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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2026-01198-01

Fecha
24 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Omar Joaquin Barreto Suarez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2026-01198-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Confirmar la sentencia proferida el 25 de agosto de 2026 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Decisión en cuanto declaró improcedente el amparo solicitado. SEGUNDO: Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: Dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 10 «Artículo 234. Medidas cautelares de urgencia. Desde la presentación de la solicitud y sin previa notificación a la otra parte, el Juez o Magistrado Ponente podrá adoptar una medida cautelar, cuando cumplidos los requisitos para su adopción, se evidencie que, por su urgencia, no es posible agotar el trámite previsto en el artículo anterior. Esta decisión será susceptible de los recursos a que haya lugar. La medida así adoptada deberá comunicarse y cumplirse inmediatamente, previa la constitución de la caución señalada en el auto que la decrete». 8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Ricardo Londoño Martínez Demandado: Consejo Nacional Electoral Radicado: 05001-23-33-000-2026-01198-01

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 05001-23-33-000-2026-01198-01

Consejero ponente: Omar Joaquin Barreto Suarez

24 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Veinticuatro (24) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 05001-23-33-000-2026-01198-01
Demandante: RICARDO LONDOÑO MARTÍNEZ
Demandado: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

Temas: Tutela contra acto administrativo. Confirma la improcedencia
por no cumplir con el requisito de subsidiariedad.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la sala a resolver la impugnación presentada por la parte actora contra
la sentencia de 25 de agosto de 2026, por medio de la cual el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Decisión, declaró improcedente la
acción de tutela por no cumplir con el requisito de subsidiariedad y negó el
amparo del derecho de petición.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

El señor Ricardo Londoño Martínez promovió tutela1 contra el Consejo Nacional
Electoral -en adelante CNE- al considerar vulnerados sus derechos
fundamentales al debido proceso, de petición y a la participación política, con
ocasión de la resolución de 10 de junio de 2026 por medio de la cual la entidad
demandada certificó el no cumplimiento de los requisitos aplicables a la
revocatoria de mandato iniciada por el comité promotor “Recuperando a Puerto
Nare”.

1.2. Pretensiones

En consecuencia, el accionante elevó las siguientes pretensiones:

1. PROTEGER de manera inmediata mis derechos fundamentales al DEBIDO
PROCESO ADMINISTRATIVO (Art. 29 C.P.), DERECHO DE PETICIÓN EN SU
DIMENSIÓN DE RESPUESTA MOTIVADA Y DE FONDO (Art. 23 C.P.) y el
DERECHO A LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA (Art. 40 Num. 4 C.P.).

1 El 11 de agosto de 2026.

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Demandante: Ricardo Londoño Martínez
Demandado: Consejo Nacional Electoral
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2. DEJAR SIN EFECTO la certificación expedida el 10 de junio de 2026 por la Sala
Plena del Consejo Nacional Electoral en el expediente RM-2025-09-001-01-168,
en la cual se declaró el no cumplimiento de los requisitos aplicables por una
supuesta extemporaneidad en la entrega de los estados contables.

3. ORDENAR a la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral que, dentro del
término perentorio de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del
fallo, expida una nueva certificación en la que declare el CUMPLIMIENTO PLENO
de las exigencias constitucionales, legales y contables por parte del Comité
Promotor "Recuperando a Puerto Nare", reconociendo la oportunidad y validez
legal de la entrega de los estados contables radicados el 27 de abril de 2026 vía
correo electrónico y formalizados en el Acta No. 011 del 29 de abril de 2026, al
haberse realizado dentro del marco disyuntivo del artículo 11 de la Ley Estatutaria
1757 de 2015 y habiéndose acreditado el cumplimiento de los topes de
financiación de gastos.2

1.3. Hechos

La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes supuestos fácticos que,
a juicio de la sala, son relevantes para la decisión que se adoptará:

Mediante Resolución 05 del 9 de octubre de 2025, la Registraduría Nacional del
Estado Civil reconoció la inscripción de la iniciativa de revocatoria del mandato
del alcalde del municipio de Puerto Nare, denominada "Recuperando a Puerto
Nare" y le asignó al accionante la vocería del comité. En el formulario oficial para
recolección de apoyos, la organización electoral fijó como fecha límite de
recolección de firmas el 28 de abril de 2026.

El tutelante señaló que el artículo 11 de la Ley 1757 de 2015 exige que el vocero
del comité promotor entregue los estados contables de la iniciativa dentro de los
15 días siguientes a la entrega de los formularios o al vencimiento del plazo de
recolección de firmas. Así, el 27 de abril de 2026 a las 11:01 a.m., esto es, un día
antes del vencimiento del plazo dispuesto por la norma, el señor Londoño
Martínez remitió por correo electrónico la totalidad de los estados contables y
soportes de la recolección de apoyos a la Registraduría Municipal de Puerto Nare
y a las dependencias competentes del CNE.

Mencionó que el registrador Municipal de Puerto Nare intentó rechazar
verbalmente los documentos ese mismo día. Sin embargo, debido a la
presentación de una petición radicada el 28 de abril de 2026, esa entidad emitió
el Acta 011 del 29 de abril de 2026 y remitió el expediente al CNE.

El 10 de junio de 2026, la Sala Plena del CNE certificó el cumplimiento de los
topes de financiación y gastos de la iniciativa, sin embargo, declaró el no
cumplimiento del mecanismo, alegando extemporaneidad en la entrega de los
estados contables — contando los 15 días “erróneamente” desde entregas
parciales de formularios realizadas en diciembre de 2025 y no desde el 28 de abril
de 2026, fecha en la que efectivamente se realizó la entrega.

Adujo que el CNE omitió notificar formalmente la anterior decisión en los términos
de ley y solo la dio a conocer como anexo a la respuesta de una petición el 3 de
agosto de 2026.

2 Trascripción literal del original con posibles errores.

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1.4. Sustento de la petición

A juicio de la parte actora el CNE al proferir el acto administrativo controvertido
incurrió en falsa motivación y en un “defecto sustantivo violatorio del debido
proceso” al inaplicar la conjunción disyuntiva "o" contenida en el artículo 11 de la
Ley Estatutaria 1757 de 20153.

Explicó que la norma otorga dos alternativas temporales válidas para entregar
cuentas: i) 15 días tras la entrega de los formularios, o ii) 15 días tras el
vencimiento del plazo máximo de recolección de firmas, que para su caso
correspondía al 28 de abril de 2026.

En ese sentido, argumentó que, al haberse presentado los estados contables el
27 de abril de 2026, vía correo electrónico y formalizado el acta el 29 del mismo
mes y año, la actuación se realizó estrictamente dentro de la oportunidad legal.

1.5. Actuaciones procesales en primera instancia

Mediante auto de 11 de agosto de 2026 el magistrado ponente admitió la acción
constitucional, ordenó notificar esta decisión a la parte accionada y vinculó a la
Registraduría Nacional del Estado Civil y a la Registraduría Municipal de Puerto
Nare, Antioquia como terceros interesados en el resultado del proceso. Asimismo,
negó la solicitud de medida cautelar pedida por el accionante en el escrito de
tutela.

Realizadas las respectivas comunicaciones se presentó la siguiente intervención:

1.5.1. Consejo Nacional Electoral

Esta entidad invocó el carácter excepcional y residual de la tutela contra actos
administrativos y señaló que el accionante no demostró que los medios de control
ordinarios sean inidóneos o ineficaces, ni acreditó un perjuicio irremediable que
justifique la intervención del juez constitucional.

Por otra parte, sostuvo que de la interpretación del artículo 11 de la Ley 1757 de
2015 se advierte que la conjunción "o" contempla dos escenarios alternativos,
según cuál ocurra primero: (i) la terminación anticipada por entrega efectiva de
formularios, o (ii) agotamiento del plazo máximo cuando no hubo entrega anterior,
y no una facultad del promotor de elegir el evento más tardío.

En ese sentido, adujo que la entrega de formularios se dio el 3 y el 16 de diciembre
de 2025 (Acta 028 de esa fecha), por lo tanto, el término de 15 días debía contarse

3 Artículo 11. Entrega de los formularios y estados contables a la Registraduría. Al vencer el plazo

para la recolección de apoyos, el promotor presentará los formularios debidamente diligenciados,
al Registrador del Estado Civil correspondiente. Vencido el plazo sin que se haya logrado
completar el número de apoyos requeridos, la propuesta será archivada. Quince días después de
la entrega de los formularios de los que trata este Artículo, o del vencimiento del plazo para la
recolección de firmas, o su prórroga si la hubiere, el promotor o comité promotor deberá entregar
los estados contables de la campaña de recolección de apoyos de cualquier propuesta sobre
mecanismo de participación ciudadana. En los estados contables figurarán los aportes, en dinero
o en especie, que cada persona natural o jurídica realice durante la campaña respectiva.

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desde ese día y no desde abril de 2026 como lo pretende el tutelante. Así, destacó
que el escrito de tutela no menciona la fecha real de entrega de apoyos, (suscrita
por Eliana Sofía Amaya Giraldo, integrante del comité), lo cual desvirtúa la
premisa fáctica de la demanda y confirma que los estados contables de abril de
2026 fueron entregados de manera extemporánea.

Finalmente, mencionó que no se vulneró el derecho de petición del accionante en
tanto la petición del 6 de julio de 2026 fue respondida de fondo el 3 de agosto de
2026.

1.6. Sentencia de primera instancia

La Sala Sexta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante
providencia de 25 de agosto de 2026, declaró improcedente la solicitud de amparo
por no cumplir con el requisito de subsidiariedad y negó el amparo del derecho de
petición.

Al respecto manifestó que la certificación expedida por el CNE es un acto
administrativo particular y definitivo, plenamente controlable ante la Jurisdicción
de lo Contencioso Administrativo, que cuenta además con un régimen cautelar
robusto, incluida la medida de urgencia del artículo 234 (aplicable desde la sola
presentación de la demanda, sin trámite previo). Asimismo, argumentó que el
accionante no explicó por qué ese medio ordinario sería inidóneo o ineficaz, ni
acreditó un perjuicio irremediable que justificara desplazar al juez natural.

Por otra parte, indicó que la controversia de fondo (si la conjunción "o" del artículo
11 de la Ley 1757 de 2015 permite tomar como referencia el vencimiento del plazo
máximo de recolección de firmas o si la entrega efectiva de formularios en
diciembre de 2025 desplazó ese punto de partida) es un problema estrictamente
hermenéutico entre dos lecturas plausibles de la norma. Por esa razón se abstuvo
de resolver cuál interpretación es correcta y señaló que tal competencia le
corresponde al juez administrativo.

Adujo que la certificación demandada identificó los documentos en que se apoyó,
precisó la fecha de presentación y aplicó una disposición legal con una motivación
que en modo alguno resulta caprichosa.

Respecto de las peticiones: i) del 28 de abril de 2026 presentada ante la
Registraduría Municipal de Puerto Nare, indicó que fue respondida
oportunamente con el Acta 011 del 29 de abril de 2026; y, ii) del 6 de julio de 2026,
presentada ante el CNE refirió que aunque se respondió el 29 de julio de esta
anualidad y se comunicó el 3 de agosto de 2026, lo que constituyó una
vulneración del derecho de petición, dicha vulneración cesó antes de la
presentación de la tutela (11 de agosto de 2026), por lo que ya no subsistía objeto
de protección al momento de activarse la jurisdicción constitucional.

1.7. Impugnación

La parte accionante recurrió el fallo de primera instancia en escrito en el que
reiteró los argumentos expuestos en la tutela y agregó que el tribunal exigió
indebidamente acudir al medio de control de nulidad y restablecimiento del

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derecho, en razón a que la jurisprudencia ha señalado4 que este análisis debe
hacerse en concreto. En este caso, como el mandato del alcalde de Puerto Nare
vence el 31 de diciembre de 2027 y la revocatoria no puede votarse en el último
año de gestión, el plazo legal definitivo vence el 31 de diciembre de 2026. Por ese
motivo, un proceso contencioso ordinario tardaría más que esos meses restantes,
por lo que la vía ordinaria es ineficaz y se configura un perjuicio irremediable,
cumpliéndose los criterios de inminencia, urgencia e impostergabilidad que exige
la tutela como mecanismo transitorio o definitivo.

Finalmente, mencionó que se sigue vulnerando el derecho de petición y al debido
proceso en la notificación puesto que la certificación del CNE del 10 de junio de
2026 fue ocultada y solo se dio a conocer el 3 de agosto de 2026, como anexo
tardío a la respuesta de una petición, lo cual no constituye una contestación
efectiva y vulnera los artículos 23 y 29 de la Constitución.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta sección es competente para conocer de la impugnación presentada por la
parte demandante contra la providencia dictada por el Tribunal Administrativo de
Antioquia el 25 de agosto de 2026, según lo previsto en los Decretos 2591 de
1991 y 1069 de 2015, este último modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de
2021, así como en el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a esta sección determinar si procede el amparo de los derechos
fundamentales al debido proceso, de petición y a la participación política del señor
Ricardo Londoño Martínez dado que el Consejo Nacional Electoral expidió la
resolución de 10 de junio de 2026 por medio de la cual la entidad demandada
certificó el no cumplimiento de los requisitos aplicables a la revocatoria de
mandato iniciada por el comité promotor “Recuperando a Puerto Nare”.

Para resolver este problema, se estudiarán los siguientes aspectos: (i) naturaleza
de la acción de tutela; (ii) el carácter subsidiario de la acción de tutela e
improcedencia cuando existan otras vías judiciales disponibles y eficaces, y (iii)
el caso concreto.

2.4. Naturaleza de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela es un
mecanismo preferente e informal que le permite a cualquier persona reclamar la
protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando resulten vulnerados
por acciones u omisiones de autoridades o, excepcionalmente, de particulares.

Esta acción procede cuando el interesado no tiene más medios de defensa judicial
ordinarios. Si la persona cuenta con tales mecanismos, pero estos no son idóneos
para la defensa de los derechos que reclama, la tutela es procedente para evitar

4 Sentencia T-457 de 2021.

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la consumación de un perjuicio irremediable. En este último caso, su ejercicio se
habilita de forma transitoria, lo que limita sus efectos futuros a la activación de los
instrumentos judiciales pertinentes por parte del peticionario.

Por tanto, la tutela requiere que se cumplan determinados presupuestos
procesales como son la subsidiariedad, la inmediatez y, si es del caso, la
inminencia de un perjuicio irremediable. Sin estos requisitos, el juez constitucional
no puede decidir sobre la controversia propuesta. Esto busca evitar que esta
acción constitucional se use inadecuadamente, pues ello podría desnaturalizar su
valor especial dentro del ordenamiento jurídico y, en este sentido, atentar contra
el fin superior que le dio el constituyente.

2.5. Del carácter subsidiario de la acción de tutela e improcedencia cuando
existen otras vías judiciales disponibles y eficaces

El inciso 3.º del artículo 86 de la Carta Política contempla el requisito de
subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y
determina que «[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable», precepto reglamentado por el
numeral 1º del artículo 6º del Decreto Ley 2591 de 1991.5

La jurisprudencia estableció que, en razón del principio de subsidiariedad, los
conflictos relacionados con los derechos fundamentales deben ser resueltos, en
principio, por las vías ordinarias jurisdiccionales y administrativas, de manera que
únicamente ante la inexistencia de dichas alternativas o cuando estas no resultan
idóneas para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, resulta admisible
recurrir a esta acción constitucional.

De modo que el carácter subsidiario de la tutela impone al interesado la obligación
de acudir a los medios ordinarios de defensa ofrecidos dentro del ordenamiento
jurídico para la protección de sus derechos fundamentales, de los cuales debe
hacer uso con diligencia, pues la falta injustificada de agotamiento de los recursos
legales deviene en la improcedencia de este mecanismo6.

El carácter residual o supletorio obedece a la necesidad de preservar las
competencias atribuidas a las diferentes autoridades judiciales en desarrollo de la
independencia y autonomía de la actividad judicial, en los que igualmente se
deben salvaguardar derechos de rango convencional y constitucional, sin que
esta acción pueda convertirse en un mecanismo alternativo, paralelo o
complementario de los procedimientos judiciales «diluyéndose esta exigencia
únicamente cuando el juez constitucional encuentre que se configura un perjuicio
irremediable que exige para el restablecimiento de los derechos involucrados la
adopción de medidas inmediatas, imponiéndose en este evento la tutela como

5 «ARTICULO 6º. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La acción de tutela no

procederá: 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos
medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que
se encuentra el solicitante».
6Al respecto ver, entre otras, las sentencias de 21 de enero de 2021, M.P. Carlos Enrique Moreno

Rubio, rad. 11001-03-15-000-2020-04371-01, 26 de agosto de 2021, M.P. Rocío Araújo Oñate,
rad. 11001-03-15-000-2021-04912-00 y 9 de septiembre de 2021, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra,
rad. 11001-03-15-000-2021-04731-00.

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mecanismo transitorio mientras la autoridad judicial competente decide de fondo
la acción correspondiente»7.

2.6. Caso concreto

Ahora bien, a juicio del señor Ricardo Londoño Martínez, sus derechos
fundamentales al debido proceso, de petición y a la participación política fueron
transgredidos por el CNE al expedir la resolución de 10 de junio de 2026 por medio
de la cual esa entidad certificó el no cumplimiento de los requisitos aplicables a la
revocatoria de mandato iniciada por el comité promotor “Recuperando a Puerto
Nare”.

Pues bien, el inciso 3 del artículo 86 de la Constitución consagra el requisito de
subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y
determina que «[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de
otro medio de defensa judicial”, precepto reglamentado por el numeral 1 del
artículo 6 del Decreto 2591 de 1991.

Del texto de la norma referida se evidencia que, existiendo otros mecanismos de
defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la protección de los
derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos
y no a la tutela. Por lo tanto, por regla general, la acción de tutela no procede para
controvertir la validez ni la legalidad de los actos administrativos.

Lo anterior, en razón a que la naturaleza residual y subsidiaria de este mecanismo
constitucional impone al ciudadano la carga de acudir previamente, a través de
los respectivos medios de control a la jurisdicción de lo contencioso
administrativo. En ese orden, tratándose de actos administrativos, en virtud de lo
dispuesto por los artículos 137 y 138 del CPACA, proceden los medios de control
de nulidad simple y nulidad y restablecimiento del derecho, respectivamente.

Como consecuencia de lo dicho, esta sala de decisión pone de presente que los
reproches expuestos por el señor Londoño Martínez en sede de tutela, están
dirigidos a cuestionar un acto administrativo de naturaleza particular y concreta 8,
el cual es susceptible de ser demandado ante la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, de conformidad con el artículo 138 del CPACA9.

Ahora bien, frente al argumento del accionante referente a que este medio de
control tardaría mucho tiempo en ser decidido, la sala advierte que este
mecanismo cuenta con la posibilidad de proponer medidas cautelares en

7 Ver, Corte Constitucional, sentencia T-336 de 2009, T-130 del 2010, T-318 del 2017.
8 Resolución del 10 de junio de 2026.
9 «Artículo 138. Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en

un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica podrá pedir que se declare la nulidad del
acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá
solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en
el inciso segundo del artículo anterior. Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto
administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al
particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre
y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a
su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el
término anterior se contará a partir de la notificación de aquel».

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cualquier tiempo que, de considerarse urgentes por el juez administrativo, se
adoptarán desde la presentación de la solicitud y sin necesidad de notificar a la
otra parte, de conformidad con el artículo 234 de la Ley 1437 de 2011 10. Aunado
a lo anterior, la sala tampoco evidencia la configuración de un perjuicio
irremediable que torne procedente este mecanismo constitucional.

Por otra parte, se advierte que el a quo efectuó un análisis frente a la vulneración
del derecho de petición del accionante. Sin embargo, pese a que el señor
Londoño Martínez invocó esta garantía como vulnerada la sala advierte que esta
invocación no estuvo acompañada de cargo o fundamento concreto de
vulneración.

En efecto, de la lectura integral del líbelo se observa que las referencias a las
peticiones radicadas por el actor (de 28 de abril de 2026 ante la Registraduría
Municipal de Puerto Nare como del 6 de julio de la misma anualidad ante el CNE)
se circunscriben a la narración fáctica y al soporte probatorio surtido en sede
administrativa, sin que el accionante hubiese expuesto en qué habría consistido
la afectación al núcleo esencial de esta garantía constitucional ni desarrollado
argumento alguno sobre falta de respuesta, ausencia de motivación o
extemporaneidad de las contestaciones. Por el contrario, del propio relato de los
hechos da cuenta de que las peticiones formuladas fueron atendidas por las
autoridades correspondientes.

Así las cosas, la sala confirmará el fallo de 25 de agosto de 2026 por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Decisión, en cuanto declaró
improcedente el amparo solicitado.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA

PRIMERO: Confirmar la sentencia proferida el 25 de agosto de 2026 por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Decisión en cuanto declaró
improcedente el amparo solicitado.

SEGUNDO: Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

TERCERO: Dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

10 «Artículo 234. Medidas cautelares de urgencia. Desde la presentación de la solicitud y sin previa
notificación a la otra parte, el Juez o Magistrado Ponente podrá adoptar una medida cautelar,
cuando cumplidos los requisitos para su adopción, se evidencie que, por su urgencia, no es posible
agotar el trámite previsto en el artículo anterior. Esta decisión será susceptible de los recursos a
que haya lugar. La medida así adoptada deberá comunicarse y cumplirse inmediatamente, previa
la constitución de la caución señalada en el auto que la decrete».

8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandado: Consejo Nacional Electoral
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»

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