Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2026-01180-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2026-01180-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 05001-23-33-000-2026-01180-01
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
21 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D. C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 05001-23-33-000-2026-01180-01
Accionante: JUAN CAMILO MEJÍA MONSALVE
Accionado: JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE AMALFI
(ANTIOQUIA) Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA – Derechos fundamentales al debido proceso, al mínimo
vital, a la vida y a la dignidad/ PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD – Se satisface por cuanto
no existen otros recursos o medios de defensa judiciales eficaces / FIRMEZA DE LOS
ACTOS ADMINISTRATIVOS – El acto administrativo no ha adquirido firmeza dado que no
se han resuelto los recursos interpuestos contra este.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por la Dirección
Seccional de Administración Judicial de Medellín – Antioquia1 contra la sentencia
del 13 de agosto de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, de
conformidad con lo consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política y en el
artículo 29 del Decreto 2591 de 19912.
I. A N T E C E D E N T E S
La demanda
1. El 3 de agosto de 2026, el señor Juan Camilo Mejía Monsalve promovió acción
de tutela contra el Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia – Asuntos
Laborales y Nómina y contra el Juzgado Promiscuo Municipal de Amalfi (Antioquia)
con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso, al mínimo vital, a la vida y a la dignidad.
Hechos relevantes
2. El 26 de mayo de 2025, el señor Juan Camilo Mejía Monsalve tomó posesión en
el cargo de citador, grado 3, en el Juzgado Promiscuo Municipal de Amalfi
(Antioquia). El accionante alegó que, durante el 24, 25 y 26 de junio de la presente
anualidad, sufrió afecciones de salud relacionadas con síntomas respiratorios, tos y
fiebre, acompañadas de quebrantos asociados a trastornos mentales y “consumo
de sustancias”, motivo por el cual estuvo ausente de su lugar de trabajo.
1
Este despacho advierte que la Dirección Seccional de Administración Judicial de Medellín – Antioquia
fue vinculada al trámite de tutela en calidad de tercero con interés
2
Que ingresó a despacho para fallo el 25 de agosto de 2026.
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Radicación número: 05001-23-33-000-2026-01180-01
Accionante: Juan Camilo Mejía Monsalve
Accionado: Juzgado Promiscuo Municipal de Amalfi (Antioquia) y otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
3. Con ocasión de dicha ausencia, el 30 de junio de 2026 se celebró diligencia en la
cual el accionante rindió descargos sobre su inasistencia ante el juez Promiscuo
Municipal de Amalfi (Antioquia), durante la que no manifestó en detalle la situación
de salud por la que atravesó.
4. Por medio de la Resolución 018 del 2 de julio de 2026, expedida por el juez
Promiscuo Municipal de Amalfi (Antioquia), se declaró la vacancia del empleo de
citador en el juzgado, por abandono del cargo; se dio por terminada la vinculación
del accionante con la rama judicial; se ordenó la actualización inmediata de sus
registros administrativos, laborales y de personal, así como la exclusión del servidor
de las nóminas y demás sistemas institucionales; y se dispuso que el actor hiciera
entrega inmediata de los elementos de trabajo, expedientes, documentos, equipos
y demás bienes que tuviera bajo su custodia.
5. El señor Mejía Monsalve refirió que, ese mismo día, a pesar de no encontrarse
en firme, la resolución fue comunicada al Consejo Seccional de la Judicatura de
Antioquia; se procedió a su desvinculación del cargo y fue retirado de su puesto de
trabajo.
6. El 9 de julio de 2026, el actor presentó recurso de reposición y en subsidio de
apelación contra la Resolución 018 del 2 de julio de 2026. Mediante la Resolución
020 del 15 de julio de 2026, el juez Promiscuo Municipal de Amalfi (Antioquia)
resolvió no reponer la resolución recurrida; conceder, en el efecto suspensivo, el
recurso de apelación; y remitir el expediente administrativo y los documentos
pertinentes al Juzgado Promiscuo del Circuito de Amalfi (Antioquia) para su
resolución.
7. El 17 de julio de 2026, la titular del Juzgado Promiscuo del Circuito de Amalfi
(Antioquia) se declaró impedida para conocer del recurso de apelación interpuesto
por la parte actora con fundamento en las causales contenidas en los numerales 1.°
y 7.° del artículo 11 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo3, por lo que ordenó remitir el expediente administrativo a la
Presidencia del Tribunal Superior de Antioquia. El accionante señaló que, a la fecha
de la interposición de esta acción de amparo, dicho recurso aún no había sido
resuelto.
8. En ese sentido, el demandante relató que no recibió la remuneración
correspondiente a julio de 2026, a pesar de que su salario es el único medio de
subsistencia suyo y de su mascota, ya que no cuenta con ingresos distintos, y,
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“ARTÍCULO 11. Conflictos de interés y causales de impedimento y recusación. Cuando el interés
general propio de la función pública entre en conflicto con el interés particular y directo del servidor público,
este deberá declararse impedido. Todo servidor público que deba adelantar o sustanciar actuaciones
administrativas, realizar investigaciones, practicar pruebas o pronunciar decisiones definitivas podrá ser
recusado si no manifiesta su impedimento por: 1. Tener interés particular y directo en la regulación,
gestión, control o decisión del asunto, o tenerlo su cónyuge, compañero o compañera permanente, o
alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil,
o su socio o socios de hecho o de derecho.
[…] 7. Haber formulado el servidor, su cónyuge, compañero permanente o pariente hasta el segundo
grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, denuncia penal contra una de las personas
interesadas en la actuación administrativa o su representante o apoderado, o estar aquellos legitimados
para intervenir como parte civil en el respectivo proceso penal”.
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Radicación número: 05001-23-33-000-2026-01180-01
Accionante: Juan Camilo Mejía Monsalve
Accionado: Juzgado Promiscuo Municipal de Amalfi (Antioquia) y otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
debido a sus “problemas mentales, de adicción a las drogas y comportamentales”4,
no recibe apoyo de sus familiares.
Pretensiones
9. La parte accionante solicitó lo siguiente (se transcribe textualmente):
“1. Solicito señor juez se sirva tutelar los derechos fundamentales invocados.
Y en consecuencia, se ordene:
2. Al Juez Promiscuo Municipal de Amalfi, Antioquia, que me reintegre de
forma inmediata a mis funciones hasta tanto se decida de forma definitiva,
legal o constitucional, sobre la legalidad y ejecutoria de la resolución 018 del
2 de julio de 2026.
3. Al Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia que pagué la totalidad
de los salarios que se causen a mi favor como citador grado 3 del Juzgado
Promiscuo Municipal de Amalfi, Antioquia, desde el 2 de julio de 2026 y los
continúe pagando hasta que se defina mediante resolución en firme o
ejecutoriada, mi situación como empleado en propiedad en la Rama Judicial,
en el citado cargo”5.
Fundamentos de la demanda de tutela
10. La parte accionante sostiene que el juez Promiscuo Municipal de Amalfi
(Antioquia) vulneró su derecho fundamental al debido proceso, dado que comunicó
la Resolución 018 del 2 de julio de 2026 al Consejo Seccional de la Judicatura de
Antioquia; decidió retirarlo del cargo y nombró a otro empleado en su reemplazo, a
pesar de que dicho acto administrativo no se encontraba ejecutoriado. Adujo que,
en consecuencia, los accionados transgredieron también sus derechos
fundamentales a la vida digna y al mínimo vital.
Trámite procesal
11. El asunto correspondió en primera instancia al Tribunal Administrativo de
Antioquia que, por medio de auto del 3 de agosto de 2026, admitió la acción de
tutela de la referencia, negó la medida provisional solicitada por el accionante, y
ordenó notificar al Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia y al Juzgado
Promiscuo Municipal de Amalfi (Antioquia) como accionados y a la Dirección
Seccional de Administración Judicial de Medellín – Antioquia – Asuntos Laborales y
al Tribunal Superior de Antioquia para que, de considerarlo necesario, intervinieran
en el proceso.
12. Igualmente, requirió al Juzgado Promiscuo Municipal de Amalfi (Antioquia) para
que remitiera copia de toda la actuación administrativa surtida en torno a la
expedición de los actos administrativos cuestionados en la acción de tutela.
13. Posteriormente, el Tribunal Administrativo de Antioquia, a través de auto del 5
de agosto de 2026, ordenó vincular al señor Juan Carlos Londoño Gómez al
presente trámite, en virtud de que, de acuerdo con una intervención allegada por la
Dirección Seccional de Administración Judicial de Medellín – Antioquia, el señor
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Pág. 4 del escrito de tutela.
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Pág. 6 del escrito de tutela.
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Radicación número: 05001-23-33-000-2026-01180-01
Accionante: Juan Camilo Mejía Monsalve
Accionado: Juzgado Promiscuo Municipal de Amalfi (Antioquia) y otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
Londoño Gómez fue nombrado en el cargo que ostentaba el accionante, por lo que
le asistía interés en las resultas del proceso.
Intervenciones
14. El presidente del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia puso
de presente que la Oficina Judicial de Medellín repartió el trámite administrativo
correspondiente al recurso de apelación interpuesto por el señor Mejía Monsalve, el
cual fue asignado al despacho de la magistrada Catalina Rendón Henao para
adelantar las gestiones encaminadas a que la plenaria de la Corporación decida
sobre dicho recurso.
15. El juez Promiscuo Municipal de Amalfi (Antioquia) sostuvo que no vulneró
los derechos fundamentales del accionante. Señaló que este nunca informó al
despacho sobre la condición de salud alegada ni aportó recomendaciones médico-
laborales, pese a que se procuró la intervención de la ARL y de salud ocupacional
ante sus reiteradas ausencias. También refirió dificultades en el cumplimiento de
sus funciones, comportamientos agresivos y amenazas, y explicó que la decisión
de retiro obedeció al procedimiento legal aplicable, con garantía del derecho de
defensa y contradicción. Añadió que las inasistencias no fueron aisladas, que ya se
le había requerido justificar ausencias anteriores y que el Hospital de Anorí certificó
no haber expedido algunas de las incapacidades invocadas por el actor.
16. Asimismo, afirmó que la comunicación de la resolución de desvinculación a la
Unidad de Talento Humano no constituyó una ejecución material irreversible, sino
el cumplimiento de un deber funcional de reporte, y que para ese momento el
accionante aún no había interpuesto recursos. Sostuvo que la tutela era
improcedente por subsidiariedad, porque la apelación contra la Resolución 018 de
2026 seguía en trámite y, una vez agotada la vía administrativa, el actor podría
acudir al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Añadió que no
se acreditó perjuicio irremediable ni vulneración del debido proceso, mínimo vital o
vida digna, y que el reintegro inmediato excedía el objeto de la tutela; por ello, pidió
negar el amparo por improcedente o infundado o, subsidiariamente, concederlo solo
como mecanismo transitorio hasta que se resolviera la apelación.
17. El vicepresidente del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia
afirmó que dicha entidad no ha desplegado acción u omisión alguna que constituya
una vulneración de las garantías constitucionales invocadas, dado que las
actuaciones reprochadas no corresponden a las funciones legalmente asignadas a
dicha Corporación.
18. Sobre la resolución cuestionada y las consecuencias laborales y salariales
derivadas de ella, sostuvo que no tiene competencia; y, en cuanto al reconocimiento
y pago de salarios, así como la gestión de novedades laborales, expuso que son
funciones que corresponden a la Dirección Seccional de Administración Judicial de
Medellín – Antioquia y no al Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia.
19. En ese orden de ideas, aseveró que carece de legitimación en la causa por
pasiva, por lo que solicitó su desvinculación del presente trámite.
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Radicación número: 05001-23-33-000-2026-01180-01
Accionante: Juan Camilo Mejía Monsalve
Accionado: Juzgado Promiscuo Municipal de Amalfi (Antioquia) y otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
20. La directora Seccional de Administración Judicial de Medellín – Antioquia
puso de presente que, en virtud de lo dispuesto en la Ley 270 de 1996, la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial no tiene injerencia alguna en las decisiones
adoptadas por los nominadores de cada despacho judicial, particularmente en lo
respectivo a nombramientos o modificaciones en las vinculaciones de los servidores
judiciales.
21. Sobre el retiro del señor Mejía Monsalve del sistema Efinómina, aclaró que el
Juzgado Promiscuo Municipal de Amalfi (Antioquia) reportó tanto la resolución que
lo desvinculó del cargo como el acto administrativo por medio del cual se nombró
en provisionalidad al señor Juan Carlos Londoño Gómez en dicho cargo.
22. Con ocasión de esas novedades, el Grupo de Asuntos Laborales de la entidad
incluyó en nómina al señor Juan Carlos Londoño Gómez y retiró al actor del sistema
de nómina. Al respecto, afirmó que se actuó en cumplimiento de los efectos
derivados de los actos administrativos proferidos, por lo que no es la entidad
llamada a amparar los derechos fundamentales incoados, al no estar dentro de sus
competencias otorgar situaciones administrativas ni efectuar control de legalidad a
los actos administrativos expedidos por los nominadores de cada despacho. Por
ello, solicitó la desvinculación del proceso por carecer de legitimación en la causa
por pasiva.
23. El señor Juan Carlos Londoño Gómez señaló que no fue mencionado en la
tutela y que su vinculación obedeció a la información suministrada por la Dirección
Seccional de Administración Judicial de Medellín – Antioquia. Explicó que, tras
declararse la vacancia del cargo de citador, grado 3, del Juzgado Promiscuo
Municipal de Amalfi, participó en la convocatoria pública, acreditó los requisitos
exigidos, fue nombrado en provisionalidad y tomó posesión. Aclaró que no intervino
en el procedimiento administrativo que culminó con la declaratoria de vacancia del
cargo del accionante ni en la comunicación de esa decisión a las áreas de nómina
y talento humano, actuaciones que atribuyó exclusivamente al despacho judicial
accionado.
24. Sostuvo que carece de legitimación en la causa, que su acto de nombramiento
se encuentra amparado por la presunción de legalidad del artículo 88 del CPACA y
que actuó de buena fe al postularse y aceptar el cargo. También alegó que la tutela
incumple el requisito de subsidiariedad y solicitó que, si se concede el amparo,
cualquier orden proteja sus derechos al trabajo, debido proceso y estabilidad laboral
relativa como empleado provisional. En consecuencia, pidió declarar improcedente
la acción o, subsidiariamente, negar las pretensiones frente a él por no haber
vulnerado los derechos fundamentales invocados.
La sentencia de primera instancia
25. Mediante decisión del 13 de agosto de 2026, el Tribunal Administrativo de
Antioquia aceptó el impedimento del magistrado John Jairo Alzate López,
desvinculó al Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia y amparó
transitoriamente el derecho al debido proceso del accionante hasta que finalizara la
vía administrativa. En consecuencia, ordenó al Juzgado Promiscuo Municipal de
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Radicación número: 05001-23-33-000-2026-01180-01
Accionante: Juan Camilo Mejía Monsalve
Accionado: Juzgado Promiscuo Municipal de Amalfi (Antioquia) y otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
Amalfi y a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Medellín – Antioquia
– Unidad de Talento Humano – Grupo de Asuntos Laborales restablecerlo en el
cargo de citador, grado 3, y dispuso que el Grupo de Nómina liquidara y pagara los
conceptos laborales y prestacionales causados desde el 2 de julio de 2026 hasta el
cumplimiento de la orden. El Tribunal precisó que la tutela no estaba dirigida a
cuestionar el contenido de la Resolución 018 del 2 de julio de 2026, pues para ello
debía resolverse primero la apelación interpuesta y, posteriormente, el actor
contaba con el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho; el
amparo recaía, en cambio, sobre la ejecución del acto antes de adquirir firmeza.
26. La Corporación consideró que el medio contencioso no resultaba eficaz para
conjurar de manera inmediata esa afectación y encontró acreditado un perjuicio
irremediable, pues el actor dependía exclusivamente de su salario para su
sostenimiento. Explicó que la Resolución 020 del 15 de julio de 2026 concedió en
efecto suspensivo el recurso de apelación contra la Resolución 018, por lo que,
mientras no se resolviera la alzada, la autoridad administrativa carecía de
competencia para ejecutar materialmente el acto. Por ello, estimó que el Juzgado
Promiscuo Municipal de Amalfi incurrió en una vía de hecho por defectos fáctico y
orgánico al materializar una decisión que no estaba ejecutoriada ni en firme, con
afectación del debido proceso administrativo y, consecuencialmente, del mínimo
vital y la vida digna. También recordó la procedencia excepcional de la tutela frente
al no pago de salarios y prestaciones, y concluyó que el pago de solo dos días de
julio carecía de soporte mientras el acto no hubiera adquirido ejecutoria.
27. Finalmente, el Tribunal advirtió a la Dirección Seccional de Administración
Judicial de Medellín – Antioquia – Unidad de Talento Humano – Grupo de Asuntos
Laborales – Nómina que, aunque no tenga competencia para revisar la legalidad de
los actos de novedades, sí debe verificar previamente que estos se encuentren
ejecutoriados y en firme antes de registrar sus efectos. En cuanto a Juan Carlos
Londoño Gómez, precisó que corresponde al titular del Juzgado Promiscuo
Municipal de Amalfi definir su situación administrativa, pues adoptar una decisión al
respecto en sede de tutela implicaría invadir las competencias propias de ese
despacho.
La impugnación
28. Contra la decisión precitada, la Dirección Seccional de Administración Judicial
de Medellín – Antioquia, por medio de su directora, presentó impugnación en la que
solicitó revocar la providencia en lo concerniente a la responsabilidad atribuida a
dicha entidad.
29. Al respecto, adujo que la orden impartida a dicha autoridad desconoce el marco
normativo que delimita sus competencias puesto que, de conformidad con la Ley
270 de 1996, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial es un órgano técnico
y administrativo encargado de la ejecución de las actividades propias de la gestión
administrativa de la Rama Judicial, función que no incluye la facultad de nombrar,
remover o establecer servidores judiciales en cargos específicos.
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Radicación número: 05001-23-33-000-2026-01180-01
Accionante: Juan Camilo Mejía Monsalve
Accionado: Juzgado Promiscuo Municipal de Amalfi (Antioquia) y otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
30. De igual manera, expuso que tampoco compete a la entidad ejercer control de
legalidad sobre los actos administrativos emitidos por los nominadores ni verificar si
estos se encuentran ejecutoriados y en firme, siendo el nominador quien, una vez
surtido el trámite correspondiente, debe remitir la novedad. Por ello, adujo que no
es dable imponer a la Dirección Seccional, en calidad de empleador, funciones que
no le han sido atribuidas legalmente.
31. Con respecto a la orden de reintegrar al accionante en el cargo, alegó que
resulta confusa y desproporcionada, dado que la función de nominador es exclusiva
del Juez Promiscuo Municipal de Amalfi (Antioquia) y no corresponde a la Dirección
Seccional.
32. Por otro lado, sobre la orden encaminada a la liquidación y pago de los
conceptos laborales y prestaciones correspondientes al accionante, manifestó que,
para ello, el despacho debe allegar previamente los actos administrativos de
nombramiento, por lo que, a su juicio, la orden debía ser condicionada, por cuanto
no es posible ingresar la novedad al sistema sin un documento que la acredite.
Trámite posterior
33. El 21 de agosto de 2026, la Dirección Seccional de Administración Judicial de
Medellín – Antioquia allegó un informe de cumplimiento de la orden proferida en la
sentencia de tutela. En dicho informe, afirmó que el Juzgado Promiscuo Municipal
de Amalfi (Antioquia) acató lo dispuesto y remitió a la Dirección Seccional la
Resolución 021 del 14 de agosto de 2026, por medio de la cual se reintegró al
accionante al cargo de citador, grado 3, acompañado del acta de posesión
correspondiente.
34. Informó que, en consecuencia, se registró la novedad del reintegro del señor
Mejía Monsalve a partir del 18 de agosto de 2026, conforme a los actos
administrativos reportados, y explicó que se liquidó el período correspondiente a 13
días, con posterioridad al 2 de julio de 2026, y afirmó que el pago estaba
programado para el 27 de agosto de 2026. En virtud de lo anterior, aseveró haber
dado cumplimiento a la orden de amparo.
35. El 24 de agosto de 2026, el Tribunal Administrativo de Antioquia concedió el
recurso de impugnación interpuesto por la Dirección Seccional de Administración
Judicial de Medellín – Antioquia.
36. El 25 de agosto de 2026, el señor Mejía Monsalve presentó ante el Tribunal
escrito mediante el cual indicó que no se había dado cabal cumplimiento a la
sentencia de amparo, específicamente en lo relativo al pago de sus conceptos
laborales y prestacionales, por lo que solicitó iniciar trámite de cumplimiento al igual
que incidente de desacato.
37. Explicó que el Juzgado Promiscuo Municipal de Amalfi (Antioquia) expidió y
comunicó la Resolución 021 del 14 de agosto de 2026, que dispuso su reintegro;
sin embargo, la Dirección Seccional de Administración Judicial de Medellín –
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Radicación número: 05001-23-33-000-2026-01180-01
Accionante: Juan Camilo Mejía Monsalve
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Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
Antioquia – Unidad de Talento Humano – Grupo de Asuntos Laborales – Nómina
únicamente liquidó los conceptos laborales a partir del 18 de agosto de 2026 y no a
partir del 3 de julio de 2026, como se ordenó en la providencia que resolvió la
solicitud de amparo.
38. Por ello, afirmó que la interpretación y el presunto cumplimiento de la orden
realmente desconoció la parte considerativa de la sentencia, según la cual la
Resolución 018 de 2026 realmente no ha producido efectos.
39. El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante auto del 25 de agosto de 2026,
requirió a la directora Seccional de Administración Judicial de Medellín – Antioquia
para que, en el término de 3 días siguientes a la notificación de la providencia,
acreditara el cumplimiento integral del fallo de tutela o, en su defecto, indicara las
gestiones administrativas adelantadas con respecto a la liquidación y el pago de los
conceptos laborales del actor.
40. Igualmente, puso de presente que el informe aportado el 21 de agosto de 2026
como cumplimiento solo dio cuenta de las acciones administrativas propias y
regulares, consecuentes con el registro del reintegro del accionante, pero no
acreditó actuar en torno al período comprendido entre el 2 de julio de 2026 y la fecha
en que se reintegró al cargo el señor Mejía Monsalve, de acuerdo con lo indicado
en la parte motiva de la sentencia.
41. El 26 de agosto de 2026, la Dirección Seccional de Administración Judicial de
Medellín - Antioquia allegó memorial de respuesta al requerimiento en el cual
expuso que el juez de tutela impuso una responsabilidad no atribuida a la entidad
como empleadora, dado que desborda las fechas de vinculación reportadas por el
nominador con los actos administrativos allegados, aunado a que dicha decisión,
permite el pago a dos servidores en un mismo cargo, como consecuencia de que,
durante el período en que el accionante estuvo desvinculado, el juez Promiscuo
Municipal de Amalfi (Antioquia) nombró a otro servidor para el cargo de citador,
grado 3.
42. En todo caso, informó que, una vez conocido el auto de requerimiento, procedió
a adelantar las gestiones administrativas tendientes a la liquidación de los
emolumentos correspondientes al período comprendido entre el 3 de julio y el 17 de
agosto, en cumplimiento de la orden dispuesta, y explicó que dicho pago fue
programado para el 28 de agosto de 2026. Por lo anterior, solicitó al a quo
abstenerse de dar inicio al incidente de desacato, al encontrarse acreditado el
cumplimiento de la orden impartida.
43. El 2 de septiembre de 2026, el Tribunal Administrativo de Antioquia profirió auto
por medio del cual decidió abstenerse de dar apertura al trámite de incidente de
desacato, al constatar que la Dirección Seccional de Administración Judicial de
Medellín – Antioquia acreditó haber registrado la novedad de reintegro del
accionante, así como haber generado la liquidación de nómina correspondiente al
período comprendido entre el 3 de julio de 2026 y el 31 de agosto de 2026.
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Accionante: Juan Camilo Mejía Monsalve
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Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
44. En ese sentido, concluyó que la entidad accionada adelantó las acciones
positivas pertinentes para dar cumplimiento a lo ordenado en el fallo de tutela del
13 de agosto de 2026, por lo que afirmó que se entiende cumplida la orden allí
emitida.
45. El proceso ingresó a esta Corporación el 25 de agosto de 2026, para resolver la
segunda instancia de tutela.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
Competencia
46. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente
para proferir sentencia de segunda instancia dentro del proceso de tutela de la
referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, en
concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de 2019.
Problemas jurídicos y metodología de la decisión
47. De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que el
problema jurídico se circunscribe a responder: ¿si la presente acción de tutela
cumple con los requisitos de procedibilidad, en particular el de subsidiariedad, al
existir mecanismos ordinarios de defensa idóneos para obtener las pretensiones
que se persiguen en el asunto bajo estudio?
48. De resultar afirmativo el anterior interrogante, se resolverá ¿si las entidades
accionadas y vinculadas incurrieron en una vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso, al mínimo vital, a la vida y a la dignidad, al haber
dado ejecución a la Resolución 018 de 2026, sin que se encontrara en firme y
ejecutoriada?
49. Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se procederá a analizar: (i)
generalidades de la acción de tutela; (ii) el principio de subsidiariedad y la
procedencia excepcional de la acción de tutela; (iii) el debido proceso administrativo;
y (iv) el caso concreto.
Generalidades de la acción de tutela y del principio de subsidiariedad contra
actuaciones de la administración
50. La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución y desarrollada
por el artículo 5.º del Decreto 2591 de 1991, procede para obtener la protección
inmediata de derechos fundamentales cuando estos sean vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de una autoridad pública o, excepcionalmente,
de un particular. Para su procedencia se requiere la existencia de elementos
objetivos que permitan inferir una afectación cierta o una amenaza real, de modo
que quien promueve el amparo debe acreditar, al menos sumariamente, el hecho
vulnerador; además, la jurisprudencia constitucional ha reiterado que la tutela exige
que no exista otro mecanismo judicial idóneo para la protección del derecho
comprometido.
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Radicación número: 05001-23-33-000-2026-01180-01
Accionante: Juan Camilo Mejía Monsalve
Accionado: Juzgado Promiscuo Municipal de Amalfi (Antioquia) y otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
51. El artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 6.° del Decreto 2591 de
1991 establecen que la acción de tutela es procedente cuando no exista un medio
de defensa judicial eficaz que permita resolver el asunto sometido a consideración
del juez o, en los casos en los que, pese a contar el accionante con una herramienta
idónea, se esté frente a la inminencia de un perjuicio irremediable en los términos
de la jurisprudencia constitucional.
52. En la Sentencia SU-355 de 2015, la Corte Constitucional precisó su posición
frente al requisito de subsidiariedad y señaló que este principio se rige por las reglas
de exclusión de procedencia y de procedencia transitoria. Así, estableció que (i) es
improcedente cuando existen medios de defensa judicial idóneos y eficaces para
resolver el problema jurídico y no se evidencia riesgo de un perjuicio irremediable;
(ii) procede de manera definitiva cuando no existen tales mecanismos; y, (iii) de
forma excepcional, es procedente de manera transitoria cuando, aun existiendo
medios judiciales adecuados, se advierte la posibilidad de un perjuicio irremediable
que haga necesaria la protección inmediata de los derechos fundamentales del
accionante.
53. Al respecto, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha establecido que,
cuando se trata de sujetos de especial protección constitucional, se admite la
excepcionalmente la tutela y es tarea del operador jurídico realizar un examen
flexible de procedibilidad de la acción. Así, ha sostenido la Corte:
“[…] 46. En sentencia SU-588 de 2019, esta Corte reiteró su postura
respecto del requisito de subsidiariedad y estableció que este principio
responde a las reglas de (i) exclusión de procedencia y (ii) procedencia
transitoria.
47. En otras palabras, (i) si existe un medio de defensa idóneo y eficaz para
resolver el problema jurídico y no hay riesgo de que se configure un perjuicio
irremediable, la acción de tutela es improcedente; (ii) cuando no existen
mecanismos de defensa idóneos y eficaces para resolver el asunto puesto
a consideración del juez constitucional, la tutela será procedente de manera
definitiva; y (iii) de manera excepcional, cuando la persona disponga de
medios de defensa idóneos y eficaces, pero exista riesgo de configuración
de un perjuicio irremediable, el amparo será procedente de manera
transitoria con el fin de proteger los derechos fundamentales del
accionante”.6
Del debido proceso administrativo
54. El ordenamiento jurídico colombiano reconoce el derecho fundamental al debido
proceso como una garantía esencial para la protección de los derechos de las
personas frente a las actuaciones de las autoridades y, en ciertos casos, de los
particulares. El artículo 29 de la Constitución Política consagra el derecho
fundamental al debido proceso y estipula que dicha garantía se aplicará a toda clase
de actuaciones judiciales y administrativas, lo que implica que toda actuación debe
adelantarse con sujeción a las formas propias de cada juicio, con observancia de
6
Corte Constitucional. Sentencia T-095 de 2022.
10
Radicación número: 05001-23-33-000-2026-01180-01
Accionante: Juan Camilo Mejía Monsalve
Accionado: Juzgado Promiscuo Municipal de Amalfi (Antioquia) y otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
las reglas previamente establecidas y con pleno respeto de los principios de
legalidad, imparcialidad y contradicción.
55. Al respecto, la Corte Constitucional ha definido el debido proceso administrativo
como el conjunto complejo de condiciones que le impone la ley a la administración,
“materializado en el cumplimiento de una secuencia de actos por parte de la
autoridad administrativa”7, entre ellas el derecho a ser oído, recibir notificación
oportuna, participar en el trámite, ejercer defensa y contradicción, aportar y
controvertir pruebas, obtener decisiones de autoridad competente dentro de plazos
razonables e impugnarlas. Su finalidad es asegurar el funcionamiento ordenado y
válido de la administración, proteger la seguridad jurídica y la defensa de los
administrados y garantizar el adecuado ejercicio de la función pública conforme al
artículo 209 de la Constitución; por ello, se vulnera cuando la actuación o decisión
administrativa desconoce las formas propias del procedimiento, resulta arbitraria o
se aparta abiertamente de los mandatos constitucionales y legales, con afectación
de las garantías procesales y de los derechos sustanciales8.
56. Esa Corporación también ha precisado que el debido proceso administrativo
comprende: “(i) el acceso a procesos justos y adecuados; (ii) el principio de legalidad
y las formas administrativas previamente establecidas; (iii) los principios de
contradicción e imparcialidad; y (iv) los derechos fundamentales de los asociados”9.
En relación con la sujeción al derecho que supone el principio de legalidad10, la Sala
reconoce que las personas tienen derecho a que la actuación administrativa se
realice bajo las formas jurídicas previstas en la ley11.
57. Bajo esta perspectiva, corresponde a las autoridades asegurar que sus
actuaciones se encuentren plenamente fundadas en disposiciones legales vigentes,
de modo que se garantice a los ciudadanos un marco de actuación cierto, previsible
y respetuoso de sus derechos fundamentales. Ello, por cuanto este supuesto
preserva la confianza legítima en las instituciones, evita la arbitrariedad en el
ejercicio del poder público y asegura que el debido proceso opere como un
verdadero límite a la actuación estatal y un mecanismo efectivo de protección de los
derechos fundamentales.
58. Tratándose de tutelas contra actuaciones administrativas dirigidas a proteger el
debido proceso, primero deben cumplirse los requisitos generales de procedencia
del amparo. Superado ese examen, la actuación puede analizarse mediante
categorías adaptadas de la tutela contra providencias judiciales —como los defectos
orgánico, procedimental, fáctico y sustantivo, entre otros—, aunque con menor rigor,
pues los actos administrativos no tienen efectos de cosa juzgada12.
Caso concreto
7
Corte Constitucional. Sentencias T-105 de 2023, T-051 de 2016, C-980 de 2010 y T-796 de 2006.
8
Corte Constitucional. Sentencia T-105 de 2023.
9
Corte Constitucional. Sentencias SU-237 de 2019, T-295 de 2018 y SU-172 de 2015
10
Corte Constitucional. Sentencias C-145 de 2015 y C-983 de 2010.
11
Corte Constitucional. Sentencia T-105 de 2025.
12
Corte Constitucional, Sentencias T-596 de 2011, T-209 de 2015, T-076 de 2018, T-441 de 2022 y
T-299 de 2024
11
Radicación número: 05001-23-33-000-2026-01180-01
Accionante: Juan Camilo Mejía Monsalve
Accionado: Juzgado Promiscuo Municipal de Amalfi (Antioquia) y otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
59. En el caso concreto, el accionante solicitó su reintegro al cargo de citador, grado
3, del Juzgado Promiscuo Municipal de Amalfi y el pago de los salarios dejados de
percibir. El Tribunal Administrativo de Antioquia concedió el amparo de manera
transitoria, hasta que finalizara la vía administrativa, y ordenó al juzgado y a la
Dirección Seccional de Administración Judicial de Medellín – Antioquia adelantar las
gestiones necesarias para restablecerlo en el cargo, así como liquidar y pagar los
conceptos laborales y prestacionales causados desde el 2 de julio de 2026. La
Dirección Seccional impugnó esa decisión al considerar que la orden desconocía
sus competencias, pues la facultad nominadora corresponde exclusivamente al
Juzgado Promiscuo Municipal de Amalfi, y sostuvo además que el reconocimiento
y pago de los conceptos laborales requería que el despacho remitiera previamente
los actos administrativos de nombramiento que permitieran registrar la novedad en
el sistema.
60. Estudio formal de la acción de tutela: la Sala encuentra satisfechos los
requisitos de legitimación en la causa, relevancia constitucional e inmediatez. El
señor Juan Camilo Mejía Monsalve es el titular de los derechos fundamentales cuya
vulneración atribuye a la ejecución de la Resolución 018 de 2026.
61. A su vez, el asunto reviste relevancia constitucional porque no se reduce a una
discusión sobre la legalidad del acto administrativo. En realidad, el debate involucra
la posible afectación del debido proceso, el mínimo vital y la vida digna de una
persona que, según lo expuesto en la demanda, presenta afectaciones de salud y
depende exclusivamente de su salario para su subsistencia, circunstancias que
justifican la intervención del juez constitucional. También se satisface la inmediatez,
pues la resolución fue expedida y ejecutada el 2 de julio de 2026 y la acción de
tutela se presentó el 3 de agosto siguiente, esto es, dentro de un término razonable
frente a la actuación que se considera vulneradora.
62. De igual manera, se supera el requisito de subsidiariedad. Aunque el accionante
dispone del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para
controvertir la legalidad de la Resolución 018 de 2026, las pretensiones formuladas
en esta acción no están dirigidas a obtener un juicio sobre la validez del acto ni a
establecer su conformidad con el ordenamiento jurídico, sino a cuestionar su
ejecución antes de que adquiriera firmeza y a obtener la protección inmediata de las
garantías fundamentales afectadas por esa actuación13. Por ello, dicho medio de
control si bien resulta idóneo frente al objeto específico del amparo, carece de
eficacia. Esto se debe a que no ofrece una respuesta inmediata frente a los efectos
laborales y salariales producidos mientras permanece pendiente la definición de la
vía administrativa, con incidencia directa en el mínimo vital del accionante y
afectación psicosocial.
63. Estudio material de la acción de tutela: En el caso concreto, mediante la
Resolución 018 del 2 de julio de 2026, el juez Promiscuo Municipal de Amalfi
(Antioquia) declaró la vacancia del empleo de citador, grado 3, y dio por terminada
la vinculación del señor Juan Camilo Mejía Monsalve con la Rama Judicial. Ese
mismo día dispuso materialmente su retiro, la entrega de los elementos de trabajo
13
Corte Constitucional, Sentencia T-070 de 2026.
12
Radicación número: 05001-23-33-000-2026-01180-01
Accionante: Juan Camilo Mejía Monsalve
Accionado: Juzgado Promiscuo Municipal de Amalfi (Antioquia) y otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
y la comunicación de la novedad a la Unidad de Talento Humano de la Dirección
Seccional de Administración Judicial de Medellín – Antioquia, entidad que procedió
a retirarlo del sistema de nómina.
64. Contra esa decisión, el accionante interpuso recurso de reposición y, en
subsidio, de apelación. Mediante la Resolución 020 del 15 de julio de 2026, el
Juzgado Promiscuo Municipal de Amalfi decidió no reponer el acto y concedió el
recurso de apelación en efecto suspensivo, el cual aún no ha sido resuelto. Por
tanto, la actuación administrativa no había culminado y la decisión que dispuso la
vacancia continuaba sometida al trámite de los recursos previstos por el
ordenamiento.
65. En relación con este aspecto, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo -CPACA- establece que los recursos administrativos se
tramitan en el efecto suspensivo y regula expresamente el momento en que los
actos administrativos adquieren firmeza. En particular, el artículo 8714 dispone, entre
otros eventos, que cuando se interpongan recursos, el acto queda en firme desde
el día siguiente a la notificación, comunicación o publicación de la decisión que los
resuelva. A su vez, el artículo 89 establece que los actos administrativos en firme
son suficientes para que las autoridades puedan ejecutarlos de inmediato. De estas
disposiciones se desprende que la ejecutoriedad presupone, en este supuesto, que
haya culminado previamente la etapa de impugnación administrativa.
66. Bajo ese marco, la actuación cuestionada comportó un defecto sustantivo15,
pues las autoridades dieron efectos materiales a la Resolución 018 de 2026 sin
aplicar la regla expresa del artículo 87 del CPACA sobre firmeza de los actos
administrativos. La existencia de un recurso de apelación pendiente impedía
considerar definitivamente consolidada la decisión administrativa y, por
consiguiente, habilitada su ejecución en los términos del artículo 89 del mismo
código.
67. La actuación también presentó un defecto procedimental16, porque se apartó
de la secuencia legal establecida para que la decisión administrativa pudiera adquirir
14
Ley 1437 de 2011, “Artículo 87. Firmeza de los Actos Administrativos. Los actos administrativos
quedarán en firme: 1. Cuando contra ellos no proceda ningún recurso, desde el día siguiente al de
su notificación, comunicación o publicación según el caso. 2. Desde el día siguiente a la publicación,
comunicación o notificación de la decisión sobre los recursos interpuestos. 3. Desde el día siguiente
al del vencimiento del término para interponer los recursos, si estos no fueron interpuestos, o se
hubiere renunciado expresamente a ellos. 4. Desde el día siguiente al de la notificación de la
aceptación del desistimiento de los recursos. 5. Desde el día siguiente al de la protocolización a que
alude el artículo 85 para el silencio administrativo positivo”.”
15
Sobre el defecto sustantivo debe tenerse en cuenta que la jurisprudencia constitucional lo ha
definido como un error en la interpretación o aplicación de las normas jurídicas. Esta irregularidad
debe ser de trascendencia para la providencia, al punto que signifique que el fallo emitido lesiona la
efectividad de los derechos fundamentales del accionante. Al respecto, ver Corte Constitucional,
Sentencias SU-397 de 2019, T-261 de 2013 y T-717 de 2011.
16
La Corte identifica varios escenarios en los cuales se puede configurar un defecto procedimental.
En primer lugar, existe el defecto procedimental absoluto que ocurre cuando el funcionario judicial
actúa por fuera de los postulados procesales aplicables al caso y profiere una decisión arbitraria
lesiva de derechos fundamentales (ver Sentencia T-309 de 2013 y T-391 de 2014). En segundo
lugar, se puede presentar el exceso ritual manifiesto que ocurre cuando “un funcionario utiliza o
concibe los procedimientos como un obstáculo para la eficacia del derecho sustancial y por esta vía,
sus actuaciones devienen en una denegación de justicia” (Sentencia T-104 de 2014). En tercer lugar,
13
Radicación número: 05001-23-33-000-2026-01180-01
Accionante: Juan Camilo Mejía Monsalve
Accionado: Juzgado Promiscuo Municipal de Amalfi (Antioquia) y otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
firmeza y producir plenamente sus efectos. El procedimiento exigía tramitar y decidir
los recursos interpuestos y, solo después de cumplida esa etapa, determinar la
firmeza y proceder a la ejecución del acto. Al retirar al accionante del cargo y de la
nómina antes de culminar ese trámite, la administración anticipó los efectos de una
decisión que todavía se encontraba sometida al control propio de la vía
administrativa y desconoció las formas que integran el debido proceso
administrativo
68. En consecuencia, la Subsección comparte la conclusión del a quo en cuanto a
que la ejecución anticipada de la Resolución 018 de 2026 vulneró el derecho
fundamental al debido proceso del accionante. Esa afectación tuvo además
consecuencias materiales sobre su mínimo vital, pues el señor Mejía Monsalve fue
retirado del sistema de nómina y dejó de percibir el salario del cual, según lo
acreditado en el expediente, depende para sufragar sus gastos de subsistencia. La
lesión constitucional no deriva, entonces, del contenido o de la legalidad intrínseca
de la resolución —asunto que corresponde definir dentro de la vía administrativa y,
eventualmente, ante la jurisdicción competente—, sino de haberla ejecutado sin que
previamente hubiera adquirido firmeza.
69. Por lo anterior, se estima acertada la decisión del Tribunal Administrativo de
Antioquia de conceder el amparo dado que, como se explicó, el recurso de
apelación interpuesto contra el acto administrativo que soportó la desvinculación y
el retiro del accionante del sistema de nómina no ha sido resuelto, lo que implica
que dicho acto aún no ha adquirido firmeza. Por ello, la administración no podía
desplegar los efectos ejecutorios que sirvieron de fundamento al retiro y a la
exclusión de nómina del actor.
70. Por ello, considera la Subsección que la orden proferida es apropiada, por
cuanto, distinto a lo planteado en el recurso de impugnación presentado por la
Dirección Seccional de Administración Judicial de Medellín - Antioquia, no se
necesita la expedición de un nuevo acto administrativo por medio del cual se nombre
al accionante en el cargo para disponer el pago de los conceptos laborales, dado
que, en estricto sentido, la Resolución 018 del 2 de julio de 2026 no ha adquirido
firmeza y, en consecuencia, su desvinculación del cargo fue arbitraria y contraria a
las disposiciones legales que rigen el procedimiento de los recursos contra los actos
administrativos.
71. Frente al argumento según el cual la orden impartida desconoció el marco de
competencias de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Medellín –
está el desconocimiento del principio de congruencia o consonancia que se configura en aquellos
eventos en los que hay una falta de conexión entre la decisión y los hechos o las pretensiones de la
demanda o en los que las partes de la providencia son incoherentes entre sí (Sentencia SU-424 de
2012). En cuarto lugar, esta Corte estima que el defecto procedimental se configura en las ocasiones
en las que el funcionario judicial omite etapas o fases sustanciales del procedimiento establecido, lo
que apareja la infracción de los derechos de defensa y contradicción de una de las partes del proceso
(Sentencia T-086 de 2007). En quinto lugar, dicho defecto también ocurre cuando en el proceso
existe una demora injustificada que obstaculiza emitir una decisión que resuelva la causa de forma
definitiva (Sentencias SU-388 de 2021 y SU-418 de 2020). En sexto lugar, también se produce un
defecto procedimental cuando el juez desconoce “los derechos fundamentales al debido proceso, al
derecho de defensa y de contradicción, y por desconocimiento del principio de legalidad” (Sentencia
SU-388 de 2021 y SU-061 de 2018).
14
Radicación número: 05001-23-33-000-2026-01180-01
Accionante: Juan Camilo Mejía Monsalve
Accionado: Juzgado Promiscuo Municipal de Amalfi (Antioquia) y otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
Antioquia, la Sala considera que tal reproche no está llamado a prosperar. La
decisión de primera instancia no atribuyó a dicha entidad facultades nominadoras ni
le impuso expedir un nuevo acto de nombramiento respecto del señor Mejía
Monsalve. En realidad, lo ordenado consistió en restablecer los efectos
administrativos y salariales que habían sido suspendidos con fundamento en una
decisión que aún no podía desplegar plenamente sus efectos jurídicos, por
encontrarse pendiente la resolución del recurso de apelación. En consecuencia, no
se trataba de crear una nueva situación jurídica, sino de reconocer eficacia a la
situación administrativa preexistente mientras no existiera un acto en firme que
válidamente la modificara.
72. Tampoco resulta de recibo sostener que la Dirección Seccional carecía de toda
obligación de verificar la firmeza del acto reportado porque no ejerce control de
legalidad sobre las decisiones adoptadas por los nominadores. Una cosa es revisar
la validez material o jurídica del acto —competencia que, ciertamente, no
corresponde a dicha autoridad administrativa— y otra distinta constatar que el acto
que se pretende ejecutar cumple las condiciones mínimas para producir efectos,
entre ellas su firmeza cuando esta constituye presupuesto de ejecutoriedad. Esa
verificación no comporta un juicio de legalidad, sino una exigencia básica de
diligencia administrativa, consistente en abstenerse de materializar consecuencias
laborales y salariales derivadas de un acto que todavía se encontraba sometido al
trámite de los recursos y que, por tanto, no reunía las condiciones previstas en los
artículos 87 y 89 del CPACA para su ejecución.
73. Finalmente, la medida adoptada por el juez de primera instancia no puede
calificarse como desproporcionada. La vulneración del derecho fundamental al
debido proceso se produjo precisamente porque la Dirección Seccional ejecutó una
novedad de retiro sustentada en un acto que no había adquirido firmeza, con
consecuencias directas sobre la permanencia del actor en el cargo y el pago de su
salario. Entonces, la orden judicial se limitó a restablecer provisionalmente la
situación existente antes de esa ejecución anticipada y a impedir que una decisión
aún controvertida produjera efectos definitivos mientras se resolvía la vía
administrativa. Lejos de desbordar las competencias de las autoridades
involucradas, la medida constituye una consecuencia de la sujeción de la
administración al principio de legalidad y de las garantías propias del debido
proceso, que operan como límites al ejercicio de la función pública y exigen que los
actos administrativos solo sean ejecutados cuando el ordenamiento habilita
jurídicamente su eficacia.
74. De esta manera, el amparo ordenado se torna necesario para salvaguardar las
garantías constitucionales del accionante, por lo que se confirmará la sentencia del
13 de agosto de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que
tuteló los derechos fundamentales de la parte accionante.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
15
Radicación número: 05001-23-33-000-2026-01180-01
Accionante: Juan Camilo Mejía Monsalve
Accionado: Juzgado Promiscuo Municipal de Amalfi (Antioquia) y otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
III. R E S U E L V E
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 13 de agosto de 2026, proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, que amparó, de manera transitoria y hasta
tanto se resuelva la vía administrativa, el derecho fundamental al debido proceso
del señor Juan Camilo Mejía Monsalve, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.
TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
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