Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 08001-23-31-000-1998-01178-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 08001-23-31-000-1998-01178-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 08001-23-31-000-1998-01178-01
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
27 de septiembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá, D.C., veintisiete (27) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)
Expediente: 080012331000199801178 01 (56.117)
Demandante: FONDO DISTRITAL DE VIVIENDA DE INTERÉS
SOCIAL Y REFORMA URBANA DE
BARRANQUILLA – FONVISOCIAL
Demandado: MUNICIPIO DE SOLEDAD
Acción: ACCIÓN CONTRACTUAL
Asunto: GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA
TEMAS: ARRAS – pueden asumir diferente naturaleza dependiendo de la voluntad de las partes – las
arras confirmatorias penales operan como una cláusula penal y, en consecuencia, siguen las normas
sobre la materia del Código Civil / CLÁUSULA PENAL – se rige por la autonomía de la voluntad y
cumple múltiples funciones – de conformidad con el artículo 1600 del Código Civil no se pueden
acumular la pena y la indemnización de perjuicios, salvo pacto en contrario.
Surtido el trámite de ley sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo actuado,
la Sala procede a resolver el grado jurisdiccional de consulta de la sentencia proferida
por el Tribunal Administrativo del Atlántico en el proceso de la referencia.
La controversia versa sobre el incumplimiento y consecuente resolución de un
contrato de promesa de compraventa suscrito entre entidades públicas.
I. LA SENTENCIA CONSULTADA
1. El 01 de diciembre de 2004 el Tribunal Administrativo del Atlántico profirió la
siguiente decisión:
“PRIMERO. Declarar la rescisión de la promesa de compraventa suscrita entre
el Municipio de Soledad y FONVISOCIAL, de acuerdo con los postulados
expuestos en este proveído.
SEGUNDO. Declarar la pérdida del dinero pagado por el Municipio de Soledad a
FONVISOCIAL, al momento de la rúbrica del contrato.
TERCERO. Condenar al Municipio de Soledad a pagar a favor de FONVISOCIAL
la suma de DOS MIL MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO
MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA PESOS M/CTE (2’445.941.250,oo), por concepto de cláusula penal
liquidada conforme a la fórmula consignada en la parte motiva de esta
providencia.
CUARTO. Negar las súplicas de la demanda.
QUINTO. Comuníquese esta sentencia al Promotor del Acuerdo de
Reestructuración Económica del Municipio de Soledad, Doctor LUIS
LEGUIZAMÓN C.
Radicación: 080012331000199801178 01 (56.117)
Actor: FONVISOCIAL
Demandado: MUNICIPIO DE SOLEDAD
Acción: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Referencia: GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA
SEXTO. Sin costas”1.
2. El anterior proveído resolvió la demanda presentada2 por el Fondo Distrital de
Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana de Barranquilla3 (en adelante, el
demandante o FONVISOCIAL) en contra del municipio de Soledad, Atlántico (en
adelante, el demandado o el Municipio), cuyas pretensiones, hechos principales y
fundamentos de derecho son los siguientes:
Pretensiones
3. El demandante solicitó que se hagan las siguientes declaraciones y condenas:
“1. Decretar la RESOLUCIÓN del contrato de promesa de compra – venta
reseñado en el hecho cuarto, por incumplimiento del Municipio de Soledad.
2. Ordenar que el Municipio de Soledad le restituya a FONVISOCIAL el inmueble
objeto de la compra – venta en las mismas condiciones materiales en que le fue
entregado.
3. Condenar al Municipio de Soledad y a favor de FONVISOCIAL a:
3.1. La pérdida de la suma de CIEN MILLONES DE PESOS M/L ($100.000.000)
pagados a FONVISOCIAL.
3.2. Pagar intereses moratorios a razón del tres por ciento (3%) mensual
computados sobre el valor total del inmueble al cual se hace referencia en el
hecho tercero (SETECIENTOS QUINCE MILLONES CIENTO OCHENTA Y
SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/L ($715.187.500) causados y/o que lleguen
a causarse desde el doce (12) de julio de mil novecientos noventa y seis (1996)
y hasta la fecha en que el Municipio de Soledad le restituya a FONVISOCIAL el
antecitado inmueble en el mismo estado en que le fue entregado.
4. Condenar en costas al Municipio de Soledad”4.
Hechos
4. En apoyo de sus pretensiones, el demandante relató los siguientes hechos:
1
La totalidad del expediente digital se encuentra en el índice 043 de Samai. No obstante, la documentación no
está en orden debido a que el expediente fue objeto de un trámite de reconstrucción, así que no concuerda con
la foliatura de los cuadernos originales. En consecuencia, los documentos se identifican haciendo referencia a las
carpetas y páginas del archivo digital. La cita puntual se ubica en: Carpeta “RESPUESTA DIRLIQUIDACIONES”,
Archivo No. 2, págs. 205-215.
2
La demanda se presentó el 24 de junio de 1998 (Carpeta “RESPUESTA DIRLIQUIDACIONES”, Archivo No. 2,
pág. 112).
3
El Decreto 0264 de 2004, proferido por la Alcaldía Distrital de Barranquilla, ordenó la liquidación del Fondo
Distrital de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana de Barranquilla. Por lo anterior, la Superintendencia
Distrital de Liquidaciones, mediante la Resolución 007 del 09 de agosto de 2004, ordenó la toma de posesión y
apertura del proceso de disolución y liquidación, fecha a partir de la cual dicha Superintendencia asumió la
representación legal del Fondo. Posteriormente, mediante el Decreto 0182 de 2005, la Alcaldía Distrital de
Barranquilla ordenó el cambio de nombre de la mencionada Superintendencia por el de Dirección Distrital de
Liquidaciones. La Dirección Distrital de Liquidaciones, por medio de la Resolución 032 de 2010, declaró la
terminación del proceso liquidatario del Fondo. En consecuencia, mediante la Resolución 033 de 2010, dicha
Dirección asumió la administración de las situaciones jurídicas no definidas del Fondo Distrital de Vivienda de
Interés Social y Reforma Urbana de Barranquilla, entre las que se encontraban los procesos judiciales en curso,
como el de la referencia. Así las cosas, se verificó una sucesión procesal de conformidad con el artículo 60 del
Código de Procedimiento Civil.
4
Carpeta “RESPUESTA DIRLIQUIDACIONES”, Archivo No. 2, pág. 108.
2
Radicación: 080012331000199801178 01 (56.117)
Actor: FONVISOCIAL
Demandado: MUNICIPIO DE SOLEDAD
Acción: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Referencia: GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA
5. El 12 de abril de 1996 FONVISOCIAL y el Municipio suscribieron un contrato de
promesa de compraventa del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria No.
040-243431 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Barranquilla. El
precio se pactó en $715’187.500 de conformidad con el avalúo administrativo
practicado el 9 de diciembre de 1996 por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi.
6. FONVISOCIAL le entregó el inmueble al Municipio sin ninguna construcción.
Posteriormente, el Instituto Departamental de Transporte y Tránsito del Atlántico, en
desarrollo de un convenio que suscribió con el Municipio en julio de 1996, construyó
un parque infantil didáctico.
7. El Municipio incumplió las siguientes obligaciones del contrato de promesa: (i)
se pactó el pago de $100’000.000 el 12 de abril de 1996, fecha de suscripción de la
promesa (cláusula segunda), el pago se hizo el 23 de julio de 1996; (ii) se debía
realizar la solicitud de avalúo administrativo a más tardar el 17 de abril de 1996
(cláusula segunda); lo hizo el 25 de noviembre de ese año; (iii) la Escritura Pública
de compraventa debía suscribirse a más tardar el 11 de julio de 1996 (cláusula
tercera); nunca se otorgó; y, (iv) se estipuló el pago de $615’187.500 el 11 de julio de
1996 (cláusula segunda) no se cumplió esta obligación.
8. El Municipio se constituyó en mora sin necesidad de requerimiento judicial,
porque en la cláusula cuarta de la promesa renunció a ello.
9. Según la cláusula cuarta del contrato la mora del Municipio generó los
siguientes efectos: (i) la pérdida de los $100’000.000 pagados a FONVISOCIAL y (ii)
la causación de intereses moratorios del 3% mensual, computados sobre el valor total
del Inmueble, desde el día que debió suscribirse la Escritura Pública.
Contestación de la demanda
10. El Municipio se opuso a las pretensiones de la demanda. Como fundamento
expresó las razones que se sintetizan a continuación:
11. El contrato de promesa no cumple con los requisitos legales de validez;
argumento que no desarrolló.
12. El demandante no presentó acta notarial de incumplimiento de la obligación de
suscribir la Escritura Pública.
13. La parte que incumplió el contrato de promesa fue el demandante. En
concordancia con la cláusula segunda de la promesa, el Municipio ofreció lotes a
FONVISOCIAL como parte de pago, pero aquél se rehusó a recibirlos.
14. El pago del Municipio estaba condicionado a trámites administrativos y fiscales;
por tanto, el retardo obedeció a razones de fuerza mayor que lo exoneran de
responsabilidad.
3
Radicación: 080012331000199801178 01 (56.117)
Actor: FONVISOCIAL
Demandado: MUNICIPIO DE SOLEDAD
Acción: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Referencia: GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA
Alegatos en primera instancia
15. Agotado el período probatorio5, se corrió traslado para alegar de conclusión. Las
partes y el Ministerio Público no se pronunciaron.
Los fundamentos de la sentencia de primera instancia
16. El Tribunal Administrativo del Atlántico resolvió las pretensiones de la demanda
en los términos expuestos al inicio de esta providencia. Como fundamento expresó:
17. El contrato objeto de análisis es de naturaleza estatal dada la calidad de las
partes. No obstante, por tratarse de un contrato de promesa cuya regulación reside
en las normas de derecho privado, particularmente en el Código Civil, es necesario
observar tal regulación para evaluar su conformidad legal. A la luz de esta normativa,
el negocio jurídico es válido porque cumplió con todos los requisitos del artículo 1611.
18. En la cláusula cuarta de la promesa se pactó que el contrato se rescindiría en
caso de que la Escritura Pública de compraventa no se suscribiera por culpa del
Municipio y se añadió que si ello ocurría el demandado perdería los $100’000.000
que debía pagar al momento de la celebración de la promesa.
19. El demandado incumplió el acuerdo de voluntades. Si bien ofreció unos lotes
como forma de pago del precio pactado, éstos no cumplían con las especificaciones
exigidas por el vendedor, por lo que procedía la rescisión del contrato y la pérdida del
Municipio de los $100’000.000 que pagó a FONVISOCIAL. No se ordenó la
devolución del inmueble en las mismas condiciones que fue entregado al demandado
por imposibilidad material de hacerlo, debido a que sobre el predio se construyó un
parque. Se aplicó la cláusula penal en los términos pactados.
5
Mediante auto del 26 de octubre de 1999 (Carpeta “RESPUESTA DIRLIQUIDACIONES”, Archivo No. 2, págs.
151 a 152) el Tribunal decretó como pruebas las documentales allegadas con la demanda (Carpeta “RESPUESTA
DIRLIQUIDACIONES”, Archivo No. 2, págs. 113 a 141) y con la contestación (Carpeta “RESPUESTA
DIRLIQUIDACIONES”, Archivo No. 2, págs. 144 y 150). Adicionalmente, ofició: (i) al Instituto Departamental de
Transporte y Tránsito del Atlántico para que remitiera el expediente del convenio administrativo suscrito entre
dicho Instituto y el municipio de Soledad –en julio de 1996– para la construcción de un parque infantil didáctico
en el Inmueble (Carpeta “RESPUESTA DIRLIQUIDACIONES”, Archivo No. 2, págs. 160 a 162); (ii) al alcalde de
Soledad para que remitiera el expediente del contrato de promesa de compraventa suscrito entre FONVISOCIAL
y el Municipio, incluyendo el avalúo practicado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), la carta
remisoria del avalúo y la licencia de construcción del parque didáctico (Carpeta “RESPUESTA
DIRLIQUIDACIONES”, Archivo No. 2, págs. 163 a 165); (iii) al señor Eduardo Salas Mejía, jefe de la División de
Avalúos del IGAC, para que remitiera el avalúo practicado al inmueble el 9 de diciembre de 1996 y la
correspondiente carta remisoria (Carpeta “RESPUESTA DIRLIQUIDACIONES”, Archivo No. 2, págs. 169 a 170);
y (iv) por petición del demandado, se ofició al director de FONVISOCIAL para que rindiera informe por escrito
sobre el precio y la modalidad de pago, así como para que aclarara por qué FONVISOCIAL no aceptó los lotes,
opción de pago pactada en la promesa (Carpeta “RESPUESTA DIRLIQUIDACIONES”, Archivo No. 2, págs. 166
a 168). Por otra parte, se decretaron los siguientes testimonios para que declararan lo que les constara sobre los
hechos relativos a la construcción del parque infantil didáctico en el inmueble: (i) Enoc Emilio Socarrás (no se
rindió porque el testigo no compareció), (ii) Francisco Alonso Ahumada (no se rindió porque el testigo no
compareció) y (iii) Helí Miranda Cabarcas (Carpeta “RESPUESTA DIRLIQUIDACIONES”, Archivo No. 2, págs.
181 a 184). Por último, se solicitó al IGAC comisionar dos peritos avaluadores en finca raíz para que rindieran
dictamen sobre el inmueble en tres aspectos: (i) identificarlo, (ii) verificar el estado y las construcciones edificadas
con posterioridad a la entrega por parte de FONVISOCIAL y (iii) constatar que el avalúo practicado por el IGAC
el 9 de diciembre de 1996 corresponda al inmueble objeto de la demanda (no se rindieron porque el IGAC no los
comisionó).
4
Radicación: 080012331000199801178 01 (56.117)
Actor: FONVISOCIAL
Demandado: MUNICIPIO DE SOLEDAD
Acción: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Referencia: GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA
20. El 19 de octubre de 20156 se ordenó tramitar el grado jurisdiccional de consulta.
Durante el traslado para alegar las partes guardaron silencio. El Ministerio Público
rindió concepto y solicitó que se confirmara el fallo. Indicó que el Municipio incumplió
sus obligaciones porque el primer pago fue extemporáneo, el segundo no lo realizó y
los lotes que ofreció como contraprestación por el predio no cumplieron las
especificaciones exigidas según lo pactado en la promesa, puesto que uno era un
relleno sanitario y los otros no eran de su propiedad, por lo cual había lugar a declarar
su responsabilidad contractual7.
II. CONSIDERACIONES
El grado jurisdiccional de consulta – objeto y alcance
21. La consulta es procedente en los términos del artículo 184 del Código
Contencioso Administrativo (“CCA”), toda vez que el 1 de diciembre de 2004 el
Tribunal Administrativo del Atlántico profirió una sentencia de primera instancia que
no fue apelada, en la que condenó al Municipio al pago de DOS MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA
Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS ($2.445’941.250). Este monto es
superior a los 300 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes de la época
($107.400.000)8, presupuesto que activa el grado jurisdiccional de consulta.
22. En los términos del referido artículo 184, la consulta se entiende interpuesta a
favor de las entidades públicas o del representado por curador ad litem que hubiere
sido condenado. Este mecanismo opera de manera oficiosa ante la falta de reparos
contra una decisión de primera instancia. Dado que no hay una apelación que limite
la competencia judicial, en sede de consulta el fallador tiene habilitación para revisar
todos los aspectos –sustanciales y procesales– que puedan comprometer la
legalidad de la condena9.
El objeto del proceso
23. Corresponde a la Sala determinar: (i) si el Municipio incumplió el contrato de
promesa de compraventa por: (a) pagar tardíamente el valor de $100’000.000; (b) no
solicitar en el tiempo debido el avalúo del inmueble; (c) no suscribir la Escritura
Pública de compraventa y (d) no pagar el total del precio. En caso afirmativo, deberá
6
La sentencia de primera instancia se notificó en marzo de 2005 y con fundamento en esa decisión se libró
mandamiento de pago el 29 de marzo de 2007. El 10 de septiembre de 2007 el Tribunal Administrativo del
Atlántico repuso la decisión por no estar ejecutoriado el fallo y, en consecuencia, revocó el mandamiento de pago
y rechazó la demanda ejecutiva. Posteriormente, se declaró la suspensión de ese proceso y en junio de 2012 fue
trasladado a la Subsección de Descongestión del Tribunal Administrativo del Atlántico, que lo archivó. En
septiembre de 2015 el apoderado de FONVISOCIAL solicitó el desarchivo del proceso para tramitar la consulta y
la reconstrucción del expediente, en tanto la versión remitida a la Subsección de Descongestión estaba
incompleta. Debido a que el expediente se descompletó 7 años después de notificado el fallo de primera instancia,
su fragmentación no afectó dicha providencia. El 19 de octubre de 2015 se desarchivó el expediente y se ordenó
surtir el grado de consulta ante el Consejo de Estado, sin resolver la solicitud de reconstrucción del expediente.
Mediante Auto del 24 de marzo de 2022 el Consejo de Estado dispuso devolver el expediente al mencionado
Tribunal para tramitar la solicitud pendiente de reconstrucción. Una vez surtida la reconstrucción, el expediente
fue devuelto al Consejo de Estado el 20 de junio de 2024.
7
Carpeta “Expediente”, Archivo T1, págs. 105 a 116.
8
Decreto 3770 de 2003.
9
Al respecto, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 20 de mayo de 2022, Exp.
55868. C.P. José R. Sáchica Méndez.
5
Radicación: 080012331000199801178 01 (56.117)
Actor: FONVISOCIAL
Demandado: MUNICIPIO DE SOLEDAD
Acción: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Referencia: GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA
establecer: (ii) si como consecuencia del incumplimiento es procedente declarar: (a)
la resolución del contrato; (b) la devolución del bien en el mismo estado que le fue
entregado al Municipio; (c) la pérdida de los $100’000.000 que entregó el Municipio
como parte del precio; y, (d) el pago de la cláusula penal.
24. Antes de abordar el estudio de los temas planteados, la Sala estima pertinente
hacer la siguiente precisión. En el parágrafo de la cláusula tercera del contrato de
promesa de compraventa las partes estipularon que, en caso de que la Escritura
Pública no se celebrara por culpa del Municipio, FONVIVIENDA quedaba habilitada
para “rescindir” el negocio jurídico; al formular las pretensiones de la demanda, se
solicitó la “resolución” del contrato, y con fundamento en los incumplimientos del
demandado, el Tribunal declaró su “rescisión”. Se ha entendido que la “rescisión” es
una herramienta o mecanismo tendiente a dejar sin efectos un acto jurídico que aplica
en los casos taxativamente dispuestos por la ley, los cuales hacen alusión a causas
generadas al momento de su celebración (nulidad relativa por vicios en el
consentimiento10, vicios redhibitorios en la venta11 y lesión enorme12). La "resolución”
se refiere a la disolución del vínculo jurídico por causas ocurridas con posterioridad a
ello, como el incumplimiento13. Como la pretensión de deshacer el contrato se funda
en las inobservancias en las que habría incurrido el Municipio, la Sala empleará el
término “resolución”, y con este significado, interpretará el parágrafo antes referido.
Análisis del caso
25. Empieza la Sala por señalar que, en atención al interés público que reviste la
contratación estatal, se ha discutido si en contratos celebrados entre el Estado y
particulares resulta o no procedente la aplicación del remedio resolutorio del artículo
1546 del Código Civil por incumplimientos atribuibles a las entidades públicas, en la
medida que ello podría suponer anteponer el interés particular al general, por lo que
se debate si en este tipo de casos solo es procedente pretender el cumplimiento con
la indemnización de perjuicios14.
26. Dado que en este caso el conflicto se traba entre dos entidades públicas, la Sala
considera que es posible plantear la pretensión de resolución. Las actuaciones de
ambas están guiadas por la prevalencia del interés general, de manera que no podría
concluirse que los intereses de una de ellas impongan mantener el contrato; de esta
manera, el mecanismo resolutorio está al servicio de esos intereses.
27. El artículo 1546 del Código Civil15 consagra la acción resolutoria por
incumplimiento. A través de este mecanismo el contratante cumplido o que se allanó
10
Artículo 1741, inciso 3, del Código Civil.
11
Artículo 1917 del Código Civil.
12
Artículo 1946 del Código Civil.
13
Artículo 1546 del Código Civil.
14
Al respecto se pueden consultar las siguientes providencias de la Sección Tercera del Consejo de Estado:
sentencia del 25 de febrero de 2009, Exp. 15797, M.P. Myriam Guerrero de Escobar, que admitió la pretensión
de resolución en contratos estatales celebrados con particulares; y sentencia del 10 de marzo de 2011, Exp.
16856, M.P. Stella Conto Díaz del Castillo, que la negó.
15
“Artículo 1546 del Código Civil. En los contratos bilaterales va envuelta la condición resolutoria en caso de no
cumplirse por uno de los contratantes lo pactado. Pero en tal caso podrá el otro contratante pedir a su arbitrio, o
la resolución o el cumplimiento del contrato con indemnización de perjuicios”.
6
Radicación: 080012331000199801178 01 (56.117)
Actor: FONVISOCIAL
Demandado: MUNICIPIO DE SOLEDAD
Acción: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Referencia: GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA
a cumplir puede solicitar al juez el cumplimiento o resolución de un contrato bilateral,
en ambos casos con indemnización de perjuicios frente al contratista incumplido.
28. El supuesto normativo que habilita a una parte para solicitar la resolución de un
contrato bilateral es haber cumplido o haberse allanado a cumplir sus obligaciones.
La condición de contratante que “cumplió o se allanó a cumplir” tiene diferente
connotación según si las partes tenían obligaciones que debían cumplirse en un
mismo momento (simultáneas) o si alguna debía cumplir sus prestaciones primero en
el tiempo (sucesivas), lo cual se deriva de la lectura concordante entre el referido
artículo 1546 del Código Civil y lo previsto en el artículo 1609 de esa misma
normativa16.
29. Cuando las obligaciones correlativas deben cumplirse de manera concomitante
o simultánea, la condición para que el actor esté legitimado para pretender la
resolución del contrato es demostrar que cumplió o se allanó a cumplir su programa
obligacional.
30. En cambio, cuando las obligaciones correlativas deben cumplirse de manera
sucesiva la condición que debe acreditar el actor para formular la pretensión de
resolución del contrato es haber cumplido todos sus compromisos anteriores a aquél
que incumplió la otra parte, pues puede suceder que la desatención de una obligación
posterior se explique en razón de una previamente no ejecutada por la otra parte, de
ahí que no podría concluirse su mora en la medida en que su obligación correlativa
no se habría hecho exigible en razón de la inobservancia de la anterior que la
justificaba. Por tanto, en este escenario quien demanda la resolución no estaría
obligado a demostrar su cumplimiento posterior ni que se hubiere allanado a
hacerlo17.
31. La interpretación y alcance del artículo 1546 adquiere especial importancia en
los eventos en los que ambas partes dejaron de ejecutar sus obligaciones, pero la
renuencia de una de ellas se fundamenta en el incumplimiento previo de la otra. Una
lectura estricta de ese supuesto normativo conduciría a que ninguna estaría
legitimada para solicitar la resolución, a pesar de que las circunstancias de la
16
La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia no es pacífica en cuanto a que el artículo 1546 del Código
Civil deba leerse en concordancia con lo establecido en el artículo 1609 de esa misma normativa. Existe otra
postura que señala que el alcance del artículo 1609 es únicamente respecto de la mora; sin embargo, precisa
que no existe en el ordenamiento jurídico una norma que establezca que en los contratos bilaterales las partes
pierden la acción resolutoria dejando de cumplir. Al margen de la posición que se adopte, la conclusión es la
misma: la acción resolutoria procede en la hipótesis en que el acreedor no haya cumplido ni se haya allanado a
cumplir debido a que se le incumplió previamente. Al respecto, se puede consultar: Corte Suprema de Justicia,
Sala de Casación Civil, sentencias del 6 de abril de 1976, Gaceta Judicial Tomo CLII n.° 2393, pág. 76 a 92, M.P.
Aurelio Camacho Rueda y 7 de diciembre de 1982, Gaceta judicial No. 2406, M.P. Jorge Salcedo Seguro.
17
“Por ende, como regla general y en tratándose de compromisos que deben ejecutar las partes simultáneamente,
es menester, para el buen suceso del reclamo del demandante, que este haya asumido una conducta acatadora
de sus débitos, porque de lo contario no podrá incoar la acción resolutoria prevista en el aludido precepto, en
concordancia con le excepción de contrato no cumplido (exceptio non adimpleti contractus) regulada en el canon
1609 de la misma obra, a cuyo tenor ninguno de los contratantes esta en mora dejando de cumplir lo pactado,
mientras el otro por su lado no cumpla o no se allane a cumplir en la forma y tiempo debidos.
Ahora, en el evento de que las obligaciones asumidas por ambos extremos no sean de ejecución simultánea, sino
sucesiva se ha precisado que, al tenor del artículo 1609 del Código Civil, quien primero incumple automáticamente
exime a su contrario de ejecutar la siguiente prestación, porque esta última carece de exigibilidad en tanto la
anterior no fue honrada”. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencias del 20 de abril de 2018,
Exp. SC1209-2018, M.P. Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo. En el mismo sentido, sentencia del 25 de agosto de
2021, Exp. SC3666-2021, M.P. Álvaro Fernando García Restrepo, entre otras.
7
Radicación: 080012331000199801178 01 (56.117)
Actor: FONVISOCIAL
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Acción: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Referencia: GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA
inejecución de una y otra sean distintas, lo que impone interpretar la norma a la luz
de la temporalidad de las obligaciones. Por simple lógica, es diferente cuando la
conducta contractual de una parte depende de su mera liberalidad a cuando está
influenciada –o incluso determinada– por el comportamiento previo de su
cocontratante.
32. Bajo este entendimiento, se ha admitido que en algunos supuestos en los que
el actor no cumplió ni se allanó a cumplir debido a que previamente la otra parte
incurrió en inobservancia de sus obligaciones, sigue legitimado para ejercer la acción
resolutoria18. La Corte Suprema de Justicia, al evaluar en casación la aplicación de
los artículos 1546 y 1609 del Código Civil particularmente respecto de un contrato de
promesa en el que se incumplió la obligación de suscribir la Escritura Pública,
expresó:
“En resumen, puede deprecar la resolución de un acuerdo de voluntades el
contratante cumplido, entendiéndose por tal aquel que ejecutó las obligaciones
que adquirió, así como el que no lo hizo justificado en la omisión previa de su
contendor respecto de una prestación que éste debía acatar de manera
preliminar; mientras que si de demandar la consumación del pacto se trata, sólo
podrá hacerlo el negociante puntual que desplegó todos los actos para satisfacer
sus débitos, con independencia de que el otro extremo del pacto haya atendido
o no sus compromisos, aun en el supuesto de que estos fueran anteriores” 19.
33. Cuando las partes tienen obligaciones simultáneas y ambas las desatienden, la
recíproca inobservancia es expresión del desinterés de continuar vinculados al
negocio jurídico, lo que conlleva –en los términos del primer inciso del artículo 1625
del Código Civil– a la extinción de sus efectos, situación que se conoce como mutuo
disenso tácito. No obstante, se ha admitido que el incumplimiento de obligaciones
concomitantes no necesariamente corresponde a la intención de desistir del acuerdo
de voluntades, por ejemplo, cuando a pesar de ello hay actos positivos (de una o
ambas partes) encaminados a realizar el negocio jurídico. Frente a este segundo
supuesto la Corte Suprema de Justicia ha señalado que existe un vacío normativo
que conduce a la aplicación analógica de la acción del artículo 1546 del Código Civil
para pretender la resolución del contrato, en la medida que no es posible dejar ligadas
indefinidamente a las partes a un negocio jurídico sin solución diferente al
cumplimiento (estancamiento contractual), con la advertencia de que en estos
eventos no es posible solicitar el reconocimiento de perjuicios debido a la mora
recíproca, en virtud de lo dispuesto en el artículo 1609 ibidem20.
18
Al respecto, la Corte Suprema de Justicia ha expresado: “El ejercicio de la acción resolutoria no se limita al
caso de que el demandante haya cumplido ya e intente, en virtud de la resolución, repetir lo pagado; se extiende
también a las hipótesis en que el actor no haya cumplido ni se allanó a cumplir porque a él ya se le incumplió y
por este motivo legítimamente no quiere continuar con el contrato. No es siempre necesario que el contratante
que demanda la resolución con indemnización de perjuicios haya cumplido o se allane a hacerlo. Puede negarse,
en los casos ya explicados, a cumplir si todavía no lo ha hecho y no está dispuesto a hacerlo porque el demandado
no le cumplió previa o simultáneamente.” (Sala de Casación Civil, sentencia del 29 de noviembre de 1978, Tomo
CLVIII n.° 2399, pág. 293 a 306, M.P. Ricardo Uribe Holguín).
19
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 20 de abril de 2018, Exp. SC1209-2018,
M.P. Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo.
20
En sentencia de unificación del 05 de julio de 2019, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia
manifestó: “42. En la hipótesis del incumplimiento recíproco de dichas convenciones, por ser esa una situación
no regulada expresamente por la ley, se impone hacer aplicación analógica del referido precepto [artículo 1546
CC] y de los demás que se ocupan de los casos de incumplimiento contractual, para, con tal base, deducir, que
está al alcance de cualquiera de los contratantes, solicitar la resolución o el cumplimiento forzado del respectivo
acuerdo de voluntades, pero sin que haya lugar a reclamar y, mucho menos, a reconocer, indemnización de
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34. Es importante tener en cuenta que no todo incumplimiento da cabida a la
resolución de un contrato. Únicamente los relevantes con entidad suficiente para
romper el vínculo habilitan al juzgador a ordenar la resolución del negocio jurídico. La
inobservancia de obligaciones esenciales por parte de un contratante –por lo
general– conlleva a la frustración del interés del otro, por lo que se entiende que se
trata de un incumplimiento resolutorio que, como tal, habilita al juzgador –a petición
del cumplido o el que se hubiere allanado a cumplir– a ordenar la resolución del
negocio jurídico, aspecto que será tenido en cuenta para resolver la pretensión de
resolución formulada por FONVISOCIAL.
35. En consonancia con lo dispuesto en el referido artículo 1546 del Código Civil,
en el contrato suscrito entre las partes se estableció que FONVISOCIAL (promitente
vendedor) tenía derecho a rescindir –léase resolver– el contrato de promesa si no se
suscribía la Escritura Pública de compraventa por “culpa” del Municipio21.
36. En este caso, FONVISOCIAL solicita que se declare la resolución del contrato.
Esta pretensión es admisible, en tanto considera estar frente a una situación
conflictiva, y para ello requiere su acreditación como contratante cumplido o que se
allanó a cumplir. Para el efecto, es pertinente revisar el programa obligacional y su
conducta contractual a la luz del material probatorio.
37. El 12 de abril de 1996 FONVISOCIAL (promitente vendedor) y el Municipio
(promitente comprador) suscribieron el contrato de promesa de compraventa del
inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 040-243431 de la Oficina de Registro
de Instrumentos Públicos de Barranquilla, ubicado en Soledad, Atlántico22. Las partes
se obligaron recíprocamente a suscribir la Escritura Pública de compraventa dentro
de los 90 días calendario siguientes a la firma de la promesa, es decir, a más tardar
el 11 de julio de 199623. El Municipio se obligó a pagar el precio en dos cuotas: (i)
$100’000.000 al momento de suscripción de la promesa y (ii) el saldo, que debía
determinarse por un avalúo que debía solicitar el Municipio dentro de los 5 días
calendario siguientes a la firma de ese acuerdo, en la fecha del otorgamiento de la
Escritura Pública24. Por su parte, FONVISOCIAL se obligó a hacer entrega material
perjuicios, quedando comprendida dentro de esta limitación el cobro de la cláusula penal, puesto que en tal
supuesto, de conformidad con el mandato del artículo 1609 del Código Civil, ninguna de las partes del negocio
jurídico se encuentra en mora y, por ende, ninguna es deudora de perjuicios, según las voces del artículo 1615
ibídem.” (SC1662-2019, M.P. Álvaro Fernando García Restrepo).
21
“(…) PARÁGRAFO: En el caso de que la Escritura pública de Compra-Venta, no se celebrare por culpa del
Promitente Comprador, el Promitente Vendedor podrá rescindir la presente promesa de compra-venta (…)”.
Carpeta “RESPUESTA DIRLIQUIDACIONES”, Archivo No. 2, pág. 128.
22
Carpeta “RESPUESTA DIRLIQUIDACIONES”, Archivo No. 2, págs. 127 a 128.
23
“CLÁUSULA TERCERA: ESCRITURA PÚBLICA Y ENTREGA. La Escritura Pública que solemniza el presente
Contrato se otorgará en la Notaría que corresponda por reparto dentro de los Noventa (90) días calendario
contados a partir de la suscripción de ésta, fecha en la cual el Promitente Comprador cancelará el saldo del precio
a su cargo. El Promitente Vendedor hará entrega material del lote desde el mismo momento en que se suscriba
esta promesa de compra-venta y se cancele por parte del Promitente Comprador la suma que se pactó en el
numeral a) de la Cláusula anterior.”
24
“CLÁUSULA SEGUNDA. PRECIO Y FORMA DE PAGO. Las partes acuerdan como precio del lote la suma
que resulte del avalúo que se practique de acuerdo a la ley, los cuales pagará el Promitente Comprador así: a)
Un abono por Cien millones de pesos m/l ($100.000.000) al momento de suscribir la presente Promesa de
Compraventa y b) El saldo o sea la suma que resulte de descontar lo abonado en el numeral a) del valor total del
lote materia de esta venta, los cuales cancelará en dinero y/o lotes de propiedad del Promitente Comprador a la
fecha en que se otorgue la Escritura Pública de Venta que perfecciona el presente contrato, la cual se señalará
más adelante. PARÁGRAFO 1: El promitente Comprador, se obliga a solicitar la práctica de un avalúo como lo
establece el Decreto 2150 de 1995, dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la fecha en que se firme
esta promesa de Compra-Venta. El avalúo mencionado hará parte integrante de la Escritura de Venta.
PARÁGRAFO 2: FONVISOCIAL aceptará los lotes ofrecidos como parte de pago del saldo del valor pendiente,
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a título de tenencia del lote desde el momento de suscripción de la promesa, misma
fecha en que debía recibir el pago de los $100’000.000.
38. La obligación esencial de ambas partes era la suscripción de la Escritura Pública
de compraventa a más tardar el 11 de julio de 1996, la cual debía cumplirse (i) con
posterioridad al pago de los $100’000.000 (exigible desde el 12 de abril de 1996) y a
la solicitud del avalúo (exigible desde el 17 de abril de 1996) y (ii) de forma
concomitante con el pago del saldo, todas esas obligaciones a cargo del Municipio.
39. Obra en el expediente la nota de contabilidad que acredita que el pago de los
$100’000.000 lo realizó el Municipio el 23 de julio de 199625, es decir, más de 3 meses
después de la fecha debida y 12 días después del día indicado para la suscripción
de la Escritura Pública. De entrada, se observa que ese pago no estaba llamado a
ser considerado por FONVISOCIAL toda vez que no se hizo bajo las condiciones y
términos acordados, así que –consecuentemente– el demandante estaba justificado
para no realizar actos encaminados a la suscripción de la Escritura Pública. Sin
perjuicio de lo anterior, y a pesar de que la desatención del demandado fue relevante,
FONVISOCIAL no sólo aceptó el cumplimiento tardío, sino que realizó diferentes
actuaciones encaminadas a continuar con la ejecución, lo que impone considerar esa
voluntad y descarta la configuración de un mutuo disenso para dar fin al contrato.
40. FONVISOCIAL cumplió con su obligación de entregar el inmueble atada a ese
pago de los $100’000.000. El testigo Helí Miranda Cabarcas, quien dijo tener
conocimiento de los hechos por haberse desempeñado, en su calidad de abogado,
como profesional especializado adscrito a la División Jurídica de la entidad y, en
razón de ello, haber conocido de la existencia del mencionado “contrato de
compraventa”, declaró que la entrega del predio fue lo que llevó a que el Municipio,
de forma inconsulta, negociara y utilizara una parte del lote para la construcción del
parque didáctico26. Es evidente que tal situación únicamente era viable si el Municipio
tenía la tenencia material del lote, de lo que se concluye que el mismo fue entregado
por FONVISOCIAL y recibido por el Municipio27. Y es que, de no ser así, el
demandante no hubiera incoado la pretensión de restitución.
41. Se precisa que, a pesar de la relación que dijo tener el testigo con el
demandante, su declaración no fue tachada de falsa. Además, su dicho resulta
coherente con otras pruebas que obran en el plenario, especialmente, con el
convenio interadministrativo que celebró el Municipio con el Instituto Departamental
de Transporte y Tránsito del Atlántico el 15 de julio de 199628, por medio del cual se
acordó que éste construiría en un predio entregado por la entidad territorial un parque
didáctico. Convenio que, valga anotar, es el mismo al que aludió FONVISOCIAL en
el hecho sexto de la demanda para indicar que el Municipio realizó construcciones
sobre el bien, específicamente, dicho parque.
siempre y cuando sean de características semejante al prometido en venta y evaluados previamente por esta
Entidad como aptos para las políticas de Viviendas de Interés Social.”
25
Carpeta “RESPUESTA DIRLIQUIDACIONES”, Archivo No. 2, págs. 141.
26
Carpeta “RESPUESTA DIRLIQUIDACIONES”, Archivo No. 2, págs. 181 a 184.
27
En el mismo sentido, en la declaración el testigo manifestó que la conducta contractual del Municipio ha
afectado a FONVISOCIAL en tanto era propietario de un predio cuya utilización era ejercida por la Alcaldía de
Soledad (Carpeta “RESPUESTA DIRLIQUIDACIONES”, Archivo No. 2, págs. 181 a 184).
28
Carpeta “RESPUESTA DIRLIQUIDACIONES”, Archivo No. 2, págs. 160 a 162
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42. La otra obligación previa a la firma del instrumento público era la solicitud del
avalúo por parte del Municipio. En el oficio remisorio del IGAC se constata que tal
solicitud se realizó el 25 de noviembre de 199629, esto es, 6 meses después de
vencido el plazo acordado para ello (17 de abril de 1996) y en todo caso con
posterioridad a la fecha prevista para la firma de la Escritura. Esto revela el
incumplimiento previo del demandado marcado de una clara relevancia, ante la
imposibilidad práctica de suscribir ese instrumento sin que estuviera fijado el precio
del inmueble que pendía de tal avalúo.
43. En suma, los dos incumplimientos previos del Municipio justificaron la
abstención de FONVISOCIAL de suscribir la Escritura Pública en la fecha inicialmente
convenida. No obstante, observa la Sala que tales inobservancias del demandado no
soportan la pretensión de resolución del contrato, en tanto también se encuentra
demostrado que el promitente vendedor aceptó el cumplimiento tardío de esas
obligaciones, lo que muestra el ánimo de ambas partes de que el objeto pactado se
cumpliera, aun cuando esa voluntad no estuvo acompañada de la formalización por
escrito de ese acuerdo.
44. El 16 de diciembre de 1996, es decir, después de vencido el plazo pactado para
el otorgamiento de la Escritura Pública, FONVISOCIAL remitió un oficio al Municipio
en el que le indicó que revisó los inmuebles ofrecidos como parte del precio, pero que
no cumplían con las especificaciones pactadas30. En el mismo sentido se pronunció
en otro oficio de idéntica fecha igualmente remitido al Municipio, en el que le señaló
que, si bien se había procurado llegar a una amigable solución encaminada a superar
los incumplimientos del promitente comprador, lo cierto era que los lotes ofrecidos
para completar el precio pactado para el contrato de compraventa no podían ser
recibidos por las razones que explicó en ese mismo documento31.
45. Lo anterior pone en evidencia que, al margen de que finalmente los predios no
cumplieran con las características pactadas para ser recibidos como parte del precio,
lo cierto es que el Municipio hizo las ofertas de pago y que FONVISOCIAL las evalúo
e hizo el estudio técnico correspondiente con el ánimo de que se lograra concretar el
contrato prometido, conducta de las partes que demuestra dos cosas: (i) a pesar de
que no se otorgó la Escritura Pública en la fecha inicialmente determinada, las partes
seguían haciendo esfuerzos por cumplir los compromisos específicos pactados, con
miras a lograr perfeccionar la compraventa, aun cuando fuera de manera tardía. No
estaban en tratativas de celebrar un nuevo contrato, pues siempre se partió de la
base de que se inició la ejecución del negocio en virtud del cual se entregó la tenencia
del predio y el propósito era enderezar y concluir tal acuerdo contractual; (ii) en
concordancia con lo anterior, la no comparecencia de las partes a la notaría el día
presupuestado para la firma de la escritura no es demostrativo de una intención de
desistir del contrato y menos aún de declarar su resolución por incumplimiento.
46. A pesar de que FONVISOCIAL aceptó el cumplimiento tardío de las
obligaciones del Municipio (pago de $100’000.000 y avalúo del bien), lo cierto es que
finalmente no se suscribió la Escritura Pública que perfeccionaba la compraventa.
29
Carpeta “RESPUESTA DIRLIQUIDACIONES”, Archivo No. 2, pág. 132.
30
Carpeta “RESPUESTA DIRLIQUIDACIONES”, Archivo No. 2, pág. 168.
31
Carpeta “RESPUESTA DIRLIQUIDACIONES”, Archivo No. 2, pág. 167.
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Como se pasa a ver, esto también fue el resultado de otra inobservancia del Municipio
que se debe tener en cuenta para absolver la pretensión resolutoria, en consonancia
con el artículo 1546 del Código Civil y lo pactado en el parágrafo de la cláusula cuarta
del contrato32.
47. En la cláusula segunda de la promesa las partes acordaron que el saldo del
precio estipulado para la compraventa podía ser cancelado en dinero y/o lotes de
propiedad del Municipio a la fecha en que se otorgara la Escritura Pública. En el
parágrafo segundo de esa misma cláusula, convinieron que FONVISOCIAL “aceptará
los lotes ofrecidos como parte de pago del saldo del valor pendiente, siempre y
cuando sean de características semejantes al prometido en venta y evaluados
previamente por esta Entidad como aptos para las políticas de Viviendas de Interés
Social”. Así las cosas, si el demandado optaba por pagar el saldo del precio
estipulado con lotes y no en dinero, de manera previa a la suscripción de la Escritura
Pública de compraventa debía ofrecer al promitente vendedor inmuebles que fueran
de su propiedad y que cumplieran con las condiciones estipuladas: (i) que tuvieran
características físicas similares al prometido en venta y (ii) que fueran aptos para
políticas de vivienda de interés social; condiciones que debían ser verificadas por la
demandante antes de aceptarlos como parte de pago del precio, es decir, antes de
la suscripción de la Escritura Pública.
48. Las pruebas que obran en el plenario demuestran que el Municipio optó por
realizar el pago del saldo del precio fijado para la compraventa con lotes y no en
dinero; sin embargo, no acató las obligaciones que ello suponía, en tanto los predios
que ofreció no cumplieron con las condiciones pactadas para constituir parte del pago
del precio, por lo que fueron rechazados por FONVISOCIAL. Como este último
tampoco recibió oferta de que el precio se pagaría en dinero, en los términos de los
artículos 1546 y 1609 del Código Civil, el demandante tenía justificación para no
suscribir el instrumento público debido al incumplimiento previo y determinante del
Municipio y, también, para solicitar la resolución del contrato de promesa, según las
reglas antes explicadas33.
49. A través de oficio del 16 de diciembre de 1996 al que ya se hizo referencia,
FONVISOCIAL informó al demandado que la visita técnica arrojó que el lote ofrecido,
ubicado en “el camino viejo a Caracolí”, fue adquirido por el Municipio para la
implementación de un sistema de relleno sanitario. Por tanto, una gran porción se
componía de capas intercaladas de basura y materia de cobertura que depositan
materiales lixiviados que hacían inadecuado el suelo para la construcción, más aún
para uso residencial. Además, la topografía del terreno presentaba desniveles y
depresiones afectadas por el estancamiento de agua34, por lo que no cumplía con las
condiciones pactadas en la promesa de compraventa.
50. En oficio de la misma fecha, FONVISOCIAL informó al Municipio que el
inmueble ubicado en la sexta entrada de la vía “Malambo Viejo” ofrecido como parte
32
Ver nota al pie #14.
33 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 20 de abril de 2018, Exp. SC1209-2018,
M.P. Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo.
34
Carpeta “RESPUESTA DIRLIQUIDACIONES”, Archivo No. 2, pág. 167.
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de pago del precio era un relleno sanitario, así que no cumplía con las condiciones
para la construcción de viviendas de interés social35.
51. En su contestación el Municipio alegó que quien incumplió el contrato fue
FONVISOCIAL por negarse a aceptar los lotes que le ofreció como parte del precio
pactado para la compraventa. Sin embargo, no probó que tales lotes cumplieran las
condiciones que fueron estipuladas para ello; por tanto, tampoco desacreditó las
razones en las que el demandante sustentó su negativa, las cuales se ajustan a lo
pactado en el contrato, en la medida en que se concretaron en que los predios no
eran aptos para la construcción de viviendas de interés social.
52. En suma, como se pretendió realizar el pago con inmuebles, en los términos
pactados éstos debían someterse a evaluación previa de FONVISOCIAL. Antes de
la firma de la Escritura Pública el promitente vendedor evidenció que los bienes
ofrecidos por el Municipio no eran satisfactorios para completar el precio de la
compraventa prometida, el cual se debía saldar al momento mismo en que se
suscribiera ese instrumento, lo que finalmente determinó que no lo hiciera o no se
allanara a hacerlo, justificado en el incumplimiento previo y relevante de las
obligaciones del demandado.
53. Ello quiere decir que, aunque el demandante aceptó que la Escritura Pública se
otorgara en una fecha posterior a la pactada, finalmente no hubo lugar a su
suscripción porque el Municipio incumplió la obligación de ofrecer para el pago
inmuebles que cumplieran con las características estipuladas, por lo cual no había
lugar a ejecutar la prestación encaminada a perfeccionar la compraventa.
54. En estos términos, está acreditado que no se suscribió la Escritura Pública de
compraventa por razones exclusivamente atribuibles al Municipio, lo que configuró
un incumplimiento definitivo de la obligación esencial de la promesa por parte del
demandado. Por consiguiente, de conformidad con el pacto de las partes y en
concordancia con el artículo 1546 del Código Civil, se coincide con el Tribunal en
cuanto a la prosperidad de la pretensión de FONVISOCIAL de declarar la resolución
del contrato por incumplimiento del demandado.
55. La resolución del contrato conlleva a que la Sala deba pronunciarse sobre dos
aspectos: (i) los efectos o consecuencias propios de la resolución contractual y (ii) la
indemnización de perjuicios inherente a la resolución por incumplimiento.
56. La resolución de un contrato produce efectos extintivos y restitutorios. Extintivos
en cuanto, por virtud de tal declaratoria, se entiende que el contrato –y las
obligaciones que emanan del mismo– desaparece del tráfico jurídico. Restitutorios
porque implica la restitución recíproca de las prestaciones ejecutadas por las partes,
pues el efecto retroactivo de la resolución implica borrar los efectos del contrato para
restablecer el estado jurídico preexistente a su celebración, siempre que ello sea
factible y no configure un enriquecimiento injustificado y sin perjuicio del
reconocimiento de los perjuicios que se hubieren causado y/o las penas que se
hubieren pactado.
35
Carpeta “RESPUESTA DIRLIQUIDACIONES”, Archivo No. 2, pág. 168.
13
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57. En los términos del artículo 1544 del Código Civil, cumplida la condición
resolutoria proceden las restituciones mutuas para retrotraer en lo posible el estado
de las cosas al momento anterior al de la celebración del contrato, lo cual debe
hacerse siguiendo las reglas establecidas en el capítulo IV de esa misma normativa,
salvo en lo que concierne a los frutos por ser un aspecto expresamente regulado en
el artículo 1545 ibidem. Si bien el mencionado capítulo se refiere a las obligaciones
que recaen sobre el “poseedor” vencido en la reivindicación, son también aplicables
a la resolución de, en este caso, el contrato de promesa de compraventa, en la
medida que –por sus efectos– apareja las consecuencias restitutorias36.
58. Las restituciones de que trata ese capítulo están determinadas en función de la
buena o mala fe posesoria –no de la buena o mala fe negocial–, que es la referida en
el artículo 768 del Código Civil como la conciencia de que el dominio de la cosa se
adquirió por medios legítimos exentos de fraudes y de todo otro vicio. Explica la
norma que en los títulos traslaticios de dominio ello supone la persuasión de que la
cosa se recibió de quien podía enajenarla y de no haber existido fraude ni otro vicio
en el consentimiento. El artículo 769 de esa misma normativa establece que la buena
fe se presume “excepto en los casos en que la ley establece la presunción contraria”.
El artículo 2531 del Código Civil contempla una excepción de esta naturaleza al
señalar que “la existencia de un título de mera tenencia, hará presumir mala fe”.
59. La Corte Suprema de Justicia ha decantado que la entrega de un bien prometido
en venta no es originadora de posesión material, dado que no supone que el
promitente vendedor lo haga con intención de abandonar el ánimo de señor y dueño,
lo que solo se concretará cuando se perfeccione el contrato prometido, salvo que se
estipule expresamente que esa es su voluntad37. En el contrato que celebraron
FONVISOCIAL y el Municipio no se observa una estipulación de esa naturaleza, por
lo que debe operar la presunción del artículo 2531 antes mencionado, ya que el
contrato de promesa en virtud del cual el demandante entregó el predio al demandado
apenas le confirió a este último su mera tenencia.
60. Establecido lo anterior, pasa la Sala a determinar cómo deben realizarse las
restituciones mutuas entre las partes.
61. La sentencia consultada estableció que no era procedente la restitución del
inmueble ya que, debido a las construcciones, no estaba en las mismas condiciones
en las que lo entregó al Municipio38. Si bien es cierto que la restitución no puede
hacerse en los términos exactos de la pretensión –“en las mismas condiciones” en
que lo entregó al Municipio– esto no significa que deba negarse la devolución del
36
Igual consideración hizo la Corte Suprema de Justicia, pero refiriéndose a la resolución de un contrato de
compraventa (sentencia del 17 de agosto de 2016, Exp. SC11287-2016, M.P Ariel Salazar Ramírez).
37
“… para que la entrega de un bien prometido en venta pueda originar posesión material, sería indispensable
entonces que en la promesa se estipulara clara y expresamente que el prometiente vendedor le entrega al futuro
comprador en posesión material la cosa sobre la cual versa el contrato de promesa, pues sólo así se manifestaría
el desprendimiento del ánimo de señor o dueño en el promitente vendedor, y la voluntad de adquirirlo por parte
del futuro comprador”. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia SC1209-2018, del 20 de abril
de 2018, M.P. Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo.
38
Obra prueba en el expediente de que al Municipio se le entregó la tenencia del inmueble y que sobre una
porción de aquél se construyó el “Parque Didáctico de Tránsito Departamental”. De ello da cuenta la declaración
del testigo Helí Miranda Cabarcas que manifestó que la entrega del predio fue lo que llevó a que el Municipio
utilizara una parte del predio para la construcción del referido parque (Carpeta “RESPUESTA
DIRLIQUIDACIONES”, Archivo No. 2, págs. 181 a 184).
14
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bien a su propietario, pues en tal calidad y ante la desaparición del título jurídico en
virtud del cual el demandado ostentaba la tenencia del predio se encuentra habilitado
para recuperarlo, ya que en cabeza suya se radican los atributos inherentes a su
legítimo derecho de dominio (uso, goce y disposición). Tales atributos se verían
conculcados si se admitiera que, pese a sus incumplimientos, el Municipio se quedara
con la tenencia del predio por el hecho de haber realizado unas construcciones sobre
un bien, a sabiendas de que nunca lo adquirió.
62. Por tanto, la Sala concluye que es procedente ordenar la restitución del bien.
Para el cumplimiento de esta orden debe tenerse en cuenta que FONVISOCIAL fue
liquidado y la administración de sus situaciones jurídicas no resueltas fue asumida
por la Dirección Distrital de Liquidaciones. Por ende, se ordenará la restitución a tal
entidad para lo de su competencia. Esta ordeno no se opone a la posibilidad que
tienen las partes de llegar a acuerdos o transacciones en procura de los beneficios
del servicio y los intereses de los acreedores de la liquidación.
63. Acerca de las eventuales mejoras que se realizaron sobre el predio mientras
que el Municipio lo tuvo bajo su tenencia, según se deduce de los artículos 965 a 967
del Código Civil, el poseedor de mala fe solo tiene derecho a que se le abonen las
expensas necesarias invertidas en la conservación de la cosa, no las útiles ni las
voluptuarias, sin perjuicio de que, respecto de éstas, las partes puedan proceder en
los términos del inciso final del artículo 966 y el artículo 968 del Código Civil.
64. En el expediente no se encuentra acreditado que se hubiere invertido en
expensas para la conservación del predio, por lo cual no hay lugar a ese
reconocimiento. Según se desprende del contenido del Convenio Interadministrativo
que el Municipio celebró con el Instituto Departamental de Transporte y Tránsito del
Atlántico, las edificaciones realizadas consistieron en la construcción de un parque
didáctico infantil de tránsito39. Dada la finalidad recreativa de tal construcción, no se
estima que sea una obra indispensable para evitar la destrucción del inmueble y cuya
ausencia pusiera en riesgo su preservación40.
65. El artículo 963 del Código Civil establece que el poseedor de mala fe es
responsable de los deterioros que por su hecho o culpa ha sufrido la cosa. No hay
evidencia de que el bien se hubiere deteriorado, por lo cual no se hará un
pronunciamiento sobre el asunto.
39
“CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL I.D.T.T.A: El Instituto se obliga a: a) Construir un PARQUE
INFANTIL DIDÁCTICO DE TRÁNSITO, con todos los elementos necesarios para que un niño o un adulto
conozcan de manera divertida las señales de vida dadas por los semáforos, las señales y marcas viales. b)
Adecuar el parque de calles urbanas, una vía perimetral o circunvalar, un semáforo Vehicular y uno peatonal, una
glorieta, un puente peatonal y uno vehicular, una ciclovía, aceras, áreas recreativas o de descanso, área de
estacionamiento, aulas de enseñanza, servicios públicos de alcantarillado, agua y energía eléctrica. c) Señalizar
y demarcar el Parque de acuerdo a las especificaciones y normas técnicas. d) Elaborar los planos del Parque
Infantil. e) Las demás que se desprendan de la naturaleza del convenio”. La entidad territorial se obligó a destinar
un lote “de su propiedad” para la realización de la obra, “Tramitar, registrar en la Oficina de registro la Escritura
Pública del lote de terreno destinado para el parque”, obtener el permiso de construcción con la Secretaría de
Planeación municipal y “las demás que se desprendan de este convenio”.
40 La Corte Suprema de Justicia ha explicado que las mejoras necesarias son “aquellas sin las cuales el inmueble
no podría ser conservado”, es decir, las obras necesarias para evitar la pérdida o destrucción del inmueble. (Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 4 de junio de 2019, Exp. SC1905-2019, M.P. Margarita
Cabello Blanco.
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66. No es procedente reconocer a favor de FONVISOCIAL frutos, en tanto lo que
dispone el artículo 1545 del Código Civil es que, “[v]erificada una condición resolutoria
no se deberán los frutos percibidos en el tiempo intermedio, salvo que la ley, el
testador, el donante o los contratantes, según los varios casos, hayan dispuesto lo
contrario”. Las partes del contrato de compraventa no incluyeron una estipulación de
esta naturaleza.
67. El efecto restitutorio de la declaración de resolución del contrato conduciría, en
principio, a que FONVISOCIAL devolviera al Municipio el valor de los $100’000.000
que pagó como parte del precio. No obstante, como las partes también pactaron que
en caso de que la Escritura Pública no se suscribiera por “culpa” del Municipio éste
perdería ese valor a favor del promitente vendedor, se concluye que no es posible
ordenar su restitución. Como adelante se verá, al configurarse el mencionado
supuesto de hecho, ese monto dejó de operar como un pago anticipado del precio
para convertirse en una pena por el incumplimiento del Municipio.
68. Por otra parte, ya se anticipó que el ordenamiento jurídico faculta al contratante
que cumplió o se allanó a cumplir a reclamar a su cocontratante incumplido los
perjuicios que el incumplimiento le causó.
69. Para abordar el estudio de una reclamación de perjuicios el fallador debe
guiarse por lo regulado de manera convencional. Para ello, se deben interpretar las
estipulaciones contractuales con el fin de descifrar el alcance deseado por los
contratantes y evaluar su conformidad legal acorde a los límites que impone el
ordenamiento jurídico a la autonomía de la voluntad. En lo no regulado por las partes,
o ante la imposibilidad de dar aplicación a lo pactado por falta de conformidad legal,
se aplican subsidiariamente las disposiciones legales.
70. En el caso concreto, en el parágrafo de la cláusula cuarta las partes pactaron
como consecuencia por la no firma de la promesa imputable al Municipio
(incumplimiento) lo siguiente:
“(…) PARÁGRAFO: En el caso de que la Escritura pública de Compra-Venta, no
se celebrare por culpa del Promitente Comprador, el Promitente Vendedor podrá
rescindir la presente promesa de compra-venta y el Promitente Comprador
perderá a favor del Promitente Vendedor (FONVISOCIAL) la suma entregada en
el numeral a) de la cláusula segunda de esta promesa.”41
71. El parágrafo concede al promitente vendedor (FONVISOCIAL) la facultad de
resolver la promesa si no se suscribe la Escritura Pública de compraventa por “culpa”
del promitente comprador (Municipio), imponiendo como consecuencia que el
Municipio pierde los $100’000.000 de la primera cuota del precio. Este pacto
constituye unas arras confirmatorias penales, según se explica a continuación.
72. El ordenamiento jurídico42 prescribe que la entrega de dinero por un contratante
a otro como señal de celebración de un contrato, con el fin de confirmarlo y/o
41
Carpeta “RESPUESTA DIRLIQUIDACIONES”, Archivo No. 2, págs. 127 a 128.
42
Artículos 1859 a 1861 del Código Civil.
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garantizar su ejecución, o bien de consagrar una facultad de retractarse, constituye
unas arras43.
73. Las arras pueden asumir diferentes formas y funciones, según la naturaleza que
les confieran las partes. El Código Civil consagra en su artículo 1859 las comúnmente
denominadas arras de retracto, que son las que conceden a una o ambas partes la
posibilidad de desistir del negocio jurídico a cambio de un precio, sin que ello
configure incumplimiento44. En el artículo 1861 la misma normativa consagra las
denominadas arras confirmatorias, que son las que se entregan como parte del precio
o en señal de la celebración del contrato45. No obstante, es posible que las partes
pacten las arras con otros alcances, como cuando se estipula que constituyen una
parte del precio si el contrato se perfecciona o una pena en caso de que no se celebre
(arras confirmatorias-penales), o cuando se acuerda que las arras confieren la
facultad de retracto y, a la vez, tienen la naturaleza de pena46.
74. De conformidad con el segundo inciso del artículo 1861 del Código Civil, si las
partes no definen la naturaleza de las arras se entiende que son de retracto. En
cambio, si hacen referencia expresa a que se entregan como parte del precio o en
señal de la celebración del contrato son arras confirmatorias.
75. Al leer la cláusula segunda47 del contrato se evidencia que el pago de los
$100’000.000 se estipuló como parte del precio, lo que permite afirmar que las arras
tuvieron una naturaleza confirmatoria; a la vez, en el parágrafo de la cláusula cuarta,
las partes estipularon que esa parte del precio fungía como sanción en caso de que
no se celebrara el contrato prometido, en tanto se habilitó al promitente vendedor –
FONVISOCIAL– a retener ese primer pago de $100’000.000 si la Escritura Pública
de compraventa no se suscribía por “culpa” del promitente comprador48. Así, además
de constituir parte del precio, esa cuota también tiene la naturaleza de pena para el
evento de incumplimiento descrito, lo que permite calificar las arras como
confirmatorias-penales.
76. Dado que las cláusulas confirmatorias penales tienen por finalidad asegurar el
cumplimiento de una obligación que se sujeta a una pena en caso de que no se
43
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 06 de junio de 1955, SC-080, M.P. Manuel
Barrera Parra.
44
Artículo 1859 del Código Civil.
45
Artículo 1864 del Código Civil.
46
En relación con la naturaleza jurídica de las arras, revisar las siguientes sentencias de la Sección Tercera del
Consejo de Estado: 14 de diciembre de 1989, Exp. 5685, C.P. Gustavo de Greiff Restrepo y 12 de agosto de
2019, Exp. 47707, C.P. Carlos A. Zambrano Barrera. Adicionalmente, consultar las siguientes providencias de la
Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia: 06 de junio de 1955, SC-080, M.P. Manuel Barrera Parra;
1 de diciembre de 2004, Exp. 54.122, M.P. Silvio Fernando Trejos; 14 de diciembre de 2010, rad. 2002-08463,
M.P. Arturo Solarte Rodríguez y 31 de julio de 2017, rad. 2013-00162, M.P. Luis A. Rico Puerta. Por último, revisar
la siguiente doctrina: Cárdenas, J.P. Contratos – Notas de clase (2021). Legis, 1° ed. y Mendoza, Á. Obligaciones
(2020). Temis, 9° ed.
47
“CLÁUSULA SEGUNDA. PRECIO Y FORMA DE PAGO. Las partes acuerdan como precio del lote la suma
que resulte del avalúo que se practique de acuerdo a la ley, los cuales pagará el Promitente Comprador así: a)
Un abono por Cien millones de pesos m/l ($100.000.000) al momento de suscribir la presente Promesa de
Compraventa y (…)”.
48
El parágrafo no estableció ninguna facultad o prerrogativa en favor del promitente comprador de retractarse a
cambio de un precio. Por el contrario, hace referencia a la “culpa” del promitente comprador –concepto asociado
al incumplimiento atribuible a su conducta– y si hay culpa no puede haber al mismo tiempo una abstención
“legítima” de cumplir, como es el retracto. Tampoco hay ninguna prerrogativa que insinúe la facultad de retracto
para el promitente vendedor.
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cumpla49, se entiende que hacen parte del concepto de “cláusula penal” al que se
refiere el artículo 159250 del Código Civil y, por ello, se sujetan a lo dispuesto en esa
materia por tal normativa51.
77. El ordenamiento jurídico confiere amplias libertades en materia de cláusulas
penales. Su naturaleza, efectos y límites dependen esencialmente de la libertad
negocial de las partes, que se complementa con las reglas del Título XI del Código
Civil y encuentra como límite principal el postulado non bis in ídem, garantía del
derecho fundamental al debido proceso (artículo 29 de la Constitución Política) que
impide sancionar dos veces el mismo hecho por un mismo concepto.
78. Las cláusulas penales pueden cumplir múltiples finalidades. Su función principal
es servir como estimación anticipada de perjuicios por el incumplimiento (moratorio,
defectuoso o absoluto). No obstante, también pueden cumplir otras funciones según
sea la voluntad de las partes52.
79. Con fundamento en los artículos 1594 y 1600 del Código Civil, la jurisprudencia
ha indicado que la naturaleza típica de la cláusula penal es la de estimar
anticipadamente perjuicios, dado que el ordenamiento jurídico asume que al convenir
tal tipo de cláusulas las partes buscan un fin o función indemnizatoria, salvo que de
forma inequívoca el contrato establezca otra cosa53. Así, las partes deben manifestar
expresamente si pretenden darle otro alcance a la cláusula penal. Cuando se pacta
como tasación anticipada de perjuicios la afectada con el incumplimiento de la otra
queda relevada de la carga de probarlos y puede reclamar directamente el monto de
la pena54.
80. En este contexto, se erige una regla según la cual –en el escenario de resolución
contractual por incumplimiento– la parte cumplida puede quedarse con las arras
confirmatorias-penales, pues como especie de la cláusula penal se entiende que
operan como pena frente al incumplimiento.
81. En el caso concreto el Municipio incumplió el contrato de promesa. Por ende,
los $100’000.000 entregados a título de arras, según el contrato, dejaron de operar
49
Artículo 1592 del Código Civil.
50
Su especialidad radica en que su entrega se hace efectiva de forma anticipada al incumplimiento, en la medida
que, como ya se explicó, en un primer momento están llamadas a fungir como una afirmación de la intención de
celebrar el contrato prometido y se tienen como parte del precio. Cuando ocurre el incumplimiento y el deudor se
constituye en mora, su finalidad se transforma para empezar a operar como una pena (art. 1595, Código Civil).
Al respecto, en sentencia del 6 de junio de 1955, SC-080, M.P. Manuel Barrera Parra, la Corte Suprema de
Justicia, expresó: “Arras confirmatorias penales dadas por uno de los contratantes al otro como liquidación
anticipada de los perjuicios (arrha confirmatoria) en cuyo caso la estipulación tiene los caracteres de la cláusula
penal, de la que sólo se diferencia en cuanto ésta no es como aquéllas prestación real y antelada”.
51
Al respecto, ver –entre otras– las siguientes sentencias de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia, sentencias del 1 de diciembre de 2004, Exp. 54.122, M.P. Silvio Fernando Trejos Bueno y 6 de junio de
1955, SC-080, M.P. Manuel Barrera Parra.
52
Al respecto, se pueden consultar, entre otras, las siguientes providencias de esta Subsección: auto del 16 de
febrero de 2012, Exp. 39702; sentencia del 24 de abril de 2020, Exp. 64154; sentencia del 5 de febrero de 2024,
Exp. 62986, entre otras. En el mismo sentido se pueden consultar, entre otras, las siguientes sentencias de la
Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia: sentencia del 18 de diciembre de 2009, Exp. 68001 3103
001 2001 00389 01; sentencia del 31 de julio de 2018, SC3047 Rad. 2018 25899-31-03-002-2013-00162-01;
sentencia del 12 de enero de 2024, SC507-2023, Rad. 11001-31-03-041-2020-00020-01.
53
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 12 de enero de 2024; SC507-2023, Rad.
11001-31-03-041-2020-00020-01.
54
Artículo 1599 del Código Civil.
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como parte del precio y se convirtieron en una pena cuyo alcance debe ser entendido
en consonancia con las normas sobre cláusula penal, esto es, a falta de pacto
inequívoco en otro sentido, como una tasación anticipada de perjuicios.
82. Por otra parte, se observa que el contrato también incluyó la siguiente
consecuencia para el evento de incumplimiento:
“CLÁUSULA CUARTA: El incumplimiento de alguna o de la totalidad de las
obligaciones derivadas del presente contrato por una de las partes contratantes,
dará derecho a aquel que hubiere cumplido o se hubiere allanado a cumplir las
obligaciones a su cargo para exigir del primero que no cumplió o se allanó a
cumplir, el pago de la suma equivalente al 3% mensual liquidado sobre el precio
total de los inmuebles a título de cláusula penal, suma que será exigible
ejecutivamente el día siguiente al del vencimiento pactado para el otorgamiento
de la Escritura Pública, sin necesidad de requerimiento judicial ni constitución en
mora, derechos a los cuales renuncian ambas partes en su recíproco beneficio.
(…)”55
83. Sea lo primero anotar que se está frente a una cláusula poco clara. Su inclusión
en el contrato resulta ambigua e imprecisa, pues de su redacción no es posible
establecer con certeza la naturaleza y el alcance que le pretendieron dar las partes a
la luz del objeto contractual, en concordancia con el ya analizado parágrafo de la
misma. No es diáfano si ambas estaban llamadas a regular aspectos distintos o si
resultaban excluyentes, por lo que se impone que la Sala la interprete, en
concordancia con las demás estipulaciones del contrato, para descifrar la real
voluntad de las partes.
84. Empieza por señalar que esta cláusula consagra una consecuencia aplicable
frente al incumplimiento de una o todas las obligaciones por cualquiera de las partes.
En tal situación la parte cumplida podía pedir a la incumplida una suma equivalente
al 3% “mensual” del precio total del inmueble. Por tratarse de la regulación
convencional de las sanciones para el evento de incumplimiento, se entiende que se
trata de una típica cláusula penal56 –en sentido genérico– en los términos del artículo
1592 del Código Civil. Además, según lo previamente analizado, en principio se
debería concluir que, dada la falta de un pacto inequívoco al respecto, esta cláusula
estaba llamada a operar como tasación anticipada de perjuicios.
85. De esto se desprende que en el contrato se pactaron dos penas diferentes para
sancionar el incumplimiento, una en el parágrafo de la cláusula cuarta (arras
confirmatorias-penales) y otra en su primer inciso. Nada obsta para que las partes
pacten dos o incluso más cláusulas penales en un mismo contrato. Sin embargo, para
hacerlas efectivas es necesario distinguir la naturaleza de cada una de ellas y la
causa jurídica que da lugar a su activación.
86. Una lectura detallada de las estipulaciones permite identificar que el primer
inciso de la cláusula, que consagró una sanción atada a una temporalidad, reguló las
consecuencias del incumplimiento moratorio de cualquier obligación, mientras que el
55
Carpeta “RESPUESTA DIRLIQUIDACIONES”, Archivo No. 2, págs. 127 a 128.
56
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 31 de julio de 2018, Rad. 25899-31-03-002-
2013-00162-01.
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parágrafo es atinente únicamente al incumplimiento definitivo de la suscripción de la
Escritura Pública por el promitente comprador.
87. La sanción del “3% mensual” a la que se refirieron las partes en la cláusula
cuarta del contrato de promesa es propia de un retardo en el cumplimiento de las
obligaciones, pues lo que expresa es que, mientras el deudor se encuentre en mora
de cumplir sus compromisos, la pena se estaría causando por el monto establecido
y con la periodicidad pactada. Es decir que cesaría en el momento en que aquél se
pusiera al corriente con sus obligaciones, de donde se deduce que estaba llamada a
operar en escenarios en los que, pese al incumplimiento, subsistía la posibilidad de
que el contrato se ejecutara.
88. No resultaría atendible sostener que al establecer las partes que en caso de
incumplimiento se causaría una pena equivalente a dicho porcentaje, con la indicada
periodicidad y sin ninguna limitación temporal, su intención fuera que ante un
incumplimiento definitivo la pena se siguiera causando de manera indefinida.
89. En contraste, encuentra la Sala que, por su propia naturaleza –arras
confirmatorias penales– la pena que se estipuló en el parágrafo de la cláusula cuarta
estaba llamada a regular un escenario distinto, en tanto operaba ante un supuesto
de inejecución absoluta e irreversible que conllevaba a la resolución del contrato, esto
es, a la intención de deshacerlo. Pues bien, lo que se pactó fue que, si la Escritura
Pública de compraventa no se suscribía por “culpa” del Municipio, FONVISOCIAL se
quedaría con el monto de $100’000.000 que el demandado le debía pagar con la
suscripción de la promesa, inicialmente en señal de confirmación del negocio jurídico
prometido y como parte de su precio, pero que por tal incumplimiento pasaría a operar
como una pena.
90. Lo anterior revela que los efectos son excluyentes entre sí. Se resalta que en la
primera el contrato subsiste y en la segunda desaparece, así que no tendría sentido
que hubiera consecuencias tan divergentes para un mismo escenario.
91. La diferenciación en cuanto al tipo de incumplimiento que regulaba cada una de
esas estipulaciones es coherente con lo dispuesto en el artículo 1613 del Código
Civil, que señala que la indemnización de perjuicios comprende el daño emergente y
el lucro cesante, los cuales se pueden generar porque la obligación no se cumpla, se
cumpla de manera imperfecta o se retarde su cumplimiento.
92. Ante la evidencia de que ambas estipulaciones responden a causa jurídicas
diferentes, salta a la vista que debe aplicarse solo aquella que corresponda al tipo de
incumplimiento en que incurrió el deudor y que se ajuste a lo que FONVISOCIAL
pretendió, que fue la resolución del contrato de promesa de compraventa por efecto
de que la Escritura Pública que perfeccionaría el contrato prometido no se suscribió
por las desatenciones que, se comprobó, fueron atribuibles al Municipio. Esa
conducta se enmarca en el incumplimiento regulado específicamente en el parágrafo
de la cláusula cuarta.
93. En consecuencia, la Sala confirmará la decisión de la sentencia consultada en
cuanto a que FONVISOCIAL tiene derecho a retener los $100’000.000 del precio
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pagados por el Municipio como arras confirmatorias-penales, no así al
reconocimiento de la suma de $2’445.941.250 que calculó al aplicar el 3% al valor
total del contrato de compraventa por cada mes que corrió entre el 12 de julio de 1996
y el 12 de noviembre de 2004, en tanto no resulta consecuencial a la pretensión
principal que se formuló, esto es, que se declare la resolución del contrato por causa
del incumplimiento del Municipio.
94. Con todo, la Sala estima pertinente mencionar que, incluso si se interpretara
que ambas cláusulas regularon un mismo evento, lo cierto es que no podía arribarse
a una conclusión diferente a la ya mencionada.
95. Se parte de la premisa según la cual el ordenamiento jurídico únicamente
permite la acumulación de dos sanciones frente a un mismo incumplimiento ante la
presencia de un pacto inequívoco en tal sentido57, caso en el cual una de ellas pierde
su naturaleza de tasación previa de perjuicios y adquiere la connotación de pena,
pues de lo contrario se estaría cobrando dos veces por el mismo concepto 58 y se
violaría la garantía de non bis in ídem del debido proceso.
96. En los términos del artículo 1600 del Código Civil, “[n]o podrá pedirse a la vez
la pena y la indemnización de perjuicios, a menos de haberse estipulado así
expresamente; pero siempre estará al arbitrio del acreedor pedir la indemnización o
la pena”. Como en este caso las partes no pactaron expresamente una estipulación
en ese sentido, no sería posible acceder a ambos reconocimientos como se pretendió
en la demanda, sino solamente a una ellas.
97. El demandante no formuló sus pretensiones como principal o subsidiaria, ni
tampoco expresó preferir una sobre la otra. No obstante, en la demanda primero
pretendió que se declarara que el Municipio perdió los $100’000.000, esto es, la
sanción del parágrafo, de lo que se interpreta que dio prevalencia a tal pena.
98. Se agrega que, en atención al orden de las pretensiones seguido estrictamente
en la resolución del caso –tanto en la sentencia consultada como en esta sede–, se
impondría que, resuelta favorablemente la atinente a la aplicación de la pena
contemplada en el parágrafo de la cláusula cuarta, no sería posible acceder a la
siguiente relacionada con la aplicación de la pena del 3% mensual sobre el valor total
del precio fijado para la venta, en tanto resultaría excluyente con la anterior. Por tanto,
con el fin de evitar poner en riesgo la congruencia, en este escenario la Sala debería
igualmente confirmar la decisión de primera instancia sobre la pérdida de los
$100’000.000 pagados por el Municipio y revocar aquella obtenida de aplicar tal
porcentaje (3%). Se llegaría, entonces, a la misma conclusión.
Costas
57
Artículo 1600 del Código Civil. “No podrá pedirse a la vez la pena y la indemnización de perjuicios, a menos de
haberse estipulado así expresamente; pero siempre estará al arbitrio del acreedor pedir la indemnización o la
pena.”
58
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencias del 23 de junio de 2000, Exp. 4823, M.P. José
F. Ramírez Gómez y del 12 de enero de 2024, SC507-2023, M.P. Octavio Augusto Tejeiro Duque.
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Radicación: 080012331000199801178 01 (56.117)
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99. En consideración a que no se evidenció temeridad ni mala fe en la actuación
procesal de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad
con lo establecido en el artículo 171 del CCA, modificado por el artículo 55 de la Ley
446 de 1998.
III. PARTE RESOLUTIVA
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del
Atlántico el 01 de diciembre de 2004, de conformidad con lo expuesto en la parte
considerativa de esta providencia, la cual quedará así:
“PRIMERO: DECLARAR la resolución del contrato de promesa de
compraventa suscrito entre FONVISOCIAL y el municipio de Soledad
(Atlántico) por incumplimiento del municipio.
SEGUNDO: DECLARAR que FONVISOCIAL tiene derecho a retener, a
título de indemnización de perjuicios, el pago de CIEN MILLONES
($100’000.000) realizado por el municipio de Soledad (Atlántico).
TERCERO: ORDENAR al municipio de Soledad (Atlántico) restituir a la
Dirección Distrital de Liquidaciones del Distrito Especial, Industrial y
Portuario de Barranquilla, como administradora de las situaciones jurídicas
no resueltas del extinto FONVISOCIAL, la tenencia del inmueble
identificado con matrícula inmobiliaria No. 040-243431 de la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Barranquilla.
CUARTO: NEGAR las demás súplicas de la demanda.”
SEGUNDO: Sin condena en costas.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
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FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
Nota: se deja constancia de que esta providencia se suscribe de forma electrónica mediante el
aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad
y autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede
acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la
derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen
la responsabilidad de registrarse en el sistema Samai.
23
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