Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 08001-23-31-000-2001-00546-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 08001-23-31-000-2001-00546-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 08001-23-31-000-2001-00546-01
Consejero ponente: Marta Nubia Velasquez Rico
10 de octubre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Bogotá D.C., diez (10) de octubre de dos mil veintidós (2022)
Radicación: 080012331000200100546 01 acumulado
080012331003200001903 01 (45969) y
250002326000200102450 01 (32907)
Actor: DRAGACOL S.A. – CONFIANZA S.A.
Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE TRANSPORTE
Referencia: ACCIÓN CONTRACTUAL
Temas: FALTA DE CONTESTACIÓN DE LA CORRECCIÓN DE LA DEMANDA –
efectos procesales / CARGA DE SUSTENTACIÓN DE LA APELACIÓN – no basta
con reiterar los mismos supuestos de la causa y la contradicción / EXCEPCIÓN DE
CONTRATO NO CUMPLIDO – no se reúnen los supuestos en que se fundamenta
/ DECLARATORIA DE CADUCIDAD EN CONTRATO SUSPENDIDO- procede si la
falta de reanudación del objeto contractual se produce por causas imputables al
contratista / DEBIDO PROCESO DE LA ASEGURADORA EN EL MARCO DE LA
DECLARATORIA DE CADUCIDAD / debe garantizarse en la etapa de formación del
acto impositivo de la sanción que afecta la póliza
Procede la Sala a resolver los recursos de apelación interpuestos por las
demandantes, Confianza S.A. y Dragacol S.A., en los procesos 2000-01903 y 2001-
00546 (45969), respectivamente, contra la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo del Atlántico el 14 de junio de 2012, mediante la cual declaró no
probadas las excepciones formuladas por el Ministerio de Transporte y negó las
pretensiones de la demanda.
De igual forma decidirá el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante,
Confianza S.A. del proceso 2001-02450 (32907), en contra de la sentencia del 29
de marzo de 2006, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se resolvió lo siguiente: (se
transcribe de forma literal incluso con posibles errores)
“PRIMERO: Declarase la nulidad parcial del artículo 2 de la Resolución No.
2503 del 10 de abril de 2001, y de la Resolución no. 5711 de 2001. El artículo
segundo en comento quedará así:
Expediente: Acumulados 45969 y 32907
Actor: Dragacol S.A. y otra
Demandado Nación – Ministerio de
Transporte
“Artículo 2. Que como consecuencia de la liquidación efectuada en el artículo
primero, la Sociedad Dragados y Construcciones de Colombia y del Caribe S.A.
• DRAGACOL, debe al Ministerio de Transporte la suma de NOVECIENTOS
SETENTA MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDÓS MIL NOVECIENTOS UN
PESOS ($960’822.901), y/o la Compañía Aseguradora de Fianzas S.A., debe
al Ministerio de Transporte la suma de OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE
MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y NUEVE PESOS ($849’999.999), suma que deberán cancelar
dentro de los 30 días calendario, contados a partir del día siguiente a la fecha
de la ejecutoria del presente acto administrativo.
SEGUNDO: Se niegan las demás pretensiones de la demanda.
TERCERO: Sin condena en costas”.
I. A N T E C E D E N T E S
1. Síntesis del caso
La presente controversia gira en torno a la nulidad de las resoluciones por las cuales
el Ministerio de Transporte declaró la caducidad, declaró la ocurrencia de siniestro
de incumplimiento y mal manejo del pago anticipado y liquidó unilateralmente el
contrato 010 de 1994, celebrado entre esa entidad y Dragacol S.A., con el objeto de
realizar labores de reparación de la draga Bocas de Ceniza.
Se afirma por el contratista y la aseguradora Confianza S.A. que los actos acusados
se encuentran viciados de nulidad, porque el ente público no presentó la
reprogramación de las reparaciones que se continuaría adelantando en el contrato
010, ni reconoció a Dragacol S.A. los costos de stand by generados en el lapso de
suspensión; en su lugar, procedió a declarar la caducidad del negocio de manera
sorpresiva e injustificada, además, porque en ese momento el contrato estaba
suspendido.
Se sostiene que la declaratoria de caducidad no se fundamentó en la existencia de
un incumplimiento grave de las obligaciones a cargo del contratista, sino que, en
realidad, se produjo en razón de la presión política y de los medios de comunicación
ejercida sobre el Ministerio de Transporte por causa del “escándalo Dragacol” que
se presentó en esa época.
Con apoyo en lo anterior, entre otras razones, se aduce que los actos enjuiciados
se expidieron con desconocimiento de las normas en que debían fundarse, violación
al debido proceso, falta de competencia, desviación de poder y falsa motivación.
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Expediente: Acumulados 45969 y 32907
Actor: Dragacol S.A. y otra
Demandado Nación – Ministerio de
Transporte
2. Proceso radicado No. 2000-01903 (45969)
2.1. La demanda
El 29 de mayo 2000, la Compañía Aseguradora de Fianzas Confianza S.A. promovió
demanda, en ejercicio de la acción contractual, contra la Nación – Ministerio de
Transporte, con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones y condenas:
• Declarar la nulidad de la Resolución 00787 del 3 de mayo de 1999, por
medio de la cual el Ministerio de Transporte declaró la caducidad del
contrato 010 de 1998 celebrado entre esa entidad y Dragacol S.A. y
ordenó hacer efectiva la póliza de cumplimiento GU01-0-664408 expedida
por Confianza S.A.; y la nulidad de las resoluciones 001533 del 22 de julio
de 1999 y 001564 del 23 julio de ese año, por medio de las cuales la
entidad resolvió los recursos de reposición interpuestos por el contratista
y la aseguradora en contra de la primera decisión mencionada y la
confirmó.
• Que se declare que Dragacol S.A cumplió el contrato 010 de 1998.
• En subsidio de la anterior, que se declarara que la póliza no estaba
vigente al momento en que se declaró la caducidad del contrato.
• Que se condene al Ministerio de Transporte a devolver a Confianza S.A.
el valor pagado en cumplimiento del acto acusado, de forma indexada y
con el respectivo reconocimiento de intereses.
2.2. Hechos
2.2.1. Previo procedimiento de licitación pública, el 16 de enero de 1998, el
Ministerio de Transporte y Dragacol S.A. suscribieron el contrato 010 de 1998, cuyo
objeto consistió en la prestación de servicios dirigidos a la reparación en dique y a
flote de la draga Bocas de Ceniza, incluyendo el suministro de repuestos y
movilización, por un valor de $1.499’999.998, incluido IVA, y un plazo de sesenta
días a partir de la suscripción del acta de inicio.
2.2.2. El 19 de enero de 1998, la aseguradora Confianza S.A. expidió la póliza
GU01-0-0664408 para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del
contrato 0010 de 1998, con cobertura de los siguientes amparos:
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Expediente: Acumulados 45969 y 32907
Actor: Dragacol S.A. y otra
Demandado Nación – Ministerio de
Transporte
AMPARO DESDE HASTA VALOR ASEGURADO
Cumplimiento 18 de enero de 1998 30 de agosto de 1998 $149’999.999
Pago anticipado 19 de enero de 1998 30 de agosto de 1998 $750’000.000
Salarios y prestaciones 19 de enero de 1998 30 de abril de 2001 $74’999.999
Calidad 19 de enero de 1998 30 de octubre de 1998 $299’999.999
2.2.3. El 16 de enero de 1998, el Ministerio de Transporte y Dragacol S.A.
suscribieron el contrato 011 de 1998, con el objeto de realizar operaciones de
dragado de mantenimiento del canal de acceso al puerto de Barranquilla, con la
draga Bocas de Ceniza, la cual quedó ubicada en esa área, tanto para realizarle las
reparaciones como para que dragara el canal. El plazo de este contrato fue de
cuatro meses, desde el 29 de enero de 1998.
2.2.4. La ejecución del contrato 010 de 1998 se alternaba con el desarrollo del
contrato 011 de 1998; de ahí que cuando la draga estaba en condiciones operativas
se suspendían las actividades de su reparación para adelantar las labores de
dragado y a la inversa, dinámica que se describió como “dragado – parada para
reparación – dragado”.
2.2.5. Ante las dificultades de ejecutar la reparación de la draga Bocas de Ceniza
en cumplimiento del contrato 010 en condiciones intermitentes y debido al deterioro
avanzado de esa máquina respecto del momento en que se celebró el contrato, por
haberse dispuesto paralelamente su uso en actividades de dragado, el 15 de mayo
de 1998 las partes decidieron suspender la ejecución de ese negocio jurídico. De
este acuerdo no se dio aviso a la aseguradora.
2.2.6. El 30 de noviembre de 1998, el Ministerio de Transporte efectuó una
inspección a la draga Bocas de Ceniza, en medio de la cual Dragacol S.A. insistió
en que desde la suspensión del contrato se habían generado gastos de stand by
superiores a $12’000.000 diarios, lo cual debía ser tenido en cuenta para reanudar
su ejecución, ya que esos gastos superaban el pago anticipado.
2.2.7. El 5 de abril de 1999, las partes se reunieron con el fin de acordar las
condiciones financieras del levantamiento de la suspensión del contrato 010 de
1998, no obstante lo cual, a pesar de haber ya concertado previamente los términos
en que esa negociación se adelantaría, el Ministerio de Transporte presentó un
proyecto de acuerdo muy distinto al convenido a priori con Dragacol S.A., que no
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Expediente: Acumulados 45969 y 32907
Actor: Dragacol S.A. y otra
Demandado Nación – Ministerio de
Transporte
reconocía los verdaderos costos que generó el stand by ni los que demandaba la
puesta en marcha de las gestiones de reparación de la draga. Por lo anterior,
Dragacol informó al Ministerio que no reanudaría la ejecución contractual hasta
tanto se incluyeran en el acuerdo cláusulas relativas a esos reconocimientos
económicos.
2.2.8. El 3 de mayo de 1999, el Ministerio de Transporte expidió la Resolución
00787, por la cual declaró la caducidad del contrato 010 de 1998, decisión que luego
de ser recurrida en reposición por la aseguradora y por Dragacol, fue confirmada a
través de las Resoluciones 001533 del 22 de julio de 1999 y 001564 del 23 de los
mismos mes y año.
2.3. Normas violadas y concepto de la violación
Señaló el demandante que las resoluciones acusadas vulneraron los artículos 1047
y 1060 del Código de Comercio; 18, 29-19 (sic) de la Ley 80 de 1993; 1602 del
Código Civil y 17 del Decreto 679 de 1994; normas que fueron violadas en cuanto
erradamente se estimó vigente el contrato de seguro contenido en la póliza para el
momento en que se declaró el siniestro, dado que el cumplimiento de las
obligaciones derivadas del contrato se amparó hasta el 30 de agosto de 1998
mientras que la notificación de la declaratoria de caducidad se produjo el 3 de mayo
de 1999. Agregó que el Ministerio no exigió la ampliación de la vigencia de la póliza
como la ley lo demandaba.
Alegó que los actos acusados adolecían de falsa motivación, puesto que no era
cierto que Dragacol S.A. hubiera incurrido en incumplimiento del contrato 010 y que
la situación de aparente desatención de sus obligaciones fue inducida por el propio
Ministerio de Transporte.
Explicó en este punto que el contratante obró influenciado por la presión de los
medios de comunicación sobre el “escándalo Dragacol”, en el que se afirmaba que
el contratista había convencido al Ministerio de que le debía más 15 mil millones de
pesos por labores de dragado y que el ente ministerial, para no “volver a caer en el
juego de Dragacol”, decidió declarar la caducidad del contrato No. 010 por hechos
contrarios a la realidad y desconociendo que fue el Ministerio el que optó porque
Dragacol, con la misma draga objeto de reparaciones, realizara labores de dragado
simultáneamente, causando un estado de deterioro en su funcionamiento, dando
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Expediente: Acumulados 45969 y 32907
Actor: Dragacol S.A. y otra
Demandado Nación – Ministerio de
Transporte
lugar a la suspensión del contrato y negando el reconocimiento de los sobrecostos
que su parálisis generó para la contratista.
Esgrimió que se transgredió el debido proceso, en tanto el Ministerio de Transporte
en momento alguno convocó a Confianza S.A. para informarla sobre el supuesto
incumplimiento de su asegurado, no le permitió ejercer su defensa, ni controvertir
las pruebas en que sustentó su declaratoria de caducidad.
En cuanto a la vulneración del debido proceso de Dragacol S.A. sostuvo que, si bien
las partes venían en tratativas para reanudar la ejecución del contrato 010 de 1998,
el 10 de abril de 1999, la contratista manifestó estar dispuesta a recomenzar la
reparación de la draga Bocas de Ceniza, siempre que el acuerdo encaminado a ese
propósito fuera equitativo económicamente, frente a lo cual recibió como respuesta
la caducidad del contrato, sin ser avisada de que la Administración había iniciado el
procedimiento sancionatorio tendiente a su declaratoria, en orden a que ejerciera su
defensa.
2.4. Por auto del 18 de septiembre de 2001, el Tribunal Administrativo del Atlántico
admitió la demanda, ordenó la notificación a la entidad demandada y al Ministerio
Público.
2.5. Contestación de la demanda
El Ministerio de Transporte contestó la demanda dentro del término legal. En su
escrito manifestó que algunos hechos no le constaban y que debían probarse.
Esgrimió que Dragacol recibió el pago anticipado y aceptó el sistema de reparación
de la draga por lo que no era aceptable que posteriormente alegara que ese sistema
no era conveniente, máxime, cuando al suscribir la prórroga del contrato además de
esa aceptación, se aumentó su expectativa de ingreso.
Afirmó que el Ministerio no pactó reconocimiento alguno de stand by, por cuanto era
una mera inversión a partir de los intereses del contratista que no tenía efectos
económicos en el contrato, por no surgir del acuerdo de voluntades. Agregó que los
hechos de la demanda eran un reconocimiento de que Dragacol se negó a reanudar
la ejecución del contrato, so pretexto de la ausencia de pago de sobrecostos que no
habían sido contemplados en el acuerdo.
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Expediente: Acumulados 45969 y 32907
Actor: Dragacol S.A. y otra
Demandado Nación – Ministerio de
Transporte
Como razones de la defensa adujo que entre el 18 de febrero y el 15 de mayo de
1998, Dragacol únicamente ejecutó reparaciones por valor de $24’100.000,
correspondiente al 1.6% del valor del contrato, no obstante haber recibido el pago
anticipado desembolsado por el Ministerio de Transporte en cuantía de
$749’999.999 desde el 4 de marzo de 1998.
Luego de referirse a lo ocurrido durante el plazo de ejecución contractual, el
ministerio indicó que cumplió con las obligaciones a su cargo, en tanto entregó
oportunamente el pago anticipado y suministró el nuevo programa de reparaciones
y su respectivo cronograma, solicitó la suscripción de documentos para la
reanudación de la ejecución del contrato, frente a lo cual Dragacol persistió en
observar una conducta dilatoria y evasiva de sus obligaciones, impidiendo la
continuación de actividades de reparación y la operación de la draga Bocas de
Ceniza.
Agregó que la contratista no cumplió con su obligación de mantener vigente la póliza
de cumplimiento expedida por Confianza S.A.
Señaló que al aceptar suscribir los contratos 010 y 011 de 1998, la contratista
conocía las implicaciones que traería su ejecución simultánea.
Adicionalmente, presentó las excepciones de “incumplimiento del contrato por parte
de Dragacol” y “celebración del contrato adicional 0078 de 1998”.
3. Proceso radicado No. 2001-00146 (45969)
3.1. La demanda
Este litigio inició con la demanda presentada el 9 de marzo de 2001 y corregida el
12 de agosto de 2002, por la sociedad de Dragados y Construcciones de Colombia
Dragacol S.A., en ejercicio de la acción contractual, contra la Nación – Ministerio de
Transporte, con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones y condenas:
• Declarar la nulidad de las Resoluciones 00787 del 3 de mayo de 1999, por
medio de la cual el Ministerio de Transporte declaró la caducidad del contrato
010 de 1998 y 001533 del 22 de julio 1999 por la que, luego de desatar el
recurso de reposición interpuesto por el contratista contra la anterior, la
confirmó; y la de las Resoluciones 02502 del 10 de abril de 2001, en la que
declaró la ocurrencia del siniestro vinculado al amparo de pago y
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Expediente: Acumulados 45969 y 32907
Actor: Dragacol S.A. y otra
Demandado Nación – Ministerio de
Transporte
prestaciones sociales, y 02503 de la misma fecha que liquidó unilateralmente
el contrato 010 de 1998, estas últimas confirmadas por las Resoluciones
5710 y 5711 del 3 de julio de 2001, respectivamente.
• Declarar que Dragacol cumplió lo pactado en el contrato 010 de 1998.
• Condenar a la Nación – Ministerio de Transporte a pagar a la demandante
las siguientes sumas de dinero:
• $5.520’342.322 por concepto de daño emergente, concretado en el stand by
generado durante el término de suspensión del contrato.
• $197’253.068 a título de lucro cesante, materializado en la utilidad dejada de
percibir por cuenta de la declaratoria de caducidad del contrato.
• $14.085’756.733 por concepto de lucro cesante que dejó de recibir el
demandante con ocasión de la inhabilidad que desencadenó la declaratoria
de caducidad durante los cinco años siguientes.
• Indexación y reconocimiento de intereses moratorios sobre las anteriores
cantidades.
3.2. Los hechos
En el escrito de demanda, en síntesis, la parte actora, además de reiterar los
fundamentos fácticos expuestos por la garante en el proceso antes referido, narró
los siguientes hechos relevantes:
3.2.1. Como consecuencia de la celebración del contrato 011 de 1998, el 27 de
marzo de 1998, Dragacol manifestó la necesidad de modificar el programa de
reparaciones concernientes al contrato No. 010 de 1998 para desarrollar los trabajos
en casco sumergidos, lo cual fue aprobado por el Ministerio de Transporte en oficio
del 1 de abril de 1998, en el que, además, se pidió a Dragacol que allegara
cotizaciones sobre el valor de las mismas en orden a autorizarlas.
3.2.2. El 17 de marzo de 1998 se suspendió la ejecución del contrato 010 de 1998
hasta el 3 de mayo del mismo año, día en que las partes reanudaron su ejecución.
3.2.3. El 13 de mayo de 1998, Dragacol informó al Ministerio que desde el 8 de
mayo anterior la draga Bocas de Ceniza había quedado en condiciones de stand
by, en espera de recibir instrucciones para operar o para realizar reparaciones.
3.2.4. El 15 de mayo de 1998, las partes suspendieron el contrato 010 de 1998,
hasta que se definiera por el Ministerio lo concerniente a las reparaciones y el tiempo
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Expediente: Acumulados 45969 y 32907
Actor: Dragacol S.A. y otra
Demandado Nación – Ministerio de
Transporte
para efectuarlas, con lo cual se reconoció que la operación simultánea de las obras
de dragado generó nuevas prioridades en cuanto a las reparaciones a realizar y su
valor.
3.2.5. La suspensión del contrato, acordada por las partes, derivó para la entidad la
obligación de reconocer el stand by de la draga Bocas de Ceniza hasta el 31 de
agosto de 1999, fecha en que se entregó la draga al Ministerio de Transporte.
3.2.6 Durante el término de suspensión del contrato 010 de 1998 no podía imputarse
incumplimiento de las obligaciones a cargo de Dragacol, por lo que la declaratoria
de caducidad fue ilegal.
3.2.7. La declaratoria de caducidad desencadenó la imposibilidad de que Dragacol
continuara ejecutando el contrato 04 de 1997, celebrado con la empresa de
Desarrollo Urbano de Bolívar Edurbe S.A.
3.2.8. Luego de la declaratoria de caducidad, la entidad expidió la Resolución 02502
del 10 de abril de 2001, por la que declaró la ocurrencia del siniestro vinculado al
amparo del pago de salarios y prestaciones sociales, y la Resolución 02503 del 10
de abril de 2001, por la cual liquidó unilateralmente el contrato 0010 de 1998;
decisiones que fueron confirmadas mediante Resoluciones 05710 y 05711 del 3 de
julio de 2001.
3.3. Normas violadas y concepto de la violación
Como apoyo jurídico de sus pretensiones, la parte demandante señaló:
Excepción de contrato no cumplido
Indicó que el Ministerio incumplió su obligación de entregar a la contratista la draga
Bocas de Ceniza y su equipo auxiliar en la ciudad de Barranquilla, no elaboró
conjuntamente el inventario de esa máquina con las especificaciones sobre su
estado, ni promovió el cumplimiento de los fines estatales al omitir introducir en el
contrato modificaciones, a través de acto administrativo, para viabilizar las
reparaciones de la draga y procurar la satisfacción del objeto contractual.
Señaló que Dragacol celebró de buena fe el contrato 011 de 1998 para ser ejecutado
simultáneamente con el contrato 010, con la expectativa de utilidades que debían
ser protegidas y garantizadas por el Estado.
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Expediente: Acumulados 45969 y 32907
Actor: Dragacol S.A. y otra
Demandado Nación – Ministerio de
Transporte
Adujo que lo anterior generó un enriquecimiento sin causa producido por la tenencia
de la draga Bocas de Ceniza desde mayo de 1998 hasta el 31 de agosto de 1999,
puesto que debió soportar los gastos de su conservación y realizar reparaciones
que no fueron pagadas.
Desviación de poder
Advirtió que el Ministerio de Transporte no agotó las potestades excepcionales
previstas por el ordenamiento para cumplir el objeto contractual, como introducir
modificaciones para satisfacer el cometido estatal, ni para conservar el equilibrio
financiero del contrato que se había impactado por el no reconocimiento del stand
by. Adujo que, para la fecha en que se declaró la caducidad, el contrato estaba
suspendido por acuerdo de las partes, cuestión que solo podía ser modificada por
el convenio de los contratantes.
Falsa motivación
Sostuvo que el ente público situó a la contratista en una posición de aparente
incumplimiento únicamente para justificar la declaratoria de caducidad y poder
mostrar diligencia y severidad con Dragacol, sociedad con la que, en otro contrato,
había conciliado unos pagos adeudados que fueron censurados y reprendidos por
sectores políticos y por los medios de comunicación.
Añadió que no se dieron los supuestos normativos para la declaratoria de
caducidad, toda vez que el contrato estaba suspendido y, por tal razón, Dragacol no
estaba en situación de incumplimiento. Alegó que tampoco podía considerarse que
Dragacol hubiera afectado su ejecución o hubiera conducido a su parálisis, pues se
encontraba paralizado por culpa del ministerio, por no haber realizado estudios y
evaluaciones necesarias para su reanudación.
Consideró que no era cierto que Dragacol incurriera en incumplimiento de pagos y
prestaciones sociales, ya que su personal estuvo disponible durante el término de
suspensión del contrato.
Violación del debido proceso
Afirmó que, aun cuando durante un tiempo las partes estuvieron en reuniones
tendientes a reanudar las actividades de reparación de la draga Bocas de Ceniza y
de haber manifestado Dragacol su disposición en reiniciar su ejecución, el Ministerio
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Expediente: Acumulados 45969 y 32907
Actor: Dragacol S.A. y otra
Demandado Nación – Ministerio de
Transporte
la sorprendió con la declaratoria de caducidad del acuerdo, sin que previamente le
hubiera avisado su intención de dar comienzo a un procedimiento sancionatorio con
ese propósito, en orden a que pudiera ejercer su defensa.
Falta de competencia temporal
Esgrimió que para la fecha en que fue proferida la decisión contentiva de la
caducidad, el contrato estaba vigente y por tanto no podía ser invalidado sino por el
consentimiento de las partes.
3.4. Actuación procesal
3.4.1. Por auto del 12 de septiembre de 2001, el Tribunal Administrativo del Atlántico
admitió la demanda, ordenó la notificación a la entidad demandada y al Ministerio
Público.
3.5. Contestación de la demanda
La entidad accionada contestó la demanda dentro del término legal. Se opuso a las
pretensiones de la demanda por carecer de fundamentos jurídicos.
Como razones de la defensa, reiteró los argumentos expuestos al contestar la
demanda formulada por Confianza S.A.
Formuló las excepciones de “incumplimiento del contrato por parte de Dragacol”,
“celebración de contrato adicional 078 de 1998”, “Inexistencia de la obligación de
reconocer y pagar daño emergente, lucro cesante y demás pretensiones a la
sociedad Dragacol” y “buena fe del Ministerio de Transporte”.
4. Acumulación de procesos
4.1. Mediante auto del 11 de julio de 2006, el Tribunal Administrativo del Atlántico
decretó la acumulación del proceso número 2001-00546 al proceso con radicado
2000-01903.
5. La sentencia de primera instancia
El Tribunal Administrativo del Atlántico, el 14 de junio de 2012, dictó sentencia
mediante la cual declaró no probadas las excepciones formuladas por el Ministerio
de Transporte y negó las pretensiones de la demanda.
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Expediente: Acumulados 45969 y 32907
Actor: Dragacol S.A. y otra
Demandado Nación – Ministerio de
Transporte
Al abordar el fondo del asunto, se pronunció sobre los cargos formulados contra la
declaratoria de caducidad del contrato 010 de 1998.
Frente a la excepción de contrato no cumplido, luego de referirse a las pruebas
obrantes en el plenario, consideró que el Ministerio de Transporte no desatendió
sus obligaciones contractuales, dado que durante varios meses manifestó su
voluntad de reanudar el contrato, siendo Dragacol la que se resistió a su reinicio
hasta tanto le fuera reconocida la situación de stand by reclamada, la que, en criterio
del Ministerio, no se había producido y, en cambio sí se habían dejado de realizar
las reparaciones encomendadas a pesar de que la contratista tenía el 50% del pago
anticipado, incluidos los gastos reembolsables por concepto de la certificación de la
draga .
Respecto de la desviación de poder, estimó el a quo que el Ministerio utilizó su
poder exorbitante para procurar el interés general y preservar el patrimonio público.
Tampoco vislumbró arbitrariedades en las ocasiones en las que se suspendió el
negocio, más aún en consideración a que las mismas fueron el resultado de ejecutar
simultáneamente los contratos 010 y 011 suscritos entre las mismas partes.
Precisó que, si bien la caducidad del contrato solo podría declararse mientras se
hallara en ejecución, era cierto igualmente que no podía estar suspendido
indefinidamente. Dicho esto, advirtió que el Ministerio desplegó todas las diligencias
para su reanudación, topándose en todo momento con la renuencia de Dragacol.
Seguidamente, indagó si en el caso se presentó una alteración de las condiciones
económicas del contrato, derivada del hecho de que el Ministerio no reestructurara
los términos del acuerdo. Al respecto, argumentó que no era de recibo sostener que
se rompió el equilibrio económico por haber realizado la contratista labores de
dragado simultáneamente con las reparaciones contratadas, teniendo en cuenta
que fue Dragacol, con su voluntad, la que suscribió el contrato 011 de 1998 con
aquel objeto, por lo que la causa de la supuesta ruptura de la ecuación contractual
no resultaba ajena a su voluntad.
Sumó a lo anotado que, aun cuando en la ejecución del contrato 010 de 1998 se
presentaron situaciones que obligaron a cambiar el cronograma de reparaciones
que se había pactado, nunca se mencionó que esto implicaría nuevos costos o que
se variaría el precio del contrato. Explicó que, al estar en poder de la contratista el
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Expediente: Acumulados 45969 y 32907
Actor: Dragacol S.A. y otra
Demandado Nación – Ministerio de
Transporte
50% del valor del contrato, con ello se cubrían los costos de las nuevas reparaciones
hasta tanto no se estableciera que estas sobrepasaran el precio pactado.
Al resolver los aspectos relacionados con la vigencia de la póliza de cumplimiento
al momento de la declaratoria de caducidad, el tribunal explicó que, de conformidad
con el numeral 19 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 y la jurisprudencia del
Consejo de Estado, las garantías otorgadas para amparar el cumplimiento de los
contratos estatales deben entenderse vigentes hasta la liquidación del negocio
jurídico. Agregó que el Ministerio no debía dar aviso previo de las diferencias con la
contratista, ni de la suspensión a la aseguradora, por cuanto ello no constituía una
modificación de su objeto, ni una ampliación de su plazo.
Puso de presente que el plazo del contrato estaba vigente cuando se declaró la
caducidad y agregó que, según su cláusula novena, las vigencias de las garantías
serían iguales a las del contrato y tres meses más.
En torno al cargo con fundamento en el cual el Ministerio situó a Dragacol en
aparente en incumplimiento para justificar la caducidad del contrato obedeciendo a
presiones políticas y de los medios de comunicación, insistió el a quo en que el
material probatorio revelaba que el ente contratante declaró la caducidad del
contrato porque, pese a todos los requerimientos para que la contratista reanudara
actividades, esta se abstuvo.
Advirtió que no estaba demostrado en el expediente que el Ministerio hubiera cedido
ante presiones políticas o de otra índole y, menos que por esas causas hubiera
decidido declarar la caducidad del contrato.
En lo concerniente al cargo de nulidad por violación al debido proceso, el fallador
de primer grado precisó que, de conformidad con la jurisprudencia del Consejo de
Estado, las aseguradoras debían tener presente el carácter especial de los amparos
dirigidos a la cobertura del contrato estatal, en desarrollo de los cuales la entidad
podía ejercer sus prerrogativas exorbitantes, sin que la aseguradora pudiera hacer
objeciones previamente a la declaratoria de ocurrencia del siniestro, quedándole la
vía gubernativa y la judicial en caso de desacuerdo.
En esa línea, estimó que no podía alegarse la violación al debido proceso por no
haber permitido a la aseguradora controvertir la actuación administrativa previa que
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Expediente: Acumulados 45969 y 32907
Actor: Dragacol S.A. y otra
Demandado Nación – Ministerio de
Transporte
dio lugar a la declaratoria de caducidad, porque su oportunidad de defensa se le
concedió a través de los recursos procedentes.
6. El recurso de apelación
6.1. Parte demandante – Dragacol
Censuró el fallo impugnado con fundamento en que la decisión declaró no probadas
las excepciones y negó las súplicas invocadas en el escrito introductor, con lo cual,
en criterio de Dragacol, se produjo una sentencia desfavorable a las dos partes que
desconocía lo dispuesto en el artículo 302 del Código de Procedimiento Civil.
Señaló que el juzgador ignoró el hecho de que el Ministerio de Transporte no
contestó oportunamente la corrección de la demanda, aspecto que debía ser
apreciado como un indicio grave en contra de esa entidad.
Manifestó que, al resolver la excepción de contrato no cumplido, el tribunal no tuvo
en consideración que el Ministerio debió hacer uso de las facultades excepcionales
de terminación, interpretación y modificación del contrato y que, al haber
manifestado su voluntad de reanudarlo, lo propio era que la entidad dictara un acto
administrativo suprimiendo obras o servicios para evitar su paralización. Agregó que
el Ministerio incumplió el contrato, por cuanto, según el acta de suspensión del 15
de mayo de 1998, ese ente debía definir las reparaciones y el tiempo para
efectuarlas a través de acto administrativo de modificación, lo cual no aconteció.
Insistió en que no resultaba válido declarar la caducidad del contrato que se
encontraba suspendido, menos cuando era al Ministerio al que le correspondía
cesar la suspensión a través de la definición de las reparaciones a realizar y el
tiempo para efectuarlas, como había quedado acordado en el acta de suspensión.
Reprochó la sentencia por dejar de lado que la entidad desconoció los derechos de
la contratista a recibir su remuneración y a que se conservara el equilibrio
económico del contrato a punto de no pérdida cuando este se fracturara, como
ocurrió en este caso, en el que se desbalanceó por la ocurrencia de una situación
imprevista y no por razones imputables a Dragacol S.A.
Alegó que el a quo no consideró que aun cuando el contrato estaba vigente, sus
actividades estaban suspendidas por mutuo acuerdo, lo que impedía que fuera
sujeto de declaratoria de caducidad, ya que en ese lapso no podía predicarse un
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Expediente: Acumulados 45969 y 32907
Actor: Dragacol S.A. y otra
Demandado Nación – Ministerio de
Transporte
incumplimiento de las obligaciones a cargo de las partes, lo que hacía que el acto
adoleciera de falsa motivación.
Agregó que todo lo anterior produjo un daño emergente, consistente en el tiempo
de espera que estuvo la draga Bocas de Ceniza en poder de Dragacol, a razón de
$11’670.914 diarios, hasta la fecha en que se produjo su devolución al Ministerio de
Transporte, para lo cual debía tomarse la carta suscrita por el director general de
Transporte Marítimo del Ministerio en la que decía que esos gastos debían
reconocerse con apoyo analógico en las cuentas del contrato 011. Indicó que
igualmente dio lugar al lucro cesante concretado en la inviabilidad de contratar con
el Estado durante los cinco años siguientes a la declaratoria de caducidad, por
cuenta de la inhabilidad que esta desencadenó.
6.2. Parte actora – Confianza S.A.
Increpó la decisión del a quo en cuanto consideró que, al margen de que el contrato
de seguro estuviera vencido a la fecha de la declaratoria del siniestro, en todo caso
la aseguradora debía responder por la suma afianzada. Adujo que la interpretación
del artículo 25-19 de la Ley 80 de 1993 era de aplicación restrictiva, en el sentido
de que las partes debían exigir la ampliación de las pólizas sin que le fuera dado a
la aseguradora moto proprio ampliarlas, circunstancia que igualmente se
desprendía de los artículos 16 y 17 del Decreto 679 de 1994, menos aun cuando no
fue informada de los supuestos incumplimientos del contrato por parte de Dragacol
y de la suspensión del acuerdo. En ese sentido, también estimó que el tribunal
estaba trasladando a la aseguradora una carga que correspondía al contratista.
Agregó que dentro de las exclusiones del contrato de seguro se hallaba las de los
perjuicios por el incumplimiento derivado de las modificaciones introducidas al
contrato original, premisa con sustento en la cual afirmó que, con la suspensión del
contrato 010 de 1998, se modificaron las condiciones de su ejecución a espaldas
de Confianza S.A., dado no se pudo continuar dadas las nuevas circunstancias del
estado de la draga.
De otro lado, expresó que en la sentencia no se tuvo en cuenta que Dragacol no
incurrió en incumplimiento y fue la Administración la que indujo las circunstancias
en que fundó la sanción impuesta. En este punto reiteró que fue el temor provocado
por el “escándalo de Dragacol” lo que llevó al Ministerio a adoptar la decisión
censurada.
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Expediente: Acumulados 45969 y 32907
Actor: Dragacol S.A. y otra
Demandado Nación – Ministerio de
Transporte
Reiteró los argumentos expuestos en la demanda en torno a las razones que dieron
lugar a la suspensión del contrato 010 y enfatizó la imposibilidad de atribuírselas al
incumplimiento de la contratista, pues se demostró que siempre fue voluntad de
Dragacol la de reanudar su ejecución.
Respecto de la observancia al debido proceso, manifestó que el tribunal erró al
considerar que la entidad estaba exenta de convocar y garantizar la participación
de la contratista en el procedimiento que debía anteceder la declaratoria de
caducidad, tesis que contrariaba las posturas que sobre el particular ha adoptado el
Consejo de Estado y la Corte Constitucional. Estimó que la actuación de la
administración no atendió las normas que regían las actuaciones administrativas
contenidas en el CCA, que imponían el respeto al derecho de los interesados de
conocer y controvertir los hechos y pruebas que se le enrostraran y a practicar las
pruebas que los desvirtuaran, máxime en atención al carácter sancionatorio que
revestía la decisión acusada.
Alegó que, contrario a lo esgrimido por el a quo, no bastaba con que las decisiones
acusadas fueran motivadas y notificadas para que los particulares agotaran los
recursos, siendo necesaria su intervención en la etapa previa a la producción del
acto.
Explicó que el Ministerio no informó a la aseguradora sobre la situación de
incumplimiento de su asegurado, ni la convocó para que ejerciera su defensa antes
de proferir la decisión, ni para cuestionar las pruebas en que esta se basó.
Sumó a lo dicho que lo mismo ocurrió respecto de la ausencia de oportunidad
brindada a Dragacol para ejercer su derecho de defensa, dado que, si bien las
partes estaban en constantes acercamientos para definir los términos de
reanudación del contrato 010 de 1998, luego de que, el 15 de abril de 1999, la
contratista manifestara su voluntad de reiniciar su ejecución siempre que se firmara
un acuerdo equitativo que lo viabilizara, la Administración, de manera abrupta y
sorpresiva, respondió su comunicación con la declaratoria de caducidad sin
previamente haberle comunicado su intención de proceder en esa dirección. De ahí
concluyó que el acto adolecía de nulidad por vulneración al debido proceso.
7.- Proceso radicado No. 2001-02450 (32907)
7.1 La demanda
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Expediente: Acumulados 45969 y 32907
Actor: Dragacol S.A. y otra
Demandado Nación – Ministerio de
Transporte
El 12 de octubre de 2001, la Compañía Aseguradora de Fianzas S.A. interpuso
demanda en ejercicio de la acción contractual en contra de la Nación - Ministerio de
Transporte, con la finalidad de que:
• Se declarara la nulidad de la Resolución No. 2503 del 10 de abril de 2001,
proferida por el Ministerio del Transporte, por medio de la cual se adoptó
unilateralmente la liquidación del contrato 010 de 1998 y de la Resolución
No. 5711 del 3 de julio de 2001, que resolvió el recurso de reposición
interpuesto por Confianza contra la anterior, confirmándola.
• Como consecuencia, se condenara al Ministerio de Transporte a restituir los
dineros que haya pagado a raíz de lo dispuesto en los actos administrativos
cuestionados y el pago de los perjuicios ocasionados a la accionante,
concretados en los gastos y valores para atender la vía gubernativa, para
iniciar y llevar hasta su terminación la acción contenciosa.
• De manera subsidiaria, solicitó que se declarara que las resoluciones
acusadas no le eran oponibles a Confianza S.A. y se dejara sin efecto el
contenido de la comunicación 27201 del 20 de septiembre de 2001, por la
cual se procede a hacer efectiva la garantía de cumplimiento del contrato de
010 de 1998, constituida mediante póliza número GU0100664408 del 19 de
enero de 1998.
7.2. Los hechos de la demanda
Además de reiterar los hechos relacionados con la celebración el contrato 010 de
1998, su ejecución, su suspensión y su declaratoria de caducidad, la asegurada
expuso como fundamentos fácticos que:
7.2.1. Por medio de la Resolución No. 2503 del 10 de abril de 2001, el Ministerio de
Transporte liquidó “ilegal” y unilateralmente el contrato 010 de 1998, en cuyo
contenido se determinó que Dragacol S.A. y Confianza S.A. le debían al Ministerio
de Transporte la suma de $960’822.081 y ordenó hacer efectiva la garantía única
de cumplimiento -GU01-0-0664408 del 19 de enero de 1998- a favor de la aludida
entidad estatal.
7.2.2.- En contra del acto administrativo de liquidación unilateral, Confianza S.A.
interpuso recurso de reposición, el cual fue resuelto negativamente a través de la
Resolución No. 5711 del 3 de julio de 2001.
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Expediente: Acumulados 45969 y 32907
Actor: Dragacol S.A. y otra
Demandado Nación – Ministerio de
Transporte
7.2.3.- El 20 de septiembre de 2001, el Ministerio de Transporte le reclamó a
Confianza S.A. el pago de la póliza de la garantía única de cumplimiento del contrato
010 del 16 de enero de 1998.
7.3. Las normas violadas y el concepto de la violación
La parte demandante señaló que, por cuenta de la expedición de las resoluciones
en referencia, se infringieron los artículos 4 y 6 de la Constitución Política, los
artículos 2, 3 y 68 del CCA y los artículos 60 y 61 de la Ley 80 de 1993. También se
indicó que se vulneraron los artículos 1602 del Código Civil y los artículos 1079 y
1089 del Código de Comercio.
Con el propósito de fundamentar lo anterior, afirmó que se configuró el vicio de
nulidad por falta de competencia “cronológica”. En ese sentido, sostuvo que el
contrato 010 de 1998 se liquidó extemporáneamente, dado que el término máximo
de seis meses para ejercer dicha prerrogativa se venció el 23 de enero de 2000.
Aseguró que el Ministerio de Transporte carecía de competencia para liquidar
unilateralmente el contrato 010 de 1998, habida cuenta de que los actos
administrativos a través de los cuales se declaró la caducidad de dicho negocio
jurídico habían sido impugnados ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo
en otro proceso judicial. En ese orden de ideas, advirtió que la entidad pública
demandada se arrogó la competencia del juez del contrato, pues definió cuestiones
que Confianza S.A. ya había puesto en consideración de la autoridad jurisdiccional
correspondiente.
Con apoyo en lo dispuesto en el artículo 1602 del Código Civil y los artículos 1079
y 1089 del Código de Comercio, la actora indicó que el Ministerio de Transporte, por
medio de la Resolución No. 2503 del 10 de abril de 2001, liquidó a su favor y en
contra de Dragacol S.A. y Confianza S.A. un rubro económico de $960’822.901. En
tal virtud, el extremo demandante adujo que la incorporación de dicho valor se hizo
de forma unilateral y contraria a la ley por la demandada.
Por último, afirmó que se le violó su derecho fundamental al debido proceso, en
razón a que el Ministerio ha debido convocar a Confianza a participar en las
diligencias de liquidación bilateral que han debido surtirse, convocatoria que no se
adelantó, pese a lo cual se le impuso el deber de pagar obligaciones dinerarias sin
que se le reconociera el derecho de defensa y, por ende, la garantía del debido
proceso.
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Expediente: Acumulados 45969 y 32907
Actor: Dragacol S.A. y otra
Demandado Nación – Ministerio de
Transporte
7.4. La demanda fue admitida por la Subsección B de la Sección Tercera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante auto del 2 de mayo de 2002,
decisión notificada en debida forma a la entidad pública demandada y al Ministerio
Público.
7.5. Contestación de la demanda
El Ministerio de Transporte contestó la demanda para oponerse a sus pretensiones.
En relación con la supuesta falta de competencia “cronológica”, indicó que los
plazos establecidos para liquidar los contratos estatales eran indicativos y no
perentorios. Así pues, en su criterio, la Administración utilizó dicha prerrogativa de
forma oportuna, toda vez que tenía la posibilidad de hacerlo hasta antes de que el
término establecido para ejercer la acción contractual hubiera caducado.
Respecto de la falta de competencia para liquidar el contrato por haber sido
demandadas ante esta jurisdicción las resoluciones a través de las cuales se
declaró la caducidad del negocio jurídico en comento, sostuvo que las dos acciones,
la una de nulidad en contra de la caducidad y la otra en insistencia de la ilegalidad
de la liquidación del contrato, no se excluían, y que la expectativa de una
prejudicialidad era remota.
Frente a la supuesta violación del artículo 1602 del Código Civil y los artículos 1079
y 1089 del Código de Comercio, adujo que la formulación de dicha imputación era
“absolutamente inconsistente”, lo cual conllevaba a que el cargo fuera “impreciso” y
“vago”.
Por último, en lo que respecta a la violación del derecho fundamental al debido
proceso de la actora, aseveró que a Dragacol S.A. sí se le citó para que acudiera al
trámite de liquidación bilateral y, en la medida en que la contratista no aceptó la
propuesta del Ministerio de Transporte, se procedió a liquidar unilateralmente el
contrato. Así las cosas, precisó que la garantía constitucional invocada no se
vulneró, pues el procedimiento adelantado contó con la participación de quien sí era
parte en el negocio jurídico referido, mientras que Confianza S.A. no tenía dicha
calidad.
7.6. La sentencia de primera instancia
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Expediente: Acumulados 45969 y 32907
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Transporte
El Tribunal a quo, mediante sentencia del 29 de marzo de 2006, accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda. Para tal efecto, estudió, de forma
individualizada, cada cargo de nulidad planteado por Confianza S.A. en su
demanda.
En lo relativo a la falta de competencia temporal para liquidar el contrato de
prestación de servicios 010 de 1998, consideró que, según la jurisprudencia de esta
Corporación, las entidades públicas cuentan con el término de caducidad de la
acción contractual para expedir el acto administrativo de liquidación unilateral.
En ese orden de ideas, tuvo como punto de partida el 18 de agosto de 1999, fecha
en la cual quedó ejecutoriada la resolución que declaró la caducidad y ordenó la
liquidación del aludido negocio jurídico. Así pues, determinó que la acción
contractual caducaba el 18 de febrero de 2002, día límite para expedir válidamente
el acto administrativo de liquidación unilateral y, como dicha prerrogativa se aplicó
a través de la Resolución No. 2503 del 10 de abril de 2001, concluyó que no perdió
la competencial temporal para proferir ese acto administrativo y, en tal virtud,
despachó desfavorablemente dicho cargo de nulidad.
El vicio de ilegalidad de incompetencia por “prejudicialidad” se desestimó por no
hallar impedimento para analizar la legalidad de los artículos 1 y 2 de la Resolución
No. 2503 del 10 de abril de 2001, en la cual se hace el cruce de cuentas entre la
entidad contratante y la contratista, por considerar que no era necesario esperar
que hubiera un pronunciamiento judicial respecto de la Resolución No. 00787 que
declaró la caducidad del contrato, por ser actos administrativos autónomos e
independientes.
Frente a la violación del artículo 1602 del Código Civil y los artículos 1079 y 1089
del Código de Comercio, el tribunal de origen lo declaró fundado parcialmente, tras
hallar que el valor liquidado a favor del Ministerio de Transporte excedía el monto
asegurado en la póliza otorgada por Confianza S.A., por lo que declaró la nulidad
parcial del artículo 2 de la Resolución No. 2503 del 10 de abril de 2001 y la
Resolución No. 5711 de la misma anualidad y, como consecuencia de ello, ajustó
el monto que le adeudaba Dragacol S.A. y Confianza S.A. al Ministerio de
Transporte en la suma de $849’999.999.
Por último, en relación con la violación del derecho fundamental al debido proceso
de Confianza S.A., consideró que dicha imputación no podía prosperar, toda vez
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Expediente: Acumulados 45969 y 32907
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que la aseguradora no era parte en el contrato 010 de 1998, de suerte que no era
viable que la entidad contratante la invitara a participar en el proceso de liquidación
bilateral, pues justamente dicha liquidación, por ser bilateral, debe ser realizada
únicamente por quienes son parte en el contrato.
Igualmente, sostuvo que a Confianza S.A. se le notificaron en debida forma los actos
administrativos a través de los cuales se caducó y liquidó unilateralmente el negocio
jurídico previamente mencionado, aunado al hecho de que la accionante sí pudo
impugnar dichas determinaciones en sede administrativa, circunstancias a partir de
las cuales el juzgador de primera instancia estimó infundado el vicio alegado.
7.7. El recurso de apelación
La aseguradora accionante sostuvo que no le asistía razón al Tribunal de origen,
toda vez que, si bien el Ministerio de Transporte declaró la ocurrencia del siniestro,
los fundamentos y pruebas en las que se basó no tenían asidero jurídico. Asimismo,
afirmó que el juzgador de primer grado no apreció en debida forma los argumentos
planteados en la demanda.
Manifestó que, si bien la suma fue ordenada con cargo a la garantía, lo cierto era
que el valor a pagar por la aseguradora no podía exceder el amparo del
incumplimiento calculado en $149’999.999, pues reconocer además el valor del
amparo por pago anticipado generaba una imputación de doble pago a la
aseguradora, debido a que la declaratoria de caducidad afectó el siniestro de
incumplimiento mas no el de pago anticipado.
Indicó que la aseguradora de un contrato estatal es un tercero que tiene interés en
el desarrollo y la ejecución de dicho negocio jurídico, razón por la cual le es posible
acudir a la acción contractual en procura de sus intereses en calidad de
demandante, incluso como litisconsorte.
En tal virtud, afirmó que el juzgador de primer grado estaba equivocado cuando
afirmó que por el hecho de que la garante no fuera parte del contrato 010 de 1998
no se le debía invitar al procedimiento de liquidación bilateral y al tiempo sí debía
[...] responder por los incumplimientos o posibles incumplimientos en que haya
incurrido la contratista [...]”.
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Seguidamente, aseguró que la parte resolutiva de la Resolución No. 2503 del 10 de
abril de 2001 establecía obligaciones a cargo de Dragacol S.A. y, en tal sentido,
dicho acto administrativo no vinculaba de forma directa o indirecta a Confianza S.A.
Adujo que el Ministerio de Transporte le había exigido judicial y extrajudicialmente
el pago de las sumas de dinero cuantificadas en el acto administrativo de liquidación
unilateral, lo cual la legitimaba para impugnar la legalidad de dichas decisiones.
Por lo demás, reiteró los argumentos en que edificó los cargos de nulidad por la falta
de competencia consignados en la demanda.
8. Actuación en segunda instancia
En los procesos 2000-01903 y 2001-00546 (45969)
8.1. Luego de tramitarse varios impedimentos de los magistrados integrantes de la
Sección Tercera de esta Corporación, el despacho que asumió el conocimiento del
asunto, mediante auto del 6 de mayo de 2015 admitió los recursos de apelación
interpuestos por las demandantes contra la sentencia del 14 de junio de 2012.
8.2. En auto del 15 de julio de 2015, se corrió traslado a las partes para que
presentaran sus alegaciones finales y al Ministerio Público para que rindiese su
concepto.
En el término otorgado, la aseguradora Confianza S.A. presentó su escrito de
alegatos, en los que, en esencia, reiteró los argumentos expuestos en
oportunidades procesales precedentes.
Las demás partes guardaron silencio.
El Ministerio Público rindió concepto en el cual solicitó confirmar la sentencia
apelada por considerar que no se hallaban configuradas las causales de nulidad
alegadas contra los actos censurados y, por el contrario, estimó que se presentaron
todos los supuestos jurídicos y fácticos para la declaratoria de caducidad del
contrato.
8.3. Mediante providencia del 12 de diciembre de 2016 se decretó la acumulación
de los procesos radicados con números 2000-01903 y 2001-00546 (45969) y 2001-
02450 (32907) para ser decididos conjuntamente.
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En el proceso 2001-02450 (32907)
8.4. En proveído del 11 de agosto de 2006, el Consejo de Estado admitió el recurso
de apelación interpuesto por la aseguradora demandante contra la sentencia
proferida el 29 de marzo de 2006.
8.5. En decisión del 8 de septiembre de 2006, se corrió traslado a las partes para
alegar de conclusión y al Ministerio Público para que rindiese su concepto.
En el plazo concedido, las partes presentaron sus escritos de alegaciones en los
que reiteraron los argumentos en que soportaron la causa y la contradicción.
El Ministerio Público guardó silencio.
8.6. En auto del 27 de mayo de 2015 se ordenó la suspensión del proceso hasta
cuando se decidiera sobre la acumulación solicitada.
Trámite conjunto
8.7. El magistrado José Roberto Sáchica Méndez, mediante escrito del 17 de marzo
de 2022, manifestó su impedimento para asumir el conocimiento del asunto, con
fundamento en la causal prevista en el numeral 1 del artículo 150 del Código de
Procedimiento Civil.
8.5. En proveído del 13 de julio de 2022, se declaró fundado el impedimento
manifestado por el magistrado José Roberto Sáchica Méndez.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
Para resolver la segunda instancia de la presente litis, se abordarán los siguientes
temas: 1) competencia del Consejo de Estado; 2) procedencia y oportunidad para
el ejercicio de la acción contractual; 3) cuestiones previas: 3.1) el supuesto
desconocimiento del artículo 302 del Código de Procedimiento Civil; 3.2) los efectos
procesales de la falta de contestación de la corrección de la demanda; 3.3) la carga
de sustentación del recurso de apelación; 4) análisis de la apelación: 4.1) hechos
probados: 4.1.1) en relación con la celebración del contrato 010 de 1998, su
contenido obligacional y la expedición de la póliza de cumplimiento; 4.1.2) de lo
acontecido durante la ejecución del contrato 010 de 1998; 4.1.3) las causas que
condujeron a la suscripción del acta del 15 de mayo de 1998 de suspensión del
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contrato 010 de 1998; 4.1.4) las negociaciones adelantadas por las partes luego de
la suspensión del 15 de mayo de 1998 encaminadas a reanudar la ejecución del
contrato; 4.1.5) la declaratoria de caducidad del contrato 010 de 1998; 4.1.6) la
liquidación unilateral del contrato 010 de 1998; 4.2) análisis de los cargos de la
apelación de los expedientes 2000-01903 y 2001-00546 (45969): 4.2.1) la
excepción de contrato no cumplido; 4.2.2) sobre la declaratoria de caducidad
cuando el contrato se encontraba en estado de suspensión y el incumplimiento del
Ministerio de Transporte en el pago del stand by; 4.2.3) sobre la ruptura del equilibrio
económico como causa generadora de la falta de reanudación del contrato por parte
de Dragacol S.A.; 4.2.4) sobre la desviación de poder al declarar la caducidad del
contrato 010 de 1998; 4.2.5) la obligación de aplicar y respetar el derecho
fundamental al debido proceso de la contratista y la aseguradora en el marco de la
declaratoria de caducidad del contrato 010 de 1998; 4.3) los cargos de la apelación
del expediente 2001-02450 (32907): 4.3.1) sobre la incompetencia para liquidar
unilateralmente el contrato 010 de 1998 por haberse presentado la prejudicialidad
con el acto de liquidación y la vulneración al debido proceso de la aseguradora y 6)
costas.
1. Competencia del Consejo de Estado
A continuación, la Sala verificará su competencia para conocer del recurso de
apelación:
1.1. El artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo
30 de la Ley 446 de 1998, consagraba que la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo es la competente para decidir las controversias y litigios originados
en la actividad de las entidades públicas.
En esta oportunidad se encuentran en controversia circunstancias atinentes a la
nulidad de las decisiones que declararon la caducidad del contrato 010 de 1998, la
ocurrencia del siniestro de incumplimiento y el mal manejo del pago anticipado, así
como los actos que liquidaron unilateralmente dicho negocio, celebrado entre el
Ministerio de Transporte y la sociedad Dragacol S.A.
En consideración a que el demandado, Ministerio de Transporte, ostenta la
naturaleza de entidad pública, esta jurisdicción es competente para conocer del
presente asunto.
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1.2. También le asiste competencia a la Sala para conocer de esta controversia en
segunda instancia, pues las pretensiones de contenido económico se estimaron en
montos superiores a la suma equivalente a 500 S.M.L.M.V.1 para que el proceso
tuviera vocación de doble instancia.
2. Procedencia y oportunidad para el ejercicio de la acción contractual
Observa la Sala que las pretensiones versan sobre la nulidad de las resoluciones
mediante las cuales el Ministerio de Transporte declaró la caducidad del contrato
010 de 1998, lo liquidó unilateralmente y declaró la ocurrencia del siniestro, aspecto
que, al tenor de los dictados del artículo 87 del CCA, corresponde ventilarse a través
de la acción contractual.
Para establecer la oportunidad de la interposición de la demanda, en principio,
cabría precisar que, en cuanto los actos acusados son encadenados, debido a que
la liquidación unilateral se profirió como consecuencia de la declaratoria de
caducidad del contrato, lo propio sería contar el término de la interposición desde la
notificación de aquel; sin embargo, toda vez que las demandas con las que se
persigue la nulidad de esos actos se formularon separadamente, al cabo de lo cual
se acumularon, corresponde contar la caducidad de manera independiente frente a
cada una de ellas.
• En el proceso 2000-01903 (45969)
Así, frente a la acción promovida por la aseguradora Confianza S.A. en procura de
la nulidad del acto que declaró la caducidad del contrato No. 010, contenido en la
Resolución 000787 del 3 de mayo de 1999, debe decirse que esa decisión fue
recurrida por el garante, impugnación que fue decidida a través de la Resolución
001564 del 23 de julio 1999.
En aplicación de la regla prevista en el numeral 10) artículo 136 del CCA de ese
compendio legal, según la cual “En las relativas a contratos el término para
demandar será de dos (2) años que se contarán a partir del día siguiente a la
ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento”, se
1 Demanda radicada con el número 2000-01903 el 29 de mayo de 2000, su pretensión fue de
$899’999.999 que supera los 500 smlmv de esa época, equivalentes a $130’000.000.
Demanda radicada con el número 2001-00146 el 9 de marzo de 2001, su pretensión mayor ascendió
a $14.085’756.733, valor superior a los 500 smlmv de entonces que ascendían a $143’000.000.
Demanda radicada con el número 2001-02450 el 12 de octubre de 2001, su pretensión fue de
$899’999.999 que supera los 500 smlmv equivalentes a $143’000.000.
25
Expediente: Acumulados 45969 y 32907
Actor: Dragacol S.A. y otra
Demandado Nación – Ministerio de
Transporte
ha de tomar el día siguiente a la fecha en que se profirió la Resolución 001564 –24
de julio de 1999-, por lo que los dos años habrían de vencerse el 24 de julio 2001.
Como la demanda se interpuso el 29 de mayo de 2000, se concluye que su
presentación se surtió dentro del término legal.
• En el proceso 2001-00546 (45969)
Respecto de la demanda presentada por Dragacol S.A., se precisa que inicialmente
fue instaurada el 9 de marzo de 2001, con fin de obtener la nulidad del acto que
declaró la caducidad del contrato y del que por vía de reposición lo confirmó, por lo
que respecto de esa pretensión la demanda fue interpuesta en tiempo, si se tiene
en consideración que el recurso de reposición presentado por Dragacol contra la
declaratoria de caducidad fue decidido en Resolución 01533 del 22 julio 1999.
No obstante, el escrito inicial fue corregido el 12 de agosto de 2002 para introducir
nuevas pretensiones anulatorias contra el acto que liquidó unilateralmente el
contrato y el que declaró la ocurrencia del siniestro de pago de salarios y
prestaciones sociales, toda vez que esas decisiones fueron proferidas con
posterioridad a la formulación de la demanda inicial.
Así pues, el acto que liquidó unilateralmente el contrato está contenido en la
Resolución 02503 del 10 de abril de 2001, la cual fue confirmada mediante la
Resolución 005711 del 3 de julio de 2001, que decidió el recurso de reposición
interpuesto en contra de aquella por Dragacol y por la aseguradora.
En ese orden, debe tenerse en consideración la regla prescrita en el literal d) del
numeral 10 del artículo 136 del CCA, de conformidad con la cual ““iv) En los que
requieran de liquidación y esta sea efectuada unilateralmente por la administración,
a más tardar dentro de los dos años siguientes a la ejecutoria del acto que la
apruebe”. Así pues, el cómputo en este caso iniciaba a correr el 3 de julio de 2001,
lo que llevaba a que el vencimiento de los dos años se situara en el 3 de julio de
2003. Dado que la pretensión de nulidad en su contra se introdujo el 2 de agosto de
2002, emerge con claridad la oportunidad de su formulación.
Lo mismo acontece frente a la pretensión de nulidad de la Resolución 02502, por la
cual se declaró la ocurrencia del siniestro relacionado con el pago de salarios y
prestaciones sociales, adoptada el 10 de abril de 2001 y confirmada en Resolución
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Expediente: Acumulados 45969 y 32907
Actor: Dragacol S.A. y otra
Demandado Nación – Ministerio de
Transporte
05710 de 3 de julio de 2001, pues, bajo la precisión de que siguiendo la regla
genérica del numeral 10) artículo 136 del CCA, los dos años vencían el 4 de julio de
2003, al haberse invocado esa súplica anulatoria el 12 de agosto de 2002, es
indudable que lo fue oportunamente.
• En el proceso 2001-02450 (32907)
Con esta demanda la Compañía Aseguradora de Fianzas S.A. pretendió la nulidad
del acto que liquidó unilateralmente el contrato 010 de 1998, condensado en la
Resolución 02503 del 10 de abril de 2001, y de la Resolución 005711 del 3 de julio
de 2001 que decidió el recurso de reposición interpuesto en contra de aquella por
Dragacol y por la aseguradora. En aplicación de la regla prescrita en el literal d) del
numeral 10 del artículo 136 del CCA, es de concluir que la demanda interpuesta el
12 de octubre de 2001, fue promovida dentro del término legal que se cumplía el 3
de julio de 2003.
3. Cuestiones previas
3.1. El supuesto desconocimiento del artículo 302 del Código de
Procedimiento Civil
La sentencia de primera instancia dictada en los procesos 2000-01903 y 2001-
00546 45969 declaró no probadas las excepciones propuestas por el Ministerio de
Transporte y negó las pretensiones de la demanda interpuesta por Dragacol S.A. y
por la aseguradora.
La sociedad demandante consideró que el fallo de primer grado, supuestamente,
desconoció lo consignado en el artículo 302 del Código de Procedimiento Civil, toda
vez que, en su criterio, dicha sentencia resultó desfavorable para ambos extremos
procesales.
Con la finalidad de resolver el cargo de la apelación previamente mencionado,
conviene advertir que el artículo 302 del Código de Procedimiento disponía que “Son
sentencias las que deciden sobre las pretensiones de la demanda o las excepciones
que no tengan el carácter de previas, cualquiera que fuere la instancia en que se
pronuncien, y las que resuelven los recursos de casación y revisión. (…)”.
Si bien en la aludida providencia se negaron las pretensiones invocadas por el
extremo activo y las excepciones propuestas por el pasivo, ello no comporta una
27
Expediente: Acumulados 45969 y 32907
Actor: Dragacol S.A. y otra
Demandado Nación – Ministerio de
Transporte
vulneración del artículo en mención, pues, en últimas, el contenido de este artículo
lo que hace no es nada distinto a definir cuáles de las providencias que dicta el juez
tienen el carácter de sentencia, entre ellas, las que decidan sobre las pretensiones,
como en este caso ocurrió y las que decidan sobre las excepciones propuestas,
situación que igualmente aconteció.
Así, contrario a lo afirmado por Dragacol S.A. en su recurso de apelación, esta
Subsección considera que el fallo de primera instancia, en realidad, no resultó
adverso para ambos extremos procesales, dado que, a pesar de que el Tribunal a
quo declaró no probadas las excepciones invocadas por el Ministerio de Transporte,
no es posible ignorar que la decisión impugnada también negó las pretensiones
formuladas por la parte activa.
Lo anterior supuso que los intereses jurídicos del Ministerio demandado se
mantuvieran inalterados, razón por la cual es plausible indicar que la sentencia
cuestionada, materialmente, sí fue favorable para la entidad pública accionada.
Ahora, aun cuando desde el punto de vista procesal la pretensión corresponde ser
atacada a través de una excepción, ciertamente el hecho de que el a quo haya
resuelto negar las excepciones propuestas por el demandado no se traduce en que
por ese hecho las pretensiones automáticamente se tornen prósperas. Aceptar tal
planteamiento equivaldría a ir en contravía del artículo 177 del CPC, que impone a
las partes “probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto
jurídico que ellas persiguen”.
De ahí que el examen del a quo, más allá de convalidar los fundamentos de las
excepciones propuestas, pasó su examen por el filtro de esa premisa legal, al cabo
de lo cual estimó que la parte actora no había demostrado los hechos en que
sustentaba su petitum, conclusión que no obsta para advertir que, al analizar los
cargos de la apelación, dicha consideración pueda modificarse por la eventual
prosperidad de los cargos de la apelación. En todo caso, ello será el resultado del
análisis que en adelante se aborde en esta decisión de segunda instancia.
En línea con lo expuesto en precedencia, la Sala tampoco puede ignorar el hecho
de que la argumentación propuesta por Dragacol S.A. es imprecisa y errada en
términos conceptuales y procesales. Dichas falencias son constatables, pues la
sociedad demandante las dejó en evidencia en su recurso de apelación, lo cual se
28
Expediente: Acumulados 45969 y 32907
Actor: Dragacol S.A. y otra
Demandado Nación – Ministerio de
Transporte
verifica en la siguiente petición (se transcribe de forma literal, incluso con posibles
errores):
“…Solicito se sirva revocar totalmente la sentencia apelada, y en su lugar,
declarar probadas las cuatro excepciones presentadas con la demanda
inicial y con la corregida”.
El extracto transcrito conduce a la Subsección a colegir que la sociedad actora
confunde aspectos procesales esenciales, pues no de otra manera se puede
explicar el hecho de que considere que con la demanda se formulan excepciones,
habida cuenta de que dichos mecanismos de defensa, por excelencia y definición,
están contenidos en el escrito de contestación, salvo la excepción de contrato no
cumplido propuesta por el Dragacol que, en este caso, en realidad, dista de ser un
medio de defensa formulado para atacar una pretensión, en tanto se erige como el
fundamento fáctico y jurídico de una causal de nulidad invocada contra el acto que
declaró la caducidad del contrato 010 de 1998.
Así las cosas, la Sala concluye que el artículo 302 del Código de Procedimiento Civil
no fue desconocido por el Tribunal a quo al proferir la sentencia de primera instancia
y, como consecuencia de ello, se despachará desfavorablemente este cargo de la
apelación formulada por Dragacol S.A.
3.2. Los efectos procesales de la falta de contestación de la corrección de la
demanda
Recuerda la Sala que uno de los cargos del recurso de apelación formulado por
Dragacol en los procesos 2000-01903 y 2001-00546 (45969) apuntó a que el
juzgador ignoró el hecho de que el Ministerio de Transporte no contestó
oportunamente la corrección de la demanda, omisión que debía ser apreciada como
un indicio grave en contra de esa entidad.
Al respecto, la Sala observa que el 12 de junio de 2009, el Tribunal Administrativo
de Atlántico, luego de detectar que había continuado el trámite procesal sin
pronunciarse sobre varios memoriales allegados por las partes, declaró la nulidad
de todo lo actuado desde la admisión de la demanda y admitió la corrección de ese
escrito presentado por Dragacol S.A., ordenando su notificación a la entidad
demandada, acto que se surtió el 30 de octubre de 2009, sin que esta hubiera
contestado la corrección, aunque debe aclararse que sí lo hizo respecto de la
demanda inicialmente presentada, en la oportunidad procesal pertinente.
29
Expediente: Acumulados 45969 y 32907
Actor: Dragacol S.A. y otra
Demandado Nación – Ministerio de
Transporte
No se observa que en la sentencia de primera instancia se hubiera hecho referencia
a la falta de contestación de la corrección de la demanda, siendo ese el contexto
del cual la parte actora pretende que en esta instancia se deriven las consecuencias
procesales que la mencionada omisión habría de desencadenar.
Sobre el particular cabe poner de presente que el artículo 95 del Código de
Procedimiento Civil señalaba que “la falta de contestación a la demanda o de
pronunciamiento expreso sobre los hechos y pretensiones de ella, será apreciada
por el juez como indicio en contra del demandado”.
Como se aprecia, la norma procesal general consagra la consecuencia para
aquellos eventos en los que no se conteste la demanda; sin embargo, nada dice
acerca de la falta de contestación de la corrección de aquella.
Sin perjuicio de ello, aun de considerarse que la mencionada consecuencia ha de
hacerse extensiva a los eventos en que no se contesta la corrección del escrito
inicial, la posibilidad de valorar esa conducta procesal como un indicio en contra de
la parte renuente tampoco puede llevar a considerar que por cuenta de tal omisión
se deba indefectiblemente acceder a las pretensiones de la demanda, como lo
sugiere el recurrente, pues tal proceder iría en contravía de la regla plasmada en el
artículo 177 del mismo estatuto, a cuyo tenor se consagra “Incumbe a las partes
probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que
ellas persiguen”.
De ahí que el hecho de que exista un indicio en contra de la entidad por la omisión
de sus deberes procesales no releva a la parte de su carga de probar los hechos en
los cuales funda sus pretensiones y, por esta razón será su valoración en conjunto,
en consonancia con la presencia del mencionado indicio, la que determine el rumbo
de las súplicas invocadas.
3.3. La carga de sustentación del recurso de apelación
Esta Subsección, de manera reiterada, ha considerado que el marco fundamental
para la competencia del juez de segunda instancia lo constituyen los cargos
planteados en contra de la decisión recurrida, razón por la cual no basta con la
simple interposición del recurso por la parte interesada, así como tampoco es
suficiente la manifestación general de no estar conforme con la decisión
impugnada, toda vez que quien tiene interés en que el asunto sea analizado de
30
Expediente: Acumulados 45969 y 32907
Actor: Dragacol S.A. y otra
Demandado Nación – Ministerio de
Transporte
fondo en segunda instancia debe señalar cuáles fueron los yerros o desaciertos en
los que incurrió el juez de primera instancia al resolver la litis planteada2.
De manera reciente, esta Subsección3 consideró que la carga de sustentación que
le corresponde cumplir a la parte recurrente no se satisface con la mera
manifestación de inconformidad con el proveído impugnado, ni tampoco con la
petición de que se revoque, pues lo que la ley exige es que se ataquen los
fundamentos de hecho y/o de derecho que sirvieron de sustento a la providencia
en el punto que se considere desfavorable a sus intereses, no solo porque la
decisión sea contraria a la parte que interpone el recurso, sino porque en realidad
existen razones o motivos -y así se indiquen en el respectivo escrito- que
conduzcan a considerar que lo decidido en primera instancia no fue acertado.
Bajo esta óptica, resulta claro que en el recurso de apelación deben exponerse las
razones o los fundamentos de disenso por los cuales no se comparten las
consideraciones de la sentencia recurrida, en orden a que el superior jerárquico
confronte el sustento de la decisión apelada con los argumentos de inconformidad
planteados por la parte recurrente, máxime porque, se insiste, los reproches frente
a la providencia impugnada son los que fijan la competencia del juez de segunda
instancia, “cuya función no puede ir al extremo de suponer las razones de
inconformidad de la parte apelante frente a la sentencia y, por esa vía, de suplir las
cargas que legalmente le han sido impuestas a ella”4.
Tampoco basta para el efecto hacer una reiteración casi que automática de los
fundamentos expuestos en oportunidades procesales precedentes, como en la
demanda, en la contestación o en los escritos de alegatos, ejercicio a través del cual
se busca simplemente sacar avante su aspiración sin entrar a cuestionar de manera
directa y concreta las razones en que se fundó la providencia recurrida que le resulta
adversa al apelante.
2 Ver, entre otras, las siguientes providencias proferidas por la Subsección A de la Sección Tercera
de esta Corporación: (i) sentencia del 10 de noviembre de 2017, expediente 54.675; (ii) sentencia
del 10 de noviembre de 2017, expediente 51.212; (iii) auto del 14 de octubre de 2015, expediente
48.502, C.P. Hernán Andrade Rincón y iv) sentencia del 9 de abril de 2014, expediente 27.550, C.P.
Mauricio Fajardo Gómez.
3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 7 de diciembre de 2021, expediente 65.962, criterio reiterado por esta Subsección en
sentencias del 4 de marzo de 2022, expediente: 53.376, C.P. José Roberto Sáchica Méndez y
expediente: 66.390.
4 Ibidem.
31
Expediente: Acumulados 45969 y 32907
Actor: Dragacol S.A. y otra
Demandado Nación – Ministerio de
Transporte
En el presente asunto, las demandantes apelaron las sentencias con el fin de que
fueran revocadas con sustento en múltiples argumentos, varios de los cuales no
cumplen con la referida carga de sustentación, como se verá cuando se aborde el
análisis de cada uno de ellos.
4. Análisis de la apelación
Por razones metodológicas, la Sala iniciará el análisis de los recursos de apelación
interpuestos contra la sentencia del 14 de junio de 2012 en cuanto insisten en que
se configuró la nulidad de la resolución por la cual el Ministerio de Transporte
declaró la caducidad del contrato 010 de 1998 y, posteriormente, se abordará el
análisis de los cargos de la apelación dirigidos contra la sentencia del 29 de marzo
de 2006, relacionados con la validez de la resolución a través de la cual dicha
entidad declaró liquidado unilateralmente el referido negocio.
Para el propósito anunciado, la Sala se referirá a los hechos que se encuentran
acreditados y que resultan de relevancia para resolver la presente controversia a
instancia de la apelación.
4.1. Hechos probados
4.1.1. En relación con la celebración del contrato 010 de 1998, su contenido
obligacional y la expedición de la póliza de cumplimiento
Está demostrado en el proceso que el 16 de enero de 1998, previo procedimiento
de licitación pública, el Ministerio de Transporte y Dragacol S.A. celebraron el
contrato 010 de 1998, con el objeto de prestar los servicios profesionales para la
reparación en dique y a flote de la draga Bocas de Ceniza, incluyendo el suministro
de repuestos y movilización, por un valor de $1.499’999.998 y un plazo de ejecución
de 60 días contados desde la suscripción del acta de inicio.
Del valor pactado, según la cláusula quinta, se previó que el 50% se entregaría al
contratista a título de pago anticipado, el cual se desembolsó el 4 de marzo de 1998
en cuantía de $749’999.999 en favor de Dragacol S.A.5.
En la cláusula séptima del contrato, se contemplaron las obligaciones a cargo de la
contratista, entre las cuales se estipuló las de “5) verificar que la draga se encuentre
5 Folios 87 a 92 del cuaderno 1 del exp. 45969.
32
Expediente: Acumulados 45969 y 32907
Actor: Dragacol S.A. y otra
Demandado Nación – Ministerio de
Transporte
debidamente clasificada y que se realicen durante el plazo de ejecución del contrato
todas las inspecciones de relación. La draga está clasificada en la casa LLoyds
Register” y “13) coordinar las inspecciones de pruebas para la reparación de la
draga”.
El 19 de enero de 1998, Confianza S.A. expidió la garantía única de seguro de
cumplimiento a favor de entidades estatales GU0100664408, cuya tomadora fue
Dragacol S.A. y el asegurado fue el Ministerio de Transporte, otorgada para
garantizar el cumplimiento del contrato 010 de 1998 y cubrió los siguientes amparos
en las vigencias y cuantías señaladas6:
AMPARO DESDE HASTA VALOR ASEGURADO
Cumplimiento 19 de enero de 1998 30 de agosto de 1998 $149’999.999
Pago anticipado 19 de enero de 1998 30 de agosto de 1998 $750’000.000
Salarios y prestaciones 19 de enero de 1998 30 de abril de 2001 $ 74’999.999
Calidad 19 de enero de 1998 30 de octubre de 1998 $299’999.999
4.1.2. De lo acontecido durante la ejecución del contrato 010 de 1998
Está demostrado que el acta de iniciación del contrato se suscribió por las partes el
18 de febrero de 19987. Igualmente lo está que el 16 de enero de 1998, las mismas
partes suscribieron el contrato 011 de 1998, con el objeto de realizar el dragado de
mantenimiento de profundidad del canal de acceso al Puerto de Barranquilla con la
draga Bocas de Ceniza, por un valor de $2.100’000.000 y un plazo de 4 meses, a
partir del 24 de enero de 19988.
La Sala evidencia que, a partir de la celebración simultánea de los contratos 010 y
011 de 1998, se presentaron circunstancias que afectaron la ejecución del primero
de los mencionados y que, en últimas es el que ocupa la atención de la Sala, debido
a que se adoptó un sistema de ejecución escalonada.
En virtud de ese modelo, se disponía de un período para hacer reparaciones a la
draga Bocas de Ceniza en cumplimiento del contrato 010. Una vez la draga se
hallaba en condiciones de operatividad, ese negocio -010 de 1998- se suspendía
para dar paso a las actividades de dragado en cumplimiento del contrato 011 de
6 Folio 93 a 94 del cuaderno 1 del exp. 45969.
7 Folio 97 del cuaderno 1 del exp. 45969.
8 Folios 90 a 92 cuaderno 1 del exp. 45969.
33
Expediente: Acumulados 45969 y 32907
Actor: Dragacol S.A. y otra
Demandado Nación – Ministerio de
Transporte
1998 hasta tanto la draga requiriera nuevamente reparaciones por causa de su
utilización constante9, lo que llevaba a que, a su vez, el dragado se suspendiera en
orden a que la draga fuera sometida a las reparaciones. A este sistema las partes
lo llamaron “dragado -reparación-dragado”10.
La situación narrada condujo a que el contrato 010 de 1998 fuera sometido a
múltiples suspensiones, como se refleja en el siguiente cuadro:
Instrumento Motivación
9 Se precisa que se trataba de las mismas reparaciones que integraron el objeto del contrato 010 de
1998, con la precisión de que debían hacerse con mayor frecuencia que la programada en el
cronograma inicial de actividades.
10 Los anteriores asertos encuentran su respaldo probatorio en los siguientes documentos:
En comunicación del 23 de febrero de 1998, Dragacol informó al Ministerio de Transporte que, con
el fin de optimizar recursos asignados para la reparación de la unidad, se consideraba necesario
modificar la propuesta de reparaciones presentada el 14 de enero de 1998, modificación con la que
se pretendía desarrollar los trabajos estrictamente indispensables en la obra viva (casco sumergido).
Indicó que con el valor de los trabajos que se reprogramaran, se esperaba cubrir el costo de los
trabajos indispensables en los equipos necesarios para la operación de la draga en cumplimiento del
contrato de dragado. Por lo anterior consideró que debían priorizarse los trabajos de reparación de
la draga ya que la draga se hallaba inhabilitada para operar. Folio 101 del cuaderno 1 del exp. 45969
El 26 de marzo de 1998, Dragacol solicitó al Ministerio que aprobara las modificaciones de las
reparaciones de predique y dique planteadas en oficio del 23 de febrero de 1998, frente a lo cual el
Ministerio en oficio del 1 de abril de 1998, manifestó que aprobaba las modificaciones del plan de
reparaciones y le solicitó que le enviara las cotizaciones de los trabajos a efectuar en la draga Bocas
de Ceniza así como las facturas de las reparaciones. Folios 102 a 103 del cuaderno 1 del exp. 45969.
En oficio del 2 de abril de 1998, Dragacol expresó al ministerio que: El contrato No. 011/98 (Dragado
del Canal de Acceso al Puerto de Barranquilla) se inició el 24 de enero con el zarpe de la draga
Bocas de Ceniza del puerto de Buenaventura, debiéndose terminar con fecha 24 de mayo/98 (cuatro
meses), momento en el cual se iniciaría el contrato no. 010/98 (Reparaciones en Dique y a Flote el
cual contempla 40 días de reparaciones predique y 20 días de reparaciones en dique para un total
de 2 meses de acuerdo al contrato en mención, debiéndose finalizar con fecha de julio/98.
El tiempo que está corriendo en ejecución del contrato No. 11/98 (cuatro meses) se está
aprovechando principalmente para la adquisición e importación de los repuestos y material requerido
para las reparaciones del contrato No. 010 y para adelantar aquellos trabajos en equipos no
esenciales para la operación de la draga en las condiciones actuales (dragado con un solo brazo) y
para efectuar las coordinaciones con los talleres y astilleros del área para la ejecución de los trabajos
planteados.
SITUACIÓN ACTUAL
Debido a la suspensión de las operaciones de dragado por inconvenientes presentados en los
equipos como es de su conocimiento, con fecha Marzo 13/98 DRAGACOL firmó el acta de iniciación
del contrato No. 010, por lo tanto el contrato No. 011/98, fue suspendido provisionalmente, con fecha
17 de febrero/98. Mientras se efectuaban reparaciones pro los daños imprevistos que dieron lugar a
esta situación, se inició el contrato de reparaciones mayores de acuerdo al acta entre las partes,
como ya se mencionó con fecha marzo 13/98; durante este lapso se alcanzaron a efectuar algunos
trabajos que no impidieron el reinicio de las operaciones en cualquier momento. Esos trabajos están
pendientes para que los reciba la interventoría.
(…).
4.-RECOMENDACIONES
Ante la necesidad de mantener operativa la draga en el cumplimiento del contrato No. 011/98 es
necesario que se vayan desarrollando paralelamente los dos contratos y al término de la operación
del dragado, dejar disponibles dos meses para terminar aquellas reparaciones que requieren ser
efectuadas con la draga inoperativa (predique y dique) como se planeó inicialmente. Folios 104 a
106 del cuaderno 1 del exp. 45969.
34
Expediente: Acumulados 45969 y 32907
Actor: Dragacol S.A. y otra
Demandado Nación – Ministerio de
Transporte
Acta de suspensión del Se suspendió su ejecución porque se realizaron
contrato 010 de 1998, reparaciones mecánicas en el motor pleugger del brazo de
suscrita el 17 de marzo de estribor, por lo que se recuperó su operatividad para las
199811. labores de dragado.
Acta de levantamiento de Se presentaron fallas en el motor pleugger de estribor y
suspensión del contrato requieren su reparación para reiniciar las labores de
010 de 1998, suscrita el 3 dragado del canal de acceso al puerto de Barranquilla.
de mayo de 199812
Acta de suspensión del Se realizaron las reparaciones mecánicas con las que se
contrato 010 de 1998, recuperó la operatividad de la draga, quedando en
suscrita el 6 de mayo de condiciones de reiniciar las labores de dragado del canal del
199813 acceso al puerto de Barranquilla.
Acta de levantamiento de Se han presentado fallas generales en la draga y requieren
la suspensión del contrato sus reparaciones.
010 de 199814, de fecha 8
de mayo de 1998
4.1.3. Las causas que condujeron a la suscripción del acta del 15 de mayo de
1998 de suspensión del contrato 010 de 1998
La Sala encuentra acreditado que, como consecuencia de la ejecución alternada de
las actividades de reparación y dragado de la máquina Bocas de Ceniza, atinentes
a los contratos 010 y 011, la draga sufrió un cambio en las condiciones en que se
hallaba antes de la celebración de ambos negocios, por cuenta de su uso
permanente.
Esto motivó la necesidad de reprogramar las reparaciones requeridas por ese
equipo, puesto que con la frecuencia de las actividades inicialmente contratadas
para su mantenimiento no se alcanzaban las condiciones de operatividad exigidas
para adelantar las labores de dragado.
Ante esa evidencia, en acta del 15 de mayo de 1998, las partes decidieron
suspender el contrato 010 de 1998, hasta tanto se definiera por parte del Ministerio
las reparaciones y tiempo para efectuarlas, dadas las nuevas condiciones
contractuales presentadas por las diferencias surgidas en el estado del equipo, en
relación con lo contratado inicialmente.
Así quedó pactado en el contenido del acta de suspensión en referencia (se
transcribe de forma literal incluso con posibles errores):
“La situación presentada en virtud de la cual era imposible acometer en
simultaneidad de tiempo y desarrollo técnico y logístico las reparaciones, por
11 Folio 100 del cuaderno 1 del exp. 45969.
12 Folio 107 del cuaderno 1 del exp. 45969.
13 Folio 108 del cuaderno 1 del exp. 45969.
14 Folio 109 del cuaderno 1 del exp. 45969.
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Expediente: Acumulados 45969 y 32907
Actor: Dragacol S.A. y otra
Demandado Nación – Ministerio de
Transporte
cuanto la urgencia de las operaciones de dragado hizo prácticamente imposible
el cumplimiento del cronograma de reparaciones, toda vez que la operación
misma generó nuevas prioridades en cuanto a las reparaciones a efectuar, el
valor de las mismas y a la constante modificación a las exigencias, técnicas
operativas y mecánicas de la draga en sus periodos de operación de dragado.
El Ministerio de Transporte informará al contratista la fecha de suscripción del
acta del acta de reiniciación”15.
4.1.4. Las negociaciones adelantadas por las partes luego de la suspensión
del 15 de mayo de 1998, encaminadas a reanudar la ejecución del contrato
Está acreditado en el expediente que en la medida en que el levantamiento de la
suspensión de contrato 010 de 1998, suscrita el 15 de mayo de ese año, se supeditó
a que el Ministerio de Transporte definiera la reprogramación de las reparaciones
requeridas por la draga, en adelante las partes iniciaron una serie de negociaciones
tendientes a determinar las condiciones para reanudar su ejecución. Con ese fin
sostuvieron varias reuniones y se cruzaron múltiples escritos16.
15 Folio 113 del cuaderno 1 del exp. 45969.
16 Las anteriores evidencias se hallan demostradas en los siguientes elementos probatorios.
-. En oficio del 16 de junio de 1998, Dragacol informó al Ministerio de Transporte que desde el 15 de
mayo de ese año, la situación de la draga Bocas de Ceniza era de stand by, lo que debía ser tenido
en cuenta para reconocimiento de costos por tener tripulación en mantenimientos rutinarios, así
como por la contratación de vigilancia y el obligatorio cumplimiento de leyes marítimas por valor de
$11’670.914, como se había establecido en el contrato 011 de 1998. Por lo anterior, solicitó al ente
ministerial que definiera la situación apropiando los recursos necesarios para terminar y liquidar el
contrato. Folios 116 a 117 del 107 del cuaderno 1 del exp. 45969.
-. En oficio del 1 de julio de 1998, Dragacol remitió al Ministerio el certificado de clase de la draga
Bocas de Ceniza expedido por Lloyds Register tras realizar la inspección de esa maquinaria, cuyo
pago, según indicó Dragacol, no estaba incluido en el contrato. Adjuntó la factura de venta expedida
por LLoyds Register por valor de $42’252.742, por concepto de la inspección de clasificación de la
draga realizada por esa firma. Folios 120 a 124 del cuaderno 1 del exp. 45969.
-. En julio 29 de 1998, Dragacol remitió al Ministerio otro certificado de clase de la draga Bocas de
Ceniza expedido por Lloyds Register tras realizar nuevamente una inspección de clasificación de la
draga. Adjuntó la factura de venta expedida por LLoyds Register por valor de $26’186.490 por la
inspección de clasificación de la draga realizada por esa firma. Folios 125 a 129 del cuaderno 1 del
exp. 45969.
-. En documento del 33 de agosto de 1998, el ministerio indicó a Dragacol que el reconocimiento de
los costos de stand by debían solicitarse a la interventoría pero que en todo caso los gatos de
vigilancia técnico o stand by que se generaran debían tomarse analógicamente con base en otro
contrato como el 011 de 1998. Folios 132 a 133 del cuaderno 1 del exp. 45969.
-. Mediante escrito del 13 de agosto de 1998, el Ministerio de Transporte manifestó al contratista que
se ordenaba el pago por concepto de la inspección de clasificación de la draga Bocas de Ceniza
realizada por la casa clasificadora Lloyds Register. Folios 134 del cuaderno 1 del exp. 45969
-. En oficio del 28 de agosto de 1998, Dragacol comunicó al Ministerio de Transporte que mientras
el contrato se hallara suspendido no se haría ninguna gestión con respecto a la clasificación de la
draga Bocas de Ceniza, por lo que no asumía responsabilidad por alteraciones que ocurrieran en
ese aspecto. Por lo anterior, advirtió: “Por tal razón y para colaborar con ese despacho en lo
necesario, le rogamos gestionar la cuenta de cobro remitida en oficio DRG/GO/072-98 a la
interventoría con copia a usted para cancelar a la Casa Clasificadora Lloyds Register y evitar la
pérdida de la clasificación de la draga”. Folio 137 del cuaderno 1 del exp. 45969.
-. El 31 de agosto de 1998, Dragacol informó a la interventoría que una vez se reinicie la ejecución
del contrato 010 de 1998 que está suspendido en virtud del acta suscrita con la entidad contratante,
continuaremos ejecutando las actividades que no correspondan a situaciones de stand by, que son
las únicas que por razón de la naturaleza del contrato no se encuentran en suspenso” Folio 138 del
cuaderno 1 del exp. 45969.
-. El 31 de agosto de 1998 la interventoría respondió a Dragacol, lo siguiente:
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Expediente: Acumulados 45969 y 32907
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Transporte
“1.- El documento del Ministerio de Transporte de fecha 13 de agosto/98 firmado por el Dr. Hernando
Santisteban, Director General de Transporte Marítimo dice textualmente: “ordena el respectivo pago
con cargo al contrato 10/98”.
“2.- En la cláusula sexta: otros pagos, dice en sus apartes: “reparaciones, mantenimiento, suministro
de equipos, partes y repuestos no contemplados en el contrato que debe ejecutar el contratista serán
autorizados en forma escrita por el director general de transporte marítimo previa expedición del
certificado de disponibilidad presupuestal por parte del Ministerio
“3.- DRAGACOL posee un anticipo del 50% del valor del contrato, lo cual hace viable el pago de
dicho valor (costo LLoyds Register).
“4.- En el contrato 010/98, DRAGACOL recibió un valor por concepto de AIU e IVA, lo cual indica
que los valores por este concepto ya fueron cubiertos por el Ministerio de Transporte.
“5.- El departamento jurídico de la Universidad del Norte entiende que los valores del Ítem anterior
ya están reconocidos en dicho contrato.
“6.- Como conclusión DRAGACOL deberá pagar a Lloyd Register el valor de CUARENTA Y DOS
MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS
($42’252.742) MCTE, incluido el IVA correspondiente”. Folios 139 del cuaderno 1 del 45969.
-. El 11 de noviembre de 1998, el Ministerio de Transporte le indicó a Dragacol que, de acuerdo con
la reunión sostenida el 6 de octubre de ese año, ponía a su disposición el nuevo esquema de
reparaciones de la draga Bocas de Ceniza, con el fin de buscar la reactivación del contrato 010 de
1998, dándole prioridad a los dos brazos de dragado, como también a los trabajos para la renovación
de los certificados de la casa clasificadora Lloyds Register.
“El ministerio de Transporte cuenta únicamente con los recursos del contrato 010/98 para la
reparación de la draga Bocas de Ceniza y por lo tanto nos vemos en la necesidad de hacer los
trabajos que tienen más prioridad dentro del presupuesto podemos incluir las reparaciones de
predique y el respectivo pago a la casa clasificadora. Agradecemos nos haga llegar a la mayor brevedad posible una respuesta a dicha proposición, así
como un cronograma estimado de las reparaciones, igualmente deseamos poder llegar a un acuerdo
en cuanto a los días que ha estado suspendido el contrato. Folios 146 a 150 del cuaderno 1 del
45969.
-. El 30 de noviembre de 1998, las partes llevaron a cabo una reunión a bordo de la draga Bocas de
Ceniza, con el fin de determinar los costos de disponibilidad por vigilancia causada desde el 16 de
mayo de 1998. En esa oportunidad llegaron a varios acuerdos, dentro de los cuales se destacan los
siguientes:
“1.- Se acordó la reparación por parte de DRAGACOL S.A. de los compresores de aire de alta y de
baja, con cargo a la partida de clasificación.
“2.- Se acordó continuar manteniendo a bordo de la DRAGA BOCAS DE CENIZA, una reserva
mínima de combustible de 6.000 galones de M.D.O. que permite atender cualquier emergencia que
implique el uso de la planta propulsora hasta 12 horas de operación. (…).
“4.- Se acordó efectuar por DRAGACOL S.A. con cargo a la partida de clasificación los trabajos que
se requieran para habilitar los sistemas de seguridad y salvamento que permitan la expedición de
los certificados nacionales.
“5.- se acordó efectuar por parte de DRAGACOL S.A. y con cargo a la partida de clasificación; las
diligencias necesarias para renovar los certificados nacionales; a través de la Capitanía de puerto
de Barranquilla.
(…).
“7.- Se inspeccionó el sistema de iluminación y acometidas eléctricas sobre cubierta de la DRAGA
BOCAS DE CENIZA, comprobando que la señalización nocturna reglamentaria (luces de fondeo y
navegación) se encuentra trabajando sin novedad, así mismo se determinó perfeccionar la
iluminación de habilitación de pasillos y la reparación de acometidas eléctricas en cubierta, puntos
que se encuentran contemplados dentro del presupuesto establecido para clasificación.
Se acordó
que los trabajos expuestos en este punto, serán efectuados por DRAGACOL S.A. con cargo a la
partida de clasificación.
“(…).
“13. Se le entregaron al señor ingeniero Jorge Álvarez los soportes correspondientes al valor del día
de disponibilidad en vigilancia técnica, causados por el operador DRAGACOL los cuales se anexan.
“14.- El señor Ingeniero Jorge Álvarez manifiesta no estar de acuerdo con el ítem de administración
central que figura en los cuadros de costos diarios de disponibilidad en vigilancia técnica. Folios 150
a 151 del cuaderno 1 del 45969.
-. Mediante oficio del 7 de enero de 1999, el Ministerio de Transporte indicó que, en desarrollo de las
distintas reuniones sostenidas con Dragacol, se ha discutido la fórmula de reanudar la ejecución del
contrato 010 de 1998 con base en la definición de un programa de reparaciones que permitiera
cumplir con los requisitos de clasificación de la draga y recuperar sus condiciones operativas. Indicó
que si bien Dragacol exigía un reconocimiento de $12’135.870 por concepto de stand by, para el
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Expediente: Acumulados 45969 y 32907
Actor: Dragacol S.A. y otra
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Transporte
En desarrollo de esos acercamientos, la sociedad contratista, constantemente, puso
en conocimiento del Ministerio la situación de stand by que, en su criterio, se había
Ministerio ese costo no correspondía a un stand by, sino a una vigilancia técnica que representaba
a una cifra sustancialmente menor. En atención a la diferencia en la determinación de los costos diarios de suspensión del contrato, a la
necesidad de contar con la draga Bocas de Ceniza en condiciones operativas y para preservar la
continuidad del servicio vinculado al mantenimiento del canal de acceso al Puerto de Barranquilla, el
Ministerio manifestó:
“me permito reiterarle la propuesta que en varias oportunidades le ha formulado el jefe de la Oficina
Jurídica en el sentido de ejecutar el programa de trabajos de clasificación y reparaciones propuesto
a Dragacol S.A. por la Dirección General de Transporte Marítimo en el oficio 024896 del 11 de
noviembre de 1998 y de común acuerdo aceptar que la definición del valor diario del costo del periodo
de suspensión del contrato lo resuelva un organismo gremial, profesional o universitario a través del
mecanismo del arbitramento o pericia técnicos, tal como lo autoriza la Ley 80 de 1993 y la Ley 446
de 1998. Esperamos conocer su respuesta a este planteamiento en el curso de la próxima semana con el fin
de evaluar la posibilidad de alcanzar un acuerdo definitivo antes de finalizar el mes en curso de modo
que, en desarrollo del mismo se pueda formalizar la reanudación de la ejecución del contrato en
cuestión. En caso contrario procederemos a analizar las alternativas jurídicas que necesariamente
deberá adoptar el ministerio para preservar los recursos vinculados a la reparación de la draga,
asegurar las condiciones de conservación y operación de la misma y garantizar la continuidad del
mantenimiento del canal de acceso al Puerto de Barranquilla. Folios 152 a 154 del cuaderno 1 del
45969.
-. Nuevamente el 30 de marzo de 1999, el Ministerio de Transporte envió comunicación a Dragacol
en la que manifestó que, desde el 8 de marzo de 1998 se le había requerido para suscribir el acuerdo
de reanudación del contrato 01 de 1998, sin recibir respuesta alguna, por lo que, una vez más,
procedía a citar a esa sociedad para que el 5 de abril se reunieran con el fin de suscribir el respectivo
consenso. Indicó que su no comparecencia afectaba en forma grave el cumplimiento del contrato, habida cuenta
de que el programa de reparaciones se definió en su oportunidad y de acuerdo con lo convenido en
el acta de suspensión del 5 de mayo de 1998, se imponía su reanudación y se rechazaba para ese
efecto cualquier condicionamiento ajeno al estricto cumplimiento de las obligaciones a cargo de
Dragacol y agregó: De no prestar su concurso para la atención de esta nueva solicitud, entendemos que su voluntad
inequívoca es la de negarse a cumplir con los compromisos contractuales quedando a su cargo de
la sociedad contratista la plenitud de los efectos legales y económicos pertinentes, sin perjuicio que
le asiste a este Ministerio de solicitar a su garante el cumplimiento de las obligaciones contraídas. Folios 155 a 156 del cuaderno 1 del 45969.
-. En respuesta, el 5 de abril de 1999 Dragacol envió oficio al Ministerio en el que sostenía que no
era cierto que durante los cinco meses anteriores esa entidad hubiera presentado programa alguno
de reparaciones ni de operaciones y tampoco que el contratista se hubiera abstenido de mostrar su
disposición para reanudar la ejecución del contrato, pues suministró la información técnica y
operatividad referente a la calidad y cantidad de reparaciones. Manifestó que el ministerio es la entidad responsable de la suspensión del contrato y el continuado
estado de inactividad que se encuentra el contrato no obstante que Dragacol solicitó la reanudación
y haber informado a la entidad sobre los costos de stand by. Señaló que el contrato le imponía
obligaciones a la entidad de las que no podía sustraerse y que cualquier documento de reanudación
debía ser producto del acuerdo de voluntades y no de unilateralidades que el contratista no iba a
aceptar.
Informó que asistirían a la reunión del 5 de abril de 1999 Folios 157 a 159 del cuaderno 1
del 45969.
-. El 15 de abril de 1999, Dragacol manifestó al Ministerio que, en el desarrollo de la reunión
sostenida ese día, ese ente había presentado un documento de acuerdo que distaba de los
compromisos que a lo largo de las negociaciones para reanudar el contrato 010 de 1998 habían
planteado las partes. Indicó que se encontraron, entre otras, las siguientes diferencias: i) no se
manifestó que el ministerio había considerado que los costos de stand by se debían tomar por
analogía del contrato 011; ii) no se indicaron las cantidades en que se estima el valor diario del stand
by; iii) no se contempló que las partes acordaban llevar a arbitramento técnico el reconocimiento por
concepto de stand by. Argumentó que, si el ministerio introducía en el documento los acuerdos
logrados en reuniones pactadas, sería posible continuar con la ejecución del contrato. Folios 160 a
163 del cuaderno 1 del expediente 45969.
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Expediente: Acumulados 45969 y 32907
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Transporte
presentado por la tenencia y conservación de la draga Bocas de Ceniza y la
necesidad de que fueran reconocidos los respectivos costos como condición para
continuar con las labores de reparación. Aun cuando en un primer momento el ente
contratante consideró que podía reconocerse esa solicitud aplicando
analógicamente los valores del contrato 011 de 1998, con posterioridad, con apoyo
en documentos técnicos resultantes de las inspecciones realizadas a la máquina,
estimó que, en realidad, no se había configurado un stand by sino costos de
vigilancia técnica que correspondían a una cifra muy inferior a la solicitada por
Dragacol.
Adicionalmente, la contratista, si bien gestionó algunas inspecciones de la draga
para obtener los certificados de la clasificación de la casa LLoyds Register, se
abstuvo de pagar el valor de su realización a esa firma, bajo el argumento de que
su costo debía ser asumido por el Ministerio, respecto de lo cual la interventoría
conceptuó que tales rubros ya se hallaban cubiertos con el porcentaje del pago
anticipado desembolsado a la contratista, por lo que esta debía pagarlos a la casa
clasificadora.
En ese escenario de concertación, el que, se recuerda, tuvo lugar mientras el
contrato se hallaba en estado de suspensión, el Ministerio de Transporte argumentó
que solo tenía los recursos asignados al contrato para su reactivación y que debían
priorizarse las reparaciones necesarias para la puesta en funcionamiento de la
máquina, así como también los trabajos para la renovación de los certificados de la
casa clasificadora Lloyds Register.
Con sustento en esa argumentación, el ente contratante honró el compromiso
pactado en el acta de suspensión, en el sentido de poner a consideración de
Dragacol el programa de reparaciones, en el que propuso cubrir las siguientes
actividades por los valores enunciados:
ITEM DESCRIPCIÓN VALOR
1 TRABAJOS PARA RENOVACIÓN CERTIFICADOS LLOYDS $271’487.462
2 TRABAJOS PARA REPARACIÓN BRAZOS DE DRAGADOS BABOR ESTRIBOR $431’210.0000
3 TRABAJOS PARA COMPLETAR PREDIQUE $212’586.297
TOTAL $861’283.759
Además de lo anterior, indicó que en tanto no existía acuerdo respecto de los valores
reclamados por concepto de stand by, resultaba viable someter esa discusión a un
arbitramento técnico, lo que no obstaba para levantar la suspensión en los términos
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Expediente: Acumulados 45969 y 32907
Actor: Dragacol S.A. y otra
Demandado Nación – Ministerio de
Transporte
propuestos en el programa de reparaciones y continuar con el cumplimiento del
objeto contratado.
Dragacol S.A. consideró que esa propuesta no era aceptable, por no cubrir los
costos de stand by generados desde el inicio de la suspensión y cuya causación,
en su criterio, era de entera responsabilidad del Ministerio y advirtió que solo
adelantaría las labores de mantenimiento necesario concernientes al concepto de
stand by.
Ante la renuencia de Dragacol para acordar los términos del levantamiento de la
suspensión del contrato 010, el Ministerio lo requirió en varias oportunidades para
que reanudara su cumplimiento, sin obtener el consenso de la contratista, la que
aducía que el ente público no había reconocido en el documento de propuesta de
acuerdo las negociaciones adelantadas y que mientras no lo hiciera no reiniciaría la
ejecución del contrato. Los puntos que, según la contratista, el ministerio se abstuvo
de introducir en el acuerdo, versaron, principalmente, sobre el reconocimiento del
stand by.
4.1.5. La declaratoria de caducidad del contrato 010 de 1998
Está demostrado en el proceso que, luego de varios requerimientos elevados por el
ente contratante para que Dragacol S.A. prestara su consentimiento para levantar
la suspensión que desde el 15 de mayo de 1998 pesaba sobre el contrato 010 de
1998, sin lograrlo, mediante Resolución 00787 del 3 de mayo de 1999, el Ministerio
de Transporte declaró la caducidad del contrato 010 de 1998 y la ocurrencia del
siniestro de incumplimiento, así como del siniestro vinculado al amparo del pago
anticipado, cubierto por la garantía única G U0100664408, expedida por Confianza
S.A.; ello, con fundamento en las siguientes motivaciones:
A pesar de que el 4 de marzo de 1998 se había desembolsado la suma de
$749’999.999 en favor de Dragacol, a título de pago anticipado, la contratista,
durante el tiempo de ejecución del negocio hasta su suspensión acordada el 15 de
mayo de 1998, solo ejecutó $24’100.000, equivalente al 1.6% del valor del contrato.
Luego de referirse a lo ocurrido durante la ejecución del contrato, a sus
suspensiones y a la conducta de la contratista frente a las solicitudes de
reanudación, advirtió que el Ministerio desestimó las reclamaciones de la contratista
sobre los costos de stand by, pero que, en cumplimiento de las normas de
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Expediente: Acumulados 45969 y 32907
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contratación pública y en orden a solucionar de forma ágil las controversias,
examinó las fórmulas de arreglo sobre la base de reanudar el contrato con
fundamento en la programación y cronograma definidos previamente y planteó que
la controversia sobre costos de stand by fuera definida a través de un arbitramento
técnico. Precisó que, pese a ello, la contratista no se pronunció oportunamente, con
lo cual dilató el reinicio de las actividades.
Señaló que la contratista observó en todo momento conductas dilatorias frente a las
actuaciones de la entidad para la reiniciación del contrato, teniendo en
consideración que en el acta de suspensión se condicionó su levantamiento
exclusivamente a la presentación por parte del Ministerio del nuevo programa de
reparaciones y cronograma de ejecución, compromiso que la Administración
cumplió cabalmente, sin que Dragacol hubiera honrado su deber de colaboración
para que el objeto contratado se cumpliera.
Adicionalmente, consignó (se transcribe de forma literal, incluso con posibles
errores):
“Que de acuerdo con lo estipulado en el numeral 5 de la cláusula séptima del
contrato 010 de 1998, el contratista está obligado a verificar que la draga se
encuentre debidamente clasificada y según el numeral 13 de la misma cláusula
debe coordinar las inspecciones de prueba para la clasificación de la draga.
Que como consecuencia de la conducta dilatoria y evasiva de la sociedad
contratista, es evidente que ha incurrido en el incumplimiento de las
obligaciones mencionadas en el párrafo precedente, toda vez que por causa de
dicha conducta la draga no ha podido ser reparada y se encuentra en estado
de deterioro lo cual ha implicado el vencimiento de varios de los certificados de
clasificación de la nave, afectando gravemente las condiciones para su
operación y por lo tanto, la prestación del servicio de dragado del canal de
acceso al puerto de Barranquilla que era un servicio público a cargo de la
Nación”.
(…).
Que de conformidad con las anteriores consideraciones se hace evidente la
conducta dilatoria asumida por el representante legal de Dragacol S.A. y el
incumplimiento de las obligaciones a cargo de la mencionada sociedad que
afecta de manera grave y directa la ejecución del contrato No. 00010 de 1998,
evidenciando claramente que ello ha conducido a la paralización del contrato,
es decir, que tal conducta ha impedido y continúa obstaculizando su cumplida
ejecución, aspectos fácticos que se adecuan a los presupuestos normativos
previstos en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993. (…).
Que para el efecto, debe tenerse en cuenta que el Ministerio de Transporte
cumplió con las obligaciones a su cargo derivadas de lo pactado en el
mencionado contrato, esto es, entre otros aspectos, entregó oportunamente el
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Expediente: Acumulados 45969 y 32907
Actor: Dragacol S.A. y otra
Demandado Nación – Ministerio de
Transporte
pago anticipado, suministró el nuevo programa de reparaciones y su respectivo
cronograma, solicitó la suscripción de documentos para la reanudación de la
ejecución del contrato, frente a lo cual la sociedad contratista persistió en
observar una conducta permanente dilatoria y evasiva de sus obligaciones y
deberes legales y contractuales”.
En Resoluciones 01533 del 22 de julio de 1999 y 01564 del 23 del mismo mes y
año, el Ministerio desató los recursos de reposición interpuestos por Dragacol y la
aseguradora en contra de la declaratoria de caducidad, respectivamente,
confirmándola en su integridad.
4.1.6. La liquidación unilateral del contrato 010 de 1998
Se probó en el proceso que, como consecuencia de la declaratoria de caducidad,
mediante oficio del 15 de septiembre de 2000, la entidad demandada procedió a
remitir el acta de liquidación de mutuo acuerdo del contrato 010 de 1998 a Dragacol
para su revisión, ante lo cual esa sociedad, a través de comunicación del 13 de
octubre de 2000, manifestó no prestar su consentimiento para su firma por no
ajustarse a la realidad contractual.
Acto seguido, el Ministerio de Transporte liquidó unilateralmente el contrato 010 de
1998, teniendo como aspectos determinantes del balance final de cuentas los
siguientes:
Valor ejecutado del contrato $24’100.000
Pagos efectuados a título de pago anticipado $749’999.999
Saldo a favor del Ministerio $725’899.999
Suma actualizada desde la fecha en que se realizó el pago $960’562.901
anticipado (marzo de 1998) a la fecha de liquidación (febrero de
2001).
Valor de publicación en el diario oficial pagada por el Ministerio el $260’000
8 de septiembre de 1999
Saldo a favor del Ministerio de Transporte $960’822.901
Finalmente, la Sala precisa que aunque en la demanda del expediente 2001-00546
(45969) la parte actora invocó la nulidad de la Resolución 02502 del 10 de abril de
2001, por la cual el Ministerio de Transporte declaró la ocurrencia del siniestro
vinculado al pago de salarios y prestaciones sociales, cubierto por la póliza
GU0100664408 expedida por Confianza S.A. y de aquella que por vía de reposición
la confirmó, la Sala no se referirá a los hechos acreditados en relación con ese
aspecto, toda vez que en los recursos de apelación que corresponde decidir nada
se dijo acerca de la ilegalidad de esas decisiones, por lo que cualquier análisis sobre
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Expediente: Acumulados 45969 y 32907
Actor: Dragacol S.A. y otra
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Transporte
su contenido, en aplicación del principio de congruencia, escapa a la competencia
del juez de segunda instancia.
4.2. Análisis de los cargos de la apelación de los expedientes 2000-01903 y
2001-00546 (45969)
Respecto de los cargos de apelación formulados por Dragacol S.A y la aseguradora
Confianza S.A. contra la sentencia del 14 de junio de 2012, la Sala advierte que, en
resumen, se dirigen a atacar la legalidad de la Resolución 0787 del 3 de mayo de
1999, contentiva de la declaratoria de caducidad del contrato 010, con argumentos
que se concentran en cuestionar las razones por las cuales el a quo consideró que
el acto acusado no adolecía de nulidad por infracción de las normas en que debió
fundarse, falsa motivación, desviación de poder y vulneración al debido proceso.
En ese orden procederá la Sala a desatar cada uno de ellos:
4.2.1. La excepción de contrato no cumplido
Frente a la excepción de contrato no cumplido invocada por Dragacol, luego de
referirse a las pruebas obrantes en el proceso, el tribunal consideró que el Ministerio
de Transporte no desatendió sus obligaciones contractuales, dado que durante
varios meses manifestó su voluntad de reanudarlo, siendo Dragacol la que se
resistió a su reinicio hasta tanto le fuera reconocida la situación de stand by
reclamada, la que, en criterio del Ministerio, no se había producido y, en cambio sí
se habían dejado de realizar las reparaciones encomendadas, a pesar de que la
contratista tenía el 50% del pago anticipado, incluidos los gastos reembolsables por
concepto de la certificación de la draga.
En desacuerdo con lo anterior, Dragacol S.A. en su recurso de apelación sostuvo
que, al resolver la excepción de contrato no cumplido, el tribunal no tuvo en
consideración que el Ministerio debió hacer uso de las facultades excepcionales de
terminación, interpretación y modificación del contrato y que, al haber manifestado
su voluntad de reanudar el contrato, lo propio era que la entidad dictara un acto
administrativo suprimiendo obras o servicios para evitar la paralización del contrato.
Agregó que el Ministerio incumplió el contrato, por cuanto, según el acta de
suspensión del 15 de mayo de 1998, ese ente debía definir las reparaciones y el
tiempo para efectuarlas a través de acto administrativo de modificación, lo cual no
aconteció.
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Demandado Nación – Ministerio de
Transporte
En orden a resolver este cargo de la apelación, la Sala parte de precisar que, en
efecto, no obstante que en la demanda presentada por Dragacol S.A uno de los
cargos en que se sustentó la excepción de contrato no cumplido consistió en que el
Ministerio de Transporte no promovió el cumplimiento de los fines estatales, al omitir
introducir en el contrato modificaciones a través de acto administrativo para
viabilizar las reparaciones de la draga y procurar la satisfacción del objeto
contractual, el tribunal no emitió pronunciamiento concreto sobre ese aspecto,
silencio que impone a esta Sala decidir ese punto insoluto de la controversia.
Aclarada esa cuestión, es relevante poner de presente que la excepción de contrato
no cumplido se encuentra desarrollada en el artículo 1609 del Código Civil, de
conformidad con el cual, “En los contratos bilaterales ninguno de los contratantes
está en mora dejando de cumplir lo pactado, mientras el otro no lo cumpla por su
parte, o no se allana a cumplirlo en la forma y tiempo debidos”.
Sobre la presencia de esta figura en el terreno de la actividad negocial del Estado,
el Consejo de Estado ha sostenido:
En otras palabras, el contratista presentó la excepción de contrato no cumplido
para demostrar que el no-cumplimiento no le era imputable y, por tanto,
jurídicamente no existió un incumplimiento. Esto haría que el acto de
declaratoria de caducidad, fundado en un incumplimiento del contratista,
hubiera sido expedido mediante falsa motivación. La jurisprudencia de esta
corporación ha aceptado la aplicación de la excepción de contrato no cumplido
en materia de contratos estatales. Sin embargo, se ha condicionado, entre
otros, a que el incumplimiento de la entidad contratante genere una
imposibilidad razonable de cumplir con la obligación, pues el contratista está
obligado a cumplir con sus obligaciones así se presente un incumplimiento que
no impida la ejecución del contrato17.
En materia de contratación estatal no cualquier desatención obligacional de la
entidad tiene la virtualidad de situar en estado de incumplimiento al contratista o de
conjurarlo. Ello obedece a que, en atención al fin público que se encuentra ínsito en
la suscripción de un contrato estatal, el contratista debe procurar satisfacer su objeto
en las condiciones inicialmente convenidas, a menos que, en realidad, el
apartamiento de las obligaciones a cargo de la entidad lo lleven a un estado de
imposibilidad material de cumplirlo, supuesto que en este caso no acaeció.
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, exp.
1999-01606-02, 11 de octubre de 2021, C.P. Alberto Montaña Plata.
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Actor: Dragacol S.A. y otra
Demandado Nación – Ministerio de
Transporte
Al respecto, debe ponerse de presente que no existe coherencia entre la excepción
de contrato no cumplido propuesta y el argumento en que se pretende sustentar su
configuración, pues la verdad es que la accionante no está admitiendo que su
incumplimiento hubiere sido consecuencia directa del incumplimiento previo de su
contraparte y que hubiera sido esta la que la hubiera llevado a apartarse de la
satisfacción de sus deberes; lo que alegó, por vía de otro cargo de nulidad que será
retomado luego, es que la contratista no estaba en mora de atender sus
compromisos negociales, en tanto el contrato se hallaba suspendido.
Encuentra la Sala que la obligación que se alega como incumplida en fundamento
de la excepción propuesta no fue contraída por el Ministerio y que, bajo la eventual
comprensión de que habría resultado connatural al clausulado contractual, tampoco
se le imponía por mandato de la ley acatarla, premisa que, aunque no se
corresponde con el contenido sustancial de la exceptio non adimpleti contractus,
será analizada, en aplicación del principio constitucional que indica la prevalencia
de la sustancia sobre la forma.
Afirma Dragacol que la entidad incumplió el acuerdo por no aplicar la potestad
excepcional de modificación unilateral del contrato prevista en la Ley 80 de 1993 y
que, en su criterio, debía haber adoptado para introducir cambios en las condiciones
de las reparaciones previamente convenidas.
Al respecto, la Sala estima que, si bien la alternativa sugerida por la actora como
camino que ha debido tomar la Administración, eventualmente habría resultado
procedente en caso de que se reunieran los supuestos normativos para seguir esa
dirección, lo cierto es que constituye un alegato que riñe abiertamente con la actitud
revelada por la contratista durante plazo de ejecución contractual y pone en tela de
juicio la buena fe que se le exige en sus relaciones negociales.
Para sustentar la anterior censura, la Sala encuentra inadmisible que Dragacol S.A.
en sede judicial esgrima que la entidad estatal dejó de hacer uso de las potestades
excepcionales -específicamente de la modificación unilateral del contrato- de las
que la dotó el legislador para garantizar la continuidad de la prestación del servicio
contratado, y en el escenario de la ejecución contractual hubiera sostenido todo lo
contrario, al advertir al Ministerio que no se aceptaría la imposición unilateral de
nuevas condiciones para reanudar la ejecución el contrato.
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Expediente: Acumulados 45969 y 32907
Actor: Dragacol S.A. y otra
Demandado Nación – Ministerio de
Transporte
Se observa sobre este aspecto que, el 5 de abril de 1999, Dragacol envió oficio al
Ministerio en el que sostenía que esa entidad era la responsable de la suspensión
del contrato y el continuado estado de inactividad en que se hallaba, a lo que añadió
que el negocio le imponía obligaciones a la entidad de las que no podía sustraerse
y que cualquier documento de reanudación debía ser producto del acuerdo de
voluntades y no de unilateralidades que la contratista no iba a aceptar18.
En atención a ese panorama, la Sala encuentra ajustada a derecho la decisión del
Ministerio de Transporte de declarar la caducidad del contrato. Era claro que, ante
la reiterada renuencia del contratista a reanudar las actividades encaminadas al
cumplimiento del contrato 010 de 1998, consecuencialmente persistiría la situación
de parálisis en que se hallaba su ejecución, incluso en el evento de que el Ministerio
optara por modificarlo unilateralmente, porque así se lo advirtió Dragacol en su
misiva.
La Sala considera que resultó razonable y proporcional la decisión adoptada, de
cara a la realidad imperante frente a la indeterminación del rumbo contractual, por
falta de voluntad del contratista para proseguir con el cumplimiento de su objeto y a
sus advertencias de que no aceptaría decisiones unilaterales de la Administración.
De la mano de lo dicho, cabe destacar que el compromiso adquirido al suscribir el
acta del 15 de mayo de 1998 por el Ministerio de Transporte, en orden a cesar la
situación de suspensión del contrato 010 de 1998, se contrajo a presentar una
reprogramación de las reparaciones y el tiempo para efectuarlas, carga que fue
satisfecha el 11 de noviembre de 1998, fecha en que la entidad puso a disposición
de Dragacol el nuevo esquema de reparaciones de la draga Bocas de Ceniza, con
el fin de buscar la reactivación del contrato 010 de 1998.
Se recuerda que en esa oportunidad el Ministerio estimó imperioso dar prioridad a
los trabajos requeridos para la renovación de los certificados de clasificación de la
casa Lloyds, trabajos para reparación de brazos de dragados babor estribor y a las
actividades para completar el predique.
Cuestión distinta es que, no obstante que el Ministerio cumplió con lo estipulado en
el acta de suspensión, Dragacol decidió abstenerse de reanudar la ejecución del
contrato, excusándose en la falta de reconocimiento de unos rubros por concepto
18 Folios 157 a 159 del cuaderno 1 del expediente 45969.
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de stand by que, en primer lugar, nunca fueron acordados entre las partes, por lo
que su falta de reconocimiento, en manera alguna podría atribuirse al Ministerio a
título de incumplimiento y, en segundo lugar, su causación tampoco invadió la órbita
de responsabilidad del contratante, por razones que serán explicadas en posterior
apartado.
En conclusión, la Sala no encuentra asidero en el cargo formulado, en cuanto la
excepción de contrato no cumplido que se alega, fundada en el hecho de que el
Ministerio no ejerció debidamente la potestad excepcional de modificación unilateral
del contrato.
4.2.2. Sobre la declaratoria de caducidad cuando el contrato se encontraba en
estado de suspensión y el incumplimiento del Ministerio de Transporte en el
pago del stand by
El tribunal de primera instancia estimó que, si bien la caducidad del contrato solo
podría declararse mientras se hallara en ejecución, era cierto igualmente que no
podía estar suspendido indefinidamente. Dicho esto, advirtió que el Ministerio
desplegó todas las diligencias para su reanudación, encontrándose en todo
momento con la renuencia de Dragacol.
En desacuerdo con lo anterior, Dragacol sostuvo que no resultaba válido declarar la
caducidad del contrato que se encontraba suspendido, menos cuando era al
ministerio al que le correspondía cesar la suspensión, a través de la definición de
las reparaciones a realizar y el tiempo para efectuarlas, según había quedado
acordado en el acta de suspensión. Alegó que la suspensión por mutuo acuerdo
impedía que fuera sujeto de declaratoria de caducidad, ya que en ese lapso no podía
predicarse un incumplimiento de las obligaciones a cargo de las partes.
A su turno, y con el argumento que tiene relación con el expuesto por el contratista,
la aseguradora indicó en su impugnación que Dragacol no incurrió en
incumplimiento, pues se demostró que fue su voluntad siempre la de reanudar su
ejecución, y que la Administración indujo las circunstancias en que fundó la sanción
impuesta.
En orden a resolver este cargo, la Sala precisa que, en efecto, la declaratoria de
caducidad se adoptó cuando el contrato se hallaba suspendido por acuerdo entre
las partes, suspensión que tuvo lugar desde el 15 de mayo de 1998, sin que hubiese
existido consenso para su levantamiento.
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Dicho esto, cabe recordar que la potestad excepcional de caducidad del contrato,
regulada en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993, subordina su procedencia a que se
presente alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones
a cargo del contratista, que afecte de manera grave y directa la ejecución del
contrato y se evidencie que puede conducir a su paralización.
Al tenor de este postulado, el contrato debe encontrarse dentro del plazo de
ejecución para ser objeto de declaratoria de caducidad, dado que, de lo contrario,
su decreto haría nugatorio el fin perseguido por el legislador.
En atención a ese contexto, la Sala considera que el hecho de que el contrato
hubiera estado suspendido por acuerdo de las partes en la época en que se profirió
el acto acusado no afecta su validez, en cuanto no desdibuja la existencia de los
supuestos normativos establecidos por el legislador para la procedencia de la
aplicación de esa cláusula excepcional, según pasa a explicarse:
Como se viene de exponer, el levantamiento de la suspensión se supeditó a la
condición de que el Ministerio presentara una reprogramación de las reparaciones,
lo cual fue cumplido el 11 de noviembre de 1998, por lo que cesaron desde entonces
los supuestos fácticos que, según el mismo consenso de los extremos negociantes,
dieron lugar a su pausa. Esta consideración, de entrada, desvirtúa por completo el
alegato de la apelante en cuanto se refiere a la supuesta omisión del Ministerio en
definir el nuevo cronograma de las reparaciones requeridas para reanudar el
negocio.
Le asistía entonces a Dragacol el deber de activar la ejecución de las obligaciones
a su cargo, sin que resultara admisible endilgarle a su cocontratante el
incumplimiento de reconocimientos económicos que no habían sido estipulados y
que, por tanto, no hacían parte del acuerdo contractual ni del acta de suspensión.
Es por eso que, aunque el contrato se hallara suspendido, el negarse a la
continuación de su ejecución, sin que mediara un fundamento jurídico o fáctico
válido, se tradujo en que Dragacol se situó, motu proprio y no por inducción del
Ministerio -como lo afirma Confianza S.A.-, en un estado de incumplimiento grave
de sus obligaciones principales y en una flagrante desatención del deber de
colaboración con la administración pública que pesaba sobre aquella.
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Distinto a lo afirmado en la apelación por Dragacol y por la aseguradora, la intención
de la contratista, porque así lo manifestó en múltiples ocasiones en la
correspondencia cruzada con el Ministerio, era mantener el contrato en estado de
suspensión hasta tanto la entidad accediera a sus aspiraciones económicas que,
además de resultar infundadas, no podían utilizarse como un instrumento de
constreñimiento a la Administración para impedir el cumplimiento del objeto
convenido y amenazar su parálisis de forma indefinida.
En ese punto la Sala estima necesario profundizar acerca de las razones por las
cuales se considera que las reclamaciones por concepto de stand by elevadas por
Dragacol S.A. ante el Ministerio resultaban infundadas y carecían de asidero para
oponerse válidamente a la reanudación de las actividades por parte de la contratista.
Se recuerda al respecto que en varias ocasiones Dragacol advirtió al Ministerio que
era su obligación reconocer los costos de stand by, pues la suspensión del contrato
se había dado por causas que comprometían la responsabilidad de esa entidad.
Para la Sala, el fundamento sobre el cual la contratista edificó la solicitud resulta
errado y contrario a la realidad contractual que justificó la decisión de suspenderlo,
adoptada el 15 de mayo de 1998.
Pretende Dragacol, con ese argumento, desconocer que la causa principal y
exclusiva que llevó a la suspensión del negocio jurídico fue el deterioro de las
condiciones técnicas de la draga Bocas de Ceniza, determinado por la ejecución
simultánea de los contratos 010 y 011, ambos celebrados entre el Ministerio de
Transporte y Dragacol S.A. El primero suscrito para reparar la draga y el segundo
para realizar labores de dragado con ella. Esta situación condujo a que, por la
constante utilización paralela de la draga, esta máquina sufriera un deterioro que
demandó la necesidad de realizar reparaciones con mayor frecuencia en desarrollo
del objeto del contrato 010 -sin que con ello se desbordara el objeto del contrato-, y
al cese de actividades mientras esto se definía.
Encuentra la Sala que Dragacol S.A. tuvo una participación activa y consciente en
los hechos desencadenantes que gestaron la causa de la suspensión del contrato
010 1998 durante la cual se produjeron los supuestos costos de stand by en la
conservación de la draga.
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No resultaba imprevisible para Dragacol, como sociedad experta en el manejo de la
máquina y en las labores de dragado, que por cuenta de la ejecución simultánea del
contrato 011, tal circunstancia acarrearía una alteración en sus condiciones técnicas
que, eventualmente, incidirían negativamente en el estado financiero del contrato
010, ora por aumento de sus costos o por presentarse una situación de suspensión
como la efectivamente acaecida.
Con todo, aun siendo consciente de esta circunstancia, Dragacol S.A. convino
libremente suscribir el contrato 011, para, según lo sostuvo en la demanda, “ser
ejecutado simultáneamente con el contrato 010 con la expectativa de utilidades que
debían ser protegidas y garantizadas por el Estado”, pero sin contemplar el impacto
nocivo que ello traería en el cumplimiento de este último, con lo cual la Sala advierte
que asumió autónomamente el riesgo que esta situación entrañó, no siendo posible
por esas circunstancias atribuir al Ministerio responsabilidad en su causación.
Ahora, incluso en el evento de reconocer que el Ministerio contribuyó
coetáneamente en las causas que produjeron la suspensión del contrato, en razón
a la falta a su deber de planeación por disponer la ejecución simultánea de los
contratos 010 y 011 a sabiendas de las consecuencias adversas que ello entrañaría,
tampoco en ese supuesto la Sala considera excusable que Dragacol se hubiera
negado a reanudar las actividades en desarrollo del objeto del contrato 010 de 1998,
so pretexto de que su contratante debía previamente reconocer los costos de stand
by.
No puede olvidar la demandante que para el momento en que se produjo la
suspensión, ya el Ministerio había desembolsado en favor de Dragacol S.A. el 50%,
equivalente a $749’999.999 del pago anticipado, monto del cual solo se demostró
una ejecución de $24’100.000, equivalente al 1.6% del valor del contrato. Se
desconoce en qué invirtió la contratista el resto de la suma entregada, ya que, de
acuerdo con lo advertido por Dragacol en oficios del 28 y 31 de agosto de 1998,
mientras el contrato estuviera suspendido no haría ninguna gestión atinente a la
clasificación de la draga Bocas de Ceniza y tampoco continuaría ejecutando
actividades que no correspondieran al concepto de stand by.
Al lado de lo anterior, es importante tener presente que el interés general que
envuelve la contratación del Estado no puede reducirse a un simple postulado
constitucional que no trascienda del ámbito de lo abstracto. Necesariamente debe
materializarse de manera real y efectiva en las dinámicas de la gestión pública en
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Actor: Dragacol S.A. y otra
Demandado Nación – Ministerio de
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coordinación con la colaboración de los particulares que fungen como sus
contratistas.
Esta Sala ha sostenido que, aun cuando en el marco de la contratación privada la
abstención de un extremo contractual en el cumplimiento de sus obligaciones faculta
a su cocontratante a observar la misma conducta sin que se constituya en mora,
“una situación muy distinta a las reglas que acaban de enunciarse se presenta en
la esfera de la contratación estatal en donde el interés lucrativo privado o particular
que motiva al colaborador de la Administración a sostener con ella una relación
obligacional, debe ceder ante la satisfacción del interés general que justifica la
celebración del respectivo contracto”19.
En torno a esta cuestión se ha precisado por la jurisprudencia de esta Corporación
que la anterior premisa no constituye un desconocimiento de la expectativa legítima
del contratista de percibir el correspondiente rédito por la obra ejecutada, el servicio
prestado o el bien entregado, cuyo reconocimiento podrá ser solicitado directamente
a la entidad contratante y, ante su negativa, podrá acudir a los mecanismos
judiciales dispuestos por el ordenamiento para la defensa de su justo interés
patrimonial.
Con todo, a la par de lo anotado ha considerado igualmente el Consejo de Estado
que:
Sin embargo, el contratista en modo alguno se encuentra facultado para
anteponer su pretensión económica frente a la satisfacción del interés público
que condujo a la suscripción del contrato estatal, ni para abstenerse de ejecutar
el objeto del contrato hasta tanto la entidad acceda a su solicitud, en cuanto
admitir ese proceder iría en contravía de los principios que gobiernan la
actividad contractual del Estado20 (subraya la Sala).
Luego de acompasar esta postura jurisprudencial con los hechos relatados en
precedencia, resulta reprochable para esta Sala la conducta cómoda de Dragacol,
contratista que se apartó por entero de su rol como colaboradora de la
Administración y desatendió la seriedad y compromiso ligados a la celebración de
un contrato que entrañaba una finalidad pública.
19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, 9 de
septiembre de 2015, exp. 45088, C.P. (E) Hernán Andrade Rincón.
20 Ibidem.
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En este caso, la demandante antepuso de manera permanente la satisfacción de su
pedimento económico, olvidándose de que, mientras lo hacía, el interés colectivo
envuelto en el contrato 010 de 1998 se vio truncado gracias a su parálisis, motivo
suficiente para considerar que el dicho de la apelante, relativo a que la inejecución
de la actividad fue producto de la actuación del Ministerio, es a todas luces
infundado.
Por las razones expuestas, los cargos relacionados con la inviabilidad de declarar
la caducidad durante la suspensión del contrato y con que fue el Ministerio el que
incurrió en incumplimiento en el pago del stand by no tienen vocación de
prosperidad.
4.2.3. Sobre la ruptura del equilibrio económico como causa generadora de la
falta de reanudación del contrato por parte de Dragacol S.A.
El fallador de primer grado argumentó que no era de recibo sostener que se rompió
el equilibrio económico por haber realizado labores de dragado simultáneamente
con las reparaciones contratadas, teniendo en cuenta que fue Dragacol S.A. con su
voluntad la que suscribió el contrato 011 de 1998 con aquel objeto, por lo que la
causa de la supuesta ruptura de la ecuación contractual no le resultaba ajena a su
voluntad. Sumó a lo anotado que, aun cuando en la ejecución del contrato 010 de
1998 se presentaron situaciones que obligaron a cambiar el cronograma de
reparaciones que se había pactado, nunca se mencionó que esto implicaría nuevos
costos o que se variaría el precio del contrato. Explicó que, al estar en poder de la
contratista el 50% del pago anticipado, con ello se cubrían los costos de las nuevas
reparaciones hasta tanto se estableciera que estas sobrepasaran el precio pactado.
En su impugnación, la sociedad demandante censuró la sentencia por dejar de lado
el hecho de que la entidad desconoció los derechos de la contratista a recibir su
remuneración y a que se conservara el equilibrio económico del contrato a punto de
no pérdida cuando este se fracturara, como, afirmó, ocurrió en este caso, en el que
se desbalanceó por la ocurrencia de una situación imprevista y no por razones
imputables a Dragacol S.A., como lo sostuvo el a quo.
De la confrontación de los fundamentos fácticos y jurídicos en que se basó la
sentencia para resolver ese cargo y las razones de oposición esgrimidas en el
recurso, se revela la insatisfacción del deber de sustentación de la apelación.
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Como se advierte, el reparo expresado en contra de la decisión del a quo no atacó
directamente la fundamentación de sus conclusiones, en las cuales advirtió que: i)
no se fracturó el equilibrio económico porque la contratista contribuyó con su
conducta a las labores de dragado que afectaron la economía del contrato 010, al
suscribir voluntariamente el contrato 011, por lo que no se evidenciaba una
circunstancia imprevista que hubiera desbalanceado financieramente el convenio
génesis de la controversia; ii) la variación del estado técnico de la draga Bocas de
Ceniza no llevó a que las partes modificaran el precio del contrato, por lo que este
se mantuvo inalterable; iii) Dragacol recibió el 50% de pago anticipado, monto con
el que se cubrían las reparaciones acordadas.
Contra lo anterior, la apelante simplemente se limitó a asegurar que el Ministerio
desconoció su derecho a recibir la remuneración pactada y que el contrato se
desbalanceó por una circunstancia imprevista, sin mencionar a cuál circunstancia
se refería, sin ofrecer razones que sustentaran su inconformidad ni replicó el
razonamiento de la primera instancia para su negativa, dinámica argumentativa que
devela la inexistencia de cargos concretos de inconformidad frente a las
consideraciones expuestos por el a quo en el fallo apelado en ese preciso aspecto.
Por lo anterior, este cargo de la apelación no está llamado a prosperar.
4.2.4. Sobre la desviación de poder al declarar la caducidad del contrato 010
Respecto de la desviación de poder, estimó la primera instancia que el Ministerio
utilizó su poder exorbitante para procurar el interés general y preservar el patrimonio
público, a lo que agregó que no vislumbró arbitrariedades en las ocasiones en las
que se suspendió el negocio, menos aún, en consideración a que estas fueron el
resultado de ejecutar simultáneamente los contratos 010 y 011 suscritos entre las
mismas partes.
El a quo consideró que el material probatorio revelaba que el ente contratante
declaró la caducidad porque, pese a todos los requerimientos para que la contratista
reanudara actividades, este se abstuvo y advirtió que no estaba demostrado en el
proceso que el Ministerio hubiera cedido ante presiones políticas o de otra índole,
como tampoco que por esas causas hubiera decidido ejercer la potestad
excepcional.
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Confianza S.A., en su recurso, reiteró que el temor provocado por el “escándalo de
Dragacol” fue lo que llevó al Ministerio a adoptar la decisión censurada.
Al cotejar los argumentos en que se basó la negativa de este cargo dispuesto por la
primera instancia y lo alegado en el recurso de apelación, nuevamente esta
Corporación echa de menos el cumplimiento de la carga de sustentación del
recurso.
La aseguradora se circunscribe a reiterar, en idénticos términos, lo sostenido en la
demanda respecto de la existencia del “escándalo de Dragacol”, sin señalar en
cuáles pruebas basa su dicho, como evidencia indicativa de que la intención del
Ministerio se desvió del fin público perseguido con la implementación de la potestad
excepcional, ni rebatir la escasez del material probatorio que el a quo puso de
presente a la hora de examinar ese aspecto.
Tampoco ofreció argumentos de discrepancia respecto de la consideración del
tribunal, según la cual lo demostrado frente a la voluntad del ministerio que impulsó
la declaratoria de caducidad fue que se produjo para preservar el interés general.
Con base en la ausencia de sustentación de la apelación en este punto, el cargo
será despachado desfavorablemente.
4.2.5. La obligación de aplicar y respetar el derecho fundamental al debido
proceso del contratista y la aseguradora en el marco de la declaratoria de
caducidad del contrato 010 de 1998
Al pronunciarse sobre la causal de nulidad de violación al debido proceso invocada
tanto por Dragacol S.A. como por Confianza S.A. en su demanda, el fallador de
primer grado precisó que la entidad podía ejercer sus prerrogativas exorbitantes sin
que la aseguradora pudiera hacer objeciones previamente a la declaratoria de
ocurrencia del siniestro, puesto que, para ello, contaba con la vía gubernativa y la
judicial en caso de desacuerdo.
Con base en lo expuesto, sostuvo que no podía alegarse la violación al debido
proceso por no haber permitido a la aseguradora ni a la contratista controvertir la
actuación administrativa previa que dio lugar a la declaratoria de caducidad, porque
su oportunidad de defensa se le concedió a través de los recursos procedentes.
En discrepancia con esas consideraciones, la aseguradora Confianza S.A., en su
escrito de impugnación, manifestó que el tribunal incurrió en error al considerar que
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la entidad estaba exenta de convocar y garantizar la participación de la contratista
en el procedimiento previo que debía anteceder la declaratoria de caducidad, tesis
que contrariaba las posturas que sobre el particular han adoptado el Consejo de
Estado y la Corte Constitucional. Afirmó que la actuación de la Administración no
atendió las normas que regían las actuaciones administrativas contenidas en el
CCA, que imponían el respeto de los derechos de los interesados a conocer y
controvertir los hechos y pruebas que se le ponían de presente y a practicar aquellas
que los desvirtuaran, máxime en atención al carácter sancionatorio que revestía la
decisión acusada.
Alegó que, contrario a lo esgrimido por el a quo, no bastaba con que las decisiones
acusadas fueran motivadas y notificadas para que los particulares agotaran los
recursos, siendo necesaria su intervención en la etapa previa a la producción del
acto.
En ese sentido, la recurrente explicó que el Ministerio no informó a la aseguradora
sobre la situación de incumplimiento de su asegurado ni la convocó para que
ejerciera su defensa antes de proferir la decisión, ni pudo cuestionar las pruebas en
las que esta se basó.
Sumó a lo dicho que lo mismo ocurrió respecto de la ausencia de oportunidad
brindada a Dragacol para ejercer su derecho de defensa, dado que, si bien las
partes estaban en constantes acercamientos para definir los términos de
reanudación del contrato 010 de 1998, luego de que, el 15 de abril de 1999, la
contratista manifestara su voluntad de reiniciar su ejecución siempre que se firmara
un acuerdo equitativo que lo viabilizara, la Administración, de manera abrupta y
sorpresiva, respondió su comunicación con la declaratoria de caducidad, sin que
antes de ese momento le hubiera comunicado su intención de proceder en esa
dirección. De ahí concluyó que el acto adolecía de nulidad por vulneración al debido
proceso.
Para resolver el argumento de la apelación que se deja consignado, la Sala empieza
por precisar que:
Con anterioridad a la vigencia del artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 86
de la Ley 1474 de 2011, normas que no se hallaban en vigor cuando se celebró el
contrato en cuyo marco se expidieron los actos administrativos demandados, la
jurisprudencia de la Sección Tercera de esta Corporación ya había sido insistente
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en la necesidad de que en las actuaciones administrativas de naturaleza contractual
se respetaran las garantías constitucionales asociadas al derecho fundamental al
debido proceso21.
La jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido consistente en la necesidad de
respetar ese postulado constitucional en aquellos eventos en los cuales las
entidades, en sede administrativa, ejercen la potestad excepcional de declaratoria
de caducidad del contrato estatal, toda vez que dicha prerrogativa comporta la
imposición de una sanción con graves consecuencias para el contratista.
En vigencia de la Ley 80 de 1993, desde antes de la expedición de la Ley 1150, la
jurisprudencia estimaba que, para acatar su observancia, el debido proceso no
podía ser concebido como un procedimiento administrativo general conformado por
un catálogo de etapas rígidas prestablecidas por la ley. Para ser cumplido,
respetado y satisfecho podría formularse un requerimiento previo al contratista para
que pudiera pronunciarse sobre el incumplimiento, ejercer su defensa, pedir la
práctica de pruebas y contradecir las aducidas en su contra.
Incluso, ese requerimiento podría entenderse satisfecho cuando la
Administración durante el lapso de ejecución del contrato le ha venido
manifestado al contratista sus observaciones, quejas, reclamos,
incumplimientos y le ha solicitado mejorar o corregir los servicios, obras y
suministros en los informes y correspondencia dirigida a éste por el interventor
o supervisor del contrato, o en las inspecciones y visitas in situ de la obra, o en
las reuniones efectuadas con el contratista, etc., y en consecuencia, le ha
pedido las explicaciones del caso y otorgado la oportunidad de justificar. Importa
resaltar que para que sea válido ese requerimiento como garantía del debido
proceso, su contenido u objeto debe guardar correspondencia, coincidir o ser
congruente o, mejor aún, tener relación directa con los hechos y motivos que
luego dan lugar a la declaratoria de caducidad del contrato, pues, en caso
contrario, esto es, si dicho requerimiento está referido a circunstancias,
situaciones o materias ajenas o extrañas a las que sirvieron de fundamento para
la adopción de la medida sancionatoria, no puede tener la propiedad o
virtualidad de garantizar el debido proceso contractual.
(…)
En otros términos, so pretexto de la garantía al debido proceso que se deba
cumplir no puede diluirse la responsabilidad que le que quepa al contratista y
menos aún debilitarse las facultades sancionatorias con que cuenta la
Administración para la cabal ejecución del contrato. Se pretende con la
aplicación de este derecho fundamental que el contratista tenga conocimiento
de las razones que a juicio de la entidad configuran un incumplimiento de sus
obligaciones, el cual está sujeto a la aplicación de las sanciones que prevé la
21 Sobre cuáles son las garantías constitucionales que subyacen al derecho fundamental al debido
proceso, consultar, entre otras, la siguiente providencia: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 23 de junio de 2010, No. interno 16.367 C.P. Enrique
Gil Botero.
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Transporte
ley y el contrato, cuyo clausulado éste conoce desde la suscripción e iniciación
del mismo.
(…)
Lo que se quiere subrayar es que, por regla general, en materia sancionatoria
de las actuaciones contractuales, es la propia etapa de ejecución del contrato
el escenario procesal en el cual el contratista debe haber tenido la oportunidad
de rendir descargos, solicitar pruebas o presentar alegaciones sobre los
incumplimientos que se le atribuyen durante el transcurso contractual, porque
la Administración a lo largo de la relación negocial le ha dado a conocer al
contratista los hechos de incumplimiento que dan lugar al ejercicio de la
facultades sancionatorias y, además, le ha dado traslado de los elementos de
convicción recaudados, con el fin de que aquél tenga la oportunidad de
presentar sus explicaciones y contradecir las pruebas que se aduzcan en su
contra.
De ahí que, si bien las garantías que rigen el debido proceso son aplicables en
materia de potestades sancionatorias contractuales, lo cierto es que ello no
tiene lugar con el mismo ritualismo que en el derecho penal o disciplinario. Con
otras palabras, el derecho al debido proceso contractual en el ejercicio de las
facultades sancionatorias no debe ser entendido como la necesidad de
adelantar una actuación con formación de un expediente como si fuera un
proceso penal o disciplinario, dado que esa visión no sería congruente con lo
perseguido por la ley al otorgar los poderes excepcionales de la Administración;
por el contrario, el procedimiento en materia sancionatoria contractual de la
Administración debe ser armonizado con el interés público y general ínsito en
los contratos que celebra la administración y debe ser aplicado en los términos
ya explicados.
En conclusión, en materia de aplicación de sanciones contractuales, lo que la
jurisprudencia ha reclamado es que la medida sancionatoria no resulte
sorpresiva o intempestiva, y que, en todo caso, se otorgue al interesado la
oportunidad de expresar su opinión y contradecir los elementos de juicio que se
esgrimen en su contra, antes de que se adopte la decisión, procedimiento en la
formación de la voluntad de la Administración que no se suple con los recursos
por vía gubernativa, dado que es otra fase de la actuación, en la que si bien
impera también la garantía del debido proceso, en ella se discute la decisión ya
tomada22.
Así, aunque es cierto que la aplicación de la aludida facultad excepcional debe estar
precedida de la configuración de los presupuestos fácticos y jurídicos establecidos
en la ley para dicho fin, también lo es que en orden a conservar su legalidad no
basta solamente con que se configuren esas situaciones. Para procurar su
concordancia con el orden jurídico, la prerrogativa pública en comento no puede ser
materializada sin que se respete el derecho fundamental al debido proceso del
22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, 17 de marzo de 2010,
expediente: 18394, C.P. Ruth Stella Correa Palacio
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Expediente: Acumulados 45969 y 32907
Actor: Dragacol S.A. y otra
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contratista23, garantía constitucional y legal que, sin lugar a dudas, resulta
igualmente extensible a la aseguradora del contrato estatal, en tanto su aplicación,
de acuerdo con lo preceptuado en el último inciso del artículo 18 de la Ley 80 de
199324, será constitutiva del siniestro de incumplimiento.
No está de más advertir que esta misma Corporación también ha señalado que la
aludida garantía constitucional no se salvaguarda cuando el contratista y/o la
aseguradora tuvieron la posibilidad de recurrir, en sede administrativa, la decisión
correspondiente y, en ese mismo momento, efectuar solicitudes probatorias y
controvertir las aducidas en su contra. En este sentido, se ha considerado que
[transcripción literal]:
[E]l hecho de que en los procedimientos administrativos sancionatorios debe
darse la oportunidad al interesado para expresar sus puntos de vista antes de
tomarse la decisión, como una manera de garantizar el derecho fundamental al
debido proceso (art. 29 Constitución Política) para así hacer efectivo el derecho
de defensa y contradicción. De ahí que no basta con que esas decisiones
estén debidamente motivadas y sean notificadas con el fin de que el
particular pueda agotar los recursos gubernativos y judiciales en defensa
de la legalidad o de los derechos que considera desconocidos por la
actuación pública …”25 (énfasis añadido.
Al descender el estudio del respeto al debido proceso en el caso concreto, la Sala
estima que le asiste la razón a la aseguradora recurrente al sostener que, para su
cristalización, distinto de lo reflexionado por el tribunal de primera instancia, no
resultaba suficiente con permitírsele a la contratista y al garante formular los
recursos procedentes contra la decisión declarativa o en este caso constitutiva del
siniestro.
23 Respecto de los límites materiales existentes para declarar la caducidad de un contrato estatal,
esta Corporación ha señalado lo siguiente [transcripción literal]: “[...] En síntesis, dentro de los
límites materiales para el ejercicio de la potestad de declarar la caducidad de un contrato
estatal se encuentran: i) el incumplimiento de las obligaciones esenciales por parte del contratista
(lo cual excluye el incumplimiento de obligaciones accesorias o irrelevantes); ii) que afecte de
manera grave y directa la ejecución del contrato (esto es, no basta el sólo incumplimiento sino que
éste debe ser de tal magnitud que haga nugatorio el cumplimiento de las prestaciones del contrato);
iii) que evidencie que puede conducir a su paralización (es decir, que tenga la virtualidad de impedir
el cumplimiento del objeto contractual); iv) que no medie un incumplimiento de las obligaciones de
la entidad pública o ésta no haya puesto al contratista en situación de incumplimiento, y v) que se
haya agotado el debido proceso, esto es, que su ejercicio esté precedido de audiencia del
contratista [...]” [énfasis añadido] [Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, sentencia del 20 de noviembre de 2008, No. interno 17.031 C.P. Ruth Stella Correa
Palacio].
24 “Artículo 18. De la caducidad y sus efectos. [...] La declaratoria de caducidad será
constitutiva del siniestro de incumplimiento” [énfasis añadido].
25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, auto del 24 de
septiembre de 1998, No. interno 14.821 C.P. Ricardo Hoyos Duque.
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Transporte
Era indispensable que, en la etapa que antecedía a la formación de esa declaración
de voluntad unilateral, el Ministerio de Transporte hiciera conocedora a Dragacol
S.A. de los hechos en que basaba el incumplimiento que se le endilgaba, las
pruebas en que sustentaba sus consideraciones y darle a esta la oportunidad de
controvertirlos y de ejercer su derecho de defensa.
Si bien no era imperativo que iniciara un procedimiento administrativo sancionatorio
con las ritualidades y etapas que exigen las normas en vigor, ciertamente sí le
asistía el deber de garantizar la participación de la contratista en su defensa, antes
de la toma de esa decisión.
Dicho lo anterior, la Sala encuentra que aun cuando no es recibo la consideración
del tribunal de que era suficiente con que se le brindara a la contratista la posibilidad
de ejercer los recursos de ley contra la declaratoria de caducidad para materializar
el respeto a esa garantía constitucional, lo cierto es que observa esta instancia que
el derecho al debido proceso de Dragacol S.A. sí fue respetado.
Respecto de esta cuestión se evidencia que, luego de suscribir el acta de
suspensión del 15 de mayo de 1998, las partes iniciaron una serie de negociaciones
dirigidas a establecer los términos de su levantamiento y reanudación, en las que el
Ministerio constantemente puso a consideración de Dragacol el programa de
reparaciones requerido para continuar con el cumplimiento del objeto contractual.
Frente a lo anterior, Dragacol S.A. de forma reiterada expresó su renuencia a
reiniciar el contrato hasta tanto el Ministerio reconociera los gastos de stand by. Este
panorama motivó a que la entidad, en varias comunicaciones y reuniones, requiriera
a la contratista para levantar la suspensión en orden al cumplimiento del objeto
contractual, puesto que se habían superado los motivos que dieron lugar a la
suspensión, además de exigirle que rindiera explicaciones acerca de la inversión
del 50% del pago anticipado26.
Lo anterior se evidencia de lo ocurrido en informe del 18 de agosto de 1998, rendido
por la supervisión el contrato, en el cual se establece que no se contaba con
soportes de los costos de reparación efectuados a la draga y que la contratista había
recibido como pago $750 millones, con cargo a los que había ejecutado
26 Folios 372 a 377 del cuaderno 6.
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reparaciones por valor de $24’100.000 y, que sobre el saldo restante, Dragacol
había manifestado que había sido empleado en la adquisición de repuestos que
debían ser fabricados bajo pedido27.
También, según se indicó en la Resolución 00787, en reunión del 8 de septiembre
de 1998, en la que la entidad le solicitó a la contratista un informe de las
reparaciones efectuadas a la draga Bocas de Ceniza, el contratista informó que no
iba preparado para ese propósito. Igualmente, en el informe de esa misma fecha,
presentado por la interventoría, se dijo que se solicitó a esa sociedad un balance de
los trabajos desarrollados, recibiendo como respuesta que no lo tenía de forma
actualizada y que sobre la inversión del 50% del pago anticipado lo haría llegar por
escrito.
Al lado de lo anterior y frente a la reanudación de actividades del objeto del contrato
010 de 1998, la entidad fue clara en señalar a Dragacol S.A., en varias ocasiones,
que su negativa a reiniciar actividades constituía un incumplimiento grave de sus
obligaciones que obligaría al Ministerio a optar por alternativas legales para
preservar los recursos vinculados a la reparación de la draga, asegurar las
condiciones de conservación y operación de la máquina y garantizar la continuidad
del mantenimiento del canal de acceso al Puerto de Barranquilla. Así se lo indicó a
Dragacol en oficio del 7 de enero de 1999.
En similares términos, en comunicación del 30 de marzo de 1999, el Ministerio de
Transporte nuevamente expresó a la contratista que, de no prestar su concurso para
la reanudación del contrato, habría de entenderse que su voluntad era la de negarse
a cumplir con sus compromisos negociales, pero que pesarían sobre esa sociedad
los efectos legales y económicas derivados de su conducta, a la par con la
posibilidad de solicitar a la aseguradora el cumplimiento de sus obligaciones
insatisfechas.
Como se aprecia, pese a que la entidad no dispuso expresamente el inicio de un
procedimiento sancionatorio en orden a ejercer la potestad excepcional -porque
además el ordenamiento no contaba con una específica regulación sobre el tema-
ni indicó a la contratista de forma manifiesta que su conducta de incumplimiento
sería considerada como un supuesto de procedencia para la declaratoria de
caducidad del contrato, ciertamente sus comunicaciones y requerimientos sí fueron
27 Folios 545 a 547 de cuaderno 10.
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inequívocamente dirigidos a advertir y alertar a Dragacol que: i) su conducta
amenazaba la continuidad del servicio contratado; ii) estaba incurso en un
incumplimiento grave de sus obligaciones que llevaría a la entidad a adoptar
medidas legales; iii) de ser necesario exigiría de la aseguradora el cumplimiento de
las obligaciones a cargo del contratista.
En otras palabras, aun cuando la Administración no fue categórica en expresar que
su intención era la de declarar la caducidad del contrato 010 de 1998 ante el
persistente incumplimiento de Dragacol, no por ello se sustrae de vigor el hecho de
que en todo momento advirtió a la contratista que se estaban configurando los
supuestos fácticos y normativos para el ejercicio de esa esa prerrogativa.
Sumado a lo dicho, cabe enfatizar en que la sociedad contratista siempre tuvo la
oportunidad de pronunciarse frente a esos requerimientos y de ejercer su defensa
sobre los hechos que se le imputaban, como en efecto lo hizo a través de los oficios
del 5 y 15 de abril de 1999. Situación diferente es que su oposición constantemente
se hubiera centrado en insistir sobre su negativa al reinicio de actividades hasta
tanto la entidad reconociera los costos de stand by.
En ese orden, no es cierto que, tras una etapa de conversaciones, el Ministerio
hubiera sorprendido a Dragacol abruptamente con la imposición de la sanción, dado
que, en el mes anterior a su decreto, ya las partes habían sentado su posición en
punto a la suerte del contrato. El particular se negaba a reanudarlo y el Ministerio
no aceptaba las condiciones de la contratista para proceder en ese sentido, por lo
que la supuesta negociación ya estaba más que agotada y fracasada tiempo antes
de haber procedido a la adopción de la decisión a través del acto acusado.
Así pues, la declaratoria de caducidad no fue adoptada por la entidad de forma
sorpresiva y a espaldas de la afectada. Está demostrado que la Administración dio
traslado a la contratista sobre los cargos en que fundaba sus inconformidades
referentes al incumplimiento del objeto contractual, respecto de los cuales, además
de ser conocidos por esta, pudo ejercer su derecho de contradicción, al margen de
que ello no hubiera resultado adecuado para impedir que se caducara el contrato.
Como consecuencia, la Sala estima que el Ministerio de Transporte no vulneró el
debido proceso de Dragacol S.A al expedir el acto de caducidad.
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Expediente: Acumulados 45969 y 32907
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Una conclusión distinta ha de adoptarse en relación con el respeto del derecho al
debido proceso de la aseguradora Confianza S.A.
En el expediente no reposa evidencia alguna demostrativa de que el Ministerio de
Transporte hubiera puesto en conocimiento de la aseguradora Confianza S.A. los
hechos de incumplimiento de su afianzado en que posteriormente habría de basar
la declaratoria de caducidad constitutiva del siniestro asegurado, como tampoco que
se le hubieran trasladado las pruebas en que habría de soportar su decisión antes
de que esta fuera emitida y le fuera notificada.
En relación con el respeto al debido proceso de la aseguradora garante, esta Sala
considera que para su cabal observancia no era suficiente con que el acto
administrativo que constituye el siniestro, como en este caso lo hace la declaratoria
de caducidad, se encontrara debidamente motivado o fuera oportunamente
notificado a la compañía de seguros para que pudiera controvertirlo a través de los
recursos.
Es fundamental que para concretar esa garantía se cite a la aseguradora en la etapa
previa a la declaratoria del siniestro, con el fin de que conozca los hechos imputados
al tomador de la póliza y controvierta las pruebas que en su contra se aducen, según
lo ha venido considerando la jurisprudencia de esta Sección, entre otras, en la
sentencia que se cita a continuación:
Así las cosas, teniendo en cuenta que en materia de contratos de seguro que
se celebran para garantizar contratos estatales, es la compañía aseguradora la
que debe acudir ante la administración a presentar su posición frente a los
aspectos que involucran la declaratoria del siniestro, es frente a ésta que se
debe garantizar el derecho al debido proceso. (...).
Ahora bien, la garantía del derecho fundamental al debido proceso frente a la
Compañía aseguradora dentro del procedimiento de expedición de los actos
administrativos mediante los cuales la administración declara la ocurrencia del
siniestro, se concreta en que previamente a su declaratoria se le otorgue la
oportunidad para que presente sus puntos de vista, allegue los elementos
probatorios necesarios y ejerza su derecho de defensa, y es por ésta razón que
no es suficiente que la referida decisión se encuentre debidamente motivada y
se le haya notificado oportunamente28.
De la misma manera, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado
ha coincidido en esta línea de pensamiento al sostener que:
28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, 7 de
septiembre de 2015, exp. 45907, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Postura seguida por la
sentencia dictada por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo en sentencia 44386, C.P.
Hernán Andrade Rincón (E).
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Transporte
"Lo anterior por cuanto no se respetaron por parte de la entidad demandada las
garantías mínimas de cualquier actuación administrativa. Resulta claro que a la
parte actora le fue desconocido su derecho de audiencia y de defensa por
cuanto no hay documento que acredite que la accionada le haya comunicado la
decisión de adelantar un procedimiento administrativo tendiente a determinar la
ocurrencia del siniestro. Tampoco aparece probado que las pruebas que
sirvieron de base al INVIAS para tomar su decisión hayan sido trasladadas a la
parte actora o al contratista y lógicamente, a falta de este traslado, se les impidió
ejercer el derecho de contradicción frente a estas.
Ha de indicarse que la Sala, en un caso similar al presente, ya consideró que la
falta de vinculación de la aseguradora, con antelación a la toma de la decisión,
es un comportamiento censurable de la administración cuya sanción es la
nulidad del acto administrativo del cual no participó previamente la empresa
interesada29.
La orientación seguida por esta Sección en torno al respeto al debido proceso del
garante del cumplimiento del contrato estatal tiene su apoyo y se encuentra
acompasada con la premisa normativa consagrada en el artículo 35 del Código
Contencioso Administrativo, cuyo espíritu establece que la decisión que ponga fin a
la actuación administrativa deberá adoptarse habiéndose dado oportunidad a los
interesados para expresar sus opiniones, interés respecto del cual no existe
discusión frente a que se encuentra en cabeza de la aseguradora, pues es con cargo
a su patrimonio que por cuenta de la decisión de caducidad se ha de afectar el
amparo cubierto por la garantía por ella otorgada.
Así pues, al haberse establecido que en el presente caso el Ministerio de Transporte
transgredió el derecho al debido proceso de la aseguradora al expedir el acto
contentivo de la caducidad del contrato 010 de 1998, la Sala procederá a declarar
la nulidad parcial de la Resolución 00787 de 1999, en cuanto hizo efectiva la
garantía; igual suerte correrá la decisión que la confirmó al decidir el recurso de
reposición instaurado en su contra.
Conclusión sobre los cargos de la apelación invocados en los expedientes
2000-01903 y 2001-00546 (45969)
Como consecuencia de lo expuesto, la Sala revocará la decisión de primera
instancia, para, en su lugar, declarar la nulidad parcial de la Resolución 00787 del
3 de mayo de 1999, por la cual el Ministerio de Transporte declaró la caducidad de
contrato 010 de 1998, únicamente en el ordinal sexto de su parte resolutiva, en el
29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, 30 de
noviembre de 2017, exp. 37002, C.P. Ramiro Pazos Guerrero.
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que declaró la ocurrencia del siniestro de incumplimiento y del amparo vinculado al
pago anticipado, cubiertos por la garantía única GU01 0664408, expedida por la
Compañía Aseguradora de Fianzas Confianza S.A.
Consecuencialmente, se declarará la nulidad parcial de la Resolución 001564 del
23 de julio de 1999, por la cual se decidió el recurso de reposición interpuesto por
la aseguradora en contra de la anterior, en cuanto toca a la ocurrencia del siniestro
de incumplimiento y del amparo vinculado al pago anticipado, cubiertos por la
garantía única GU01 0664408, expedida por la Compañía Aseguradora de Fianzas
Confianza S.A.
Lo anterior releva a la Sala de continuar con el estudio de los cargos de nulidad
impetrados contra esa decisión por la aseguradora, pues los que restan igualmente
se dirigen a enervar la obligación de la aseguradora de responder por la declaratoria
del siniestro, finalidad para la cual se estima suficiente el análisis que hasta este
punto se ha abordado en orden a decidir sobre su ilegalidad.
4.3. Los cargos de la apelación del expediente 2001-02450 (32907)
Previo a adentrarse en el examen de la apelación formulada en contra de la
providencia del 29 de marzo de 2006, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección B, la Sala estima necesario advertir
que, a pesar de que se declarará la nulidad parcial del acto que decretó la caducidad
del contrato 010 de 1998, como consecuencia de la cual se liquidó unilateralmente
el mismo, esa circunstancia no lleva automáticamente a la nulidad de esta última
decisión, de cara a la autonomía y a la independencia del contenido sustancial que
cada uno de los actos mencionados reviste respecto del otro.
En ese sentido, la parte afectada con su contenido no está relevada de atacar la
validez del acto de liquidación unilateral a través de la pretensión de nulidad que el
legislador ha dispuesto para ese propósito con apoyo en las causales que considere
configuradas. Correlativamente, la Sala tampoco se encuentra excusada de abordar
su examen, como a continuación se apresta.
4.3.1. Sobre la incompetencia para liquidar unilateralmente el contrato 010 de
1998 por haberse presentado la prejudicialidad con el acto de liquidación y la
vulneración al debido proceso de la aseguradora
De entrada se advierte que en este apartado se resolverán conjuntamente los
aspectos relacionados con la nulidad del acto de liquidación por prejudicialidad y
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por vulneración al debido proceso, por cuanto, aun cuando en apariencia contienen
argumentos diferentes, como se verá al decidirlos de fondo, su fundamentación se
encuentra estrechamente correlacionada.
En cuanto a la supuesta prejudicialidad para fallar sobre la nulidad del acto de
liquidación que se configuró por cuenta de la existencia de la demanda previa
impetrada en contra del acto de caducidad, el juzgador la desestimó por no hallar
impedimento para analizar la legalidad de los artículos 1 y 2 de la Resolución No.
2503 del 10 de abril de 2001, en la cual se hace el cruce de cuentas entre la entidad
contratante y la contratista, por considerar innecesario esperar a que hubiera un
pronunciamiento judicial respecto de la Resolución No. 00787 que declaró la
caducidad del contrato, por tratarse de actos administrativos autónomos e
independientes, dado que en el primero de ellos se dirigió a terminar el contrato por
incumplimiento grave de las obligaciones a cargo de Dragacol, mientras que en el
segundo su finalidad consistió en realizar el balance final entre lo pagado por la
entidad y lo ejecutado por el particular.
Al revisar los cargos de apelación en que se condensa la discusión sobre este punto,
observa la Sala que la aseguradora insistió en los argumentos fácticos y jurídicos
en que se fundó su inconformidad.
Al respecto la Sala considera que, si bien, en principio, la simple reiteración de los
hechos y fundamentos de la demanda no son eficaces para cumplir la carga de
argumentación del recurso, se observa que frente a este punto surge una
particularidad de especial relevancia que amerita el estudio de fondo de este cargo
en concreto y consiste en que el Tribunal, al decidirlo, en realidad no le dio el
enfoque que debía impartírsele, de cara a los argumentos en que la aseguradora lo
estructuró.
La aseguradora expresó en la demanda y reiteró en el recurso que "Confianza
sometió al conocimiento y decisión del juez la validez de la resolución 787 de mayo
de 1999 y de sus actos confirmatorios, es decir, el acto que declaró la caducidad
del contrato. Este acto es invocado por el Ministerio como el sustento de la
Resolución 2503 de abril 10 de 2001, luego este acto se apoya en el acto
administrativo subjudice (…) el Ministerio de Transporte dictó la Resolución 2503 de
2001 con base en la resolución de caducidad sub judice cuyo alcance y vigencia
también lo están [en discusión]”.
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Luego de un ejercicio interpretativo de este cargo específico de la demanda, la Sala
encuentra que, si bien la actora lo titula “prejudicialidad”, en realidad lo que subyace
a su invocación, más allá de corresponder a la alegada figura procesal, que
ciertamente no se configura, consiste en la interdependencia que existe entre el acto
de caducidad y el acto de liquidación unilateral que se adopta como consecuencia
de aquella y la incidencia que los efectos de la primera y de lo que se decide en
torno a su legalidad están llamados a irradiar en esta.
De la lectura del acto declarativo de la caducidad del contrato 010 de 1998 se
desprende con claridad que, tanto en su parte motiva como en su apartado
resolutivo, se dispuso que los amparos afectados con esa decisión eran el de
incumplimiento y el del pago anticipado.
Surge de manera diáfana que la cobertura del manejo del pago anticipado se vio
afectada porque del 50% desembolsado a Dragacol S.A., equivalente a
$749’999.999, este solo ejecutó $24’000.000, de ahí que el siniestro consistió en la
obligación de devolver lo pagado en consideración a lo no ejecutado; mientras que
la génesis de afectación del amparo del incumplimiento radicó en la renuencia del
contratista a continuar con la ejecución del convenio 010 de 1998.
En línea con lo anterior se advierte que estas determinaciones, que fueron la base
para la constitución del siniestro de incumplimiento y el manejo del pago anticipado,
incidieron de manera directa en las decisiones que se adoptaron en la etapa de
liquidación.
En efecto, en el acto de caducidad se declaró la ocurrencia del siniestro de
incumplimiento y de manejo del pago anticipado, pero fue en la etapa de liquidación
en la que, con apoyo en esa determinación, se ordenó hacer efectiva la póliza de
garantía única de seguro de cumplimiento a favor de entidades estatales constituida
con la Compañía Aseguradora Fianzas S.A. – Confianza S.A. No. G U01 0664408
de enero 19 de 1998 y se ordenó efectuar el cobro de la respectiva obligación a favor
del Ministerio de Transporte, con cargo a la póliza en virtud de la afectación del
amparo de cumplimiento por la suma asegurada de $149’999.999. 00 y del amparo
de la suma anticipada por $750’000.000 cubiertos con la póliza número G
U0100664408, constituida con la Compañía Aseguradora de Fianzas S.A Confianza
S.A., el 19 de enero de 1998.
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Surge de mayor importancia el hecho de que en el caso concreto, si bien la
afectación de la aseguradora se surtió desde el acto constitutivo del siniestro, lo
cierto es que la concreción de sus efectos económicos con cargo a su patrimonio
se materializó al expedir el acto de liquidación unilateral del contrato 010 de 1998,
en el que se cuantificó el valor de su afectación.
En este punto de la decisión cobra pertinencia acotar que las consecuencias que
acarrea la declaratoria de caducidad van desde terminar el vínculo contractual
anticipadamente sin derecho a indemnización, generar inhabilidad del contratista
para contratar con el Estado por el término de cinco años contados desde la
ejecutoria del acto que la declare, hasta constituir el siniestro de incumplimiento,
dando con esto paso a la entidad para el cobro de la garantía única en el respectivo
amparo.
Esta precisión se torna relevante con el fin de destacar que, al desvirtuarse la
presunción de legalidad del acto de caducidad de forma parcial, en cuanto cobijó a
la aseguradora Confianza S.A., tal situación apareja el desvanecimiento de los
efectos que pesan sobre el garante, concernientes a la vocación del acto para
constituir el siniestro de incumplimiento y para servir como soporte para la
efectividad de la póliza única de cumplimiento.
Al derribarse los mencionados efectos, la orden de cobro de la garantía dispuesta
en el acto de caducidad queda desprovista de todo sustento de orden fáctico y
jurídico, circunstancia que igualmente está llamada a impactar la decisión que en
ese sentido se emitió en el acto unilateral de liquidación del negocio jurídico.
Con esto la Sala no pretende desconocer o apartarse del criterio según el cual el
acto de caducidad y el de liquidación unilateral del convenio se erigen como
decisiones autónomas e independientes en razón de su contenido sustancial; sin
embargo, no por ello puede dejarse de lado la observancia de la teoría de los actos
encadenados que se predica en relación con las mencionadas prerrogativas.
Esta Corporación acogió la teoría de los actos encadenados, en cuya virtud puede
existir una relación consecutiva, secuencial y unívoca entre dos decisiones de la
Administración, por manera que una encuentra su razón de ser en la precedente
expedición de la otra30.
30 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 5 de octubre de 2016. Radicado
68001-23-33-000-2013-00038-01 (49.820). Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B.
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Con apoyo en la evidencia del contenido conexo o relacionado de aquellos actos
administrativos, la jurisprudencia de la Sala ha establecido que en el caso del acto
de caducidad del contrato y el subsecuente acto de liquidación unilateral se está en
presencia de dos clases de decisiones resolutorias y cada una genera unos efectos
jurídicos diversos entre sí, pero esencialmente encadenado o secuencial31.
De lo anterior se colige que, para establecer si un acto es encadenado, secuencial
o concatenado frente a otro, se debe determinar una relación en la que el segundo
se justifique por el primero, tal como acontece en el sub examine.
Esta relación subsecuencial que se presenta en la liquidación unilateral respecto de
la caducidad es la que justifica que, al remover del orden normativo la presunción
de legalidad de esta, pierda el fundamento de las decisiones que en su cumplimiento
y desarrollo se incluyeron en aquella y tenga la virtualidad de impactar en su
validez32.
Esta Subsección se ha pronunciado frente a la vocación que tiene la nulidad del
acto que declara la caducidad de un contrato de impactar en la legalidad de la
liquidación unilateral que como consecuencia de aquella se adopta, en cuanto halle
su sustento en esa decisión primigenia, al punto de que lo que se introduce en el
acto de liquidación no está llamado a pervivir sin la subsistencia del que funge como
Sentencia del 10 de mayo de 2018. Radicado 76001-23-31-000-2002-02259-02 (39.689). Consejero
ponente Ramiro Pazos Guerrero.
31 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 13 de noviembre de 2013, expediente No. 31.755, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 1 de junio de 2015. Radicado
25000-23-26-000-1999-02244-01 (28.950). Consejera ponente Olga Mélida Valle de De la Hoz.
32 Así mismo, en un caso análogo reciente, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, consideró que el acto de terminación unilateral proferido por una entidad estatal en cuanto
estaba viciado de nulidad declarada en fallo anterior por esta Subsección, tal circunstancia traía
consigo la declaratoria de nulidad del acto de liquidación adoptado de manera consecuencial en el
marco de ese mismo contrato, por considerar que los valores allí consignados adolecían del mismo
vicio anulatorio que el acto que les dio origen y les sirvió de sustento:
40. En atención a las exigencias del numeral 4, literal c del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, también
se advierte que el objeto del contrato tenía relación directa con el objeto de la UDEC, último que está
contenido en el Acuerdo 10 del 20 de junio de 2002, “por el cual se adopta el Estatuto General de la
Universidad de Cundinamarca”, por lo que la entidad demandada no podía fundamentar la
terminación unilateral del contrato en la alegada falta de relación de los referidos objetos del contrato
y de la institución de educación superior, ni podía soportar, como lo hizo, en esos mismos
argumentos, las razones para expedir el acto administrativo de liquidación unilateral del contrato.
41. Las obligaciones pactadas dejan claro que no se suscribió un típico contrato de suministro, a
pesar de que algunas de las obligaciones significaran la entrega de elementos como instrumentos
musicales. Estas consideraciones sobre el objeto principal y las obligaciones pactadas también
constituyen una falsa motivación de los actos administrativos de liquidación unilateral objeto de
estudio Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B,
sentencia del 10 de junio de 2022, exp. 66558, C.P. Alberto Montaña Plata.
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Expediente: Acumulados 45969 y 32907
Actor: Dragacol S.A. y otra
Demandado Nación – Ministerio de
Transporte
su génesis, con la prevención de que, en todo caso, la parte afectada no está
relevada de formular expresamente la pretensión de nulidad contra el acto de
liquidación:
33. Antes de avanzar con ese análisis, la Sala estima necesario advertir
que el acto unilateral mediante el cual se realiza el cruce de cuentas en un
contrato estatal tiene un objeto y fin definido, distinto del acto a través del cual
se declara la caducidad. En todo caso, ambos están concatenados
causalmente, en la medida en que en virtud del de caducidad se ordena la
terminación y liquidación del contrato. Una y otra circunstancia de las anotadas
implica que en casos en los que se debate la nulidad de ambos el análisis deba
hacerse respecto de cada uno de ellos, según los cargos que en su contra se
formulen, sin perjuicio de que la declaratoria de nulidad del primero se proyecte
con indiscutibles efectos frente a las determinaciones que se adoptan en el
segundo.
34. Se precisa así que el acto de liquidación puede incorporar, como en
este caso, los efectos económicos que se siguen del acto de caducidad, de
manera que la validez total o parcial de la liquidación o su eficacia puede verse
comprometida por cuenta de la nulidad del acto que le dio su origen; sin
embargo, debe advertirse que esto no es suficiente para proceder a declarar su
nulidad, pues, al tratarse de un acto administrativo autónomo e independiente,
debe ser demandado expresamente, carga que en este caso cumplieron tanto
Dimerco como Confianza.
35. Ahora bien, recuerda la Sala que, además de unos cargos que se
formularon en forma independiente, Dimerco también alegó que las
resoluciones de la liquidación unilateral adolecían de los mismos vicios de los
que acusó a los actos de caducidad, entre ellos, la vulneración del debido
proceso, en tanto que los efectos de esa sanción legal quedaron contenidos en
aquéllos.
36. La Sala le halla razón a Dimerco por cuanto, al revisar el contenido de
la Resolución 707 del 24 de julio de 2006 mediante la cual la ILV liquidó
unilateralmente el contrato, se observa que se concretó en identificar y
cuantificar como saldos en contra de Dimerco y a favor de la ILV: (i) el
incumplimiento del contrato por $250.459’601.719,59; (ii) la cláusula penal
pecuniaria por valor de $100.183’840.687,80 —rubro que fue modificado por la
Resolución 863 del 5 de septiembre a la suma de $4.586’755.327,6833— y, (iii)
la penalización por $933’393.050 en aplicación de las cláusulas 22 y 24 del
contrato34.
37. Como se ve, el contenido del finiquito realizado por la ILV no consistió
en un cruce de cuentas sino, en realidad, en la liquidación de una serie de
valores atados al incumplimiento declarado en las Resoluciones 1 del 2 de
enero y 222 del 20 de febrero de 2006. En esa medida, se estima que la
33 Folio 377, cuaderno 1.
34 Folio 354, cuaderno 1.
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Expediente: Acumulados 45969 y 32907
Actor: Dragacol S.A. y otra
Demandado Nación – Ministerio de
Transporte
vulneración del derecho al debido proceso que se encontró probada respecto
de las resoluciones que declararon la caducidad se proyectó respecto de las
Resoluciones 707, 863 y 924 del 2006 en la medida en que estas últimas se
redujeron tan solo a hacer efectiva la voluntad contenida en aquellas. A manera
de colofón se anota que, si en este caso no se anularan las resoluciones por
medio de las cuales se liquidó unilateralmente el contrato, que, como se vio,
refleja los efectos económicos de la caducidad, se llegaría al absurdo de
mantener tales efectos a pesar de que la resolución que les dio fundamento fue
declarada nula por vulnerar el debido proceso35.
Algo semejante a lo documentado en el aludido antecedente jurisprudencial ocurre
en el sublite, en el que tanto en la demanda como en el recurso se alegó la
vulneración al debido proceso de la aseguradora en la producción del acto de
liquidación unilateral, con sustento en el hecho de que a la compañía de seguros no
se le permitió su participación en la fase liquidatoria, pues con ello se dejaba de lado
el hecho de que la compañía de seguros debía responder por los incumplimientos
o posibles incumplimientos en que hubiera incurrido el contratista y que habrían
servido de base para la constitución del siniestro, instrumentado en el acto de
caducidad que antecedió la liquidación.
Sobre el particular, la Sala considera que le asiste la razón a la aseguradora al
sostener que el acto de liquidación unilateral adolece de nulidad.
Al recaer la declaratoria de nulidad parcial del acto de caducidad por vulneración al
debido proceso de la aseguradora en la constitución del siniestro, vinculado a los
amparos de incumplimiento y manejo del pago anticipado cubiertos por la póliza
GU0100664408, su ilegalidad irradia la decisión adoptada en torno al seguro en el
acto de liquidación unilateral en el que se cuantificó la suma en que se afectaría la
garantía y se dio la orden de su pago con cargo a la póliza expedida por la
aseguradora, órdenes que, por mérito de la ilegalidad del acto constitutivo del
siniestro, quedan viciadas de nulidad por la misma causal, así como despojadas de
fundamento y, por tanto, desprovistas de efectos vinculantes.
Con base en lo expuesto, en la parte resolutiva de esta sentencia se declarará la
nulidad de los siguientes artículos de la parte resolutiva de la Resolución 002503
del 10 de abril de 2001:
35 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, 11 de
octubre de 2021, exp: 53479, C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
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Expediente: Acumulados 45969 y 32907
Actor: Dragacol S.A. y otra
Demandado Nación – Ministerio de
Transporte
En el artículo segundo, se declarará la nulidad solamente respecto de la parte
subrayada:
“ARTICULO SEGUNDO: Que como consecuencia de la liquidación
efectuada en el artículo primero la SOCIEDAD DE DRAGADOS Y
CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA Y DEL CARIBE S.A. DRAGACOL
S.A. y/o LA COMPAÑÍA DE ASEGURADORA DE FIANZAS S.A.
CONFIANZA S.A. en su calidad de garante de Dragacol S.A. deben al
MINISTERIO DE TRANSPORTE la suma de NOVECIENTOS SESENTA
MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDÓS MIL NOVECIENTOS UN
PESOS MONEDA (960’822.901) (….)”.
Se declarará la nulidad de los siguientes artículos en su totalidad:
“ARTICULO TERCERO: Hacer efectiva la póliza de garantía única de
seguro de cumplimiento a favor de entidades estatales constituida con la
Compañía Aseguradora Fianzas S.A. – Confianza S.A. No. G U01
0664408 de enero 19 de 1998, cuyo tomador y afianzado es la Sociedad
de Dragados y Construcciones de Colombia y del Caribe S.A.
DRAGACOL S.A. y el beneficiario es el Ministerio de Transporte.
“ARTICULO CUARTO: Efectuar por ende, el cobro de la respectiva
obligación a favor del Ministerio de Transporte, en virtud de la afectación
del amparo de cumplimiento por la suma asegurada de $149’999.999. 00
y del amparo de la suma anticipada por $750’000.000 cubiertos con la
póliza número G U0100664408, constituida con la Compañía
Aseguradora de Fianzas S.A Confianza S.A., el 19 de enero de 1998.
Igualmente, se declarará la nulidad de la Resolución 05711 del 3 de julio de 2001,
por la cual el Ministerio de Transporte resolvió el recurso de reposición interpuesto
en contra de la anterior, en cuanto confirmó los artículos y apartados a los que se
acaba de hacer referencia.
Como consecuencia, a título de restablecimiento se declarará que la aseguradora
Confianza S.A. no tiene obligación de pagar las sumas contenidas en los actos
administrativos Resolución 00787 del 3 de mayo de 1999 y Resolución 002503 del
10 de abril de 2001, expedidos por el Ministerio de Transporte en el marco del
contrato 010 de 1998, con cargo a la garantía única de cumplimiento No. G U01
0664408 de enero 19 de 1998, ni en los actos administrativos que por vía de
reposición confirmaron las mencionadas resoluciones.
En caso de haberlo hecho, el Ministerio de Transporte deberá restituir las sumas
pagadas por Confianza S.A., debidamente indexadas desde el tiempo de su pago
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Expediente: Acumulados 45969 y 32907
Actor: Dragacol S.A. y otra
Demandado Nación – Ministerio de
Transporte
hasta la época en que se efectúe el reintegro con base en el índice de precios al
consumidor.
Conclusión sobre los cargos de la apelación invocados en el expediente 2001-02450
(32907)
Como resultado de las consideraciones que anteceden la Sala revocará la sentencia
del 29 de marzo de 2006 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Sección Tercera – Subsección B, para en su lugar declarar la nulidad de los artículos
atrás señalados de la Resolución del 10 de abril de 2001 y de la Resolución 05711
del 3 de julio de 2001, en cuanto tiene que ver con la referida disposición.
Por lo expuesto, la Sala estima inane abordar el estudio de los demás cargos de la
apelación propuestos por la aseguradora en orden a atacar la validez del acto de
liquidación unilateral del contrato 010 de 1998, pues con lo decidido hasta este
punto resulta suficiente para proceder en esa dirección.
5. Costas
De conformidad con el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo,
subrogado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, sólo hay lugar a la imposición
de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y, en el sub
lite, ninguna actuó de esa forma, por ende, no se impondrá condena alguna.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 14 de junio de 2012, por el Tribunal
Administrativo del Atlántico dentro de los expedientes 2000-01903 y 2001-00546
(45969), con fundamento en las razones advertidas en la parte considerativa de esta
providencia, la cual quedará así:
1.- DECLARAR LA NULIDAD PARCIAL de la Resolución 00787 del 3 de mayo
de 1999, por la cual el Ministerio de Transporte declaró la caducidad de contrato
010 de 1998, únicamente en el ordinal sexto de su parte resolutiva, en el cual
declaró la ocurrencia del siniestro de incumplimiento y del amparo vinculado al
pago anticipado, cubiertos por la garantía única GU01 0664408, expedida por
la Compañía Aseguradora de Fianzas Confianza S.A.
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Expediente: Acumulados 45969 y 32907
Actor: Dragacol S.A. y otra
Demandado Nación – Ministerio de
Transporte
2.- Consecuencialmente, DECLARAR LA NULIDAD PARCIAL de la Resolución
001564 del 23 de julio de 1999, por la cual se decidió el recurso de reposición
interpuesto por la aseguradora en contra de la anterior, en cuanto toca a la
ocurrencia del siniestro de incumplimiento y del amparo vinculado al pago
anticipado, cubiertos por la garantía única GU01 0664408, expedida por la
Compañía Aseguradora de Fianzas Confianza S.A.
3.- NEGAR LAS DEMÁS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, por las razones
expuestas.
SEGUNDO: REVOCAR la sentencia proferida el 29 de marzo de 2006, por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección B, dentro
del expediente 2001-02450 (32907), por los motivos expuestos en la parte motiva
de esta decisión, para en su lugar.
1.- DECLARAR LA NULIDAD de los siguientes artículos de la parte resolutiva
de la Resolución 002503 del 10 de abril de 2001:
En el artículo segundo, se declara la nulidad solamente la parte subrayada:
“ARTICULO SEGUNDO: Que como consecuencia de la liquidación efectuada
en el artículo primero la SOCIEDAD DE DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES
DE COLOMBIA Y DEL CARIBE S.A. DRAGACOL S.A. y/o LA COMPAÑÍA DE
ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. CONFIANZA S.A. en su calidad de
garante de Dragacol S.A. deben al MINISTERIO DE TRANSPORTE la suma
de NOVECIENTOS SESENTA MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDÓS MIL
NOVECIENTOS UN PESOS MONEDA (960’822.901) (….).
DECLARAR LA NULIDAD de los siguientes artículos en su totalidad:
“ARTICULO TERCERO: Hacer efectiva la póliza de garantía única de seguro
de cumplimiento a favor de entidades estatales constituida con la Compañía
Aseguradora Fianzas S.A. – Confianza S.A. No. G U01 0664408 de enero 19
de 1998, cuyo tomador y afianzado es la Sociedad de Dragados y
Construcciones de Colombia y del Caribe S.A. DRAGACOL S.A. y el
beneficiario es el Ministerio de Transporte.
“ARTICULO CUARTO: Efectuar por ende, el cobro de la respectiva obligación
a favor del Ministerio de Transporte, en virtud de la afectación del amparo de
cumplimiento por la suma asegurada de $149’999.999. 00 y del amparo de la
suma anticipada por $750’000.000cubiertos con la póliza número G
U0100664408, constituida con la Compañía Aseguradora de Fianzas S.A
Confianza S.A., el 19 de enero de 1998.
2.- DECLARAR LA NULIDAD de la Resolución 05711 del 3 de julio de 2001, por
la cual el Ministerio de Transporte resolvió el recurso de reposición interpuesto
en contra de la anterior, en cuanto confirmó los artículos a los que se acaba de
hacer referencia.
3.- Como consecuencia, a título de restablecimiento se declarará que la
aseguradora Confianza S.A. no tiene obligación de pagar las sumas contenidas
en los actos administrativos instrumentados en la Resolución 00787 del 3 de
mayo de 1999 y Resolución 002503 del 10 de abril de 2001, expedidos por el
Ministerio de Transporte en el marco del contrato 010 de 1998, con cargo a la
garantía única de cumplimiento No. G U01 0664408 de enero 19 de 1998, ni en
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Expediente: Acumulados 45969 y 32907
Actor: Dragacol S.A. y otra
Demandado Nación – Ministerio de
Transporte
los actos administrativos que por vía de reposición confirmaron las
mencionadas resoluciones.
En caso de haberlo hecho, el Ministerio de Transporte deberá restituir las sumas
pagadas por Confianza S.A., debidamente indexadas desde el tiempo de su
pago hasta la época en que se efectúe el reintegro, con base en el índice de
precios al consumidor.
4.- NEGAR LAS DEMÁS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, por las razones
expuestas en la parte considerativa de esta providencia.
TERCERO: Sin condena en costas.
CUARTO: Para el cumplimiento de esta sentencia se observará lo dispuesto en los
artículos 176 y 177 del CCA.
QUINTO: Expedir, con destino a las partes, las copias auténticas con las
constancias previstas en la ley procesal. Las copias destinadas a la parte actora
serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.
SEXTO: Cumplido lo anterior, devuélvanse los expedientes a los Tribunales de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Con impedimento
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
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