Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-33-33-028-2013-00367-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-33-33-028-2013-00367-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 05001-33-33-028-2013-00367-01
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
12 de abril de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado Ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C., 12 de abril de 2024
Radicación: 05001-33-33-028-2013-00367-01 (59540)
Demandante: Gladys Yaneth Castillo Cabrera
Demandado: Nación – Rama Judicial y otro
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Temas: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN – Documentos falsos o adulterados –
Improcedencia respecto de pruebas testimoniales - Documentos recobrados – Ausencia
de pruebas recobradas
Síntesis del caso: se interpuso recurso extraordinario con base en las causales de revisión de
documentos recobrados y por haberse proferido una decisión con fundamento en
documentos falsos o adulterados.
Decide la Sala el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la parte
demandante contra la Sentencia de 23 de junio de 2016, proferida por la
Sala Cuarta de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia, que
confirmó el hecho exclusivo de la víctima y negó las pretensiones de la
demandante.
Contenido: 1. Antecedentes; 2. Consideraciones; 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante, 1.2. Posición de la parte demandada,
1.3. Sentencia de primera instancia y trámite relevante, y 1.4. Recurso extraordinario de
revisión y trámite relevante.
1.1 Posición de la parte demandante
1. El 23 de abril de 2013, Gladys Yaneth Castillo Cabrera y otros1 presentaron
demanda, en ejercicio de la acción de reparación directa contra la Nación
– Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación, con base en las siguientes
pretensiones:
“Las [demandadas] son responsables de la totalidad de los daños y
perjuicios causados [a los demandantes] como consecuencia directa y
determinante de la omisión, acción y de las fallas del servicio, en la que
incurrieron conjuntamente el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de
Caucasia – Antioquia y la Fiscalía Delegada Seccional No. 81 (…) al tramitar
un proceso abreviado de restitución de inmueble arrendado promovido por
la demandante Flor Beatriz Parra Álzate, con pruebas testimoniales falsas (…)
permitiendo que se dictara una sentencia de fecha de 18 de enero de 2011,
y una sentencia sustitutiva de fecha de 20 de junio de 2011, ordenando la
restitución del inmueble arrendado dentro del mismo radicado, se inició el
proceso ejecutivo como continuación del principal para el pago de los
cánones de arrendamiento adeudado, y costas del proceso (…) en el que
se le remató el bien inmueble (…) de propiedad de Gladys Yaneth Castillo
1 Jennifer Cuervo Castillo y Jerson Cuervo Castillo.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación número: 05001-33-33-028-2013-00367-01 (59540))
Demandante: Gladys Yaneth Castillo Cabrera
Demandado: Nación – Rama Judicial y otro
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Decisión: Declara infundado el recurso
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Cabrera mediante providencia del 8 de agosto de 2012, se aprobó el
remate y se le adjudicó el inmueble al rematante (…)”.
2. Las afirmaciones que sustentan las pretensiones se resumen así: Flor Beatriz
Parra Álzate demandó a Gladys Yaneth Castillo Cabrera en un proceso
abreviado de restitución de inmueble. La demandada en su escrito de
contestación tachó de falsos los testimonios presentados por la
demandante para acreditar la existencia del contrato de arrendamiento.
3. La parte demandante manifestó que el Juzgado Primero Promiscuo
Municipal de Caucasia (Antioquia) desconoció la tacha de falsedad y falló
en su contra, a pesar de que cursaba una investigación penal por estos
hechos y decidió no suspender el proceso. Calificó la conducta del juez
como “dolosa” y “prevaricadora”. También, cuestionó la actuación de la
Fiscalía Seccional, porque su inacción impidió que la decisión del proceso
civil fuera favorable a sus intereses. La tardanza y morosidad del ente
investigador permitió que la decisión del juez civil le causara daños morales
y materiales.
1.2. Posición de la parte demandada
4. La Nación – Fiscalía General de la Nación se opuso a las pretensiones de
la demanda, porque no se probó la relación de causalidad. Alegó el hecho
de la víctima, porque la demandante no acreditó los requisitos de la tacha
de falsedad.
5. La Nación – Rama Judicial se opuso a las pretensiones de la demanda,
porque no se probó el error judicial. Afirmó que no debía utilizarse la acción
de reparación directa para revivir debates de otros procesos judiciales.
También alegó el hecho de la víctima.
1.3. Sentencia de primera instancia y trámite relevante
6. El Juzgado Veintiocho Administrativo Oral de Medellín dictó Sentencia de
6 de octubre de 20142, que declaró probado el hecho de la víctima y negó
las pretensiones. Señaló que el proceso de reparación directa no era una
instancia adicional del proceso civil.
7. Concluyó que el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Caucasia, por
orden del juez de tutela, valoró de forma conjunta las pruebas, por lo que
declaró no probada la excepción de pago total y la tacha de falsedad de
las declaraciones extrajudiciales y sus respectivas ratificaciones. La
demandada incumplió su carga probatoria porque no bastaba con
proponer la tacha de falsedad, sino que debía allegar los medios
probatorios para su demostración, pues “en el proceso de restitución brilla
por su ausencia cualquier medio probatorio tendiente a demostrar la tacha
de falsedad de los testimonios extraproceso”. Advirtió que el juez del
proceso civil podía resolver la tacha de falsedad, pues esta figura procesal
no está atada a la decisión del juez penal (prejudicialidad).
8. Respecto de la Fiscalía General de la Nación “es del caso precisar que
conforme a los postulados del artículo 67 de la Ley 270 de 1996, la
providencia en que se soporta un error judicial debe estar ejecutoriada, lo
2 Folios 21 a 28 del cuaderno del Consejo de Estado.
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cual no ocurrió en el procedimiento que se tramitaba a instancias de la
Fiscalía 81 Seccional de Caucasia, pues el mismo fue precluido con decisión
del 19 de marzo de 2014, esto es, once meses después de la presentación
de la demanda, con lo que obviamente no se atendió el requisito de firmeza
de la actuación, al momento de la presentación de la censura de la
decisión judicial, razón está suficiente para desestimar el cargo, sin que se
haga necesaria toda otra consideración al respecto”.
1.4. Sentencia de segunda instancia y trámite relevante
9. La Sala Cuarta de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia
profirió Sentencia de 23 de junio de 2016, que confirmó el fallo de primera
instancia. Concluyó que fue “el apoderado de la parte demandante el que
no ejerció, en su debido momento, los recursos exigidos por la ley para
controvertir las pruebas que tachó de falsas”.
10. Encontró que la demandante no ejerció sus derechos, porque en la
contestación no tachó los documentos de las declaraciones
extraprocesales y, por el contrario, solicitó decretar un interrogatorio de
parte para cuestionarles sobre los hechos de la demanda. No obstante, esta
prueba fue negada.
11. Señaló que los argumentos esbozados por la parte demandante sobre la
presencia de un juramento falso durante la audiencia de ratificación de las
declaraciones extrajudiciales no comportaban una tacha de falsedad. Lo
anterior, porque no lo pidió de forma expresa y tampoco presentó y/o pidió
pruebas para desvirtuar la veracidad de lo declarado. Asimismo, destacó
que la parte demandante interpuso de manera extemporánea recursos
contra la decisión que negó la solicitud de suspensión del proceso civil
mientras se decidía el proceso penal.
12. Determinó que la decisión no fue contraria a derecho, porque no se
sustentó únicamente en los testimonios, sino que respaldó su razonamiento
en otros medios probatorios, que sirvieron para establecer que Gladys Yanet
Castillo Cabrera estaba obligada a pagar el canon de arrendamiento. Por
lo tanto, confirmó el hecho exclusivo de la víctima, pues su actuación
produjo el daño alegado.
13. Adicionalmente, resaltó que la tacha de falsedad no estaba ligada a la
prejudicialidad, porque ésta puede resolverse en el proceso civil en el que
se invoque. Consideró que las acusaciones realizadas por la parte
demandante son “excusas para disfrazar su olvido procesal consistente en
demostrar que (…) no era la llamada a responder por los cánones de
arrendamiento que se dejaron de pagar, lo que debió hacer controvirtiendo
las pruebas en el momento procesal correspondiente y no a través de este
medio de control”.
1.5. Recurso extraordinario de revisión y trámite relevante
14. El 21 de junio de 2017, la parte demandante interpuso recurso
extraordinario de revisión contra el fallo de segunda instancia, con base en
los numerales 1 y 2 del artículo 250 del CPACA, que aluden a la causal de
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Referencia: Recurso extraordinario de revisión
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documentos recobrados y a haber dictado sentencia con fundamento en
documentos falsos o adulterados.
15. Respecto de la causal de documentos recobrados, los recurrentes
afirmaron que las pruebas documentales aportadas existían con
anterioridad a la providencia recurrida, es decir, “antes de ésta se
encontraban aportadas las 2 declaraciones extrajudiciales rendidas por los
señores Juan Miguel Barrera Solano y Mónica María Parra Álzate”.
16. Los recurrentes consideraron que la providencia tenía “como
fundamento la ocurrencia de unos hechos delictivos, fraudulentos, que
fueron decisivos en la adopción de la sentencia que se busca dejar sin
efecto, en otros términos, de no haberse configurado los hechos delictuosos
o conductas fraudulentas la decisión habría sido en un alto grado distinta”.
17. Señalaron que la causal permite corregir errores “por circunstancias no
conocidas al momento de proferir el fallo cuestionado, que de haber sido
conocidas, hubieran dado lugar a una sentencia distinta a la apreciación
de documentos esenciales, que no pudieron ser conocidos por culpa de la
contra parte”. La Fiscalía General de la Nación de una forma negligente
incurrió “en una mora la decisión de imputar cargos a la demandante y a
los testigos en el proceso abreviado de restitución de bien inmueble urbano,
caso diferente hubiese sido que el escrito de acusación contra la
demandante y los testigos se hubiese conocido en la adopción de la
sentencia cuestionada (…) por obra de la parte contraria de la Fiscalía no
se puede demostrar o probar oportunamente la falsedad de las
declaraciones citadas en el proceso de restitución”.
18. En relación con la causal de documentos falsos o adulterados,
manifestaron que, en el proceso abreviado de restitución de bien inmueble,
el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Caucasia desconoció la tacha
de falsedad propuesta sobre “los testimonios aportados en 2 documentos
extraprocesales, y procedió a culminar el proceso en contra de la
demandada”.
19. Reprocharon que el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Caucasia
“nunca se pronunció de la tacha de falsedad y negó todas las solicitudes
que se le formularon para que se pronunciara de la tacha de falsedad que
estaba planteada y demostrada, igualmente tenía pleno conocimiento de
la denuncia penal, que se instauró ante la Fiscalía 81 Seccional de Caucasia,
se plantearon incidentes de prejudicialidad y suspensión del proceso a los
que nunca accedió, siendo procedente la solicitud, no permitió que el
proceso se suspendiera para que se investigara la conducta delictiva de la
demandante y de los testigos citados, no obstante lo anterior haber
permitido que luego de culminado el proceso se restituyera, se rematara un
bien inmueble de propiedad de la demanda generando graves perjuicios
(…) por la omisión y conducta dolosa de no ver, ni resolver la tacha de
falsedad que se la había formulado en la contestación de la demanda”.
20. Indicaron que ambas instancias del proceso de reparación directa
desconocieron manifiestamente las reglas de apreciación de las
declaraciones extrajudiciales de Mónica María Parra Álzate y Juan Miguel
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Barrera Solano. Resaltaron apartes del contenido de esas pruebas, los
motivos de su falsedad y señalaron que los declarantes eran familiares.
21. En el proceso de reparación directa los jueces realizaron “una valoración
subjetiva de las pruebas y lo que se confirma en la sentencia son unos
hechos falsos al pronunciarse sin razón, y sin estudiar el expediente”. El juez
de segunda instancia sostuvo que en el proceso de restitución no se
tacharon de falsos los testimonios, a pesar de que la contestación de la
demanda es clara sobre esta inconformidad.
22. Solicitaron que se declararan como “medios de convicción las pruebas
recobradas, que mejoraran las pruebas, las cuales se encuentran anexas en
el expediente, estas son las declaraciones extrajuicio de los señores Juan
Miguel Barrera Solano y Mónica María Parra Álzate y además la totalidad del
expediente de la Fiscalía 81 Seccional de Caucasia (Antioquia), que
contiene el escrito de imputación de cargos realizado a la señora Flora
María Parra Álzate, y el escrito de acusación realizado por la Fiscalía 81
Seccional de Caucasia de fecha de 3-10-2016, por los delitos de falsos
testimonios y fraude procesal”.
23. La Rama Judicial se opuso al recurso de revisión, porque no se allegó
ninguna prueba recobrada, no se explicó por qué razón no pudo aportarlos
al proceso de reparación directa y no se explicó por qué razón la sentencia
recurrida sustentó su decisión en documentos falsos u adulterados. A su
juicio, la recurrente trae a colación un debate de instancia.
24. La Fiscalía General de la Nación se opuso al recurso de revisión, porque
entendió la recurrente trataba el recurso de revisión como una tercera
instancia. Aportó el escrito de acusación de 3 de octubre de 2016, proferido
por la Fiscalía 26 Seccional de Caucasia, es decir, documento posterior a la
expedición de la sentencia recurrida, por lo que no tenía el carácter de
documento recobrado, pues no existía. En todo caso, advirtió que de haber
conocido el Tribunal dicha prueba no hubiera cambiado el sentido de la
decisión, porque el escrito de acusación no implicaba la atribución de
responsabilidad penal para los investigados.
25. El Ministerio Público emitió concepto en el que solicitó declarar
infundado el recurso extraordinario de revisión. Adujo que no se configuró la
causal de documentos recobrados porque no se allegó ninguna prueba
recobrada, pues las declaraciones y las ratificaciones eran conocidas
desde el proceso de reparación directa. Adicionalmente, la formulación de
acusación también existía para el momento en que inició el proceso de
reparación directa y tampoco fue suficiente para llevar a la convicción de
que la Rama Judicial y la Fiscalía incurrían en un error jurisdiccional, pues la
parte demandante incumplió su carga probatoria.
26. Respecto de los documentos falsos y adulterados, señaló que, aunque se
mencionó que la inactividad de la Fiscalía General de la Nación ha
impedido demostrar la falsedad de los testimonios, tal aspecto no fue el
fundamento de la decisión emitida por la jurisdicción de lo contencioso
administrativo.
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2. CONSIDERACIONES
Contenido: 2.1. Síntesis de la controversia y decisiones que se adoptarán, 2.2. Alcance del
recurso extraordinario de revisión, 2.3. Análisis de la causal primera de revisión, 2.4. Análisis
de la causal segunda de revisión, y, 2.5. Costas.
2.1. Síntesis de la controversia y decisiones que se adoptarán
27. La Sala se pronunciará de fondo sobre el asunto porque el recurso se
interpuso dentro de la oportunidad3 prevista en el artículo 251 del CPACA.
Declarará infundado el recurso extraordinario de revisión contra la
Sentencia de 23 de junio de 2016, proferida por la Sala Cuarta de Oralidad
del Tribunal Administrativo de Antioquia, porque no se configuró ninguna de
las causales invocadas.
2.2. Alcance del recurso extraordinario de revisión
28. El recurso extraordinario de revisión es un medio de impugnación que
sirve para exceptuar el principio de cosa juzgada, porque permite
controvertir fallos ejecutoriados4, a partir de las causales expresamente
establecidas por el legislador5 o por el constituyente.
29. Este medio de impugnación extraordinario no es una oportunidad
procesal para reabrir un debate propio de las instancias6, ni para suplir las
deficiencias probatorias o argumentativas que hayan podido presentarse
durante el trámite del proceso. Este recurso exige una amplia carga
argumentativa del recurrente, pues ésta debe hacerse de manera técnica,
precisa y razonada. Tampoco sirve como un instrumento procesal para
cuestionar la actividad interpretativa del juez7, ni para corregir los errores por
la inadecuada valoración de las pruebas o por la indebida aplicación del
derecho.
2.3. Análisis de la causal primera de revisión
30. El numeral 1 del artículo 250 del CPACA establece como causal de
revisión “haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia
documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una
decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por
fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria”.
31. Al respecto, la jurisprudencia de lo contencioso administrativo ha
sostenido que debe tratarse de una prueba documental8, que haya sido
3El 27 de junio de 2016 quedó notificada la sentencia recurrida y el 21 de junio de 2017 se interpuso recurso revisión,
por lo que, se hizo dentro del término del año del artículo 251 del CPACA.
4 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 20 de octubre de 2009, Radicado
11001-03-15-000-2003-00133-00 (REV) y Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 29 de agosto de 2014,
Radicado 34016.
5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 26 de noviembre de
2018, Radicado 11001-03-24-000-2009-00616-00 (REV).
6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 29 de
abril de 2015, Radicado 25000-23-26-000-1999-00319-01(26239. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, Sentencia de 04 de octubre de 2018, Radicado 05001-23-31-000-
2002-01074-01(0372-12).
7 Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 10 de diciembre de 2010, Radicado 11001-03-15-000-
2008-00480-00 (REV).
8 La configuración de la causal no admite otro tipo de pruebas como los testimonios, las experticias, los informes
técnicos o los exámenes médicos especializados por regla general. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
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encontrada o recobrada9 con posterioridad a la sentencia, que no pudo
aportarse en el proceso por razones de fuerza mayor, caso fortuito o por
obra de la contraparte. También, exige que dicha prueba sea
determinante, esto es, que de haberse conocido al momento de la decisión
se hubiera adoptado un fallo distinto al recurrido10.
32. La Sala encuentra que el recurso de revisión no cumplió con los requisitos
de la causal, porque no se allegó al proceso ningún documento recobrado.
Precisa que el recurso de revisión hace especial énfasis en las declaraciones
extrajudiciales y el escrito de acusación como documentos recobrados,
razón por la cual, sobre estos elementos probatorios se analizará la causal
invocada.
33. La recurrente manifestó que las declaraciones extrajudiciales de Juan
Miguel Barrera Solano y Mónica María Parra Álzate y su respectiva
ratificación tenían el carácter de documentos recobrados. No obstante, se
advierte que la causal invocada procede exclusivamente respecto de los
documentos y no las declaraciones y/o testimonios. Aunque las
declaraciones consten por escrito y se aporten de esa manera, la forma de
presentarlas no muta su naturaleza a una prueba de carácter documental,
toda vez que la información declarada por el testigo sobre los hechos es lo
relevante en términos probatorios, más que el medio en que se materializa
su contenido11.
34. Adicionalmente, las declaraciones estuvieron a disposición de las partes
durante los procesos civil y de lo contencioso administrativo, razón por la
cual, las partes tenían pleno conocimiento de su existencia. No puede
considerarse recobrado algo que siempre ha estado al alcance de las
partes para ser cuestionado.
35. Por otra parte, la recurrente indicó que el escrito de acusación de 3 de
octubre de 2016, expedido por la Fiscalía 81 Seccional de Caucasia era
determinante para tomar la decisión recurrida, pero que debido a la
demora del ente investigador este documento no se profirió con
anterioridad a la expedición de la sentencia. Esto implica que el juez de
instancia no tuvo acceso a las pruebas que se produjeron con posterioridad
Administrativo, Sala 4 Especial de Decisión, Sentencia de 1 de marzo de 2016, Radicado 11001-03-15-000-2015-
01917-00 (REV).
9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 8 Especial de Decisión, Sentencia de 7 de
julio de 2015, Radicado 11001-03-15-000-2008-01048-00(REV) “Que “recobrado”, es el documento que como tal
existía antes del pronunciamiento judicial objeto del recurso, pero estaba extraviado, perdido o refundido y solo
pudo recuperarse o rescatarse después de la sentencia”. Asimismo, Consejo de Estado, Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, Sala 8 Especial de Decisión, Sentencia de 2 de junio de 2015, Radicado 11001-03-15-
000-2007-00879-00(REV) Sobre este punto, ha sido reiterada la Jurisprudencia de la Corporación en precisar que es
“viable hablar de prueba recobrada cuando ésta inicialmente se encuentra extraviada o refundida y luego se
recupera y, por ello, el demandante no estuvo en condiciones de aportarla al proceso. El verbo “recobrar” implica
que se hubiere perdido algo que más tarde se recupera”.
10 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 18 de octubre de 2005,
Radicación número: 11001-03-15-000-1999-00226-01(REV). “(…) que la prueba con la cual se pretende invalidar la
sentencia recurrida en revisión debe tener la virtualidad suficiente para que, en el caso de haber sido aducida
oportunamente, el fallador hubiera resuelto en un sentido totalmente diferente, es decir, fallando favorablemente
a las peticiones o a la defensa planteada en el proceso, según el caso, por quien recurre el fallo en vía
extraordinaria. // Así las cosas, no es procedente una prueba, que, de ser considerada, podría invalidar uno de
los argumentos en los cuales se funda el fallo recurrido, pues se dejarían incólumes las demás razones que tuvo en
cuenta el juez para tomar la decisión”. Asimismo, Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo,
Sala 8 Especial de Decisión, Sentencia de 2 de junio de 2015, Radicado 11001-03-15-000-2007-00879-00(REV).
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 30 de
noviembre de 2023, Radicado 61679.
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Decisión: Declara infundado el recurso
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y adoptó su decisión con fundamento en el material que existía para ese
momento.
36. La Sala reitera que únicamente tienen el carácter de pruebas
recobradas o encontradas aquellas que existían y estaban extraviadas,
perdidas o refundidas para el momento de la decisión y que solo pudieron
recuperarse, encontrarse o rescatarse después de la sentencia recurrida,
por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.
37. Esta causal exige que la prueba documental exista “al momento de
proferirse la sentencia objeto de revisión, pues no se trata de mejorar una
prueba o de producir otra con posterioridad a dicha sentencia, ya que de
ser así nunca habría cosa juzgada (…) son inadmisibles los documentos
fechados con posterioridad al fallo que se revisa, pues el legislador no previó
dicho evento como una causal de revisión”12.
38. En casos similares, el Consejo de Estado ha declarado infundado el
recurso extraordinario de revisión, porque no podía exigirle al juez de
instancia sustentar su providencia en una prueba inexistente al momento de
decidir el caso concreto13.
39. Por último, la recurrente manifestó que el escrito de imputación tenía el
carácter de prueba de recobrada, sin embargo, este documento no obra
dentro del expediente, y en todo caso, se advierte que, tampoco acreditó
las razones de su imposibilidad para aportarlo al proceso de reparación
directa, ni la potencialidad que esta prueba tenía para cambiar el sentido
de la decisión.
40. En este caso, la recurrente pretendía incorporar pruebas nuevas para
mejorar el acervo probatorio de un debate de instancia que estaba
superado, para que el juez de revisión revalorara los elementos probatorios
y resolviera infirmar la providencia recurrida. La recurrente persigue el
reconocimiento de los perjuicios que no fueron otorgados en el proceso
ordinario, a partir de argumentos que tenían como finalidad cuestionar el
razonamiento probatorio del juez de instancia y la interpretación que realizó
sobre el caso. Esto evidencia la falta de rigor y técnica en la presentación
del recurso, pues el impugnante busca convertir este proceso en una tercera
instancia, por lo que se declarará infundado el recurso extraordinario de
revisión.
2.3. Análisis de la causal segunda de revisión
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Sentencia de 26 de noviembre de
2015, Radicado 20708.
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia de 15 de
diciembre de 2021, Radicado 40009. “Esta situación lleva a que ese documento no pueda entenderse como
recobrado pues, como lo ha indicado de manera reiterada esta Corporación, una prueba recobrada es “aquella
que existía previamente al fallo y no una generada con posterioridad a él (…)”, requisito fundamental para la
procedencia del recurso extraordinario en tanto “de permitirse la modificación de las sentencias con documentos
generados en una fecha posterior a estas, se atentaría contra los principios de la cosa juzgada y estabilidad
jurídica”. Evidentemente el proceso de reparación directa no podía fundarse en esta prueba simplemente porque
aquella no existía cuando el Tribunal Administrativo del Cesar adoptó la decisión cuya revisión se solicita”.
Adicionalmente, ver Subsección B, Sentencia de 25 de mayo de 2023, Radicado 55208.
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41. El numeral 2 del artículo 250 del CPACA establece como causal de
revisión “haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos
falsos o adulterados”.
42. Al respecto, la jurisprudencia de lo contencioso administrativo ha
sostenido que debe tratarse de una prueba documental14 falsa o
adulterada, que haya sido determinante para proferir el fallo recurrido, esto
es, que “sin su conceso, sin su incidencia, el fallo se hubiera tomado en otro
sentido”15. Por lo tanto, la falsedad o adulteración no se predica de
cualquier documento dentro del proceso16, sino de un documento decisivo
en el sentido de la decisión.
43. El recurrente tiene una alta carga argumentativa al momento de
interponer el recurso extraordinario, porque debe demostrar la manera en
que los documentos acusados incidieron de forma directa e irrefutable en
la estructuración del fallo. No basta el simple señalamiento de los
documentos aducidos, sino que, de manera rigurosa, precisa y
comparativa, debe explicar las razones por las cuales dichas pruebas
adquieren la calidad de falsas o adulteradas17, para luego determinar si
estas tenían la potencialidad suficiente para cambiar el sentido de la
decisión adoptada18.
44. Se advierte que el juez de lo contencioso administrativo es competente
para establecer la veracidad o falsedad de los documentos, pues no se
exige la prejudicialidad penal. El juez de revisión se restringe a realizar un
análisis objetivo y riguroso de las pruebas, sin hacer una valoración de la
responsabilidad personal de los autores. De hecho, tiene el deber de remitir
copias a las autoridades competentes, en caso de encontrar que podría
haberse configurado un delito o falta disciplinaria19.
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 05 de
octubre de 2016, Radicado (41222) “la causal primera del artículo 188 del C.C.A. alude únicamente a documentos,
de modo que no se extiende a los demás medios de prueba de que trata el artículo 175 del C. de P.C., esto es, la
declaración de parte, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los indicios
“y cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del convencimiento del juez”.
15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 26 de febrero de 2013, Radicado
11001-03-15-000-2008-00638-00(REV). Esta interpretación ha sido acogida para interpretar las causales contenidas
en el artículo 250 del CPACA. Para tales efectos, ver Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, Sala 14 Especial de Decisión, Sentencia de 2 de abril de 2019, Radicado 11001-03-15-000-2007-
00383-00 (REV) y Sala Segunda Especial de Decisión, Sentencia de 4 de mayo de 2021, Radicado 11001-03-15-000-
2018-04503-00(REV).
16 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 15 de julio de 2010, Radicado
52001-23-31-000-2007-00267-01 “(…) además de la cualificación de falsedad o adulteración que padezca el
documento o la prueba de que se trate, no se trata de cualquier medio de convicción sino de aquel que sirvió de
pilar fundante a la decisión. En efecto debe tratarse de una falsedad inherente a la prueba documental producida
y considerada en el proceso y que haya formado parte del proceso con carácter tan decisivo, que él haya sido
la causa única para que la sentencia resulte de ese contenido.”
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala 1, Sentencia del 06 de junio de 2017, Radicado
11001-03-15-000-2011-00050-00(REV) “(…) la falsedad de documento puede ser material, esto es, la alteración física
del contenido de un documento con valor probatorio; o ideológica, que implica consignar en el mismo hecho
que no corresponden a la verdad, para demostrar lo que realmente no ocurrió. Para llegar a la conclusión que el
documento es falso, el juez que estudia el recurso extraordinario de revisión debe hacer un análisis riguroso"
18 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 14 Especial de Decisión, Sentencia de 2
de abril de 2019, Radicado 11001-03-15-000-2007-00383-00 (REV).
19 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 8 Especial de Decisión, Sentencia de junio
de 2015, Radicado 11001-03-15-000-2005-00560-00(REV). “(…) la procedencia de esta causal la norma no exige la
prejudicialidad penal, por lo que será el Consejo de Estado al desatar el recurso de revisión a quien le
corresponderá determinar si la sentencia se dictó con base en documentos falsos o adulterados. (…) Entonces,
teniendo en cuenta lo anterior y que la finalidad de la causal 1ª es que la sentencia esté conforme a derecho
frente a hechos delictivos o fraudulentos, la Sala echa de menos la indicación concreta o la individualización de
cuál o cuáles son los documentos falsos o adulterados que sirvieron de fundamento a la decisión impugnada,
carga procesal que corresponde al recurrente.”.
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Radicación número: 05001-33-33-028-2013-00367-01 (59540))
Demandante: Gladys Yaneth Castillo Cabrera
Demandado: Nación – Rama Judicial y otro
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Decisión: Declara infundado el recurso
_______________________________________________________________________________________
45. La Sala encuentra que no se configura la causal invocada, porque ella
no aplica sobre declaraciones y/o testimonios, pues se predica únicamente
de pruebas documentales20. En ese sentido, como la falsedad alegada por
la recurrente reside en las declaraciones extrajudiciales y su ratificación, la
Sala no puede entrar a valorar la falsedad de estos medios probatorios.
46. El cuestionamiento de la recurrente se centró en reprochar la valoración
probatoria y el razonamiento adoptado por ambas instancias, aspecto que
demuestra la falta de técnica del recurso porque corresponde a un debate
del proceso ordinario. Incluso, replica argumentos expuestos en el proceso
ordinario, estrategia de defensa que revela la intención clara de convertir el
recurso extraordinario de revisión en una tercera instancia. No obstante, se
recuerda que la impugnación extraordinaria no es un medio de defensa que
sirva para corregir las falencias argumentativas y/o probatorias de las partes.
47. La Sala encuentra que el recurrente realizó una revaloración de las
pruebas testimoniales, cuestionó el razonamiento de los jueces de ambas
instancias y propuso la forma en que debía interpretarse el acervo
probatorio, aspectos que exceden la naturaleza extraordinaria del recurso
de revisión. Por lo tanto, se declarará infundada la impugnación
extraordinaria.
2.4 Costas
48. De conformidad con los artículos 188 del CPACA21 y 365 del CGP, la Sala
condenará en costas a la parte recurrente vencida y fijará por agencias en
derecho la suma de 6 salarios mínimos legales mensuales vigentes en favor
de cada una de las entidades demandadas, teniendo en cuenta que
nombraron apoderados dentro del proceso de revisión y contestaron la
impugnación extraordinaria22.
3. DECISIÓN
49. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión contra
la Sentencia de 23 de junio de 2016, proferida por la Sala Cuarta de Oralidad
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 30 de
noviembre de 2023, Radicado 61679.
21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 11 de
octubre de 2021, Radicado 63217. “(…) los recurrentes [deberán] ser condenados en costas no con fundamento
en el artículo 255 del CPACA sino con apoyo en el artículo 188 de la misma codificación toda vez que para la
fecha de presentación del recurso -lo cual se hace a través de una nueva demanda- no había sido expedida la
Ley 2080 de 2021 que expresamente estableció que la sentencia que lo declare infundado condenará en costas
y perjuicios al recurrente”.
22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 11 de
octubre de 2021, Radicado 49814.
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Radicación número: 05001-33-33-028-2013-00367-01 (59540))
Demandante: Gladys Yaneth Castillo Cabrera
Demandado: Nación – Rama Judicial y otro
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Decisión: Declara infundado el recurso
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del Tribunal Administrativo de Antioquia, dentro del proceso de reparación
directa.
SEGUNDA: CONDENAR EN COSTAS a la parte recurrente, que deberán ser
liquidadas por Secretaría, con la inclusión de las agencias en derecho por
la suma de 6 salarios mínimos legales mensuales vigentes en favor de cada
una de las entidades demandadas.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
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