previo sobre la existencia de vacantes equivalentes dentro del Distrito Judicial de
Medellín o en despachos cercanos y la posibilidad de su reubicación.
Estimó que su derecho fundamental al debido proceso fue lesionado con la Resolución
021 de 17 de julio de 2026, comoquiera que en ella la autoridad judicial solo se limitó
a afirmar que su estado de embarazo no primaba sobre el reintegro de quien ostenta
el cargo en propiedad, pero omitió pronunciarse respecto de las obligaciones
constitucionales derivadas del fuero de maternidad, lo cual pone en evidencia una
motivación insuficiente.
Explicó que la protección constitucional de la madre gestante no se limita al ámbito
laboral, sino que también comprende el deber de garantizar la continuidad de la
atención médica durante el embarazo, el parto y el periodo posterior al nacimiento;
máxime cuando en su caso este ha sido catalogado como de alto riesgo.
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Citó como precedente las sentencias SU-070 de 2013 y SU-075 de 2018 de la Corte
Constitucional relacionadas con la estabilidad laboral reforzada por maternidad y
señaló que en virtud de estas el empleador debe asumir la responsabilidad en el pago
de los aportes al Sistema General de Seguridad Social para el reconocimiento de las
prestaciones económicas derivadas de la maternidad.
De otro lado, refirió que de conformidad con el principio de permanencia preferente o
«último en salir», las personas que se encuentran en circunstancias de especial
vulnerabilidad, como las mujeres en estado de embarazo, deben ser las últimas en ser
desvinculadas, siempre que sea jurídicamente posible.
En ese sentido, consideró lo siguiente:
En el presente caso, las entidades accionadas no acreditaron haber realizado estudio
alguno encaminado a establecer cuántos cargos en provisionalidad existían dentro de
la especialidad de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, cuáles de ellos
permanecían vacantes, cuáles podían proveerse mediante traslado o reubicación y si
existían otros servidores provisionales que no gozaran de una protección constitucional
reforzada. Tampoco motivaron las razones por las cuales la accionante debía ser la
primera persona en ser desvinculada, pese a encontrarse en estado de embarazo y
haber informado oportunamente dicha circunstancia.
1.5. Trámite de la acción de tutela
Con auto de 27 de julio de 2026, la magistrada ponente de la Sala Segunda de
Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia admitió la acción de tutela y dispuso
tener como autoridades accionadas a la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Medellín, al Consejo Seccional de la Judicatura de
Antioquia, al Centro de Servicios de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas
de Seguridad Medellín, a la juez Primera de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Medellín, a los Juzgados Segundo al Trece de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Medellín y a su juez coordinador.
De otro lado, vinculó como tercero con interés a la señora MLZZ y a la EPS Sura y
negó la medida provisional elevada por la parte actora. No obstante, dispuso lo
siguiente:
QUINTO. MEDIDA PROVISIONAL. SE ORDENA a la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE ANTIOQUIA y a la EPS SURAMERICANA que de
forma inmediata a la notificación de la presente providencia, en el ámbito de sus
funciones, adopten las medidas necesarias para garantizar que no se interrumpa la
atención médica integral que actualmente requiere la señora [OLDH] con ocasión de su
embarazo, en especial los controles prenatales, consultas especializadas,
procedimientos, exámenes diagnósticos, medicamentos y demás servicios que sean
ordenados por sus médicos tratantes, mientras se profiere la decisión de fondo dentro
de la presente acción de tutela.
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1.6. Intervenciones
Realizadas las notificaciones y publicaciones ordenadas, se recibieron los siguientes
informes:
1.6.1. Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Medellín
La titular del despacho solicitó su desvinculación de la acción de tutela, toda vez que
no ha vulnerado los derechos fundamentales de la parte actora. Además, pidió la
vinculación de todos los jueces del circuito del Distrito Judicial de Medellín para que
manifestaran si tenían vacantes disponibles.
Informó que no es la nominadora de la accionante y que tuvo conocimiento de su
estado de gestación a través de un correo electrónico que ella envió. No obstante,
indicó que respecto de esta situación no puede tomar alguna gestión, dado que en la
actualidad todos los cargos del despacho se encuentran ocupados por servidores
judiciales legalmente nombrados.
Indicó que la competencia de los pagos de seguridad social, salarios y demás
emolumentos no le corresponde al juez y que las sentencias SU-070 de 2013 y T-356
del 2024 de la Corte Constitucional dejan claro el derecho a garantizar el pago de la
seguridad social en salud, lo cual se ha garantizado a través de la medida provisional
concedida.
1.6.2. Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad de Medellín y Juzgado Décimo de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad de Medellín
1.6.2.1. El señor Eduar Aleyzer Rojas Yépez, en calidad de juez coordinador del Centro
de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Medellín y como juez décimo de esa especialidad, solicitó su
desvinculación del trámite, toda vez que no ha vulnerado los derechos de la parte
actora y tampoco es el llamado a garantizar la estabilidad laboral que ella solicita,
puesto que esa competencia corresponde a su nominador o empleador.
Informó que «tanto en dicho Centro de Servicios, como en el Juzgado Décimo, todos
los cargos se encuentran provistos y los empleados han sido legalmente nombrados»
y que, en todo caso, le corresponde al juez Primero de Ejecución de Penas y Medidas
de Seguridad de Medellín y al Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia atender
la petición de estabilidad laboral reforzada, puesto que son los directamente
responsables de las situaciones administrativas que se presentan en ese despacho.
Expuso que esta información fue brindada a la accionante ante la petición que elevó
el 21 de julio de 2026.
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1.6.2.2. Posteriormente, la oficial mayor de esa dependencia reiteró la pretensión de
desvinculación del centro de servicios por falta de legitimación en la causa por pasiva
y agregó que se debe negar el amparo constitucional, en razón a que la estabilidad
laboral reforzada que pretende la actora corresponde de manera exclusiva a su
nominador.
1.6.3. Juzgado Doce de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín
La titular de ese juzgado informó que cuenta con dos cargos de oficial mayor y uno de
asistente jurídico, los cuales se encuentran ocupados por personas nombradas en
propiedad, por lo que no tiene vacantes por proveer.
1.6.4. Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín
La directora de esa seccional pidió su desvinculación de la acción de tutela al
considerar que carece de legitimación en la causa por pasiva, puesto que no ha
vulnerado los derechos fundamentales de la tutelante y por cuanto no está dentro de
sus competencias la reubicación de ella.
Puso de presente que, de conformidad con los artículos 99 y 103 de la Ley 270 de
1996, modificada por la Ley 2430 de 2024, esa entidad no tiene injerencia en las
decisiones adoptadas por los despachos judiciales en lo que respecta a los
nombramientos o modificaciones en las vinculaciones de los servidores públicos de
esas dependencias.
Aceptó que la accionante elevó una solicitud al Área de Talento Humano relacionada
con el procedimiento para formalizar su estado de gravidez, empero, ese mismo día
se le explicó que debía poner en conocimiento la situación a su nominador y reportar
la incapacidad por licencia de maternidad en su debido momento.
Así mismo, indicó que la señora OLDH informó sobre su desvinculación con ocasión
del reintegro de la oficial mayor en propiedad y que ese mismo día la coordinadora del
Grupo de Asuntos Laborales solicitó a las servidoras encargadas del proceso de la
seguridad social de la seccional que tramitaran las incapacidades de la tutelante;
además, gestionó en el sistema la novedad de inclusión en nómina de la señora MLZZ
y la marcación de retiro de la tutelante.
En ese sentido, concluyó que en ningún momento se negó la afiliación en salud durante
el periodo de gestación de la tutelante y que actuó en cumplimiento del acto
administrativo mediante el cual se informó sobre un retiro.
Informó que, en cuanto a la medida provisional decretada por el tribunal, no se ha
marcado el retiro en el sistema del pago a la seguridad social de la señora OLDH, para
lo cual aportó la documentación de la EPS Sura.
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1.6.5. Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Medellín
El titular del despacho solicitó su desvinculación del proceso por considerar que no
tiene legitimación en la causa por pasiva y al no acreditarse alguna conducta atribuible
a él que permita inferir la vulneración de los derechos de la tutelante.
Advirtió que de los elementos obrantes en el expediente se puede colegir que los
hechos materia de controversia son ajenos a la esfera funcional de esa agencia
judicial, puesto que para la época de ocurrencia de los hechos que motivaron la
presente acción constitucional, la señora OLDH desempeñaba sus funciones en el
Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín.
1.6.6. Juzgado Once de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín
El juez titular del despacho pidió que se declare la falta de legitimación en la causa por
pasiva, en atención a que «no participó en la desvinculación de la accionante, no
ostenta facultades para disponer su reubicación en otros despachos judiciales, no
cuenta con vacantes disponibles y carece de competencia para reconocer o pagar
salarios, prestaciones sociales o aportes al Sistema General de Seguridad Social».
Explicó que no ostenta la calidad de nominador de la actora y que, aunque tuvo
conocimiento de su situación debido al correo electrónico remitido el 21 de julio de
2026, esto no genera competencia funcional para disponer sobre su nombramiento,
traslado o reubicación, toda vez que cada despacho administra exclusivamente los
cargos asignados a su propia planta de personal.
Puntualmente, advirtió que en el despacho que dirige todos los empleos se encuentran
provistos por servidores judiciales legalmente vinculados y que no existen vacantes
disponibles ni situaciones administrativas conocidas que permitan prever la generación
de una plaza susceptible de ser ocupada por la accionante.
Sobre las pretensiones relacionadas con el reconocimiento y pago de salarios,
prestaciones sociales, aportes al Sistema General de Seguridad Social y demás
emolumentos reclamados por la accionante explicó que estas corresponden a la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín.
Finalmente, puso de presente que no desconoce la protección reforzada que la
Constitución y la jurisprudencia han reconocido a las mujeres gestantes vinculadas en
provisionalidad. Sin embargo, comentó que el eventual análisis sobre las medidas de
reubicación y permanencia preferente recaen sobre las autoridades que cuentan con
competencia material y administrativa para adoptar ese tipo de decisiones.
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1.6.7. Juzgado Trece de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín
La titular del despacho solicitó su desvinculación del trámite de la tutela por falta de
legitimación en la causa por pasiva y se opuso a la prosperidad de las pretensiones
elevadas por la accionante.
Indicó que no ha sido nominadora de la señora OLDH y que su desvinculación del
cargo de oficial mayor fue realizada por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Medellín, es decir que, no tiene competencia para decidir
sobre la permanencia o reubicación de la parte actora.
Así mismo, agregó lo siguiente:
Ahora bien, la Ley 270 de 1996, atribuye a cada nominador competencias propias sobre
los cargos que integran el despacho, en tal sentido, la autonomía administrativa y
funcional de los despachos judiciales impide que un juez disponga unilateralmente de
nombramientos o desvinculaciones en cargos pertenecientes a otra planta de personal.
Asimismo, la jurisprudencia constitucional reconoce la protección reforzada de las
mujeres gestantes vinculadas en provisionalidad, pero no establece un derecho
absoluto a ocupar cualquier vacante existente, en este caso, dentro de la Rama Judicial,
toda vez que la estabilidad laboral reforzada debe armonizarse con el principio del
mérito, la carrera judicial y los derechos fundamentales de terceros.
Resaltó que en su despacho actualmente existe un cargo provisto en provisionalidad
por la señora Diana Marcela Arias Bernal, quien ostenta la condición de madre cabeza
de familia. En ese sentido, pidió que se vincule a su empleada para que pueda
participar activamente en el debate de la referencia.
Expuso que la propia accionante reconoció que el 21 de julio de 2026 presentó las
solicitudes de reubicación dirigidas a los Jueces de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Medellín y que casi inmediatamente presentó la acción constitucional,
por lo que no considera que sea viable predicar la existencia de una conducta
vulneradora ante la ausencia de respuesta, dado que no trascurrió un término
razonable.
1.6.8. EPS Sura
La representante legal de la empresa prestadora de salud pidió que se niegue el
amparo constitucional solicitado.
Informó que la accionante se encuentra afiliada a esa entidad con una cobertura activa
en salud y con una vinculación a la ruta materno-perinatal dispuesta para el
seguimiento integral de su embarazo.
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Explicó que la tutelante recibió atención los días 9 y 10 de julio de 2026, toma de
muestras los días 18 y 28 de julio del mismo año, y que cuenta con consultas
programadas para el 6 y 21 de agosto de 2026, lo que demuestra la existencia de una
ruta asistencial activa, organizada y en ejecución.
Puso de presente que no se advierte una negativa en la prestación de los servicios por
parte de la EPS ni la existencia de solicitudes pendientes por gestionar, sino que por
el contrario lo que se evidencia es la garantía de las prestaciones requeridas por ella.
1.6.9. Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Medellín
El juez titular del despacho consideró que no ha incurrido en alguna acción u omisión
que pueda ser considerada como vulneradora de los derechos fundamentales
invocados por la accionante.
Afirmó que en la actualidad no existe vínculo laboral vigente con la señora OLDH,
puesto que ella prestó sus servicios en ese juzgado hasta el 3 de enero de 2022,
cuando presentó la renuncia al cargo de sustanciadora, la cual fue aceptada a través
de la Resolución 01 de 3 de enero de 2022.
De otro lado, puso de presente que, para el momento en que se produjo la terminación
de la relación laboral, ese despacho no tenía conocimiento formal de que la accionante
se encontrara amparada por alguna situación de estabilidad laboral reforzada,
teniendo en cuenta que no se recibió comunicación formal, certificación médica,
incapacidad, solicitud o documento alguno en el que se informara esa situación.
1.6.10. Juzgado Octavo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Medellín
La juez titular pidió la desvinculación de la acción de tutela al señalar que ese despacho
no participó en los hechos descritos por la tutelante, quien nunca estuvo vinculada
laboralmente a esa dependencia.
Alegó que ese juzgado carece de competencia para adoptar decisiones relacionadas
con el reintegro de la accionante o su eventual reubicación en otros despachos
judiciales, puesto que el Juzgado Octavo de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Medellín es autónomo e independiente y su facultad nominadora se
circunscribe exclusivamente a los empleos adscritos a su propia planta de personal.
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1.6.11. Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Medellín
El titular del juzgado pidió que se declare la falta de legitimación en la causa por pasiva
de este despacho y que, en consecuencia, se le desvincule de la presente acción, por
no serle atribuible alguna acción u omisión vulneradora de los derechos fundamentales
solicitados.
Lo anterior, en atención a que la servidora judicial no estuvo vinculada en esa
dependencia, sino al Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad
de Medellín, quien por demás fue la autoridad que expidió el acto administrativo de
desvinculación, en ejercicio de las facultades que le otorga el numeral 8 del artículo
131 de la Ley 270 de 1996.
Señaló que tuvo conocimiento de la situación de la actora debido al correo de 21 de
julio de 2026, fecha para la cual no contaba con una vacante disponible para el cargo
de oficial mayor ni de otro empleo de igual o superior jerarquía, por lo que le era fáctica
y jurídicamente imposible atender la solicitud.
Advirtió que la verificación de las vacantes disponibles en el Distrito Judicial de
Medellín para efectos de la reubicación de servidoras judiciales corresponde a la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín y al Consejo
Seccional de la Judicatura de Antioquia, de conformidad con los artículos 101 y
siguientes de la Ley 270 de 1996, y no al juez individualmente considerado, quien
únicamente tiene facultad de nominación sobre los cargos de su propio despacho.
1.6.12. MLZZ
La señora MLZZ solicitó su desvinculación del trámite constitucional ante su falta de
legitimación en la causa por pasiva, por no ser la competente para atender las
pretensiones elevadas en la acción de tutela, por lo cual pidió que estas se nieguen.
Manifestó que ostenta en propiedad el cargo de oficial mayor en el Juzgado Primero
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín y que mediante la
Resolución 022 de 31 de julio de 2024 le fue concedida una licencia, durante la cual
se desempeñó en un empleo de libre nombramiento y remoción en la Sala Penal del
Tribunal Superior de Antioquia.
Sostuvo que con la Resolución 021 del 17 de julio de 2026 la juez Primera de Ejecución
de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín aceptó su reintegro a su cargo de
carrera, lo cual es legítimo y reconocido en razón a los derechos de carrera que
ostenta.
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Resaltó que la misma accionante en su escrito de tutela indicó que no cuestiona el
derecho que le asiste a reintegrarse, por lo que, aunque respeta la especial protección
constitucional que ampara a las mujeres gestantes, consideró que no existe alguna
actuación de su parte que afecte los derechos de la señora OLDH.
1.6.13. Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Medellín
La autoridad judicial accionada realizó un recuento de los supuestos fácticos que
dieron lugar a la presente acción de tutela y, posteriormente, destacó que ese
despacho no es el competente para determinar la existencia de vacantes en otros
despachos ni para efectuar el estudio de reubicación de los servidores judiciales dentro
de la Rama Judicial.
Informó que su planta de personal cuenta con dos oficiales mayores que se encuentran
nombrados en propiedad y que en la actualidad ejercen sus funciones en el despacho,
por lo que no cuenta con vacantes, de allí que no es posible atender la solicitud de
reubicación de la accionante, aun cuando se reconozca la protección especial que
reclama.
Explicó que su competencia como nominadora se circunscribe únicamente al
nombramiento de los cargos de la planta de personal de ese despacho, motivo por el
que no puede intervenir en los nombramientos de otros despachos.
Puso de presente que si bien la jurisprudencia constitucional reconoce la protección
reforzada de las mujeres gestantes vinculadas en provisionalidad este no es un
derecho absoluto, toda vez que debe armonizarse con el principio del mérito, la carrera
judicial y los derechos fundamentales de terceros.
Refirió que la verificación de vacantes disponibles en el Distrito Judicial de Medellín
corresponde a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín
y al Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia y no a ella, quien únicamente
tiene facultad de nominación sobre los cargos de su propio despacho.
Por último, sobre el reconocimiento y pago de salarios, prestaciones sociales, aportes
al Sistema General de Seguridad Social y demás emolumentos reclamados explicó
que esto también le corresponde a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Medellín.
1.7. Sentencia de primera instancia
Con fallo de 10 de agosto de 2026, la Sala Segunda de Decisión del Tribunal
Administrativo de Antioquia resolvió lo siguiente:
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PRIMERO: CONCEDER EL AMPARO los derechos fundamentales a la estabilidad
laboral reforzada, a la igualdad, a la protección especial de la maternidad y del
nasciturus de la señora SARA, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: DECLARAR que la desvinculación de la accionante del cargo de Oficial
Mayor del Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín
obedeció a una causa objetiva, legítima y constitucionalmente admisible, consistente en
el reintegro de la servidora titular del empleo, razón por la cual no procede dejar sin
efectos la Resolución No. 021 del 17 de julio de 2026.
TERCERO: NEGAR el amparo respecto de la pretensión de reintegro y/o reubicación a
cargo igual o superior al que venía desempeñando en el Distrito Judicial de Medellín,
por las razones expuestas en la parte considerativa.
CUARTO: NEGAR la pretensión consistente en ordenar al Consejo Seccional de la
Judicatura de Antioquia impartir directrices administrativas generales dirigidas a
garantizar la protección constitucional reforzada de las servidoras judiciales gestantes
vinculadas en provisionalidad, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
QUINTO: ORDENAR a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
de Antioquia, que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación
de esta providencia, adopte las medidas necesarias para garantizar a la accionante, de
manera ininterrumpida, el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social
en Salud durante el período de gestación y hasta cuando adquiera el derecho al
reconocimiento de la licencia de maternidad, de conformidad con las consideraciones
expuestas en esta sentencia.
SEXTO: ORDENAR a EPS SURAMERICANA que continúe garantizando a la
accionante y a su hijo la prestación integral, continua y oportuna de los servicios de
salud que requieran, en el marco de sus competencias legales y reglamentarias, sin
imponer barreras administrativas que dificulten o impidan el acceso efectivo a la
atención en salud.
SÉPTIMO: ORDENAR a EPS SURAMERICANA que, una vez la accionante acredite el
cumplimiento de los requisitos legales para acceder a la licencia de maternidad,
adelante de manera célere las actuaciones de su competencia para el reconocimiento y
pago de dicha prestación económica, sin imponer barreras u obstáculos administrativos
que puedan afectar los derechos fundamentales de la madre y del recién nacido.
OCTAVO: DECLARAR que no se encuentra acreditada vulneración alguna de los
derechos fundamentales de la accionante por parte del JUEZ PRIMERO (1º)
EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE MEDELLÍN.
NOVENO: DECLARAR la falta de legitimación por pasiva del CENTRO DE SERVICIOS
DE LOS JUZGADOS DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE
MEDELLÍN, los JUECES DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
DE MEDELLÍN (DEL 2º AL 13 INCLUYENDO AL JUEZ COORDINADOR) y de servidora
judicial MLZZ.
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En primer lugar, indicó que los Juzgados Segundo al Trece de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Medellín, el Centro de Servicios Administrativos de los
Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín, así como su
coordinador, y la señora MLZZ carecían de legitimación en la causa por pasiva, toda
vez que estos no tienen competencias relacionadas con la administración de personal
y el manejo de las novedades laborales de la actora.
Así mismo, encontró superado el requisito de la subsidiariedad, comoquiera que
consideró que la accionante ostenta la condición de sujeto de especial protección
constitucional, debido a su estado de gestación y a que su embarazo fue catalogado
como de alto riesgo; razón por la cual someterla al trámite de un proceso ordinario
podría tornar ineficaz la protección reclamada.
Luego, al estudiar el caso concreto, determinó que la Resolución 021 de 17 de julio de
2026 estaba debidamente motivada por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Medellín, dado que en ella expuso la razón por la cual la
accionante estaba siendo separada de su cargo, esto es, porque la titular del cargo en
carrera administrativa había renunciado a la licencia no remunerada de la cual venía
disfrutando y, en consecuencia, se acreditaba una de las causales objetivas que pone
fin de manera legítima a su nombramiento en provisionalidad.
En ese sentido, indicó que no se advertía la vulneración de los derechos de la actora
con la decisión del retiro adoptada por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Medellín.
No obstante, explicó que el nombramiento en provisionalidad no relevaba a la
administración de los deberes de protección a la mujer gestante, máxime cuando en
el presente caso estaba demostrado que la accionante informó sobre su estado y
solicitó medidas de protección. Así, determinó que la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Antioquia se encontraba legítimamente llamada a responder
por la ausencia de medidas de protección derivadas del estado de embarazo de la
actora, teniendo en cuenta que es la encargada de la administración y la gestión del
recurso humano de la Rama Judicial.
Señaló que en el presente caso no ordenaría el reintegro o la reubicación laboral de la
accionante, sino que el amparo se materializaría con la garantía de adoptar lo
necesario para la continuidad de la cobertura en salud y el acceso efectivo a las
prestaciones económicas derivadas de la maternidad.
De otro lado, afirmó que debía garantizarse que la medida provisional decretada en el
presente trámite adquiriera el carácter de definitivo, con el fin de que el pago de los
aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud se realizara de manera
ininterrumpida durante el tiempo de gestación y hasta que la accionante adquiriera el
derecho a gozar la licencia de maternidad.
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Finalmente, negó la pretensión orientada a que se impartan directrices al Consejo
Seccional de la Judicatura de Antioquia para prevenir la repetición de actuaciones
similares frente a otras servidoras judiciales gestantes, debido a que la acción de tutela
es un mecanismo de protección subjetiva e interpartes, mas no un instrumento idóneo
para expedir órdenes de alcance general o reglamentario.
1.8. Impugnación
1.8.1. Con escrito radicado oportunamente el 11 de agosto de 20264, la accionante
impugnó la decisión de primera instancia y solicitó que se revoquen los ordinales
segundo, tercero y cuarto de la sentencia de 10 de agosto de 2026, que negaron la
pretensión de reubicación en un cargo igual o equivalente dentro de las vacantes
disponibles en la Rama Judicial, para que, en su lugar, se ordenara su vinculación
laboral.
Reiteró que a través de esta acción constitucional no pretendía su reintegro al cargo
de oficial mayor del que es titular la señora MLZZ en el Juzgado Primero de Ejecución
de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín, puesto que reconoce que esta tiene
un derecho prevalente, sino que su pretensión estaba dirigida a que fuera reubicada
en una plaza distinta a aquella. Por lo tanto, refutó que en la sentencia de primera
instancia no realizara una diferenciación entre las figuras del reintegro y reubicación.
Explicó que la Rama Judicial, en su condición de empleador, tenía la competencia para
examinar si existían otras vacantes en el Distrito Judicial de Medellín o en lugares
cercanos para garantizar su estabilidad laboral reforzada. Particularmente, comentó lo
siguiente:
Por ello, aun si el Tribunal consideraba que no podía ordenar directamente mi
reubicación en una determinada plaza, debió examinar como mínimo si resultaba
procedente ordenar a la entidad accionada realizar un estudio serio, concreto y
verificable de LAS VACANTES DISPONIBLES y determinar, mediante decisión
motivada, si existía algún cargo susceptible de ser utilizado para garantizar la protección
constitucional reclamada.
Por lo tanto, solicitó que se estudie la pretensión de reubicación y se diferencie de la
figura del reintegro, de conformidad con las sentencias SU-070 de 2013 y SU-075 de
2018 de la Corte Constitucional.
Alegó que, aunque la sentencia impugnada reconoció expresamente que ella es sujeto
de especial protección constitucional y que las autoridades accionadas tenían el deber
de adoptar medidas positivas de protección, esta no podía limitarse a amparar solo el
componente asistencial, sino que debía cubrir la dimensión laboral y económica de la
garantía, consistente en la estabilidad laboral.
4 La impugnación se presentó dentro del término establecido en el artículo 31 del Decreto Ley 2591 de
1991, comoquiera que la sentencia de primera instancia se notificó el 10 de agosto de 2026 y el recurso
se interpuso al día siguiente.
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Manifestó que de identificarse una vacante compatible con sus condiciones laborales
la administración debe adoptar las medidas para materializar su reubicación durante
el periodo de especial protección, puesto que, de no ser así, el amparo concedido sería
meramente formal, pero no efectivo.
1.8.2. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín
radicó oportunamente5 su impugnación contra el fallo de tutela y solicitó que se
revoque.
En primer lugar, indicó que en «la parte resolutiva de la providencia se consignó
erróneamente el nombre de la accionante como “SARA”, cuando en realidad es la
señora [OLDH] tal como consta en el expediente. Para efectos de una debida
identificación del titular de los derechos fundamentales amparados, se enviará de
manera simultánea solicitud de corrección ante el Despacho que emitió el fallo en
primera instancia».
De otro lado, informó que no ha marcado el retiro del sistema respecto del pago de la
seguridad social de la señora OLDH, según lo certificado por la EPS Sura, lo que a su
juicio confirma la continuidad de su afiliación y la cobertura en el Sistema General de
Seguridad Social en Salud.
Explicó que no se remitió «la planilla del mes de julio, dado que el pago de la seguridad
social se realiza mes vencido, para lo cual existe plazo hasta el 26 de agosto de 2026.
Dicho pago se efectuará en favor de la señora [OLDH], garantizando así la continuidad
de sus aportes y el cumplimiento de lo ordenado en el fallo».
Finalmente, solicitó que se modifique la orden impartida en el sentido de limitar el
alcance de la continuidad de los aportes hasta «el alumbramiento de la accionante, o
antes si llegare a adquirir un nuevo vínculo laboral con un tercero», con el fin de que
no exista duplicidad de cotizaciones ante un nuevo empleador que asuma la
cotización.
2. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada contra el fallo
de tutela de 10 de agosto de 2026 proferido por la Sala Segunda de Decisión del
Tribunal Administrativo de Antioquia, de conformidad con los artículos 32 del Decreto
2591 de 1991 y el 2.2.3.1.1.3. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto
333 de 2021, así como el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 2019 6 de la Sala Plena del
Consejo de Estado.
5 La impugnación se radicó dentro del término establecido en el artículo 31 del Decreto Ley 2591 de
1991, puesto que la sentencia de primera instancia se notificó el 10 de agosto de 2026 y el recurso se
interpuso el 13 de agosto del mismo año.
6 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
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2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si procede confirmar, modificar o revocar la
providencia de 10 de agosto de 2025 dictada por la Sala Segunda de Decisión del
Tribunal Administrativo de Antioquia.
Para resolver el anterior planteamiento, se analizarán los siguientes temas: (i) la
naturaleza de la acción de tutela; (ii) la procedencia de la solicitud de amparo frente a
la estabilidad laboral reforzada; (iii) los derechos de la mujer en estado de embarazo;
y (iv) el caso en concreto.
2.3. Naturaleza de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión de
las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos en que indica el
Decreto 2591 de 1991.
La jurisprudencia constitucional de manera enfática y uniforme ha señalado que la
acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de los
derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo anterior
implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es decir, cuando no
sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se promueva para precaver la
ocurrencia de un perjuicio irremediable7.
2.4. Procedencia de la solicitud de amparo frente a la estabilidad laboral
reforzada
Al respecto, la Corte Constitucional ha sido consistente en señalar que la infracción del
derecho a la estabilidad laboral reforzada de la mujer en estado de embarazo «conlleva
un riesgo contra la seguridad material y emocional de la madre y del menor que está
por nacer», razón por la cual se entiende que este es el mecanismo idóneo para
obtener su protección. En ese orden, la referida Corporación expresó:
[…] una controversia laboral puede someterse a juicio de tutela, desplazando el medio
ordinario de defensa cuando se reúnan las siguientes condiciones: (1) que el problema
que se debate sea de naturaleza constitucional, es decir, que pueda implicar la violación
de derechos fundamentales de alguna de las partes de la relación laboral, puesto que si
lo que se discute es la violación de derechos de rango legal o convencional, su
conocimiento corresponderá exclusivamente al juez laboral; (2) que la vulneración del
derecho fundamental se encuentre probada o no sea indispensable un amplio y detallado
análisis probatorio, ya que si para la solución del asunto es necesaria una amplia
controversia judicial, el interesado debe acudir a la jurisdicción ordinaria pues dicho
debate escapa de las atribuciones del juez constitucional y (3) que el mecanismo
alternativo de defensa sea insuficiente para proteger íntegramente los derechos
7 Ver, entre otras, las sentencias de la Corte Constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.
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fundamentales amenazados o vulnerados y no resulte adecuado para evitar la
ocurrencia de un perjuicio irremediable de carácter iusfundamental. 8
En sentido del criterio del máximo órgano constitucional, la solicitud de amparo se
convierte en el medio eficaz para procurar la garantía de los derechos de la madre
gestante cuando se advierte que la amenaza o la transgresión de la relación laboral
deviene de actuaciones que no constituyen una decisión de carácter definitivo respecto
de una situación jurídica concreta.
2.5. Derechos de la mujer en estado de embarazo
En el artículo 5. º superior se ampara a la familia como institución básica de la sociedad
y, por su parte, en el artículo 13 se establece que el Estado debe velar por la protección
especial de ciertos grupos de personas que, por su condición económica, física o
mental, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta como es el caso de
las mujeres en gestación. Tal defensa se acompasa con lo dispuesto en los artículos
43 y 53 ejusdem.
En ese contexto, la Corte Constitucional señaló que, en cuanto a la protección
reforzada para las mujeres en estado de embarazo o durante la lactancia, se traduce
en que durante este periodo no pueda ser despedida en razón a su condición, todo
con el fin de evitar la discriminación de la mujer en el contexto laboral, amparar la vida
del recién nacido y las condiciones de vida digna de la trabajadora.
En definitiva, el fuero de maternidad corresponde a una categoría jurídica en presencia
de la cual se activan en nuestro orden jurídico obligaciones y prohibiciones
excepcionales para el empleador, que concretan el mandato constitucional según el cual
debe otorgarse a la mujer embarazada una protección laboral reforzada, la cual exige
para su aplicación solo dos requisitos: (i) que exista una alternativa laboral que respalde
una relación laboral de la cual es parte la mujer gestante, y (ii) que la mujer se encuentre
en estado de embarazo o en periodo de lactancia (3 meses siguientes) durante la
relación laboral, de forma que si es despedida en estas condiciones, procede de
inmediato el reconocimiento de las medidas de protección derivadas del fuero de
maternidad”9.
De igual forma, la Alta Corte indicó el alcance de las medidas de protección derivadas
del fuero de maternidad en el siguiente sentido:
27.- Una vez establecidas las modalidades de protección efectiva del fuero de
maternidad y habiendo dejado claro hasta este momento que: (i) la medida más efectiva
del fuero de maternidad es el reintegro o renovación del contrato, y que (ii) en los casos
en que el reintegro o la renovación se torna imposible desde el punto de vista fáctico,
es procedente la medida de protección sustituta, es decir el reconocimiento de las
prestaciones en materia de seguridad social en salud, hasta el momento que la mujer
adquiera el derecho al reclamo de la prestación económica de la licencia de maternidad,
resulta pertinente hacer referencia, precisamente, a los casos en los cuales la Corte ha
considerado que dicha medida de reintegro no procede:
8 Sentencia T-894 de 2011. M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
9 Corte Constitucional, Sentencia T-082 de 2012.
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1) Cuando la empresa se ha liquidado o está en proceso de extinción la persona jurídica
que la sustenta10,
2) Cuando el origen de la desvinculación es que el cargo que la mujer embarazada
ocupaba, ha sido provisto por concurso de méritos11,
3) Cuando el origen de la desvinculación es que el cargo que la mujer embarazada
ocupaba fue creado por la administración pública, para el desempeño puntual de
funciones transitorias relativas a la eficacia, celeridad y mejoramiento de la función
pública, como por ejemplo los cargos denominados de descongestión12 y,
4) Cuando la existencia de la relación laboral entre la mujer gestante y empleador,
dependía íntimamente de la subsistencia de un contrato previo celebrado por el
empleador.13
[…]
32.- Puede concluirse de las anteriores consideraciones que cuando pueda inferirse
razonadamente que la conservación de la alternativa laboral de la mujer embarazada,
mediante una orden de reintegro o renovación, es fácticamente imposible en un caso
concreto debido a que han operado causas objetivas, generales y legítimas que
ponen fin a la relación laboral: corresponde al juez de tutela aplicar la medida de
protección sustituta correspondiente al reconocimiento de cotizaciones al sistema de
seguridad social en salud y el correlativo reconocimiento de la licencia de maternidad.14
De lo anterior se colige que la alteración al derecho a la estabilidad laboral reforzada
para la mujer en gestación, presuntamente se puede predicar cuando ocurre de
manera efectiva la desvinculación o despido, no obstante, ello no opera de manera
automática, comoquiera que es a partir de este supuesto que procede el análisis de la
eventual transgresión.
2.6. Caso concreto
Como se ha mencionado, la señora OLDH consideró vulnerados sus derechos
fundamentales con ocasión a su desvinculación laboral del cargo de oficial mayor que
ostentaba en provisionalidad en el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas
de Seguridad de Medellín.
En ese sentido, la accionante precisó que a través de este mecanismo de amparo «no
pretende desconocer el derecho que le asiste a la señora [MLZZ] a reintegrarse al
cargo del cual es titular, pues dicho derecho encuentra fundamento en el régimen de
carrera judicial», sino la presunta vulneración de sus garantías constitucionales ante
la omisión de las autoridades accionadas en realizar un estudio de las vacantes que
existieran en el Distrito Judicial de Medellín o municipios cercanos, con el fin de
reubicarla en otro cargo, puesto que a la fecha de su desvinculación se encontraba en
estado de embarazado.
10 Ver la sentencia T-534 de 2009.
11 Ver la sentencia T-245 de 2007.
12 Ver la sentencia T- 633 de 2007.
13 Ver las sentencias T-069 de 2007 y T-1210 de 2005.
14 Sentencia T-082 de 2012. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
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Por lo tanto, la Sala advierte que en el presente caso se supera el requisito de
subsidiariedad de la acción de tutela, pues, tal como lo previó el a quo constitucional,
la accionante ostenta la calidad de sujeto de especial protección constitucional al ser
madre gestante y, en ese sentido, la acción de tutela se torna en el mecanismo célere
y expedito que permite verificar la situación expuesta por la actora.
En la sentencia de primera instancia, la Sala Segunda de Decisión del Tribunal
Administrativo de Antioquia concedió el amparo de los derechos fundamentales de la
accionante y, en consecuencia, ordenó: (i) a la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Medellín que adoptara las medidas necesarias para
garantizarle a la actora el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social
en Salud durante el período de gestación y hasta cuando adquiriera el derecho al
reconocimiento de la licencia de maternidad; y (ii) a la EPS Sura que continuara
garantizando a la accionante y a su hijo la prestación integral de los servicios de salud
y que una vez ella acreditara el cumplimiento de los requisitos legales para acceder a
la licencia de maternidad, adelantara las actuaciones para su reconocimiento y pago.
De otro lado, indicó que el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Medellín no vulneró los derechos de la tutelante, puesto que su
desvinculación obedeció a una causa objetiva, legítima y constitucionalmente
admisible, consistente en el reintegro de la servidora titular del empleo. En
consecuencia, negó la pretensión tendiente a que se ordenara el reintegro y/o
reubicación a un cargo igual o superior al que venía desempeñando.
Inconforme con la decisión de primera instancia, la parte actora la impugnó y solicitó
que se revoquen los ordinales segundo, tercero y cuarto, toda vez que negaron la
posibilidad de su reubicación a un cargo igual o superior al que venía ejerciendo. Por
su parte, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín pidió
que se modifique la orden impartida en el sentido de limitar el alcance de la continuidad
de los aportes hasta «el alumbramiento de la accionante, o antes si llegare a adquirir
un nuevo vínculo laboral con un tercero», con el fin de que no exista duplicidad de
cotizaciones ante un nuevo empleador que asuma la cotización.
Revisado el escrito de tutela y sus anexos, así como las contestaciones allegadas al
trámite constitucional, se observa que la señora OLDH ocupaba en provisionalidad el
cargo de oficial mayor en el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Medellín.
Así mismo, se advierte que el 1. ° de julio de 2026, la tutelante le informó a su
nominadora que se encontraba en estado de embarazo y que el 14 del mismo mes y
año le pidió a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín
que le indicara el trámite que debía realizar ante su estado.
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De otro lado, se tiene que mediante la Resolución 021 de 17 de julio de 2026, el
Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín resolvió
reintegrar al despacho a la señora MLZZ desde 21 de julio de 2026, dado que es la
titular de ese empleo e informó su deseo de regresar a su cargo de carrera. En
consecuencia, en esa misma resolución se dispuso el retiro de la accionante, a pesar
de estar en estado de gestación, puesto que «dicha situación no prima frente al
reintegro de quien ostenta el cargo en propiedad».
Pues bien, realizado el anterior recuento, la Sala considera que, tal como lo dispuso el
a quo constitucional, la accionante no goza de la estabilidad laboral reforzada que
invoca, puesto que su derecho cede ante quien ganó el concurso de méritos y es titular
del cargo en propiedad, tal como lo ha señalado la jurisprudencia constitucional
previamente citada.
Recuérdese que la Corte Constitucional ha indicado que el reintegro o reubicación de
la madre gestante no procede, entre otras, cuando la desvinculación se presenta por
la provisión del cargo por concurso de méritos, como sucede en el presente caso.
Así mismo, aunque la jurisprudencia unificada del alto tribunal ha destacado que «el
último cargo a proveerse por quienes lo hayan ganado, deberá ser el de la mujer
embarazada»15, lo cierto es que en el presente caso la nominadora informó a esta
corporación que para el momento no contaba con vacantes en la planta de personal
del juzgado y que los dos cargos de oficial mayor se encuentran proveídos con sus
funcionarios de carrera, quienes estaban laborando actualmente en el despacho.
Ahora bien, la accionante alegó que el a quo no validó la posibilidad de que la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín la nombrara en alguna
vacante del mismo cargo en el Distrito Judicial de Medellín.
No obstante, se recuerda a la accionante que su nominadora era la juez Primera de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín, por lo que dicha posibilidad
devendría de esa autoridad, mas no de la dirección ejecutiva ni de algún juzgado de
esa misma especialidad, quienes no ostentan la calidad de nominadores de la
accionante. Por lo tanto, mal haría esta corporación en ordenar la reubicación de la
señora OLDH a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín
y a los Juzgados Segundo al Trece de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad
de Medellín.
En consecuencia, se confirmarán los ordinales segundo, tercero y cuarto de la
sentencia de 10 de agosto de 2026, en razón a que la terminación de la vinculación
laboral obedeció a una causal objetiva, como lo es el retorno de la persona nombrada
en propiedad. Así mismo, por cuanto no existe la posibilidad de un reintegro o
reubicación de la accionante en el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas
de Seguridad de Medellín.
15 Sentencias SU-070 de 2013, M.P. Alexei Julio Estrada, y SU-075 de 2018, M.P. Gloria Stella Ortiz
Delgado.
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Demandante: OLDH
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Radicado: 05001-23-33-000-2026-01131-01
Ahora bien, pese a que no le asiste a la actora el derecho a ser reincorporada, la Sala
concuerda con lo dispuesto por la Sala Segunda de Decisión del Tribunal
Administrativo de Antioquia, en el sentido de que la señora OLDH debe ser beneficiaria
de acciones afirmativas, dado su estado de embarazo. Así lo dispuso la Corte
Constitucional en los casos en los cuales es imposible el reintegro o reubicación de la
trabajadora:
32.- Puede concluirse de las anteriores consideraciones que cuando pueda inferirse
razonadamente que la conservación de la alternativa laboral de la mujer embarazada,
mediante una orden de reintegro o renovación, es fácticamente imposible en un caso
concreto debido a que han operado causas objetivas, generales y legítimas que
ponen fin a la relación laboral: corresponde al juez de tutela aplicar la medida de
protección sustituta correspondiente al reconocimiento de cotizaciones al sistema de
seguridad social en salud y el correlativo reconocimiento de la licencia de maternidad.16
Sobre el punto, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín
pidió que se modifique la orden impartida en el sentido de limitar el alcance de la
continuidad de los aportes hasta «el alumbramiento de la accionante, o antes si llegare
a adquirir un nuevo vínculo laboral con un tercero», con el fin de que no exista
duplicidad de cotizaciones ante un nuevo empleador que asuma la cotización.
La Sala confirmará la orden impartida en la sentencia de 10 de agosto de 2026 a la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín para que
garantice las prestaciones en materia de seguridad social en salud hasta el momento
en que la señora OLDH adquiera el derecho al reclamo de la prestación económica de
la licencia de maternidad, puesto que así lo ha dispuesto la jurisprudencia de la Corte
Constitucional y de esta Sección17 en casos anteriores.
No obstante, se accederá a la solicitud realizada por la entidad, en el sentido de
modificar el ordinal quinto de la sentencia, para que el pago de los aportes al Sistema
General de Seguridad Social en Salud por parte de la Dirección Ejecutiva Seccional
de Administración Judicial de Medellín sea durante todo el período de gestación y
hasta cuando adquiera el derecho al reconocimiento de la licencia de maternidad, o
hasta cuando adquiera un nuevo vínculo laboral con un tercero. Ello con el fin de evitar
la duplicidad de cotizaciones.
Al respecto se recuerda que el parto no extingue la necesidad de protección, sino que
activa la licencia de maternidad como un mecanismo para garantizar el mínimo vital y
la subsistencia tanto de la madre como del recién nacido, luego, introducir una
limitación biológica como el alumbramiento vaciaría de contenido la protección
reforzada a la maternidad.
16 Sentencia T-082 de 2012. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
17 Ver sentencia de 9 de febrero de 2023, dictada en el expediente 11001-03-15-000-2023-00131-00.
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3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 10 de agosto de 2026 de la Sala Segunda
de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, salvo el ordinal quinto, el cual
se MODIFICA y queda así:
QUINTO: ORDENAR a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Antioquia, que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de
esta providencia, adopte las medidas necesarias para garantizar a la accionante, de
manera ininterrumpida, el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social
en Salud durante el período de gestación y hasta cuando adquiera el derecho al
reconocimiento de la licencia de maternidad, o hasta cuando adquiera un nuevo vínculo
laboral con un tercero, de conformidad con las consideraciones expuestas en esta
sentencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros intervinientes, en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Salvamento parcial de voto
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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