Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-33-33-000-2014-01126-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-33-33-000-2014-01126-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 05001-33-33-000-2014-01126-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón
30 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., treinta (30) de abril de dos mil veintiséis (2026)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD
Número único de radicación: 05001-23-33-000-2014-01126-01
Actor: ISAAC BUITRAGO QUINTANA
TESIS: SE CONFIRMA LA SENTENCIA APELADA, PUES SI BIEN EL ACTOR
NO LOGRÓ DEMOSTRAR LA FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO
CONTROVERTIDO, ESTE FUE EXPEDIDO CON DESCONOCIMIENTO DEL
REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 63 DEL ESTATUTO GENERAL DE LA
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, EL CUAL EXIGE QUE LOS DEBATES PARA LA
APROBACIÓN DE LOS ACUERDOS SE REALICEN CON UN INTERVALO MÍNIMO
DE UN MES.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide los recursos de apelación oportunamente interpuestos por
la Universidad de Antioquia y por el actor contra la sentencia de 1º de
febrero de 2016, proferida por la Sala Primera de Oralidad del Tribunal
Administrativo de Antioquia, que declaró la nulidad del Acuerdo
Superior 206 de 3 de diciembre de 2001, expedido por el Consejo
Superior Universitario de la referida institución de educación superior.
I.- ANTECEDENTES
I.1. El ciudadano Isaac Buitrago Quintana, obrando en su propio
nombre y en ejercicio del medio de control de nulidad, previsto en el
artículo 137 del CPACA, presentó demanda ante el Tribunal Administrativo
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Actor: ISAAC BUITRAGO QUINTANA
de Antioquia, con el fin de que se declare la nulidad del Acuerdo
Superior 206 de 3 de diciembre de 2001, “Por el cual se constituye
en falta disciplinaria grave la venta informal y cualquier forma de auxilio
a las ventas informales de las instalaciones de la Universidad”, expedido
por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de Antioquia.
I.2.- FUNDAMENTOS DE DERECHO
En apoyo de sus pretensiones, el actor adujo que el acto administrativo
controvertido vulneró los artículos 23 de la Declaración Universal de
Derechos Humanos; 1º, 13, 23, 25 y 29 de la Constitución Política; 3º,
numerales 3 y 4, de la Ley 1437 de 18 de enero de 20111; 5º, 6º, 26, 33
y 63 del Estatuto General de la Universidad de Antioquia; y 247 y 248 del
Reglamento Estudiantil.
Señaló que el acto administrativo acusado violó el artículo 63 del Estatuto
General Universitario, por cuanto no respetó el término que debe haber
entre cada debate para modificar el reglamento estudiantil, de mínimo
un mes.
Indicó que el acuerdo demandado desconoció lo dispuesto en los artículos
247 y 248 del Reglamento Estudiantil, que regulan las faltas disciplinarias
y su respectiva calificación, en la medida en que estableció la
configuración de una falta disciplinaria grave, sin analizar lo concerniente
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“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
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Actor: ISAAC BUITRAGO QUINTANA
a la valoración de las circunstancias particulares de cada caso para
efectos de determinar su adecuada calificación.
• FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO
ACUSADO.
Explicó que la motivación del acuerdo controvertido consignada en las
actas 157 y 158 del Consejo Superior Universitario de la entidad
demandada, al fundamentar la adopción de la medida en consideraciones
de seguridad, resulta falsa, dado que nunca se acreditó la existencia de
un nexo de causalidad entre las ventas informales y la afectación de dicha
seguridad, por lo cual se vulneraron los principios de imparcialidad y de
buena fe, pues la decisión se basa en una presunción previa que juzga a
los administrados que desarrollan esta actividad, al asociarlos
tácitamente con conductas que incluso pueden tener implicaciones de
carácter penal, lo que configura un ejercicio de estigmatización por parte
de la universidad demandada.
Expresó que la regulación controvertida “no cuenta con disciplina y
análisis exigible al actuar administrativo” para la creación de normas
sancionatorias, al restringir derechos establecidos constitucionalmente,
como el derecho al trabajo, y establecer una sanción de expulsión de la
Universidad.
• EXPEDICIÓN IRREGULAR DEL ACTO ADMINISTRATIVO
(INFRACCIÓN DE LAS NORMAS EN QUE DEBÍAN FUNDARSE).
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Actor: ISAAC BUITRAGO QUINTANA
Alegó que el acto demandado introduce modificaciones al Reglamento
Estudiantil sin hacer referencia expresa a este en su contenido, pese a que
dicho reglamento constituye la norma que define las faltas por las cuales
los estudiantes pueden ser sancionados.
Indicó que el Acuerdo controvertido tipifica como falta disciplinaria grave la
conducta allí regulada, lo que genera una evidente ambigüedad frente a lo
dispuesto en el artículo 248 del Reglamento Estudiantil, el cual establece
que “[…] las faltas disciplinarias, para efectos de la sanción, se calificarán como
graves o leves, atendiendo a su naturaleza, efectos, modalidades y
circunstancias de los hechos, los motivos determinantes y los antecedentes
personales del infractor […]”. En ese sentido, sostuvo que el acto demandado
clasifica de manera inmediata la gravedad de la conducta, sin permitir la
valoración de tales criterios, lo que comporta un detrimento de las
garantías de los administrados.
Afirmó, además, que con ello se modifica de manera implícita el
Reglamento Estudiantil y que, conforme a la jurisprudencia del Consejo de
Estado, la administración está obligada a respetar sus propias reglas,
principio que se identifica con la denominada “intangibilidad del
reglamento”.
Asimismo, adujo que las actas 157 y 158 de 2001 evidencian que el proceso
de adopción del Acuerdo no observó los términos establecidos en el artículo
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63 del Estatuto General de la Universidad de Antioquia, según el cual la
expedición de acuerdos requiere al menos cinco votos favorables y la
realización de los debates con un intervalo mínimo de un mes.
Finalmente, señaló que el Acta 158 no consigna el número de votos
favorables emitidos, circunstancia que impide conocer con claridad las
posturas y decisiones adoptadas por los miembros del órgano colegiado.
• FALTA DE COMPETENCIA
Manifestó que el Consejo Superior carece de competencia, de acuerdo con
el artículo 33 del Estatuto General de la Universidad, para generar una
nueva causal como falta disciplinaria fundada en las ventas informales.
• VIOLACIÓN AL DERECHO A LA IGUALDAD
Afirmó que una medida que restrinja las ventas informales afecta a un alto
porcentaje de la población, aunado a que en la normativa colombiana no
se establece como ilícita la conducta restringida y sancionada por el
Acuerdo 206 de 2001 acusado.
Advirtió que no se puede entender la autonomía universitaria y su
consecuencial autonomía disciplinaria como excusa para constituir
instituciones desiguales y discriminar a los estudiantes.
I.3. Dentro del término legal, la Universidad de Antioquia, por conducto
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de apoderado judicial, contestó la demanda y se opuso a la prosperidad
de las pretensiones.
Sostuvo que el acto administrativo acusado goza de presunción de
legalidad, pues su motivación se encuentra debidamente acreditada tanto
en el contenido del propio acto como en los debates que precedieron a
su expedición, en los cuales se evidenció que las ventas informales
contribuyen a diversas manifestaciones de delincuencia al interior de la
Universidad. Y que dicha medida no contraviene la misión institucional de
la Universidad de Antioquia, dado que lo sancionado mediante el acto
demandado son las ventas informales y no las actividades comerciales
formales.
Expresó que corresponde al actor desvirtuar la presunción de legalidad
del acto administrativo y, en particular, acreditar la alegada falsa
motivación, esto es, demostrar que no existe relación alguna entre las
ventas informales y los problemas de seguridad en la Universidad. En ese
sentido, adujo que la medida adoptada no vulnera el principio de buena
fe, pues se trata de una intervención debidamente justificada.
En relación con los presuntos vicios de competencia, manifestó que no
existe disposición constitucional ni legal que imponga la obligación de
señalar expresamente en el Acuerdo acusado que se está modificando el
Reglamento Estudiantil, ni tampoco una restricción normativa que impida
al Consejo Superior Universitario calificar una conducta como falta grave
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mediante un acuerdo, aun cuando el Reglamento Estudiantil establezca
criterios generales para la calificación de las faltas.
Añadió que el acto acusado constituye una norma posterior que regula
una materia específica, por lo que prevalece sobre el Reglamento
Estudiantil, en aplicación del principio de especialidad.
Respecto de los términos previstos para la realización de los debates
necesarios para la expedición del acto demandado, afirmó que su
eventual inobservancia configura, a lo sumo, un vicio accidental, carente
de la entidad suficiente para dar lugar a la nulidad del acto, pues
únicamente los vicios formales sustanciales afectan su validez.
Finalmente, propuso las excepciones de legalidad de los actos
administrativos demandados, inexistencia de nulidad por violación formal
y material de normas preexistentes, así como inexistencia de vulneración
del principio de igualdad, al considerar que el Consejo Superior
Universitario otorgó un trato diferente a situaciones objetivamente
distintas.
II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA
Mediante la sentencia de 1º de febrero de 2016, la Sala Primera de
Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia accedió a las
pretensiones de la demanda, con base en los razonamientos, que pueden
resumirse así:
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Luego de referirse a la autonomía universitaria, al régimen legal propio
de los entes universitarios autónomos del Estatuto General de la
Universidad, al principio de transparencia y participación en la elaboración
de reglamentos, a los vicios de forma en la expedición de los actos
administrativos, precisó que le correspondía determinar si el acto
administrativo acusado se encuentra viciado por falsa motivación,
expedición irregular y violación a las normas superiores en que se funda.
Señaló que no se encuentra probado en el presente proceso el cargo de
falsa motivación, debido a que es el actor quien debe acreditar dicho vicio,
de conformidad con lo establecido en el artículo 177 del CPC. La
mencionada parte es la que tiene que determinar que no existía relación
entre la decisión tomada por el Consejo Superior Universitario de declarar
en el Reglamento Estudiantil como falta grave las ventas informales y la
situación de inseguridad.
Anotó que dicha carga probatoria, a cargo del demandante, no fue
satisfecha en el presente proceso, pues de las pruebas obrantes en el
expediente se desprende que la entidad demandada ya había adoptado,
con anterioridad a la expedición del acto acusado, diversas medidas
orientadas a contrarrestar la situación de inseguridad que atravesaba la
Universidad de Antioquia. Lo anterior se evidencia en los Comunicados
núms. 56 de 9 de noviembre de 2001, 58 de 15 de noviembre de 2001 y
59 de 19 de noviembre de 2001, así como en la Circular núm. 36 de 21
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de junio de 2001, expedida por la Rectoría de la mencionada entidad,
relacionada con la regulación de las ventas informales.
Expresó que en el expediente también reposa la Resolución Rectoral
14804, en la que se señala el riesgo al cual se encuentra expuesta la
comunidad universitaria con el almacenamiento inadecuado de cilindros
de gas y el riesgo que puede representar para la comunidad universitaria
el ejercicio de ventas informales, no sujetas al control y regulación por
parte de la Universidad.
Indicó que le daba credibilidad al testimonio rendido por la doctora
Daryeni Parada, en relación con los resultados que arrojaron los estudios
relativos a las ventas informales, pues ella fue clara al señalar que
pertenece a la comunidad universitaria desde 1994 y puso en
conocimiento sobre la situación de seguridad y convivencia de la
institución educativa demandada.
Aclaró que el estudio de 2010, al que se refiere la testigo, es una
consecuencia posterior de una causa anterior, esto es, la situación de
inseguridad de la entidad demandada y su relación con las ventas
ambulantes.
Sostuvo que la motivación que se expresa en el Acuerdo demandado es
coincidente con lo indicado en los comunicados rectorales, expedidos en
noviembre de 2001 y con lo declarado por la testigo.
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Advirtió que, en síntesis, al tratarse de ventas, que no están formalizadas,
se escapan del control de la Universidad y con ello: i) se facilita el tránsito
de personas externas a la comunidad universitaria; ii) se utilizan cilindros
y pipetas de gas, por lo cual es posible que ocurra un accidente; iii) se
facilita el microtráfico; iii) no hay condiciones de salubridad e higiene de
los productos que se comercializan; v) se venden productos ilícitos y
piratería; vi) se menoscaba a los estudiantes porque los emplean en
negocios de los cuales son propietarios personas externas a la
Universidad; y vii) se apropian del espacio público, entre otros.
Afirmó sobre el cargo de violación al principio de igualdad, que no
comparte que se trate de una medida de discriminación negativa, por
cuanto es posible que las autoridades universitarias decidan regular o
formalizar ciertas actividades, más aún cuando se constata que las
mismas pueden llegar a desviar la misión que tiene la Universidad de
Antioquia o atentar contra la seguridad de la comunidad universitaria.
Señaló que en la demanda no se expone cuál es el trato discriminatorio
entre sujetos que se encuentren en situaciones diferentes, ni se
identifican los sujetos que se están comparando. Además, la medida
sancionatoria en sí se impone para todos los estudiantes sin
discriminación entre unos y otros.
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Puntualizó que no se trata de una decisión caprichosa, debido a que va
acompañada de una carga argumentativa que da cuenta de las decisiones
que conducen a la Universidad a expedir la prohibición, ligadas no solo al
tema de seguridad, sino también a la salud pública, teniendo en cuenta
los riesgos que para la comunidad universitaria implicaba la presencia de
pipetas de gas por las ventas de comidas y la falta de control relativa a la
manipulación de estos alimentos.
Respecto del cargo de violación de normas superiores, manifestó que este
es un asunto de técnica legislativa y que no constituye un vicio que
desvirtúe la legalidad del acto acusado.
Explicó que luego de revisar el Estatuto General Universitario no encontró
precepto alguno que indique que las modificaciones al reglamento
estudiantil deban referirse expresamente al mismo.
Precisó que una falta disciplinaria puede ser calificada atendiendo a
criterios objetivos o subjetivos, y que la calificación anticipada de una
conducta como falta disciplinaria resulta compatible con el principio de
legalidad en materia sancionatoria, en la medida en que permite conocer
desde un inicio la entidad y alcance de la sanción asociada a su comisión.
Indicó que el hecho de que previamente se consigne en el Reglamento
Estudiantil no solo la gravedad de la falta sino también la sanción aplicable
como consecuencia de su comisión impide que quede al arbitrio del
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investigador el establecimiento de su calificación, lo cual satisface el
principio de legalidad.
Que en materia disciplinaria es posible que la norma disponga que la falta
sea a priori, determinada en la ley o reglamento, o que establezca que la
intensidad de la misma sea determinada o valorada por quien sanciona.
No obstante, lo anterior, estimó que sí se configura una violación
ostensible del Estatuto General en la expedición del Acuerdo demandado,
en la medida en que entre el primero y segundo debate necesarios para
su aprobación no se respetó el término mínimo de un mes allí previsto, lo
cual es un vicio sustancial en el procedimiento de elaboración de los
reglamentos y no simplemente un yerro accidental como lo sostuvo la
entidad demandada
Explicó que el término entre un debate y otro, en la organización de un
reglamento, tiene como finalidad garantizar el principio de publicidad y el
principio democrático, de manera que con ello se permita que en ese lapso
los ciudadanos o los administrados a quienes va dirigido el reglamento,
puedan participar, directamente, o a través de asociaciones, en la
elaboración de la normativa que los va a regir.
Que el término de un mes, contenido en el Estatuto General Universitario,
garantiza que haya mayor difusión de la modificación al reglamento que
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se discute y da lugar a que pueda satisfacerse, en la mayor medida
posible, la información pública previa aprobación del acto administrativo.
Anotó que en el expediente está probado que el artículo 63 del Estatuto
General Universitario dispone que la modificación del reglamento
estudiantil impone al Consejo Superior Universitario respetar la diferencia
de un mes entre uno y otro debate para su aprobación.
Que también está probado, con las actas 157 y 158 de 2001, que en el
orden del día de 26 de noviembre de 2001, del Consejo Superior
Universitario, se incluyó dentro del mismo el proyecto de acuerdo “por el
cual se constituye como falta disciplinaria para estudiantes, profesores,
personal administrativo, trabajadores oficiales y contratistas de la
Universidad de Antioquia, cualquier forma de auxilio a las ventas
informales no autorizadas dentro de la Universidad” y que mediante el
acta del lunes 3 de diciembre de 2001 se citó para segundo debate el
referido proyecto y fue aprobado.
Sostuvo que procedía la anulación del acto acusado no solo porque la
violación del Estatuto General Universitario, que es la máxima norma que
rige al ente educativo, constituye un vicio en su formación, sino porque
dicho yerro no es meramente accidental, como lo quiere mostrar la
Universidad demandada, sino que se trata de un vicio sustancial que
atenta contra el principio democrático.
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Señaló que, en tal sentido, no se está ante una mera exigencia formal,
pues el cumplimiento del término entre uno y otro debate responde a la
necesidad de garantizar, en mayor medida, principios subyacentes que
deben observarse en la elaboración de los reglamentos, como el principio
de publicidad, así como el derecho de audiencia, los cuales resultan
esenciales en este tipo de actuaciones administrativas.
Concluyó que se encuentra probado que el Acuerdo Superior 206 de
2001 acusado, que modifica el Reglamento Estudiantil, fue aprobado con
infracción del artículo 63 del Estatuto General de la Universidad y, es por
ello, que debe declararse su nulidad.
III.- FUNDAMENTOS DE LOS RECURSOS DE APELACIÓN
III.1. La Universidad de Antioquia, mediante escrito obrante a folios
144 a 154 del C.1., interpuso recurso de apelación, con el fin de que se
revoque la sentencia de 1º de febrero de 2015, proferida por la Sala
Primera de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia, y
fundamentó su inconformidad en que el Acuerdo Superior 206 de 2001
acusado no transgrede la normativa superior universitaria.
Alegó que no comparte el criterio del Tribunal de que el acto acusado
desconoce lo previsto en el artículo 63 del Estatuto General de la
Universidad de Antioquia.
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Advirtió que, como quedó evidenciado en los diferentes comunicados que
se aportaron en la contestación de la demanda, la situación vivida por la
comunidad universitaria en ese último período de 2001, en materia de
tranquilidad y orden público, era verdaderamente angustiante y ameritaba
la adopción de medidas urgentes que ayudaran a conjurar esa situación.
Explicó que no era viable pensar en la aplicación de lo dispuesto en el
artículo 63 del Estatuto General Universitario, teniendo en cuenta la
zozobra y angustia que vivía la comunidad universitaria en el 2001 y la
urgencia que imperaba para la toma de decisiones que ayudaran a poner
fin a esa situación de orden público que atravesaba la Universidad y que
impedía la adecuada prestación del servicio público de educación.
Adujo que en casos similares al objeto de estudio la Corte Constitucional
ha manifestado que no todo vicio en la formación del acto comporta la
entidad suficiente para afectar su validez, incluso en el caso de la creación
de las leyes de la República.
Al efecto, citó las sentencias C-055 de 1995 y C-177 de 2004, en las cuales
la Corte en mención tuvo oportunidad de referirse al tema.
Concluyó que, a partir de la situación de orden público que atravesaba la
Universidad de Antioquia en el año 2001 y de la manifestación inequívoca
del Consejo Superior Universitario, desde el primer debate, de aprobar el
texto que finalmente se materializó en el Acuerdo acusado, se desprende,
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en primer lugar, que no existía la obligación de observar el término de un
mes entre uno y otro debate, conforme a lo dispuesto en el artículo 63 del
Estatuto General de la Universidad de Antioquia; en segundo lugar que,
aun en gracia de discusión, de aceptarse la exigencia de dicho término, su
inobservancia no reviste la entidad suficiente para viciar de nulidad el acto
administrativo, en la medida en que el lapso entre los debates, dadas las
graves circunstancias de orden público que enfrentaba la Universidad, no
habría tenido la virtualidad de modificar una decisión que desde el primer
debate se mostró claramente definida por parte del Consejo Superior
Universitario. Ello, además, sin que pueda predicarse la afectación de
garantías fundamentales de los destinatarios de la norma, máxime cuando,
como el propio Tribunal lo reconoció, la adopción de dichas medidas se
encontraba plenamente justificada y debidamente analizada.
III.2. La parte actora, en su recurso de apelación alegó que se debe
declarar la nulidad del Acuerdo Superior 206 de 2001 acusado, tanto
por los vicios de forma, como por los de fondo, esto es, por falsa
motivación.
Señaló que lo que se cuestionó durante el transcurso del proceso fue si el
acto acusado, emitido por el Consejo Superior Universitario de la
Universidad de Antioquia, contaba con una motivación que relacionara la
venta informal con la problemática de inseguridad.
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Aclaró que el cuestionamiento se circunscribe a que el acto demandado
no contiene una explicación expresa del nexo de causalidad entre las
ventas informales y la seguridad, razón por la cual no resulta válido acudir
a interpretaciones externas al propio acto para sostener la existencia de
dicha relación y que, aun en el evento de admitirse esa posibilidad, debe
precisarse que el testimonio rendido por la doctora Daryeni Parada,
aportado por la Universidad, descarta la posibilidad de vincular los hechos
ocurridos el 8 de noviembre de 2001, -consistentes en el homicidio de dos
estudiantes-, con la actividad de venta informal.
Expresó, con respecto a la valoración de las pruebas documentales, que
los Comunicados 56 de 9 de noviembre de 2001, 58 de 15 de noviembre
de 2001 y 59 de 19 de noviembre de 2011, si bien es cierto que se refieren
a medidas de seguridad, a un listado de actos de violencia al interior de
la Universidad durante el año 2001 y abordan la problemática que existió
en ese momento para la generación de acuerdos, respectivamente,
también lo es que no indican o determinan que las ventas informales
tengan relación con la seguridad al interior de la Universidad de Antioquia.
Agregó que cuando a la doctora Daryeni Parada se le preguntó sobre la
posibilidad de relacionar los hechos narrados en el Comunicado 058 y las
ventas informales, ella negó que se tuviera prueba alguna que los ligara.
Adujo que, contrario a lo considerado por el Tribunal, la carga de la prueba
recaía en la parte demandada, la cual no logró acreditar, con las pruebas
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allegadas al proceso, la existencia del nexo causal invocado, ni explicó su
omisión en la parte motiva del acto acusado, razón por la cual no resulta
válido suponer, con base en elementos ajenos al acto administrativo, la
existencia de una relación entre los hechos lamentables ocurridos y las
ventas informales.
Manifestó total conformidad con la valoración realizada sobre el cargo de
violación de normas superiores, el cual por sí solo acarrea la nulidad del
acto demandado.
IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
IV.1.- La Procuraduría Delegada para la Conciliación
Administrativa2, en el concepto rendido, se muestra partidaria de que
se confirme la sentencia apelada, al considerar que las universidades
tienen un régimen legal propio y que es frente a este y a las normas
constitucionales que debe ceñirse el ejercicio de su autonomía, toda vez
que este no es un principio absoluto, sino restringido e impone que los
estatutos de la respectiva institución sean el marco de sus reglas,
garantías y gobierno.
Alegó que, tal como lo advirtió el fallador de primera instancia, se
configura una evidente vulneración del Estatuto General de la
Universidad, por cuanto, según consta en las Actas 157 y 158 de 2001,
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Folios 18 a 31 del C. Apelaciones.
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el Consejo Superior Universitario incluyó el proyecto de acuerdo en el
orden del día de la sesión del 26 de noviembre de 2001 y, mediante el
Acta de la sesión del lunes 3 de diciembre de 2001, lo sometió a segundo
debate y lo aprobó, sin que entre una y otra actuación se hubiera
respetado el término mínimo de un mes exigido para tal efecto.
Indicó que los términos entre debates en la organización de un
reglamento tienen como finalidad garantizar el principio de publicidad y
el principio democrático, de manera que con este se permita que, en ese
lapso, los ciudadanos o los administrados, a quienes va dirigido el
reglamento puedan participar, directamente, o a través de asociaciones,
en la elaboración de la normativa que los va a regir.
Expresó que el término de un mes previsto en el artículo 63 del Estatuto
General Universitario tiene como finalidad garantizar una mayor difusión
y un debate suficiente respecto de las modificaciones al reglamento, de
modo que se posibilite, en la mayor medida posible, la satisfacción del
principio de publicidad y el acceso a la información pública de manera
previa a la aprobación del acto administrativo.
Sostuvo que, con independencia de las necesidades de gobierno y de
orden público, es decir, de los propósitos legítimos que haya perseguido
la Universidad de Antioquia al expedir el acto acusado, lo cierto es que se
desconoció lo dispuesto en el artículo 63 del Estatuto General
Universitario, lo cual implica que la entidad demandada, con la expedición
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del Acuerdo cuestionado, no solo ejerció atribuciones que desbordaron el
marco de sus propios estatutos, sino que, además, vulneró de manera
directa el artículo 28 de la Ley 30 de 28 de diciembre de 19923.
Manifestó, conforme lo señaló el a quo, que el acto demandado vulnera
el contenido del Estatuto General Universitario, que es la máxima norma
al interior de la Universidad, lo cual constituye un vicio en su formación,
no meramente accidental, sino que se trata de un vicio sustancial que
atenta contra el principio democrático.
Explicó que no se trata simplemente de un formalismo, ya que el término
entre un debate y el otro permite que se satisfagan en mayor medida el
de principio de publicidad y el derecho fundamental al debido proceso,
entre otros, que deben acompañar la construcción de reglamentos.
IV.2.- En esta etapa procesal tanto el actor, como la parte demandada
guardaron silencio.
V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cuestión Previa
El doctor CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO, en escrito visible
en el índice 29 del expediente digital, manifiesta que se declara impedido
3
“Por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior”.
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Número único de radicación: 05001-23-33-000-2014-01126-01
Actor: ISAAC BUITRAGO QUINTANA
para actuar dentro del proceso de la referencia, por cuanto intervino como
Agente del Ministerio Público, cuando fue notificado personalmente del auto
por el cual se admitieron los recursos de apelación interpuestos en el
proceso de la referencia contra la sentencia de 1° de febrero de 2016,
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia; además de que por
medio de memorial de 13 de enero de 2017, con fundamento en el artículo
59 de la Ley 446 de 1998, solicitó al Secretario de la Sección el traslado
especial, por lo que considera que se encuentra incurso en la causal de
impedimento prevista en el numeral 12 del artículo 141 del CGP.
Comoquiera que en el asunto bajo examen la demanda se radicó bajo la
vigencia del CPACA, le corresponde a esta Sala resolver el impedimento
manifestado por el señor magistrado CARLOS FERNANDO MANTILLA
NAVARRO4.
Precisado lo anterior, la Sala advierte que la causal de impedimento que se
invoca es la prevista en el numeral 12 del artículo 141 del C.G.P., la cual
prevé:
“[…] Causales de recusación. Son causales de recusación las
siguientes:
4
Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 131 de dicho Estatuto, el cual prevé: “[…] Para el
trámite de los impedimentos se observarán las siguientes reglas: … 3. Cuando en un magistrado concurra
alguna de las causales señaladas en el artículo anterior, deberá declararse impedido en escrito dirigido al
ponente, o a quien le siga en turno si el impedido es éste, expresando los hechos en que se fundamenta tan
pronto como advierta su existencia, para que la Sala, sección o subsección resuelva de plano sobre la
legalidad del impedimento. Si lo encuentra fundado, lo aceptará y sólo cuando se afecte el quórum decisorio
se ordenará sorteo de conjuez […]” (Negrilla fuera del texto original).
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Número único de radicación: 05001-23-33-000-2014-01126-01
Actor: ISAAC BUITRAGO QUINTANA
… 12. Haber dado el juez consejo o concepto fuera de actuación
judicial sobre cuestiones materia del proceso, o haber
intervenido en éste como apoderado, agente del
ministerio público, perito o testigo […]”.
Revisado el expediente, se observa que el doctor CARLOS FERNANDO
MANTILLA NAVARRO fungió como Procurador Delegado para la
Conciliación Administrativa y en tal calidad intervino, cuando fue notificado
personalmente del auto por el cual se admitieron los recursos de apelación
interpuestos en el proceso de la referencia contra la sentencia de 1° de
febrero de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia;
además de que solicitó al Secretario de la Sección el traslado especial, por
medio de memorial de 13 de enero de 2017, con fundamento en el artículo
59 de la Ley 446 de 1998.
Por lo tanto, a juicio de la Sala, los hechos que soportan el impedimento
manifestado por el magistrado CARLOS FERNANDO MANTILLA
NAVARRO, configuran la causal alegada, comoquiera que, como quedó
visto, el citado magistrado intervino en el presente medio de control como
Agente del Ministerio Público.
Por esta razón, la Sala declarará fundado el impedimento manifestado por
el citado magistrado y así se dispondrá en la parte resolutiva de esta
providencia.
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Actor: ISAAC BUITRAGO QUINTANA
Aclarado lo anterior, se tiene que el presente asunto se contrae a
establecer la legalidad del Acuerdo Superior 206 de 3 de diciembre
de 2001, “Por el cual se constituye en falta disciplinaria grave la venta
informal y cualquier forma de auxilio a las ventas informales de las
instalaciones de la Universidad”, expedido por el Consejo Superior
Universitario de la Universidad de Antioquia.
El acto acusado es del siguiente tenor:
“[…] ACUERDO SUPERIOR 206
3 DE DICIEMBRE DE 2001
POR EL CUAL SE CONSTITUYE EN FALTA DISCIPLINARIA
GRAVE LA VENTA INFORMAL Y CUALQUIER FORMA DE
AUXILIO A LAS VENTAS INFORMALES DENTRO DE LAS
INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD.
El Consejo Superior Universitario, en uso de sus facultades
estatutarias, en especial las previstas en los literales g y z del artículo
33 del Estatuto General, y
CONSIDERANDO
1. Que, para enfrentar las diferentes formas de delincuencia que se
vienen presentando en la Universidad, se han empleado varios
medios y, entre otros, hubo necesidad de prohibir cualquier tipo de
venta informal dentro de las instalaciones universitarias.
2. Que la Universidad ha reglamentado el ejercicio de las demás
ventas y expendios de artículos en todas sus instalaciones.
3. Que las disposiciones y los reglamentos de la Universidad son de
estricto cumplimiento, y se deben acatar, so pena de incurrir en falta
disciplinaria.
4. Que, en vista de la gravedad de la situación, de la reiterada
violación de la Circular de la Rectoría 036 de 2001 y de la Resolución
Rectoral 14804 de 2001, las ventas informales y cualquier tipo de
colaboración con las mismas deberá prohibirse en todas las
instalaciones de la Universidad de Antioquia, y la conducta contraria
erigirse en falta disciplinaria grave.
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Actor: ISAAC BUITRAGO QUINTANA
ACUERDA
ARTÍCULO 1. Prohíbese cualquier forma de venta informal dentro de
las instalaciones de la Universidad.
Constituirá falta disciplinaria grave la venta informal o cualquier
medio de auxilio a las ventas informales por parte de estudiantes,
profesores, personal administrativo, trabajadores oficiales y
contratistas de la Universidad, en las instalaciones de la Universidad.
ARTÍCULO 2. Se entenderá como colaboración o auxilio a las ventas
informales:
a. La introducción, custodia, almacenamiento y protección de
bienes con destino al comercio por parte de vendedores no
autorizados, o destinados al desarrollo de tal actividad.
b. La actitud pasiva, por parte de las personas responsables, que
permita la utilización de agua, energía eléctrica y teléfonos de la
Universidad de Antioquia en dicha actividad.
c. Cualquier otra labor dirigida a patrocinar, proteger o encubrir
las ventas informales.
ARTÍCULO 3. El presente Acuerdo Superior rige a partir de la fecha
de su expedición. […]” (Destacado fuera de texto).
El fallador de primera instancia declaró la nulidad del Acuerdo Superior
206 de 3 de diciembre de 2001 acusado, al considerar que violó el
artículo 63 del Estatuto General de la Universidad de Antioquia, por cuanto
no respetó el término de 1 mes entre uno y otro debate para su
aprobación, lo cual, a su juicio, constituye un vicio sustancial en la
elaboración de los reglamentos, toda vez que dicho lapso permite que se
satisfaga el principio de publicidad, que debe acompañar la elaboración
de este tipo de normativas.
Señaló que se encuentra probado, a partir de las Actas 157 y 158 de
2001, que en la sesión del Consejo Superior Universitario de 26 de
noviembre de 2001 se incluyó en el orden del día el proyecto de acuerdo
“Por el cual se constituye como falta disciplinaria para estudiantes,
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Número único de radicación: 05001-23-33-000-2014-01126-01
Actor: ISAAC BUITRAGO QUINTANA
profesores, personal administrativo, trabajadores oficiales y contratistas
de la Universidad de Antioquia cualquier forma de auxilio a las ventas
informales no autorizadas dentro de la Universidad”, y que,
posteriormente, dicho proyecto fue sometido a segundo debate y
aprobado sin que transcurriera el término debidamente establecido en el
Estatuto General de la Universidad, conforme consta en el Acta de la
sesión del lunes 3 de diciembre de 2001.
Al respecto, la Universidad de Antioquia interpuso recurso de apelación
con el propósito de que se revoque la sentencia de 1º de febrero de 2015,
proferida por la Sala Primera de Oralidad del Tribunal Administrativo de
Antioquia. Lo anterior, al considerar que, a partir de la situación de orden
público que atravesaba la institución en el año 2001 y de la manifestación
expresa del Consejo Superior Universitario, desde el primer debate, de
aprobar el texto que dio origen al Acuerdo acusado, se concluye, de un
lado, que no existía la obligación de observar el término de un mes entre
los debates previsto en el artículo 63 del Estatuto General de la
Universidad de Antioquia y, de otro, que aun en el evento de admitirse
dicha exigencia, su incumplimiento no tendría la entidad suficiente para
invalidar el acto administrativo, pues dadas las circunstancias existentes,
el lapso entre los debates no habría modificado una decisión claramente
definida desde el primer debate, sin que ello implicara afectación alguna
de las garantías fundamentales de los destinatarios de la norma.
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Número único de radicación: 05001-23-33-000-2014-01126-01
Actor: ISAAC BUITRAGO QUINTANA
Por su parte, la parte actora, también presentó recurso de apelación,
para lo cual alegó que se debe declarar la nulidad del Acuerdo Superior
206 de 2001 acusado, tanto por los vicios de forma, como por los de
fondo, esto es, por falsa motivación.
Sustentó su inconformidad en que el acto acusado no contaba con una
motivación, es decir, con una explicación del nexo causal entre las ventas
informales y los problemas de seguridad de la institución.
Asimismo, adujo que, en contravía de lo sostenido por el Tribunal, la carga
de la prueba recaía en la parte demandada, la cual no logró acreditar la
existencia del nexo causal alegado ni justificar su ausencia en la parte
motiva del acto acusado, razón por la cual no resulta válido inferir, a partir
de elementos externos al acto administrativo, una relación entre los
hechos lamentables y las ventas informales.
Finalmente, manifestó estar de acuerdo con la valoración efectuada por
el a quo respecto del cargo por violación de normas superiores, al estimar
que este, por sí solo, resulta suficiente para declarar la nulidad del acto
demandado.
Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala entrará a resolver de fondo los
cargos expuestos por los recurrentes.
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Número único de radicación: 05001-23-33-000-2014-01126-01
Actor: ISAAC BUITRAGO QUINTANA
CARGO DE FALSA MOTIVACIÓN DEL ACUERDO SUPERIOR 206 DE
2001 ACUSADO, ALEGADO POR LA PARTE ACTORA.
En primer lugar, se procederá a analizar la falsa motivación del Acuerdo
Superior acusado, de conformidad con lo alegado por la parte actora,
en su recurso de apelación.
En cuanto al concepto de falsa motivación, como causal de nulidad de
los actos administrativos, es del caso traer a colación la sentencia de 3 de
diciembre de 20185, en la cual esta Sección precisó lo siguiente:
“[…] 7.3.1. Resulta pertinente referirnos al concepto de falsa
motivación como causal de nulidad de los actos
administrativos.
La validez del acto administrativo depende de que los motivos por los
cuales se expide sean ciertos, pertinentes y tengan el mérito
suficiente para justificar la decisión que mediante el mismo se haya
tomado. Es decir, que correspondan a los supuestos de hecho y de
derecho jurídicamente necesarios para la expedición del acto
administrativo de que se trate, y que se den en condiciones tales que
hagan que deba preferirse la decisión tomada y no otra.
Se trata de un requisito material, en cuanto depende de la
correspondencia de lo que se aduzca en el acto administrativo como
motivo o causa del mismo, con la realidad jurídica y/o fáctica del caso.
El vicio de falsa motivación se presenta cuando la sustentación
fáctica del acto carece de veracidad o de coherencia entre el
hecho y el supuesto de derecho; es decir, o no es cierto lo que
se afirma en las razones de hecho, o no hay correspondencia
entre tales razones y los supuestos de derecho que se aducen
para proferir el acto.
Ahora bien, debe precisarse que una cosa es la falsa motivación y
otra la falta de motivación: la primera, es un evento sustancial,
que atañe a la realidad fáctica y jurídica del acto
administrativo, y la segunda, es un aspecto procedimental, formal,
ya que corresponde a la omisión en hacer expresos o manifiestos en
el acto administrativo los motivos del mismo. La falsa motivación
5
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 3 de diciembre de
2018, C.P. Oswaldo Giraldo López, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2013-00328-00.
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Número único de radicación: 05001-23-33-000-2014-01126-01
Actor: ISAAC BUITRAGO QUINTANA
plantea para el juzgador un problema probatorio, de
confrontación de dos extremos, como son lo dicho en el acto y
la realidad fáctica atinente al mismo, con miras a comprobar
la veracidad; también plantea un juicio lógico de
correspondencia entre la realidad constatada y la
consecuencia jurídica que se pretende desprender de ella,
cuando la primera resulta demostrada. De otro lado, la falta de
motivación le significa un problema de valoración directa del cuerpo
o contenido del acto sobre si se expresan o indican razones para su
expedición, y si lo dicho es suficiente como para tenerse como
motivación. […]” (Destacado fuera de texto)
Posteriormente, en sentencia de 5 de agosto de 20216, la Sección
Primera, en relación con los supuestos para la configuración de la causal
de nulidad por falsa motivación, sostuvo lo siguiente:
“[…] En relación con los supuestos para la configuración de la causal
de nulidad por falsa motivación, esta tiene ocurrencia cuando: i) se
presenta inexistencia de fundamentos de hecho o de derecho en la
manifestación de voluntad de la administración pública; ii) los
supuestos de hecho esgrimidos en el acto son contrarios a la
realidad, bien por error o por razones engañosas o simuladas; iii) el
autor del acto le ha dado a los motivos de hecho o de derecho un
alcance que no tienen; y iv) los motivos que sirven de fundamento
al acto no justifiquen la decisión.
103. En consecuencia, los motivos que fundamentan el acto
administrativo deben ser ciertos y corresponder a las
circunstancias de hecho y de derecho necesarias para
proferir la decisión; es decir, debe existir correspondencia
entre la motivación del acto administrativo y la realidad
fáctica y jurídica del caso. […]”. (Destacado fuera de texto).
Ahora, en lo relacionado con las reglas de la carga probatoria que deben
aplicarse cuando se invoca la causal de falsa motivación, esta Sección en
sentencia de 21 de enero de 20217 consideró:
6
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de agosto de
2021, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 25000-23-41-000-2013-00609-01.
7
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 21 de enero de
2021, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 20001-23-39-002-2016-00036-01.
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Número único de radicación: 05001-23-33-000-2014-01126-01
Actor: ISAAC BUITRAGO QUINTANA
“[…] En lo que atañe a las reglas de la carga probatoria que deben
aplicarse cuando se invoca dicha causal de anulación, esta
Corporación ha señalado:
“La falsa motivación, quien la aduce tiene la carga de la
prueba, es decir, de demostrar la falsedad o inexactitud en los
motivos que explícita o implícitamente sustentan el acto
administrativo respectivo, habida cuenta de la presunción de
legalidad de que se hallan revestidos los actos
administrativos”8.
De los elementos de juicio reseñados, bien puede inferirse lo
siguiente:
a) La falsa motivación, como vicio de ilegalidad del acto
administrativo, puede estructurarse cuando en las consideraciones de
hecho o de derecho que contiene el acto, se incurre en un error, ya
sea porque los hechos aducidos en la decisión son inexistentes o,
cuando existiendo éstos son calificados erradamente desde el punto
de vista jurídico. En el primer caso, se genera el error de hecho y, en
el segundo, el error de derecho.
b) Quien impugna un acto administrativo bajo el argumento de
encontrarse falsamente motivado, tiene la carga probatoria
(onus probandi) de demostrar la realidad de lo que afirma,
dado que sobre los actos de la administración gravita una
presunción de legalidad que debe ser desvirtuada por quien
pretenda que se declare su ineficacia. […]” (Destacado fuera de
texto).
De conformidad con lo anterior, la falsa motivación, como vicio del acto
administrativo, trae como consecuencia la anulación de este, ya sea en
sus consideraciones de hecho o de derecho, siempre y cuando quien la
invoca pruebe la existencia de los supuestos que dan lugar a su
estructuración.
La Sala encuentra que el actor no logró acreditar la falsa motivación del
Acuerdo Superior 206 de 2001 acusado, toda vez que los motivos
alegados en dicho acto corresponden a la realidad fáctica del caso.
8
Consejo de Estado, Sección Primera, Sentencia del 28 de octubre de 1999, expediente 3443, Consejero
Ponente: Dr. Juan Alberto Polo Figueroa.
30
Número único de radicación: 05001-23-33-000-2014-01126-01
Actor: ISAAC BUITRAGO QUINTANA
En el caso bajo examen, el demandante adujo que el acto administrativo
acusado fue falsamente motivado, porque no contaba con una explicación
del nexo causal entre las ventas informales y la seguridad de la
Universidad de Antioquia.
Al respecto, la Sala estima que dicho motivo de ilegalidad no está llamado
a prosperar, teniendo en cuenta que el actor no allegó al expediente
elementos de convicción indicativos de que las motivaciones contenidas
en el Acuerdo Superior 206 de 2001 fueran erróneas o contrarias a la
realidad, a pesar de que a él le correspondía la carga de demostrar
la real configuración de la aludida causal de nulidad, mas no a la
parte demandada, como lo alegó en su recurso de apelación.
Por el contrario, dentro del proceso se encuentra acreditada una relación
de causa-efecto o un nexo causal, dado que los motivos del Acuerdo
demandado son coherentes con la decisión tomada, pues hay una
explicación razonable que permite inferir que al prohibir las ventas
informales ello contribuirá a disminuir los problemas de seguridad, las
diferentes formas de delincuencia y las situaciones de riesgo que se
estaban presentando en la entidad demandada para la época de los
hechos.
En efecto, la Universidad de Antioquia, a través del Acuerdo acusado,
dispuso prohibir las ventas informales, porque las mismas conllevaban el
31
Número único de radicación: 05001-23-33-000-2014-01126-01
Actor: ISAAC BUITRAGO QUINTANA
ingreso de personas que no pertenecen a la comunidad universitaria o sin
relación con la Universidad; facilitaban la venta de sustancias sicoactivas;
atentaban contra la propiedad intelectual, la salud y la integridad de los
miembros de la comunidad universitaria; afectaban el ambiente
académico; ocupaban importantes zonas de circulación de transeúntes y
utilizaban áreas comunes de un espacio que es privado y no público;
alteraban las condiciones físicas ambientales de la institución;
dificultaban el control a la circulación de productos ilícitos y propiciaban
el comercio de drogas y bebidas alcohólicas.
En otras palabras, las ventas informales estaban generando problemas de
seguridad, diferentes formas de delincuencia y situaciones de riesgo a la
Universidad.
Ciertamente, se observa que en el Acuerdo Superior 206 de 2001
demandado se decidió “[…] Prohíbese cualquier forma de venta informal
dentro de las instalaciones de la Universidad. […]”, y que para tomar dicha
decisión se señaló la siguiente motivación:
“[…] CONSIDERANDO
1. Que, para enfrentar las diferentes formas de delincuencia
que se vienen presentando en la Universidad, se han empleado
varios medios y, entre otros, hubo necesidad de prohibir cualquier
tipo de venta informal dentro de las instalaciones universitarias.
2. Que la Universidad ha reglamentado el ejercicio de las demás
ventas y expendios de artículos en todas sus instalaciones.
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Número único de radicación: 05001-23-33-000-2014-01126-01
Actor: ISAAC BUITRAGO QUINTANA
3. Que las disposiciones y los reglamentos de la Universidad son de
estricto cumplimiento, y se deben acatar, so pena de incurrir en falta
disciplinaria.
4. Que, en vista de la gravedad de la situación, de la reiterada
violación de la Circular de la Rectoría 036 de 2001 y de la
Resolución Rectoral 14804 de 2001, las ventas informales y
cualquier tipo de colaboración con las mismas deberá prohibirse en
todas las instalaciones de la Universidad de Antioquia, y la conducta
contraria erigirse en falta disciplinaria grave. […]”9 (Destacado fuera
de texto).
Dicha motivación se encuentra acorde con lo señalado en la Circular 036
de 21 de junio de 2001 y la Resolución Rectoral 14804 de 28 de junio de
2001, expedidas por el Rector de la Universidad de Antioquia, que
establecen sobre las ventas informales y sobre el riesgo que constituye
para la comunidad universitaria el almacenamiento y manipulación
inadecuada de cilindros de gas, lo siguiente:
Circular 036 de 2001
“[…] Ventas Informales.
Constituye un imperativo para la administración responder
positivamente a las aspiraciones y solicitudes de la comunidad
universitaria, de proporcionar un lugar y un ambiente de trabajo
apropiados para la búsqueda del objetivo institucional de convertir la
Universidad en un centro de cultura y de ciencia.
Nada más alejado del anterior propósito que la proliferación
de puestos informarles de ventas en las instalaciones
universitarias, que distraen la atención y desvían la utilización
de los espacios físicos para fines diferentes de aquellos para
los cuales han sido destinados.
La Rectoría solicita a todas las personas que trabajan en la
Ciudad Universitaria, que se abstengan de guardar pipetas de
gas, estufas, cafeteras, hornos, asadores y toda clase de
muebles y enseres ajenos a las actividades de la Institución,
en las oficinas, salones, talleres, cocinetas, buitrones y
cuartos eléctricos; y al personal de vigilancia, que permita el
ingreso de estos implementos a las instalaciones
9
Folio 73 del C.1.
33
Número único de radicación: 05001-23-33-000-2014-01126-01
Actor: ISAAC BUITRAGO QUINTANA
universitarias. El Rector les recuerda que el no acatamiento de esta
prohibición constituye falta disciplinaria.
Se requiere un compromiso comunitario para que la
Universidad preserve sus instalaciones como espacios
adecuados y en condiciones propicias para el ejercicio de su
esencia: la función académica e investigativa. […]”10 (Destacado
fuera de texto).
Resolución Rectoral 14804
“[…] CONSIDERANDO
[…]
1. Que, por solicitud del Comité Paritario de Salud Ocupacional, el
Departamento de Seguridad Industrial y Vigilancia realizó un
inventario de pipetas de gas dentro de las instalaciones de la
Ciudad Universitaria.
2. Que la Coordinadora del Programa de Salud Ocupacional analizó la
anterior información y encontró que “no se cumple con los
parámetros técnicos sobre almacenamiento y manipulación”.
3. Que el almacenamiento inadecuado de estos elementos
constituye un potencial riesgo para la comunidad universitaria
[…]
RESUELVE
ARTÍCULO 1. Los funcionarios y contratistas de la Universidad
que deban utilizar cilindros de gas propano deberán
asegurarse de que las áreas de almacenamiento y utilización
cumplan los siguientes requisitos técnicos.
[…]
ARTÍCULO 2. La Coordinadora del Programa de Salud Ocupacional
diseñará una cartilla con instrucciones para la manipulación de los
cilindros de gas, y para el manejo de las válvulas, las conexiones y
las tuberías de conducción. Semestralmente se capacitará al personal
sobre estas normas básicas.
[…]
ARTÍCULO 6. El Departamento de Seguridad Industrial y Vigilancia
realizará cada seis meses visitas periódicas a las áreas de
almacenamiento de cilindros de gas, con el fin de constatar el
10
Folio 44 del C.1.
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Número único de radicación: 05001-23-33-000-2014-01126-01
Actor: ISAAC BUITRAGO QUINTANA
cumplimiento de las normas y asegurar que estén disponibles los
extintores adecuados. […]”11 (Destacado fuera de texto).
Asimismo, se observa que la motivación del Acuerdo Superior 206 de
2001 demandado se encuentra acorde con los siguientes actos previos
a su expedición, en los cuales se tomaron medidas de seguridad y se
aducen los motivos para evitar las ventas informales, así:
“[…] Comunicado 056 de 2001
Noviembre 9 de 2001
MEDIDAS DE SEGURIDAD
Ante el asesinato de dos jóvenes estudiantes perpetrando por
personas ajenas a la institución y respondiendo a clamor general de
la comunidad universitaria, las Directivas del Alma Máter, han
decidido adoptar medidas que recuperen un ambiente propicio para
el trabajo académico.
En vista de que las ventas ambulantes propician el ingreso de
personas sin relación alguna con el Alma Mater, facilitan la
venta de sustancias sicoactivas, atentan contra la propiedad
intelectual y contra la salud pública, nos permitimos informar lo
siguiente:
. Quedan terminantemente prohibidas las ventas ambulantes
en la institución; aquellas personas que guardaban elementos
relacionados con las ventas informales, deberán reclamarlos
según información que les será suministrada.
. Con los sesenta y seis estudiantes que ejercen el oficio de venteros
ambulantes, la administración, buscará alternativas de apoyo
económico que les faciliten su permanencia como estudiantes de la
Universidad.
. Se restringirá el ingreso de personas ajenas a la Institución.
. Se hará una requisa mucho más exhaustiva de personas y vínculos
[…]
. Estas medidas buscan propiciar el cumplimiento de la misión
institucional en un clima de convivencia y serán aplicadas, tanto en la
ciudad universitaria como en las sedes. […]”12. (Destacado fuera de
texto).
11
Folios 45 a 46 del C.1.
12
Folio 37 del C.1.
35
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Actor: ISAAC BUITRAGO QUINTANA
“[…] Comunicado 057 de 2001
Noviembre 13 de 2001
ENTREGA DE LOS IMPLEMENTOS E INSUMOS D ELOS
VENTEROS INFORMALES.
Como consecuencia de la prohibición terminante de las ventas
informales en los predios de la Universidad, medida anunciada
por la Rectoría en el comunicado 056 de 9 de noviembre del
presente año, el pasado fin de semana el Departamento de
Vigilancia procedió a retirar de las instalaciones universitarias
los elementos relacionados con dicha actividad informal.
Cabe anotar que el material fue inventariado antes de proceder a su
almacenamiento provisional. En desarrollo de esta tarea se contó con
la presencia de funcionarios de la dependencia municipal Espacio
Público, como garante de que la actividad se realizó con las debidas
precauciones.
Personal del Departamento de Vigilancia de la Universidad
hará entrega de los implementos e insumos de propiedad de
los venteros informales, durante la semana comprendida entre el
13y el 16 de noviembre de los corrientes, en el horario de 8:00 a las
16:00 horas, en la Placa Deportiva del Área de la Salud, ubicada en
Carabobo en Urabá. […]”13. (Destacado fuera de texto).
“[…] Comunicado 058 de 2001
Noviembre 15 de 2001
ACTOS DELICUENCIALES.
Ochenta actos delincuenciales han reportado este año la Universidad
de Antioquia a las autoridades de Policía.
. En total han sido asesinados seis estudiantes y un profesor. Dos de
los estudiantes fueron muertos en predios de la Institución.
[…]
. De la Ciudad Universitaria han robado 14 motos y 4 carros
. A la Universidad le han robado dos vehículos oficiales
. Computadores, equipos de video, dotación de oficinas y pasacintas
han sido robados por las bandas de delincuentes que este año han
asolado a la Universidad de Antioquia.
[…]
La Universidad de Antioquia informa a la comunidad
universitaria y a la ciudadanía en general, que las medidas de
13
Folio 41 del C.1.
36
Número único de radicación: 05001-23-33-000-2014-01126-01
Actor: ISAAC BUITRAGO QUINTANA
seguridad que ha tomado en el transcurso del presente año -
las cuales fueron reforzadas a raíz del asesinato de los dos estudiantes
de la Facultad de Química Farmacéutica, el pasado 8 de noviembre-,
obedecen fundamentalmente a la obligación de ponerle freno
a la acción delincuencial que en los últimos meses ha afectado
de manera tan sensible la VIDA y los bienes de los estudiantes,
de los profesores y de la propia Institución. […]”14. (Destacado
fuera de texto).
“[…] Comunicado 059 de 2001
Noviembre 19 de 2001
EN EL 2001 LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL HA PROCURADO
NEGOCIAR CON LOS VENTEROS INFORMALES.
En diversas ocasiones durante este año la administración
Central ha realizado reuniones con los estudiantes dedicados
a las ventas informales en la Universidad de Antioquia, con el
ánimo de buscar posibilidades de solución para este problema.
Como el principal argumento aducido por ellos para dedicarse a este
oficio fue la falta de recursos económicos para sostenerse en su
actividad académica, se les invitó a beneficiarse de los diferentes
programas solidarios que ofrece la Universidad para estudiantes de
escasos recursos, y le propuso, además, analizar alternativas
distintas de las ventas informales, de manera que pudieran generar
los ingresos necesarios para su educación y dedicarán
prioritariamente a los compromisos académicos, y no laborales.
La actividad de las ventas informales no es compatible con la
institución, entre muchas razones, por las siguientes:
. Afectan negativamente el ambiente académico, necesario
para las actividades de investigación, docencia y extensión.
. Ocupan importantes zonas de circulación de transeúntes y
utilizan áreas comunes de un espacio que es privado, y no
público.
. Ponen en alto riesgo la salud y la integridad de los miembros
de la comunidad universitaria, por la utilización indebida de
cilindros de gas, instalaciones eléctricas de contrabando y
preparación alimentos sin los debidos controles de sanidad.
. Alteran las condiciones físicas y ambientales de la institución.
. Dificultan el control a la circulación de productos ilícitos,
tales como libros, CDs y casetes piratas y propician el comercio
de drogas y bebidas alcohólicas.
. Constituyen una competencia desleal para las ventas
formales autorizadas por la Universidad.
14
Folios 39 a 40 del C.1.
37
Número único de radicación: 05001-23-33-000-2014-01126-01
Actor: ISAAC BUITRAGO QUINTANA
. Favorecen el ingreso de personas no vinculadas a la
Universidad.
Estimulan la proliferación indefinida de ventas informales,
sobre la premisa de igualdad de derechos.
Por lo anterior, a lo largo de este año la Universidad no
consideró conveniente reglamentar las ventas informales sino
analizar nuevas alternativas de generación de ingresos para
los estudiantes, además de su participación en las
oportunidades que, de hecho, les ofrece a la Institución.
Por su parte, los venteros, estudiantes y externos a la Universidad,
no consideraron ninguna otra propuesta, y, por el contrario, se
mantuvieron en su interés por reglamentar su oficio, y llegaron
inclusive a solicitar concesiones especiales, tales como la asignación
de espacios para el almacenamiento de sus implementos, seguridad
social, preferencias para facilitar su participación en el ámbito
académico, entres otras; y, en contraprestación, se comprometerían
con el control y la limitación de nuevas ventas informales que, a lo
largo del año, se incrementaron en más de un cien por ciento.
La administración de la Universidad entiende que es necesario
reconocer en las ventas informales, la expresión de problemas
estructurales de índole nacional como son el desempleo y la falta de
recursos económicos para realizar estudios superiores. Al respecto, y
en consecuencia con su misión, reitera su compromiso con el
desarrollo y el sostenimiento de programas de bienestar que faciliten
a sus estudiantes el acceso y la permanencia en la Institución.
Igualmente, está dispuesta a gestionar alternativas de ingresos para
los estudiantes venteros.
No obstante los anteriores propósitos, la Universidad expresa
con absoluta claridad que su compromiso directo es con el
derecho fundamental a la educación, y con el trabajo, y tanto
su misión como su objeto social así lo determinan. […]”15.
(Destacado fuera de texto).
Así las cosas, para la Sala las pruebas antes citadas sí demuestran que
existe conexión o correspondencia entre la problemática de seguridad que
padecía la Universidad (motivo aducido en el acto demandado) y la
decisión de prohibir las ventas informales (medida adoptada en el acto
acusado).
15
Folio 42 a 43 del C.1.
38
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Actor: ISAAC BUITRAGO QUINTANA
Es decir, que los motivos que fundamentaron el Acuerdo Superior acusado
corresponden a las circunstancias de hecho necesarias para proferir la
decisión tomada en el mismo.
Ahora, en cuanto al testimonio de la señora Daryeni Parada, jefe de
Bienestar Universitario de la Universidad de Antioquia, y lo que declaró
sobre el Comunicado 058 de 2001, se aclara que ella no negó que se
tuviera prueba de que los hechos relacionados con el asesinato de
estudiantes y profesores estuvieran ligados con las ventas informales,
solo se refirió al robo de pasacintas, de la siguiente manera:
“[…] ¿Conoce el documento 058 de 2001? ¿Tuvieron que ver las
ventas informales con el robo de un pasacintas ocurrido el 19 de
enero de 2001?
No. […]” 16(Destacado fuera de texto).
Además, la Sala debe advertir que independientemente de lo manifestado
por la testigo en mención, específicamente, sobre los asesinatos, lo cierto
es que ella reconoció que las ventas informales sí generaban problemas
de seguridad en la Universidad de Antioquia, así:
“[…] las vinculaciones de las ventas tienen que ver también
con temas de delincuencia, temas de compras de pólvora,
hay unos vínculos […] En las ventas todos no son estudiantes. Es
muy importante, tener en contexto el problema, porque la
decisión del acuerdo, es una de las formas que la
Universidad tiene para darle respuesta al problema.
Amarrado también a que dentro de las ventas hay todo lo que es
piratería.
[…]
Se regulan las ventas para hacer control de lo que se vende, que la
alimentación sea acorde, que el tema de la salud se garantice, que
se sigan las minutas, que se cuide la calidad de los productos.
[…]
16
Folios 89 a 98 del C.1.
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Actor: ISAAC BUITRAGO QUINTANA
Hay una problemática parecida en el 2001 y en el 2010, cuando el
rector saca las ventas informales, se mandan a recoger los locker y
en los locker estaban las drogas, la pólvora, ligado a cuando
estaban los paquetes grandes.
[…]
¿Para el año 2001, las ventas informales generaban
problemas de seguridad al interior de la Universidad?
Si. […]” 17(Destacado fuera de texto).
En consecuencia, este cargo no tiene vocación de prosperidad.
. CARGO SOBRE LA NO VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 63 DEL
ESTATUTO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA,
ALEGADO POR LA PARTE DEMANDADA.
En segundo lugar, se procederá a analizar el cargo de la no violación del
artículo 63 del Estatuto General de la Universidad de Antioquia, de
conformidad con lo alegado por la parte demandada, en su recurso de
apelación.
Conforme se indicó precedentemente, el Tribunal Administrativo de
Antioquia declaró la nulidad del Acuerdo Superior 206 de 3 de
diciembre de 2001 acusado, al considerar que violó el artículo 63 del
Estatuto General Universitario, por cuanto no respetó el término de un
mes entre uno y otro debate para su aprobación, lo cual a su juicio,
constituye un vicio sustancial en la elaboración de los reglamentos, toda
vez que dicho lapso permite que se satisfaga el principio de publicidad,
que debe acompañar la elaboración de este tipo de reglamentos.
17
Folios 89 a 98 del C.1.
40
Número único de radicación: 05001-23-33-000-2014-01126-01
Actor: ISAAC BUITRAGO QUINTANA
Al respecto, la Universidad demandada sostuvo que no existía la
obligación de observar el término de un mes entre los debates previstos
en la norma estatutaria invocada, en atención a la situación de orden
público que atravesaba la institución en el año 2001 y a la manifestación
inequívoca del Consejo Superior Universitario, desde el primer debate, de
aprobar el texto que dio lugar al Acuerdo acusado, y que, aun en gracia
de discusión, de admitirse la exigencia de dicho término, su inobservancia
no tendría la entidad suficiente para invalidar el acto administrativo, por
cuanto las graves circunstancias existentes no habrían modificado una
decisión que desde el primer debate resultó evidente, sin que pueda
predicarse de ello afectación alguna a las garantías fundamentales de los
destinatarios de la norma.
En virtud de lo expuesto, la Sala procederá a resolver el argumento
invocado por la Universidad demandada en su recurso de apelación, para
lo cual es del caso traer a colación el artículo 63 del Estatuto General de
la Universidad de Antioquia, que es del siguiente tenor:
“[…] ACUERDO SUPERIOR 1 DE 1994
5 DE MARZO DE 1994
POR EL CUAL SE EXPIDE EL ESTATUTO GENERAL DE LA
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
El Consejo Superior de la Universidad de Antioquia, en uso de la
autonomía universitaria consagrada en el artículo 69 de la 69 de la
Constitución Política, y de sus facultades legales, en especial las que
le confieren los artículos 28 y 65 de la Ley 30 de 1992,
ACUERDA
41
Número único de radicación: 05001-23-33-000-2014-01126-01
Actor: ISAAC BUITRAGO QUINTANA
[…]
Artículo 63. Actos de los Consejos Superior y Académico, y del
Rector. Los actos de carácter general de los Consejos Superior y
Académico se llaman, respectivamente, Acuerdos Superiores y
Académicos; los de carácter particular, Resoluciones Superiores y
Académicas.
Los Acuerdos se adoptan mediante dos debates realizados en
días diferentes. Para la aprobación y modificación de los
Estatutos del Profesor y del Personal Administrativo, y del
Reglamento Estudiantil se requieren por lo menos cinco votos
favorables, y los debates se realizan con un intervalo mínimo
de un mes.
Los actos del Rector se llaman Resoluciones Rectorales. Por medio de
ellas expide las normas y actos administrativos necesarios, en la
órbita de su competencia, para el cumplimiento y la ejecución de los
estatutos, de los reglamentos y de las demás decisiones de los
Consejos Superior y Académico. […]” (Destacado fuera de texto).
De conformidad con la norma transcrita, los acuerdos superiores se
adoptan mediante dos debates celebrados en días distintos y, para su
aprobación o modificación, se requiere el voto favorable de al menos cinco
miembros, debiendo mediar entre dichos debates un intervalo mínimo de
un mes.
En el expediente bajo examen obra el Acta 157-2001 del Consejo
Superior Universitario de la Universidad de Antioquia, de 26 de
noviembre de 2001, en la que consta que en el numeral 1.2. del orden
del día se incluyó para primer debate el proyecto de acuerdo “por el cual
se constituye como falta disciplinaria para estudiantes, profesores,
personal administrativo, trabajadores oficiales y contratistas de la
Universidad de Antioquia, cualquier forma de auxilio a las ventas
42
Número único de radicación: 05001-23-33-000-2014-01126-01
Actor: ISAAC BUITRAGO QUINTANA
informales no autorizadas dentro de la Universidad”, de la siguiente
manera:
“[…] CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO
ACTA 157-2001
FECHA: Lunes 26 de noviembre de 2001
HORA: Tres de la tarde.
LUGAR: Salón del Consejo de Gobierno.
[..]
ORDEN DEL DÍA
1. Proyectos de Acuerdo para primer debate.
[…]
1.2. Por el cual se constituye como falta disciplinaria para
estudiantes, profesores, personal administrativo,
trabajadores oficiales y contratistas de la Universidad de
Antioquia, cualquier forma de auxilio a las ventas informales
no autorizadas dentro de la Universidad.
[…]
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA
[…]
1.2. Por la cual se constituye como falta disciplinaria para
estudiantes, profesores, personal administrativo,
trabajadores oficiales y contratistas de la Universidad de
Antioquia, cualquier forma de auxilio a las ventas informales
no autorizadas dentro de la Universidad.
El doctor Restrepo Cuartas explica que se han tomado varias
medidas relacionadas con las ventas informales en la Universidad.
Desde tiempo atrás existe la prohibición para la venta y consumo
de licor y de drogas psicoactivas en todas las instalaciones
universitaria. Se ha pedido, a todas las personas que trabajan en la
Institución, que se abstengan de guardar cilindros de gas, estufas,
hornos, asadores y toda clase de muebles y enseres ajenos a la
Universidad en las oficinas, salones, talleres, cocinetas, buitrones y
cuartos eléctricos; y, al personal de vigilancia, que no permita el
ingreso de estos implementos a las instalaciones universitarias.
El fin de semana siguiente al jueves 8 de noviembre, cuando se
cometió el crimen contra dos estudiantes en la Ciudad Universitaria,
se sacaron de esas instalaciones todos los elementos de ventas
ambulantes. Se llenaron seis camiones con equipos, trebejos y
mercancías, y, como no fue posible depositarlas en una Inspección
de Policía como era el deseo, se guardaron en el parqueadero del
Área de Salud. Estos elementos están debidamente filmados para
43
Número único de radicación: 05001-23-33-000-2014-01126-01
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dejar constancia del procedimiento, y ya se han entregado a sus
dueños.
[…]
Se recomienda, una vez se apruebe, que se incorpore esta norma
en los estatutos universitarios pertinentes.
Sometido a consideración el proyecto, se aprueba en primer
debate. […]”18 (Destacado fuera de texto).
Asimismo, obra el Acta 158-2001 del Consejo Superior Universitario de
3 de diciembre de 2001, en la que se establece que en el numeral 1.2.
del orden del día se incluyó para segundo debate el proyecto de acuerdo
“por la cual se constituye como falta disciplinaria para estudiantes,
profesores, personal administrativo, trabajadores oficiales y contratistas
de la Universidad de Antioquia, cualquier forma de auxilio a las ventas
informales no autorizadas dentro de la Universidad”, así:
“[…] CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO
ACTA 157-2001
FECHA: Lunes 3 de diciembre de 2001
HORA: Cuatro de la tarde.
LUGAR: Salón del Consejo de Gobierno.
[..]
ORDEN DEL DÍA
1. Proyectos de Acuerdo para Segundo Debate.
[…]
1.2. Por la cual se constituye como falta disciplinaria para
estudiantes, profesores, personal administrativo,
trabajadores oficiales y contratistas de la Universidad de
Antioquia, cualquier forma de auxilio a las ventas informales
no autorizadas dentro de la Universidad.
[…]
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA
[…]
1.2. Por la cual se constituye como falta disciplinaria para
estudiantes, profesores, personal administrativo, la venta
18
Folios 49 a 55 del C.1.
44
Número único de radicación: 05001-23-33-000-2014-01126-01
Actor: ISAAC BUITRAGO QUINTANA
informal y cualquier forma de auxilio a las ventas informales
dentro de las instalaciones de la Universidad.
Se aprueba, Acuerdo Superior 206. […]”19 (Destacado fuera de
texto).
Lo anterior pone de manifiesto que el Acuerdo Superior 206 de 3 de
diciembre de 2001 demandado fue aprobado mediante debates que no
cumplieron con el requisito de ser realizados con un intervalo mínimo
de un mes, habida cuenta que, entre el primer debate, que se realizó el
26 de noviembre de 2001 y el segundo debate, que se llevó a cabo el 3
de diciembre de ese año, no transcurrió dicho término.
En consecuencia, al no haberse cumplido el requisito previsto en el
artículo 63 del Estatuto General de la Universidad de Antioquia, según el
cual los debates deben realizarse con un intervalo mínimo de un mes para
la aprobación o modificación de un Acuerdo Superior, la Sala considera
que acertó el fallador de primera instancia al concluir que “[…] sí es
ostensible la violación al Estatuto Superior por el hecho de que entre uno
y otro debate no se haya respetado el término de un mes […]”.
Además, debe precisarse que la inobservancia de dicho requisito no puede
calificarse como un mero formalismo riguroso ni como un vicio accidental
carente de entidad suficiente para invalidar el acto administrativo, como
lo sostuvo la institución demandada en su recurso de apelación, por
cuanto constituye el desconocimiento de un término procedimental
19
Folios 57 a 70 del C.1.
45
Número único de radicación: 05001-23-33-000-2014-01126-01
Actor: ISAAC BUITRAGO QUINTANA
expresamente establecido en las normas aplicables, en particular en el
artículo 63 del Estatuto General de la Universidad de Antioquia, el cual,
adicionalmente, se erige como una garantía del principio de publicidad
que debe regir este tipo de procedimientos de aprobación de acuerdos
superiores.
Las normas procesales, referidas al carácter perentorio de los términos,
no constituyen simplemente reglas formales vacías de contenido, sino
instrumentos necesarios para que el derecho material se realice
objetivamente y en su oportunidad.
Sobre el particular, se debe precisar que la prevalencia del derecho
sustancial no puede interpretarse como la inexistencia o la
ineficacia de las normas de procedimiento, dado que éstas
constituyen instrumentos necesarios para que el derecho material
se realice objetivamente y en su oportunidad. Así lo sostuvo esta
Sección en la sentencia 22 de octubre de 202020:
“[…] la Sala debe precisar que la exigencia sobre la cual la entidad
demandada se fundamentó para rechazar el recurso de reposición
contra la decisión que denegó el privilegio de invención a la patente
titulada “COMPOSICIONES LIMPIADORAS TRANSPARENTES EN
BARRA QUE SON EFICIENTES Y NO IRRITANTES A LOS OJOS”, no
puede considerarse como un riguroso formalismo, con la cual
la Administración pretendió desconocer sus derechos, sino
más bien el cumplimiento de las normas aplicables, esto es,
los artículos 66, 67 y 68 del CPC, y la consecuencia prevista
20
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de octubre de
2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00418-00.
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Número único de radicación: 05001-23-33-000-2014-01126-01
Actor: ISAAC BUITRAGO QUINTANA
por su no observancia, conforme lo señaló esta Sección en
sentencia de 16 de febrero de 201721:
“[…] En primer lugar, debe la Sala señalar que la prevalencia del
derecho sustancial no puede interpretarse como la
inexistencia o la ineficacia de las normas de procedimiento,
dado que éstas constituyen instrumentos necesarios para que
el Derecho material se realice objetivamente y en su
oportunidad.
Sobre el particular, esta Sección en la sentencia de 5 de junio de 2014
(Expediente núm. 1101-03-24-000-2009-00202-00, Actor: JANSSEN
PHARMACEUTICA N.V., Consejero ponente doctor Guillermo Vargas
Ayala), expresó:
“6.5.2. Ahora bien, se cuestiona en la demanda que se
privilegió la aplicación de las formalidades sobre el derecho
sustancial, en desconocimiento de lo dispuesto en el artículo
228 de la C.P., al no tenerse en cuenta los memoriales de 28 de
marzo de 2008 y 15 de abril de 2008 mediante los cuales subsanó el
error formal de no haber dado contestación al requerimiento
efectuado en el Oficio núm. 14160 dentro de la oportunidad legal
consagrada en el artículo 39 de la Decisión 486.
La Sala en Sentencia de 28 de enero de 200822 desestimó una
acusación similar a la aquí examinada con las siguientes
consideraciones que ahora se prohíjan por resultar aplicables a este
asunto, en tanto que en ambos casos se discutió la legalidad de actos
administrativos que declararon el abandono de la solicitud de patente
por no completar los requisitos indicados por la Oficina Nacional
Competente dentro de la oportunidad prevista en la normativa
andina:
“[…] la prevalencia del derecho sustancial no es un principio
absoluto que implique prescindir de las disposiciones de
carácter adjetivo, o por lo menos, discrecionalidad alguna en
su aplicación, puesto que éstas desarrollan también un
principio que a su vez constituye un derecho fundamental, cual
es el del debido proceso, de modo que la aplicación de aquél
requiere ponderar y armonizar ambos principios o derechos en el caso
concreto, y en el del sub lite no hay duda de que el derecho sustancial
tuvo la primacía que correspondía a las circunstancias concretas,
dentro de las garantías procesales que hasta el límite o en toda su
amplitud se le concedieron a la actora.
21
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 16 de febrero de
2017, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 2007-00383-00. Reiterado en
sentencia de 21 de mayo de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 2008-00329-
00.
22
Proferida en el proceso con radicación núm. 11001 0324 000 2004 00170 01, Consejero Ponente Dr. Rafael E.
Ostau De Lafont Pianeta.
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Actor: ISAAC BUITRAGO QUINTANA
Según las disposiciones transcritas23 es claro que los términos
que prevé son preclusivos y la intervención en la actuación
requiere de apoderado debidamente constituido, y como quiera que
en este caso no había apoderado debidamente constituido y no se
allegó el instrumento que lo constituyera dentro del plazo único y
prorrogado que le fue dado, se concluye que la interesada no
respondió a tales observaciones, y la consecuencia jurídica de ello no
es otra que la declaración de abandono de la solicitud.
Por lo anterior se impone hacer efectiva la consecuencia de
esa omisión, que es la de declarar abandonada la solicitud,
según lo pone de presente el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, frente a lo cual la entidad demandada no
tenía opción distinta, de modo que la decisión acusada está acorde
con las normas comunitarias en comento, en especial con el artículo
22 en cita.”24 (Resalta la Sala)
Además, como lo ha precisado la Corte Constitucional en
distintos pronunciamientos, la prevalencia del derecho
sustancial no puede interpretarse como la inexistencia o la
ineficacia de las normas adjetivas o de procedimiento o como
el desconocimiento de los términos y plazos procesales. Así por
ejemplo en Sentencia C-446 de 1997 sostuvo al respecto que:
“La primacía del derecho sustancial prevista por el artículo 228
de la Constitución, no puede interpretarse como la
inexistencia de las normas procesales. No, el entendimiento
cabal del precepto constitucional apenas conduce a definir las
normas procesales, y el proceso en sí, como un medio para
realizar el derecho, para que la norma jurídica se aplique al
caso concreto. Recuérdese lo dicho por la Corte Constitucional, al
decidir una demanda contra el artículo 373 del Código de
Procedimiento Civil, norma semejante a la acusada ahora: “Al
declarar el inciso cuarto del artículo 273 del Código de Procedimiento
Civil que en caso de no reunir la demanda los requisitos formales que
le exige la ley, se declarará desierto el recurso y se ordenará devolver
el expediente al tribunal de origen, sólo se está en presencia de unos
efectos sancionatorios, originados en el incumplimiento de una norma
de carácter procesal por el accionante, y no en la hipótesis de hacer
prevalecer una norma adjetiva sobre la sustantiva”. (Corte
Constitucional, sentencia C-215 de abril 28 de 1994, magistrado
ponente, doctor Fabio Morón Díaz).
El mismo argumento que sirve de base a la demanda, o uno similar,
serviría para demandar la declaración de inconstitucionalidad de
todas las normas procesales, o de su inmensa mayoría.
23
Se refiere a los artículos 14 y 22 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuyas
previsiones normativas son equivalentes a las de los artículos 26 y 39 de la Decisión 486 de la Comunidad
Andina.
24
Este criterio jurisprudencial fue reiterado por la Sala en Sentencia de 4 de julio de 2013, proferida en el
proceso con radicación núm. 2008 00071 00, Consejera Ponente Dra. María Elizabeth García González.
48
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Actor: ISAAC BUITRAGO QUINTANA
Es claro, en síntesis, que la norma demandada25 no quebranta el
artículo 228 ni ninguna otra disposición de la Constitución. En
consecuencia, será declarada exequible.” (Negrillas ajenas al texto
original)
Posteriormente, en un pronunciamiento en sede de tutela contenido
en la Sentencia T-323 de 1999 afirmó sobre el particular que:
“f) La Corte ha proclamado, con arreglo al artículo 228 de la
Constitución, el postulado de prevalencia del Derecho sustancial, que
implica el reconocimiento de que las finalidades superiores de la justicia
no pueden resultar sacrificadas por razones consistentes en el culto
ciego a reglas procesales o a consideraciones de forma no
indispensables para resolver en el fondo el conflicto del que conoce el
juez.
Pero debe dejarse en claro que el enunciado principio
constitucional que rige las actuaciones judiciales no implica la
inexistencia, la laxitud o la ineficacia de toda norma legal
obligatoria para quienes participan en los procesos, o la
eliminación, per se, de las formas indispensables para que los
juicios lleguen a su culminación -pues allí está comprometido el
derecho sustancial de acceso a la administración de justicia-, ni,
para el asunto del que ahora se trata, puede significar la
absoluta pérdida del carácter perentorio de los términos
procesales. Todos estos elementos integran la "plenitud de las
formas propias de cada juicio", contemplada como factor
esencial del debido proceso, según el artículo 29 de la Carta
Política, y por lo tanto no constituyen simplemente reglas
formales vacías de contenido sino instrumentos necesarios para
que el Derecho material se realice objetivamente y en su
oportunidad.
g) En el caso concreto, está probada la extemporaneidad en la
presentación del documento de sustentación del recurso. Si la extensión
de ella fue mayor o menor, en minutos u otra medida de tiempo, es
algo indiferente respecto del hecho incontrovertible de que los términos
judiciales vencen en un día y a una hora predeterminados. Es obligación
de la autoridad judicial velar por el exacto sometimiento de las partes
e intervinientes a los plazos que la ley concede en las distintas fases de
la actuación procesal.” (Negrillas de la Sala)
Y luego, en la Sentencia C-1512 de 2000 dijo que:
“La prevalencia del derecho sustancial, según el mandato del artículo
228 de la Carta, constituye un imperativo dentro del ordenamiento
jurídico y, muy especialmente, en lo relativo a las actuaciones
25
Decreto 2700 de 1991 “Por el cual se expiden las normas de Procedimiento Penal”. “Artículo 226. Resolución
sobre la admisibilidad del recurso. Si la demanda no reúne los requisitos, se declarará desierto el recurso y
se devolverá el proceso al tribunal de origen. En caso contrario se correrá traslado al procurador delegado en
lo penal por un término de 20 días para que obligatoriamente emita concepto.”
49
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Actor: ISAAC BUITRAGO QUINTANA
destinadas a cumplir con la actividad judicial, pues permite realizar
los fines estatales de protección y realización del derecho de las
personas, así como de otorgar una verdadera garantía de acceso a la
administración de justicia pronta y cumplida.
Lo anterior no significa que se pueda caer en el permanente
error de considerar el principio de la primacía del derecho
sustancial sobre el formal como un postulado constitucional
excluyente que impide la coexistencia de las normas
sustantivas y formales, pues, como se ha visto, con éstas se
logra dar vigencia a principios que encuentran sustento
constitucional. Sobre este tema la Corte se pronunció26 y aclaró lo
siguiente:
“...Si bien este principio constitucional adquiere una gran
trascendencia y autoridad en todo el ordenamiento jurídico y
especialmente en las actuaciones judiciales, ello no quiere decir que
las normas adjetivas o de procedimiento carezcan de valor o
significación. Hay una tendencia en este sentido, que pretende
discutir la validez de las normas que establecen requisitos y
formalidades, y que es preciso rechazar para poner las cosas
en su punto, en estas materias constitucionales, y concluir
entonces que, no obstante la aludida prevalencia, dichas
normas cuentan también con firme fundamento constitucional
y deben ser fielmente acatadas en las actuaciones de los
jueces...””. (Se resalta)
Por ende, esta acusación no tiene vocación de prosperidad.
6.5.3. Así mismo en la demanda se aduce que la actuación de
la Superintendencia de Industria y Comercio desatendió el
principio de eficacia que gobierna las actuaciones
administrativas establecido en los artículos 209 de la
Constitución Política y 2º y 3º (inciso 5) del Código
Contencioso Administrativo, en concordancia con el artículo 4º
del Código de Procedimiento Civil27.
La eficacia está contenida en varios preceptos constitucionales como
perentoria exigencia de la actividad pública, entre otros, en el artículo
2º al prever como uno de los fines esenciales del Estado garantizar la
efectividad de los principios, deberes y derechos consagrados en la
Constitución Política, y en el artículo 209 como principio en virtud del
cual se desarrolla la función administrativa.
En el artículo 2º del Código Contencioso Administrativo se reitera la
previsión constitucional antes mencionada en el sentido de señalar
que los funcionarios deberán tener en cuenta que la actuación
administrativa tiene por objeto “…la efectividad de los derechos e
intereses de los administrados, reconocidos por la ley”. Y en el artículo
26
Sentencia C-215 de 1994.
27
“Artículo 4º.- Al interpretar la ley procesal, el juez deberá tener en cuenta que el objeto de los procedimientos
es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial. […]”
50
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Actor: ISAAC BUITRAGO QUINTANA
3 inciso 5º de ese mismo se consagra la eficacia como principio
orientador de las actuaciones administrativas y se dispone que en
virtud del mismo “…se tendrá en cuenta que los procedimientos deben
lograr su finalidad, removiendo de oficio los obstáculos puramente
formales y evitando decisiones inhibitorias…”.
Este principio, sin embargo, no supone en modo alguno el
desconocimiento de las normas procesales, pues como lo
expresó la Corte Constitucional en la sentencia atrás citada
éstas no constituyen simplemente reglas formales vacías de
contenido sino instrumentos necesarios para que el Derecho
material se realice objetivamente y en su oportunidad. […]”
(Destacado fuera de texto).
Por lo precedente, este argumento invocado en el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandada tampoco está llamado a prosperar.
Así las cosas, como los cargos traídos a colación por las partes en sus
recursos de apelación carecen de vocación de prosperidad, la Sala
confirmará la sentencia apelada, como en efecto se dispondrá en la parte
resolutiva de esta providencia.
Por último, atendiendo el resultado del proceso, el medio de control
promovido y la instancia en la que se tramitó, la Sala considera que, de
conformidad con lo previsto en el artículo 188 del CPACA, no hay lugar a
condenar en costas, por cuanto la naturaleza de la acción exime de esta
fijación.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia
en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
51
Número único de radicación: 05001-23-33-000-2014-01126-01
Actor: ISAAC BUITRAGO QUINTANA
PRIMERO:
PRIMERO: DECLARAR fundado el impedimento manifestado por el
doctor CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO y, en consecuencia,
separar al citado magistrado del conocimiento del medio de control de la
referencia.
SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia apelada, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de la presente providencia.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al
Tribunal de origen.
CUARTO: No condenar en costas.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión del día 30 de abril de 2026.
PABLO ANDRES CÓRDOBA ACOSTA GERMÁNEDUARDOOSORIOCIFUENTES
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la
Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley
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