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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 08001-23-31-000-2001-00680-02

Fecha
9 de mayo de 2024
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 08001-23-31-000-2001-00680-02

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 27 de noviembre de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala Itinerante de Descongestión con sede en Barranquilla, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR probada de oficio la excepción de caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 08001-23-31-000-2001-00680-02

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

9 de mayo de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., nueve (9) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)

CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: Núm. 08001-23-31-000-2001-00680-02
Demandante: Toralf Levang
Demandado: Municipio de Puerto Colombia
Tercero: Armando Aranzalez Acuña y sucesores indeterminados
Tema: REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL / caducidad de la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho /
notificación por conducta concluyente

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante, Toralf Levang, en contra de la sentencia del 27 de noviembre de 2015,
proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala Itinerante de
Descongestión con sede en Barranquilla, por medio de la cual se negaron las
pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda1

1. El señor Toralf Levang, a través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción
de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del Código
Contencioso Administrativo – CCA, presentó demanda en contra del municipio de
Puerto Colombia, con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones:

“[…] 1o. - Que es nula La Resolución 388 de Julio 09 de 1.996, emanada de
la Alcaldía del Municipio de Puerto Colombia, Atlántico, mediante la cual el
Alcalde de Puerto Colombia, Atlántico, enajenó o vendió al señor ARMANDO
ARANZÁLEZ (sic) ACUÑA, […] una parte del lote descrito en el hecho
PRIMERO de esta demanda.

2o. - Que es nula la escritura pública No. 1.555 de fecha Julio 22 de 1.9962, de
la Notaría Única de Baranoa, por medio de la cual vendió, con fundamento en

1 Folios 1 a 11 y 45 a 55 C pp.
2 Mediante escritos de 30 de julio de 2001 y 22 de octubre de 2001, folios 91 a 92 C pp y 187 C 2, la parte

demandante señaló que “[…] La presente demanda se dirige a buscar la nulidad de la Resolución 338 del 09
de julio de 1.9996, de acuerdo al contexto mismo de la demanda, es el acto atacado, y los demás
pronunciamientos que se solicitan son simples consecuencias de la eventual declaratoria de tal nulidad, y no
necesariamente que la existencia de la mencionada escritura pública esté siendo demandada […]. (fuera del
texto original).

2

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Demandante: Toralf Levang
Demandado: Municipio de Puerto Colombia

la resolución de que habla el punto inmediatamente anterior, al señor
ARMANDO ARANZÁLEZ ACUÑA, el lote en cuestión, y que es NULA la
inscripción que de dicha venta se hizo en el Folio de matrícula inmobiliaria No.
040-290951 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Barranquilla.

3o. - Que a título de restablecimiento del derecho se ordene directamente por
el Honorable Tribunal Administrativo la cancelación del Folio de matrícula
Inmobiliaria No. 040-290951 indicado en el punto inmediatamente anterior, así
como la Inscripción No. 020000680134000 en el Departamento Administrativo
Nacional de Estadística - DANE- Instituto Geográfico AGUSTIN CODAZZI.

4o. - Que, como consecuencia de las determinaciones anteriores, se condene
al MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA a restituir a mi representado TORALF
LEVANG el bien inmueble ilegalmente vendido, o a reconocer y pagar a mi
representado el valor comercial actual de la porción de terreno a que se ha
hecho referencia.

5o- Que igualmente se condene al MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA,
ATLÁNTICO a pagar a mi representado los perjuicios causados con la ilegal
VENTA.

6o. - Una vez ejecutoriada la sentencia que le ponga fin a la presente acción,
se comunique a las autoridades administrativas que profirieron los actos, y a
las que los inscribieron, para los efectos de ley, ordenando, como ya se pidió,
la anulación de la inscripción registral […]”. (Negrilla del texto).

I.1.1. Los hechos relevantes de la demanda3

2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los
siguientes:

3. Elapoderado de la parte demandante señaló que, en atención al acuerdo
municipal 030 de 1959, el alcalde de Puerto Colombia vendió al señor Toralf Levang
un lote rural ubicado en el corregimiento de Salgar, en el municipio de Puerto
Colombia – Atlántico, acto que se protocolizó en la escritura pública 2349 de 2 de
septiembre de 1959 y se registró en el folio de matrícula inmobiliaria 040-110663.

4. Anotó que ese lote se encontraba ubicado al margen de la antigua línea férrea,
hoy carretera que lleva al corregimiento de Sabanilla, cuyas medidas y linderos son
los siguientes:

“[…] NORTE una extensión de 65 metros, partiendo del vértice del ángulo
formado con la orilla de trazado de la carretera en línea recta. OESTE en una
extensión de 358 metros en línea recta y partiendo del vértice del ángulo
formado por la línea sur, lindando por este con las playas de propiedad del
municipio. SUR en una extensión de 120.oo metros en línea recta hasta
encontrar un punto u ojo de agua denominada LA CACIMBA, y desde este
punto formando un ángulo recto, en una extensión de 50.oo metros, de este
punto, o sea el vértice del ángulo recto hasta encontrar la línea de la carretera
que conduce a las playas de Sabanilla. ESTE, en línea recta partiendo del
vértice del ángulo recto formando por el anterior lindero, en una extensión de

3 Folios 2 a 3 C pp.

3

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Demandante: Toralf Levang
Demandado: Municipio de Puerto Colombia

300.oo metros, por toda la orilla de la carretera hasta encontrar el punto o línea
de partida, del lindero Norte, limitado por el Este, carretera en medio, con
terrenos ocupados por el Padre Matutis de la comunidad Salesiana […]”.

5. Indicó que, a través del acuerdo municipal 023 de 1995, el alcalde de Puerto
Colombia “[…] tuvo nuevamente la facultad de enajenar predios municipales o que
se encontraran en cabeza de particulares como falsa tradición […]”.

6. Mencionó que, en atención a dicho acuerdo, mediante la Resolución 388 de 9 de
julio de 1996, se vendió al señor Armando Aranzalez Acuña un predio urbano,
ubicado en el corregimiento de Salgar, en el municipio de Puerto Colombia -
Atlántico, acto que se protocolizó en la escritura pública 1555 de 22 de julio de 1996
y se registró en el folio de matrícula inmobiliaria 040-290951, sin tener presente que
hacía parte del inmueble adquirido por el señor Toralf Levang, desconocimiento el
derecho de propiedad que tenía sobre el mismo.

7. Precisó que, de conformidad con el mencionado acto administrativo, el bien
inmueble vendido por el municipio de Puerto Colombia al señor Armando Aranzalez
Acuña se encontraba ubicado en la Calle 6ª con carrera 20 del corregimiento de
Salgar, cuyas medidas y linderos son los siguientes: “[…] Norte: 12.oo mts y linda
con predio de María Victoria de Amador, Sur: 12 mts y linda con predio Calle 6 en
medio, Este 26.60 mts y linda con predio de Eddy Reales de Aranzalez, Oeste 26.60
mts y linda con predio de Gustavo Restrepo […]”.

8. Finalmente, indicó que el 28 de diciembre de 2000, mediante el ejercicio del
derecho de petición, la parte demandante solicitó copia de dicha resolución.

I.1.2. Fundamentos de derecho y el concepto de violación4

I.1.2.1. Fundamentos de derecho

9. La parte demandante propuso el cargo de nulidad relacionado con el
desconocimiento de las normas en que debían fundarse el acto acusado, para lo
cual señaló como quebrantadas las siguientes disposiciones: (i) Constitución
Política, artículos 2°, 6°, 29, 58 y 59; (ii) Código Contencioso Administrativo - CCA,
artículos 1°, 3° (incisos 1°, 8° y 9°), y 14; (iii) Código Civil, artículos 669, 673, 744,
745, 766, 767 y 768 y; (iv) Ley 4ª de 1913, artículo 334 (numeral 4°).

I.1.2.2. El concepto de violación

I.1.2.2.1. Desconocimiento de las normas en que debía fundarse el acto
acusado por violación al derecho de propiedad

10. El apoderado de la parte demandante consideró que la Resolución 388 de 9 de
julio de 1996 se encuentra viciada de nulidad, por cuanto fue expedida por el

4 Folios 3 a 8 C pp.

4

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Demandante: Toralf Levang
Demandado: Municipio de Puerto Colombia

municipio de Puerto Colombia con desconocimiento del derecho a la propiedad del
demandante, previsto en el artículo 58 de la Constitución Política.

11. Explicó que el ente territorial vendió parte del bien inmueble del señor Toralf
Levang al señor Armando Aranzalez Acuña sin agotar un procedimiento judicial
previo, conforme lo establece el numeral 4° del artículo 334 de la Ley 4 de 1913 y
sin que el Gobierno Nacional declarara un estado de guerra, lo que autoriza la
expropiación sin indemnización, según el artículo 59 superior.

12. Mencionó que, de acuerdo con los artículos 2° y 6° de la Constitución Política y
669, 673, 744, 745, 766, 767 y 768 del Código Civil, la escritura pública 2349 de 2
de septiembre de 1959 y el folio de matrícula inmobiliaria 040-110663, el
demandante tiene derecho de dominio sobre dicho predio y el “[…] Estado debe
proteger a todas las personas residentes en Colombia en sus bienes y sin
extralimitarse en el ejercicio de sus funciones […]”.

13. Argumentó que el municipio de Puerto Colombia no agotó un procedimiento
judicial previo para enajenar una parte de su inmueble al señor Armando Aranzalez
Acuña y no le notificó el acto administrativo demandado.

II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA

II.1. Intervención del municipio de Puerto Colombia

14. El municipio de Puerto Colombia no contestó la demanda 5, a pesar de haber sido
notificado del auto admisorio de la demanda en debida forma.

II.2. Intervención de Armando Aranzalez Acuña y sucesores indeterminados6

15. El curador ad litem, en primer lugar, puso de presente que la cédula de
ciudadanía del señor Armando Aranzalez Acuña se encuentra cancelada por
muerte, conforme con la Resolución 3973 de 13 de septiembre de 2000 expedida
por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

16. Sobre las pretensiones de la demandada, se limitó a señalar que se opone a las
mismas y se atiene a lo probado en el proceso.

III. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

17. El Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala Itinerante de Descongestión con
sede en Barranquilla, a través de la sentencia de 27 de noviembre de 20157, decidió
negar las pretensiones de la demanda.

5 Folio 98 C pp.
6 Folios 126 a 128 y 166 a 167 C pp.
7 Folios 214 a 225 C pp.

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Demandante: Toralf Levang
Demandado: Municipio de Puerto Colombia

18. El juez de la primera instancia consideró que el problema jurídico a resolver era
determinar si la Resolución 388 de 9 de julio de 1996 se encontraba viciada de
nulidad por cuanto fue expedida por el municipio de Puerto Colombia con
desconocimiento del derecho a la propiedad del señor Toralf Levang, toda vez que
enajenó parte de su bien inmueble al señor Armando Aranzalez Acuña sin agotar
un procedimiento judicial previo.

19. Para resolver, el a quo recordó que los artículos 43, 44 y 54 del Decreto 1250 de
1970 establecieron que las oficinas de registros expedirían certificados sobre las
situaciones jurídicas de los bienes sometidos a registro mediante la reproducción
fiel y total de las inscripciones respectivas, los cuales tienen validez probatoria.

20. En ese contexto, el juez de la primera instancia realizó un cuadro comparativo
del folio de matrícula inmobiliaria 040-110663, el cual identifica el predio del señor
Toralf Levang, y el folio de matrícula inmobiliaria 040-290951, que identifica el predio
del señor Armando Aranzalez Acuña, evidenciando que dichos bienes eran
diferentes, también que no han sido divididos, parcelados o urbanizados y que,
conforme con los certificados de tradición y libertad emitidos el 11 de febrero de
2000, dichos folios se encontraban vigentes.

21. Consideró que los señores Toralf Levang y Armando Aranzalez Acuña eran
dueños de predios distintos, los cuales no fueron objeto de división, urbanización o
parcelación, de manera que no era posible que un predio se encontrara dentro del
área del otro, por lo que procedía la inscripción de ellos en la Oficina de Instrumentos
Públicos de Barranquilla conforme lo exige el artículo 756 del Código Civil.

22. Asílas cosas, concluyó que no era procedente declarar la nulidad de la
Resolución 388 de 9 de julio de 1996 toda vez que el municipio de Puerto Colombia
vendió un bien inmueble al señor Armando Aranzalez Acuña el cual era diferente al
que reclamaba el señor Toralf Levang, esto es, sin desconocimiento su derecho de
propiedad.

23. Finalmente, el a quo advirtió que la parte demandante no cumplió con la carga
probatoria dirigida acreditar que el municipio de Puerto Colombia entregó parte del
predio del señor Toralf Levang al señor Armando Aranzalez Acuña.

IV. RECURSO DE APELACIÓN

24. Mediante escrito de 9 de marzo de 20168, el apoderado del demandante presentó
recurso de apelación con el fin de obtener la revocatoria de la sentencia de del 27
de noviembre de 2015.

25. Insistió que la Resolución 388 de 9 de julio de 1996, fue expedida por el municipio
de Puerto Colombia con desconocimiento del derecho a la propiedad del señor

8 Folios 227 a 230 C pp.

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Demandante: Toralf Levang
Demandado: Municipio de Puerto Colombia

Toralf Levang, por cuanto enajenó una parte de su bien al señor Armando Aranzalez
Acuña sin agotar un procedimiento judicial previo.

26. Recordó que, de acuerdo con la escritura pública 2349 de 2 de septiembre de
1959 y el folio de matrícula inmobiliaria 040-110663 existía su derecho real o de
dominio sobre las medidas y linderos descritos en la demanda y esos documentos.

27. Afirmó
que el municipio de Puerto Colombia era a quien le correspondía
comprobar que no desconoció el derecho de propiedad del demandante y que el
bien inmueble vendido al señor Armando Aranzalez Acuña era diferente, sin
embargo, no contestó la demanda.

28. Finalmente subrayó que, mediante el oficio 0402014EE05957 de 23 de julio de
2014, la Oficina de Registros Públicos de Barranquilla únicamente informó que, una
vez revisado los folios de matrícula 040-110663 y 040-290951, los bienes del señor
Armando Aranzalez Acuña y el demandante eran diferentes, cuando la información
solicitada era si el de este último hacía parte o no del inmueble del señor Toralf
Levang.

V. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

29. El recurso de apelación fue concedido por el magistrado sustanciador de la
primera instancia mediante auto del 4 de abril de 20169.

30. Remitido y repartido entre los diferentes Despachos que integran la Sección
Tercera del Consejo de Estado, mediante autos de 7 de diciembre de 2016 y 16 de
febrero de 201710, se admitió el recurso de apelación y se corrió traslado a las partes
por el término de diez (10) días para que presentaran alegatos de conclusión y al
Ministerio Público para que rindiera concepto, sin embargo, guardaron silencio.

31. A través de auto de 1° de julio de 202111, la Sección Tercera del Consejo de
Estado remitió el proceso a la Sección Primera para lo de su competencia.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1. Competencia

32. De conformidad con el artículo 129 del CCA12, la Sección Primera del Consejo
de Estado es competente para decidir el recurso de apelación interpuesto en contra
de la sentencia dictada en primera instancia por el Tribunal Administrativo del

9 Folio 231 C pp.
10 Folios 5 a 6 y 8 C 3.
11 Folios 10 a 11 C 3.
12 “(…) El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las

apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos y de las
apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando
no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se conceda el
extraordinario de revisión (…)”.

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Demandante: Toralf Levang
Demandado: Municipio de Puerto Colombia

Atlántico, Sala Itinerante de Descongestión con sede en Barranquilla, en
concordancia con lo dispuesto en el Acuerdo 80 de 201913, que contiene las reglas
de reparto entre las distintas secciones de la Corporación.

VI.2. La formulación del problema jurídico

33. En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, la
Sala debe determinar la legalidad de la Resolución 388 de 9 de julio de 1996, por
medio de la cual el municipio de Puerto Colombia vendió un bien inmueble al señor
Armando Aranzalez Acuña.

34. La Sala deberá analizar si, a través del referido acto administrativo, el municipio
de Puerto Colombia desconoció el derecho de propiedad del señor Toralf Levang,
toda vez que vendió una parte de su inmueble al señor Armando Aranzalez Acuña
sin agotar un procedimiento judicial previo.

35. Previo a resolver los argumentos de apelación, de conformidad con el artículo
164 del CCA, la Sala debe pronunciarse sobre el fenómeno procesal de la
caducidad, atendiendo que constituye un presupuesto procesal de la acción.

36. Para los fines anteriores, la Sala abordará: (i) identificación del acto
administrativo acusado; (ii) caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho y; (iii) análisis del caso.

VI.2.1. La identificación del acto demandado

37. El señor Toralf Levang demandó la Resolución 388 de 9 de julio de 1996 14,
expedida por el alcalde del municipio de Puerto Colombia, cuyo texto es el siguiente:

“[…] RESOLUCIÓN No. 388
(9 de julio de 1996)

A) Que Armando Aranzalez Acuña mayor de edad, natural del Banco
Magdalena, […] y mediante memorial petitorio solicitó se le enajenara el predio
de propiedad municipal ubicado en la C 6 Kra 20 corregimiento de Salgar, Norte
12 m linda con predio de María Victoria de Amador, Sur 12 m linda con predio
Calle 6 en medio, Este 26.60 m linda con predio de Eddy Reales de Aranzalez,
Oeste 26.60 m linda con predio de Gustavo Restrepo. Ref. Catastral No.
020000680043000 (lote de mayor extensión).

B) Que el Acuerdo Municipal No. 023 de 1995, la Ley 137 de 1959 y demás
disposiciones legales, de dan facultades al señor alcalde para enajenar predios
municipales ya sean que aparezcan como tal en la referencia catastral o en
cabeza de particulares como falsa tradición, estableciéndose así los requisitos
a seguir para la venta de predios municipales.

13 La Sección Primera del Consejo de Estado tiene a su cargo conocer los procesos de nulidad y nulidad y

restablecimiento del derecho de actos administrativos que versen sobre asuntos no asignados expresamente a
otras secciones.
14 Folios 15 a 16, 29 a 30, 58 a 60 y 74 a 75 C pp.

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Demandante: Toralf Levang
Demandado: Municipio de Puerto Colombia

C) Armando Aranzalez Acuña ha llenado todos los requisitos exigidos por el
artículo quinto del Acuerdo 023 de 1995 emanado por el Honorable Concejo
Municipal.

D) Que Armando Aranzalez Acuña, su predio se encuentra contenido en el
estado dos (2) por lo tanto debe cancelar la suma de $15.960.

[…] RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Enajénese a favor de ARMANDO ARANZALEZ ACUÑA
el predio que tiene en posesión, ubicado en C 6 cra. 20 corregimiento de Salgar,
cuyas medidas y linderos se encuentras contenidas en el considerando de la
parte activa de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: La presente resolución de ENAJENACIÓN constituye
un contrato de compra – venta y solo necesita de su protocolización ante la
Notaria para constituirse en escritura pública […]”

VI.2.2. Caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho

38. La Sala pone de presente que de acuerdo con el artículo 164 del CCA, el término
de caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, como
presupuesto procesal, debe ser examinado de manera oficiosa en la sentencia
definitiva si se encuentra probada, la norma es del siguiente tenor:

“[…] Artículo 164. Excepciones de fondo. En todos los procesos podrán
proponerse las excepciones de fondo en la contestación de la demanda cuando
sea procedente, o dentro del término de fijación en lista, en los demás casos.

En la sentencia definitiva se decidirá sobre las excepciones propuestas y
sobre cualquiera otra que el fallador encuentre probada.

Son excepciones de fondo las que se oponen a la prosperidad de la pretensión.

El silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas
las excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la "reformatio in
pejus" […]” (negrilla fuera de texto).

39. Por su parte, el numeral 2° del artículo 136 del CCA15 establece que la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho caducará al cabo de cuatro (4) meses,
contados a partir del día siguiente al de la publicación, notificación, comunicación o
ejecución del acto, según el caso.

40. Esta Corporación16 ha señalado que la caducidad es el fenómeno a través del
cual “[…] el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en

15 “[…] Artículo 136. Caducidad de las acciones.

[…] 2. La de restablecimiento del derecho caducará al cabo de cuatro (4) meses, contados a partir del
día siguiente al de la publicación, notificación, comunicación o ejecución del acto, según el caso. Sin
embargo, los actos que reconozcan prestaciones periódicas podrán demandarse en cualquier tiempo por la
administración o por los interesados, pero no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares
de buena fe […]”.
16 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 19 de febrero de

2015. Rad: 25000-23-41-000-2013-01801-01. Consejero Ponente: Dra. María Elizabeth García González.

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el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la Jurisdicción con el fin
de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se haya en la necesidad por
parte del conglomerado social de obtener seguridad jurídica para evitar la
paralización del tráfico jurídico. […] Esta es una figura de orden público lo que
explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser declarada de oficio por parte
del Juez, cuando se verifique su ocurrencia […]”.

41. Así las cosas, al ser la caducidad una garantía para la seguridad jurídica y el
interés general, quien acuda a ejercer el derecho de acción tiene la carga procesal
de hacerlo en los términos establecidos por el legislador, so pena del rechazo de su
demanda, o de una sentencia inhibitoria.

42. Teniendo en cuenta lo anterior, en el sub lite, la Sala considera que se debe
verificar a partir de la fecha en que el señor Toralf Levang conoció de la existencia
de la Resolución 388 de 9 de julio de 1996 y, de esta forma, poder determinar el
término de caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho al tenor
de lo dispuesto en el numeral 2° del artículo 136 del CCA.

43. Respecto de la notificación de las decisiones en las actuaciones administrativas,
los artículos 44, 45 y 61 del CCA establecen que, por regla general, se debe realizar
personalmente y, en caso que no sea posible, por edicto, sin embargo, en materia
de actos de registro, el artículo 44 ibidem, prevé un regulación especial, la cual
refiere a que “[…] los actos de inscripción realizados por las entidades encargadas
de llevar los registros públicos se entenderán notificados el día en que se efectúe la
correspondiente anotación […]”.

44. Cabe advertir que el artículo 48 ejusdem, dispone que sin el lleno de los
anteriores requisitos no se tendrá por hecha la notificación ni producirá efectos
legales la decisión, a menos que la parte interesada, dándose por suficientemente
enterada, convenga en ella o utilice en tiempo los recursos legales.

45. La Sala recuerda que en los procesos contencioso administrativos es aplicable
la previsión del artículo 330 del CPC relativa a la notificación por conducta
concluyente, en consideración a que el artículo 48 del CCA, que regula esa misma
materia, presenta un vacío, como quiera que no contempla la posibilidad de que el
interesado, a pesar de no haberse surtido las formalidades para la notificación
personal o por edicto, pueda tener conocimiento de la existencia y contenido del
acto, evento en el que es aplicable la norma de dicha codificación, en virtud de la
remisión del artículo 267 del CCA.

46. Sobre el particular, la Sección Primera del Consejo de Estado, a través de la
providencia proferida el 15 de febrero de 201817, consideró:

17 Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera del Consejo de Estado. Rad: 47001-23-31-000-1992-

03130-01. Consejero Ponente. Doctor Roberto Augusto Serrato Valdés.

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Demandante: Toralf Levang
Demandado: Municipio de Puerto Colombia

“[…] Respecto del término de caducidad de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, el artículo 136 del CCA en la redacción
vigente para la época de la presentación de la demanda que nos ocupa, lo
establecía en cuatro (4) meses, contados a partir del día de la publicación,
notificación o ejecución, los cuales para el caso de los actos fictos serían
contados a partir del día siguiente a aquel en que se hubiese configurado el
silencio negativo.

[…] De esta manera es claro que la Alcaldía Mayor de Santa Marta, omitió
notificar la Resolución 1.099 de 31 de diciembre de 1991 a los señores
Roberto Laignelet Galvis, Ligia Bautista de Laignelet, así como a la sociedad
L&B Inversiones Ltda., razón por la cual la interposición del recurso de
reposición por parte de estas personas, mediante escrito del 12 de febrero
de 1992 (folio 35-45, Cuaderno Principal 1), conllevó que, de conformidad
con los artículos 48 del CCA y 330 del Código de Procedimiento Civil, se
entendieran notificados por conducta concluyente. Esta Sección, en la
sentencia de 19 de diciembre de 2005, Magistrado Ponente: Rafael
Enrique Ostau de Lafont Pianeta, indicó sobre este fenómeno, lo
siguiente:

«[…] En el presente asunto, pese a que el a quo no contabilizó debidamente
el referido término de caducidad, pues lo hizo teniendo en cuenta la fecha
del acto acusado y no la fecha en que el interesado tuvo conocimiento del
mismo, revisada la actuación se observa que la demanda fue promovida
luego de transcurrido el término para el ejercicio de la acción de nulidad
y restablecimiento del derecho señalado en la norma antes citada
(Destacado fuera de texto).

[…] La notificación en este caso se produjo por conducta concluyente, en
los términos del artículo 330 del C.P.C., pues la parte actora manifestó de
manera expresa que conoció sobre la existencia y el contenido del oficio
demandado. Sobre el particular, es relevante señalar que esta Sección en
sentencia de 13 de junio de 1996, dictada dentro del expediente num. 3690,
con ponencia del Magistrado Ernesto Rafael Ariza Muñoz, precisó que en los
procesos contencioso administrativos es aplicable la previsión del
artículo 330 del C.P.C. relativa a la notificación por conducta concluyente,
en consideración a que el artículo 48 del C.C.A., que regula esa misma
materia, presenta un vacío, como quiera que no contempla la posibilidad
de que el interesado, a pesar de no haberse surtido las formalidades para la
notificación personal o por edicto, pueda tener conocimiento de la existencia
y contenido del acto, esté en desacuerdo con el mismo y no hubiere
ejercido en tiempo los recursos gubernativos procedentes, evento en el
que es aplicable la norma del C.C.P., en virtud de la remisión del artículo
267 del C.C.A. […]” (negrilla fuera de texto).

47. De acuerdo con lo anterior, la Sala procederá a realizar un recuento de las
pruebas que aportó la parte demandante para verificar si conoció del acto acusado
y si operó el fenómeno de caducidad.

48. En el plenario se encuentra la Resolución 388 de 9 de julio de 1996 18 mediante
la cual el municipio de Puerto Colombia enajenó a favor del señor Armando
Aranzalez Acuña un lote, sin embargo, no se allegó constancia de notificación de la
misma y, mucho menos, si se realizó al señor Toralf Levang.

18 Folios 15 a 16, 29 a 30, 58 a 60 y 74 a 75 C pp.

11

Radicación núm.: 08001-23-31-000-2001-00680-02
Demandante: Toralf Levang
Demandado: Municipio de Puerto Colombia

49. A pesar de lo anterior, observa la Sala que el demandante anexó copia de la
escritura pública 1.555 de 22 de julio de 199619, emitida por el Notario Único de
Baranoa el 14 de febrero de 2000, documento con el que se protocolizó la venta
del bien inmueble entre municipio de Puerto Colombia y el señor Armando
Aranzalez Acuña.

50. Asimismo, allegó copia del folio de matrícula inmobiliaria 040-290951 emitido el
11 de febrero de 200020, donde se registró la escritura pública 1.555 de 22 de julio
de 1996, antes mencionada.

51. También anexó copia de la Resolución 388 de 9 de julio de 1996, la cual tiene
una anotación del 14 de febrero de 2000, realizada por el Notario Único del Circuito
de Baranoa, por medio de la cual da fe que es auténtica y coincide con el documento
del cual fue tomada.

52. Particularmente, se remitió copia de la petición radicada el 28 de diciembre
200021, a través del cual el apoderado de la parte demandante señala que “[…] la
alcaldía de Puerto Colombia vendió al señor Armando Aranzalez Acuña un lote de
terreno ubicado en Puerto Colombia, en el Corregimiento de Salgar […]” el cual es
de su propiedad, razón por la cual solicitó se remitirá copia auténtica de la misma,
esto es, de la Resolución 388 de 9 de julio de 1996 demandada en el proceso de la
referencia.

53. De lo anterior se concluye que respecto del folio de matrícula inmobiliaria 040-
110663 perteneciente al predio de propiedad del demandante no se realizó
inscripción alguna, la cual sí se acreditó, pero respecto del folio de matrícula
inmobiliaria 040-290951 emitido el 11 de febrero de 2000, donde se registró la
escritura pública 1.555 de 22 de julio de 1996, la cual protocolizó la venta entre el
municipio de Puerto Colombia y el señor Armando Aranzalez Acuña.

54. En este sentido, si bien es cierto que no se le notificó o comunicó el acto de
registro resultado de la decisión adoptada en el acto acusado, también lo es que el
demandante reveló que conoció del mismo, esto es, cuando el Notario Único del
Círculo de Baranoa dio fe de haber autenticado copia del acto acusado y emitió
copia de la escritura pública 1.555 de 22 de julio de 1996 al demandante.

55. En gracia de discusión, también se tiene que el 28 de diciembre de 2000 el
demandante presentó un derecho de petición al ente territorial demandado para que
emitiera copia auténtica del acto acusado, toda vez que puso de presente que “[…]
la alcaldía de Puerto Colombia vendió al señor Armando Aranzalez Acuña un lote
de terreno ubicado en Puerto Colombia, en el Corregimiento de Salgar […]” el cual
es de su propiedad.

19 Folios 26 a 28 y 70 a 73 C pp.
20 Folios 25 y 193 C pp.
21 Folios 17 a 19 y 61 a 63 C pp.

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Radicación núm.: 08001-23-31-000-2001-00680-02
Demandante: Toralf Levang
Demandado: Municipio de Puerto Colombia

56. Así las cosas, para la Sala el señor Toralf Levang se notificó del acto acusado
por conducta concluyente, en los términos de los artículos 48 del CCA y 330 del
CPC.

57. Siguiendo lo expuesto, una vez constatada la fecha en que la parte demandante
conoció de la existencia de la Resolución 388 de 9 de julio de 1996, la Sala entra a
analizar si operó el fenómeno procesal de caducidad de la acción de nulidad y
restablecimiento, para lo cual encuentra que el señor Toral Levang presentó la
demanda el 21 de mayo de 200122, lo que significa que no fue instaurada
oportunamente, teniendo en cuenta que:

• Desde que el Notario Único del Circuito de Baranoa emitió la copia de la
escritura pública 1.555, esto es, el 14 de febrero de 2000, transcurrió 1
año, 2 meses y 7 días y;

• Desde la fecha que el apoderado del señor Toralf Levang presentó un
derecho de petición, esto es, el 28 de diciembre de 2000, transcurrió 4
meses y 21 días.

58. La Sala pone de presente que esta Sección23 tuvo la oportunidad de pronunciarse
en un caso de similares supuestos fácticos y jurídicos, en la cual el acá demandante
solicitó la nulidad la Resolución 129 de octubre 1991 a través de la cual el municipio
de Tubará - Atlántico adjudicó al señor Gustavo Adolfo Restrepo Peláez un lote
ubicado en el perímetro de ese municipio y en límites con el municipio de Puerto
Colombia.

59. En dicha providencia, luego de valorar las pruebas que allegó el señor Toralf
Levang, esta Corporación consideró que conoció de la existencia del acto acusado
desde el 6 de noviembre de 1991, fecha en la que el Notario Único del Circuito de
Baranoa dio fe de haber autenticado copia de la Resolución 129 antes mencionada.
Esta Sección consideró lo siguiente:

[…] en el presente asunto, el presupuesto del artículo 44 del Código
Contencioso Administrativo, según el cual los actos de inscripción se
entienden notificados el día en que se efectúa la correspondiente anotación, no
se configura; en consecuencia, no era posible determinar la caducidad de la
acción, como lo hizo el a quo, partiendo de que a la parte demandante no
se le notificó la Resolución núm. 129 de 24 de octubre de 1991 porque de
su existencia no se hizo anotación en el folio de matrícula inmobiliaria
núm. 040-110663, perteneciente al predio de su propiedad.

Para la Sala, dicho lo anterior, considera relevante recordar lo que la
Sección Primera de esta Corporación ha expresado respecto de la
notificación por conducta concluyente:

“[…] Para la Sala, conforme con lo dispuesto en el artículo 48 del Código

22 Folio 11 C pp.
23 Consejo de Estado. Sala De Lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 6 de noviembre

de 2020. Rad.: 08001233170320010181801. Consejero Ponente: Doctor Hernando Sánchez Sánchez.

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Radicación núm.: 08001-23-31-000-2001-00680-02
Demandante: Toralf Levang
Demandado: Municipio de Puerto Colombia

Contencioso Administrativo, el 23 de julio de 2008, la parte demandante tenía
conocimiento de la existencia y contenido de los actos administrativos
mediante los cuales se ordenó la revocatoria de la licencia de
funcionamiento del Liceo Mixto del DAS por parte de la Secretaría de
Educación Distrital, como consecuencia del oficio expedido por el Director
del DAS por medio del cual este solicitó a aquella la revocatoria de la
misma, razón por la cual los cuatro (4) meses con que contaba para la
presentación de la demanda vencían el lunes 24 de noviembre de 2008 y,
comoquiera que la demanda fue radicada el 21 de enero de 2009, en el
presente asunto operó el fenómeno jurídico de la caducidad para ejercer
la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, en defensa de su
derecho particular y concreto […]”24 (Destacado fuera de texto).

Esta Sala, conforme con el criterio que ha establecido sobre notificación por
conducta concluyente; considera que contrario a la conclusión del A quo, en el
presente asunto sí existe prueba suficiente de la cual derivar que la parte
demandante conocía de la existencia de la Resolución núm. 129 de 24 de
octubre de 1991.

La Sala observa que, en efecto, dentro de las pruebas documentales la parte
demandante aportó, con la demanda, las siguientes:

i) Copia de la Resolución núm. 129 de 24 de octubre de 1991, acto acusado
que aportó la parte demandante y que, como ya se indicó supra, tiene una
anotación del 6 de noviembre de 1991 realizada por el Notario Único del
Círculo de Baranoa, por medio de la cual da fe de que la copia que
autentica, coincide con el documento del cual fue tomada;

ii) Copia de la escritura pública núm. 623 de 6 de noviembre de 1991, con
fecha de expedición 11 de noviembre de 1999, por medio de la cual el
alcalde del Municipio de Baranoa le transfirió al señor Gustavo Adolfo
Restrepo Peláez el predio que aduce es de su propiedad; en la que se deja
constancia que para tal efecto se presentaba la “[…] RESOLUCIÓN No.
129 DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TUBARÁ […]”;

iii) Copia del certificado de tradición y libertad de la matrícula inmobiliaria
núm. 040-225073, expedido el 1° de diciembre de 1999, que pertenece al
predio que presuntamente le causó perjuicio a la parte demandante, y en el que
se deja constancia que “[…] LOS LINDEROS DE ESTE INMUEBLE SE
ENCUENTRAN DESCRITOS EN LA ESCRITURA PÚBLICA # 623 DE 06-11-
91 DE LA NOTARÍA ÚNICA DE BARANOA […]”;

iv) Original de la certificación núm. 230536, expedida el 1° de febrero de 2000
por el Director Seccional del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, por medio
de la cual informa la sobre la inscripción del predio con matrícula inmobiliaria
núm. 040-0225073 de 1991 conforme a la escritura pública núm. 623 de 6 de
noviembre de 1991 otorgada en la Notaría Única de Baranoa; y,

v) Copia de la petición de 9.° de enero de 2001 presentada por el
apoderado de la parte demandante al Alcalde del Municipio de Tubará, por
medio de la cual le solicitó expedir copia con constancia de notificación
de la “[…] Resolución No. 129 de fecha octubre 24 de 1991, por medio de
la cual, la ALCALDÍA DE TUBARÁ adjudicó a título gratuito a GUSTAVO
ADOLFO RESTREPO PELÁEZ un lote de terreno […]”; por constituir “[…]

24 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 1. ° de noviembre

de 2019. Rad: 11001-03-24-000-2009-00079-00. Consejero Ponente. Hernando Sánchez Sánchez.

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Radicación núm.: 08001-23-31-000-2001-00680-02
Demandante: Toralf Levang
Demandado: Municipio de Puerto Colombia

anexos de ley de la demanda contencioso administrativa […]”; y en la que
sostuvo que “[…] La razón fundamental en que se apoya la petición consiste
en que el Municipio de Tubará adjudicó a particulares los bienes
inmuebles a que se refieren las Resoluciones solicitadas, siendo que tales
inmuebles pertenecían en propiedad inscrita en la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos, a mí representado TORALF LEVANG […]”
(Destacado fuere de texto).

La Sala, sin perjuicio de lo que acreditan en conjunto las pruebas citadas
supra; atendiendo la normativa vigente para la época de los hechos y que
regulaba la notificación por conducta concluyente; así como la jurisprudencia
desarrollada por la Sección Primera sobre la materia, considera que la parte
demandante conocía de la existencia de la Resolución núm. 129 de 1991,
desde el 6 de noviembre de 1991, fecha en que el Notario Único del Círculo
de Baranoa dio fe de haber autenticado copia del acto que se le presentó
con tal finalidad; documento que, como se explicó, aportó la parte
demandada.

La Sala, de acuerdo con lo expuesto supra, bajo la consideración de que el
numeral 2.° del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo
determina que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho debe
presentarse dentro de los 4 meses siguientes, entre otras situaciones, a la
notificación del acto, evidencia que en el caso bajo examen la demanda se
presentó por fuera de esa oportunidad porque se radicó el 24 de
septiembre de 2001; es decir, transcurridos más de 9 años contados
desde el momento en que conoció de la existencia del acto acusado,
razón por la cual no era posible proferir una decisión de fondo por
haberse configurado la caducidad de la acción […] (negrilla fuera de
texto).

60. Esta Sala de Decisión prohíja la mencionada sentencia, en el sentido de que, de
acuerdo con las pruebas allegadas por la parte demandante, esta tuvo conocimiento
de la existencia de la Resolución 388 de 9 de julio de 1996 desde que el Notario
Único del Circuito de Baranoa emitió la copia de la escritura pública 1.555, esto es,
el 14 de febrero de 2000, incluso desde que solicitó copia auténtica del acto
acusado.

61. En ese orden, el término de cuatro (4) meses que disponía el señor Toralf Levang
para la presentación oportuna de la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho había finalizado, en tanto que la radicó el 21 de mayo de 2001 cuando el
plazo vencía el 15 de junio de 2000.

62. Frente a lo anterior, la Sala concluye que la excepción de caducidad se encuentra
probada, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia, en
consideración a que el demandante se notificó por conducta concluyente del acto
demandado y la demanda fue promovida luego de transcurrido el término para el
ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

63. Por lo expuesto, la Sala revocará la sentencia de 27 de noviembre de 2015,
proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala Itinerante de
Descongestión con sede en Barranquilla y, en su lugar, declarará probada de oficio

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Radicación núm.: 08001-23-31-000-2001-00680-02
Demandante: Toralf Levang
Demandado: Municipio de Puerto Colombia

la excepción de caducidad de la acción incoada, tal y como en efecto se dispondrá
en la parte resolutiva de este proveído.

64. Finalmente, la Sala no condenará en costas como quiera que no se evidenció
temeridad ni mala fe en la actuación procesal, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 171 del CCA, en concordancia con los artículos 392 y 393 del CPC,
aplicables al caso por la remisión del artículo 267 del CCA.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 27 de noviembre de 2015, proferida por el
Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala Itinerante de Descongestión con sede en
Barranquilla, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR probada de oficio la excepción de caducidad de la acción
de nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con las consideraciones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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