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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-33-31-003-2009-00157-01

Acción popular: para la protección de los derechos e intereses

Fecha
14 de agosto de 2018
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-33-31-003-2009-00157-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: SE UNIFICA LA POSICIÓN DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO en el siguiente sentido: 80 Sala Plena dentro del proceso número 17001-33-31-001-2009-01566-01. No es procedente que las autoridades administrativas entreguen bienes de uso público utilizando para ello la fórmula contractual del arrendamiento, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: REVOCAR la sentencia del 18 de enero de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, de conformidad con la parte motiva de esta providencia. TERCERO: MODIFICAR la sentencia del 6 de septiembre de 2010 expedida por el Juzgado Tercero Administrativo, y en consecuencia la Sala dispone: 3.1. DECLARAR no probadas las excepciones propuestas por los demandados. 3.2. DECLARAR que el Municipio de Támesis y el señor Mario de Jesús Moncada Escobar incurren en violación de los derechos e intereses colectivos de goce del espacio público y defensa de los bienes de uso. 3.3. DECLARAR la nulidad del contrato de arrendamiento suscrito por la Administración Municipal de Támesis y el señor Mario de Jesús Escobar Moncada. 3.4. ORDENAR al Alcalde del Municipio de Támesis ejecutar los actos que sean necesarios para que se haga efectiva la restitución del área del Parque Caldas que está ocupada por el arrendatario. 3.5. ORDENAR al señor Mario de Jesús Escobar Moncada restituir al Municipio el área ocupada, y devolver los elementos y bienes propios que posee el Parque para su funcionamiento; para adelantar la restitución se comisiona al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Medellín, en orden a garantizar que se cumpla lo aquí dispuesto. 3.6. ORDENAR al Alcalde del Municipio de Támesis, ejercer a nombre de la Entidad, los derechos de administración y de policía del lugar como espacio público y destinarlo al servicio de todos; garantizar y proteger su uso y goce común, en forma permanente, lo mismo que la conservación del lugar. 3.7. ORDENAR la conformación de un Comité de Verificación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley 472 de 1998, el cual estará integrado por los demandantes, el Alcalde del Municipio de Támesis, el […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 05001-33-31-003-2009-00157-01

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

14 de agosto de 2018

ACCIÓN POPULAR – Para la protección de los derechos e intereses
colectivos relacionados con el goce del espacio público, defensa de los
bienes de uso público, defensa del patrimonio público y libertad de
locomoción / TRATAMIENTO DE BIENES DE USO PÚBLICO – Competencia
de autoridades municipales

[E]l diseño del espacio público y la determinación de su uso corresponden a las
autoridades municipales. No en vano el artículo 7º del Decreto 1504 de 1998 lo
cataloga como “el elemento articulador y estructurante fundamental del espacio en
la ciudad, así como el regulador de las condiciones ambientales de la misma, y por
lo tanto se constituye en uno de los principales elementos estructurales de los
Planes de Ordenamiento Territorial”. Es claro entonces que las principales
determinaciones en relación con este bien colectivo incumben a los concejos
municipales en ejercicio de su competencia relacionada con la ordenación del
territorio local. Sin embargo, debe traerse a colación lo dispuesto en el Decreto
1504 de 1998 respecto a la posibilidad de entregar a particulares la gestión de
este bien, pues allí se habilita a dichos entes territoriales para autorizar la
administración, mantenimiento y el aprovechamiento económico del espacio
público cuando así lo solicitan los particulares y las autoridades lo estimen
oportuno, siempre que ello no incida sobre la destinación al uso común que es
propia de esta clase de bienes, no se generen derechos reales y aseguren la
prevalencia del interés general sobre el particular. (…) En suma, de lo que se trata
es de posibilitar una gestión eficiente de este recurso por parte de los entes
municipales, sin perjuicio del imperativo constitucional y legal de asegurar tanto la
afectación al fin público propio de esta clase de bienes, como su inalienabilidad,
inembargabilidad e imprescriptibilidad, todo lo cual se debe traducir en un
clausulado contractual que al tiempo que garantice y desarrolle la prevalencia del
interés general, respete los límites que se derivan del régimen jurídico delineado
para estos bienes por el artículo 63 de la Constitución.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 63 / DECRETO
1504 DE 1998 – ARTÍCULO 7

NOTA DE RELATORÍA: En este pronunciamiento se traen a colación distintas
providencias relacionadas con la manera de formalizar el aprovechamiento de
bienes de uso público por parte de particulares.

ARRENDAMIENTO DE BIENES DE USO PÚBLICO – Improcedencia

Teniendo entonces en cuenta los derechos y acciones que surgen para el
arrendatario, derivadas del contrato de arrendamiento y la protección que ellas
ofrecen al uso y goce exclusivo, y siguiendo, la abundante jurisprudencia que
sobre la materia ha trazado la Sección Tercera de esta Corporación, bien puede
concluirse que no es procedente entregar en arrendamiento bienes de uso público.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO CIVIL – ARTÍCULO 674 / CÓDIGO CIVIL –
ARTÍCULO 1981

BIENES DE USO PÚBLICO – No pueden ser entregados para su
aprovechamiento en arrendamiento / IMPROCEDENCIA DE CELEBRACIÓN
DE ARRENDAMIENTO SOBRE BIEN DE USO PÚBLICO – Unificación de
jurisprudencia / DERECHO CONFERIDO A PARTICULAR PARA USO O
EXPLOTACIÓN DE BIEN DE USO PÚBLICO – Precario o relativo

[L]a Sala unifica su criterio, en el sentido de afirmar que el contrato de

arrendamiento no puede ser utilizado para entregar bienes de uso público para su
aprovechamiento, quedando abierta la posibilidad a que se utilicen otras fórmulas
contractuales o unilaterales, como el contrato de concesión, o la expedición de
licencias o permisos para ese efecto. No debe olvidarse aquí que, con
independencia del instrumento jurídico que se utilice para la gestión del bien (acto
administrativo unilateral, acto administrativo concertado o contrato a excepción del
contrato de arrendamiento), por expresa disposición constitucional, siempre que el
objeto del negocio jurídico tenga la calidad de bien de uso público sus reglas de
uso, disfrute y disposición deberán consultar forzosamente el régimen que se
desprende del artículo 63 de la Carta y del principio de prevalencia del interés
general (artículos 1 y 58 Superiores). Por ende deberá asumirse que además de
bienes inalienables, inembargables e imprescriptibles, se trata de bienes afectados
a una destinación de interés general, que constituye su finalidad esencial y que no
es otra que servir para el uso y disfrute de la colectividad. (…) [L]os bienes de uso
público tienen un doble ángulo: Por un lado confieren a la colectividad el derecho
de usarlos y disfrutarlos, pero con limitaciones; es decir, como cualquier otro
derecho, la facultad de aprovecharse de estos bienes no es del todo absoluta, y
por ende la Administración tiene la potestad de restringirlo proporcionadamente
por razones de utilidad pública o interés social, tal y como ocurre por ejemplo
cuando se implementan horarios de acceso a determinados bienes motivados en
la seguridad ciudadana o de intereses de mayor envergadura. (…) [L]os derechos
que se confieren a los particulares concesionarios o beneficiarios de una licencia
para el uso y explotación de bienes de uso público son de aquellos que tanto la
jurisprudencia como la doctrina ha denominado “precarios” o “relativos”, es decir,
respecto de ellos no se puede predicar la existencia de una situación jurídica
concreta o reclamar la existencia de un derecho adquirido, pues se trata de
derechos provisionales o transitorios, en la medida que pueden modificarse o
extinguirse cuando cambia la regulación en que se fundamentan o cuando se
presentan circunstancias de hecho que hacen que, fundándose en el interés
general, sean revocados o modificados.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 1 /
CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 58 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA –
ARTÍCUO 63

ADMINISTRACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO POR PARTICULARES –
Presupuestos a garantizar

[S]e observa que el derecho colectivo relacionado con el goce del espacio público
no otorga poder de disposición de manera absoluta de parte de la comunidad
sobre los bienes de los que se predica la existencia de ese derecho colectivo, y
que el particular facultado para su usufructo tiene también un derecho precario o
relativo sobre tal bien. En tal contexto, no resultaría conveniente, ni jurídica ni
fácticamente, restringir la posibilidad de que los particulares administren los bienes
públicos en una forma contractual o unilateral, cuando en realidad debe partirse de
la propia naturaleza de esos bienes y de las ya anotadas características que
devienen de su régimen constitucional y legal. La exigencia es la proyección de
tales condiciones directamente sobre el contenido del acto o contrato y que las
condiciones allí consagradas se encuentren acordes con los principios básicos de
la gestión de este recurso de las comunidades, los cuales se verían protegidos
siempre que se garanticen los siguientes presupuestos: a Que exista un vínculo
jurídico formal, sea mediante acto administrativo o contrato. Si se trata de la
celebración de un negocio jurídico, éste no puede ser el de arrendamiento. b Que
se otorgue un uso temporal del bien. c. Que el objeto sea compatible con la
naturaleza del espacio público, es decir, que no se cause afectación de los

derechos colectivos. d. Que se asegure por parte de la Administración un
seguimiento oportuno y adecuado a la ejecución del contrato con el fin de
garantizar el uso de parte de la comunidad.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 1 /
CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 58 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA –
ARTÍCUO 63

ARRENDAMIENTO DE BIEN DE USO PÚBLICO – Nulidad del contrato /
PRONUNCIAMIENTO SOBRE NULIDAD DE UN CONTRATO – Siempre que se
vulnere un derecho colectivo

[L]a celebración de un contrato de arrendamiento sobre un bien de uso público con
un particular no sólo vulnera el derecho colectivo relacionado con el goce del
espacio público en la manera en que se anotó previamente, sino que además
conduciría a la declaratoria de nulidad de ese negocio por objeto ilícito (…) Vistas
así las cosas, es menester también pronunciarse en torno a la viabilidad de
declarar la nulidad de contratos estatales, siempre que se encuentre vulnerado un
derecho colectivo, en escenarios propuestos bajo la arista de una acción popular y
al amparo de la remisión que se hace al Código Contencioso Administrativo, en
cuanto fuere esta Jurisdicción la competente para conocer de la controversia

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 63 / CÓDIGO
CIVIL – ARTÍCULO 1519 / CÓDIGO CIVIL – ARTÍCULO 1521 / DECRETO LEY
222 DE 1983 / LEY 9 DE 1989 – ARTÍCULO 5

CONSEJO DE ESTADO

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Consejero ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá D.C., catorce (14) de agosto de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 05001-33-31-003-2009-00157-01(AP)REV-SU

Actor: FREDY MORALES SUAZA Y OTROS

Demandado: MUNICIPIO DE TÁMESIS (ANTIOQUIA)

ACCIÓN POPULAR - REVISIÓN

En virtud de lo dispuesto en el artículo 36A de la Ley 270 de 1996, adicionado por
el artículo 11 de la Ley 1285 de 2009, procede la Sala a resolver la solicitud de
eventual revisión presentada por la parte demandante respecto de la sentencia del
18 de enero de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia.

I. ANTECEDENTES

1.1. La Demanda

El 24 de junio de 2009, los ciudadanos Fredy Morales Suaza, Manuel Antonio
Velásquez León, Miguel José Quintero Ariza, Edgar Sady Sierra Pérez y Cesar
Augusto Palacio P., promovieron demanda en ejercicio de la acción popular contra
el Municipio de Támesis, en orden a obtener la protección de los derechos e
intereses colectivos relacionados con el goce del espacio público y defensa de los
bienes de uso público, la defensa del patrimonio público y la libertad de
locomoción, con el fin de que se adoptaran las siguientes disposiciones:

“1. Que la autoridad administrativa competente ejerza su función de control
frente al cerramiento en el parque principal de la población.

2. Que se protejan los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, de
conformidad con lo establecido en la Constitución, la ley y las disposiciones
jurídicas dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes.

3. Que se ordene la restitución y recuperación de las áreas destinadas al uso
común y se restablezcan de tal manera que la comunidad desarrolle su
derecho de locomoción, disponiendo que el establecimiento comercial “Parque
Caldas”, no puede seguir funcionando con el cerramiento perimetral.

4. Que el libre tránsito y locomoción de las personas se pueda realizar sin
barreras ni interferencias ni obstáculos en la zona de funcionamiento del
establecimiento “Parque Caldas” (diferentes a aquellos necesarios para la
conservación, protección y preservación de las zonas verdes, del paisaje y
elementos naturales del entorno constitutivos del amoblamiento del parque
principal), de tal forma que sea ésta, su mobiliario y elementos de
ambientación, accesibles en todo tiempo y a todos los miembros de la
colectividad en iguales condiciones, en aplicación del principio de primacía del
interés general y acatamiento de la supremacía de las normas constitucionales
y legales.

5. Que se condene en costas a la parte demandada y se acate
inmediatamente por ésta la orden que su despacho imparta” (folio 4 de este
expediente).

Las anteriores pretensiones se fundan, en síntesis, en el hecho de que la
Administración Municipal de Támesis (Antioquia) suscribió un contrato de
arrendamiento del Parque Caldas1 con el señor Jesús Escobar Moncada, cuyo
objeto es el funcionamiento en su interior de un establecimiento de comercio
llamado “Kiosco Las Palmas”, ocupando para ello las áreas del parque, lo cual ha

1
En el expediente se encuentran las fotos del parque, en donde se puede observar que, en su
perímetro, se encuentra una malla que impide el acceso directo, con cuatro (4) puertas, que
corresponden a su cerramiento.

derivado en la utilización de ese bien de uso público con mesas y sillas y en el
cerramiento con candados en las puertas del parque, a discreción del arrendatario.

Dice así el citado contrato:

“Entre los suscritos a saber ALONSO PATIÑO PATIÑO, con cédula de
ciudadanía número 70.850.526 de Támesis, en su calidad de ALCALDE
MUNICIPAL DE TÁMESIS ANTIOQUIA, y en representación del mismo
conforme al artículo 303 de la Constitución Nacional (Sic), la Ley 136 de 1994
debidamente autorizado por el Honorable Concejo Municipal, mediante
Acuerdo número 016 de noviembre de 2005, por una parte que en adelante
se llamará EL ARRENDADOR, y el señor MARIO DE JESÚS ESCOBAR
MONCADA, con cédula de ciudadanía número 70.850.610 de Támesis y
quien actuará en nombre propio y se denominará EL ARRENDATARIO,
hemos acordado celebrar el presente contrato de arrendamiento que se regirá
por las cláusulas PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: EL ARRENDADOR
da en arrendamiento al ARRENDATARIO concediéndole el uso y goce del
siguiente bien: Un kiosco construido en material de adobe y cemento y
cerramiento de hierro que consta de dos plantas ocupado en el parque Caldas
del Municipio de Támesis, ocupando además un área del mismo parque y que
está demarcada por un muro de adobe y cemento con rejas de hierro que
linda entre las carreras Sucre y Bolívar y Calles Córdoba y Orozco.
PARÁGRAFO PRIMERO. El arrendatario sólo podrá hacer uso del inmueble
objeto de este contrato única y exclusivamente para prestar los servicios de
atención al público para venta de helados, bebidas y comestibles.
PARÁGRAFO SEGUNDO. EL ARRENDATARIO se obliga a prestar mayor
cuidado en la conservación de los bienes objeto de este contrato siendo
responsable de cualquier deterioro excepto los que provengan de la
naturaleza o uso legítimo de los bienes (art. 2203 CC). CLÁUSULA
SEGUNDA – VALOR DEL ARRENDAMIENTO: Las partes han convenido
como valor del presente contrato de arrendamiento la suma de $ 1.050.000.00
un millón cincuenta mil pesos mensuales, suma que será pagada por
mensualidades vencidas dentro de los cinco primeros días del mes siguiente.
PARAGAFO PRIMERO (Sic) El incremento al presente contrato de
arrendamiento se hará de acuerdo al IPC, cada año, fijado por el Gobierno
Nacional. TERCERA DURACIÓN: EL TERMINO DE DURACIÓN DEL
PRESENTE CONTRATO SERA DE CINCO AÑOS, contados a partir del 22
de enero de dos mil siete hasta el 21de (Sic) enero del año 2.012.
PARAGRAFO PRIMERO: PRÓROGA: Esta se entenderá establecida si a la
fecha de vencimiento del presente contrato el arrendador (MUNICIPIO DE
TAMESIS). No notifica mediante oficio y con treinta (30) días de anticipación al
vencimiento del presente contrato. CUARTA ESTADO DE LOS BIENES. EL
ARRENDATARIO: Hará entrega de los bienes en perfecto estado de
conservación en virtud, del cual el arrendador expedirá constancia de tal
circunstancia al momento de terminarse el contrato y no proceder la prórroga.
QUINTA. OBLIGACIONES DEL ARRENDATARIO: Serán obligaciones
específicas del arrendatario A): Mantener en perfecto estado los bienes objeto
de este contrato B). Darle mantenimiento, cuidado y conservación a todo el
parque C). Realiza todas las acciones tendientes a darle el carácter de
espacio público con énfasis en lo ecológico, cultural y educativo al lugar D).
Mantener abierto o de libre acceso el lugar en horas de atención al público E).
Prestar el servicio de heladería con énfasis en refrigerios, helados, de acuerdo
a las normas de planeación vigentes, con servicio hasta las 11:30 de la noche

P.M., sin que sin perjuicio y en casos especiales con autorización de la
respectiva autoridad competente se pueda ampliar el horario. F). concertar de
manera favorable para la comunidad, con la casa de cultura o la Secretaría de
Gobierno la presentación de retretas o eventos culturales o musicales G).
deberá dale impecable presentación al lugar, el no acatarlo será causal de
terminación de este contrato de arrendamiento, H) Queda prohibido arrumar o
almacenar cajas o elementos que efeen (Sic) el lugar para lo cual EL
ARRENDATARIO se compromete a tener bodegas o espacios destinados
para tal fin I).La celaduría diurna y nocturna será prestada por cuenta del
arrendatario J) El arrendatario queda obligado al pago de los servicios
públicos y los impuestos locales, cámara y comercio, sayco y acimpro o de
otra índole. K). Respetar en todo momento y dejar libres las áreas de
circulación peatonal del lugar, sin ocuparlas con algún tipo de mueble SEXTA.
CESIÓN DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO: EL ARRENDATARIO, no
podrá ceder los derechos que tenga en el presente contrato excepto con la
autorización escrita del Alcalde Municipal y la cual no podrá exceder la
duración que se fija en este documento. SEPTIEMA (SIC) TERMINACIÓN
UNILATERAL. En el presente contrato se entienden incorporadas las
cláusulas sobre terminación unilateral del contrato, en consideración de orden
público, coyuntura económica, criticas modificaciones en aras del interés
público, así como la interpretación unilateral de este contrato, todo ello, de
conformidad con el Estatuto Fiscal, para los Municipios de Antioquia y las
Leyes que rigen la materia. OCTAVA. TERMINACIÓN DEL CONTRATO:
Serán causales de terminación del contrato además de las contempladas
legalmente las siguientes A. El incumplimiento en el pago del canon de
arrendamiento B: El incumplimiento de una o varias obligaciones genéricas o
especificas derivadas del presente contrato. C.- El Alcalde Municipal queda
facultado para interrumpir la ejecución del presente contrato, declarar la
terminación del mismo y exigir la restitución de los bienes si (Sic) necesidad
de requerimiento judicial o extrajudicial de ninguna especie. RESTITUCIÓN
DE LOS BIENES. Terminado el contrato, sin importar cuál sea la causal, el
ARRENDATARIO se obliga a poner a disposición del arrendador los bienes en
perfecto estado de funcionamiento y conservación dentro de os dos días
siguientes a la terminación del contrato. DÉCIMA. CLÁUSULA PENAL. Si
cualquiera de las partes incumple en todo o en una parte una de las
obligaciones a su cargo deberá pagar a la otra parte la suma de UN MILLÓN
DE PESOS ($1000.000.oo), a título de pena derivada de dicho incumplimiento.
DÈCIMA PRIMERA. NOTIFICACIÓN. El arrendatario queda notificado de la
terminación del presente contrato en la fecha pactada 21 de enero de 2012.

Nota. La Administración municipal bajo inventario los elementos y bienes
propios que posee dicho parque para su funcionamiento y quedan bajo la
responsabilidad del arrendatario.”2.

Los anteriores hechos, según los actores, han impedido la libre circulación
peatonal en las áreas de recreación pública, zonas verdes y similares, o lo que es
lo mismo, que se desconozcan los derechos colectivos a que se ha hecho
referencia inicialmente.

1.2. Sentencia de Primera Instancia

2
Folios 40 y 41 de este Cuaderno.

El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Medellín, en sentencia del 6
de septiembre de 2010, y luego de vincular al arrendatario, Mario de Jesús
Escobar Moncada al trámite3, encontró probada la vulneración de los derechos e
intereses colectivos relacionados con el goce del espacio público, defensa de los
bienes de uso público y defensa del patrimonio público.

Como consecuencia de lo anterior, declaró la nulidad absoluta de un aparte de las
cláusulas primera y quinta del contrato de arrendamiento celebrado entre el
Municipio de Támesis y el señor Mario de Jesús Escobar Moncada.

Adicionalmente ordenó al citado municipio ejecutar los actos que fuesen
necesarios para que se haga efectiva la restitución del área ocupada por el
establecimiento Kiosco Las Palmas y la apertura permanente del parque, lo cual
incluye el desmonte de las cuatro puertas con candado que limitan el libre acceso
al lugar.

También ordenó la realización de un estudio técnico que permita determinar si las
entradas son suficientes para conjurar una situación de riesgo inherente a
eventuales o potenciales situaciones calamitosas colectivas de las personas que
asisten o que se encuentren en el interior del parque, o ampliar la entrada de las
que existen actualmente; si el estudio establece la necesidad de adelantar obras,
ordenó el inicio inmediato de los trámites correspondientes. Dispuso literalmente lo
siguiente:

“PRIMERO: Declarar NO PROBADAS las excepciones propuestas por los
demandados.

SEGUNDO: DECLARAR que el MUNICIPIO DE TÁMESIS y el señor MARIO
DE JESUS ESCOBAR MONCADA, incurren en violación de los derechos e
intereses colectivos de goce del espacio público, defensa de los bienes de uso
público y defensa del patrimonio público.

TERCERO: DECLARAR LA NULIDAD ABSOLUTA del siguiente aparte de
la cláusula primera del contrato de arrendamiento de 23 de febrero de 2007,
celebrado entre el MUNICIPIO DE TÁMESIS y el señor MARIO DE JESUS
ESCOBAR MONCADA: "... ocupando además un área del mismo parque y
que está demarcada por un muro de adobe y cemento con rejas de hierro, que
linda entre las carreras Sucre y Bolívar y Calles Córdoba y Orozco".

3
Folio 95 ibídem.

Declarar la nulidad absoluta de los literales C) y D) de la cláusula quinta del
mismo contrato, que hacen referencia a las siguientes obligaciones del
arrendatario:

"C) Realizar todas las acciones tendientes a darle el carácter de
espacio público con énfasis en lo ecológico, cultural y educativo al
lugar.

D) Mantener abierto o de libre acceso el lugar en horas de atención al
público".

Declarar la nulidad absoluta del aparte final del mismo contrato que se hace
referencia a la siguiente "Nota: La administración Municipal bajo
inventario los elementos y bienes propios que posee dicho parque para
su funcionamiento y quedan bajo la responsabilidad del arrendatario".

CUARTO: Se ORDENA al Alcalde del municipio de Támesis ejecutar los
actos que sean necesarios para que se haga efectiva la restitución del área
del Parque Caldas que está ocupada por el arrendatario; y se ORDENA al
señor MARIO DE JESUS ESCOBAR PATIÑO (Sic), restituir al Municipio el
área ocupada, libre de mesas, de silletería y demás elementos propios del
arrendatario, y devolver los elementos y bienes propios que posee el Parque
para su funcionamiento; la siguiente: "área del mismo parque y que está
demarcada por un muro de adobe y cemento con rejas de hierro, que
linda entre las carreras Sucre y Bolívar y Calles Córdoba y Orozco".

QUINTO: Se ORDENA al Alcalde del Municipio de Támesis ejercer a nombre
de la Entidad los derechos de administración y de policía del lugar, como
espacio público y destinarlo al servicio de todos, garantizar y proteger su uso y
goce común, en forma permanente, lo mismo que la conservación del lugar.

SEXTO: Se ORDENA al Alcalde del municipio de Támesis ejecutar los actos
necesarios para disponer la apertura permanente del Parque Caldas, incluye
el desmonte de las cuatro (4) puertas con candado que limitan el acceso libre
al lugar. Además, debe disponer la realización de un estudio técnico para
establecer si las entradas son suficientes para conjurar una situación de riesgo
inherente a eventuales o potenciales situaciones calamitosas colectivas de las
personas que asisten o que se encuentren en el interior del parque, o ampliar
la entrada de las que existen actualmente; si el estudio establece la necesidad
de adelantar obras, se iniciarán de inmediato los trámites correspondientes.

SEPTIMO: Para el cumplimiento de las órdenes impartidas en esta
providencia, se concede a los demandados el término de un (1) mes, contados
a partir del día siguiente al de la ejecutoria de esta sentencia.

OCTAVO: Se dispone la conformación de un Comité de verificación del
cumplimiento de la sentencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
34 de la Ley 472 de 1998, el cual estará conformado por los demandantes, el
Alcalde y Personero del municipio de Támesis. Vencido el plazo concedido se
debe rendir informe al Juzgado de las diligencias adelantadas.

NOVENO: Se fija el monto del INCENTIVO para los actores populares FREDY
MORALES SUAZA, MANUEL ANTONIO VELÁSQUEZ LEON, MIGUEL JOSE
QUINTERO ARIZA, EDGAR SADY SIERRA PEREZ y CESAR AUGUSTO
PALACIO P., en el equivalente a veinte (20) salarios mínimos legales
mensuales vigentes, que se pagará de la siguiente forma: diez (10) salarios
mínimos legales mensuales vigentes al momento del pago, a cargo del
municipio de Támesis; y diez (10) salarios mínimos legales mensuales
vigentes al momento del pago, a cargo del señor MARIO DE JESUS

ESCOBAR MONCADA. El pago se hará en el término de un (1) mes, contado
a partir del día siguiente al de la ejecutoria de esta sentencia.

DECIMO: Remítase copia de la sentencia al Alcalde y Personero del
municipio de Santa Rosa de Osos, para su cumplimiento; y a la Defensoría
del Pueblo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de
1998.

UNDÉCIMO: No hay lugar a costas en la primera instancia.”4

1.3. Sentencia De Segunda Instancia

El 18 de enero de 2011, el Tribunal Administrativo de Antioquia, resolvió el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de
primera instancia, en el sentido de revocarla y denegar las pretensiones
perseguidas por el actor popular. La parte resolutiva es del siguiente tenor:

“PRIMERO.- SE REVOCA LA SENTENCIA No. 078 DEL 6 DE SEPTIEMBRE
DE 2010, PROFERIDA POR EL JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO
DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN.

SEGUNDO.- EN SU LUGAR, SE NIEGAN LAS PRETENSIONES DE LA
DEMANDA.

TERCERO.- REMÍTASE POR SECRETARÍA COPIA DE LA DEMANDA Y DEL
PRESENTE FALLO A LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO PARA QUE SEA
INCLUIDO EN EL REGISTRO PÚBLICO CENTRALIZADO DE ACCIONES
POPULARES Y DE GRUPO, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 80 DE LA LEY
472 DE 1998.

CUARTO.- ENVÍESE EL EXPEDIENTE AL JUZGADO DE ORIGEN.”5

Las siguientes fueron las razones para resolver la impugnación:

Adujo que de los testimonios rendidos en el proceso (folios 172 a 199) se concluía
que desde hace mucho tiempo atrás (1930) el Parque Caldas se había concebido
“como un espacio que limita la circulación de los transeúntes y el ganado”,
dado que se trataba de una construcción con cerramiento perimetral de muros de
adobe y rejas en el que se realizaban subastas de ganado.

En tal orden, para el Tribunal la zona dada en arrendamiento no se concibió
históricamente para un libre uso y goce de toda la comunidad, sino para que
quienes quisieran acceder a éste lo hicieran con las limitantes físicas y normativas

4
Folio 269 vuelto a 271 de este Cuaderno.
5
Folio 348 de este Cuaderno.

que determinara la Administración, dentro de las cuales estaban las atinentes a los
horarios, uso (comercial, cultural, recreativo, deportivo, financiero, etc.) según las
necesidades de los habitantes de Támesis.

Así las cosas, los cerramientos del parque, que por su misma naturaleza limitan la
circulación de manera indiscriminada, no pueden reputarse como violatorios del
espacio público, del uso o del patrimonio público, por cuanto hacen parte de la
idiosincrasia del municipio.

La anotada circunstancia es concordante con lo estatuido en el artículo 19 del
Decreto 1504 de 1998, norma que habilita a la Administración a entregar,
mediante contrato, estos bienes a los particulares, sean personas naturales o
jurídicas, siempre y cuando se destinen a un uso compatible con la condición del
espacio, esto es, su uso público, y se le dé estricto cumplimiento a la prevalencia
del interés general sobre el particular.

A renglón seguido afirmó que las limitaciones horarias no permiten, por sí solas,
concluir que se debe declarar la nulidad del contrato de arrendamiento.

II. LA SELECCIÓN PARA REVISIÓN

Mediante auto del 18 de mayo de 2011, la Sección Primera de esta Corporación
resolvió seleccionar para revisión la providencia del 18 de enero de 2011, en
consideración a que el demandante describió las líneas jurisprudenciales que a su
juicio desconocía el Tribunal Administrativo de Antioquia, relacionadas con la
destinación y uso de los bienes de uso público, sobre todo cuando se trata de
entregar a los particulares su administración. Las siguientes fueron las razones
esgrimidas en el mencionado proveído:

“6.- En el presente asunto, encontrándose dentro de la oportunidad legal, el
demandante solicita que se revise la sentencia del 18 de enero de 2011
dictada por el Tribunal Administrativo de Antioquia que revocó la decisión del
Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Medellín, que había
accedido a las pretensiones de la demanda.

En la solicitud de revisión expresa el actor que nunca pretendió la nulidad del
contrato de arrendamiento celebrado entre el Municipio de Támesis y el señor
Mario de Jesús Escobar Moncada, sino la recuperación de un bien de uso
público.

Citó para ello una sentencia proferida por la Sección Tercera del Consejo de
Estado el 22 de junio de 2006 dentro del expediente identificado con el
número AP 02077 según el cual:

“…el arrendamiento sobre bienes de uso público, “dada la evolución de
las necesidades colectivas, no está prohibido en estricto sentido, sólo
que debe responder y estar al uso de la colectividad…

…Pero paulatinamente al abordar entre otras normas y ampliar el
entendimiento del derecho positivo en la materia, se advierte que la
conclusión es otra, porque en realidad de la evolución jurídica no puede
actualmente entenderse que el bien de uso público sea intocable sino
que no es negociable para uso exclusivo de uno o de pocos individuos, o
como se vio anteriormente para privatizarlo o particularizarlo. Esa
concepción frente al aprovechamiento y explotación de los bienes de
uso público, y la posibilidad de limitaciones a ese uso, son fijadas por el
ordenamiento jurídico y explicadas por la jurisprudencia.” (Folio 353 de
este Cuaderno).

Sobre el particular aseveró que el establecimiento que se encuentra delimitado
por el cerramiento, es aprovechado para uso y goce de un particular,
ocupando un espacio público con mesas, sillas y limitación de horario. Lo
anterior, impide a la ciudadanía su uso, goce y disfrute visual y libre tránsito,
pues el espacio no está a disposición permanente de la comunidad, sino que
está limitado por el horario de funcionamiento del establecimiento de
comercio, lo cual hace prevalecer el interés particular de comerciante sobre el
general de la comunidad.

Trajo a colación otro pronunciamiento jurisprudencial del 3 de octubre de
2002, no obstante no aludió al número de referencia ni a la Corporación que la
expidió, según la cual:

“(…) que el uso sea compatible con la naturaleza del espacio público, o
sea que no cause afectación a los derechos colectivos.

…la Administración puede entregar, mediante contrato, su uso a los
particulares, ya sean personas naturales o jurídicas siempre y cuando
sea destinado para un uso compatible con la condición del espacio, esto
es, su uso público, y se le de estricto cumplimiento a la prevalencia del
interés general sobre el particular.” (folio 354 ibídem).

7.- La Sala observa que el asunto sometido a consideración para la
escogencia del proceso a efectos de revisar el proveído de segunda instancia
en principio cumple con los requerimientos anteriormente expuestos, en la
medida en que el demandante describe las líneas jurisprudenciales
desconocidas por el Juzgador de Segunda Instancia, dentro de las cuales los
bienes de uso público no pueden entregarse para el uso exclusivo de unos
particulares.

8.- En ese orden de ideas, la Sala concluye que la solicitud reúne los
requisitos legales para que proceda su selección”6.

III. CONSIDERACIONES

6
Folios 364 a 373 de este Cuaderno.

Considera la Sala importante precisar que el objeto de la solicitud de revisión
consiste en determinar si se desconocen las líneas jurisprudenciales que para el
efecto ha trazado la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en materia de la
protección del derecho colectivo al goce del espacio público por el cerramiento de
un bien de uso público, por virtud de un contrato de arrendamiento que el
municipio (arrendador) celebra con un particular.

Sobre el punto es importante aclarar que, tal y como lo anotó el Tribunal
Administrativo de Antioquia en la sentencia objeto de revisión, se trata de un “bien
inmueble, como puede apreciarse en las fotografías aportadas al expediente (fl. 7-
8 y 14) y como se deduce del mismo contrato de arrendamiento, es un todo, una
unidad, un bien conformado por un kiosco y un área de cerramiento, donde se
encuentra, además, una fuente de agua, zonas verdes, una estatua y unas bancas
empotradas en las jardineras.”7

No hay entonces discusión sobre la naturaleza del bien objeto del contrato, pues
es claro para la Sala que se trata del parque principal del Municipio de Támesis
(Antioquia), denominado Parque Caldas, lo cual lleva a concluir que se trata de un
bien de uso público, circunstancia que además es ratificada del material probatorio
obrante en el expediente tramitado en ejercicio de la acción popular (fotografías,
testimonios, etc.), y en la concepción que sobre el punto ha tenido la
jurisprudencia: “Por todo lo anterior, la Sala concluye que el inmueble que
constituye el objeto del arrendamiento, en el caso concreto, es un bien de uso
público, toda vez que, por tratarse de un parque público, está definido como tal en
la normatividad vigente como antes se precisó; su uso y goce, por consiguiente,
pertenecen a la comunidad en general y está sometido a reglas constitucionales,
legales y reglamentarias para su uso y administración”8.

Tampoco hay controversia en torno a la existencia del contrato de arrendamiento
del mencionado bien, en el cual funciona un establecimiento de comercio llamado
“Kiosco Las Palomas” de propiedad del señor Mario de Jesús Moncada, quien
funge como arrendatario del Parque Caldas.

Vistas así las cosas, y dilucidados lo aspectos que se anotaron, precisa la Sala
resolver la petición de revisión en los siguientes términos:
7
Folio 345 reverso de este Cuaderno.
8
Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 6 de julio de dos mil cinco (2005), proferida
en el proceso número 25000-23-26-000-1991-07392-01(12249). M.P. Alier Eduardo Hernández.

3.1. Competencia

La Sala Plena del Consejo de Estado, en concordancia con lo dispuesto en el
artículo 36A de la Ley 270 de 1996, adicionado por el artículo 11 de la Ley 1285
de 2009, profiere sentencia de unificación jurisprudencial9, en la que decide el
mecanismo de eventual revisión presentado por los ciudadanos Fredy Morales
Suaza, Manuel Antonio Velásquez León, Miguel José Quintero Ariza, Edgar Sady
Sierra Pérez y Cesar Augusto Palacio P., contra el Municipio de Támesis, respecto
de la sentencia del 18 de enero de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo
de Antioquia.

3.2. Marco Jurídico

3.2.1. La Corporación ha tenido la oportunidad de definir el alcance del derecho
colectivo relacionado con el goce del espacio público a partir del contenido
del artículo 82 de la Constitución Política, según el cual:

“Artículo 82. Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del
espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el
interés particular.

Las entidades públicas participarán en la plusvalía que genere su acción
urbanística y regularán la utilización del suelo y del espacio aéreo urbano en
defensa del interés común.

(…)”.

3.2.2. La Ley 9ª de 1989 lo ha definido como “... el conjunto de inmuebles
públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles
privados, destinados por su naturaleza, por su uso o afectación, a la
satisfacción de necesidades urbanas colectivas que trascienden, por
tanto, los límites de los intereses individuales de los habitantes”10.
Conforme a esta misma norma, constituyen espacio público de la ciudad,
entre otros, las áreas requeridas para la circulación, tanto peatonal como
vehicular, las áreas para la recreación pública, activa o pasiva, las áreas
necesarias para la instalación y uso de los elementos constitutivos del
9
Art. 270 de la Ley 1437 de 2011.
10
“Artículo 5º.- Entiéndese por espacio público el conjunto de inmuebles públicos y los elementos
arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, destinados por su naturaleza, por su uso o
afectación, a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que transcienden, por tanto, los
límites de los intereses, individuales de los habitantes.”

amoblamiento urbano en todas sus expresiones y, en general, todas las
zonas existentes o debidamente proyectadas en las que el interés
colectivo sea manifiesto y conveniente y que constituyan por consiguiente
zonas para el uso o disfrute colectivo.

3.2.3. Así mismo, es relevante destacar que en los términos del artículo 6º
ibídem, el destino de los bienes de uso público incluidos en el espacio
público de las áreas urbanas y suburbanas no podrá ser variado sino por
los concejos municipales a iniciativa del alcalde, siempre y cuando sean
canjeados por otros de características equivalentes.11

Al respecto debe señalarse que según el artículo 311 de la Constitución
corresponde a los municipios “ordenar el desarrollo de su territorio” y “el
mejoramiento social y cultural de sus habitantes”. E igualmente el artículo 313.9
Superior encomienda a los concejos municipales “[d]ictar las normas necesarias
para el control, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural del
municipio”.

En línea con esta responsabilidad confiada por la Constitución a los entes locales,
el artículo 8 de la Ley 388 de 1997, en su numeral 4º, califica como acción
urbanística la función de “[d]eterminar espacios libres para parques y áreas verdes
públicas, en proporción adecuada a las necesidades colectivas”. Así mismo,
dichas corporaciones públicas ostentan competencia para cambiar la destinación
de los bienes de uso público de conformidad con lo que expone el artículo 4 del
Decreto 1504 de 1998.12

3.2.4. De igual forma los artículos 5 y 6 de la Ley 388 de 199713 habilitan a las
autoridades municipales y distritales a regular la ocupación del espacio
público cuando, por ejemplo, delimitan el ordenamiento territorial como
una función pública concebida para “ disponer de instrumentos eficientes
para orientar el desarrollo del territorio bajo su jurisdicción y regular la

11
Consejo de Estado. Sección Primera. Consejero ponente: Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta
Sentencia del 11 de mayo de 2006. Radicación número: 63001-2331-000-2004-00591-01. Actor:
Jhon Jairo Fierro.
12
“Artículo 4º.- El destino de los bienes de uso público incluidos en el espacio público no podrá ser
variado sino por los Concejos Municipales o Distritales a través de los planes de ordenamiento
territorial o de los instrumentos que los desarrollen aprobados por la autoridad competente,
siempre que sean sustituidos por otros de características y dimensiones equivalente o superiores.
La sustitución debe efectuarse atendiendo criterios, entre otros, de calidad, accesibilidad y
localización.”
13
Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones.

utilización, transformación y ocupación del espacio…” y para la
“…definición de las estrategias territoriales de uso, ocupación y manejo
del suelo, en función de los objetivos económicos, sociales, urbanísticos y
ambientales”.

3.3. Competencia en el tratamiento de los bienes de uso público

De lo expuesto se concluye que el diseño del espacio público y la determinación
de su uso corresponden a las autoridades municipales. No en vano el artículo 7º
del Decreto 1504 de 1998 lo cataloga como “el elemento articulador y
estructurante fundamental del espacio en la ciudad, así como el regulador de las
condiciones ambientales de la misma, y por lo tanto se constituye en uno de los
principales elementos estructurales de los Planes de Ordenamiento Territorial”.

Es claro entonces que las principales determinaciones en relación con este bien
colectivo incumben a los concejos municipales en ejercicio de su competencia
relacionada con la ordenación del territorio local.

Sin embargo, debe traerse a colación lo dispuesto en el Decreto 1504 de 1998
respecto a la posibilidad de entregar a particulares la gestión de este bien 14, pues
allí se habilita a dichos entes territoriales para autorizar la administración,
mantenimiento y el aprovechamiento económico del espacio público cuando así lo
solicitan los particulares y las autoridades lo estimen oportuno, siempre que ello no
incida sobre la destinación al uso común que es propia de esta clase de bienes, no
se generen derechos reales y aseguren la prevalencia del interés general sobre el
particular. Veamos:

“Artículo 19. En el caso de áreas públicas de uso activo o pasivo, en
especial parques, plazas y plazoletas, los municipios y distritos podrán
autorizar su uso por parte de entidades privadas para usos compatibles
con la condición del espacio mediante contratos. En ningún caso estos
contratos generarán derechos reales para las entidades privadas y deberán
dar estricto cumplimiento a la prevalencia del interés general sobre el
particular.” (Negritas y subrayas de la Sala).

En suma, de lo que se trata es de posibilitar una gestión eficiente de este recurso
por parte de los entes municipales, sin perjuicio del imperativo constitucional y

14
Vid. Artículos 18 y 19.

legal de asegurar tanto la afectación al fin público propio de esta clase de bienes,
como su inalienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad, todo lo cual se
debe traducir en un clausulado contractual que al tiempo que garantice y
desarrolle la prevalencia del interés general, respete los límites que se derivan del
régimen jurídico delineado para estos bienes por el artículo 63 de la Constitución.
3.4. Tratamiento jurisprudencial

De la aplicación de la citada norma el Consejo de Estado ha emitido
pronunciamientos encontrados, pues a pesar de que en todos ellos se admite la
posibilidad de que los bienes de uso público sean aprovechados por particulares,
no es clara la posición relacionada con la manera de formalizar tal situación
jurídica.

Las siguientes son algunas de las providencias que se han referido al asunto
objeto del presente recurso:

3.4.1. En sentencia del 15 de mayo de 1916 (C.P. Próspero Márquez C.) se
sostuvo que era factible dar en arrendamiento bienes de uso público
siempre que se observaran las formalidades que el ordenamiento jurídico
previene para la celebración de este tipo contractual. Se afirmó así lo
siguiente:

“Con oficio número 207 del Ministerio de Hacienda, fechado el 9 de los
corrientes, ha venido al estudio de la Sala, para los efectos de la parte final del
artículo 39 del Código Fiscal, el contrato celebrado por aquel Ministerio con el
señor Pedro A. Peña, sobre explotación y recolección de los frutos de las
palmeras de coco y el carey que se encuentre en la región denominada La
Playona.

El contrato fue aprobado por el Consejo de Ministros y por el señor Presidente
de la República, después de que por aquél se le introdujeron, entre otras
modificaciones, la de estimarlo para los efectos fiscales y a fin de que quedara
sometido a la revisión del Consejo de Estado, de valor mayor de dos mil pesos
oro.

Antes de entrar a estudiar el fondo mismo del contrato para determinar si está
de acuerdo con las disposiciones legales, conviene averiguar si el Gobierno
está facultado para celebrarlo, y si en caso afirmativo puede prescindirse de la
licitación pública.

(…)

Ahora bien: si el Gobierno no opta por la administración directa de los bienes a
que se refiere este contrato, está obligado a darlos en arrendamiento, y en
este caso para celebrar cualquier contrato tiene que someterlo a las

prescripciones del artículo 9 del Código Fiscal, que no tiene el carácter de
facultativo, sino que impone obligaciones imprescindibles, en los siguientes
términos:

Artículo 9, Para el arrendamiento de los bienes nacionales se deben observar
las siguientes reglas:

a) No puede celebrarse el contrato sino en licitación pública…”

3.4.2. En providencia del 12 de enero de 1923 con ponencia del Magistrado
José María García Hernández se reitera la anterior concepción en los
siguientes términos:

“La cláusula 4a debe suprimirse, al menos por inútil, si no estuviera redactada
en términos un poco ambiguos y que pueden autorizar la creencia de que a la
expiración del plazo se concede al arrendatario algún derecho preferencial
para obtener la celebración de un nuevo contrato. Según las disposiciones
legales en vigor sobre explotación de bosques nacionales, un arrendatario, a
la expiración del plazo del arrendamiento, queda exactamente en las mismas
condiciones de cualquier otro individuo que quiera hacer propuesta al
arrendamiento del mismo globo de tierra, aunque para su explotación hubiere
dicho arrendatario invertido fuertes sumas de dinero.”

3.4.3. El 6 de julio de 1999, expediente número 5255, la Sección Primera
con ponencia del Magistrado Libardo Rodríguez Rodríguez advirtió que los
bienes de uso público podían entregarse en concesión a los particulares.
Sostuvo en dicha oportunidad la Corporación:

“1ª. Debe aclararse ante todo, que el Muelle Trece es un bien de uso
público, susceptible de ser otorgado en concesión, como en efecto lo hizo
la Superintendencia General de Puertos en favor del Fondo Rotatorio de la
Armada Nacional mediante Resolución núm. 004 de 25 de abril de 1993, lo
cual, de entrada, por tratarse de un bien inalienable e imprescriptible, al tenor
del artículo 63 de la Constitución Política, descarta la violación del artículo 58
de la misma, que aduce la entidad demandante, por cuanto, a su juicio, con
las resoluciones acusadas se le desconoció el derecho de propiedad, derecho
que no puede alegar en su favor la parte actora respecto del Muelle Trece,
pues éste, independientemente del área otorgada en concesión, esto es,
incluida o no la zona denominada "El Vacío", es un bien de propiedad de la
Nación, que fue dado en concesión, se reitera, en favor de aquélla.”

3.4.4. En sentencia del 11 de noviembre de 1999, esta misma Sección se refirió
a la posibilidad de que los bienes de uso público puedan entregarse a
particulares en arrendamiento. Al respecto manifestó lo siguiente:

“Finalmente, la Sala desea aclarar que lo que aquí se concluye es que con
base en lo dispuesto en el artículo 174 del Decreto 1421 de 1993 y en la
norma demandada, los bienes de uso público no pueden ser dados en

arrendamiento o administración para la práctica de la recreación masiva
o el deporte, como así lo entendió la norma reglamentaria, sin que ello
descarte que, con fundamento en otras disposiciones legales, pueda ser
posible el arrendamiento de los mismos.”

3.4.5. Posición distinta fue la asumida por la Sección Tercera el 16 de febrero de
2001, expediente número 16596, en la que con ponencia del Magistrado
Alier Eduardo Hernández Enríquez se sostuvo que los bienes de uso
público no eran susceptibles de ser arrendados dada la naturaleza de este
tipo de contrato, ya que al conferir el uso y goce exclusivo al arrendatario
se desconocen los elementos esenciales de los bienes de uso público. Se
afirmó en dicha ocasión lo que a continuación se transcribe:

“Estas premisas sirven de fundamento a la Sala para concluir que los bienes
de uso público no son susceptibles de ser arrendados por las razones
siguientes:

“Por disposición constitucional dichos bienes son inembargables,
imprescriptibles e inalienables, vale decir, se encuentran fuera del comercio15,
y se caracterizan por su afectación a una finalidad pública, esto es,
están destinados a ser usados y disfrutados por la comunidad, sin
ninguna discriminación, en forma directa, libre, impersonal, individual o
colectivamente y, en general, gratuita16.

“Si bien el contrato de arrendamiento conlleva actos de administración y
no de disposición, por cuanto quien arrienda no transfiere el dominio del
bien, dicho acuerdo se caracteriza porque confiere al arrendatario el
derecho de uso y goce exclusivo, el cual se encuentra amparado por la
ley frente a cualquier clase de perturbación o impedimento, de
conformidad con los arts. 1988, 1989 y 1990 del Código Civil. De manera que
no es posible conferir a una persona el uso y goce exclusivo de un bien
de uso público, porque es contrario a su propia naturaleza y finalidad,
toda vez que por disposiciones constitucionales y legales, los derechos
a su uso y goce pertenecen a toda la comunidad. (…)

“En consecuencia, el denominado “contrato de arrendamiento” por la Corte
Constitucional, debe garantizar en forma efectiva el cumplimiento de las
finalidades públicas a las cuales está destinado un bien de uso público, esto
es su incorporación al uso y goce de la comunidad, finalidades que, sin duda,
resultan contrariadas al entregar el bien en arrendamiento, puesto que es de
la esencia de dicho contrato la entrega de la cosa para el uso y goce del
arrendatario durante el tiempo que dure el convenio, sin ninguna
perturbación o interferencia; de allí que algunos doctrinantes sostienen que
el contrato de arrendamiento “no es a la postre nada distinto a la venta
temporal del uso de un bien”. 17

15
Según el profesor JOSE J. GOMEZ “los bienes de uso público se caracterizan por hallarse fuera
del comercio, lo que quiere decir que no puede celebrarse sobre ellos acto jurídico alguno.” Cf.
Bienes. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 1981, p. 98.
16
Quedan a salvo las facultades legales de cobro de derechos de uso, tal como precisó la Sección
Primera en la sentencia de agosto 18 de 1995, Exp. 3237, antes referida.
17
CESAR GOMEZ ESTRADA. De los principales contratos civiles. Santafe de Bogotá: Editorial
Temis, 1996, pág. 183.

“La posibilidad de garantizar la destinación del bien a su uso común, podría
realizarse a través de acuerdos celebrados entre el Estado y los particulares
(como por el ejemplo el contrato de mandato o representación y
administración), siempre y cuando no atenten contra la naturaleza e
integridad de los bienes de uso público, sino que por el contrario su objeto
sea la realización de los fines constitucional y legalmente asignados a dichos
bienes.”18

3.4.6. Más tarde, en providencia del 3 de octubre de 2002 de la Sección Primera
dentro del proceso número 05001-2331-000-2002-00132-01, con ponencia
del Magistrado Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, se determinó que los
bienes de uso público podían ser dados en arrendamiento o concesión o
eran susceptibles de permisos o licencias para ejercer actividades
comerciales por parte de particulares. Se dijo entonces que:

“De otra parte, los bienes de uso público, conforme lo ha considerado
reiteradamente esta Corporación, no solo a través de la Sala Contenciosa sino
de la de Consulta y Servicio Civil, (concepto de 22 de junio de 1990,
Radicación 6325, Consejero ponente doctor Javier Henao Hidrón;
providencias de 9 de marzo de 1995, expediente núm. 3237, Consejero
ponente doctor Miguel González Rodríguez; 6 de julio de 1999 (Expediente
núm. 5255, Consejero ponente doctor Libardo Rodríguez Rodríguez; de 11 de
noviembre de 1999, expediente núm. 5286, Consejera ponente doctora Olga
Inés Navarrete Barrero; y de 23 de marzo de 2000, expediente núm. 5504,
Consejero ponente doctor Manuel S Urueta Ayola), pueden ser dados en
arrendamiento o en concesión o susceptibles de permiso para ejercer en
ellos actividad comercial.

Conforme se precisó en la última sentencia citada: “La destinación al uso
común del espacio público puede ser reglamentada por la autoridad en el
ejercicio de sus competencias policivas, pues esa reglamentación constituye
un mecanismo para la protección de su integridad, de manera que dicho uso
puede, bajo ciertas circunstancias, ser limitado de acuerdo con la ley y los
reglamentos administrativos, sin que ello constituya violación del artículo 82
constitucional...”.

De otra parte, en el evento sub lite no obra medio de prueba alguno que
acredite de existe una absoluta privación del uso y goce del espacio público, ni
de qué manera la colectividad se está viendo privada de tal uso y disfrute del
lugar en el que se encuentran instalados los kioskos de las demandadas.”

3.4.7. En sentencia más reciente, del 24 de julio de 2003 proferida por la
Sección Quinta dentro del expediente número 73001-2331-000-2001-
1345-01, con Ponencia de la Dra. María Nohemí Hernández Pinzón, se
concibió la posibilidad de que se expidiera una licencia urbanística para

18
Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de febrero 16 de 2001, Radicación número:
16596, Actor: Personería de Santafe de Bogotá, D.C, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez. En
el mismo sentido Consejo de Estado, Sección Primera, Sentencia de noviembre 11 de 1999, Exp.
5286, C.P. Olga Inés Navarrete Barrero, en esta providencia se deja en claro que los bienes que
pueden ser susceptibles de arrendamiento son únicamente los bienes fiscales.

otorgar el uso y goce de un bien de uso público a particulares dado el
carácter no absoluto de tales bienes. Sostuvo entonces la jurisprudencia
administrativa que:

“Del material probatorio anexo al proceso, se concluye que si bien
actualmente la ocupación de los andenes por diferentes muebles y elementos
que obstruyen su tránsito normal sobre los andenes en el Municipio de
Flandes persiste, ésta no es de tal magnitud como lo dio por establecido el A
quo; máxime, cuando hay evidencias de la actividad desplegada por las
autoridades municipales tendientes a la restitución del espacio público y los
mismos propietarios de los establecimientos de comercio han optado por
despejar no totalmente pero si en buena parte los andenes.

Ahora bien, no puede la Sala determinar si las licencias a que hacen
referencia las normas citadas se han tramitado por los diferentes propietarios
de los establecimientos comerciales; así como también se desconoce el Plan
de Ordenamiento Territorial del Municipio.

Por los mismos, el sentido de esta providencia judicial, estará dirigido a
modificar la sentencia impugnada en el sentido de ordenar al Alcalde
Municipal de Flandes la adopción de las medidas necesarias para regular el
uso del Espacio Público, pero previniéndolo en el sentido de orientar sus
gestiones bajo parámetros en los que confluyan y se concilien los intereses
tanto de comerciantes, propietarios, transeúntes y turistas, con el único fin de
garantizar la convivencia pacífica, con sujeción a las normas que regulan el
tema, tales como la Ley 388 de 1997, 140 de 1994 y Decreto 1504 de 1998.

Actuación contraria a estos parámetros implicaría establecer prohibiciones
absolutas al uso del espacio público, tolerando con ello a una sociedad
excluyente y desconocedora de las realidades sociales, que en últimas
conlleva a situaciones de violencia.

Esta organización debe encaminarse a la realización de los diferentes trámites
relacionado para otorgar las licencias a quienes reuniendo los requisitos estén
interesados en usar el espacio público; igualmente señalar en forma concreta
los términos para su trámite y expedición, imposición de multas y en últimas el
retiro de tales elementos a todos aquellos que infrinjan lo dispuesto tanto en
las normas citadas, como en la reglamentación que se expida para el efecto
en esa municipalidad.”.

3.4.8. El 5 de noviembre de 2003, proceso número 68001-2315-000-2000-
03447-01 la Sección Cuarta, con ponencia de la Consejera de Estado
María Inés Ortíz Barbosa, reafirmó la posibilidad de que se entregara a
particulares la administración y mantenimiento de bienes de uso público
sin hacer referencia a ninguna fórmula contractual o unilateral de la
Administración. De acuerdo con dicho pronunciamiento:

“De los artículos 18, 19 y 25 del Decreto 1504 de 1998 se deduce que es
posible entregar a particulares para su administración y mantenimiento,
elementos que conforman el espacio público, pero expresamente

establecen que los parques y zonas verdes no podrán ser encerrados en
forma tal que priven a la ciudadanía de su uso, goce, disfrute visual y
libre tránsito; es decir, que entre otros elementos del espacio público las vías
peatonales y vehiculares no son susceptibles de cerramiento alguno. Así, las
autoridades sólo podrán autorizar el cerramiento “parcial” de aquellas
áreas (parques y zonas verdes públicas) “por razones de seguridad” y
la construcción debe garantizar la transparencia en el porcentaje
previsto en la normatividad. Tales normas no autorizan el cerramiento
“siquiera parcial” de vías peatonales y vehiculares que tengan el carácter de
públicas, ni existe previsión similar en el ordenamiento legal, pues prevalece el
interés general sobre el particular. Además, el Constituyente de 1991 le dio un
sentido y alcance diferente al espacio público, consagró las garantías para su
preservación y mejora, lo elevó al rango de derecho colectivo dentro de la
misma Constitución, la cual exige al Estado velar por su protección y
conservación, como lo expuso la Corte Constitucional en la sentencia antes
transcrita.

3.4.9. Mas tarde, en Sentencia de la Sección Tercera del 22 de junio de 2006,
proceso número 25000-2327-000-2003-02077-01, M.P. María Elena
Giraldo, se sostuvo que los bienes de uso público podían entregarse a
particulares en arrendamiento siempre que se garantizara la finalidad para
la cual fueron instituidos, es decir, que se garantizara su uso y goce por
parte de la colectividad:

“Lo cierto es que el “arrendamiento sobre bienes de uso público, dada la
evolución de las necesidades de la colectividad, no está prohibido en
estricto sentido, sólo que debe responder y estar al uso de la
colectividad, lo cual responde al artículo 1996 del Código Civil, esto es
que el arrendatario se obliga a usar la cosa según los términos y el
espíritu del contrato y obviamente tratándose de bienes de uso público,
conforme la finalidad al cual está afecto ese bien, en este caso de
recreación masiva. Por lo tanto, le está proscrito al arrendatario servir la
cosa arrendada a otro objeto distinto que el contrato señale, es más, a
falta de convenio, deberá hacerlo conforme a los usos y servicios a los
cuales está naturalmente destinada…

(…)

Es más la posibilidad de disposición de un bien de uso público tampoco es
desconocida en el derecho extranjero, cuya concepción de este tipo de bienes
es similar a la utilizada por el derecho colombiano, bajo la característica
principal de ser inalienables; así lo expresa la doctrina española…

(…)

La Sala advierte que si se analiza exclusivamente el artículo 674 del Código
Civil, en sentido exegético, la norma dará para entender que los bienes de uso
público pertenecen a todos los habitantes del territorio y siendo así, para el
intérprete restringido, son intocables por cualquier persona individualmente
considerada, están para el uso de todos y cada uno de los habitantes pues se
trata de la res publicae, que conforme al derecho romano eran “las cosas
destinadas al uso público de los habitantes como las aguas, corrientes de los
ríos…

Pero paulatinamente al abordar otras normas y ampliar el entendimiento del
derecho positivo en la materia, se advierte que la conclusión es otra, porque
en la realidad de la evolución jurídica no puede actualmente entenderse que
el bien de uso público sea intocable sino que no es negociable para uso
exclusivo de uno o de pocos individuos, o como se vio anteriormente
para privatizarlo o particularizarlo. Esa concepción frente al
aprovechamiento y explotación de los bienes de uso público, y la posibilidad
de limitaciones a ese uso, son fijadas por el ordenamiento jurídico y explicadas
por la jurisprudencia.

(…)

La jurisprudencia ha hecho por su parte eco de las normas jurídicas. A título
de mención se hace remembranza de la sentencia del Consejo de Estado de
18 de agosto de 199519, en la cual al decidir en forma negativa la nulidad de
algunos apartes del Estatuto Orgánico de Bogotá, Decreto Ley 1421 de 1993,
en temas referentes al cobro de derechos por el uso del bien de uso público,
advirtió que el cobro de los derechos en manera alguna significaría dominio
por parte de quien los cobra y, por el contrario, propende por el interés de la
colectividad…”

3.4.10. El 6 de julio de 2006 la Sección Primera, con ponencia del Consejero
Camilo Arciniegas Andrade, reiteró la anotada posibilidad dentro del
expediente 54001-2331-000-2004-00395-01, delimitando esta vez los
parámetros que debían seguirse cuando se entrega el uso de espacio
público a particulares. Se afirmó en dicha oportunidad que:

“Para la Sala el derecho al disfrute del Espacio Público no es absoluto; pues
como quedó visto, la normativa vigente habilita a las autoridades municipales y
distritales a autorizar su uso a particulares en actividades compatibles con su
naturaleza y previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

1. Que obre autorización de la Administración municipal.

2. Que el uso sea compatible con la naturaleza del espacio público, o sea que
no cause afectación a los derechos colectivos.

3. Que se formalice la relación jurídica a través de un vínculo contractual.”

3.4.11. Posición distinta fue la asumida en Sentencia del 15 de agosto de
2007, proceso número 19001-2331-000-2005-00993-01, expedida por la
Sección Tercera con ponencia de la Magistrada Ruth Stella Correa
Palacio, en la que cualquier tipo de disposición por particulares de los
bienes de uso público se circunscribió al contrato de concesión:

19
Sección Primera. Expediente 3237. Actor: Personería Santa Fé de Bogotá D.C., C.P. Nubia
González Cerón.

“También la Sala ha considerado que “…el cobro por el uso del espacio
público cuando quiera que configura una barrera de acceso al destino común
por parte de la comunidad configura una violación del régimen constitucional y
legal antes señalado, en tanto atenta contra la naturaleza, integridad y
finalidad del mismo, por cuanto el objeto de esta medida no es la
realización de los fines constitucional y legalmente asignados a esta
categoría de bienes sino que, por el contrario, impide el uso y disfrute
que sin discriminación alguna corresponde a la comunidad…”.20

2.2.2. Como puede apreciarse, dependiendo de la naturaleza jurídica del
inmueble objeto del contrato que se acusa como generador de la vulneración
de derechos colectivos, se predica respecto del mismo unas
características que inciden en la posibilidad de negociación o entrega a
cualquier título en el tráfico jurídico; si es un bien de uso público, no es
jurídicamente viable que sea entregado para el uso y goce exclusivo de
un particular, so pena de transgredir el orden jurídico imperativo al
intentar transferir u otorgar derechos con esa proyección y connotación
sobre un bien de disfrute colectivo; en cambio, si su naturaleza es fiscal es
posible sobre el mismo un acto de disposición jurídica con el aludido alcance
(vender, arrendar, permutar, etc.), siempre y cuando se cumplan las normas
legales que regulan esa actividad.”

3.4.12. En Sentencia del 18 de marzo de 2010 proferida dentro del proceso
número 25000-2326-000-1994-00071-01, por la Sección Tercera con
ponencia del Magistrado Mauricio Fajardo Gómez, se reiteró el anterior
criterio con ocasión de la controversia surgida respecto del contrato que
celebró el Distrito Capital del coliseo cubierto “El Campín”. En dicha
ocasión sostuvo la jurisprudencia que:

“Lo expuesto evidencia con claridad que el arrendamiento es un negocio
jurídico propio del tráfico civil o comercial que, por su naturaleza, colide
abiertamente con el carácter de uso público que corresponde a un bien
sobre el cual pretende recaer un contrato de esta índole, pues el uso y
goce exclusivo en cabeza del arrendatario impediría, per se, la utilización
colectiva propia de tal clase de bienes, con lo cual se desnaturalizaría su
afectación o destino jurídico, se desviaría su finalidad comunitaria hacia
los intereses del particular que lo explota en su propio beneficio, más aún
en casos como el que ocupa la atención de la Sala en el sub judice, en el que
la calidad de comerciante del arrendatario lleva consigo el ánimo de lucro
propio de tal actividad, con evidente lesión de intereses colectivos, tutelados
por normas de orden público.

Admitir la posibilidad de que los bienes de uso público puedan ser
susceptibles de convertirse en objeto material de un contrato de
arrendamiento supondría soslayar el mandato contenido en el artículo 63
de la Carta, el cual determina que los bienes de uso público son
inalienables, imprescriptibles e inembargables y si, como ya se dijo, tal
inalienabilidad comporta el que los aludidos bienes se encuentren fuera
del tráfico civil y mercantil, resulta censurable la celebración de negocios

20
Consejo de Estado, Sección Tercera, AP- 08001-23-31-000-2002-02214-01, Sentencia de 6 de
octubre de 2005, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

jurídicos en contravía de tal disposición; tales negocios se encuentran
prohibidos y, en caso de ser celebrados, resultarían violatorios de
normas de orden público, con lo cual quedarían afectados de nulidad
absoluta por objeto ilícito, en los términos de los artículos 1519 y 1523
del Código Civil, además de que transgredirían lo preceptuado por el
artículo 6º de la Ley 9ª de 1989, en la medida en que conllevarían una
desafectación velada del respectivo bien de uso público, pretermitiendo
así los requisitos y el procedimiento que a tal efecto prevé la citada
disposición.

Similares argumentos sirvieron a esta Sala para precisar la postura que en
algún momento pareció sostener la Corte Constitucional en el sentido de que
el de arrendamiento es un tipo contractual de posible utilización en relación
con bienes de uso público; en aquella oportunidad la Sala, a través de la
exposición que se reproduce in extenso a continuación, comoquiera que
aporta elementos adicionales con fundamento en los cuales se rebaten las
aseveraciones de la sociedad accionante en el sub judice en el sentido de que
el contrato de arrendamiento de bienes como el coliseo cubierto “El Campín”
no sólo no estaría prohibido sino que estaría expresamente avalado por el
ordenamiento jurídico, esta Sala, se insiste, ilustró la incompatibilidad jurídica
que existe entre las antes explicitadas particularidades de los bienes de uso
público y los elementos estructurales del contrato de arrendamiento:

(…)

En conclusión, las particularidades propias de los bienes de uso público
impiden que ellos puedan constituirse en objetos materiales de un
contrato de arrendamiento, pues la prohibición constitucional y legal
consistente en que respecto de bienes de esta naturaleza se configuren
situaciones jurídicas en provecho exclusivo de determinadas personas
─menos aún situaciones jurídicas de carácter real y más claramente proscrito
todavía, derechos reales de titularidad de particulares─ torna jurídicamente
imposible que concurra uno de los elementos que determina la función
económico-social del contrato de arrendamiento, cual es el referido a
que el precio que paga el arrendatario lo entrega al arrendador a cambio
de que se le conceda el uso y goce exclusivo de la cosa arrendada. En la
medida en que esa exclusividad resulta insostenible jurídicamente cuando se
trata de bienes de uso público, es evidente que éstos no pueden constituirse
en objeto material de contratos de arrendamiento. Razón de más, si cabe,
para insistir en que el contrato No. 002 de 1994, celebrado entre las partes en
el presente proceso, jurídicamente NO puede ser de arrendamiento, aunque
tal hubiera sido el nomen que, en su momento, le atribuyeron las partes y, por
tanto, si en realidad dicho contrato hubiere correspondido al tipo de
arrendamiento necesariamente la Sala habría debido declararlo nulo, de
nulidad absoluta, en cumplimiento de las disposiciones consagradas en tal
sentido tanto en el artículo 45 de la Ley 80 como en el artículo artículo 87 del
Código Contencioso Administrativo, regulación que en lo general coincide con
las previsiones consagradas en el artículo 1742 del Código Civil.”

3.5. Necesidad de Unificar

De la lectura de los anteriores apartes jurisprudenciales se advierte claramente
que la cuestión de si los bienes de uso público se pueden entregar en
arrendamiento no es pacífica.

Siendo ello así, resulta imperioso unificar el tratamiento jurídico de esta clase de
bienes de modo que se ofrezca seguridad en torno a este tópico para la autoridad
administrativa encargada de su custodia y gestión.

3.5.1. Pues bien, la Sección Tercera, en sus más recientes pronunciamientos, se
ha inclinado por circunscribir la posibilidad de que los particulares
usufructúen bienes de uso público al contrato de concesión y, por contera,
niega toda posibilidad de arrendamiento, pues a su juicio, la naturaleza de
este contrato implica entregar el uso y goce exclusivo del bien al
arrendatario, cuestión ésta que desconoce características esenciales de
los bienes de uso público, tales como que están al servicio de toda la
comunidad y por ende son inalienables, inembargables e imprescriptibles.
Incluso han determinado que cuando quiera que se celebre el contrato de
arrendamiento sobre los citados bienes, ese negocio es nulo por tener
objeto ilícito.

3.5.2. Por su parte las Secciones Quinta, Cuarta y Primera del Consejo de
Estado le han dado un tratamiento diferente al tema, señalando que los
bienes de uso público no ostentan un carácter absoluto y que por ello
pueden ser objeto de arrendamiento. Como se observó, en los
pronunciamientos de estas secciones es indiferente el tipo de vínculo
contractual que recaiga sobre el bien, pues lo cierto es que en cualquiera
de las aludidas fórmulas debe prevalecer la finalidad de uso colectivo a la
que están destinados.

3.5.3. Bajo tales premisas, y habida cuenta de que el problema jurídico en el
caso bajo examen se sustrae a determinar la procedencia del contrato de
arrendamiento para bienes de uso público, pues fue el celebrado entre el
Municipio de Támesis y un particular, debe la Sala unificar el punto
prohijando la posición que la Sección Tercera ha venido sosteniendo, en
cuanto a que la característica de exclusividad del contrato de
arrendamiento hace improcedente que un bien de uso público pueda

reputarse como su objeto, dado que tal carácter es ajeno al concepto de
este tipo de bienes.

3.5.4. Al respecto resulta pertinente estudiar el alcance de dicho contrato, de
conformidad con lo expuesto por el artículo 1973 del Código Civil, que
define el arrendamiento en los siguientes términos:

“Artículo 1973. El arrendamiento es un contrato en que las dos partes se
obligan recíprocamente, la una a conceder el goce de una cosa, o a ejecutar
una obra o prestar un servicio, y la otra a pagar por este goce, obra o servicio
un precio determinado.”

La sentencia del 15 de marzo de 2001, proferida en el proceso número 25000-23-
26-000-1993-09167-01 (13352), por la Sección Tercera de ésta Corporación, dio
cuenta de los elementos de ese negocio jurídico, así:

“De la precitada definición se deduce que son elementos esenciales del
contrato de arrendamiento de bienes los siguientes:

-. La concesión del goce o uso de un bien

-. El precio que se paga por el uso o goce del bien

-. El consentimiento de las partes (21)

Del contrato de arrendamiento surge para el arrendador la obligación de
entregar el bien y permitir el uso y goce del mismo al arrendatario; para
éste surge la obligación de pagar el precio correspondiente al canon por la
tenencia del bien, conservarlo conforme al destino del mismo y restituirlo en la
oportunidad convenida (arts. 1982 ss y 1996 ss C.C.; art. 394 Código Fiscal de
Bogotá - Acuerdo 6/1985 ).

Son características del contrato de arrendamiento ser un negocio jurídico
bilateral, porque se celebra entre dos sujetos de derecho; oneroso, porque el
precio es uno de sus elementos esenciales en cuya ausencia el contrato se
torna en comodato; conmutativo, porque es fuente de obligaciones a cargo de
los dos sujetos contractuales, y de tracto sucesivo, porque es de ejecución
periódica, continuada, distribuida en el tiempo ”en el cual las fases individuales
de las prestaciones se pueden realizar con vencimiento fijo(22)”

En relación con el contrato que se estudia, la Sala ha precisado:

“Si bien el contrato de arrendamiento conlleva actos de administración y no
de disposición, por cuanto quien arrienda no transfiere el dominio del bien,
dicho acuerdo se caracteriza porque confiere al arrendatario el
derecho de uso y goce exclusivo, el cual se encuentra amparado por

21
Así lo precisó la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil en Sentencia de abril 30 de
1970.
22
Renato SCOGNAMILIO define así las obligaciones sucesivas en su obra Teoría General del
Contrato, Publicaciones de la Universidad Externado de Colombia, 1971; pág. 296.

la ley frente a cualquier clase de perturbación o impedimento, de
conformidad con los arts. 1988, 1989 y 1990 del Código Civil. (23)

Josserand afirma que el arrendamiento de inmuebles es un contrato
consensual y sucesivo, porque es de ejecución continua; a cada instante
debe el arrendador asegurar el goce de la cosa al arrendatario, quien
está obligado, en compensación, a pagar el precio en las épocas
convenidas (24).

A su vez Fernando Vélez al diferenciar el arrendamiento de otras figuras
jurídicas precisa:

“Tiene semejanza con la venta, pues en ambos se encuentran unos
mismos elementos esenciales: consensus, res, pretium. Por esto, muchas
veces se puede argumentar respecto de uno de esos contratos con
analogía con el otro. Se diferencian principalmente en que la venta implica
una obligación de dar, mientras que el arrendamiento implica la de hacer, o
de otra manera: el vendedor se obliga a transmitir la propiedad de una cosa
al comprador, y el arrendador sólo se obliga a hacer gozar al
arrendatario de la cosa sin transmitirle el dominio de ella, o de los
servicios que deba prestarle.”(25)” (Negritas de la Sala).

Sobre los elementos esenciales del contrato de arrendamiento, la Corte Suprema
de Justicia ha afirmado:

“La definición que del contrato de arrendamiento trae el art. 1973 ibídem indica
que son de su esencia, de un lado, una cosa, cuyo uso o goce concede
una de las partes a la otra o la prestación de un servicio o la ejecución de
una obra, y del otro, el precio que se debe pagar por ese goce, obra o
servicio. En el primer caso, que es el que interesa en la litis de que ahora
conoce la Corte, la concesión del goce o uso de la cosa y el precio que por
ella se paga, amén del consentimiento de las partes que lo celebran, como es
obvio, son elementos esenciales del contrato de arrendamiento de
cosas.

“Así el pago de un precio por una de las partes a la otra, sin que quien lo hace
reciba contraprestación alguna, convertiría el acto jurídico en una donación,
por ejemplo, pero en ningún caso podría configurar un contrato bilateral,
conmutativo, temporal, de ejecución sucesiva y oneroso como lo es el de
arrendamiento. A su turno, la concesión del uso o goce de una cosa sin
contraprestación económica, estructuraría un contrato no ya de
arrendamiento sino un típico comodato o préstamo de uso.”26. (Negritas
de la Sala).

Siendo ello así, y en atención al análisis expuesto en el anterior acápite, es claro
que uno de los elementos de la esencia del contrato de arrendamiento, es decir,

23
Sentencia proferida el 16 de febrero de 2001, expediente 16596.
24
Luis JOSSERAND, Derecho Civil, Tomo II, vol. II; Bosch y Cía Editores, Buenos Aires, 1951,
pág. 127.
25
Fernando VÉLEZ, Estudio sobre el Derecho Civil Colombiano. Imprenta París - América. Tomo
VII, pág. 358.
26
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia de abril 30 de 1970.

aquéllos sin los cuales, o no existe, o degenera en un negocio distinto27, es la
entrega del uso y goce exclusivo del bien, circunstancia que riñe de manera
abierta con la naturaleza de inmuebles como el objeto de la presente litis, debido
a que, se reitera, están destinados al goce, disfrute visual y libertad de tránsito de
todos los ciudadanos de manera libre e impersonal, esto es, no se predica, en
manera alguna, exclusividad para un grupo de personas y menos para un sujeto
determinado.

Resulta ilustrativo traer a colación un reciente fallo de la Subsección “C” de la
Sección Tercera de ésta Corporación, en el que definió con claridad el alcance del
contrato de arrendamiento en el marco del régimen de contratación estatal;
veamos:

“1.1. El contrato de arrendamiento en el marco del régimen de
contratación estatal28

Son de la esencia del contrato de arrendamiento el que una parte se obligue a
conceder el goce de una cosa determinada y la otra a pagar un precio
determinado o renta como retribución por el goce que se le ha concedido.

Por consiguiente la demostración de la celebración de éste contrato implicará
que se acredite, de un lado, cuál es la cosa cuyo goce se ha concedido, y, de
otro lado, cuál es el precio que ha de pagarse por la concesión de ese goce.

Sin embargo, aunque el contrato de arrendamiento es consensual, por cuanto
consiste en un acuerdo donde una parte concede el uso y goce de una cosa a
cambio de una retribución, precio o renta que la otra ha de pagar por ello, 29 si
en este contrato interviene como parte una entidad estatal, su
perfeccionamiento y demostración implicará que el acuerdo de voluntades
sobre estos elementos esté contenido en un documento que deberá
presentarse como única prueba pertinente, se insiste, porque el contrato
estatal es solemne por regla general.

Asimismo, entre otras, dentro de las características del contrato de
arrendamiento, se encuentra el ser sinalagmático, comoquiera que surgen
obligaciones recíprocas que se sirven mutuamente de fundamento: las del
arrendador, principalmente, consisten en entregar al arrendatario la cosa
arrendada y en procurarle al arrendatario el uso y el goce de la misma,
mientras que las de éste consisten básicamente en conservar la cosa en el
estado en el cual la recibió, pagar los cánones pactados y restituir el objeto
material del contrato al término del mismo.

27
“Artículo 1501. Cosas esenciales, accidentales y de la naturaleza de los contratos. Se
distinguen en cada contrato las cosas que son de su esencia, las que son de su naturaleza, y las
puramente accidentales. Son de la esencia de un contrato aquellas cosas sin las cuales, o no
produce efecto alguno, o degeneran en otro contrato diferente; son de la naturaleza de un contrato
las que no siendo esenciales en él, se entienden pertenecerle, sin necesidad de una cláusula
especial; y son accidentales a un contrato aquellas que ni esencial ni naturalmente le pertenecen, y
que se le agregan por medio de cláusulas especiales”.
28
Al respecto ver: Consejo de Estado, sentencias de 28 de marzo de 2012, Exp. 22.168 y de 29 de
abril de 2015, Exp. 35.138; M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
29
Artículo 1973 del C. C.

Otra característica importante es su onerosidad porque ambas partes
obtienen utilidad o beneficio de él.

También el contrato de arrendamiento es conmutativo, toda vez que las
prestaciones a cargo de cada una de las partes se miran como equivalentes
en relación con las asumidas por la otra.

Y, finalmente, es un contrato de tracto sucesivo, en la medida en que las
obligaciones que de él surgen no se cumplen instantáneamente sino que
conllevan cierta duración en el tiempo.

De lo anterior se resaltan las obligaciones que manan del contrato de
arrendamiento, especialmente las correspondientes al arrendador que debe
entregar la cosa al arrendatario para que, por supuesto, éste pueda usarla y
gozarla y “librar al arrendatario de toda turbación o embarazo en el goce de la
cosa arrendada”30.

De manera que si por razones diferentes a la mutación o reparación de la
cosa arrendada, evento este que cuenta con otra regulación específica31, el
arrendatario es perturbado por el arrendador en el use y goce de la cosa
arrendada, aquel tiene derecho a la indemnización de los perjuicios causados
con la turbación32.

Ahora, como “el pago efectivo es la prestación de lo que se debe”33 y este
debe hacerse “bajo todos los respectos en conformidad al tenor de la
obligación”, se sigue que el arrendatario debe pagar al arrendador el canon
pactado en la forma y momento acordado, así como el arrendador debe
entregar la cosa arrendada en la forma y momentos pactados, so pena de
incurrir en incumpliendo del contrato, comportamiento que implicará el deber
de indemnizar perjuicios si con él se ha causado un daño al co-contratante”.34

Paralelamente con estas obligaciones mutuas entre el arrendador y el arrendatario
y una vez hecha la entrega del bien a éste último, surge para el arrendatario el
derecho de que trata el artículo 1988 del Código Civil, de conformidad con el cual,
“Si el arrendatario es turbado en su goce por vías de hecho de terceros, que no
pretenden derecho a la cosa arrendada, el arrendatario a su propio nombre
perseguirá la reparación del daño”, de tal manera que el arrendatario, que detenta
el bien, puede ejercer dicho derecho frente a cualquier tercero que pretenda
perturbarlo, para lo cual cuenta con la acción dispuesta en el artículo 978 del
mismo Código.

3.5.4.1. Vale la pena aclarar, a esta altura de la disertación, que la regulación
prevista en el artículo 674 del Código Civil en lo relativo al inciso tercero
sobre los bienes de la Unión, se debe entender en consonancia con lo
30
Numeral 3º del artículo 1982 del C. C.
31
Artículo 1986 del C. C.
32
Artículo 1987 del C. C.
33
Artículo 1626 del C. C.
34
Consejo de Estado Sección Tercera. Sentencia del 4 de junio de 2015 proferida en el proceso
identificado con el número de radicación 73001-23-31-000-2003-00634-01 (37.566).

dispuesto en el artículo 1981 del mismo Estatuto, es decir, referido a los
bienes fiscales35. Las normas en cita son del siguiente tenor:

“Artículo 674. Bienes públicos y de uso público. Se llaman bienes de la
Unión aquéllos cuyo dominio pertenece a la República.

Si además su uso pertenece a todos los habitantes de un territorio, como el de
calles, plazas, puentes y caminos, se llaman bienes de la Unión de uso público
o bienes públicos del territorio.

Los bienes de la Unión cuyo uso no pertenece generalmente a los habitantes,
se llaman bienes de la Unión o bienes fiscales”. (Subrayas de la Sala).

Artículo 1981. Arrendamiento de bienes públicos. Los arrendamientos de
bienes de la Unión, o de establecimientos públicos de ésta, se sujetarán a las
disposiciones del presente capítulo, salvo lo estatuido en los códigos o en las
leyes especiales.” (Subrayas de la Sala).

35
El doctor José Alejandro Bonivento Hernández precisó lo siguiente:

“214. Arrendamiento de bienes de entidades de derecho público

Preceptúa el artículo 1981 del Código Civil: “Los arrendamientos de bienes de la Unión, o de
establecimientos públicos de ésta, se sujetarán a las disposiciones del presente capítulo, salvo lo
estatuido en los códigos o en las leyes especiales.”. Quiere significar esta norma que cuando una
entidad de derecho público celebra un contrato de arrendamiento, obra como una persona de
derecho privado sometiéndose a las disposiciones del arrendamiento en general, salvo aquéllas
exigencias que normas o código especiales dispongan”. (Bonivento Fernández, José Alejandro.
“Los principales contratos civiles, y su paralelo con los comerciales”. Librería Ediciones del
Profesional Ltda., 2008, p. 407).

A estos efectos, deberá entenderse que su referencia a la disposición en cita se circunscribe al
bien fiscal, pues el mismo autor en su obra indica que no es posible arrendar bienes de uso púbico,
tal y como se referenció en el siguiente análisis

“c) Que la cosa no esté prohibida por la ley para ser arrendada. El principio general es que
todas las cosas se pueden arrendar. Las excepciones surgen de las prohibiciones de ley. Casi
todas las cosas que se pueden vender son susceptibles de arrendarse. En cambio, no todas las
cosas que se pueden arrendar son susceptibles de venderse; por ejemplo: un bien embargado o
secuestrado puede ser arrendado, sin autorización del juez o del acreedor, pero no puede ser
vendido por tener objeto ilícito, al tenor de lo dispuesto es el artículo 1521 del Código Civil. La
Razón emana de la misma naturaleza del contrato de arrendamiento que excluye cualquier
posibilidad de disposición de la cosa.

No se pueden arrendar:

a) El derecho de servidumbre separado del predio en cuyo beneficio se ha
constituido.

b) El derecho alimentario.

c) Los derechos estrictamente personales como el uso y habitación.

d) Las cosas comunes, es decir, los bienes de uso público, etc.” (Subrayas de la Sala).

(Bonivento Fernández, José Alejandro. “Los principales contratos civiles, y su paralelo con los
comerciales”. Librería Ediciones del Profesional Ltda., 2008, p. 406).

La Corte Suprema de Justicia ha puntualizado las diferencias entre el bien de uso
público y el bien fiscal. Este también denominado “bien de la Unión”, de la
siguiente manera:
Ahora, en razón a la connotación que con relación a la acción promovida tiene
la naturaleza jurídica del bien pretendido por la actora, el que ha catalogado
como de “uso público”, se hace necesario aludir a algunos aspectos generales
concernientes a su definición y regulación, dada la repercusión en el tema a
probar, lo que interesa para el caso debido a la modalidad del reproche
planteado.

El artículo 674 del Código Civil, estatuye que “[s]e llaman bienes de la Unión
aquellos cuyo dominio pertenece a la República. – Si además su uso
pertenece a todos los habitantes de un territorio, como el de las calles, plazas,
puentes y caminos, se llaman bienes de la Unión de uso público o bienes
públicos del territorio” (se subraya).

Con base en la citada disposición, se ha entendido que involucra los
denominados (i) “bienes fiscales”, caracterizados porque sirven a las
entidades estatales para el desarrollo de sus actividades y prestación de los
servicios atinentes a sus funciones, los que a pesar de estar regidos por el
derecho público, son poseídos y administrados como lo hacen los particulares
con los que integran su patrimonio, por ejemplo, los edificios de su propiedad
abiertos a la comunidad con ese propósito, y de otro lado, (ii) los “bienes de
uso público”, cuyo disfrute constituye una prerrogativa concedida a todos los
habitantes, hallándose de manera permanente a su disposición, como las
calles, los parques, etc.

Con relación a esa temática, en sentencia CSJ, 6 oct. 2009, rad. 2003-00205-
01, se memoró:

“En cuanto atañe a las diferencias entre la propiedad ejercida por el
Estado sobre los bienes de uso público y la que ostentan los
particulares frente a los propios, dijo esta Corporación ‘sostienen
distinguidos expositores de derecho que en los bienes de dominio
público no tiene el Estado lo que propiamente se llama propiedad, ya
que analizados los elementos de que esta se compone, se encuentra,
el usus no es del Estado, pertenece a todos los habitantes del país; el
fructus no existe, en tesis general, y el abusus tampoco existe en
relación con tales bienes por su condición de inalienables, vale decir,
sustraídos del comercio, no susceptibles de propiedad privada. En
esos bienes, observa Demófilo del Buen, el Estado no tiene, hablando
con propiedad, sino un derecho de administración o gestión en unos
casos, y en otros una función de policía para que no se entorpezca y
se coordine el uso común: en todo caso el dominio del Estado sobre
los bienes de uso público, es un dominio sui géneris´ (Sala de
Negocios Generales de 26 septiembre de 1940, G.J. Tomo L, pág
254)”.

Igualmente, en el fallo CSJ, 29 jul. 1999, rad. 5074, se expresó:

“(…) El artículo 674 del Código Civil, luego de precisar que los bienes de
la Unión son las cosas cuyo dominio corresponde a la República,
distingue entre aquellos cuyo ‘... uso pertenece a todos los habitantes de
un territorio, como el de calles, plazas, puentes y caminos’ y a los cuales
denomina ‘bienes de la Unión de uso público o bienes públicos del
territorio’, de estos otros, también de la Unión, ‘cuyo uso no pertenece
generalmente a los habitantes ...’, a los que llama simplemente ‘bienes
de la unión o bienes fiscales”.

De la simple lectura del aludido precepto se infiere que, según el Código Civil,
los bienes de la ‘Unión’ se clasifican en dos: De un lado, los de uso público,
como las calles, plazas, puentes y caminos, y, de otro, los fiscales, es decir,
aquellos que no estando adscritos a la prestación de un servicio público,
forman parte del patrimonio estatal, ya sea por disposición constitucional, o
porque han sido adquiridos por la Nación, los departamentos, los municipios y,
en general las entidades de derecho público, para destinarlos a la
organización de los fines que le son propios, siendo su uso común restringido
o reprimido, distinción ésta que, como es sabido, se funda en conceptos de un
nítido perfil romanista.

En cuanto a los primeros, los de uso público, débese precisar aquí que se
caracterizan, como su nombre lo anuncia, porque, como acontece con algunos
de propiedad privada, están destinados al uso común; porque son inalienables
e imprescriptibles y, finalmente, porque pertenecen, salvo los privados
afectados al uso público, a entidades de derecho público, exigencia esta
última entendida en el sentido de que se encuentran sometidos a una singular,
pero innegable, potestad estatal que excluye la propiedad privada sobre ellos,
ya sea porque, como piensan algunos, tal poder configura un ‘dominio
eminente’, traducido en meras facultades de policía administrativa que apenas
le conceden a su titular las facultades de guarda y vigilancia, sin estructurar,
en todo caso, un derecho de propiedad en sentido estricto, o ya, como piensan
otros, como un genuino derecho público de propiedad cuyo ejercicio puede
diferir en varios aspectos del modo como los particulares despliegan su poder
sobre los bienes, pero sin ser sustancialmente distintos.

De manera complementaria al anterior precedente, en el fallo CSJ SC, 10
sept. 2010 (sic) [2013], rad. 2007-00074, se precisó lo siguiente:

“Ambos tipos de bienes hacen parte del patrimonio del Estado. La
diferencia entre ellos radica en su destinación y régimen.

Los de uso público están a disposición de la comunidad, es ella quien
los utiliza. En síntesis, sus características esenciales son: el titular del
dominio es el Estado; están afectados al uso común de los asociados;
no son susceptibles de comercializarse; son inalienables e
imprescriptibles y su régimen es de derecho público.

Los denominados fiscales no están al servicio de la comunidad, sino
para la utilización de su titular con miras a realizar sus fines,
independientemente de su connotación de entidad pública. Inclusive, los
administra como si fuera un particular, confluyendo en ellos atributos de
la propiedad que le permiten gravarlos, enajenarlos o arrendarlos, entre
otros actos. De ahí que el régimen jurídico aplicable es el del
ordenamiento civil o comercial, sin perjuicio de la reglamentación
general y especial aplicable, según el caso.

Sin embargo, a pesar de que su ‘uso no pertenece generalmente a los
habitantes’, por ese solo hecho no se desconocen las repercusiones
favorables que su detentación irroga a todos los ciudadanos, pues, el
propósito de la administración pública en conjunto no es otro sino el
bienestar común, es por ello que de conformidad con el artículo 113 de
la Constitución Política ‘[l]os diferentes órganos del Estado tienen
funciones separadas pero colaboran armónicamente para la realización
de sus fines”.

Es claro, entonces, que tanto los bienes de uso público como los fiscales
están destinados al cumplimiento de los fines del Estado, y por ello son objeto
de protección legal frente a las eventuales aspiraciones de los particulares

para apropiarse de ellos. Y esa es la razón por la que la Constitución y la ley
consagran la prohibición expresa de que se declare la pertenencia de los
mismos”.36

3.5.4.2. Teniendo entonces en cuenta los derechos y acciones que surgen para
el arrendatario, derivadas del contrato de arrendamiento y la protección
que ellas ofrecen al uso y goce exclusivo, y siguiendo, la abundante
jurisprudencia que sobre la materia ha trazado la Sección Tercera de
esta Corporación, bien puede concluirse que no es procedente entregar
en arrendamiento bienes de uso público. La sentencia del 18 de marzo
de 2004 expedida en el proceso identificado con el número 52001-23-
31-000-2002-01750-01 por la citada Sección definió el tema de la
siguiente forma:

“De otro lado, como lo ha reiterado la jurisprudencia37 el contrato de
arrendamiento supone actos de administración más no de disposición, toda
vez que el arrendamiento no transfiere el dominio del bien, sino simplemente
el derecho de uso y goce de la cosa arrendada, el cual se encuentra protegido
frente a cualquier clase de perturbación o molestia, por lo que no es posible
arrendar un bien de uso público, ya que iría en contravía de su propia
naturaleza y finalidad.

De esta forma, los bienes de uso público están destinados al uso, goce,
disfrute visual y libertad de tránsito por parte de todos los ciudadanos, por lo
que, atendido a tales finalidades, no es jurídicamente viable que dichos bienes
sean entregados en arrendamiento, dado que es de la esencia de dicho
contrato el uso y goce exclusivo, sin ningún tipo de perturbación o molestia.

En tales condiciones, al celebrase sobre los bienes de uso público el
mencionado negocio jurídico, el acuerdo contractual estaría viciado de nulidad
absoluta por objeto ilícito, según lo prescriben los artículos 1519 y 1521 del
Código Civil.

En este sentido, esta Corporación ha señalado:

“En consecuencia, el denominado “contrato de arrendamiento” por la
Corte Constitucional, debe garantizar en forma efectiva el cumplimiento
de las finalidades públicas a las cuales está destinado un bienes de uso
público, esto es su incorporación al uso y goce de la comunidad,
finalidad que, sin duda resultan contrariadas al entregar el bien en
arrendamiento, puesto que es de la esencia de dicho contrato la entrega
de la cosa para el uso y goce del arrendatario durante el tiempo que
dure el convenio, sin ninguna perturbación o interferencia; de allí que
algunos doctrinantes sostienen que el contrato de arrendamiento no es
a la postre nada distinto a la venta temporal del uso de un bienes”.38

36
Corte Suprema de Justicia. Sala de casación Civil. Sentencia del 15 de julio de 2014, proferida
en el proceso número 11001-3103-015-1974-04287-01 Magistrada Ponente: Ruth Marina Diaz
Rueda. Número de Providencia: SC9166-2014.
37
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia 16.596
de 16 de febrero de 2001.
38
Ibídem.

No obstante, debe precisarse, además, que en el marco del ordenamiento
jurídico, con el fin de preservar y asegurar la correcta y debida utilización de
este tipo de bienes, las autoridades estatales bien pueden reglamentar el uso
de tales bienes, para evitar una utilización abusiva, caprichosa o arbitraria39,
en orden de lograr, al propio tiempo, una mejor realización del interés general,
para cuyo propósito, aquellas podrán establecer determinados requisitos y fijar
algunas restricciones, como por ejemplo de horarios, periodos, actividades
posibles de realizar, etc.”. (Subrayas de la Sala).

Tal visión venía haciendo carrera en la Sección Tercera desde el 16 de febrero de
2001, cuando se dictó fallo en el expediente número 16596, a que se ha aludido
en el numeral 3.4.5., que dada su importancia es preciso traer nuevamente a
colación:

“Por disposición constitucional dichos bienes son inembargables,
imprescriptibles e inalienables, vale decir, se encuentran fuera del comercio40,
y se caracterizan por su afectación a una finalidad pública, esto es, están
destinados a ser usados y disfrutados por la comunidad, sin ninguna
discriminación, en forma directa, libre, impersonal, individual o colectivamente
y, en general, gratuita41.

Si bien el contrato de arrendamiento conlleva actos de administración y no de
disposición, por cuanto quien arrienda no transfiere el dominio del bien, dicho
acuerdo se caracteriza porque confiere al arrendatario el derecho de uso y
goce exclusivo, el cual se encuentra amparado por la ley frente a cualquier
clase de perturbación o impedimento, de conformidad con los arts. 1988, 1989
y 1990 del Código Civil. De manera que no es posible conferir a una persona
el uso y goce exclusivo de un bien de uso público, porque es contrario a su
propia naturaleza y finalidad, toda vez que por disposiciones constitucionales y
legales, los derechos a su uso y goce pertenecen a toda la comunidad.”

La naturaleza de los bienes de uso público así como la esencia del contrato de
arrendamiento impiden concebir que uno y otro encuentren una confluencia válida
en el plano jurídico ya delineado desde la perspectiva de las normas que
gobiernan cada materia. Tal aspecto ha venido siendo advertido en distintas
decisiones entre las cuales vale la pena resaltar la expedida el 15 de agosto de
2007, que sobre el punto reseñó:

“Por manera que cuando la Constitución y la ley le imponen al Estado el deber
de velar por la integridad del espacio público y su afectación a una finalidad
pública, comoquiera que su uso y goce pertenecen a la comunidad, por
motivos de interés general, no sólo limita su disposición en términos de
enajenabilidad, sino que al mismo tiempo impide la presencia de
discriminaciones negativas en el acceso al espacio público (exclusión en el

39
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia 0055 de
25 de abril de 2002.
40
Según el profesor JOSE J. GOMEZ “los bienes de uso público se caracterizan por hallarse fuera
del comercio, lo que quiere decir que no puede celebrarse sobre ellos acto jurídico alguno.” Cf.
Bienes. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 1981, p. 98.
41
Quedan a salvo las facultades legales de cobro de derechos de uso, tal como precisó la Sección
Primera en la sentencia de agosto 18 de 1995, Exp. 3237, antes referida.

acceso) o discriminaciones positivas a favor de determinados particulares
(privilegios), en tanto lo que está en juego es el interés general (arts. 1 y 82
C.P.) ajeno a su destinación al uso común general.42

De ahí que los concejos como autoridades que reglamentan los usos del suelo
deben respetar y asegurar el acceso de todos los administrados al uso común
de dichos bienes.

En consecuencia, los bienes de uso público y su expresión del espacio
público, al tener las características de inalienables, imprescriptibles e
inembargables, no pueden entregarse por lo mismo a ningún título a los
particulares si con ello se vulnera la destinación al uso común que a ellas
corresponde por mandato superior; de modo que, sólo excepcionalmente las
autoridades administrativas están habilitadas para la celebración de algunos
contratos cuando quiera que con ellos justamente se esté garantizando la
destinación de dichos bienes al uso común.

(…)

Con esta perspectiva, la Sala no ha dudado en decretar la nulidad absoluta
por objeto ilícito de un contrato de arrendamiento de bienes de uso público, en
tanto esta modalidad contractual afecta su destinación al uso común:

“Estas premisas sirven de fundamento a la Sala para concluir que los
bienes de uso público no son susceptibles de ser arrendados por las
razones siguientes:

“Por disposición constitucional dichos bienes son inembargables,
imprescriptibles e inalienables, vale decir, se encuentran fuera del
comercio43, y se caracterizan por su afectación a una finalidad pública,
esto es, están destinados a ser usados y disfrutados por la comunidad,
sin ninguna discriminación, en forma directa, libre, impersonal, individual
o colectivamente y, en general, gratuita44.

“Si bien el contrato de arrendamiento conlleva actos de administración y
no de disposición, por cuanto quien arrienda no transfiere el dominio del
bien, dicho acuerdo se caracteriza porque confiere al arrendatario el
derecho de uso y goce exclusivo, el cual se encuentra amparado por la
ley frente a cualquier clase de perturbación o impedimento, de
conformidad con los arts. 1988, 1989 y 1990 del Código Civil. De
manera que no es posible conferir a una persona el uso y goce
exclusivo de un bien de uso público, porque es contrario a su propia
naturaleza y finalidad, toda vez que por disposiciones constitucionales y

42
“La utilización colectiva, o uso común, es la que tiene lugar por el público en general y, por tanto,
indiscriminadamente, en forma anónima, sin necesidad de título alguno. Este es el tipo de
utilización que corresponde a las vías públicas terrestres (carreteras, calles, plazas, paseos) (…)
Normalmente, la utilización de los particulares se traducirá en una actividad de circulación o en una
situación de breve estacionamiento, pudiendo, en ocasiones, llegar a aprovecharse de los frutos o
productos de la dependencia demanial (pesca, caza).
El uso común general, o régimen normal de las utilizaciones colectivas, se rige por los principios de
libertad, igualdad y gratuidad, principios que deben respetar los actos administrativos o
disposiciones que se dicten sobre la utilización de estos bienes” PARADA, Ramón, Derecho
Administrativo, III, Bienes públicos-derecho urbanístico, Marcial Pons, Madrid, 2002, novena
edición, p. 76.
43
Según el profesor JOSE J. GOMEZ “los bienes de uso público se caracterizan por hallarse fuera
del comercio, lo que quiere decir que no puede celebrarse sobre ellos acto jurídico alguno.” Cf.
Bienes. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 1981, p. 98.
44
Quedan a salvo las facultades legales de cobro de derechos de uso, tal como precisó la Sección
Primera en la sentencia de agosto 18 de 1995, Exp. 3237, antes referida.

legales, los derechos a su uso y goce pertenecen a toda la comunidad.
(…)

“En consecuencia, el denominado “contrato de arrendamiento” por la
Corte Constitucional, debe garantizar en forma efectiva el cumplimiento
de las finalidades públicas a las cuales está destinado un bien de uso
público, esto es su incorporación al uso y goce de la comunidad,
finalidades que, sin duda, resultan contrariadas al entregar el bien en
arrendamiento, puesto que es de la esencia de dicho contrato la entrega
de la cosa para el uso y goce del arrendatario durante el tiempo que
dure el convenio, sin ninguna perturbación o interferencia; de allí que
algunos doctrinantes sostienen que el contrato de arrendamiento “no es
a la postre nada distinto a la venta temporal del uso de un bien”. 45

“La posibilidad de garantizar la destinación del bien a su uso común,
podría realizarse a través de acuerdos celebrados entre el Estado y los
particulares (como por el ejemplo el contrato de mandato o
representación y administración), siempre y cuando no atenten contra la
naturaleza e integridad de los bienes de uso público, sino que por el
contrario su objeto sea la realización de los fines constitucional y
legalmente asignados a dichos bienes.”46

Vistas así las cosas, la Sala unifica su criterio, en el sentido de afirmar que el
contrato de arrendamiento no puede ser utilizado para entregar bienes de uso
público para su aprovechamiento47, quedando abierta la posibilidad a que se
utilicen otras fórmulas contractuales o unilaterales, como el contrato de concesión,
o la expedición de licencias o permisos para ese efecto.
45
CESAR GOMEZ ESTRADA. De los principales contratos civiles. Santafe de Bogotá: Editorial
Temis, 1996, pág. 183.
46
Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de febrero 16 de 2001, Radicación número:
16596, Actor: Personería de Santafe de Bogotá, D.C, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez. En
el mismo sentido CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO,
SECCIÓN PRIMERA, Sentencia de noviembre 11 de 1999, Exp. 5286, C.P. Olga Inés Navarrete
Barrero, en esta providencia se deja en claro que los bienes que pueden ser susceptibles de
arrendamiento son únicamente los bienes fiscales.
47
Sobre el punto es preciso traer a colación el análisis del doctor José Alejandro Bonivento
Hernández:
“c) Que la cosa no esté prohibida por la ley para ser arrendada. El principio general es que
todas las cosas se pueden arrendar. Las excepciones surgen de las prohibiciones de ley. Casi
todas las cosas que se pueden vender son susceptibles de arrendarse. En cambio, no todas las
cosas que se pueden arrendar son susceptibles de venderse; por ejemplo: un bien embargado o
secuestrado puede ser arrendado, sin autorización del juez o del acreedor, pero no puede ser
vendido por tener objeto ilícito, al tenor de lo dispuesto es el artículo 1521 del Código Civil. La
Razón emana de la misma naturaleza del contrato de arrendamiento que excluye cualquier
posibilidad de disposición de la cosa.

No se pueden arrendar:

e) El derecho de servidumbre separado del predio en cuyo beneficio se ha
constituido.

f) El derecho alimentario.

g) Los derechos estrictamente personales como el uso y habitación.

h) Las cosas comunes, es decir, los bienes de uso público, etc.” (Subrayas de la Sala).

(Bonivento Fernández, José Alejandro. “Los principales contratos civiles, y su paralelo con los
comerciales”. Librería Ediciones del Profesional Ltda., 2008, p. 406).

No debe olvidarse aquí que, con independencia del instrumento jurídico que se
utilice para la gestión del bien (acto administrativo unilateral, acto administrativo
concertado o contrato a excepción del contrato de arrendamiento), por expresa
disposición constitucional, siempre que el objeto del negocio jurídico tenga
la calidad de bien de uso público sus reglas de uso, disfrute y disposición
deberán consultar forzosamente el régimen que se desprende del artículo 63
de la Carta y del principio de prevalencia del interés general (artículos 1 y 58
Superiores). Por ende deberá asumirse que además de bienes inalienables,
inembargables e imprescriptibles, se trata de bienes afectados a una destinación
de interés general, que constituye su finalidad esencial y que no es otra que servir
para el uso y disfrute de la colectividad.

Los anteriores razonamientos permiten concluir que los bienes de uso público
tienen un doble ángulo: Por un lado confieren a la colectividad el derecho de
usarlos y disfrutarlos, pero con limitaciones; es decir, como cualquier otro derecho,
la facultad de aprovecharse de estos bienes no es del todo absoluta, y por ende la
Administración tiene la potestad de restringirlo proporcionadamente por razones
de utilidad pública o interés social, tal y como ocurre por ejemplo cuando se
implementan horarios de acceso a determinados bienes motivados en la seguridad
ciudadana o de intereses de mayor envergadura.

De otra lado, vemos cómo los derechos que se confieren a los particulares
concesionarios o beneficiarios de una licencia para el uso y explotación de bienes
de uso público son de aquellos que tanto la jurisprudencia como la doctrina ha
denominado “precarios” o “relativos”48, es decir, respecto de ellos no se puede

48
Valbuena Hernández, Gabriel. “La defraudación de la confianza legítima”. Universidad Externado
de Colombia, 2008, p. 491 a 494.
“Según RAFAEL HERNÁNDEZ ACEVEDO, mediante el término “precario” se designan, por un
lado, aquellas situaciones en las que el particular ocupa un bien o realiza una actividad desprovisto
de un título expreso que lo ampare, aunque contando con el conocimiento o con la aquiescencia de
la administración. Constituyen igualmente situaciones de carácter precario las ocupaciones
abusivas que se producen contra la voluntad o sin el consentimiento de la administración y que por
lo mismo se encuentran desprovistas de un título justificativo, bien sea porque nunca lo tuvieron o
porque el habido perdió su eficacia. (FERNANDEZ ACEVEDO. “Sobre la figura del precario
administrativo”, cit., p. 269.).
Se presenta así mismo determinadas situaciones jurídicas que a pesar de sustentarse en un título
justificativo, válido y eficaz, se caracterizan por tener una naturaleza eminentemente precaria, al
haberse consagrado, a manera de reserva, la posibilidad de que la administración las modifique o
revoque en cualquier tiempo por razones estrechamente asociadas al interés general. En ese
orden de ideas, las situaciones particulares y concretas de carácter precario, surgidas a partir de la
expedición de un acto o la celebración de un contrato de tal naturaleza, pueden ser eliminadas,
terminadas o revocadas en cualquier tiempo por motivos de interés público. En estos casos, el
carácter precario de la situación, reside en el hecho de haber recibido una autorización, una

predicar la existencia de una situación jurídica concreta o reclamar la existencia de
un derecho adquirido, pues se trata de derechos provisionales o transitorios, en la
medida que pueden modificarse o extinguirse cuando cambia la regulación en que
se fundamentan o cuando se presentan circunstancias de hecho que hacen que,
fundándose en el interés general, sean revocados o modificados.

Entonces, se observa que el derecho colectivo relacionado con el goce del
espacio público no otorga poder de disposición de manera absoluta de parte de la
comunidad sobre los bienes de los que se predica la existencia de ese derecho
colectivo, y que el particular facultado para su usufructo tiene también un derecho
precario o relativo sobre tal bien. En tal contexto, no resultaría conveniente, ni
jurídica ni fácticamente, restringir la posibilidad de que los particulares administren
los bienes públicos en una forma contractual o unilateral, cuando en realidad debe
partirse de la propia naturaleza de esos bienes y de las ya anotadas
características que devienen de su régimen constitucional y legal. La exigencia es
la proyección de tales condiciones directamente sobre el contenido del acto o
contrato y que las condiciones allí consagradas se encuentren acordes con los
principios básicos de la gestión de este recurso de las comunidades, los cuales se
verían protegidos siempre que se garanticen los siguientes presupuestos:

a. Que exista un vínculo jurídico formal, sea mediante acto administrativo o
contrato. Si se trata de la celebración de un negocio jurídico, éste no puede

licencia o un permiso, una merced o una concesión, cuyo ejercicio o disfrute en el tiempo depende
de unas condiciones resolutorias consagradas en la ley o establecidas contractual o
unilateralmente por parte de la Administración.
(…)
Cuando por la existencia misma del acto o por la existencia de una cláusula de reserva se conozca
de manera anticipada la posibilidad jurídica de que en cualquier momento la administración
disponga su revocación, no podrá invocarse la protección de la confianza legítima, ante la ausencia
del carácter inesperado de dicha decisión. Dicho en otras palabras cuando el administrado ha sido
advertido previamente del carácter precario y efímero del acto administrativo que lo favorece, no
puede declararse sorprendido ni burlado en su confianza cuando de un momento a otro la
administración haga uso de su atribución de retirarlo de la vida jurídica, particularmente cuando se
han definido unas causales expresas para que pueda proceder su revocatoria. (Cfr. EVA
DESENTADO ROCA. El precario administrativo, un estudio de las licencias, autorizaciones y
concesiones en precario, MADRID, Arazandi, 2006).
(…)
En este sentido, la estipulación de una cláusula de pre3cario constituye un anuncio anticipado de
que la administración se reserva la facultad de decretar la modificación o revocación del título
otorgado, sin que el afectado pueda hacer nada para evitarlo, ni intentar ninguna acción
encaminada a obtener una indemnización. Al respecto, MIGUEL S. MARIENHOFF, en su
trascendental contribución al estudio del régimen jurídico del dominio público, comenta que “El
hecho mismo de que la revocación del premiso por principio general, y sin necesidad de cláusula
expresa que así lo establezca, no entrañe indemnización, demuestra que no se trata de un derecho
subjetivo, ya que sería inconcebible el sacrificio de un derecho sin el correlativo resarcimiento por
el menoscabo sufrido” (Citado por CARLOS GRECCO y GUILLERMO MUÑOZ. La precariedad en
los permisos, autorizaciones, licencias y concesiones. Buenos Aires. Depalma, 1992, p.23).
(…)”

ser el de arrendamiento.
b. Que se otorgue un uso temporal del bien.
c. Que el objeto sea compatible con la naturaleza del espacio público, es
decir, que no se cause afectación de los derechos colectivos.
d. Que se asegure por parte de la Administración un seguimiento oportuno y
adecuado a la ejecución del contrato con el fin de garantizar el uso de parte
de la comunidad.

3.6. Nulidad del contrato

En el contexto descrito, la celebración de un contrato de arrendamiento sobre un
bien de uso público con un particular no sólo vulnera el derecho colectivo
relacionado con el goce del espacio público en la manera en que se anotó
previamente, sino que además conduciría a la declaratoria de nulidad de ese
negocio por objeto ilícito, tal y como se ha resuelto en los juicios contractuales
adelantados ante la Sección Tercera:

“A su vez, el artículo 1519 del CC, establece que: “Hay un objeto ilícito en todo
lo que contraviene el derecho público de la nación” y el artículo 1523 del
mismo estatuto establece que “Hay así mismo objeto ilícito en todo contrato
prohibido por las leyes.”

En estas condiciones, está viciado de objeto ilícito el contrato que se celebra
contraviniendo el derecho público, como ocurre cuando un ente público se
obliga a entregar un bien de uso público a un particular para su uso y goce,
con desconocimiento del derecho constitucional y legal que le asiste a todo
administrados, de conformidad con lo previsto en lo artículos 63 de la
Constitución Política, 674 del Código Civil y 5 de la ley 9 de 1989.

Para la Sala es evidente que el contrato de arrendamiento N° 073 de 1990, se
suscribió con violación de normas imperativas relativas al régimen de los
bienes de uso público, lo que configura la causal de nulidad absoluta del
contrato por objeto ilícito, prevista en el literal b. de los referidos artículos 78
del Decreto ley 222 de 1983 y 1521 del C. C.

Con fundamento en todo lo anterior la Sala declarará oficiosamente la
nulidad absoluta del contrato y definirá las restituciones mutuas a que
haya lugar, previo a lo cual se pronunciará sobre otras irregularidades
que se advierten en el presente caso”.49

Uno de los pronunciamientos más recientes sobre el particular precisó lo siguiente:

“4.4.2. De entrada es preciso señalar que el régimen al que se sujetó el
contrato de arrendamiento 034/94 del 22 de septiembre de 1994 es el

49
Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 6 de julio de dos mil cinco (2005), proferida
en el proceso número 25000-23-26-000-1991-07392-01(12249). M.P. Alier Eduardo Hernández.

prescrito en la Ley 80 de 1993, en tanto fue suscrito en vigencia de dicha
norma y por una unidad administrativa especial del orden nacional con
personería jurídica, es decir, una entidad estatal50. La cuestión que se plantea
en el presente asunto tiene que ver con establecer la nulidad absoluta del
contrato sub júdice. Para el efecto, se impone analizar si el inmueble es de
uso público y, de ser así, si sobre él recayó un contrato de arrendamiento y si
esta categoría jurídica es admisible respecto de este tipo de bienes.

En ese orden, el objeto del contrato en estudio recayó sobre “una zona verde
ubicada en la Unidad Deportiva “El Salitre”. En ese orden, el artículo 5 de la
Ley 9 de 1989 dispone: “Entiéndese por espacio público el conjunto de
inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los
inmuebles privados, destinados por su naturaleza, por su uso o afectación, a
la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que trascienden, por tanto,
los límites de los intereses, individuales de los habitantes”. Más adelante
precisa: “Así, constituyen el Espacio Público de la ciudad (…) las áreas para la
recreación pública, activa o pasiva, (…) zonas verdes (…)”.

(…)

En el presente asunto tenemos que la zona verde objeto del contrato de
arrendamiento se encuentra dentro del área de recreación pública
denominada Unidad Deportiva el Salitre, situación que confirma la
Procuradora de Bienes de la Secretaría de Obras Públicas del Distrito al
aclararle a la demandada que dicho predio “constituye zona verde y por su
carácter no es susceptible de arrendamiento (se destaca)” (fl. 55, c. ppal).
En esos términos, se trata de una parte del espacio público, dado “su uso o
afectación, a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que
trascienden, por tanto, los límites de los intereses, individuales de los
habitantes”, es decir, es un bien de uso público y no un bien fiscal como lo
señaló el actor51.

De otro lado, en el contrato en cuestión las partes acordaron en el
otorgamiento del goce o uso de un inmueble a cambio de un precio, es decir,
cumplieron los elementos esenciales de un contrato de arrendamiento; a este
respecto, la Corte Suprema de Justicia ha afirmado lo siguiente:

La definición que del contrato de arrendamiento trae el art. 1973 ibídem
indica que son de su esencia, de un lado, una cosa, cuyo uso o goce

50
El literal a) del numeral 1 del artículo 2 de la Ley 80 de 1993 dispone que son entidades
estatales, entre otras: “a) La Nación, las regiones, los departamentos, las provincias, el distrito
capital y los distritos especiales, las áreas metropolitanas, las asociaciones de municipios, los
territorios indígenas y los municipios; los establecimientos públicos, las empresas industriales y
comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta en las que el Estado tenga
participación superior al cincuenta por ciento (50%), así como las entidades descentralizadas
indirectas y las demás personas jurídicas en las que exista dicha participación pública mayoritaria,
cualquiera sea la denominación que ellas adopten, en todos los órdenes y niveles”.
51
Sobre las características de los bienes fiscales, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera,
sentencia del 18 de marzo de 2010, exp. 14.390, M.P. Mauricio Fajardo Gómez. En esa
oportunidad se dijo: “Así pues, una caracterización de los bienes fiscales o patrimoniales del
Estado pasaría por afirmar que se trata de bienes que (i) pertenecen a una persona jurídica de
derecho público; (ii) están destinados a servir como instrumentos materiales para el ejercicio de
funciones públicas o para la prestación de servicios a cargo de las entidades estatales; (iii) el
Estado los administra de conformidad con el régimen jurídico que al tipo de bien del cual se trate
proporciona el derecho común y (iv) son embargables, enajenables e imprescriptibles. En esa
oportunidad se dijo: Así pues, una caracterización de los bienes fiscales o patrimoniales del Estado
pasaría por afirmar que se trata de bienes que (i) pertenecen a una persona jurídica de derecho
público; (ii) están destinados a servir como instrumentos materiales para el ejercicio de funciones
públicas o para la prestación de servicios a cargo de las entidades estatales; (iii) el Estado los
administra de conformidad con el régimen jurídico que al tipo de bien del cual se trate proporciona
el derecho común y (iv) son embargables, enajenables e imprescriptibles”.

concede una de las partes a la otra o la prestación de un servicio o la
ejecución de una obra, y del otro, el precio que se debe pagar por ese
goce, obra o servicio. En el primer caso, que es el que interesa en la litis
de que ahora conoce la Corte, la concesión del goce o uso de la cosa y
el precio que por ella se paga, amén del consentimiento de las partes
que lo celebran, como es obvio, son elementos esenciales del contrato
de arrendamiento de cosas.

Así, el pago de un precio por una de las partes a la otra, sin que quien lo
hace reciba contraprestación alguna, convertiría el acto jurídico en una
donación, por ejemplo, pero en ningún caso podría configurar un
contrato bilateral, conmutativo, temporal, de ejecución sucesiva y
oneroso como lo es el de arrendamiento. A su turno, la concesión del
uso o goce de una cosa sin contraprestación económica, estructuraría
un contrato no ya de arrendamiento sino un típico comodato o préstamo
de uso”52 (Se subraya y destaca).

En claro que el contrato de arrendamiento recayó sobre un bien de uso
público, esta Corporación ha considerado su inviabilidad en los siguientes
términos53:

En conclusión, las particularidades propias de los bienes de uso público
impiden que ellos puedan constituirse en objetos materiales de un
contrato de arrendamiento, pues la prohibición constitucional y legal
consistente en que respecto de bienes de esta naturaleza se configuren
situaciones jurídicas en provecho exclusivo de determinadas personas
─menos aún situaciones jurídicas de carácter real y más claramente
proscrito todavía, derechos reales de titularidad de particulares─ torna
jurídicamente imposible que concurra uno de los elementos que
determina la función económico-social del contrato de arrendamiento,
cual es el referido a que el precio que paga el arrendatario lo entrega al
arrendador a cambio de que se le conceda el uso y goce exclusivo de la
cosa arrendada. En la medida en que esa exclusividad resulta
insostenible jurídicamente cuando se trata de bienes de uso público, es
evidente que éstos no pueden constituirse en objeto material de
contratos de arrendamiento. Razón de más, si cabe, para insistir en que
el contrato No. 002 de 1994, celebrado entre las partes en el presente
proceso, jurídicamente NO puede ser de arrendamiento, aunque tal
hubiera sido el nomen que, en su momento, le atribuyeron las partes y,
por tanto, si en realidad dicho contrato hubiere correspondido al tipo de
arrendamiento necesariamente la Sala habría debido declararlo nulo, de
nulidad absoluta, en cumplimeinto de las disposiciones consagradas en
tal sentido tanto en el artículo 45 de la Ley 80 como en el artículo
artículo 87 del Código Contencioso Administrativo, regulación que en lo
general coincide con las previsiones consagradas en el artículo 1742 del
Código Civil.

En los términos expuestos se confirmará la decisión del a quo de anular el
contrato en estudio.

En esos términos, se impone ordenar las restituciones mutuas, en el sentido
de ordenar la devolución de las sumas recibidas por la demandada, no así al
actor ante la inejecución del contrato, para efectos de retrotraer las cosas al
momento antes de la celebración del contrato como consecuencia de su
anulación, aún en el caso de objeto ilícito, como corresponde en el presente

52
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia de abril 30 de 1970.
53
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 18 de marzo de 2010, exp. 14.390, M.P.
Mauricio Fajardo Gómez.

asunto, teniendo en cuenta que no se demostró que hubieran actuado a
sabiendas del vicio aquí declarado54. En esos términos se procederá, así:

(…)”.55

Vistas así las cosas, es menester también pronunciarse en torno a la viabilidad de
declarar la nulidad de contratos estatales, siempre que se encuentre vulnerado un
derecho colectivo, en escenarios propuestos bajo la arista de una acción popular y
al amparo de la remisión que se hace al Código Contencioso Administrativo 56, en
cuanto fuere esta Jurisdicción la competente para conocer de la controversia57.

Resulta pertinente aclarar que la sentencia proferida por esta Sala, el 13 de
febrero de 2018, en el proceso número 25000-23-15-000-2002-02704-01 (SU), en
relación con la procedencia de estudio de legalidad de actos administrativos en
este tipo de acciones en vigencia del régimen del Decreto 01 de 1984, no es
aplicable al caso sub examine, dado que lo debatido en el asunto de la referencia
recae sobre un objeto distinto, esto es, sobre un contrato y no un acto
administrativo. Así, aún cuando en esa providencia se aludió tangencialmente a la
procedencia de la acción popular contra contratos, se tiene que constituye un
obiter dicta y no hace parte integrante de la ratio decidendi de aquél fallo, por lo
que, en tal carácter, no vincula la decisión de la Sala en esta oportunidad.

Siendo ello así, debe la Sala aclarar que la posición que prohíja es la que ha
venido asumiendo la Sección Tercera en casos semejantes desde el 5 de octubre
de 2005, fallo en el cual se unificó el criterio de la siguiente manera:

“2. Las acciones populares frente al contencioso contractual

54
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de julio de 2005, exp. 12.249, M.P. Alier E.
Hernández Enríquez. En dicha oportunidad se precisó: “Aplicado lo anterior al análisis del supuesto
contenido en el artículo 1525 del CC, para que no pueda repetirse lo que se haya dado o pagado
por virtud del contrato anulado, se concluye que el término a sabiendas requiere la conciencia, el
real conocimiento y convencimiento de tres hechos fundamentales: i) que existe la disposición
legal, ii) que la norma que la contiene es aplicable al caso concreto y iii) que con la celebración del
contrato se está obrando en contra de la ley. // Se advierte además que tales supuestos no se
presumen, sino que deben probarse”.
55
Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección “B”. Sentencia del 28 de septiembre de 2012
proferida en el proceso número 25000-23-26-000-1997-13541-01 (25747), con ponencia de la
Magistrada Stella Conto Díaz del Castillo. Tal lineamiento puede verse también desarrollado en
sentencia del 30 de enero de 2013 expedida en el expediente identificada con el número de
radicación número 25000-23-26-000-1996-11978-01 (26643) cuya ponencia fue también de la
Consejera de Estado Stella Conto Díaz del Castillo.
56
Artículo 44 de la Ley 472 de 1998.
57
Se hace la claridad de la remisión normativa, toda vez que en vigencia de la Ley 1437 de 2011
no hay lugar a discutir tal aspecto pues existe previsión expresa del Congreso de la República en
torno a esa hipótesis no puede el juez anular el contrato, puesto que para conjurar el riesgo o
vulneración del derechos o derechos colectivos de que se trate, tiene a su disposición la adopción
de cualquier medida que resulte eficaz para lograr ese objetivo.

No ha sido pacífico el desarrollo jurisprudencial y doctrinario en punto a
determinar el alcance de las competencias del juez popular cuando se
enfrenta a la definición de los alcances de sus atribuciones, en particular, si la
defensa de los derechos o intereses colectivos le permite adoptar decisiones
que involucren pronunciamiento de legalidad de actos o contratos de la
Administración.

La interpretación de las distintas Secciones de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado sobre el alcance de las facultades del
juez popular, en lo que hace a revisión de la legalidad de actos y contratos de
la Administración, ha experimentado una evolución, no exenta de
contradicciones, y sus diversos criterios pueden agruparse en dos grandes
líneas jurisprudenciales. Hay que señalar que la falta de uniformidad de la
jurisprudencia se debió -en parte- a que en un comienzo todas las secciones
conocían de los más disímiles asuntos, circunstancia que vino a ser
remediada con la expedición del Acuerdo 55 de 2003, por el cual se reformó el
reglamento interno del Consejo de Estado, el cual atribuyó exclusivamente a la
sección tercera el conocimiento de las acciones populares interpuestas en
materia contractual, lo mismo que las atinentes a la violación del derecho
colectivo a la moralidad administrativa. 58

Una primera línea jurisprudencial59, si bien parte del reconocimiento del
carácter principal y no subsidiario de la acción popular, exceptúa de su
conocimiento el control de la legalidad del contrato, por tratarse de un tópico
propio de la acción contractual60. En otras palabras, conforme a este criterio la
acción popular no es de recibo para controvertir la legalidad del contrato
estatal, como que al efecto la ley prevé otro medio de defensa judicial, esto es,
la acción contractual prevista en el artículo 87 del C.C.A.61; corresponde
entonces al juez natural de conocimiento resolver el asunto62(…).

En contraste, una segunda tendencia jurisprudencial ha entendido que es
posible examinar la legalidad del contrato estatal en orden a determinar si

58 “Cfr. HERNÁNDEZ ENRÍQUEZ, Alier. Las acciones populares y la validez de los contratos estatales,
Conferencia dictada en la Universidad Externado de Colombia, Bogotá, agosto de 2003: “El Consejo de
Estado conoce, hoy en día, de las acciones populares -en segunda instancia- por la disposición del parágrafo
del artículo 16 de la ley 472 de 1998, competencia que, en el enunciado legal, es transitoria, hasta tanto se
pongan en funcionamiento los juzgados administrativos que fueron creados por la ley 446 de
1998.//Probablemente por la provisionalidad de la atribución legal, el conocimiento de tales acciones se
distribuyó por igual, entre las cinco secciones que componen la Sala de lo Contencioso Administrativo para
que las decidieran en última instancia, circunstancia que ha generado interpretaciones diversas, en ocasiones
contrapuestas, sobre puntos que merecían idéntico tratamiento, sin que exista posibilidad alguna de
unificación jurisprudencial, dado que por decisión de la propia corporación, frente a tales fallos no procede el
recurso extraordinario de súplica.//Por ello, el Consejo de Estado, mediante Acuerdo No. 55 de 2003, reformó
su reglamento interno para lograr una distribución racional de las acciones constitucionales; concretamente,
en cuanto atañe a las acciones populares, la reforma prevé que la sección tercera conocerá de las que versen
sobre asuntos contractuales así como de las relacionadas con el derecho colectivo a la moralidad
administrativa; en los demás casos, la competencia corresponderá a la sección primera de la Corporación.”
59 “Se han agrupado en dos grandes tendencias obviando las diferencias de matiz. Quizás es más procedente

desde el punto de vista metodológico un estudio en función de cada Sección como el que se encuentra en
HERNÁNDEZ ENRÍQUEZ, Alier. Las acciones populares y la validez de los contratos estatales, Conferencia
dictada en la Universidad Externado de Colombia, Bogotá, agosto de 2003”.
60 “En CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso, Sección Primera, Auto del 24 de mayo de 2001, Exp.

AP 076, C.P. Olga Inés Navarrete Barrero. Pero esta postura no es uniforme al interior de las providencias
expedidas por esta sección. // Es también el criterio de algunas de las providencias de la Sección Cuarta. Vid.
CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Auto de 30 de mayo de
2002, Exp. AP 0106; Sentencia de 16 de agosto de 2002, Exp. AP 1768”.
61 “Fue el criterio adoptado por la Sección Segunda. Ver CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso

Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia de 23 de marzo de 2000, Exp. AP 025, C.P.
Carlos Arturo Orjuela; Subsección A, Sentencia de 25 de enero de 2001, Exp. AP 156, C.P. Jesús María
Lemos B.; Sentencia de 5 de julio de 2001, AP 068 C.P. Nicolás Pájaro Peñaranda y Sentencia de 4 de abril
de 2002, AP 897”.
62 “CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sentencia de 3 de abril

de 2001, Exp. AP 0089”.

amenaza algún derecho colectivo,63 de modo que la acción popular en estos
eventos resulta procedente, justamente, por su carácter principal y no
subsidiario.

(…)

Nótese que la jurisprudencia ha adoptado soluciones disímiles, por no decir
antinómicas, que “van desde la negativa rotunda a cualquier control -incluido
el de la validez- de los contratos estatales, hasta la plena aceptación del
mismo, la admisión de la posibilidad de que el actor popular solicite la nulidad
absoluta del contrato estatal o de que el juez la declare de oficio, la
suspensión de procesos precontractuales para que se cumplan determinados
requisitos que el juez entiende necesarios para la tutela adecuada de los
derechos colectivos, la suspensión temporal de los efectos de un contrato
mientras el juez de la acción ordinaria contractual se pronuncia sobre su
validez, la suspensión de obras que son fruto de un contrato por encontrarlas
contrarias a dichos derechos, etc. En todo caso, existe una clara tendencia
mayoritaria que admite la posibilidad de que la existencia o la ejecución de
contratos estatales pudiera amenazar o vulnerar los derechos y los intereses
colectivos, así como la procedencia, en estos casos, de la acción popular’64
(subrayas del texto en cita).

63 “Es el criterio de otro grupo de providencias de la Sección Primera, que sin ocuparse de teorizar al respecto

entró a evaluar la legalidad de los contratos acusados vid. CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 25 de enero de 2001, Exp. AP 158, C.P. Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo; Sentencia de 3 de mayo de 2002, Exp. AP 0308; Sentencia de 30 de noviembre de 2000,
Exp. AP 115. En providencia de 19 de febrero de 2004, Exp. 20020055901 , C.P. Rafael E. Ostau De Lafont
Pianeta La Sección Primera fue explícita al señalar que “…la acción popular puede ejercerse respecto de
actos administrativos y contratos estatales en la medida en que su existencia o ejecución implique un daño
contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio de derechos o intereses colectivos, y por lo tanto con el
único fin de evitar el primero o hacer cesar los segundos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando
fuere posible, de suerte que sólo en esas circunstancias, esto es, cuando se vulnere o amenace un derecho
colectivo y con el exclusivo fin de procurar su protección, es posible que en virtud de dicha acción se examine
uno cualquiera de esos actos o la viabilidad o condiciones de su ejecución, sin que ello signifique que la
misma sustituya, desplace o derogue las acciones contencioso administrativas previstas como mecanismos
normales para el control de legalidad de los mismos, de suerte que el uso de la acción popular a esos fines es
excepcional y restrictiva. //La Sección Tercera desde un comienzo admitió la procedencia de la acción popular
frente a contratos estatales, al encontrar determinado que no se trata de un instrumento procesal subsidiario. Aunque en un comienzo pareció negarlo desde el punto de vista conceptual (CONSEJO DE ESTADO, Sala de
lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 6 de septiembre de 2001, Exp. AP 057, C.P. Jesús María Carrillo), en ocasiones ha reconocido su procedencia aunque no se haya ocupado de analizar la
legalidad de los contratos atacados en la práctica ha terminado por suspender el contrato estatal (Sentencia
de 17 de junio de 2001, Exp. AP 166, C.P. Alier E. Hernández Enríquez), mientras que en otras oportunidades
ha admitido la posibilidad de decretar la nulidad de un contrato o un acto administrativo que afecte
gravemente el disfrute y ejercicio de un derecho colectivo (Sentencia de 23 de agosto de 2001, Exp. AP 1136
y Sentencia de 21 de marzo de 2002, Exp. AP 285, C.P. Jesús María Carrillo). De modo que “[a] partir de tal
aceptación, la preocupación de esta Sala parece estar más encaminada a trazar los límites entre la acción
contractual y la acción popular...mostrando preocupación por evitar fallos contradictorios” (HERNÁNDEZ,
Alier, Las acciones...op. cit.), vid. CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sentencia
de 26 de septiembre de 2002, Exp. AP 612, C.P. María Elena Giraldo Gómez, Sentencia de 31 de octubre de
2002, AP 518, C.P. Ricardo Hoyos Duque, Sentencia de 26 de septiembre de 2002, AP 537, C.P. María Elena
Giraldo Gómez. La Sección Cuarta en Sentencia de 31 de mayo de 2002, Exp. AP 300, C.P. Ligia López Díaz revisó la
legalidad de una conciliación: “el fallo...al parecer, entendió el asunto como de naturaleza contractual y aceptó
que la acción popular procede en su contra” (HERNÁNDEZ, Alier, Las acciones...op. cit.). En sentencia de 10
de julio de 2002, Exp. AP 0465, la misma sección avocó el conocimiento en sede popular del dominio.co. Por
auto de 12 de mayo de 2003, Exp. 1300123310002003-90011-01 la misma Sala revocó la decisión del A Quo
que rechazó una acción popular por estimar que las pretensiones que discuten la validez de un contrato no
son susceptibles de estudio en sede popular. La Sección Quinta también admitió en su momento la procedencia de la acción popular en tanto se acredite la
vulneración del derecho colectivo invocado e incluso ordenó la suspensión del contrato o anuló las
estipulaciones de algunas cláusulas por ser contraria a los valores que tutelan la moral administrativa: vid.

CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia 1 de febrero de
2001, Exp. AP 151, C.P. Darío Quiñones P.; Sentencia de 12 de febrero de 2001, Exp. AP 008; Sentencia de
24 de agosto de 2001, Exp. AP 100, C.P. Darío Quiñones; Sentencia de 19 de julio de 2002, Exp. AP 098; Sentencia de 4 de septiembre de 2003, Exp. AP 435, C.P. Reinaldo Chavarro; Sentencia de 29 de mayo de
2003, Exp. AP 2599, C.P. Reinaldo Chavarro”. 64 “HERNÁNDEZ, Alier, Las acciones...op. cit”.

No obstante lo expuesto, debe advertirse que, tratándose de la
procedencia de la acción popular para discutir la validez de los contratos
estatales no existe en la actualidad divergencia de criterios, como quiera
que desde que asumió su conocimiento exclusivo la Sección Tercera ha
guardado coherencia con el planteamiento expresado desde un
comienzo. Con todo, a partir de la casuística, corresponderá al juez popular
evaluar la existencia o no de violación del derecho colectivo invocado, al
tiempo que habrá de determinar la medida procedente por adoptar, toda vez
que la violación del mismo no está necesariamente determinada por la
ilegalidad del contrato. Así, en aras de la clara definición de la línea
jurisprudencial vigente, se reitera que cuando quiera que otros jueces hayan
avocado el conocimiento del contencioso contractual, el juez popular puede
tomar medidas diferentes como es, vgr., la suspensión de la ejecución del
contrato, “hasta tanto se defina la legalidad en este último proceso”65 (…) –se
destaca-.

Retomando la idea expresada líneas arriba según la cual la contratación es
expresión de la función administrativa, al tenor de lo dispuesto por el artículo 9
de la ley 472, las acciones populares proceden contra toda acción u omisión
de las autoridades públicas o de los particulares, que hayan violado o
amenacen violar los derechos e intereses colectivos. Dispositivo legal
reiterado por el artículo 15 eiusdem que atribuye a la jurisdicción de lo
contencioso administrativo la competencia para conocer de los procesos que
se susciten con ocasión del ejercicio de las acciones populares originadas en
“actos, acciones, u omisiones de las entidades públicas y de las personas
privadas que desempeñen funciones administrativas”(…).

En definitiva, si se acude al contexto mismo de la ley 472, como a sus
antecedentes arriba reseñados, se ilustra el sentido indicado. Una lectura
sistemática que establezca correspondencia y armonía entre cada uno de sus
dispositivos (arts. 9, 15, 34 y 40) permite concluir que los contratos estatales
son susceptibles de evaluación por parte del juez popular cuando quiera que
se amenace o vulnere un derecho colectivo, siendo del caso -incluso-
examinar la validez del contrato, ordenar suspender sus efectos o incluso
declarar su nulidad, siempre y cuando se trate de nulidad absoluta, en tanto
que esta hipótesis se acompasa mejor a las otras preceptivas que gobiernan
la materia (Código Civil, Código de Comercio y ley 80 de 1993), en tanto que
sólo ésta puede ser declarada oficiosamente, a tiempo que -con su
ocurrencia- resulte más clara la eventual vulneración de un derecho o interés
colectivo66.

65 “CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 31 de

octubre de 2002, Exp. AP 518, C.P. Ricardo Hoyos Duque, en el mismo sentido Sentencia de 26 de
septiembre de 2002, Exp. AP 537, C.P. María Elena Giraldo Gómez”.
66 “La jurisprudencia del Consejo de Estado, hasta el momento, parece referirse únicamente a la posibilidad de

declarar la nulidad absoluta, excluyendo la relativa; esa conclusión se conforma mejor con la preceptiva legal
en esta materia que sanciona la generalidad de las irregularidades con la nulidad relativa y reserva la absoluta
para casos excepcionales, tanto en el código civil y en el de comercio como en la ley 80 de 1993; permite el
saneamiento, sin exclusiones, de la primera, bien por ratificación de las partes o por el transcurso del tiempo,
mientras que restringe el de la segunda, a veces de manera absoluta, en otras de manera parcial; mientras la
nulidad relativa debe ser pedida, en todos los casos, por las partes, su declaración, desde que está vigente el
artículo 2º de la ley 50 de 1936, puede ser declarada por el juez sin necesidad de petición de parte, la cual
puede ser formulada también por “todo el que tenga interés en ello” y por el ministerio público.// Está, pues,
proscrita legalmente toda posibilidad de que el juez, cualquiera él sea y por lo tanto también el de la acción
popular, declare oficiosamente una nulidad relativa, y no se atisba tampoco la posibilidad de que una
irregularidad de esa naturaleza pudiera amenazar o quebrantar los derechos colectivos, circunstancia que, en
la práctica, deja vigente únicamente la hipótesis de la nulidad absoluta.” (HERNÁNDEZ, Alier. Las acciones
populares…op. cit.). // En otro documento el mismo autor plantea las dificultades que enfrenta el tema en
materia contractual: “… mientras en relación con los actos se ha instituido únicamente la nulidad, sin
calificativos, para los contratos existe la nulidad absoluta y la relativa que tienen causales y fundamentos
distintos y la legitimación para pedirlas varía en uno y otro casos; la competencia para conocer de las
controversias contractuales ( y ésta de la nulidad es una de ellas), no siempre está radicada en la sede del
juez administrativo : esa es la regla general del artículo 75 de la ley 80 de 1.993 lo cual no impide que algunas

Con todo, no debe perderse de vista que la Sala ha advertido -criterio que se
reitera en esta oportunidad- que cuando cursa proceso ante el juez natural del
contrato, el juez popular, porque entiende que es suficiente garantía para el
derecho colectivo, debe ser muy cuidadoso al adoptar las medidas del caso
(…)”67.

En relación con el alcance finalístico de esa posición, la Sección Tercera también
se encargó de definir tal aspecto, fundando su posición en la necesidad de
garantizar de manera efectiva los derechos colectivos inmersos en este tipo de
procesos, lo cual responde a la forma en la que constitucionalmente se erige el
Estado colombiano como Social de Derecho. El siguiente razonamiento ilustra en
detalle lo dicho:

“En ese orden de ideas, conviene no pasar por alto que Colombia es un
Estado social de derecho, fundado sobre la dignidad humana, la prevalencia
del interés general, la superioridad de los derechos inalienables y la
supremacía de las normas constitucionales. Y que, entre otros fines
esenciales a los que sirve, esta forma de organización política, se encuentra el
deber de sus autoridades de garantizar la efectividad de los valores y
principios que enmarcan los intereses y derechos de los asociados. Todo ello
conforme con los artículos 1º, 2º, 4º y 5º, constitucionales.

Una de las razones que sirven para justificar la supremacía de la norma
constitucional tiene que ver con su origen. La Constitución –como lo señala su
Preámbulo–68, es el resultado del ejercicio del poder soberano del pueblo
colombiano. En todo caso, para asegurarse que la titularidad del poder
conserve la magnitud pluralista que abarca tanto a las mayorías como a las
minorías constitucionales, el ordenamiento superior prevé restricciones al
ejercicio del poder de la administración pública –art. 209- y mecanismos de
control jurisdiccional que las hacen efectivas, a través de acciones que
facilitan la participación ciudadana, para el efecto las acciones populares,
instituidas constitucionalmente para garantizar, entre otros intereses

de ellas estén sujetas al conocimiento de la jurisdicción ordinaria (…)si el propósito que mueve al actor es el
interés general de restablecer el orden jurídico violado, puede pedirse por cualquier persona ( siendo, desde
este ángulo una acción popular), la nulidad de los contratos, si es relativa sólo se puede pedir por las partes,
y, si es absoluta, pueden hacerlo, además, el ministerio público o un tercero con interés directo.
No hay decisiones judiciales que hayan elaborado aproximaciones generales sobre este punto; sin embargo,
tomando en cuenta la legislación existente, se podría aventurar la tesis de que, siendo la regla general que
compete al juez del contrato pronunciarse sobre su validez, la situación varía cuando se trata de la nulidad
absoluta, pues , en los términos del artículo 87 del C.C.A., “El juez administrativo queda facultado para
declararla de oficio cuando esté plenamente demostrada en el proceso” y, siempre que en él (en el proceso)
“intervengan las partes contratantes o sus causahabientes”.// Según lo han entendido la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo y la Sección Tercera del Consejo de Estado, siempre que se cumpla esa doble
condición, el juez administrativo dispone de la prerrogativa de declarar la nulidad absoluta del contrato en
cualquier proceso, y no solo en los procesos contractuales, lo cual, estimo, que admite la posibilidad de que
tal cosa ocurra en el proceso originado en una acción popular.” (HERNÁNDEZ ENRÍQUEZ, Alier, La
presunción de legalidad de los actos administrativos y de validez de los contratos estatales en las acciones
populares, conferencia dictada en el Instituto Antioqueño de Responsabilidad Civil y del Estado, 26 de octubre
de 2001, en Revista del mismo Instituto, 2002).
67 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 5 de octubre de 2005, proferida en el proceso número

20001-23-31-000-2001-01588-01(AP). C.P. Ramiro Saavedra Becerra.
68 “El pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la

Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la
Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento,
la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político,
económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, decreta,
sanciona y promulga la siguiente: CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA”.

colectivos, la moralidad administrativa y el patrimonio público con mayor
proyección que las acciones ordinarias.

Es precisamente bajo estas coordenadas constitucionales que el Estado social
de derecho aparece como “un modelo político organizado en un sistema de
efectivas limitaciones al ejercicio del poder, en orden a garantizar la vigencia
real y permanente de los derechos así como de los intereses, creencias y
libertades de los asociados en todos los espacios y circunstancias, inclusive
ante situaciones excepcionales”69. De esta manera, se configura un complejo
normativo con la Constitución en la cúspide que incluye –como la ha
recordado la doctrina–“el diseño de mecanismos eficaces de control en todas
las instancias, acompañados de medidas de colaboración y responsabilidad
institucionales que los aseguren real y efectivamente”70.

(…)

Desde este redimensionamiento del orden jurídico, la supremacía de las
normas constitucionales exige, antes que la evocación de un enunciado formal
de prevalencia de los derechos colectivos, su plena eficacia material. Y a ese
objetivo debe orientarse imperiosamente la tarea del juez de la acción popular,
pues un entendimiento distinto conduciría al desconocimiento de uno de los
fines esenciales del Estado social, para el efecto la participación en la
protección de la moralidad administrativa con la eficacia que su trascendencia
exige.

(…)

Para la Sala, es prioritario que el juez impregne a la acción popular de los
principios de unidad y coherencia del orden jurídico que emanan del carácter
normativo supremo de la Constitución, de manera que el derecho objetivo, el
derecho colectivo y la acción aseguren los principios rectores de la actividad
administrativa, particularmente aquellos que como la moralidad administrativa
se erigen, además, como derechos colectivos y su control se confía al actor
popular dentro del marco del ejercicio de una acción apropiada para facilitar su
ejercicio y garantizar su eficacia.

Así las cosas, aunque el constituyente confió el desarrollo de la acción popular
a la ley, ésta no puede menos que otorgar al juez todas las facultades para
asegurar sustancialmente la eficacia de los derechos colectivos protegidos
constitucionalmente, de forma que pueda corregir las irregularidades que los
lesionan, restableciéndolos cuando hayan sido vulnerados e incluso
restituyendo las cosas a su estado anterior, si ello resulta posible, como
efectivamente lo prevé la Ley 472 de 1998.

(…)

Como lo ha reiterado esta Corporación, la acción popular es un mecanismo
judicial de rango constitucional, principal e independiente, en orden a que los
procesos y ejecuciones de la contratación estatal se lleven con la más estricta
observancia de valores supremos. Se pretende, por tanto, con esta acción,
corregir las irregularidades que lesionan principios rectores de la actividad
administrativa, conjurando oportunamente hechos u omisiones capaces de
generar daños colectivos a la moralidad y al patrimonio público, con el fin de
superarlos, restituyendo las cosas a su estado anterior, si ello resulta posible.

No se trata, entonces, de que el juez popular realice un juicio de legalidad
formal, pues ello le corresponde al de nulidad, sino que propenda por la
69 ARAGON REYES, Manuel. Constitución y control del poder. Universidad Externado de Colombia, 1999,

p.36.
70 Ibíd.

protección de la moralidad administrativa y la defensa del patrimonio público
sin los límites de las acciones ordinarias, dado que se trata de proteger
derechos de contenido difuso, ensombrecidos por deshonestos y repudiables
oportunismos individuales.

De modo que si se le resta facultades al juez de la acción popular, pueden
resultar igualmente ineficaces las constantes reformas legislativas que
procuran conjurar las insospechadas formas de corrupción enquistadas en la
actividad de contratación, en amplios sectores de la administración pública.

(…)

De manera que resulta del caso garantizar la tarea del juez de la acción
popular en la moralización de los procesos de contratación, en defensa de su
transparencia, conforme con lo preceptuado en los artículos constitucionales
2º, 88 y 209.

Desde esta óptica, considera la Sala que:

i) el juicio a cargo del juez popular, de cara a la eficaz protección de los
derechos colectivos, se ubica allende del principio de legalidad, controlado por
las acciones ordinarias establecidas para hacer efectivas disposiciones
puntuales y requisitos concretos, no así principios y valores que corresponde
al juez analizar en cada caso, en orden a restablecer derechos de carácter
difuso que el legislador no puede puntualizar con perspectivas generales;

ii) el ámbito de las acciones ordinarias que sirven al control de legalidad no
puede condicionar el ejercicio ni la procedencia de las acciones populares.
Concurriendo en un mismo caso la protección de la moralidad, la defensa del
patrimonio público y la legalidad, debe preferirse la acción popular para el
amparo integral del derecho colectivo, sin perjuicio de la eficacia que para el
caso concreto podría predicarse de las acciones previamente iniciadas para
controlar la legalidad;

iii) en ese mismo orden, la nulidad absoluta de los contratos no es un asunto
exclusivo del control de legalidad, sino que ella debe imponerse con mayor
razón por la violación de los valores supremos a que está sujeta la actividad
de la administración; bajo el entendido de que, si bien en el pasado solo la
acción de nulidad se erigía para proteger derechos, principios y valores
legales y constitucionales, desde la expedición de la carta política actual los
derechos colectivos exigen una acción que no les reste eficacia, la que
comprende, además, la nulidad absoluta proveniente de irregularidades que
contravienen el derecho público garante de los interés colectivos;

iv) la moralidad administrativa, la defensa del patrimonio y de los demás derechos
colectivos obligan tanto en la etapa precontractual, como durante la
celebración, ejecución y liquidación de los contratos, de suerte que las
acciones populares, establecidas para hacerlos efectivos, operan en todos los
casos, sin que resulte del caso la tradicional distinción entre actos
precontractuales y contractuales, que se pregona en el ámbito de las acciones
ordinarias; y

v) el régimen jurídico de la acción popular no se agota en la Ley 472 de 1998,
sino que está integrado por las distintas normas constitucionales y legales, con
estricta sujeción al principio de jerarquía normativa.

Así, en criterio de la Sala, debe tenerse en cuenta que, además de las amplias
facultades que le otorga la Ley 472 de 1998 al juez de la acción popular para
hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los
derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior

cuando fuere posible, el derecho común y el estatuto de contratación estatal
imponen al juez que, en los asuntos de su competencia, se pronuncie sobre la
nulidad absoluta de cara a los actos o contratos que contravienen el derecho
público de la nación71, pues por tratarse de irregularidades que no admiten
saneamiento procede su declaración de oficio o a petición de parte72.

Quiere decir, entonces, que en atención a la naturaleza de la acción, su origen
constitucional, la clase de derechos e intereses que protege y los efectos de
las medidas que puede adoptar, el juez de la acción popular no limita su
decisión a los hechos, pretensiones y excepciones alegadas y probadas por
las partes, como se infiere de los poderes que le otorgó la Ley 472 de 1998.

Y, por las razones que se han dejado expuestas, huelga reiterar que, a través
de la acción popular, se puede dejar sin efectos73 o anular, los contratos
estatales violatorios de la moral administrativa y que ponen en peligro el
patrimonio público, como lo viene señalando de tiempo atrás la Corporación.

Reitera, igualmente la Sala que, de acuerdo con la Ley 472 de 1998, las
acciones populares se ejercen para evitar el daño contingente, hacer cesar el
peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses
colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior, cuando fuere posible –art.
2º-, con independencia del tiempo transcurrido, desde su consumación, pues,
recuérdese que el artículo 11 que limitaba esta última medida, después de los
cinco años, contados a partir de la acción u omisión que produjo la alteración,
fue declarada inexequible por la Corte Constitucional74.

Por ello, bien puede ordenarse ejecutar una actividad o no hacerlo, al igual
que condenar al restablecimiento del daño causado a un derecho o interés
colectivo y exigir volver las cosas al estado anterior -art. 34-, de acuerdo con la
necesidad establecida en el proceso, pues la competencia del juez de la
acción popular va más allá de lo pedido, si así lo requiere la protección del
derecho constitucional vulnerado.

Desde luego, esa amplia competencia del juez de la acción popular no implica
que no esté obligado a observar el debido proceso constitucional, tanto en el
trámite, como respecto de las medidas requeridas para la protección de los
derechos o intereses en juego”75. (Subrayas de la Sala).

3.7. Caso concreto

3.7.1. En tal escenario, al descender al asunto bajo examen, la Sala advierte que

71 Conforme con las disposiciones del Código Civil, el objeto ilícito constituye nulidad absoluta del contrato –

art. 1741- y “[h]ay un objeto ilícito en todo lo que contraviene al derecho público de la nación” –art. 1519-. Por
su parte, el Código de Comercio prescribe que es nulo absolutamente el negocio jurídico “cuando contraría
una norma imperativa” -art. 899-. Y en estos mismos casos es nulo el contrato estatal, de conformidad con la
Ley 80 de 1993: “[l]os contratos del Estado son absolutamente nulos en los casos previstos en el derecho
común…” –art. 44-.
72
Así lo prescribe el artículo 1742 del Código Civil, subrogado por el artículo 2o. de la Ley 50 de 1936: “[l]a
nulidad absoluta puede y debe ser declarada por el juez, aún sin petición de parte, cuando aparezca de
manifiesto en el acto o contrato; puede alegarse por todo el que tenga interés en ello; puede así mismo
pedirse su declaración por el Ministerio Público en el interés de la moral o de la ley. Cuando no es generada
por objeto o causa ilícitos, puede sanearse por la ratificación de las partes y en todo caso por prescripción
extraordinaria” –se destaca-.
73 Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 9 de diciembre de 2003, exp. AP (IJ-1204),

consejero ponente: Camilo Arciniegas Andrade.
74 Sentencia C-215-99 de 14 de abril de 1999, magistrada ponente Martha Victoria Sáchica Méndez.
75
Consejo de Estado. Sala Plena de la Sección Tercera. Fallo del 2 de diciembre de 2013,
proferido en el proceso número 16001 23 31 000 2005 02130 01 (AP). C.P. Stella Conto Díaz del
Castillo.

en el plenario consta que entre el Municipio de Támesis y el señor Mario
de Jesús Escobar Moncada se suscribió un contrato de arrendamiento
cuyas características se pueden leer en la primera cláusula, que es del
siguiente tenor:

“Entre los suscritos a saber ALONSO PATIÑO PATIÑO, con cédula de
ciudadanía número 70.850.526 de Támesis, en su calidad de ALCALDE
MUNICIPAL DE TÁMESIS ANTIOQUIA, y en representación del mismo
conforme al artículo 303 de la Constitución Nacional (Sic), la Ley 136 de 1994
debidamente autorizado por el Honorable Concejo Municipal, mediante
Acuerdo número 016 de noviembre de 2005, por una parte que en adelante se
llamará EL ARRENDADOR, y el señor MARIO DE JESÚS ESCOBAR
MONCADA, con cédula de ciudadanía número 70.850.610 de Támesis y quien
actuará en nombre propio y se denominará EL ARRENDATARIO, hemos
acordado celebrar el presente contrato de arrendamiento que se regirá por las
cláusulas PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: EL ARRENDADOR da en
arrendamiento al ARRENDATARIO concediéndole el uso y goce del siguiente
bien: Un kiosco construido en material de adobe y cemento y cerramiento de
hierro que consta de dos plantas ocupado en el parque Caldas del Municipio
de Támesis, ocupando además un área del mismo parque y que está
demarcada por un muro de adobe y cemento con rejas de hierro que linda
entre las carreras Sucre y Bolívar y Calles Córdoba y Orozco. PARÁGRAFO
PRIMERO. El arrendatario sólo podrá hacer uso del inmueble objeto de este
contrato única y exclusivamente para prestar los servicios de atención al
público para venta de helados, bebidas y comestibles. PARÁGRAFO
SEGUNDO. EL ARRENDATARIO se obliga a prestar mayor cuidado en la
conservación de los bienes objeto de este contrato siendo responsable de
cualquier deterioro excepto los que provengan de la naturaleza o uso legítimo
de los bienes (art. 2203 CC)”76. (Subrayas de la Sala).

Siendo ello así, la Sala concluye que el contrato celebrado es de los que no
permite el ordenamiento jurídico, pues el objeto lo constituye claramente un bien
de uso público, que es el parque principal del Municipio de Támesis (Antioquia), y
sobre tal bien se está concediendo de manera expresa y exclusiva el uso y goce
propios del negocio jurídico de arrendamiento de inmuebles, aspecto éste que no
consulta el alcance de la naturaleza del bien objeto de ese negocio jurídico.

Lo expuesto redunda en la vulneración del derecho colectivo del goce del espacio
público dado que, al haberle hecho entrega al señor Escobar Moncada del Parque
Central de Támesis en arrendamiento, se consolidó el ejercicio de los derechos de
uso y goce propio del contrato suscrito, restringiendo el acceso a dicho bien de la
forma como consta en el acervo allegado al proceso.

76
Folios 40 y 41 de este Cuaderno.

En efecto, de las fotografías77 y del CD que contiene igualmente otras tantas del
parque en cuestión, así como del reporte del periódico El Tiempo del 17 de
octubre de 2009 incorporado al expediente en la Audiencia de Pacto de
Cumplimiento (folio 142 ibídem), se desprende que la porción de terreno dada en
arrendamiento impide a la comunidad el goce del espacio público para las
personas que acuden a sus instalaciones, pues se encuentra ocupado por la
silletería y las mesas de propiedad del arrendatario.

Adicionalmente, la Sala observa que el uso del espacio público autorizado por la
Administración no es compatible con las condiciones de área pública del parque y
por lo tanto vulnera el derecho colectivo atrás mencionado, pues aparte de la
ocupación de los senderos peatonales por sillas y mesas, es cerrado con
candados cuando el Café no se encuentra en funcionamiento, lo cual impide que
la comunidad satisfaga a plenitud sus derechos a la libre y segura movilidad y al
sano esparcimiento. De ello da cuenta la cláusula quinta del contrato según la
cual:

“CLÁUSULA QUINTA: OBLIGACIONES DEL ARRENDATARIO: Serán
obligaciones específicas del arrendatario: (…) D) Mantener abierto o de libre
acceso el lugar en horas de atención al público.” (Subrayado fuera de texto).

De lo anterior se infiere claramente que el arrendatario garantiza el acceso al
parque Caldas del Municipio de Támesis solamente en las horas de atención al
público, esto es, cuando el propietario del establecimiento de comercio estime que
debe prestarse dicha atención, y no cuando los habitantes pretendan hacerlo. En
otras palabras, el uso y goce del espacio público y del bien de uso público se da
en función de las necesidades particulares del arrendatario y no de las que
debería valorar el Municipio para garantizar ese derecho y los de seguridad y
salubridad que estime pertinentes.

Para la Sala resulta evidente la vulneración del derecho colectivo al goce del
espacio público, pues no existen razones de interés general que ameriten la
limitación al uso de dicho espacio, con lo cual se desconoce también la posición
unificada y pacífica de ésta Corporación, según la cual no se debe privar a la
ciudadanía del uso, goce, disfrute visual y libre tránsito en los parques y zonas
verdes, a menos de que existan razones debidamente justificadas que ameriten tal

77
Folios 6 a 8 ibídem.

limitación. La sentencia del 5 de noviembre de 2003 proferida por esta
Corporación da muestra de la regla general a que se ha aludido:

“De los artículos 18, 19 y 25 del Decreto 1504 de 1998 se deduce que es
posible entregar a particulares para su administración y mantenimiento,
elementos que conforman el espacio público, pero expresamente establecen
que los parques y zonas verdes no podrán ser encerrados en forma tal
que priven a la ciudadanía de su uso, goce, disfrute visual y libre tránsito;
es decir, que entre otros elementos del espacio público las vías
peatonales y vehiculares no son susceptibles de cerramiento alguno…”78

La excepción la podemos evidenciar en la siguiente sentencia:

“Ahora bien, esta Corporación en reiterada jurisprudencia ha señalado que el
derecho colectivo al goce del espacio público, en ocasiones, según el “peligro
real” demostrado en cada caso concreto, debe ceder ante el derecho a la
seguridad y a la vida de los funcionarios que laboran en instalaciones que
constituyen objetivo militar y de la comunidad en general. Así lo indicó la
Sección Tercera de esta Corporación en sentencia AP-1238 de 2005: Desde
esta perspectiva, es evidente entonces que el interés general a la seguridad
nacional, y el derecho fundamental a la vida y la integridad personal, que
cotidianamente se ven amenazados, priman sobre el derecho colectivo al
espacio público y, en tales condiciones, se justifica la colocación de elementos
de seguridad y protección, atendiendo sus especiales condiciones, aunque
éstas deben guardar proporción con el grado de peligro real en que se
encuentren y cuyos límites deberán ser analizados en cada caso concreto.”79

3.7.2. Corolario de lo anterior es que el contrato de arrendamiento que se
controvierte en esta sede, desconoce el derecho colectivo en la manera
indicada, además de haber transgredido normas de imperativo
cumplimiento todo lo cual redunda también en un contrato celebrado con
objeto ilícito, circunstancia que lleva a que se adopten las medidas
conducentes a su protección en los términos del artículo 34 de la Ley 472
de 1998, que consistirán en la declaración de nulidad del contrato suscrito
por el Municipio de Támesis y el señor Mario de Jesús Escobar Moncada,
lo cual a su vez da lugar a que sea restituido dicho inmueble al ente
territorial, libre de cualquier elemento que perturbe el derecho amparado.

3.8. Decisión

78
Consejo de Estado. Sección Cuarta. M. P. María Inés Ortiz Barbosa. Sentencia del 5 de
noviembre de 2003. Rad. Núm.: 2000-03447-01. Actor: Humberto Bocanegra Soto.
79
Consejo de Estado. Sección Primera. M.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. Sentencia del 15
de febrero de 2007 proferida dentro del proceso número 25000-23-25-000-2004-01522-01.

Vista como quedó expuesta la posición de la Sala en relación con la posibilidad de
celebrar contratos de arrendamiento cuyo objeto sea un bien de uso público y
sobre la procedencia de controvertir contratos estatales por medio de instrumentos
procesales como la acción popular, la parte resolutiva quedará de la siguiente
manera en relación con el caso concreto:

Se revocará la sentencia del 18 de enero de 2011, proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, de conformidad con la parte motiva de esta
providencia, y en su lugar, se modificará la sentencia del 6 de septiembre de 2010
expedida por el Juzgado Tercero Administrativo, en el siguiente sentido:

3.8.1. DECLARAR no probadas las excepciones propuestas por los
demandados.

3.8.2. DECLARAR que el Municipio de Támesis y el señor Mario de Jesús
Moncada Escobar incurren en violación de los derechos e intereses
colectivos de goce del espacio público y defensa de los bienes de uso.

3.8.3. DECLARAR la nulidad del contrato de arrendamiento suscrito por la
Administración Municipal de Támesis y el señor Mario de Jesús Escobar
Moncada.

3.8.4. ORDENAR al Alcalde del Municipio de Támesis ejecutar los actos que
sean necesarios para que se haga efectiva la restitución del área del
Parque Caldas que está ocupada por el arrendatario.

3.8.5. ORDENAR al señor Mario de Jesús Escobar Moncada restituir al
Municipio el área ocupada, y devolver los elementos y bienes propios que
posee el Parque para su funcionamiento; para adelantar la restitución se
comisiona al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Medellín, en
orden a garantizar que se cumpla lo aquí dispuesto.

3.8.6. ORDENAR al Alcalde del Municipio de Támesis, ejercer a nombre de la
Entidad, los derechos de administración y de policía del lugar como
espacio público y destinarlo al servicio de todos; garantizar y proteger su
uso y goce común, en forma permanente, lo mismo que la conservación
del lugar.

3.8.7. REMITIR copia de la sentencia al Alcalde y Personero del municipio de
Támesis, para su cumplimiento; y a la Defensoría del Pueblo, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998.

3.8.8. Para el cumplimiento de tal decisión se conformará un Comité de
Verificación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley 472 de
1998, el cual estará integrado por los demandantes, el Alcalde del
Municipio de Támesis, el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de
Medellín y el Personero del Municipio de Támesis, quien lo presidirá.

3.8.9. En lo que hace al numeral noveno, debe tenerse presente que sobre la
solicitud del incentivo, la Sala desde el 3 de septiembre de 2013, unificó
también su posición, en el sentido de entender que con la expedición de la
Ley 1425 de 2011, que eliminó ese estímulo económico, tal incentivo no
es procedente incluso en asuntos iniciados antes de la promulgación de
esa norma. Así lo expuso la Sala en el citado proceso:

“Por virtud de la decisión del Legislador, el incentivo económico desapareció
del ordenamiento jurídico y, con ello, la posibilidad legal de seguir
reconociéndolo dentro de las decisiones judiciales en aquellos asuntos
iniciados antes de la promulgación de la Ley 1425, al margen de si los
preceptos legales que preveían tal premio a favor del actor popular
correspondían, o no, a normas de naturaleza sustantiva o procesal. La Sala
precisa que cualquier disquisición que en punto a la naturaleza jurídica de los
artículos 39 y 40 de la Ley 472, proferida en el año 1998, antes de constituir
realmente un avance en la unificación de la jurisprudencia de lo Contencioso
Administrativo, se convertiría más bien en un juicio retórico innecesario, pues,
como se dijo, con independencia del carácter sustancial, o no, de dichos
preceptos legales, la conclusión ha de ser la misma en uno u otro caso y ello
constituye, en realidad, el aspecto a unificar por parte de la Corporación.”80

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: SE UNIFICA LA POSICIÓN DE LA JURISDICCIÓN DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO en el siguiente sentido:

80
Sala Plena dentro del proceso número 17001-33-31-001-2009-01566-01.

No es procedente que las autoridades administrativas entreguen bienes de uso
público utilizando para ello la fórmula contractual del arrendamiento, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: REVOCAR la sentencia del 18 de enero de 2011, proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, de conformidad con la parte motiva de esta
providencia.

TERCERO: MODIFICAR la sentencia del 6 de septiembre de 2010 expedida por
el Juzgado Tercero Administrativo, y en consecuencia la Sala dispone:

3.1. DECLARAR no probadas las excepciones propuestas por los demandados.

3.2. DECLARAR que el Municipio de Támesis y el señor Mario de Jesús Moncada
Escobar incurren en violación de los derechos e intereses colectivos de goce del
espacio público y defensa de los bienes de uso.

3.3. DECLARAR la nulidad del contrato de arrendamiento suscrito por la
Administración Municipal de Támesis y el señor Mario de Jesús Escobar Moncada.

3.4. ORDENAR al Alcalde del Municipio de Támesis ejecutar los actos que
sean necesarios para que se haga efectiva la restitución del área del
Parque Caldas que está ocupada por el arrendatario.

3.5. ORDENAR al señor Mario de Jesús Escobar Moncada restituir al
Municipio el área ocupada, y devolver los elementos y bienes propios
que posee el Parque para su funcionamiento; para adelantar la
restitución se comisiona al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito
de Medellín, en orden a garantizar que se cumpla lo aquí dispuesto.

3.6. ORDENAR al Alcalde del Municipio de Támesis, ejercer a nombre de la
Entidad, los derechos de administración y de policía del lugar como
espacio público y destinarlo al servicio de todos; garantizar y proteger su
uso y goce común, en forma permanente, lo mismo que la conservación
del lugar.

3.7. ORDENAR la conformación de un Comité de Verificación de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley 472 de 1998, el cual estará
integrado por los demandantes, el Alcalde del Municipio de Támesis, el
Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Medellín, el Personero
del Municipio de Támesis, quien lo presidirá, con el fin de que constaten
el cumplimiento de lo aquí resuelto.

3.8. NEGAR el incentivo solicitado, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

3.9. REMITIR copia de la sentencia al Alcalde y Personero del municipio de
Támesis, para su cumplimiento; y a la Defensoría del Pueblo, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998.

3.10. Sin lugar a costas.

CUARTO: Reconoce personería a la abogada María Natalí Rodríguez Tobón
como apoderada del Municipio de Támesis (Antioquia) de conformidad con el
poder que obra a folios 395 a 396 de este Cuaderno.

QUINTO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de
origen.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión del 14 de
agosto de 2018.

RAMIRO PAZOS GUERRERO
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA

STELLA CONTO DÍAZ DEL CASTILLO MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

SANDRA LISSET IBARRA VELEZ MARÍA ADRIANA MARÍN

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO CÉSAR PALOMINO CORTÉS

CARMELO PERDOMO CUÉTER JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ

JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Impedido

GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO ALBERTO YEPES BARREIRO

CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA

PARQUES Y ZONAS VERDES – La única excepción para justificar su
cerramiento no puede ser el peligro real / CERRAMIENTO DE PARQUES Y
ZONAS VERDES – Puede evaluarse en casos concretos la razonabilidad y
proporcionalidad de las restricciones que establezca la administración

Mis reservas están esencialmente dirigidas a la forma en que se analizó el caso
concreto (punto 3.7), así: 1.- Aunque no es explícito en la sentencia de la cual me
aparto, de ella y de la cita que hace de otras dos sentencias de la Corporación ,
parece desprenderse la “regla general” según la cual los parques y zonas verdes
no pueden ser objeto de cerramiento alguno y que la única excepción para
justificar el cerramiento de los parques o plazas sería el “peligro real” demostrado
en cada caso concreto, tomando como ejemplo el caso en que está en riesgo “el
derecho a la seguridad y a la vida de los funcionarios que laboran en instalaciones
que constituyen objetivo militar y de la comunidad en general”. Por supuesto que
es una posición unificada y pacífica de ésta Corporación que “no se debe privar a
la ciudadanía del uso, goce, disfrute visual y libre tránsito en los parques y zonas
verdes” pero, como lo dice precisamente la sentencia objeto de revisión, son
múltiples las razones que permitirían justificar limitaciones a ese derecho. La
sentencia atacada en sede de revisión menciona, entre otras, “las atinentes a su
horario y uso -comercial, cultural, recreativo, deportivo, financiero, etc.,
dependiendo de sus necesidades o de sus facultades de policía-, por citar unos
ejemplos. En ese sentido: (a) Comparto lo que se sostiene en la sentencia objeto
de revisión; (b) Considero que no puede establecerse una “regla general” según la
cual los parques y zonas verdes no pueden ser objeto de cerramiento alguno y
que la única excepción para justificar el cerramiento de los parques o plazas sería
el “peligro real” demostrado en cada caso concreto; (c) Por el contrario considero
que, solo en los casos concretos puede evaluarse la razonabilidad y
proporcionalidad de las restricciones que la administración establezca tales como

horarios y usos (comercial, cultural, recreativo, deportivo, financiero) “dependiendo
de sus necesidades o de sus facultades de policía”.

NUEVA VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS INCORPORADAS AL PROCESO –
Se llegó a una conclusión diferente a la del fallador de segunda instancia sin
argumentación plausible

[E]n la sentencia de la cual respetuosamente me aparto no solo se hace una
nueva valoración de las pruebas incorporadas al proceso, sino que, sin
argumentación plausible se llega, sobre los hechos probados, a una conclusión
diferente a la conclusión del fallador de segunda instancia, el Tribunal
Administrativo de Antioquia. (…)La revisión no constituye una tercera instancia
que dé lugar a valorar nuevamente en esta sede “las pruebas que se allegaron
ante el Juez o el Tribunal”, pero aún si fuera procedente esa nueva valoración
probatoria, en la sentencia de la cual me aparto no aparecen los argumentos para
desestimar la que hizo el Tribunal Administrativo de Antioquia.

CONSEJO DE ESTADO

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SALVAMENTO DE VOTO DEL CONSEJERO GABRIEL VALBUENA
HERNÁNDEZ

Bogotá D.C., catorce (14) de agosto de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 05001-33-31-003-2009-00157-01(AP)REV-SU

Actor: FREDY MORALES SUAZA Y OTROS

Demandado: MUNICIPIO DE TÁMESIS, ANTIOQUIA

Respetuosamente presento las razones de mi salvamento parcial de voto frente a
la sentencia de la referencia.

Mis reservas están esencialmente dirigidas a la forma en que se analizó el caso
concreto (punto 3.7), así:

1.- Aunque no es explícito en la sentencia de la cual me aparto, de ella y de la cita
que hace de otras dos sentencias de la Corporación81, parece desprenderse la
“regla general” según la cual los parques y zonas verdes no pueden ser objeto de

81
Esas dos sentencias son:
• Consejo de Estado. Sección Cuarta. M. P. María Inés Ortiz Barbosa. Sentencia del 5 de
noviembre de 2003. Rad. Núm.: 2000-03447-01. Actor: Humberto Bocanegra Soto.
• Consejo de Estado. Sección Primera. M.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. Sentencia del 15
de febrero de 2007 proferida dentro del proceso número 25000-23-25-000-2004-01522-01.

cerramiento alguno y que la única excepción para justificar el cerramiento de los
parques o plazas sería el “peligro real” demostrado en cada caso concreto,
tomando como ejemplo el caso en que está en riesgo “el derecho a la seguridad y
a la vida de los funcionarios que laboran en instalaciones que constituyen objetivo
militar y de la comunidad en general”.

Por supuesto que es una posición unificada y pacífica de ésta Corporación que “no
se debe privar a la ciudadanía del uso, goce, disfrute visual y libre tránsito en los
parques y zonas verdes” pero, como lo dice precisamente la sentencia objeto de
revisión, son múltiples las razones que permitirían justificar limitaciones a ese
derecho.

La sentencia atacada en sede de revisión menciona, entre otras, “las atinentes a
su horario y uso -comercial, cultural, recreativo, deportivo, financiero, etc.,
dependiendo de sus necesidades o de sus facultades de policía-, por citar unos
ejemplos.

En ese sentido:

(a) Comparto lo que se sostiene en la sentencia objeto de revisión;

(b) Considero que no puede establecerse una “regla general” según la cual los
parques y zonas verdes no pueden ser objeto de cerramiento alguno y que la
única excepción para justificar el cerramiento de los parques o plazas sería el
“peligro real” demostrado en cada caso concreto;

(c) Por el contrario considero que, solo en los casos concretos puede evaluarse
la razonabilidad y proporcionalidad de las restricciones que la administración
establezca tales como horarios y usos (comercial, cultural, recreativo,
deportivo, financiero) “dependiendo de sus necesidades o de sus facultades de
policía”.

2.- Al resolver, con auto del 18 de mayo de 2011 (Magistrado Ponente: Doctor
Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta) sobre la solicitud de revisión eventual
presentada por la parte demandante respecto de la sentencia del 18 de enero de
2011, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, se citó la providencia
de unificación del 11 de septiembre de 2012 proferida dentro del proceso número
17001-33-31-000-2010-00205-01, con ponencia del Magistrado Mauricio Fajardo

Gómez, en la cual se indicó que la finalidad de este recurso es “revisar las
sentencias proferidas por los Tribunales Administrativos que se aparten de las
líneas jurisprudenciales trazadas en materia de acciones populares o de grupo” y,
con base en la misma providencia se resumieron, a titulo ilustrativo, los eventos
generales “en los cuales está llamada a operar, a plenitud, la tarea unificadora de
la jurisprudencia”, así:

“Cuando uno o varios de los temas de la providencia, por su complejidad,
por su indeterminación, por la ausencia de claridad de las disposiciones
normativas en las que se funda o por un vacío en la legislación, sean
susceptibles de confusión o involucren disposiciones respecto de las cuales
quepan diferentes formas de aplicación o interpretación;

“Cuando sobre uno o varios de los temas de la providencia no hubiere una
posición consolidada por parte de la jurisprudencia de esta Corporación.

“Cuando uno o varios de los temas de la providencia no hubieren sido
objeto de desarrollos jurisprudenciales, por parte del Consejo de Estado.”

3.- En la misma providencia de unificación del 11 de septiembre de 2012 se
advierte que:

“los eventos antes expuestos lo fueron únicamente a título enunciativo, por
ello, su sola mención no excluye la posibilidad de que con posterioridad y
en atención a la finalidad de unificación de jurisprudencia puedan llegar a
considerarse otras hipótesis que harían posible la selección de la
providencia para fines de revisión"

Se observa, sin embargo, que la revisión eventual en materia de acciones
populares:

“a) No constituye una tercera instancia de decisión. La revisión
eventual opera frente a sentencias y a providencias en firme mediante las
cuales se pone fin al proceso de acción popular, por manera que dentro del
respectivo cauce procesal se han agotado ya las pertinentes instancias de
decisión y, en caso de que el Consejo de Estado avoque el conocimiento
del litigio, no lo hace en condición de tribunal de instancia sino en la de
órgano de cierre de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo que se
apresta a proferir una decisión con miras a unificar jurisprudencia; así
pues, la naturaleza jurídica del mecanismo de revisión eventual difiere por
completo de la de un recurso ordinario como el de apelación e, incluso, de
la del grado jurisdiccional de consulta..." (Subrayado de la Sala).

4.- En auto mencionado del 18 de mayo de 2011 (Magistrado Ponente: Doctor
Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta) en el cual se resuelve sobre la solicitud de
revisión eventual presentada por la parte demandante respecto de la sentencia del
18 de enero de 2011 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia se
señala:

“En tal orden, como el objeto de la solicitud de Revisión Eventual es
precisamente verificar si una sentencia judicial se separó de las líneas
unificadas que ha trazado el Consejo de Estado en los procesos
adelantados en ejercicio de la acción popular o de grupo, es definitivo
afirmar que el análisis de la sentencia de unificación a que se ha hecho
referencia, está dirigido a recabar en que el citado mecanismo no puede
ser utilizado para revivir los debates procesales que se presentaron en la
primera o segunda instancia.

En otras palabras, la Revisión Eventual no constituye una tercera instancia
porque no hay lugar a valorar en ésta sede las pruebas que se allegaron
ante el Juez o el Tribunal para acreditar en su momento la vulneración de
los derechos e intereses colectivos, ni tampoco a reconsiderar los
argumentos que dieron lugar a la interposición de la respectiva acción
popular o de grupo.”

5.- Es claro que la revisión eventual:

“no constituye una tercera instancia porque no hay lugar a valorar en ésta
sede las pruebas que se allegaron ante el Juez o el Tribunal para acreditar
en su momento la vulneración de los derechos e intereses colectivos”.

Sin embargo, en la sentencia de la cual respetuosamente me aparto no solo se
hace una nueva valoración de las pruebas incorporadas al proceso, sino que, sin
argumentación plausible se llega, sobre los hechos probados, a una conclusión
diferente a la conclusión del fallador de segunda instancia, el Tribunal
Administrativo de Antioquia.

6.- El Tribunal Administrativo de Antioquia, en la sentencia objeto de revisión,
acogió en lo esencial los argumentos y pruebas con los cuales el municipio
accionado se opuso a las pretensiones de la demanda, que resumió así:

“a) El establecimiento de comercio que funciona en el Parque Caldas, esto
es, en el Parque del Municipio de Támesis, se denomina "Kiosco las
Palomas", el cual es vigilado y controlado, como cualquier otro
establecimiento de comercio que opera en el Municipio, por la Secretaría
General y de Gobierno.

(…)

b) El Parque Caldas está conformado no sólo por el cerramiento central,
sino también por los otros espacios a su alrededor que son aprovechados
por ciudadanos y comerciantes para desarrollar sus actividades, como
vendedores de frutas y verduras, carniceros y artesanos, quienes se
ubican en la plaza, tal como lo hace el propietario del establecimiento de
comercio denominado "Kiosco las Palomas".

(…) el espacio público que se encuentra dentro del perímetro de
cerramiento "es abierto a la ciudadanía en general y, aquellas personas
que deseen disfrutar de él, no requieren realizar consumo alguno en el
local comercial allí establecido, por ende, el goce del espacio público, no
se restringe al establecimiento en mención".

(…) Dicho cerramiento hace parte de la inmobiliaria y diseño del Parque,
pues "está concebido así desde la construcción inicial de la plaza", lo que
descarta la supuesta finalidad de beneficiar a un particular específico.

7.- En la sentencia objeto de revisión, el Tribunal Administrativo de Antioquia
concluyó que:

“Si bien es cierto que, de conformidad con el documento que obra a folio
200 del expediente, dentro de los archivos del Concejo Municipal no se
encontró acto administrativo mediante el cual se haya autorizado la
construcción del kiosco y su cerramiento perimetral, no es menos cierto
que de los testimonios rendidos en el proceso (fl. 172-199) se concluye
que desde hace mucho tiempo atrás -más o menos por los años de 1930-
se concibió dicho bien como un espacio conformado por la edificación y un
cerramiento perimetral con muros de adobe y rejas, esto es, como un
espacio que limita la circulación de los transeúntes y el ganado -pues esa
fue la concepción inicial o, mejor, la finalidad de su construcción, según los
testigos, toda vez que era la plaza del pueblo el lugar donde se realizaban
las subastas de ganado-, diferente del resto de la plaza o parque principal,
en el cual se garantiza de manera absoluta la libre circulación de sus
visitantes.

“Así, pues, aunque no existe prueba documental -acto administrativo o
historia escrita del Parque Caldas, por ejemplo-, los testimonios rendidos
en el proceso por personas que nacieron y han vivido por espacio de más
de cuarenta años en el Municipio de Támesis y son conocedoras de su
historia y tradición, indican que la zona dada en arrendamiento,
conformada por el kiosco y la zona adyacente, en lo que toca con su uso,
no tenía la misma connotación que el resto de la plaza. Su uso o
destinación no se concibió para un libre uso y goce de toda la comunidad,
sino para quienes quisieran acceder a éste con las limitantes físicas o
normativas que determinara la Administración, dentro de las cuales
estaban, están y pueden estar las atinentes a su horario y uso -comercial,
cultural, recreativo, deportivo, financiero, etc., dependiendo de sus
necesidades o de sus facultades de policía-, por citar unos ejemplos.”

8.- En la sentencia objeto de revisión, el Tribunal Administrativo de Antioquia
señala que, además “de los testimonios rendidos en el proceso por personas que
nacieron y han vivido por espacio de más de cuarenta años en el Municipio de
Támesis y son conocedoras de su historia y tradición”, toma en cuenta las razones
de orden histórico (la restricción debido a la feria de ganado y plaza de mercado,
que fue la que impuso la misma en el municipio de Támesis, según las pruebas);
sociológicas (hace parte de la idiosincrasia del municipio); culturales (es el sitio
turístico por excelencia en el territorio); policivas (seguridad y salubridad pública),
que permiten afirmar:

“la existencia de ese tipo de establecimientos en la gran mayoría de los
Municipios de Antioquia, con fines de esparcimiento, diversión, recreación,
lugar de encuentro, de tertulia, etc., etc., que armoniza con la calidad de
uso público del bien”.

Y concluye que el uso del kiosko, en la forma pactada, es compatible con la
destinación natural del cerramiento” y, en cuanto a las “limitaciones horarias”
concluye que “no está demostrado en el proceso que ellas tengan por única
causa, beneficiar al arrendatario.”

9.- En la sentencia de la cual respetuosamente me aparto se sostiene, en
contrario de la valoración probatoria hecha por el Tribunal Administrativo de
Antioquia en la sentencia objeto de revisión, que:

“En efecto, de las fotografías82 y del CD que contiene igualmente otras
tantas del parque en cuestión, así como del reporte del periódico El
Tiempo del 17 de octubre de 2009 incorporado al expediente en la
Audiencia de Pacto de Cumplimiento (folio 142 ibídem), se desprende que
la porción de terreno dada en arrendamiento impide a la comunidad el
goce del espacio público para las personas que acuden a sus
instalaciones, pues se encuentra ocupado por la silletería y las mesas de
propiedad del arrendatario.”

“Adicionalmente, la Sala observa que el uso del espacio público autorizado
por la Administración no es compatible con las condiciones de área pública
del parque y por lo tanto vulnera el derecho colectivo atrás mencionado,
pues aparte de la ocupación de los senderos peatonales por sillas y
mesas, es cerrado con candados cuando el Café no se encuentra en

82
Folios 6 a 8 ibídem.

funcionamiento, lo cual impide que la comunidad satisfaga a plenitud sus
derechos a la libre y segura movilidad y al sano esparcimiento.”

10.- La revisión no constituye una tercera instancia que dé lugar a valorar
nuevamente en esta sede “las pruebas que se allegaron ante el Juez o el
Tribunal”, pero aún si fuera procedente esa nueva valoración probatoria, en la
sentencia de la cual me aparto no aparecen los argumentos para desestimar la
que hizo el Tribunal Administrativo de Antioquia y, a ese respecto, solo se dice
que de las fotografías impresas y de las que se encuentran el CD, así como
“del reporte del periódico El Tiempo del 17 de octubre de 2009” se desprende
que la porción de terreno (dada en arrendamiento) impide a la comunidad el
goce del espacio público para las personas que acuden a sus instalaciones,
pues se encuentra ocupado por la silletería y las mesas de propiedad del
arrendatario.”

11.- Comparto en lo demás la sentencia de la referencia.

Con toda consideración y respeto,

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Consejero de Estado

Fecha ut supra.

ANULACIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO – Improcedencia

a) Disiento de la posición unificada adoptada en la providencia sobre la
imposibilidad de suscribir contrato de arrendamiento sobre bienes de uso público.
Me uno a los argumentos esbozados frente al tema en los salvamentos de voto de
los señores consejeros Carlos Enrique Moreno Rubio y Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez. b) No debió anularse el contrato de arrendamiento, en tanto que su
suscripción no fue el objeto de la acción popular y tampoco la causante de la
vulneración de los derechos colectivos invocados. Bastaba adoptar medidas para
que perdieran vigencia o se inapliquen las cláusulas restrictivas del uso público del
bien objeto del contrato y que el arrendatario cesara en las conductas constitutivas
de cerramiento del espacio público del parque principal del municipio de Támesis

CONSEJO DE ESTADO

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO DEL CONSEJERO WILLIAM HERNÁNDEZ
GÓMEZ

Bogotá D.C., catorce (14) de agosto de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 05001-33-31-003-2009-00157-01(AP)REV-SU

Actor: FREDY MORALES SUAZA Y OTROS

Demandado: MUNICIPIO DE TÁMESIS, ANTIOQUIA

Con el respeto de costumbre, en el presente escrito consigno los argumentos que
motivan mi salvamento parcial de voto al fallo de la referencia.

Aunque considero que la ejecución del contrato de arrendamiento suscrito entre el
municipio accionado y el señor Jesús Escobar Moncada vulneró la ley en cuanto
se dieron al arrendatario atribuciones y derechos incompatibles con el uso público
de la plaza principal del municipio accionado, considero que no debió anularse el
contrato cuestionado.

En efecto, salvé mi voto en cuanto al criterio de unificación en el cual la Sala Plena
concluye que no es procedente que las autoridades administrativas entreguen
bienes de uso público bajo la fórmula contractual del arrendamiento.

En mi criterio, el problema medular en esta actuación no era la modalidad
contractual en la que se entregó el bien de uso público al señor Escobar Moncada,
porque es claro que la legislación permite que la administración pública entregue
temporalmente este tipo de bienes a particulares o a entidades públicas con
distintas finalidades (conservación, explotación comercial, aprovechamiento,
mantenimiento, prestación de servicios, entre otros), sin que limite la modalidad
contractual de arrendamiento. Por tanto, no comparto que la sola suscripción de
este tipo de contratos sobre bienes de uso público sea, per se, violatoria de la ley.

Por el contrario, el artículo 1981 del Código Civil lo permite salvo que exista norma
prohibitiva especial que no se encuentra actualmente definida en nuestro

ordenamiento jurídico. Igual autorización se encuentra en el Decreto 1504 de
1998, artículos 18 y 19, porque permite a las autoridades contratar con personas
privadas para que estas administren, mantengan y aprovechen los bienes de uso
público, con la restricción natural de pactar cláusulas que impliquen el cambio de
su destinación y naturaleza.

En conclusión, sostengo que la entrega bajo la modalidad de arrendamiento del
Parque Caldas del Municipio de Támesis, no fue la que originó la vulneración de
los derechos colectivos invocados que se protegen con la sentencia, porque las
características de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad no se ven
menoscabadas con la suscripción de este tipo de contratos.

Lo que está en verdadero conflicto legal y con los derechos colectivos, es haber
entregado facultades de uso exclusivo de todo o parte del bien de uso público en
detrimento de los beneficiarios naturales de este tipo de bienes, como sucedió en
el caso concreto en el cual se determinó que el arrendatario del quiosco ubicado
en el parque principal del municipio de Támesis, podría restringir el paso por el
área pública del parque y cerrar sus rejas de acceso en el horario en que no
estaba funcionando el establecimiento de comercio instalado en el quiosco objeto
del contrato.

En síntesis: a) Disiento de la posición unificada adoptada en la providencia sobre
la imposibilidad de suscribir contrato de arrendamiento sobre bienes de uso
público. Me uno a los argumentos esbozados frente al tema en los salvamentos de
voto de los señores consejeros Carlos Enrique Moreno Rubio y Lucy Jeannette
Bermúdez Bermúdez. b) No debió anularse el contrato de arrendamiento, en tanto
que su suscripción no fue el objeto de la acción popular y tampoco la causante de
la vulneración de los derechos colectivos invocados. Bastaba adoptar medidas
para que perdieran vigencia o se inapliquen las cláusulas restrictivas del uso
público del bien objeto del contrato y que el arrendatario cesara en las conductas
constitutivas de cerramiento del espacio público del parque principal del municipio
de Támesis.

Estas son los motivos que sustentan mi disentimiento con la providencia y
considero pertinentes dejar consagradas por escrito.

Respetuosamente:

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Magistrado

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BIENES DE USO PÚBLICO –
Procedente cuando su uso es compatible con la condición del espacio
público

El fallo (…) se decanta por una postura tajante e irreductible frente a la posibilidad
de entregar esta clase de bienes en arrendamiento, cuando es el propio
ordenamiento jurídico el que autoriza este tipo contractual, siempre que su uso
sea compatible con la condición del espacio público, claro está. De hecho, el
Código Civil Colombiano, en su artículo 1981 prevé el arrendamiento de bienes de
uso público, y advierte que su regulación se regirá por las normas de dicha
codificación. (…) Esta disposición, que aún se encuentra vigente, esclarece la
posibilidad de que el contrato de arrendamiento recaiga sobre bienes públicos o
de “la unión”, como los cataloga el ordenamiento civil, que, según su definición en
el artículo 674, corresponde a los bienes de uso público o bienes públicos del
territorio

JUEZ POPULAR – No tiene competencia para anular actos administrativos y
contratos

[S]obre la posibilidad de que el juez popular pueda anular contratos de la
administración, cuando evidencia la vulneración de un derecho colectivo,
considero que este es un asunto que fue zanjado por la Sala Plena en la
providencia del 13 de febrero de 2018, expediente 25000-23-15-000-2002-02704-
01, en el sentido de desechar la posibilidad de anular actos o contratos de la
administración en vigencia del Código Contencioso Administrativo CCA. Con todo,
el fallo objeto del presente salvamento sostiene que en esa oportunidad la Sala
solo unificó la postura respecto de la imposibilidad de anularse actos
administrativos en sede de acción popular. Sobre el punto es preciso señalar que,
aun cuando en la providencia del 13 de febrero de 2018 aclaré mi voto, en el
sentido de explicar que bajo la vigencia del Decreto 01 de 1984, el juez popular sí
tenía amplias facultades para salvaguardar el orden jurídico en materia de
derechos e intereses colectivos, lo que incluía la anulación de actos
administrativos, conforme lo prevé el artículo 15 de la Ley 472 de 1998, lo cierto es
que, la posición mayoritaria de la Sala y que resulta vinculante, es que el juez
popular bajo la vigencia del C.C.A no tiene la potestad de anular actos
administrativos ni contratos, postura que debe respetarse en aras de garantizar la
seguridad jurídica de las decisiones que emite esta Corporación

CONSEJO DE ESTADO

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SALVAMENTO DE VOTO DEL CONSEJERO CARLOS ENRIQUE MORENO
RUBIO

Bogotá D.C., catorce (14) de agosto de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 05001-33-31-003-2009-00157-01(AP)REV-SU

Actor: FREDY MORALES SUAZA Y OTROS

Demandado: MUNICIPIO DE TÁMESIS, ANTIOQUIA

Con el respeto acostumbrado por la posición de la Sala, debo manifestar que no
comparto la decisión contenida en la sentencia del catorce (14) de agosto de dos
mil dieciocho (2018), por medio del cual la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado: i) unificó jurisprudencia respecto a la
imposibilidad de que las autoridades administrativas entreguen bienes de uso
público a un particular, utilizando para ello la fórmula contractual del
arrendamiento, ii) revocó la sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia,
para en su lugar confirmar –parcialmente- la providencia del Juzgado Tercero
Administrativo del Circuito de Medellín, en el sentido de amparar los derechos
colectivos deprecados y iii) declaró la nulidad del contrato de arrendamiento
suscrito por la administración de Támesis y el señor Mario de Jesús Escobar
Moncada.

Las razones por las cuales me aparto de la referida decisión se resumen en las
siguientes líneas.

1. Sobre la regla de unificación

No comparto la sentencia en su parte motiva ni en la resolutiva, en lo que
corresponde a la regla de unificación propuesta, en tanto que se afirma de manera
absoluta la prohibición de celebrar un contrato de arrendamiento sobre bienes
públicos.

En efecto, el fallo sostiene que, ante las posturas encontradas en las diferentes
secciones del Consejo de Estado, resulta del caso unificar el tratamiento jurídico
de esta clase de contratos que recaen sobre bienes de uso público, que ofrezca
seguridad a la autoridad administrativa encargada de su custodia y gestión.

Así, advierto que, uno de los elementos de la esencia del contrato de
arrendamiento, es decir, aquellos sin los cuales, o no existe o degenera en un
negocio distinto, es la entrega del uso y goce exclusivo del bien, circunstancia que
riñe abiertamente con la naturaleza de los inmuebles de naturaleza pública, pues
éstos están destinados al goce y libertad de tránsito de todos los ciudadanos de
manera libre e impersonal, es decir, no se predica exclusividad de estos bienes
para un grupo de personas y menos para un sujeto determinado.

En concordancia con lo anterior, el fallo afirma que, la naturaleza de los bienes de
uso público así como la esencia del contrato de arrendamiento impiden concebir
que uno y otro encuentren una confluencia válida en el plano jurídico ya delineado
desde la perspectiva de las normas que gobiernan cada materia.

De otro lado, el proyecto trae a colación el artículo 19 del Decreto 1504 de 1998,
respecto a la posibilidad de entregar la gestión de bienes públicos a particulares, y
precisa que la norma habilita a los entes territoriales para conceder este tipo de
bienes a entes privados con el fin de administrar, mantener o aprovechar
económicamente el espacio público cuando así se considere oportuno, siempre
que ello no incida en la destinación al uso común que es propia de esta clase de
bienes, no se generen derechos reales y aseguren la prevalencia del interés
general sobre el particular.

Sobre este artículo, en mi sentir, el proyecto se queda corto en el análisis, pues si
bien afirma, de manera acertada que, de lo que se trata es de posibilitar una
gestión eficiente de este recurso por parte de los entes municipales, sin perjuicio
del imperativo constitucional y legal de asegurar tanto la afectación al fin público
propio de esta clase de bienes, como su inalienabilidad, inembargabilidad e
imprescriptibilidad, lo cierto es que, frente al estudio de la regla de unificación, no
se tienen en cuenta estos parámetros de interpretación de la norma que, en
efecto, permite que los entes territoriales puedan autorizar el uso de áreas
públicas a entidades privadas, siempre que sea compatible con la condición del
espacio.

El fallo entonces se decanta por una postura tajante e irreductible frente a la
posibilidad de entregar esta clase de bienes en arrendamiento, cuando es el
propio ordenamiento jurídico el que autoriza este tipo contractual, siempre que su
uso sea compatible con la condición del espacio público, claro está.

De hecho, el Código Civil Colombiano, en su artículo 1981 prevé el arrendamiento
de bienes de uso público, y advierte que su regulación se regirá por las normas de
dicha codificación. La norma señala lo siguiente:

“ARTICULO 1981. <ARRENDAMIENTO DE BIENES PUBLICOS>. Los
arrendamientos de bienes de la Unión, o de establecimientos públicos de
ésta, se sujetarán a las disposiciones del presente capítulo, salvo lo
estatuido en los códigos o en las leyes especiales”.

Esta disposición, que aún se encuentra vigente, esclarece la posibilidad de que el
contrato de arrendamiento recaiga sobre bienes públicos o de “la unión”, como los
cataloga el ordenamiento civil, que, según su definición en el artículo 674,
corresponde a los bienes de uso público o bienes públicos del territorio.

Lo que prohíbe de manera rotunda el ordenamiento, es que la administración
suscriba fórmulas contractuales que constituyan derechos reales sobre el bien de
uso público entregados para su administración a un particular, mas no la

posibilidad de que estos sean administrados o explotados a través de diferentes
tipos de contratos, como lo es el arrendamiento, siempre que, se reitera, el uso
sea compatible con la naturaleza pública del bien.

En ese orden de ideas, en mi criterio, siempre habrá que consultarse la finalidad
del contrato sea de arrendamiento, o cualquier otro que celebre la administración
sobre este tipo de bienes, y de esta manera constatar si el uso autorizado al
particular encargado de su administración, es compatible con la condición del
espacio, tal y como lo ordena el artículo 19 del Decreto 1504 de 1998.

Así, no puede predicarse de manera general y abstracta la prohibición acerca del
contrato de arrendamiento sobre bienes de uso público, pues el tipo contractual
individualmente considerado, se encuentra permitido por el ordenamiento jurídico.

Se insiste, lo que proscribe el legislador y que un sector de la jurisprudencia de
esta Corporación ha considerado, es que el contrato de arrendamiento o cualquier
otro que celebre la administración, contenga obligaciones que desconozcan el uso
que legalmente se le ha atribuido a los bienes públicos, o que, al amparo de esta
figura contractual, se pretenda esquivar los procedimientos de selección
requeridos para la adjudicación del bien.

Asimismo, como acertadamente lo estableció la Sección Primera de esta
Corporación, en la providencia del 3 de octubre de 2002, en el proceso con
radicado 05001-2331-000-2002-00132-01 “La destinación al uso común del
espacio público puede ser reglamentada por la autoridad en el ejercicio de sus
competencias policivas, pues esa reglamentación constituye un mecanismo para
la protección de su integridad, de manera que dicho uso puede, bajo ciertas
circunstancias, ser limitado de acuerdo con la ley y los reglamentos
administrativos, sin que ello constituya violación del artículo 82 constitucional”.

De otro lado, en la motivación del fallo, a página 27, se indica, con el fin de
reforzar el argumento sobre la prohibición del contrato de arrendamiento sobre
bienes públicos, que surge para el arrendatario el derecho de que trata el artículo
1988 del Código Civil, de conformidad con el cual “si el arrendador es turbado en
su goce por vías de hecho de terceros, que no pretenden derecho a la cosa
arrendada, el arrendatario a su propio nombre perseguirá la reparación del daño”
de tal manera que el arrendatario que detenta el bien, puede ejercer dicho
derecho frente a cualquier tercero que pretenda turbarlo, para lo cual cuenta con
la acción dispuesta en el artículo 978 del mismo Código.

Con el debido respeto que merece la Sala, considero que esta afirmación resulta
imprecisa en tanto que, las acciones posesorias que prevé el artículo 978 del
Código Civil, solo las pueden ejercer quienes detenten un derecho real sobre la
cosa, de manera que el arrendatario no podría hacer uso de ellas, por cuanto el
solo es titular de un derecho personal, no real.

Igualmente, tampoco es preciso señalar que el arrendatario detenta el bien
entregado en arrendamiento, pues “detentar” implica poseer o atribuirse el poder

sobre una cosa, propio de quien ejerce un derecho real sobre esta, lo cual no
ocurre con el contrato de arrendamiento, que constituye derechos personales a
las partes, de cara a las obligaciones correlativas que surgen para éstas.

2. El caso concreto y la nulidad del contrato.

Con la claridad anterior y sin perjuicio de la regla de unificación que acabo de
exponer, en el sentido que debería tener un alcance diferente, considero que aun
cuando en este preciso caso podría advertirse una vulneración del derecho
colectivo del goce del espacio público, comoquiera que, el arrendatario del quiosco
ubicado en el parque principal del municipio de Támesis, estaba restringiendo el
paso en dicho parque, al hacer uso de un cerramiento de todo el área, en el
horario en que no estaba funcionando el establecimiento de comercio, lo cierto es
que, bastaba con ordenar el levantamiento del cerramiento con rejas del parque,
sin tener que acudir a la nulidad del contrato suscrito.

Ello si se tiene en cuenta que el contrato recaía únicamente sobre el quiosco en el
que funcionaba “el café” y no sobre toda el área pública del parque, de manera
que, no se encuentra la equivalencia entre la medida ordenada y la situación
fáctica generadora de la vulneración del derecho colectivo al espacio público,
además de las razones expuestas en párrafos precedentes sobre la procedencia
de esta fórmula contractual para la administración de bienes de uso público por
particulares.

Ahora, sobre la posibilidad de que el juez popular pueda anular contratos de la
administración, cuando evidencia la vulneración de un derecho colectivo,
considero que este es un asunto que fue zanjado por la Sala Plena en la
providencia del 13 de febrero de 2018, expediente 25000-23-15-000-2002-02704-
01, en el sentido de desechar la posibilidad de anular actos o contratos de la
administración en vigencia del Código Contencioso Administrativo CCA. Con todo,
el fallo objeto del presente salvamento sostiene que en esa oportunidad la Sala
solo unificó la postura respecto de la imposibilidad de anularse actos
administrativos en sede de acción popular.

Sobre el punto es preciso señalar que, aun cuando en la providencia del 13 de
febrero de 2018 aclaré mi voto, en el sentido de explicar que bajo la vigencia del
Decreto 01 de 1984, el juez popular sí tenía amplias facultades para salvaguardar
el orden jurídico en materia de derechos e intereses colectivos, lo que incluía la
anulación de actos administrativos, conforme lo prevé el artículo 15 de la Ley 472
de 1998, lo cierto es que, la posición mayoritaria de la Sala y que resulta
vinculante, es que el juez popular bajo la vigencia del C.C.A no tiene la potestad
de anular actos administrativos ni contratos, postura que debe respetarse en aras
de garantizar la seguridad jurídica de las decisiones que emite esta Corporación.

Así, se expresó de manera detallada en la sentencia en comento:

“Así las cosas, si el juez de la acción popular encuentra que el acto
administrativo vulnera derechos e intereses colectivos, podrá adoptar todas

las medidas que sean necesarias para hacer cesar la amenaza o
vulneración de los derechos e intereses colectivos (salvo la anulación del
acto o contrato). A guisa de ejemplo, el juez podría adoptar las siguientes
medidas: (i) La inaplicación total o parcial con efectos interpartes -artículo
148 de la Ley 1437; (ii) interpretación condicionada del acto administrativo;
(iii) la suspensión de los efectos -eficacia- sin que ello obligue al juez
ordinario a declarar la nulidad del mismo, puesto que el ámbito de análisis
es diferente”83.

En tal medida, la posición de unificación encontró sustento en su momento, en
que, cada juez cumpla su propósito constitucional y legal sin invadir las
competencias del otro, según las finalidades y naturaleza de las acciones “Así, lo
decidido en un proceso no influye o bloquea el resultado al momento de valorar o
decidir el otro. El efecto útil de esta postura es la de suprimir la posibilidad de
decisiones contradictorias frente a legalidad del acto administrativo”.

En mi criterio, no puede entenderse que el juez popular –bajo la vigencia del
Decreto 01 de 1984- no tiene la potestad de anular actos administrativos pero sí lo
puedo hacer respecto de los contratos estatales. De modo que, la mejor manera
de garantizar la seguridad jurídica derivada de las decisiones de esta Corporación,
era respetar el precedente de unificación del 13 de febrero de 2018, en el sentido
de reafirmar la imposibilidad de que el juez popular anule un contrato de la
administración.

Visto así el asunto, a mi juicio, no era procedente en este caso anular el contrato
de arrendamiento objeto de discusión, no solo porque el ordenamiento jurídico
permite esta fórmula contractual, sino también porque el juez popular no está
autorizado para adoptar esta clase de medidas, conforme a lo expuesto en líneas
atrás.

En los anteriores términos dejo expuesto mi salvamento de voto.

Fecha ut supra

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero de Estado

SALVAMENTO DE VOTO / JUEZ DE ACCIÓN POPULAR – Carece de
competencia para anular actos administrativos o contratos

La Ley 1437 de 2011, luego de un largo debate jurisprudencial, definió que el juez
de la acción popular no tiene competencia para anular actos administrativos ni
contratos estatales. Este precepto fue declarado exequible por la Corte

83
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 13 de febrero de
2018. Expediente 25000-23-15-000-2002-02704-01.

Constitucional. Recientemente, la Sala Plena de esta Corporación unificó la
jurisprudencia y definió que, antes de la entrada en vigencia del CPACA, tampoco
el juez de la acción popular estaba facultado para anular actos administrativos ni
contratos. Por ello, esta decisión no solo contradice el criterio definido sobre estas
materias por el legislador, avalado por el juez constitucional, sino que además se
aparta de la postura fijada hace apenas unos meses.

CONSEJO DE ESTADO

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SALVAMENTO DE VOTO DEL CONSEJERO GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE

Bogotá D.C., catorce (14) de agosto de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 05001-33-31-003-2009-00157-01(AP)REV-SU

Actor: FREDY MORALES SUAZA Y OTROS

Demandado: MUNICIPIO DE TÁMESIS, ANTIOQUIA

Me aparto de la decisión de 4 de septiembre de 2018, que al unificar
jurisprudencia, declaró la nulidad de un contrato de arrendamiento de bienes de
uso público.

1. La Ley 1437 de 2011, luego de un largo debate jurisprudencial, definió que el
juez de la acción popular no tiene competencia para anular actos administrativos
ni contratos estatales. Este precepto fue declarado exequible por la Corte
Constitucional84.

Recientemente, la Sala Plena de esta Corporación85 unificó la jurisprudencia y
definió que, antes de la entrada en vigencia del CPACA, tampoco el juez de la
acción popular estaba facultado para anular actos administrativos ni contratos.

Por ello, esta decisión no solo contradice el criterio definido sobre estas materias
por el legislador, avalado por el juez constitucional, sino que además se aparta de
la postura fijada hace apenas unos meses.

2. La decisión adoptada por la Sala, de unificar jurisprudencia sobre la
improcedencia del arrendamiento de bienes de uso público al revisar una acción

84 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-644 2011 [fundamento jurídico 3.2.2]
85
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena, sentencia de 13 de febrero de 2018 Rad, 2002-02704-01 [fundamento
jurídico III]

popular, supone despojar al juez del contrato -esto es, de las controversias
contractuales- de su ámbito de acción natural, para trasladarlo al del mal
denominado “juez constitucional”.

Esta invasión de la órbita del juez del contrato, so pretexto de la protección de
derechos colectivos, es fruto de la falta de claridad del ordenamiento jurídico que
no solo permite sino prohija la inseguridad jurídica, esto es, el debate sin fin de
una materia. Cada proceso tiene su función, por ello la decisión de cada medio de
control debe suponer que no interfiera con los demás, ni que uno le reste
eficiencia al otro y tampoco que coexistan varios medios de control para decidir un
mismo asuntos.

Es hora de reflexionar sobre la conveniencia de seguir en este “desorden” jurídico
que permite la coexistencia de instrumentos paralelos o sucesivos para la
protección de derechos de los asociados ¿Acaso no era esta la intención, al
menos parcial, del CPACA al prohibir que el juez de la acción popular decrete la
anulación de actos administrativos y de contratos públicos?

GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE

SALVAMENTO DE VOTO / CONTRATO DE ARRENDAMIENTO SOBRE
BIENES DE USO PÚBLICO – Procedente por existencia de fundamento legal

El artículo 19 del Decreto 1504 de 1998 que se invoca en la providencia permite,
para las áreas públicas como parques, plazas y plazoletas; que los municipios y
distritos autoricen su uso por parte de entidades privadas para usos compatibles
con la condición del espacio mediante contratos. La norma no proscribe el
contrato de arrendamiento. La limitación que impone es que no generen derechos
reales para las entidades privadas. El arrendatario de un bien no tiene derechos
reales respecto del mismo. No es un derecho real la posibilidad de perseguir la
reparación del daño en caso de ser turbado en el goce del bien arrendado. Al
contrario, el artículo 1988 del Código Civil ratifica el derecho personal y no real del
arrendatario.

CONSEJO DE ESTADO

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SALVAMENTO DE VOTO DEL CONSEJERO MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá D.C., catorce (14) de agosto de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 05001-33-31-003-2009-00157-01(AP)REV-SU

Actor: FREDY MORALES SUAZA Y OTROS

Demandado: MUNICIPIO DE TÁMESIS, ANTIOQUIA

Estoy en desacuerdo con la sentencia de la referencia en cuanto señaló que no es
procedente utilizar la fórmula contractual del arrendamiento para entregar bienes
de uso público, porque no encuentro ningún fundamento normativo para llegar a
tal conclusión.
El artículo 19 del Decreto 1504 de 1998 que se invoca en la providencia permite,
para las áreas públicas como parques, plazas y plazoletas; que los municipios y
distritos autoricen su uso por parte de entidades privadas para usos compatibles
con la condición del espacio mediante contratos. La norma no proscribe el
contrato de arrendamiento. La limitación que impone es que no generen derechos
reales para las entidades privadas.

El arrendatario de un bien no tiene derechos reales respecto del mismo. No es un
derecho real la posibilidad de perseguir la reparación del daño en caso de ser
turbado en el goce del bien arrendado. Al contrario, el artículo 1988 del Código
Civil ratifica el derecho personal y no real del arrendatario.
El arrendatario de un bien es un mero tenedor de la cosa, como ocurre con otro
tipo de contratos como el de concesión.
Lo que exige la norma es que el arrendatario o en general, el tenedor del bien de
uso público, respete la condición pública del bien y le dé un uso que sea
compatible con esta naturaleza.

Por lo anterior, tampoco se vulneran derechos colectivos. Por el contrario, los
habitantes del municipio de Támesis manifestaron su conformidad con el contrato
celebrado.

En los anteriores términos dejo expresadas las razones de mi salvamento de voto.

MILTON CHAVES GARCÍA

SALVAMENTO DE VOTO / CONTRATO DE ARRENDAMIENTO – Genera
derechos reales / BIENES DE USO PÚBLICO – Su administración no puede
ser entregada a particulares por la figura de arrendamiento

Otra razón por la cual resultaría improcedente la celebración del contrato de

arrendamiento la constituye el hecho de que tal negocio jurídico produce, además
de obligaciones de naturaleza personal, otras de carácter real, lo cual enmarca tal
actuación en la prohibición prevista en el artículo 19 del Decreto 1504 de 1998,
citado en el proyecto presentado en Sala Plena al momento de establecer el
marco jurídico en el cual se desenvuelven los bienes de uso público, ya que el uso
que puede autorizarse sobre ellos por parte de las autoridades no sólo debe
cumplir con la obligación de ser compatible con su condición, sino que,
adicionalmente, en ningún caso puede generar derechos reales. (…) Vistas así las
cosas, y entendiendo que del contrato de arrendamiento surgen o nacen a la vida
jurídica no sólo obligaciones de tipo personal, sino también con carácter real, tales
como el derecho de oponerse a la perturbación y de retención que le asisten al
arrendatario en las hipótesis arriba estudiadas, debe concluirse entonces que
también por vía de la prohibición del artículo 19 del Decreto 1504 de 1998, no es
posible utilizar la figura contractual del arrendamiento para entregar la
administración de bienes de uso público a particulares.

CONSEJO DE ESTADO

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SALVAMENTO DE VOTO DEL CONSEJERO OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá D.C., catorce (14) de agosto de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 05001-33-31-003-2009-00157-01(AP)REV-SU

Actor: FREDY MORALES SUAZA Y OTROS

Demandado: MUNICIPIO DE TÁMESIS, ANTIOQUIA

Otra razón por la cual resultaría improcedente la celebración del contrato de
arrendamiento la constituye el hecho de que tal negocio jurídico produce, además
de obligaciones de naturaleza personal, otras de carácter real, lo cual enmarca tal
actuación en la prohibición prevista en el artículo 19 del Decreto 1504 de 1998,
citado en el proyecto presentado en Sala Plena al momento de establecer el
marco jurídico en el cual se desenvuelven los bienes de uso público, ya que el uso
que puede autorizarse sobre ellos por parte de las autoridades no sólo debe
cumplir con la obligación de ser compatible con su condición, sino que,
adicionalmente, en ningún caso puede generar derechos reales. Vale la pena traer
nuevamente a colación esa norma para luego pasar a explicar los motivos de la
anterior afirmación:

“Artículo 19. En el caso de áreas públicas de uso activo o pasivo, en especial
parques, plazas y plazoletas, los municipios y distritos podrán autorizar su uso
por parte de entidades privadas para usos compatibles con la condición del
espacio mediante contratos. En ningún caso estos contratos generarán

derechos reales para las entidades privadas y deberán dar estricto
cumplimiento a la prevalencia del interés general sobre el particular.”
(Subrayas mías).

Nuestro Código Civil distingue entre el derecho personal de crédito y el derecho
real, advirtiendo que el primero es aquél que sólo puede reclamar de ciertas
personas que, por un hecho suyo o la sola disposición de la ley, han contraído las
obligaciones correlativas (artículo 666); mientras que el segundo es el que se tiene
sobre una cosa sin respecto a determinada persona (artículo 665), trayendo la
legislación, como ejemplo de las mismas, los derechos de dominio, herencia,
usufructo, uso o habitación.

Obsérvese al respecto que en el contrato de arrendamiento de cosas surgen en
principio derechos personales, pues el arrendador tiene la obligación de entregar
el uso y el goce exclusivo del bien y el arrendatario la obligación de pagar el
canon. No obstante, una vez se hace la entrega, nace para el arrendatario, entre
otros derechos, el de protegerse de cualquier perturbación que terceros intenten
sobre la cosa arrendada, ya sea persiguiendo a su propio nombre la reparación
del daño cuando el tercero emplea vías de hecho, o exigiendo reducción en el
canon o el cese del arriendo, cuando el tercero justifique derecho sobre la cosa
arrendada, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 1988 del
Código Civil.

Para el efecto, es preciso traer a colación el artículo 978 de ese mismo estatuto,
que determina el amparo al arrendatario de cualquier perturbación que pueda
presentarse sobre el derecho que tiene al uso y goce exclusivo mediante una
acción real86. Así lo dispone expresamente que a la letra dice:

86
En sentencia T-751 de 2004, la Corte Constitucional se refirió al punto de la siguiente manera:

“4.4 El artículo 978 del Código Civil indica que el usufructuario, el usuario y el que tiene derecho de
habitación (todos ellos meros tenedores de la cosa), pueden instaurar acciones posesorias
“dirigidas a conservar o recuperar el goce de sus respectivos derechos”, aun contra el propietario
mismo. Esta disposición guarda concordancia con la parte final del artículo 972 eiusdem que indica
que dichas acciones tienen por objeto conservar o recuperar la posesión de bienes raíces, “o de
derechos reales constituidos sobre ellos”, así como con la teoría arriba explicada de la
cuasiposesión. Así, el usufructuario podrá conservar o recuperar a través de un proceso posesorio,
no la posesión (que no tiene) del bien, sino la “posesión” de su derecho de usufructo, que equivale
al ejercicio de este derecho. En este sentido es esclarecedor el siguiente pasaje de una Sentencia
dictada por la Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación Civil:

“Si bien es cierto que el usufructo constituye un derecho real cuya titularidad corresponde al
usufructuario (C.C arts. 665 y 670) y que este puede promover acciones posesorias en defensa de
su derecho (C.C. art. 978), no es menos cierto que dicho usufructuario no tiene la calidad de dueño

“Artículo 978. El usufructuario, usuario y beneficiario de habitación. El
usufructuario, el usuario y el que tiene derecho de habitación son hábiles para
ejercer por si las acciones y excepciones posesorias dirigidas a conservar o
recuperar el goce de sus respectivos derechos, aun contra el propietario
mismo. El propietario es obligado a auxiliarlos contra todo turbador o
usurpador extraño, siendo requerido al efecto.

Las sentencias obtenidas contra el usufructuario, el usuario o el que tiene
derecho de habitación, obligan al propietario; menos si se tratare de la
posesión del dominio de la finca o de derechos anexos a él: en este caso no
valdrá la sentencia contra el propietario que no haya intervenido en juicio.”

Incluso, de llegar al extremo en que el arrendatario pierde la tenencia de la cosa,
podrá interponer la acción restitutoria por despojo, de que trata el artículo 984 del
Código Civil, dentro de los seis meses siguientes al acto de despojo87.

También surge el derecho del arrendatario a retener la cosa arrendada (artículo
1995 del Código Civil88), derecho respecto del cual los doctrinantes se han
inclinado a pensar que participa de la características de un derecho real aun

del bien o bienes sobre el que recae el usufructo y que, en beneficio de la coexistencia de este
derecho con el de la nuda propiedad, la ley considera al mismo mero tenedor frente al nudo
propietario y atribuye a éste la posesión de los bienes mencionados (C.C arts. 775 y 776). De
manera que el nudo propietario es el poseedor de las cosas dadas en usufructo y ejerce esa
posesión por conducto del usufructuario” (Se subraya) [Sentencia de la Sala de Casación Civil de
la Corte Suprema de Justicia de Julio 7 de 1971. Este pasaje parte del supuesto de los artículos
762 y 786 del Código Civil. En relación con el primero, por consagrar éste expresamente la
posibilidad de que la posesión se ejerza por intermedio de otra persona; el artículo 786 indica, en
este mismo sentido, que el poseedor conserva la posesión aunque transfiera la tenencia de la
cosa.]

Ahora bien, si hay algo que se pueda concluir con acierto es que por el hecho de estar habilitado
para ejercer acciones “posesorias” en defensa de su derecho de usufructo, el usufructuario no es
poseedor, ya que dicha posesión está en cabeza del nudo propietario. En consecuencia, el mismo
no está legitimado para ejercer la acción posesoria en estricto sentido. En caso de hacerlo, es
decir, de intentar una acción posesoria de este tipo, se configura una carencia de legitimación por
activa en la causa y, en consecuencia, aunque el juez que conozca del proceso no estará
impedido para desatar el fondo del litigio, sí deberá decidirlo de forma adversa al actor”.
87
Bonivento Fernández, José Alejandro. “Los principales contratos civiles, y su paralelo con los
comerciales”. Librería Ediciones del Profesional Ltda., 2008, p. 418.
“Artículo 984. Derecho de restablecimiento por despojo. Todo el que violentamente ha sido
despojado, sea de la posesión, sea de la mera tenencia, y que por poseer a nombre de otro, o por
no haber poseído bastante tiempo, o por otra causa cualquiera, no pudiere instaurar acción
posesoria, tendrá, sin embargo, derecho para que se restablezcan las cosas en el estado en que
antes se hallaban, sin que para esto necesite probar más que el despojo violento, ni se le pueda
objetar clandestinidad o despojo anterior. Este derecho prescribe en seis meses.
Restablecidas las cosas y asegurado el resarcimiento de daños, podrán intentarse por una u otra
parte las acciones posesorias que correspondan.”
88
“Artículo 1995. Derecho de retención del arrendatario. En todos los casos en que se debe
indemnización al arrendatario, no podrá ser éste expelido o privado de la cosa arrendada, sin que
previamente se le pague o se le asegure el importe por el arrendador.
Pero no se extiende esta regla al caso de extinción involuntaria del derecho del arrendador sobre la
cosa arrendada”.

cuando sea “imperfecto”89 o sui generis, en el sentido de que no puede servirse de
la cosa sino simplemente retenerla hasta que logre una de tres pretensiones con
ella, a saber: el pago del crédito que origina la retención; el aseguramiento del
crédito mediante una de las garantías que sirven para este fin (fianza, prenda,
hipoteca, etc.) y finalmente porque el retinente renunció a seguir reteniendo.

En ese contexto, tales atribuciones se enmarcan en el concepto de los derechos
reales, al tenor de lo dispuesto en el artículo 665 del Código Civil 90, pues es
evidente que el arrendatario adquiere derechos que derivan de la tenencia de la
cosa arrendada que puede hacer valer frente a cualquier persona, no sólo frente al
arrendador.

Sobre el punto se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
Civil en sentencia del 21 de agosto de 1958, M.P. Arturo Valencia Zea:

“Es cierto, como lo dice el recurrente, que el artículo 970 del Código Civil
organiza un derecho de retención a favor del dueño de mejoras plantadas o
sembradas en terreno ajeno.

En virtud de tal derecho de retención, el retinente tiene la facultad para retener
la cosa que está obligado a entregar a otro, hasta que no se le pague lo que
se le deba en razón de un crédito vinculado con la misma obligación de
restituir (debitum cum re junctum).

Este derecho de retención se mira en la doctrina moderna como un derecho
de garantía.

a) Es un derecho sobre la cosa mejorada que autoriza al retinente para
hacerlo valer no solo frente al deudor sino también frente a terceros. El
retinente desde el momento en que ejerce la retención es un poseedor en
nombre ajeno y puede ejercer las acciones posesorias que pueden ejercer
esta clase de poseedores, especialmente la de despojo del artículo 984 del
Código Civil.
b) Es la retención derecho accesorio a la existencia de un crédito, de la misma
manera que la prenda y la hipoteca. En efecto, estos derechos deben su
existencia al nacimiento de un crédito y se extinguen cuando el crédito se
cancela. No existe retención sin crédito idóneo para la retención.

89
Sobre el punto se han pronunciado en similar sentido los siguientes doctrinantes:
Castro de Cifuentes, Marcela. “Derecho de las Obligaciones”. Tomo II. Volumen 1. Librería
Ediciones Uniandes. Editorial Temis. 2010, p. 583 a 585.
Velásquez Jaramillo, Luis Guillermo. “Bienes”, Novena edición. Editorial Temis. 2004. ps. 103, 106
a 111.
90
“Artículo 665. Derecho real. Derecho real es el que tenemos sobre una cosa sin respecto a
determinada persona.
Son derechos reales el de dominio, el de herencia, los de usufructo, uso o habitación, los de
servidumbres activas, el de prenda y el de hipoteca. De estos derechos nacen las acciones reales.”
José J. Gómez los define como “el poder jurídico total o parcial sobre una cosa, con cargo de ser
respetado por todos”. Bienes, reimpresión, Bogotá, Publicaciones Universidad Externado de
Colombia, 1983, págs. 38 y 39)

c) Finalmente la retención es un derecho de garantía y únicamente de
garantía. Es verdad que desde este punto de vista la retención no tiene el
mismo alcance que la prenda y la hipoteca, pues el retinente no tiene facultad
de vender la cosa en pública subasta como la tienen los acreedores
prendarios e hipotecarios.

Solo desde este punto de vista puede decirse que la retención es inferior
frente a los demás derechos de garantía; podría verse en él un derecho real
imperfecto por no poder satisfacerse el retiente con la realización del valor de
la cosa. De manera que el único efecto que produce la retención es el
asegurar el cumplimiento de la obligación del acreedor.

En razón de lo expuesto, se deduce otra característica del derecho de
retención: no es un derecho estable y definitivo sino provisional, es decir, está
destinado a extinguirse. Y se extingue, por alguna de estas causas: por el
pago del crédito que origina la retención; por el aseguramiento del crédito
mediante una de las garantías que sirven para este fin (fianza, prenda,
hipoteca, etc); y, finalmente, porque el retinente renuncia a seguir reteniendo.”

En sentencia más reciente se reiteró ese criterio:

“Cuando el artículo 970 del Código Civil prescribe que si llegare a existir un
saldo pendiente de reclamar por concepto de “expensas y mejoras”, el
poseedor vencido puede “retener la cosa hasta que se verifique el pago o se le
asegure su satisfacción”, ciertamente está consagrando un derecho de
retención, es decir, aquel que le otorga al acreedor la facultad de conservar la
cosa que está obligado a entregar a otro, hasta que no se le pague lo que se
le deba en razón de un crédito vinculado con la misma obligación de restituir -
debitum cum re junctum-, derecho este que, según lo ha precisado esta
Corporación, tiene una naturaleza de derecho real imperfecto, puesto que es
una garantía accesoria que si bien está protegida frente a terceros por la
acción de despojo (art. 984 del C.C.), no otorga la facultad de “satisfacerse el
retinente con la realización del valor de las mejoras. De manera que el único
efecto que produce la retención es el de asegurar el cumplimiento de la
obligación del vencedor. Mas no es un derecho estable y definitivo sino
provisional, es decir, que está destinado a extinguirse. Y se extingue por
alguna de estas causas: por el pago del crédito que origina la retención; por el
aseguramiento del crédito mediante una de las garantías que sirven para este
fin (fianza, prenda, hipoteca, etc.) y finalmente porque el retinente renunció a
seguir reteniendo” (G.J. LXXXVIII, pág.768), lo cual se entiende sin perjuicio
de la extinción que se produzca por la orden judicial de entrega en los casos
autorizados por la ley.

Ahora bien, concordante con el carácter de derecho -así sea provisional- que
se le ha reconocido a la retención, se ha exigido secularmente que debe ser
aducido por quien teniendo la cosa, aspire a retenerla como garantía hasta la
satisfacción o aseguramiento del crédito vinculado a ella, toda vez que puede
abstenerse de hacerlo restituyéndola, lo que implica renunciar al mencionado
derecho. En este sentido, se hace necesario que los supuestos fácticos que lo
determinan se encuentren debidamente acreditados, como son la
preexistencia de la cosa, su tenencia por quien lo invoca y el reconocimiento
del crédito vinculado a aquella por razón de expensas o mejoras, así como la
voluntad de retener hasta el pago o la constitución de la garantía
correspondiente.”91

91
Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 18 de agosto de 2000.
Expediente número 5519. M.P. Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo.

Del análisis del artículo 1978 del Código Civil se desprende que la tradición de la
cosa dada en arrendamiento se puede producir con la simple entrega, con la
constitución de escritura pública o con el registro respectivo.

“Articulo 1978. Entrega de la cosa arrendada. La entrega de la cosa que se
da en arriendo podrá hacerse bajo cualquiera de las formas de tradición
reconocidas por la ley”.

En tal orden, y en atención a lo que dispone el artículo 2020 del mismo estatuto,
se desprende que el arriendo puede oponerse a cualquier persona al prever las
hipótesis en las que se debe respetar dicho contrato, así:

“Artículo 2020. Respeto del arriendo por terceros. Estarán obligados a
respetar el arriendo:

1. Todo aquel a quien se transfiere el derecho del arrendador por un título
lucrativo.

2. Todo aquel a quien se transfiere el derecho del arrendador a título oneroso,
si el arrendamiento ha sido contraído por escritura pública, exceptuados los
acreedores hipotecarios.

3. Los acreedores hipotecarios, si el arrendamiento ha sido otorgado por
escritura pública inscrita en el registro de instrumentos públicos, antes de la
inscripción hipotecaria.

El arrendatario de bienes raíces podrá requerir por sí solo la inscripción de
dicha escritura”.

De lo dicho se concluye entonces que, en la ejecución del contrato de
arrendamiento de cosas, una vez el arrendador cumple con la obligación de
entregar el uso y el goce del bien arrendado (derecho personal), emerge para el
arrendatario, entre otros tantos derechos, el derecho real de usar y gozar de la
cosa arrendada, de manera exclusiva, derecho que le permite oponerse a
cualquier perturbación que terceros intenten contra la tenencia y mientras dure el
contrato de tracto sucesivo, mediante una acción real, y adicionalmente, a retener
la cosa dada en arrendamiento cuando quiera que el arrendador le deba una
indemnización al arrendatario.

Bajo estos parámetros, como el arrendamiento, una vez perfeccionado y hecha la
entrega, genera también derechos reales para el arrendatario, no es jurídicamente
viable que se entregue un bien de uso público a un particular utilizando la fórmula
negocial prevista en el artículo 1973 del Código Civil. Y ello es así precisamente
porque la constitución de un derecho real sobre un bien de uso público contraría

de manera ostensible las características definitorias del mismo, ya que el carácter
de inalienable, inembargable e imprescriptible se ha establecido para amparar el
uso del bien por la comunidad en general, en condiciones de igualdad. De esta
manera la constitución de un derecho real a favor de una persona determinada
desconoce las características esenciales del bien respectivo y desfigura el
propósito y el fin de su establecimiento, lo que implica adicionalmente que el uso
no sea compatible con la condición del espacio y se privilegie el interés particular
sobre el general.

Visto lo anterior, coincido con la apreciación que sobre las características y
clasificación de derechos personales y reales efectúa el Doctor Fernando
Hinestrosa en el “Tratado de las Obligaciones”92, al afirmar que es sensato hacer
algunas reservas sobre la manera en que se han definido unos y otros, dado que
la distinción suele ser más didáctica que consciente del mundo en el que se
desenvuelven esas operaciones jurídicas. La siguiente es la transcripción del
pensamiento del Doctor Hinestrosa:

“182. APROXIMACIONES ENTRE LOS DOS DERECHOS

No es ésta oportunidad para un pronunciamiento de fondo sobre el problema;
sin embargo, no pueden eludirse algunas reservas sobre el calado de la
clasificación en estudio, que como toda clasificación ha de tomarse con cierto
temperamento: no todos los derechos reales son inmediatos, directos y
absolutos, ni lo son en la misma forma; y, a la inversa, varios de los llamados
derechos personales muestran algunas de esas características y, en todo
caso, la disputa sobre su detentación y su titularidad, si que también algunas
expresiones de protección, se ventilan por cauces y términos similares. La
diferencia entre el título precario y el real es bastante sutil en cuanto al
aprovechamiento del bien en lo que hace al usufructo, el arrendamiento y el
comodato, especialmente con la intervención protectora por parte del Estado
en cuanto a la locación en determinadas circunstancias y de ciertos inmuebles
(cfr., p.ej., arts. 2020 c.c. y 518 a 524 c.co.) La servidumbre es un derecho real
bastante tenue, que en oportunidades tiene mucho derecho de crédito (cfr. Lib.
2.° tít. II c.c. y las llamadas “servidumbres mineras”). El derecho real
accesorio: prenda e hipoteca, aquella especialmente en sus modalidades
nuevas, hoy las más empleadas, donde no se exige desprendimiento de la
tenencia de la cosa, está muy lejos del señorío y de la inmediación que se le
han solido atribuir en cuanto derecho real (arts. 1207 y ss. c. co.). La
perseguibilidad del bien objeto del dominio aparece a veces atemperada por
razones de seguridad del tráfico jurídico y de necesidad de tutelar la confianza
legítima del público (arts. 947 y 1633 c.c.), al paso que pretensiones similares
a las inherentes al derecho real se conceden a derechos no reales (art. 951 y
1988 [1] c.c.). Todo lo cual lleva a concluir que, como ocurre con las más de
las abstracciones, esta distinción tiene valor aproximado y alcances en mucho
expositivos o didácticos, dentro de su insuficiencia para identificar y diferenciar
a la plenitud y a ultranza los fenómenos a que se refiere.

92
Hinestrosa, Fernando. “Tratado de las Obligaciones. Concepto, Estructura, Vicisitudes”. Tercera
Edición. Universidad Externado de Colombia. 2007. Ps. 300 a 301.

En fin, conviene anotar que no sólo las cosas sino también los derechos
pueden ser, como bienes incorporales, objeto de derechos subjetivos reales y
personales (p. ej. propiedad, usufructo, arrendamiento o concesión de uso de
derechos de autor, de propiedad industrial o comercial o de clientela), y que
hay algunos bienes que no pueden ser objeto de derecho real, sino solamente
del de crédito y de consideración y aprovechamiento por esa vía, como son,
ante todo, la electricidad y primordialmente, la fuerza de trabajo.” (Subrayas y
negritas mías).

Vistas así las cosas, y entendiendo que del contrato de arrendamiento surgen o
nacen a la vida jurídica no sólo obligaciones de tipo personal, sino también con
carácter real, tales como el derecho de oponerse a la perturbación y de retención
que le asisten al arrendatario en las hipótesis arriba estudiadas, debe concluirse
entonces que también por vía de la prohibición del artículo 19 del Decreto 1504 de
1998, no es posible utilizar la figura contractual del arrendamiento para entregar la
administración de bienes de uso público a particulares.

En esos términos me permito con todo respeto dejar sentado mi aclaración de voto,

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Fecha ut supra.

FALTA DE CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA – Al no ser objeto de debate
legalidad de contrato de arrendamiento

[E]l estudio de la legalidad del contrato de arrendamiento no era el objeto de
debate formulado por los actores, tampoco la decisión de selección y reiteró que
las circunstancias fácticas expuestas para fundar la demanda popular, de
encontrarse necesario proteger los derechos colectivos invocados, se había
podido implementar decisiones diferentes a la de anular un contrato que en
realidad no se cuestionaba

BIENES PÚBLICOS NO PUEDEN SER ENTREGADOS EN ARRENDAMIENTO –
Inexistencia de fundamento legal

[A] pesar de que la sentencia decidió anular el contrato de arrendamiento, suscrito
entre la alcaldía de Támesis y un particular, de un kiosco ubicado en el Parque
Caldas, claramente bien de uso público de esa municipalidad la misma carece de
fundamento legal que impida el arrendamiento de este tipo de bienes. Por el
contrario, como lo expuse en su oportunidad la lectura del Decreto 1504 de 1998,
en sus artículos 18 y 19, permite establecer que los parques municipales, como el

caso que decidió la Sala, pueden ser pasibles de ser entregado su uso, mediante
contrato

CONSEJO DE ESTADO

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SALVAMENTO DE VOTO DE LA CONSEJERA LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ
BERMÚDEZ

Bogotá D.C., trece (13) de septiembre de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 05001-33-31-003-2009-00157-01(AP)REV-SU

Actor: FREDY MORALES SUAZA Y OTROS

Demandado: MUNICIPIO DE TÁMESIS, ANTIOQUIA

Con el debido respeto por las consideraciones que llevaron a la mayoría de la Sala
Plena a dictar sentencia de unificación y revocar el fallo apelado, expongo las
razones por las cuales salvo mi voto.

ANTECEDENTES

Los actores populares demandaron al municipio de Támesis para que en procura
de sus derechos al goce del espacio público y libertad de locomoción, los que
consideran violentados con el contrato de arrendamiento suscrito entre la
administración municipal y un particular con el objeto de que en el interior del
Parque Caldas funcione un establecimiento llamado “Kiosco Las Palmas”, por
tratarse de un bien de uso público que se ve ocupado con sillas mesas y objeto de
cerramiento.

En sentencia de primera instancia del 6 de septiembre de 2010 se encontró
probada la vulneración de los derechos al goce del espacio público, defensa de los
bienes de uso público y defensa del patrimonio público, lo que devino en la
declaratoria la nulidad de dos cláusulas del contrato y la restitución del área
ocupada.

En sede de apelación se revocó la anterior sentencia y se negaron las
pretensiones de la demanda por considerar que la zona dada en arrendamiento
“históricamente” no se dispuso para el libre uso y goce de toda la comunidad sino
que siempre tuvo limitantes en horario y uso “que hacen parte de la idiosincrasia
del municipio”. Además, se concluyó que el artículo 19 del Decreto 1504 de 1998
habilitaba a la administración municipal para celebrar contrato siempre y cuando el
uso del bien público sea compatible con la condición de espacio, uso público y
prevalezca el interés general sobre el particular.

La anterior sentencia fue seleccionada para revisión con la finalidad de determinar
“…si se desconocen las líneas jurisprudenciales que para el efecto ha trazado la
jurisdicción de lo contencioso en materia de la protección del derecho colectivo al
goce y espacio público por el cerramiento de un bien de uso público, por virtud de
un contrato de arrendamiento que el municipio (arrendador) celebra con un
particular, acordando que los horarios de apertura y cierre serán los que determine
el arrendatario del parque”.

Finalmente, la Sala, en la sentencia de la cual me aparto, decidió:

“PRIMERO: SE UNIFICA LA POSICIÓN DE LA JURISDICCIÓN DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO en el siguiente sentido:

No es procedente que las autoridades administrativas entreguen bienes de
uso público utilizando para ello la fórmula contractual del arrendamiento, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: REVOCAR la sentencia del 18 de enero de 2011, proferida por
el Tribunal Administrativo de Antioquia, de conformidad con la parte motiva
de esta providencia.

TERCERO: MODIFICAR la sentencia del 6 de septiembre de 2010 expedida
por el Juzgado Tercero Administrativo, y en consecuencia la Sala dispone:

3.1. DECLARAR no probadas las excepciones propuestas por los
demandados.

3.2. DECLARAR que el Municipio de Támesis y el señor Mario de Jesús
Moncada Escobar incurren en violación de los derechos e intereses
colectivos de goce del espacio público y defensa de los bienes de uso.

3.3. DECLARAR la nulidad del contrato de arrendamiento suscrito por la
Administración Municipal de Támesis y el señor Mario de Jesús Escobar
Moncada.

1.4. ORDENAR al Alcalde del Municipio de Támesis ejecutar los actos que
sean necesarios para que se haga efectiva la restitución del área del
Parque Caldas que está ocupada por el arrendatario.

1.5. ORDENAR al señor Mario de Jesús Escobar Moncada restituir al
Municipio el área ocupada, y devolver los elementos y bienes propios que
posee el Parque para su funcionamiento; para adelantar la restitución se
comisiona al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Medellín, en
orden a garantizar que se cumpla lo aquí dispuesto.

1.6. ORDENAR al Alcalde del Municipio de Támesis, ejercer a nombre de
la Entidad, los derechos de administración y de policía del lugar como
espacio público y destinarlo al servicio de todos; garantizar y proteger su uso
y goce común, en forma permanente, lo mismo que la conservación del lugar.

1.7. ORDENAR la conformación de un Comité de Verificación de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley 472 de 1998, el cual estará
integrado por los demandantes, el Alcalde del Municipio de Támesis, el
Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Medellín, el Personero del

Municipio de Támesis, quien lo presidirá, con el fin de que constaten el
cumplimiento de lo aquí resuelto.

1.8. NEGAR el incentivo solicitado, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

1.9. REMITIR copia de la sentencia al Alcalde y Personero del municipio
de Támesis, para su cumplimiento; y a la Defensoría del Pueblo, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998”.

SALVAMENTO DE VOTO

Muy comedidamente, me permito exponer las razones por las cuales me aparto de
la sentencia de la Sala Plena, para tal efecto, demostraré que no existe
congruencia entre las pretensiones de la parte actora y las decisiones adoptadas y
que no existe fundamento legal del que se pueda concluir que los bienes públicos
no pueden ser entregados en arrendamiento.

1. Falta de congruencia

Como se expone en la sentencia, la parte actora a título de pretensiones, solicitó:

“1. Que la autoridad administrativa competente ejerza su función de control
frente al cerramiento en el parque principal de la población.

2. Que se protejan los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, de
conformidad con lo establecido en la Constitución, la ley y las disposiciones
jurídicas dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los
habitantes.

3. Que se ordene la restitución y recuperación de las áreas destinadas al
uso común y se restablezcan de tal manera que la comunidad desarrolle
su derecho de locomoción, disponiendo que el establecimiento
comercial “Parque Caldas”, no puede seguir funcionando con el
cerramiento perimetral.

4. Que el libre tránsito y locomoción de las personas se pueda realizar
sin barreras ni interferencias ni obstáculos en la zona de funcionamiento
del establecimiento “Parque Caldas” (diferentes a aquellos necesarios para la
conservación, protección y preservación de las zonas verdes, del paisaje y
elementos naturales del entorno constitutivos del amoblamiento del parque
principal), de tal forma que sea ésta, su mobiliario y elementos de
ambientación, accesibles en todo tiempo y a todos los miembros de la
colectividad en iguales condiciones, en aplicación del principio de primacía
del interés general y acatamiento de la supremacía de las normas
constitucionales y legales.

5. Que se condene en costas a la parte demandada y se acate
inmediatamente por ésta la orden que su despacho imparta” (Negrillas y
subraya fuera de texto original).

Peticiones fundadas, en síntesis, en que la Administración Municipal de Támesis
(Antioquia) suscribió un contrato de arrendamiento del Parque Caldas con un

particular, cuyo objeto era el funcionamiento de un establecimiento de comercio,
ocupando para ello áreas del parque con mesas y sillas y derivando en el
cerramiento con candados en las puertas del parque, cuando asó lo disponga el
arrendatario

Considero que la problemática expuesta por los actores populares no
necesariamente involucraba la nulidad del contrato de arrendamiento, sino por el
contrario su inconformidad radicaba en el espacio que ocupaba las sillas y mesas
y el cerramiento del parque por parte del arrendatario, lo cual insisto no implicaba
revalidar la legalidad del arrendamiento, sino que bien había podido regularse los
aspectos relacionados con los reparos de los accionantes.

Es por lo anterior, en mi criterio el fallo resulta incongruente en la medida que los
actores se duelen del cierre del parque a voluntad del arrendatario y del espacio
que ocupan las sillas y las mesas, pero la decisión el colegiado es eliminar el
Kiosco, desconociendo que para la comunidad era importante su funcionamiento y
solo era cuestión de regular algunos aspectos de su funcionamiento.

En efecto, en este mismo sentido el Tribunal en fallo objeto de revisión destacó
que:

“…la zona dada en arrendamiento no se concibió históricamente para
un libre uso y goce de toda la comunidad, sino para que quienes
quisieran acceder a éste lo hicieran con las limitantes físicas y
normativas que determinara la Administración, dentro de las cuales
estaban las atinentes a los horarios, uso (comercial, cultural, recreativo,
deportivo, financiero, etc.) según las necesidades de los habitantes de
Támesis.

Así las cosas, los cerramientos del parque, que por su misma naturaleza
limitan la circulación de manera indiscriminada, no pueden reputarse como
violatorios del espacio público, del uso o del patrimonio público, por cuanto
hacen parte de la idiosincrasia del municipio.

(…)

A renglón seguido afirmó que las limitaciones horarias no permiten, por sí
solas, concluir que se debe declarar la nulidad del contrato de
arrendamiento” (Negrillas y subraya fuera de texto original).

Con lo anterior, pretendo demostrar que los reparos de los accionantes no
guardaban relación con el contrato de arrendamiento y buscaban erradicar el
kiosco, solo regular su funcionamiento en procura de la defensa de los derechos
colectivos invocados.

Así mismo, resulta pertinente destacar que, en la sentencia de la cual me aparto,
se dejó expreso que “…el objeto de la solicitud de revisión consiste en determinar
si se desconocen las líneas jurisprudenciales que para el efecto ha trazado
la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en materia de la protección
del derecho colectivo al goce del espacio público por el cerramiento de un

bien de uso público, por virtud de un contrato de arrendamiento que el
municipio (arrendador) celebra con un particular”.

Nótese, que la finalidad de la revisión era analizar el presunto desconocimiento de
la protección del derecho al goce del espacio público “por el cerramiento de un
bien de uso público”, no por la celebración del contrato de arrendamiento que
fue finalmente el eje central de la decisión de la cual salvo mi voto.

En conclusión, el estudio de la legalidad del contrato de arrendamiento no era el
objeto de debate formulado por los actores, tampoco la decisión de selección y
reiteró que las circunstancias fácticas expuestas para fundar la demanda popular,
de encontrarse necesario proteger los derechos colectivos invocados, se había
podido implementar decisiones diferentes a la de anular un contrato que en
realidad no se cuestionaba.

2. Inexistencia de fundamento legal que permita concluir que los bienes
públicos no pueden ser entregados en arrendamiento.

En este aspecto, debo manifestar que a pesar de que la sentencia decidió anular
el contrato de arrendamiento, suscrito entre la alcaldía de Támesis y un particular,
de un kiosco ubicado en el Parque Caldas, claramente bien de uso público de esa
municipalidad la misma carece de fundamento legal que impida el arrendamiento
de este tipo de bienes.

Por el contrario, como lo expuse en su oportunidad la lectura del Decreto 1504 de
199893, en sus artículos 18 y 19, permite establecer que los parques municipales,
como el caso que decidió la Sala, pueden ser pasibles de ser entregado su uso,
mediante contrato, según pasa a verse:

“Artículo 18º.- Los municipios y distritos podrán contratar con entidades
privadas la administración, mantenimiento y el aprovechamiento
económico para el municipio o distrito del espacio público, sin que
impida a la ciudadanía de su uso, goce, disfrute visual y libre tránsito.

Artículo 19º.- En el caso de áreas públicas de uso activo o pasivo, en
especial parques, plazas y plazoletas, los municipios y distritos podrán
autorizar su uso por parte de entidades privadas para usos compatibles
con la condición del espacio mediante contratos. En ningún caso estos
contratos generarán derechos reales para las entidades privadas y deberán
dar estricto cumplimiento a la prevalencia del interés general sobre el
particular” (Negrillas fuera de texto original).

De los anteriores preceptos, se advierte que los municipios y distritos pueden
contratar con privados “…la administración, mantenimiento y el
aprovechamiento económico…”, incluso de áreas públicas como parques, como
ocurrió en el caso objeto de decisión, advirtiendo la propia norma que “…estos

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Por el cual se reglamenta el manejo del espacio público en los planes de ordenamiento territorial

contratos generarán derechos reales para las entidades privadas y deberán dar
estricto cumplimiento a la prevalencia del interés general sobre el particular”.

Así las cosas, teniendo en consideración que dicha regulación autorizaba la
celebración de contratos, que establecía la salvedad que los mismos no
generaban derechos reales y que se debía prevalecer el intereses general, debo
concluir que existía fundamento legal suficiente para que la administración
municipal de Támesis celebrar el contrato de arrendamiento que la Sala decidió
anular.

Es necesario precisar que el fallo del cual me aparto, cita una decisión de 5 de
noviembre de 2003 que alude a las normas antes transcritas del Decreto 1504 de
1998, pero haciendo mención de la prohibición de cerramiento de las zonas
entregadas por contrato pero no respecto de la facultad legal para celebrarlo.

Todo lo cual me lleva a reiterar que bastaba con regular o imponer medidas frente
al cerramiento del parque y del uso de las mesas y sillas del kiosco arrendado, sin
que fuera lo procedente anular un contrato celebrado en debida forma y no
cuestionado por los demandantes, en lo que refiere a su suscripción.

De conformidad con lo anterior, reitero que el fallo no atendió a las pretensiones
de la demanda popular ni al objeto de su selección, como también que no analizó
que existía fundamento legal para la celebración del contrato de arrendamiento
que se anuló, todo lo cual me llevó a salvar mi voto.

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Consejera de Estado

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