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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 08001-23-31-000-2001-02306-01

Fecha
29 de septiembre de 2023
Consejero ponente
Maria Adriana Marin
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 08001-23-31-000-2001-02306-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 29 de septiembre de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: Sin condena en costas. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen para lo de su cargo. Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente documento en el link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 08001-23-31-000-2001-02306-01

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

29 de septiembre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Radicación número: 08001-23-31-000-2001-02306-01 (59131)

Actor: DONLAC LTDA. Y OTROS

Demandado: DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO Y OTRO

Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

Temas: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA - Daños derivados por la inundación de
predios / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN – cómputo del término de caducidad de reparación
directa – CERTEZA DE LA OCURRENCIA DEL DAÑO - El conteo debe iniciar a partir del
acaecimiento del hecho atribuible a la entidad demandada, en este caso, la inundación de
los predios, pues se trató de un hecho dañoso único y no de un hecho sucesivo, por lo que
operó la caducidad de la acción.

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora,
contra la sentencia del 29 de septiembre de 2016, proferida por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, mediante la cual declaró probada la excepción de
caducidad propuesta por las demandadas.

SÍNTESIS DEL CASO

El 18 de noviembre de 1999, los terrenos situados entre los puertos de los
municipios de Sabanagrande y Santo Tomás, entre los cuales se ubican los predios
de propiedad de los demandantes, sufrieron “sobre inundaciones” como
consecuencia de la construcción de un dique marginal que alteró el desagüe natural
de los afluentes de esa zona, obra que se realizó en desarrollo del convenio
interadministrativo celebrado el 25 de marzo de 1998, entre el departamento del
Atlántico y la Corporación Autónoma Regional del Atlántico.

ANTECEDENTES

1. La demanda

1.1. Mediante escrito presentado el 16 de noviembre de 2001 (fol. 1 a 380, c. 1), la
señora Paulina María Lacouture de Donado, representante legal de la empresa
Donlac Ltda., y los señores Edgardo Rafael Charris Insignares, Antonio Emilio
Escorcia Pertuz y María del Socorro Navarro de Escorcia, por conducto de

Radicación número: 08001-23-31-000-2001-02306-01 (59131)
Actor: Donlac Ltda. y otros
Demandado: Departamento del Atlántico y otro
Referencia: Acción de reparación directa

apoderado judicial (fol. 29-34, c.1), presentaron demanda de reparación directa en
contra del departamento del Atlántico y la Corporación Autónoma Regional del
Atlántico, en adelante C.R.A., con el fin de que se les declarara patrimonialmente
responsables por “los daños y perjuicios (...) causados con ocasión de la
construcción de una obra pública consistente en un dique marginal del puerto del
río de Sabanagrande al río de Santo Tomás (…), Atlántico, que originó en los
predios (...) [de cada uno de los demandantes] una sobre inundación que tuvo
ocurrencia el día 18 de noviembre de 1999”.

1.2. Como consecuencia de la anterior declaración, en la demanda se pidió por
concepto de perjuicios materiales e inmateriales un total de $1’189.279.767 para la
sociedad Donlac Ltda.; $886’294.185 para Edgardo Rafael Charris Insignares, y
$830’920.988 para Antonio Emilio Escorcia Pertuz y María del Socorro Navarro.

1.3. Las pretensiones anteriores se fundamentaron en los siguientes hechos:

Donlac Ltda. es una sociedad dedicada a la explotación agrícola y ganadera,
actividad comercial que desarrollaba en el predio “La Perla”, ubicado en el municipio
de Santo Tomás, Atlántico. En esa misma jurisdicción, el señor Edgardo Rafael
Charris Insignares comercializaba ganado y leche en su finca “El Tormento”, al igual
que los señores Emilio Escorcia Pertuz y María del Socorro Navarro, quienes lo
hacían “en un terreno llamado La Loma”.

El 25 de marzo de 1998, la C.R.A. celebró con el departamento del Atlántico un
convenio interadministrativo que tuvo por objeto la recuperación de las ciénagas de
los municipios de Santo Tomás, Sabanagrande y Palmar de Varela. Lo anterior,
porque, a su paso, el río Magdalena formaba en los referidos municipios diversas
ciénagas que se convertían en vasos amortiguadores de flujo y reflujo y, por ello,
“en épocas de invierno, cuando el río Magdalena alcanza caudales altos se
producen inundaciones en las zonas aledañas a estas, con el consiguiente perjuicio
para la agricultura, la ganadería y asentamientos perimetrales”.

Por lo anterior, se adelantaron los respectivos estudios y diseños de las obras
hidráulicas necesarias para la regulación y el manejo integral del sistema de
ciénagas de los municipios de Santo Tomás, Sabanagrande y Palmar de Varela, y
se concluyó que se debía construir “un dique marginal (...) provisto de una
compuerta para admitir agua del río Magdalena; unos diques transversales que
almacenan agua en los meses de estiajes y un canal de salida para eliminar los
excedentes”.

En cumplimiento del convenio interadministrativo, se construyó “un dique marginal
paralelo al río Magdalena que va desde el puerto de Sabanagrande hasta el puerto
de Santo Tomás (...), obra que estaba encaminada a prevenir inundaciones evitando

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Actor: Donlac Ltda. y otros
Demandado: Departamento del Atlántico y otro
Referencia: Acción de reparación directa

el desbordamiento del río”; sin embargo, dicho dique solo “actuó como colector de
las aguas que se vertían a la ciénaga” y, cuando la obstrucción llegó a su punto
máximo el 18 de noviembre de 1999, “causó la sobre inundación que ahora se
reclama”. Según la demanda, los vecinos del lugar pusieron en conocimiento la
situación a la C.R.A. y al departamento del Atlántico, pero las entidades no tomaron
ningún correctivo.

El 25 de abril de 2000, el señor Ricardo Alberto Manjarrez Charris presentó una
acción popular en contra de la C.R.A. y el departamento del Atlántico por la
vulneración de los derechos colectivos del medio ambiente, debido a las
inundaciones que estaban ocurriendo, secundarias al represamiento de aguas
causados por las obras. En el marco de ese proceso, mediante auto del 11 de julio
de 2001, el Tribunal Administrativo del Atlántico ordenó como medida provisional
suspender las obras del proyecto “recuperación y manejo del sistema de ciénagas
que integran los municipios de Santo Tomás, Palmar de Várela y Sabanagrande”,
porque para su ejecución no se tuvo en cuenta “el volumen total de aguas que en
épocas de invierno pueden llegar a tener las ciénagas”, y, por tanto, las mismas sólo
podían ser terminadas una vez se ampliarán las salidas de agua del dique.

Según la demanda, la “sobre inundación” causó la inutilización de los predios de
propiedad de los demandantes, dedicados a la ganadería y lechería, pues se vieron
obligados a iniciar planes de repoblamiento de praderas, protección de
inundaciones, y sacrificar un número importante de animales que conformaban su
hato lechero, el cual debieron vender por un precio muy inferior al valor comercial,
causando con ello un deterioro considerable de su patrimonio.

2. El trámite en primera instancia

2.1. Mediante auto de 27 de mayo de 2002 (fol. 382-383, c. 2), el Tribunal
Administrativo del Atlántico admitió la demanda de reparación directa, decisión que
se notificó a las entidades demandadas y al Ministerio Público.

2.2. La C.R.A. contestó la demanda y se opuso a las pretensiones (fol. 393-403, c.
2). En síntesis, manifestó que el daño alegado fue ocasionado por el hecho de la
naturaleza y que su función como corporación autónoma es velar por la obligación
de conservación y mantenimiento de áreas del ecosistema para el futuro de la
Nación.

Propuso como excepciones: i) pleito pendiente, debido a que el Ministerio de Medio
Ambiente abrió investigación administrativa por las características y condiciones de
humedales de los predios sobre los cuales los demandantes aducen la causación
de daños; ii) caducidad de la acción, toda vez que la demanda da cuenta que en el
mes de julio de 1999 se estaban ejecutando las obras causantes del daño y, iii)

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Actor: Donlac Ltda. y otros
Demandado: Departamento del Atlántico y otro
Referencia: Acción de reparación directa

hecho de la naturaleza, dado que para la época acaecieron fuertes lluvias e
inundaciones como consecuencia del fenómeno del niño.

2.3. El departamento del Atlántico también contestó la demanda (fol. 449-453, c.2).
Afirmó que se limitó a invertir recursos entregados por la C.R.A., conforme al
convenio interadministrativo que celebró en 1998. Añadió que las obras se hicieron
para beneficio de las comunidades aledañas a los ríos Sabanagrande y Santo
Tomás, pero que fueron los hechos imprevisibles de la naturaleza los que superaron
la capacidad del dique, por lo que no le cabía responsabilidad por los daños sufridos
por los demandantes.

Igualmente, alegó la caducidad de la acción, con fundamento en que las obras que
afirman los demandantes que les ocasionaron los perjuicios fueron entregadas el
12 de octubre de 1999.

2.4. Mediante auto de 5 de marzo de 2003 (fol. 467-472, c. 2), se abrió el proceso
a pruebas, y el 14 de noviembre de 2013 (fol. 699, c. 2), se ordenó correr traslado
a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera
concepto de fondo.

2.5. La parte demandante reiteró lo expuesto en la demanda y destacó que con los
dictámenes periciales practicados sobre los inmuebles se demostró la configuración
de los daños alegados, los cuales surgieron como consecuencia de la fallida
construcción del dique (fol. 706-716 c.2). El departamento del Atlántico (fol. 700-
704, c. 2) y la C.R.A. (fol. 717-733, c. 2) insistieron en sus argumentos de defensa.
El Ministerio Público guardó silencio.

3. La sentencia de primera instancia

3.1. Mediante sentencia de 29 de septiembre de 2016, el Tribunal Administrativo del
Atlántico declaró probada la excepción de caducidad propuesta por las demandadas
(fol. 745-754, c. ppal).

En criterio del a quo, con las pruebas allegadas al proceso se demostró que la “sobre
inundación” por la cual se demandó inició mucho antes de la fecha alegada por los
actores -19 noviembre de 1999-, tal como se desprende de las pruebas trasladadas
de la acción popular con la cual se fundamenta y respalda este proceso. Así, pues,
como actores no “ejercieron actividad probatoria tendiente a demostrar la ocurrencia
del hecho en la data que afirmaron”, se tomó como parámetro de inicio el día en que
se entregó la obra que se considera como causante del daño, esto es, el 12 de
octubre de 1999; por tanto, el plazo máximo para interponer la demanda vencía el
13 de octubre de 2001, y como la misma se presentó el 16 de noviembre de ese
año, resultaba evidente que se hizo por fuera del término.

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Radicación número: 08001-23-31-000-2001-02306-01 (59131)
Actor: Donlac Ltda. y otros
Demandado: Departamento del Atlántico y otro
Referencia: Acción de reparación directa

En ese orden de ideas, concluyó que si bien los demandantes, demostraron ser los
propietarios de los lotes con los folios de matrícula inmobiliaria No. 040-514484,
040-23966 y 040-33708, no acreditaron que “dichos predios se inundaron para la
fecha del 18 de noviembre de 1999”, tal como se afirmó en la demanda.

4. Recurso de apelación

4.1. De manera oportuna, la parte actora formuló recurso de apelación (fol. 756-762,
c. ppal), con el fin de que se revocara la sentencia de primera instancia y, en su
lugar, se accediera a las pretensiones. Afirmó que el daño se produjo con la sobre
inundación del 18 de noviembre de 1999 y no desde la fecha de entrega de la obra,
“como erróneamente lo determina el a quo”, por lo que la demanda se encontraba
en tiempo.

Destacó que esta misma discusión se dio en el marco de la acción popular
promovida por el señor Ricardo Manjarrés Charris, escenario en el cual el Tribunal
Administrativo del Atlántico concluyó que “si bien las obras fueron entregadas en la
data señalada, la inundación en los predios que provocó los daños reclamados se
extendió o permaneció hasta casi dos años después, por lo que solo hasta entonces
los demandantes pudieron conocer y estimar los perjuicios”, tesis que debía ser
aplicada en el presente asunto.

En ese sentido, agregó que “lo anterior denota como la acción no se encuentra
caduca, y el mismo Tribunal va más allá y no toma como fecha la contabilización de
la caducidad el día 18 de noviembre de 2018, sino que la extiende por un periodo
de dos años más, es decir, desde el momento en que se pudieron establecer de
forma clara los daños y estimar los perjuicios”.

En cuanto a la responsabilidad de las entidades demandadas, afirmó que, si el dique
no se hubiera construido, el agua no se habría represado y rebosado, y, por tanto,
causado la “sobre inundación” y los daños que se reclaman en esta sede, afirmación
que encuentra respaldo en las decisiones adoptadas en la acción popular que se
incorporó como prueba.

5. Trámite en segunda instancia

5.1. El recurso de apelación fue concedido el 9 de noviembre de 2016 (fol. 764-765,
c. ppal.), y admitido por esta Corporación el 25 de mayo de 2017 (fol. 770, c. ppal.);
posteriormente, por auto del 27 de julio siguiente se corrió traslado a las partes para
alegar de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto (fol. 772, c.
ppal.).

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Actor: Donlac Ltda. y otros
Demandado: Departamento del Atlántico y otro
Referencia: Acción de reparación directa

5.2. En este momento procesal, la parte actora insistió en los argumentos
presentados en el recurso de apelación, relacionados con la oportunidad para
presentar la demanda y la responsabilidad de las accionadas (fol. 774-787, c. ppal.).
La C.R.A., el departamento del Atlántico y el Ministerio Público guardaron silencio.

CONSIDERACIONES

1. Competencia

El Consejo de Estado es competente para conocer del presente asunto, por tratarse
de un proceso de doble instancia en razón de la cuantía, según lo dispuesto en el
artículo 20 del Código de Procedimiento Civil, dado que la pretensión mayor1 excede
los $26’390.0002, suma exigida al momento de la presentación de la demanda3 para
definir si el asunto debía tramitarse en dos instancias.

2. Cuestión previa: Validez de las pruebas que obran en el proceso

2.1. Se valorarán las copias simples aportadas por las partes, de acuerdo con la
jurisprudencia unificada de esta Sección4, en aplicación del principio constitucional
de buena fe, toda vez que no fueron tachadas de falsas por las demandadas y,
porque frente a ellas se surtió y garantizó el principio de contradicción.

2.2. Según el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, aplicable al
procedimiento administrativo en virtud de lo dispuesto en el artículo 267 del Código
Contencioso Administrativo, las pruebas practicadas válidamente en un proceso
judicial podrán trasladarse a otro en copia auténtica y serán apreciables sin más
formalidades, “siempre que en el proceso primitivo se hubieran practicado a petición
de la parte contra quien se aduce o con audiencia de ella”.

Con el fin de respaldar sus afirmaciones, la parte demandante solicitó que se
ordenara al Tribunal Administrativo del Atlántico remitir copia auténtica de la acción
popular Nro. 2000-01376, promovida por el señor Ricardo Manjares Charris en
contra de las hoy demandadas y que se adelantó por el daño ambiental que
causaron las inundaciones secundarias a la construcción del dique (fol. 23, c. 1). El
a quo decretó la prueba solicitada (fol. 467-472, c. 2), y en virtud de tal disposición,
la autoridad oficiada envió copia auténtica de dicho expediente.

1
En la demanda radicada el 16 de noviembre de 2001, se estimó la cuantía en una suma superior a
los $2.000’000.000, monto que supera lo exigido por la norma para el efecto.
2
Según las cuantías establecidas en el Decreto 597 de 1988.
3
De conformidad con lo previsto en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo
624 del Código General del Proceso, la competencia se determina según la norma vigente al
momento de la presentación de la demanda.
4
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena Sección Tercera, sentencia del 28 de agosto de 2013, Rad.
25.022, M.P. Enrique Gil Botero. La Corte Constitucional, en idéntico sentido, reconoció valor
probatorio a las copias simples en sentencia de unificación SU-774 del 16 de octubre de 2014, M.P.
Mauricio González Cuervo.

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Radicación número: 08001-23-31-000-2001-02306-01 (59131)
Actor: Donlac Ltda. y otros
Demandado: Departamento del Atlántico y otro
Referencia: Acción de reparación directa

La Sala valorará, sin limitación alguna, la totalidad de las pruebas que obran en la
referida acción de popular, porque se cumple con las exigencias del artículo 185 del
Código de Procedimiento Civil, pues se trata de medios de convicción que fueron
practicadas con audiencia de la C.R.A y el departamento del Atlántico, entidades
demandadas en este proceso.

2.3. Junto con la demanda la parte actora allegó unas fotografías en las que se
observan unos predios que, al parecer, se encuentran inundados, o colindan con
cuerpos de agua de gran extensión, y, en su parte posterior, registran a mano fecha
del “19 de febrero de 2000”. (fol. 356-370, c.1). Se debe advertir que como en este
asunto no existe certeza sobre la persona que registró las imágenes y se
desconocen las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que fueron tomadas, la
Sala concluye que carecen de mérito para probar, por sí mismas, la “sobre
inundación” que se alega y la fecha de su acaecimiento, razón por la cual, para tal
fin, se acudirá a los demás elementos obrantes en el plenario5.

2.4. Sobre la valoración de la información publicada en medios de comunicación.
En el proceso obran recortes de prensa local en los que se registraron las
inundaciones acaecidas en el año 1999 y 2000 en el municipio de Sabanagrande,
Santo Tomás y Palmar de Varela, Atlántico. Al respecto, cabe anotar que la
información publicada en diarios o similares no pueden ser consideradas como
medio de convicción testimonial, porque carecen de los requisitos esenciales que
identifican este medio probatorio6, por lo cual, en principio, deben ser apreciadas
como prueba documental de la existencia de la información y no de la veracidad de
su contenido. Como consecuencia de ello, los ejemplares acompañados al
expediente sólo acreditan que allí apareció una noticia, pero no la autenticidad y
veracidad de esta7.

3. Ejercicio oportuno de la acción

3.1. La caducidad es la sanción que consagra la ley por el ejercicio tardío del
derecho de acción, esto es, la desatención de los plazos y términos definidos en el
ordenamiento jurídico para la presentación oportuna de la correspondiente
demanda.

5
Conviene destacar que la postura de negar mérito probatorio a las fotografías, salvo que exista
ratificación por parte de su autor, hecho que no ocurrió en el presente caso, se encuentra contenida
en la sentencia de unificación de la Sala Plena de la Sección Tercera de 28 de agosto de 2014, lo
que constituye un precedente horizontal vinculante.
6
Artículo 228 del Código de Procedimiento Civil.
7
Al respecto consultar, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 25 de
enero de 2001, exp. 11413 y del 1° de marzo del 2006, exp. 13764, ambas con ponencia del
magistrado Alier E. Hernández Henríquez, entre muchas otras.

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Radicación número: 08001-23-31-000-2001-02306-01 (59131)
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Referencia: Acción de reparación directa

Dicha figura no admite suspensión, salvo que se presente solicitud de conciliación
extrajudicial en derecho, en concordancia con lo previsto en la Ley 640 de 20018,
así como tampoco admite renuncia y, de encontrarse probada, debe ser declarada
de oficio por el juez9.

Para casos como el analizado, la norma de caducidad aplicable es la contenida en
el numeral 8 del artículo 136 del C.C.A., modificado por el artículo 44 de la Ley 446
de 1998, según la cual la acción de reparación directa “caducará al vencimiento del
plazo de (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho,
omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o
permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos o por
cualquier otra causa”.

3.2. En el presente asunto, el a quo declaró probada la caducidad de la acción, por
considerar que la inundación por la que se demandó ocurrió antes de lo afirmado
por los actores -18 de noviembre de 1998-. Sin embargo, para efectos de computar
el término, tomó como punto de partida la fecha en que se entregó la obra que se
considera como causante -12 de octubre de 1999- y, por ello, concluyó que el plazo
máximo para interponer la demanda vencía el 13 de octubre de 2001, y, como la
misma se presentó el 16 de noviembre siguiente, resultaba evidente que se hizo por
fuera del término establecido para el efecto.

En su recurso de apelación, la parte actora pidió que se revocara este aspecto de
la sentencia y se estudiara de fondo el asunto. En lo relativo al término para
presentar la demanda, explicó que, como se consignó en el escrito inicial, el daño
se produjo con la sobre inundación del 18 de noviembre de 1999 y no desde la fecha
de entrega de la obra, “como erróneamente lo determina el a quo”, por lo que la
demanda se encontraba en tiempo, discusión que no solo fue zanjada en la acción
popular, sino que también encontraba respaldo probatorio en las pruebas
trasladadas.

8
“Artículo 21. Suspensión de la prescripción o de la caducidad. La presentación de la solicitud de
conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende el término de prescripción o de
caducidad, según el caso, hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de
conciliación se haya registrado en los casos en que este trámite sea exigido por la ley o hasta que
se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2o. de la presente ley o hasta que se venza el
término de tres (3) meses a que se refiere el artículo anterior, lo que ocurra primero. Esta suspensión
operará por una sola vez y será improrrogable”.
9
“Artículo 164. Excepciones de fondo. En todos los procesos podrán proponerse las excepciones de
fondo en la contestación de la demanda cuando sea procedente, o dentro del término de fijación en
lista, en los demás casos.
“En la sentencia definitiva se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que
el fallador encuentre probada.
“Son excepciones de fondo las que se oponen a la prosperidad de la pretensión.
“El silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas las excepciones de fondo,
propuestas o no, sin perjuicio de la reformatio in pejus”.

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Referencia: Acción de reparación directa

3.3. Así las cosas, para efectos de analizar este cargo relacionado con la
oportunidad para acudir a esta jurisdicción, para la Sala resulta necesario destacar
los siguientes hechos probados:

El 25 de marzo de 1998 (fol. 208-211, c.1), la C.R.A. suscribió un convenio
interadministrativo con el departamento del Atlántico, con el fin de ejecutar un
macroproyecto de recuperación de ciénagas y cuerpos de agua en ese
departamento, entre los cuales estaba la regulación del sistema de ciénagas de
Sabanagrande, Santo Tomás y Palmar de Varela. En el desarrollo del convenio se
construyó un dique marginal paralelo al río Magdalena que iba desde Sabanagrande
hasta Santo Tomás o San Bartolo, con el fin de evitar el desbordamiento de las
aguas, el cual se realizó “con carácter urgente dada las consecuencias que ha
ocasionado el fenómeno del pacífico, en razón a los efectos negativos que según
las proyecciones realizadas por las autoridades competentes en la materia,
produciría en los próximos meses dentro de la jurisdicción del departamento del
Atlántico”.

El 18 de febrero de 1999, el señor Vladimir Peña Bocanegra puso en conocimiento
del señor Néstor Mejía, entonces director de la C.R.A, lo siguiente (fol. 153, c.1):

Por medio de la presente deseo presentar mi inquietud a su gerencia, acerca
de los trabajos que se están realizando de terraplenes y (ilegible) contiguos
a mi propiedad en jurisdicción del municipio de Sabanagrande, debido a que
con el cierre de algunas ciénagas y el sedimento de la de Sabanagrande mi
tierra se inundó́ con los debidos perjuicios que eso me ocasionó.

En comunicación del 5 de marzo de 1999 dirigida por varios “campesinos”, entre
ellos, el hoy demandante Antonio Escorcia Pertuz, al entonces director de la CRA,
se informó lo siguiente (fol. 154-155, c.1):

[N]os dirigimos a usted con el fin de pedirle que como director de esa entidad
ordene a quien corresponda la agilización de los trabajos que actualmente
se ejecutan en los predios de las playas de San Bartolo y el Esfuerzo
(municipio Santo Tomás) que entendemos fueron contratadas por la CRA,
los cuales fueron iniciados hace más de 8 meses y que para poder llevarlos
a cabo han sido cerradas por una parte y abierta por otras las salidas y
entradas de agua sin tener en cuenta que esta situación hace que
permanezcan inundados los predios aledaños de los cuales derivamos
muchas familias nuestro sustento.

El 2 de agosto de 1999 (fol. 158-159, c.1), el señor Vladimir Peña Bocanegra le
solicitó a la C.R.A. revisar el proyecto “recuperación de los cuerpos de aguas en las
riberas del río Magdalena que corresponde a Sabanagrande, Santo Tomás y Palmar
de Varela”, así como la suspensión de las obras que en ese momento se
ejecutaban, por los daños que se estaban causando en la zona de influencia:

Le comunico que a raíz de la puesta en marcha del proyecto “recuperación
de los cuerpos de agua”, en las riberas del río Magdalena que comprende

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Referencia: Acción de reparación directa

Sabanagrande, Santo Tomas y Palmar de Varela, me he visto afectado como
ya es de su conocimiento (...).

En el mes de febrero ya las aguas cubrían parte de mi propiedad lo cual es
muy raro en esa época (...). Con estas inundaciones los perjuicios producidos
han sido muy significativos ya que se ahogaron varias reses, todas las cercas
se han dañado (...), los cultivos frutales allí sembrados, además de la hierba
(sic) (...) se encuentran en el agua y no pueden ser utilizadas (...). Por lo que
muy respetuosamente sugiero revisar el proyecto y la suspensión de las
obras que actualmente están ejecutando y la indemnización por los perjuicios
ocasionados por la ejecución de este proyecto.

Obra en el plenario respuesta sin fecha de la C.R.A. de una petición verbal realizada
por el señor Ricardo Manjarrés Charris, en la que se le informó lo siguiente (fol. 98-
99, c.1):

De acuerdo a su petición verbal, le informo que mediante Orden número
000381 de Préstamo de Servicios, el Ingeniero Hidráulico Juan Caicedo
Reyes, emitió concepto de evaluación de las inundaciones causadas por el
Rio Magdalena en la margen Occidental - Sabanalarga y Santo Tomás en
agosto de 1999 cabe resaltar que las obligaciones de dicha Orden eran en
su orden las siguientes:

1. Realizar una evaluación del flujo y de los niveles alcanzados en las
diferentes zonas que conforman el sistema de Ciénagas del Atlántico en la
Rivera del Río Magdalena.

2. Efectuar visitas locales para tomar referencias de los niveles alcanzados
en diferentes partes del sistema que permitan evaluar los riesgos por
gradientes hidráulicos acumulados.

3. Llevar a cabo un análisis hidráulico del estado actual de las inundaciones,
para definir las situaciones más críticas.

4. Tomar en cuenta las mediciones efectuadas por el Laboratorio de las
Flores, y los registros de los niveles en Calamar tomados por el IDEAM.

5. Presentar un informe con todo el material fotográfico, los conceptos y
evaluaciones hidráulicas de la zona.

6. Efectuar por separado un análisis técnico de las pretensiones de los
señores Vladimir Peña, Camilo Barandica y la señora Paulina de Donado.

Junto con la anterior respuesta se aportó el informe denominado “evaluación de las
inundaciones causadas en la margen occidental -Sabanalarga y Santo Tomás”,
rendido por el ingeniero hidráulico Juan Caicedo Retes en “agosto de 1999”. Lo que
motivó la realización de dicho documento fue lo siguiente (fol. 100-108, c. 1):

La corporación autónoma regional del Atlántico, tiene interés en conocer los
efectos del invierno de medio año por las inundaciones en la zona de las
ciénagas aledañas al río Magdalena especialmente a la altura de sabana
grande y Santo Tomás, donde la corporación tiene proyectos de regulación
de las ciénagas.

Se han presentado reclamos por parte de los dueños de los terrenos,
arguyendo que los manejos y proyectos que la corporación ejecuta les están
causando daños a bienes y tierras (...).

10

Radicación número: 08001-23-31-000-2001-02306-01 (59131)
Actor: Donlac Ltda. y otros
Demandado: Departamento del Atlántico y otro
Referencia: Acción de reparación directa

En el mismo informe, se aclaró que “hacia el mes de julio cuando se presentaron
los mayores niveles del río 8.0 msnm en Calamar, los desbordamientos fueron
generalizados llenando la totalidad de las ciénagas (...)”. También se advirtió que la
señora Paulina Lacouture de Donado, representante legal de Don Lac Ltda., era “la
mayor opositora al avance y del proyecto”, y que solicitó suspender la obra del dique
que pasaba por su predio, “por considerar que a ella las inundaciones le venían por
detrás, en lo cual tiene razón, pues así sucede mientras no esté construido el
proyecto, pero una vez construido el proyecto en su totalidad las inundaciones le
vendrán por el lado del río y no tendrá como evacuar las aguas que queden
retenidas por el dique marginal”.

El 12 de octubre de 1999, el representante del departamento del Atlántico, el
interventor de la CAR y la empresa contratista suscribieron el “acta de recibo final
del contrato no. e-980007 de 25 de agosto de 1998”, según la cual se entregaron
“a satisfacción los trabajos correspondientes a la construcción de un dique marginal
y un dique transversal en Sabanagrande, un dique marginal en santo tomás y el
dragado de la ciénaga de Santo Tomás" (fol. 455-458, c. 2).

Mediante escritos presentados el 3 de noviembre y 12 de noviembre de 1999, el
señor Ricardo Manjarrés Charris, le solicitó al alcalde de Santo Tomás y al director
de la C.R.A. la toma de medidas para mitigar los efectos generados por la
“arremetida de la creciente” y de “la imposibilidad de esta descarga de agua” por
causa de la obra, para lo cual pidió “romper el carreteable para buscar el desagüe”
(f. 161 y 162, 165, c.1). En la primera comunicación se indicó:

Preocupado por esta difícil situación me dirigí a usted [alcalde de Santo
Tomás] a mediados de octubre del presente año y le expuse la real situación
del pueblo en dónde estamos teniendo entre treinta o cuarenta cm más de
creciente con respecto al nivel del río a la altura de Santo Tomás. Debido al
carreteable que se construyó ́ desde el puerto del río de Sabanagrande hasta
San Bartolo, tramo por el cual la ciénaga se derramaba en años anteriores
cuando la creciente era alta. Ante la imposibilidad de esta descarga de agua
y teniendo como únicas salidas los dos puentes que están en el carreteable
Sabanagrande puerto del rio Sabanagrande y el caño que va paralelo a dicho
carreteable, salidas insuficientes al caudal que entra en Palmar sumado al
arroyo de Sabanagrande que tiene más de un mes de estar corriendo con
un nivel más alto que el del rio en Santo Tomás y Sabanagrande.

Obra en el expediente acta de verificación de los niveles a la ciénaga del municipio
de Santo Tomas y el Río Magdalena del 10 de noviembre de 1999, en la que se
dejó constancia que “por versión de un funcionario de la CRA, el nivel de la ciénaga
supera en 28 centímetros el nivel del río, teniendo estas unos diques de contención
construidos por la CRA, obstruyendo la salida normal de aguas, dicho dique es el
que va desde el puerto del río Sabanagrande al puerto del río de San Bartolo, en el
municipio de Santo Tomas” (fol. 164 c-1).

11

Radicación número: 08001-23-31-000-2001-02306-01 (59131)
Actor: Donlac Ltda. y otros
Demandado: Departamento del Atlántico y otro
Referencia: Acción de reparación directa

El 12 de noviembre de 1999 la C.R.A le informó al señor Ricardo Manjarrés Charris
que “que no se puede garantizar el cierre de todas las entradas del rio a la ciénaga
de Santo Tomás, como tampoco se puede garantizar la estabilidad del nivel del río,
por lo que se concluye que la destrucción del dique marginal no asegura la
disminución de niveles de la ciénaga de marras (fol. 169-170, c.1).

Ahora bien, el 25 de abril de 2000, el señor Ricardo Manjarrés Charris presentó
demanda de acción popular en contra del departamento del Atlántico y la C.R.A.,
con el fin de que se protegieran los derechos e intereses colectivos a la seguridad,
salubridad pública, medio ambiente y prevención de desastres técnicamente
previsibles, con fundamento en lo siguiente (fol. 1-19, c.3):

La presente ACCIÓN POPULAR, busca proteger la seguridad de las personas
que habitan las márgenes y/o predios rurales y urbanos próximos al río
Magdalena del Municipio de Santo Tomás en sus derechos y/o intereses
colectivos de la Salubridad pública, deterioro al medio ambiente y prevención
de desastres que pudieran afectar la vida misma de los habitantes, todo ello, de
conformidad con lo establecido en el artículo 4°. de la Ley 472 de 1998, que
fueron objeto de vulneración, y aún continúan amenazados y/o afectados, por
la construcción de una obra o dique de contención sobre la margen del río
Magdalena, sin las debidas prevenciones y/o consideraciones técnicas.

(…)

En 1999, a partir del mes de julio, en desarrollo del fuerte invierno que
caracterizó ese año sucedieron inundaciones nunca antes previstas, no como
consecuencia de un desbordamiento del rio (el dique marginal lo evitó) sino por
el represamiento de las aguas que naturalmente tenían que desaguar en el rio
(el dique marginal las ocasionó). Situación que con anticipación le habíamos
advertido a Néstor Mejía, director de la C.R.A.

(…)

Este dique se construye con la finalidad de contener las inundaciones del río,
pero este también impide la salida de unas aguas existentes en la ciénaga que
recibe entradas del río a la altura de Palmar - Ponedera teniendo allí un nivel
superior a la parte del río en Sabanagrande.

El 11 de octubre 2002, el Tribunal Administrativo del Atlántico amparó los derechos
e intereses colectivos a la seguridad, salubridad pública, medio ambiente y
prevención de desastres técnicamente previsibles invocados por el señor Ricardo
Manjarrés y se dictó la siguiente orden (fol. 308-350, c. pruebas):

Suspender las obras del proyecto de "Recuperación y manejo integral del
sistema de ciénagas de los municipios de Santo Tomás, Palmar de Varela y
Sabanagrande, en el tramo que ha sido denunciado a lo largo del plenario
como de propiedad de la señora Paulina Donado y que se encuentra
comprendido entre el Dique Marginal que va del Municipio de Sabanagrande
al de Santo Tomás; y el dique que sale desde el Municipio de Palmar de
Varela y llega hasta el Puerto sobre el Río Magdalena, bordeando luego a
dicha arteria fluvial hacia el norte.

12

Radicación número: 08001-23-31-000-2001-02306-01 (59131)
Actor: Donlac Ltda. y otros
Demandado: Departamento del Atlántico y otro
Referencia: Acción de reparación directa

Por otra parte, se tiene que en el marco de este proceso contencioso administrativo
se escucharon los testimonios de los señores Erwin Rafael Arteta Román, Armando
Fernando Morris, Helme Rafael Zapata y Federico Carlos Llinas Bornacelli, quienes
indicaron que la inundación por la que se demandó ocurrió a finales de 1999 e inicios
de 2000, y que estás surgieron como consecuencia de la construcción del dique
marginal y transversal en la jurisdicción de Sabanagrande, Santo Tomás y Palmar
de Varela.

El señor Erwin Rafael Arteta Román, interventor de las obras del municipio de Santo
Tomás, declaró (fol. 496-498, c.2):

PREGUNTADO. Diga el declarante si tiene conocimiento de la construcción de
una obra consistente en un dique marginal del puerto de Sabanagrande al
puerto de Santo Tomás o San Bartolo. En caso afirmativo diga qué conoce de
dicha obra. CONTESTÓ. Sí, sí conozco, porque resulta que del periodo 1998 a
2000, yo me desempeñaba como interventor de obras municipales en la
Alcaldía del Municipio de Santo Tomás, y se presentó el represamiento de
aguas que ocasionaba el arroyo "Caña Fístula" de Sabanagrande, que inundó
esas zonas ocasionando el alto nivel de la Ciénaga de Santo Tomás, que era
mayor que el nivel del río y por encima del pueblo de Santo Tomás, y me tocaba
inspeccionar las trincheras municipales, y observaba que el agua corría en
sentido contrario, es decir, las aguas del río del Magdalena van de sur a norte,
y las de la Ciénaga de Santo Tomás corrían en sentido contrario, arrastrando
los pastos, y salía por unos predios de la finca DONLAC., porque ahí se
encuentra un trayecto donde no se construyó un dique, que entre otras cosas
ese dique no le construyeron desagües o alcantarillas de desagües para que
los niveles se conservaran. El agua de la ciénaga estaba casi al ras o al nivel
del dique que se había construido. PREGUNTADO. Diga el declarante
aproximadamente por cuanto tiempo se mantuvo esa situación de inundación.
CONTESTÓ. Eso fue desde octubre de 1999 hasta enero o febrero del
siguiente, o sea el 2000, alcanzando unos niveles bien altos. PREGUNTADO.
Diga el declarante que área aproximada se encontraba inundada en esa forma.
CONTESTÓ. Cuando llegó al máximo la altura del agua abarcó
aproximadamente como unas 400 o 500 hectáreas. PREGUNTADO. Diga el
declarante cuáles eran sus funciones como interventor de obras en el municipio
de Santo Tomás. CONTESTÓ. Como se lo dije anteriormente era vigilar las
obras municipales, entre esas se encontraba el muro de contención que se veía
amenazado porque se desbordaba el agua, es más trabajé con el Comité de
Prevención y Desastre de la Gobernación del Atlántico (…). PREGUNTADO.
Diga al declarante si usted pudo establecer de alguna forma qué predios
resultaron afectados por la inundación a que ha hecho referencia. CONTESTÓ.
Yo conozco esa zona, a los propietarios los puedo identificar, pero los nombres
de las fincas no, los predios serían DONLAC, Saul Charis Borelly, José de Jesús
Charris, Edgardo Charris, Antonio Escorcia, Ricardo Manjarrés y otros que no
preciso en el momento que tienen propiedades y no precisó (sic) los nombres
(…).

El señor Armando Fernando Morris, amigo y conocido de los demandantes,
manifestó (fol. 500-503, c.2):

PREGUNTADO: Tiene o no conocimiento de que en los predios de las
personas mencionadas se hubiera presentado alguna inundación. En caso
afirmativo diga aproximadamente en qué fecha se produjo y por qué motivo.
CONTESTÓ: Sí recuerdo que hubo una inundación que se inició

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Radicación número: 08001-23-31-000-2001-02306-01 (59131)
Actor: Donlac Ltda. y otros
Demandado: Departamento del Atlántico y otro
Referencia: Acción de reparación directa

aproximadamente a mediado del mes de noviembre del afio de 1999,
recuerdo con exactitud un hecho inusual, las aguas corrían en sentido
contrario en que lo hacen naturalmente, es decir, de norte a sur, en sentido
contrario de la corriente del río. Además, arrastraban gran cantidad de
material vegetal en su mayoría los pastizales de los potreros. En cuanto a su
segunda pregunta de qué lo ocasionó, se debió en gran parte a la influencia
del arroyo Caña Fístula, cuyo volumen aportado a la Ciénaga era mucho
mayor al que podía salir por su fuente natural en sabana grande. (…).
PREGUNTADO. Diga el declarante si usted pudo establecer de alguna forma
qué predios resultaron afectados por la inundación a que ha hecho
referencia. CONTESTÓ. No te puedo hacer referencia de todos los predios
afectados, pero sí los que conozco, como son los del señor Edgardo Charris
Insignares, Ricardo Manjarrés Charris, Antonio Escorcia Pertúz, Socorro
Navarro Donado, los de la señora Paulina Donado, y como dije en la
respuesta anterior todos estaban inundados, hago referencia de estos
porque son los que más conozco (…).

El señor Juan Francisco Adarraga Muñoz, persona encargada del “negocio del
señor Charris [Insignares] en los que se refiere al sacrificio de ganado”, manifestó:
(fol. 505-508, c.2):

PREGUNTADO: Tiene o no conocimiento de que en los predios de las
personas mencionadas se hubiera presentado alguna inundación. En caso
afirmativo diga aproximadamente en qué fecha se produjo y por qué motivo.
CONTESTÓ: Sí, tengo conocimiento de las inundaciones de los predios de las
personas antes mencionadas, la fecha no la preciso bien, pero fue como en el
año 1999, a mediados de noviembre (…).

El señor Helme Rafael Zapata de la Hoz, comerciante de ganado, expuso (fol. 52-
529, c.3):

PREGUNTADO. Diga el declarante si tiene o no conocimiento de que en los
predios de las personas mencionadas se hubiera presentado alguna
inundación. En caso afirmativo diga aproximadamente en qué fecha se produjo
y por qué motivo. CONTESTÓ. Sí tengo conocimiento, eso fue entre fines de
1999 y comienzo del 2000, eso fue una creciente, por medio de la carretera esa
mala que hicieron ahí, hubo una inundación que nunca se había presentado. Yo
le atribuyo a esa carretera la inundación porque no le hicieron los desagües
correspondientes. PREGUNTADO. Diga el declarante aproximadamente por
cuánto tiempo se mantuvo esa situación de inundación. CONTESTÓ. Esa
inundación se produjo desde fines de 1999 prolongado hasta el 2000, yo diría
que fueron ocho meses del año 2000. PREGUNTADO. Diga el declarante si en
el curso del año 2000 usted recuerda haber realizado negocios de compra y
venta de ganados con el señor Edgardo Charris Insignares. en caso afirmativo
podría el número de los animales negociados. CONTESTÓ. Sí recuerdo haber
hecho negocio con el señor Edgardo Charris Insignares por varias ocasiones
en ese año. aproximadamente un total de 105 a 120 vacas. REGUNTADO.
Recuerda usted en qué estado se encontraban los animales que usted adquirió
al señor Charris Insignares en la época acabada de mencionar. CONTESTÓ.
Se encontraban en mal estado. PREGUNTADO. En qué consistía el mal estado
de los animales. CONTESTÓ. Se encontraban en estado flaco con motivo de
que el señor Charris se quedó sin pasto (…).

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Radicación número: 08001-23-31-000-2001-02306-01 (59131)
Actor: Donlac Ltda. y otros
Demandado: Departamento del Atlántico y otro
Referencia: Acción de reparación directa

2.4. Caso concreto

En el presente asunto, la señora Paulina María Lacouture de Donado, representante
legal de la empresa Donlac Ltda., y los señores Edgardo Rafael Charris Insignares,
Antonio Emilio Escorcia Pertuz y María del Socorro Navarro de Escorcia pretenden
la declaratoria de responsabilidad del departamento del Atlántico y la C.A.R., por la
construcción defectuosa del dique marginal entre el Puerto del río de Sabanagrande
y el puerto del río de Santo Tomás, el cual, se afirmó, causó la “sobreinundación”
de sus predios el 18 de noviembre de 1999.

Observa la Sala que, para respaldar los hechos y las pretensiones que
fundamentaron la demanda, se aportaron, además de las pruebas que acreditan la
propiedad de los predios, una serie de documentos con los que se busca probar las
pérdidas que sufrieron como consecuencia de la inundación y, para demostrar las
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrió dicho suceso, se allegó el
expediente contentivo de la acción popular Nro. 2000-01376, promovida por el señor
Ricardo Manjarrés Charris.

En criterio de la Sala, los documentos trasladados de la acción popular permiten
concluir que la inundación, secundaria a la obra, ocurrió con anterioridad al 18 de
noviembre de 1999, pues estas pruebas acreditan que tal evento dañino inició desde
febrero de ese año, se intensificó en julio y llegó a su máximo nivel a finales de esa
anualidad y, por ello, la demanda presentada el 16 de noviembre de 2001 se
encuentra caducada.

De lo anterior da cuenta el memorial enviado por el señor Peña Bocanegra al
entonces director de la C.A.R. el 18 de febrero de 1999, en la que se indicó que su
predio se “inundó”, por causa de los trabajos que se están realizando de terraplenes
y (ilegible) contiguos a mi propiedad en jurisdicción del municipio de Sabanagrande”.
Estos mismos hechos fueron reiterados por el referido señor en derecho de petición
del 2 de agosto de 1999, en el que se solicitó revisar y suspender el proyecto
“recuperación de los cuerpos de aguas en las riberas del río Magdalena que
corresponde a Sabanagrande, Santo Tomás y Palmar de Varela”, por los daños que
se estaban causando en la zona de influencia de la obra.

La tesis de la Sala también encuentra respaldo en la comunicación enviada a este
mismo funcionario el 5 de marzo de 1999 por “campesinos” de la zona, según la
cual el desarrollo de las obras del mencionado proyecto “hace que permanezcan
inundados los predios”. Este memorial fue firmado, entre otros, por el señor Antonio
Emilio Escorcia Pertuz, demandante y esposo de la señora María del Socorro
Navarro de Escorcia, también integrante de la parte activa.

15

Radicación número: 08001-23-31-000-2001-02306-01 (59131)
Actor: Donlac Ltda. y otros
Demandado: Departamento del Atlántico y otro
Referencia: Acción de reparación directa

Tal como se desprende de la demanda de la acción popular en la cual se soporta el
presente asunto, “en 1999, a partir del mes de julio, en desarrollo del fuerte invierno
que caracterizó ese año sucedieron inundaciones nunca antes previstas, no como
consecuencia de un desbordamiento del rio (el dique marginal lo evitó) sino por el
represamiento de las aguas que naturalmente tenían que desaguar en el rio (el
dique marginal las ocasionó). Situación que con anticipación le habíamos advertido
a Néstor Mejía, director de la C.R.A.”.

Fue justamente por lo anterior que la C.R.A. “mediante rden número 000381 de
Préstamo de Servicios” designó al “Ingeniero Hidráulico Juan Caicedo Reyes” para
que emitiera “concepto de evaluación de las inundaciones causadas por el Río
Magdalena en la margen Occidental - Sabanalarga y Santo Tomás en agosto de
1999. En ese mismo documento, se destacó que el experto debía realizar “un
análisis técnico de las pretensiones de los señores (…) y la señora Paulina de
Donado”.

El documento de análisis suscrito por el referido ingeniero en “agosto de 1999”
encontró su causa en el interés de la C.A.R. por conocer los efectos de “las
inundaciones en la zona de las ciénagas aledañas al río Magdalena especialmente
a la altura de Sabanagrande y Santo Tomás, donde la corporación tiene proyectos
de regulación de las ciénagas”, debido a que se han “presentado reclamos por parte
de los dueños de los terrenos, arguyendo que los manejos y proyectos que la
corporación ejecuta les están causando daños a bienes y tierras”.

En el informe se explicó que “hacia el mes de julio cuando se presentaron los
mayores niveles (…), los desbordamientos fueron generalizados llenando la
totalidad de las ciénagas (...)”.

Frente a la señora Paulina Lacouture de Donado, representante legal de la empresa
Donlac Ltda., se advirtió que era la mayor opositora del proyecto y que solicitó
suspender la obra del dique que pasaba por su predio, “por considerar que a ella
las inundaciones le venían por detrás, en lo cual tiene razón, pues así sucede
mientras no esté construido el proyecto, pero una vez construido el proyecto en su
totalidad las inundaciones le vendrán por el lado del río y no tendrá como
evacuarlas”.

El 12 de octubre de 1999 se entregó la obra, y el 3 de noviembre y 12 de noviembre
de ese año el señor Ricardo Manjarrés Charris, le solicitó al alcalde de Santo Tomás
y al director de la C.R.A. la toma de medidas para mitigar los efectos generados por
la “arremetida de la creciente” y de “la imposibilidad de esta descarga de agua” por
causa de la obra.

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Radicación número: 08001-23-31-000-2001-02306-01 (59131)
Actor: Donlac Ltda. y otros
Demandado: Departamento del Atlántico y otro
Referencia: Acción de reparación directa

A las anteriores pruebas se debe agregar lo dicho por el señor Erwin Rafael Arteta
Román, interventor de las obras del municipio de Santo Tomás, quien, por su
conocimiento directo con el proyecto, afirmó que las inundaciones ocurrieron “desde
octubre de 1999 hasta enero o febrero del siguiente, o sea el 2000, alcanzando unos
niveles bien altos”. Este testimonio no fue tachado de falso y tampoco puede ser
considerado como sospechoso, pues no tiene relación con alguna de las partes de
este proceso.

Si bien los señores Armando Fernando Morris, Juan Francisco Adarraga Muñoz y
Helme Rafael Zapata de la Hoz indicaron que la inundación ocurrió en el mes de
noviembre del 1999, sus dichos no evidencian de manera clara que tal suceso
ocurrió el día indicado en la demanda, sino que en esa fecha encontró su máximo
nivel. Con todo, se trata de testimonios que resultan ser sospechosos10: (i) el
primero por su cercanía y amistad de años con los demandantes; (ii) el segundo por
la relación laboral que tenía con el señor Edgardo Rafael Charris Insignares y (iii) el
tercero por la relación comercial que tenía con este último.

Como se vio, en el proceso obran pruebas suficientes que le permiten a la Sala
concluir que la inundación por la que se demandó ocurrió antes de lo afirmado en la
demanda -18 de noviembre de 1999-, pues véase cómo desde marzo y agosto de
ese año los señores Paulina María Lacouture de Donado y Antonio Emilio Escorcia
Pertuz ya le habían puesto de presente tal situación a la C.R.A.

Ahora, aunque en el proceso no obran pruebas directas frente al señor Edgardo
Rafael Charris Insignares, la Sala infiere que la inundación también ocurrió antes de
lo afirmado en la demanda, pues: (i) el hecho dañino es el mismo; (ii) su predio se
encuentra al margen del río Magdalena en jurisdicción del municipio de Santo
Tomás, de acuerdo con los certificados de tradición y libertad allegados con la
demanda; (iii) está ubicado en área de influencia del proyecto y (iv) colinda con el
predio de la señora Paulina María Lacouture de Donado, de acuerdo con el plano
cartográfico que obra en el expediente.

Sobre el particular, la Sala advierte que, en casos como el presente, no es dable
extender el término de caducidad, como lo pretende la parte actora, por el hecho de
que “la inundación en los predios (…) permaneció hasta casi dos años después”,
pues, en estos casos, el conteo empieza a correr desde el momento en que los
administrados tuvieron conocimiento del hecho, sin que en dicho análisis influya en
la agravación del daño o la extensión de sus efectos, eventos estos últimos que no

10
Artículo 217. Testigos Sospechosos. Son sospechosas para declarar las personas que, en
concepto del juez, se encuentren en circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad, en
razón de parentesco, dependencias, sentimientos o interés con relación a las partes o a sus
apoderados, antecedentes personales u otras causas.

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Radicación número: 08001-23-31-000-2001-02306-01 (59131)
Actor: Donlac Ltda. y otros
Demandado: Departamento del Atlántico y otro
Referencia: Acción de reparación directa

tienen la virtualidad de modificar, en manera alguna, el punto de partida para
computar la caducidad. Así lo consideró esta Subsección en un caso similar:

[L]a Sala llega a la conclusión que los hechos relacionados con el colapso o
derrumbamiento de los muros de contención, terraplenes o albarradas, que
posibilitaron la inundación de los predios del demandante, ocurrieron en el
año 1995, por lo que, como la demanda de reparación directa se presentó́ el
3 de abril de 1998 (fol. 32 C.1), no existe ninguna duda en cuanto a que la
acción había caducado para entonces.

De otra parte, no le asiste razón al apelante, quien sostuvo que, como los
perjuicios se prolongaron hasta el mes de julio de 1996 no habría caducidad
de la acción, puesto que el hecho u omisión causante de estos perjuicios fue
en el año 1995, tal como acaba de verificarse, y siguiendo los lineamientos
jurisprudenciales reseñados, el término de caducidad inicia una vez haya
tenido ocurrencia la causación del daño, así́ los perjuicios se prolonguen en
el tiempo11.

Por último, la Sala no comparte el argumento presentado por la parte actora en su
apelación, consistente en que esta discusión ya se resolvió en el marco del proceso
de la acción popular, pues, además de que se trata de asuntos de diferente
naturaleza, tienen diferentes reglas de caducidad.

En efecto, de conformidad con el artículo 8 del artículo 136 del C.C.A., la acción de
reparación directa “caducará al vencimiento del plazo de (2) años, contados a partir
del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o
de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena
por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa”. Por su parte, en la acción
popular, el artículo 11 de la ley 472 de 1998 que regulaba lo referente al término de
caducidad en estos procesos, fue declarado inexequible por la Corte Constitucional
en Sentencia C-215 de 14 de abril de 1999, quedando vigente la primera parte de
la norma que permite que la acción popular pueda promoverse durante todo el
tiempo que subsista la amenaza o lesión al derecho o interés colectivo.

Por último, se destaca que, en sentencia del 30 de marzo de 2022, la Subsección B
de la Sección Tercera de esta Corporación resolvió un caso que se soportó en los
mismos hechos12, adelantado, entre otros, por el señor Ricardo Manjarrés Charris,
promotor de la acción popular en la que se fundamenta el presente asunto, y en el
que también se demandó al departamento del Atlántico y a la C.R.A. por la sobre
inundación de predios debido a la construcción defectuosa del dique marginal entre
el Puerto del río de Sabanagrande y el puerto del río de Santo Tomás13. En esa
oportunidad, se concluyó que “la inundación ocurrió con anterioridad a noviembre
de 1999. De hecho, las pruebas acreditan que desde febrero de 1999 existía la

11
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 23 de junio de 2011. Exp. 21093
C.P. Hernán Andrade Rincón.

12
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, MP: Martín Bermúdez Muñoz, sentencia del
30 de marzo de 2022, Exp: 25000-23-26-000-2011-00651-01(53836).
13
Es decir, que los hechos y la causa petendi es la misma.

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Radicación número: 08001-23-31-000-2001-02306-01 (59131)
Actor: Donlac Ltda. y otros
Demandado: Departamento del Atlántico y otro
Referencia: Acción de reparación directa

inundación, y que ésta se intensificó en julio de 1999. Por lo anterior, la demanda
presentada el 16 de noviembre de 200114 fue radicada de forma extemporánea”. Se
explicó, asimismo, que “la permanencia de la inundación en los predios influye en
los perjuicios derivados de tal situación, (…) [pero] ello no prolonga el término de
caducidad”.

Inclusive, la decisión en comento fue cuestionada por los demandantes de ese
proceso en sede de tutela. En ese escenario, se demandó por la presunta
vulneración de los derechos fundamentales al i) Debido proceso, ii) igualdad y iii)
acceso a la administración de justicia; sin embargo, en providencia del 30 de marzo
de 202215, el juez constitucional avaló la tesis que hoy se reitera, por considerarla
“acorde a la normatividad aplicable y con suficientes argumentos jurídicos, en
relación con la excepción de caducidad presentada, todo lo cual permitió́ concluir
que en el caso bajo estudio la demanda fue radicada de manera extemporánea”:

[e]s primordial precisar que la discusión planteada tanto en el proceso
ordinario como en sede de tutela en cuanto a la declaratoria de caducidad,
gira en torno al momento en el que se concretó́ el daño alegado, pues, de
acuerdo al dicho de la parte demandante, este ocurrió́ el 16, 17 y 18 de
noviembre de 1999, consecuencia de la sobre-inundación, no obstante, la
corporación judicial demandada establecidó que el fenómeno natural se
produjo tiempo atrás de acuerdo con las pruebas trasladadas de la acción
popular 2000-01376 y diferentes comunicaciones suscritas por los
demandantes del proceso de reparación directa y campesinos dirigidas a
Néstor Mejía, el entonces director de la CRA, las cuales datan de meses
anteriores, en las que se solicita agilidad respecto de las obras a ejecutar
por las inundaciones presentadas.

Ahora, sin perjuicio de la fecha de la acusación del daño, lo cierto es que en
la sentencia acusada se aclaró́ , en cuanto a la permanencia de la
inundación, que esta «influye en los perjuicios derivados de tal situación,
pues, según los demandantes, durante ese tiempo les fue imposible explotar
los predios», y que «la existencia de perjuicios futuros tampoco comporta la
ampliación del término de caducidad de la acción porque el juez de la
responsabilidad está facultado para ordenar la indemnización de perjuicios
presentes y futuros».

Así́, contrario a lo señalado por el demandante, se entiende que para el
cómputo del término de caducidad resultaba razonable concluir que la
inundación de la que se derivaba el daño reclamado ocurrió́ antes del mes
de noviembre de 1999, incluso desde febrero, diferente es que se hubiera
intensificado para julio de esa anualidad, por lo que, al presentar la demanda
el 16 de noviembre de 2001, resultaba extemporánea.

Como consecuencia de todo lo anterior, la Sala confirmará la decisión de primera
instancia, mediante la cual se declaró probada la excepción de caducidad de la
acción propuesta por el departamento del Atlántico y la C.R.A. en su contestación.

14
La fecha de presentación de la demanda es la misma que la del presente asunto.
15
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, Radicado: 11001-03-15-000-2023-01395-
00, M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar. Confirmada en sentencia del 10 de agosto de 2023,
proferida por la Sección Primera, MP: Hernando Sánchez Sánchez.

19

Radicación número: 08001-23-31-000-2001-02306-01 (59131)
Actor: Donlac Ltda. y otros
Demandado: Departamento del Atlántico y otro
Referencia: Acción de reparación directa

4. Costas

Toda vez que no se evidencia temeridad, ni mala fe de las partes, la Sala se
abstendrá de condenar en costas de conformidad con lo normado en el artículo 171
del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446
de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 29 de septiembre de 2016, proferida por
el Tribunal Administrativo del Atlántico, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal
de origen para lo de su cargo.

Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de
su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el link
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Ausente con excusa
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

VF

20

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