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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05088-31-10-002-2024-00315-01

Fecha
20 de septiembre de 2024
Consejero ponente
Stella Jeannette Carvajal Basto

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05088-31-10-002-2024-00315-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE: Primero.- CONFÍRMASE la sentencia de 27 de junio de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío, por las razones aquí expuestas. Segundo.-

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 05088-31-10-002-2024-00315-01

Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto

20 de septiembre de 2024

Radicación: 05088-31-10-002-2024-00315-01
Demandante: Jorge Albeiro Mejía Fajardo

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

Consejera Ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., veinte (20) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 05088-31-10-002-2024-00315-01
Demandante: JORGE ALBEIRO MEJÍA FAJARDO
Demandado: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -
COLPENSIONES

Temas: Tutela contra la Administradora Colombiana de Pensiones -
Colpensiones. Acción de tutela para la protección de los derechos
fundamentales al debido proceso, seguridad social, mínimo vital y
legalidad. Incumplimiento del requisito general de subsidiariedad

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación
presentada por el señor Jorge Albeiro Mejía Fajardo, a través de apoderado
judicial, contra la sentencia de 27 de junio de 2024 proferida por la Sala Segunda
de Decisión del Tribunal Administrativo del Quindío, mediante la cual declaró
improcedente la acción de tutela por incumplimiento del requisito de
subsidiariedad.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

El accionante indicó que laboró para el Instituto Nacional, Penitenciario y
Carcelario -INPEC- en el cargo de dragoneante del Cuerpo de Custodia y
Vigilancia Penitenciaria Nacional, desde el 18 de diciembre de 1992 hasta el 31 de
enero del 2016.

Asimismo, sostuvo que la Administradora Colombiana de Pensiones1 –
Colpensiones - reconoció y ordenó el pago de su mesada pensional a partir del 1
febrero de 2016 por un valor de $1.333.640, monto que se ha ido incrementando
conforme al IPC y que para el presente año equivale a $2.085.852.

Aseguró que Colpensiones, al expedir las resoluciones de reconocimiento y
liquidación de su pensión, consignó que dicha mesada debía ser liquidada con un

1
En adelante Colpensiones. 1

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Radicación:05088-31-10-002-2024-00315-01
Demandante: Jorge Albeiro Mejía Fajardo

porcentaje equivalente al 75% de los salarios que devengó en los últimos diez
años de servicios, dando aplicación al artículo 21 de la Ley 100 de 1993.

Adujo que al considerar que el monto de su mesada pensional no se ajustaba a
derecho, el 1 de agosto de 2018 presentó demanda en el ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho contra Colpensiones, con el fin
de obtener la nulidad de las Resoluciones GNR265981 de 23 de julio de 2014,
321110 de 9 de octubre de 2015, VPB 24684 de 9 de junio de 2016, SUB 210045
de 27 de septiembre de 2017 y DIR 8425 de 2 de mayo de 2018, a través de las
cuales la accionada reconoció y reliquidó su pensión de jubilación. Como
consecuencia de ello, solicitó su reliquidación con el 75% de los salarios que
devengó en el último año de servicios.

Expuso que, en primera instancia, el proceso correspondió al Juzgado Primero
Administrativo del Circuito Judicial de Armenia, despacho que en sentencia de 8
de noviembre de 2021 accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda,
declaró la nulidad de las resoluciones referenciadas en el párrafo precedente y
ordenó a Colpensiones reconocer y pagar al demandante la pensión de jubilación
con la inclusión de los factores salariales relacionados en el artículo 45 del
Decreto 1045 de 1978 desde el 1 de febrero de 2016.

Afirmó que la anterior decisión fue objeto de recurso de apelación por ambas
partes y que el Tribunal Administrativo del Quindío en sentencia de 4 de agosto de
2022, revocó el numeral segundo del fallo apelado, en el sentido de ordenar la
liquidación de la pensión del demandante con el 75% de los salarios devengados
en último año de servicios con la inclusión de los factores salariales enlistados en
el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978 que fueron objeto de aportes al sistema de
seguridad social en pensiones.

Así las cosas, expuso que solicitó la aclaración de la sentencia con el fin de que se
indicara si los factores salariales denominados sobresueldo, auxilio de transporte,
subsidio de alimentación, prima de servicios, prima de vacaciones y sueldo de
vacaciones, debían incluirse o no para efectos de reliquidar su pensión. También
pidió que se adicionara la decisión, con el fin de ordenar la inclusión de todos los
factores salariales que devengó y sobre los cuales realizó aportes a pensión
enlistados en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, tales como la asignación
básica mensual y la bonificación por servicios prestados, adicionando los factores
de sobresueldo, auxilio de transporte, subsidio de alimentación, prima de servicios,
prima de vacaciones y prima de navidad.

Aseveró que el Tribunal Administrativo del Quindío mediante auto del 19 de agosto
de 2022 negó la solicitud de aclaración y/o adición de la sentencia de 4 de agosto
de 2022, al considerar que la orden de reliquidación establecida en el fallo se hizo
con claridad, pues se estipuló que debía realizarse con una “una cuantía
equivalente al 75% del promedio de lo devengado en el periodo comprendido
entre el 1 de febrero de 2015 al 1 de febrero de 2016 teniendo en cuenta como
factores salariales la asignación básica mensual y bonificación o remuneración por
servicios prestados”, de conformidad con la hoja de servicios aportada como
prueba documental al proceso.

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Demandante: Jorge Albeiro Mejía Fajardo

En lo referente a los factores salariales referenciados en el Decreto 1045 de 1978,
señaló que el Tribunal manifestó que en la providencia de segunda instancia
quedó claro que deben tenerse en cuenta los factores salariales allí enlistados,
sobre los cuales hubiese cotizado para efectos pensionales.

En ese orden de ideas, narró que el 24 de octubre de 2022 presentó ante
Colpensiones la respectiva cuenta de cobro para obtener el pago de la sentencia
del 4 de agosto de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío.

Afirmó que, frente al anterior requerimiento, la entidad dio cumplimiento al fallo
judicial a través de la Resolución SUB 140484 de 7 mayo de 2024. No obstante,
disminuyó el monto de la mesada pensional, por cuanto ordenó que se cancelara
en cuantía equivalente a $1.300.000, valor que resultó inferior al que ya se le
había reconocido vía administrativa en el año 2016.

Como consecuencia de todo lo expuesto, el 27 de mayo de 2024 el señor Jorge
Albeiro Mejía Fajardo radicó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho, a través de la cual solicitó la nulidad de la
Resolución SUB 140484 de 7 mayo de 2024 y requirió como medida cautelar la
suspensión de sus efectos.

2. Fundamentos de la acción

El accionante presentó acción de tutela como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del Decreto
2591 de 1991, con el fin de que se protejan sus derechos fundamentales al debido
proceso, seguridad social, mínimo vital y dignidad humana, así como el principio
de legalidad, los cuales considera vulnerados por Colpensiones con ocasión de la
expedición de la Resolución SUB 140484 de 7 mayo de 2024, a través de la cual
disminuyó la mesada pensional que ya le había reconocido vía administrativa, con
fundamento en el cumplimiento del fallo de 4 de agosto de 2022 proferido por el
Tribunal Administrativo del Quindío, situación que no le permite “realizar el
mercado que necesita para subsistir”.

En primer lugar, consideró que Colpensiones incurrió en un error al momento de
liquidar su pensión, por cuanto no tuvo en cuenta las pruebas obrantes en el
proceso, tales como la certificación de salario mes a mes para liquidar pensiones
del régimen de prima media, en la que se registran los valores por factores
salariales que se ordenaron liquidar en la mesada pensional y en el que el valor
asignado a la asignación básica, se encuentra comprendido por los demás
factores que fueron objeto de aportes al sistema de seguridad social y que no se
encuentran incluidos en el Decreto 1158 de 1994.

Así las cosas, afirmó que la liquidación de la pensión contenida en la Resolución
SUB 140484 de 7 mayo de 2024, se fundamentó en la certificación electrónica de
tiempos laborales -CETIL-, documento que no fue valorado por el Tribunal
Administrativo del Quindío, teniendo en cuenta que no se encontraba dentro del
material probatorio obrante en el expediente.

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Demandante: Jorge Albeiro Mejía Fajardo

En ese orden de ideas, explicó que es diferente al formato 3(B) Certificado de
salario mes a mes para liquidar la pensión del régimen de prima media, en el que
al valor del factor salarial asignación básica, se le suman los valores salariales que
fueron objeto de aportes a pensión, mientras que en el certificado CETIL, se
encuentran discriminados cada uno de los valores, por lo que, la asignación básica
es mucho menor que en el certificado de formato 3(B).

3. Pretensiones

En el escrito de tutela se formulan las siguientes:

“Primera: Tutelar los derechos fundamentales A LA SEGURIDAD SOCIAL,
MÍNIMO VITAL, DIGNIDAD, LEGALIDAD y DEBIDO PROCESO del señor
Jorge Albeiro Mejía Fajardo, los cuales le están siendo vulnerados por
Colpensiones, quien, apartándose de una decisión judicial, ordenó disminuir el
monto de la mesada pensional que venía percibiendo el accionante.

Segunda: Ordenar a Colpensiones, continuar cancelado el valor de la mesada
pensional que le viene cancelando al accionante, hasta que el Juzgado 3°
Administrativo Oral del Circuito de Armenia emita una decisión de fondo en el
proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho dentro del radicado N°
63001 33 33 003 2024 00085 00, en el cual se solicitó la declaratoria de nulidad
del acto administrativo antes citado”.

4. Pruebas relevantes

Mediante correo electrónico de 27 de mayo de 2024, el Juzgado Tercero
Administrativo del Circuito Judicial de Armenia remitió el vínculo para ingresar al
proceso de primera y segunda instancia del expediente digital No. 63001-33-33-
001-2018-00258-00, correspondiente al medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho que adelantó el señor Jorge Albeiro Mejía Fajardo
contra Colpensiones y el expediente administrativo de Colpensiones.

5. Trámite procesal

Por auto del 18 de junio 2024, el Tribunal Administrativo del Quindío dispuso la
admisión de la acción de tutela y ordenó notificar el contenido de esa providencia
a la parte accionante, a la Administradora Colombiana de Pensiones –
Colpensiones, como accionada, y vinculó al Juzgado Tercero Administrativo del
Circuito Judicial de Armenia, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado
y al agente del Ministerio Público delegado ante la corporación, como terceros con
interés en el resultado del proceso.

La Secretaría General del Tribunal Administrativo del Quindío libró las
notificaciones N.º 4436, con el fin de poner en conocimiento de las partes y
terceros con interés la precitada providencia2.

2
Las partes y terceros con interés fueron notificadas a las siguientes direcciones de correo electrónico:
j03admctoarm@cendoj.ramajudicial.gov.co; mefajoral@gmail.com; juanfelipevallejo@gamil.com,
eli.quinceno1@gmail.com; imerfernandez@procuraduria.gov.co;
notificacionesjudiciales@colpensiones.gov.co; notificacionesjudiciales@defensjuridica.gov.co.

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Demandante: Jorge Albeiro Mejía Fajardo

6. Oposición

6.1. Respuesta del Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de
Armenia

La titular del despacho rindió informe en el que solicitó rechazar por improcedente
la acción de tutela por incumplimiento del requisito de subsidiariedad o, en su
defecto, denegar las pretensiones de la demanda, por cuanto no ha vulnerado los
derechos fundamentales invocados en protección por el señor Jorge Albeiro Mejía
Fajardo.

Inicialmente, informó que es cierto que el accionante el 27 de mayo de 2024 radicó
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, la cual le correspondió por
reparto para su conocimiento. En esa medida, admitió la demanda el 18 de junio
de 2024 y corrió traslado de la medida cautelar en esa misma fecha, por lo que
solo han transcurrido 24 días desde su presentación.

En lo que tiene que ver con las pretensiones formuladas en la presente acción de
tutela, encaminadas a que se deje sin efecto el acto administrativo que resolvió
disminuir el valor de su pensión, sostuvo que se tornan improcedentes, teniendo
en cuenta que este mecanismo constitucional es subsidiario y existe un medio de
defensa que resulta eficaz y el demandante no demostró la existencia de un
perjuicio irremediable que permitiera utilizar la acción de tutela como mecanismo
transitorio.

Lo anterior, por cuanto el señor Mejía Fajardo se encuentra pensionado, el pago
de su mesada pensional no se ha suspendido, no es sujeto de especial protección
-tiene 54 años-, no indicó ni demostró que padezca alguna enfermedad, por lo que
son los jueces naturales los que deben determinar la legalidad del acto
administrativo a través del cual se le disminuyó su pensión.

Finalmente, solicitó que se declare su falta de legitimación en la causa por pasiva,
en la medida que ha dado el trámite correspondiente al proceso ordinario que
actualmente tiene a su cargo con la mayor celeridad y respetando las garantías
constitucionales y legales de acuerdo con la agenda del despacho, ya que desde
la radicación de la demanda y la admisión de la misma no han transcurrido más de
24 días, siendo consciente de la premura del accionante al instaurar la acción de
tutela, así como que se trata de una actuación reglada que está sometida a la ley y
deben agotarse las etapas procesales y garantizar el derecho de contradicción de
las partes.

6.2. Respuesta de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado

El jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado, manifestó que de conformidad con el Decreto Ley 4085 de 2011, la
entidad se encuentra limitada a intervenir en aquellos casos en los que se
involucren intereses litigiosos de la Nación y no tiene la función de participar en
todos los procesos que le sean notificados.

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Demandante: Jorge Albeiro Mejía Fajardo

Asimismo, manifestó que de los hechos relatados en el escrito de tutela no existe
alguna acción u omisión que le pueda ser atribuible, más cuando no tiene ningún
tipo de potestad para revisar o modificar el acto administrativo expedido por
Colpensiones. En ese orden de ideas, solicitó ser desvinculada del proceso por
falta de legitimación en la causa por pasiva.

6.3. La Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, si bien
allegó copia de la Resolución SUB 140484 de 7 de mayo de 2024 a través de la
cual reliquidó la pensión del accionante, guardó silencio frente a las pretensiones
de la tutela.

7. Sentencia de tutela impugnada

El Tribunal Administrativo del Quindío en fallo de 27 de junio de 2024, declaró
improcedente la solicitud de amparo por incumplimiento del requisito de
subsidiariedad.

Al respecto, indicó que en el caso objeto de estudio existen otros mecanismos
ordinarios para obtener lo pretendido en la presente acción de tutela, como lo es el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, para obtener la
nulidad de la Resolución SUB 140484 de 7 de mayo de 2024 y cuenta con la
solicitud de medida cautelar ordinaria como medio idóneo.

En ese orden de ideas, sostuvo que actualmente ya se encuentra en trámite en el
Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Armenia la demanda que
radicó el accionante contra Colpensiones (rad. 2024-00085-00). Agregó que el 18
de junio de 2024 se profirió el auto admisorio y se corrió traslado a la contraparte
para poder resolver la medida cautelar de suspensión de los efectos jurídicos del
acto administrativo demandado.

Por último, manifestó que no se demostró alguna circunstancia que pueda
evidenciar que la vía judicial ordinaria no es idónea o eficaz ni la existencia de un
perjuicio irremediable, por cuanto el accionante tiene 54 años de edad, no acreditó
ninguna condición especial que lo haga sujeto de especial protección ni que
padezca alguna afectación en su salud o su mínimo vital.

8. Escrito de impugnación

Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, el
accionante impugnó el fallo de primera instancia y solicitó que se revocara, en
tanto, indicó, contrario a lo allí señalado, sí acreditó la existencia de un perjuicio
irremediable, por cuanto Colpensiones el 30 de junio de 2024 desmejoró el monto
de su mesada pensional que pasó de una cuantía equivalente a $2.085.851 al
monto de $1.300.000.

En ese orden de ideas, aseguró que radicó la acción de tutela como un
mecanismo transitorio con el fin de evitar que se hiciera efectiva la desmejora de
su mesada pensional, pues, la pensión de la que es beneficiario, es el único
ingreso que tiene para garantizar sus necesidades y subsistencia y se disminuyó

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Demandante: Jorge Albeiro Mejía Fajardo

en $785.851, monto que para un persona que recibía un suma de $2,085.851, el
dinero que ha dejado de percibir le imposibilita comprar el mercado, situación que
evidencia la existencia del perjuicio irremediable.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente
impugnación.

2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala determinar, en los términos de la impugnación, si debe
revocar la sentencia de 27 de junio de 2024, mediante la cual el Tribunal
Administrativo del Quindío declaró improcedente la solicitud de amparo por no
cumplir con el requisito de subsidiariedad, en tanto el acto administrativo a través
del cual se reliquidó la pensión del accionante puede ser cuestionado en nulidad y
restablecimiento del derecho y, en su lugar, si la autoridad accionada vulneró las
derechos fundamentales invocados por el actor al desconocer que presentó la
acción de tutela como mecanismo transitorio de protección para evitar un perjuicio
irremediable por la disminución de su mesada pensional.

3. Procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos

3.1. El artículo 86 de la Constitución Política establece que cuando el afectado
dispone de otro medio de defensa judicial, no podrá hacer uso del mecanismo
constitucional de la tutela, salvo que sea utilizado de manera transitoria con el fin
de evitar un perjuicio irremediable.

En efecto, la acción de tutela se caracteriza por su naturaleza excepcional y
subsidiaria, es decir, solo procede cuando el afectado no disponga de otro medio
de defensa judicial, salvo que éste no resulte eficaz para la protección de los
derechos fundamentales y sea necesario adoptar una medida transitoria para
evitar un perjuicio irremediable.

En tal sentido, el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991, que apunta al requisito de
la subsidiariedad previsto en la norma constitucional mencionada, dispone que la
eficacia del mecanismo ordinario de defensa judicial será evaluada por el juez de
tutela, atendiendo a las circunstancias en las que se encuentre el accionante.

En el ámbito del derecho administrativo en general y frente a los actos
administrativos en particular, de conformidad con lo precisado por la jurisprudencia
de la Corte Constitucional, “la acción de tutela es improcedente como mecanismo
principal para proteger derechos de rango constitucional o legal que resulten
amenazados o vulnerados con ocasión de la expedición de actos administrativos”,

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toda vez que para controvertir su legalidad, el legislador estableció diferentes
medios de control en la jurisdicción contencioso administrativa, que se presumen
idóneos para restablecer el derecho conculcado.

No obstante, la Corte ha admitido que en los casos en que se acredite un perjuicio
irremediable, la tutela se torna procedente como mecanismo transitorio de amparo
y, en consecuencia, habilita al juez constitucional para suspender la aplicación del
acto administrativo u ordenar que el mismo no se ejecute, mientras se surte el
respectivo proceso.

3.2. En el caso de las acciones de tutela interpuestas contra actos administrativos,
la Corte Constitucional ha considerado que los actos administrativos de carácter
particular y concreto “pueden ser controvertidos con otros mecanismos, tanto
administrativos como judiciales, para conseguir la protección de los derechos
fundamentales, principalmente al debido proceso”3.

Por consiguiente, esa corporación judicial ha resaltado que, “conforme al carácter
residual de la tutela, no es, en principio, este mecanismo el medio adecuado para
controvertir las actuaciones administrativas”4. Esto, en atención a “i) los
mecanismos judiciales ordinarios para controvertir las actuaciones de la
administración establecidos en el ordenamiento jurídico; ii) la presunción de
legalidad que las reviste; y, iii) la posibilidad de que, a través de las medidas
cautelares, se adopten remedios idóneos y eficaces de protección de los derechos
en ejercicio de los mecanismos ordinarios”5.

Así las cosas, “la vía gubernativa o la vía judicial ordinaria constituyen medios
idóneos para la defensa de los derechos fundamentales con ocasión de
procedimientos administrativos, no así la acción de tutela”6. En consecuencia,
“salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable, la acción de tutela resulta improcedente contra este tipo de actos”7.

4. Estudio y solución del caso concreto

4.1. El señor Jorge Albeiro Mejía Fajardo interpuso acción de tutela como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, contra la
Administradora Colombia de Pensiones - Colpensiones, al considerar que vulneró
sus derechos fundamentales al debido proceso, dignidad humana, seguridad
social y mínimo vital, así como el principio de legalidad, con la decisión adoptada
en la Resolución SUB 140484 de 7 de mayo de 2024, por medio de la cual
reliquidó su pensión de jubilación en cumplimiento de lo ordenado en el fallo de 4
de agosto de 2022, proferido por el Tribunal Administrativo del Quindío, en el
marco del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
No. 63001-33-33-001-2018-00258-00.

3 Sentencia T-264 de 2018.
4 Sentencia T-030 de 2015.
5 Sentencia T-146 de 2019.
6 Sentencia T-264 de 2018.
7 Ibidem.

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El Tribunal Administrativo del Quindío por medio de la sentencia de 27 de junio de
2024, declaró improcedente la acción de tutela, al considerar que para debatir la
legalidad de la Resolución SUB 140484 de 7 de mayo de 2024, el actor tiene a su
disposición el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto
en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, trámite judicial en el que puede solicitar
como medida cautelar la suspensión provisional, a lo que agregó que no acreditó
la existencia de un perjuicio irremediable.

La parte accionante presentó escrito de impugnación en el que solicitó al juez
constitucional que se revoque la decisión de primera instancia, al considerar que lo
que pretende a través de la presente acción de tutela, es un amparo transitorio en
la medida que ya hizo uso del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho y solicitó una medida cautelar para suspender los efectos del acto
administrativo cuestionado; sin embargo, la petición de suspensión no ha sido
resuelta.

Asimismo, insistió en señalar que sí demostró la existencia de un perjuicio
irremediable, en tanto su pensión disminuyó en $785.851, situación que “no le
permite realizar el mercado que necesita para subsistir”.

4.2. Descendiendo al asunto bajo examen, la Sala anticipa que confirmará la
decisión de primera instancia que declaró la improcedencia de la acción de tutela
porque en el caso bajo examen no se cumple con el requisito de subsidiariedad,
en tanto se acude a la acción constitucional con el propósito suspender los efectos
de la Resolución SUB 140484 del 7 de mayo de 2024, en la que Colpensiones
reliquidó su pensión de jubilación, para lo cual el accionante cuenta con otro medio
de defensa judicial que goza de idoneidad y eficacia del cual ya hizo uso como se
detalla a continuación.

4.3. El 27 de mayo de 2024, el señor Jorge Albeiro Mejía Fajardo radicó demanda
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, a
través de la cual solicitó la declaratoria de nulidad de la Resolución SUB 140484
del 7 mayo de 2024 y pidió como medida cautelar la suspensión de sus efectos.

En primera instancia, el proceso correspondió al Juzgado Tercero Administrativo
del Circuito Judicial de Armenia, que en providencia de 18 de junio de 2024
admitió la demanda y en proveído de esa misma fecha, corrió traslado de la
solicitud de medida cautelar de suspensión provisional por el término de cinco
días. A lo anterior, se agrega que de conformidad con el Sistema para la Gestión
Judicial SAMAI, el expediente pasó al despacho para resolver la medida cautelar
el 17 de julio de 20248.

4.4. En ese orden de ideas, se pone de presente que el actor formuló la acción de
tutela como mecanismo transitorio para evitar la configuración de un perjuicio
irremediable por la disminución del monto de su mesada pensional.

8
Índice 14.

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Así las cosas, como se indicó en las consideraciones jurídicas de esta decisión, el
artículo 86 superior dispone que la procedencia de la acción de tutela está
supeditada a que el interesado no disponga de otro medio de defensa judicial, lo
que supone su existencia en abstracto, o que el mismo se haya puesto en marcha,
lo que solo se puede omitir por el juez constitucional ante la existencia de un
perjuicio irremediable, caso en el cual el amparo constitucional se utilizaría como
mecanismo transitorio.

La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que la acción de tutela no
procede de manera directa cuando el asunto está en trámite, toda vez que se
cuenta con la posibilidad de agotar los medios de defensa judicial previstos en el
ordenamiento. En la sentencia T-103 de 2014, dicha Corporación sostuvo que el
requisito de subsidiariedad cuando se objetan decisiones judiciales se puede
presentar en dos escenarios i) cuando el proceso ha concluido, o ii) cuando se
encuentra en curso, escenario en el que “la intervención del juez constitucional
está vedada en principio, toda vez que la acción de tutela no constituye un
mecanismo alternativo o paralelo para resolver problemas jurídicos que deben ser
9
resueltos al interior del trámite ordinario” .

Precisado lo anterior, la Sala confirmará el fallo de primera instancia que declaró la
improcedencia de la acción de tutela formulada por la parte actora, porque no se
cumple el requisito de la subsidiariedad, en tanto se presentó cuando existe otro
medio de defensa judicial que se encuentra en trámite. No sobra recordar que este
mecanismo de protección constitucional tiene una naturaleza residual, por lo que
no puede erigirse de manera simultánea a los medios previstos en el
ordenamiento jurídico, es decir que, por regla general, no se puede acudir a él
cuando se encuentre en curso otro medio de defensa.
10
No obstante lo anterior, conforme con la jurisprudencia constitucional , “si bien
por regla general la tutela es improcedente para cuestionar decisiones judiciales
cuando el trámite procesal se encuentra en curso o cuando no se han agotado
todos los medios de defensa judicial definidos por el legislador, lo cierto es que en
aquellos casos en los cuales el actor logre demostrar que el amparo lo intenta
para evitar la consumación de un perjuicio irremediable o que tales medios de
defensa no son idóneos ni eficaces para superar la amenaza a los derechos
fundamentales, es posible habilitar excepcionalmente la procedencia de la acción
de tutela, realizando el juez constitucional una evaluación fáctica del asunto
puesto a su consideración”.

Bajo ese contexto, la Sala no encuentra razones válidas para habilitar la
procedencia de este mecanismo de protección constitucional de naturaleza
residual y subsidiaria, pues ello sería desconocer que el ordenamiento jurídico ha
previsto un medio de defensa judicial con la aptitud suficiente para ventilar estas
controversias de naturaleza estrictamente legal. Adicionalmente, se evidencia que
no se está ante la ocurrencia de un perjuicio irremediable, ya que no se observan
circunstancias particulares que ameriten la intervención del juez constitucional,

9
Sentencia de 2 de marzo de 2023, exp. 2023-00138-00, M.P. Wilson Ramos Girón.
10
Corte Constitucional, sentencia T-016 de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.

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Radicación:05088-31-10-002-2024-00315-01
Demandante: Jorge Albeiro Mejía Fajardo

pues si bien el accionante afirma que su mesada pensional se disminuyó en
cumplimiento de una orden judicial que lo favorecía, no probó la afectación de su
derecho al mínimo vital, por cuanto en la actualidad recibe el pago de su pensión y
el cálculo del valor que debe recibir, únicamente lo puede evaluar el juez natural
de la causa.

En ese sentido, si bien el accionante pretende un amparo transitorio, lo cierto es,
que el medio para cuestionar la legalidad Resolución SUB 140484 del 7 mayo de
2024, es el de nulidad y restablecimiento del derecho de conformidad con lo
establecido en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 y sumado a ello, debe
resaltarse que al acudir a la jurisdicción contencioso administrativa el accionante
puede reclamar la adopción de medidas cautelares en virtud del artículo 229 y
siguientes de la Ley 1437 de 2011, como ya lo hizo, de allí que sea el medio
idóneo para solicitar la cautela que pretende ante el juez constitucional.

Así las cosas, se observa que el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho es la vía judicial idónea y eficaz, pues como se indicó en precedencia
no está demostrada la ocurrencia de un perjuicio irremediable, por lo que tampoco
resulta procedente utilizar la acción de tutela como mecanismo transitorio, siendo
en el marco del proceso ordinario en donde se deberá discutir lo que se propone
en esta sede constitucional.

En ese orden de ideas, la Sala resalta que en el trámite que inicialmente surtió el
Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Armenia dentro del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho fue eficaz, en la medida que
profirió el auto admisorio el 18 de junio de 2024.

Por las razones expuestas, la Sala confirmará la sentencia de 27 de junio de 2024,
proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío que declaró la improcedencia
de la solicitud de amparo constitucional, porque no se demostró la existencia de
un perjuicio irremediable que habilite al juez constitucional para conceder un
amparo de naturaleza transitoria.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

RESUELVE:

Primero.- CONFÍRMASE la sentencia de 27 de junio de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo del Quindío, por las razones aquí expuestas.

Segundo.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

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Demandante: Jorge Albeiro Mejía Fajardo

Tercero.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de
Estado.

Cuarto.- REMÍTASE el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que
surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución
Política.

Notifíquese y cúmplase.

Esta sentencia fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN

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