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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-31-000-2002-00073-01

Fecha
30 de junio de 2022
Consejero ponente
Rafael Francisco Suarez Vargas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-31-000-2002-00073-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Confirmar la sentencia proferida el 14 de febrero de 2014 por el Tribunal Administrativo del Atlántico, que negó las pretensiones de la demanda en el proceso promovido por el señor Ramiro Rafael Ramos Sánchez contra el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla. Segundo. Sin condena en costas en segunda instancia. Tercero. En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 08001-23-31-000-2002-00073-01

Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas

30 de junio de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., treinta (30) de junio de dos mil veintidós (2022)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 08001-23-31-000-2002-00073-01 (3017-2014)
Demandante: Ramiro Rafael Ramos Sánchez
Demandado: Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla

Temas: Supresión de cargo - Incorporación

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la
sentencia proferida el 14 de febrero de 2014 por el Tribunal Administrativo del
Atlántico, por medio de la cual negó las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda1

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrada en
el artículo 85 del CCA,2 el señor Ramiro Rafael Ramos Sánchez, por conducto de
apoderado, formuló demanda en orden a que se declare la nulidad del Oficio sin
número del 14 de septiembre de 2001, suscrito por el secretario de Relaciones
Humanas y Laborales del distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla,

1
Folios 1 a 24.
2
Código Contencioso Administrativo – Decreto 1 de 1984.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 08001-23-31-000-2002-00073-01 (3017-2014)
Demandante: Ramiro Rafael Ramos Sánchez

que le comunicó al actor la supresión del empleo que ocupaba en la entidad
territorial.

Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, el
demandante solicitó condenar a la parte accionada a lo siguiente: i) disponer el
reintegro al cargo venía desempeñando en el distrito de Barranquilla o a otro de
igual o superior categoría; ii) pagar los salarios y prestaciones sociales dejados de
percibir como consecuencia de su desvinculación y hasta cuando ingrese
nuevamente al empleo; iii) reconocer que para todos los efectos salariales y
prestacionales, no se ha presentado solución de continuidad en la prestación del
servicio; iv) dar cumplimiento a la sentencia y pagar los intereses moratorios a que
haya lugar, en los términos de los artículos 176 y 177 del CCA; v) sufragar los
honorarios y costas procesales.

El accionante también expresó que el Decreto 0218 de 2001, que reestructuró la
planta de personal del distrito de Barranquilla, se encontraba demandado ante
esta jurisdicción, por lo que solicitó la suspensión del proceso por prejudicialidad o
«la inaplicabilidad del citado decreto».

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, el apoderado del demandante señaló los siguientes:3

i) El actor prestó sus servicios al distrito de Barranquilla entre el 13 de diciembre
de 1996 y el 14 de septiembre de 2001, como servidor de carrera en el cargo de
profesional especializado de la Gerencia Jurídica adscrita al despacho del alcalde.
Durante su relación laboral obtuvo altas calificaciones; adelantó estudios de
especialización, diplomados y cursos con el fin de capacitarse y ejercer sus
funciones con eficiencia y eficacia.

3
Algunos hechos corresponden al concepto de violación, razón por la que se resumen en dicho acápite.

2

Radicación: 08001-23-31-000-2002-00073-01 (3017-2014)
Demandante: Ramiro Rafael Ramos Sánchez

ii) Mediante oficio del 14 de septiembre de 2001, el secretario de Relaciones
Humanas y Laborales del referido ente territorial, con funciones delegadas por el
Decreto 0223 de 2001 para nombrar y remover personal, le comunicó al
accionante que su cargo había sido suprimido por el Decreto 0218 de 2001,
suscrito por el alcalde distrital. En consecuencia, quedaba desvinculado a partir de
ese momento.

iii) El Decreto 0218 de 2001 adoptó una nueva planta de personal que implicó la
reducción del número de cargos de profesional especializado, por lo que se pasó
de 15 a 14 plazas; por lo tanto, el empleo no se eliminó, pues ello solo puede
ocurrir cuando desaparecen su denominación, nomenclatura o funciones, al tenor
de los artículos 39 y 136 de la Ley 443 de 1998 y el Decreto 1572 de 1998.

iv) El estudio técnico que dio lugar a la reestructuración se limitó a cambiar el
nombre de la Gerencia Jurídica a Oficina Asesora Jurídica, por ende, se
conservaron los objetivos y procesos.

v) El Decreto 0218 de 2001 se expidió con la finalidad de suprimir
injustificadamente 6 cargos que ocupaban servidores de carrera administrativa
para reemplazarlos por 10 asesores de libre nombramiento y remoción, pese a
que cumplen idénticas funciones a las que tenían asignadas los profesionales
especializados y universitarios.

vi) La administración creó 10 cargos de superior jerarquía y remuneración al que
desempeñaba el señor Ramiro Rafael Ramos Sánchez, denominados asesor,
código 105, grado 01, con el ánimo de quitarle toda posibilidad de ser incorporado
al servicio en un empleo similar o equivalente al que ostentaba. Una vez advirtió
esta situación, el interesado «no tuvo otra opción que acogerse a la indemnización
y no al derecho preferencial».

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

3

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Demandante: Ramiro Rafael Ramos Sánchez

Como tales se señalaron los artículos 2, 13, 25, 29, 53, 121, 125 y 209 de la
Constitución Política; 28, 36, 47, 48 y 84 del CCA; 1, 2 y 39 de la Ley 443 de 1998;
136 y 137 del Decreto 1572 de 1998.

Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado del actor expuso lo siguiente:

i) La reestructuración cuestionada desplazó las funciones del profesional
especializado a las de asesor, código 105, grado 01, es decir, que solo se cambió
la denominación del cargo y el nivel; inclusive, ambos empleos debían ser
desempeñados por abogados. A su turno, la normativa establece que cuando se
presenta tal situación los servidores deben ser incorporados a la nueva planta de
personal, en razón a que no se produjo una supresión efectiva del empleo.

ii) El estudio técnico que precedió a la expedición del Decreto 0218 de 2001 fue
falsamente motivado, ya que el interés del distrito de Barranquilla era retirar a los
empleados de carrera y crear cargos de libre nombramiento y remoción que
pudieran satisfacer los intereses clientelistas y burocráticos de la administración.

iii) El oficio demandado no es un mero acto de comunicación, sino que contiene la
decisión de retirar al demandante el servicio y fue expedido en ejercicio de las
facultades delegadas. Además, el Decreto 0218 de 2001 no indicó los nombres de
quienes en adelante ejercerían los 14 cargos de profesional especializado.

iv) El referido oficio está falsamente motivado, pues le informó al demandante que
sería desvinculado por supresión del empleo que ocupaba, pese a que aquél no
desapareció de la nueva planta de personal, sino que se redujo en una plaza, por
ende, fue discriminado frente a sus homólogos e inclusive se permitió la posterior
vinculación de servidores en provisionalidad, pese a que el señor Ramos Sánchez
acreditaba mejores calidades morales y profesionales, pues contaba con mayor
experiencia, formación académica y calificaciones superiores.

v) El secretario de Relaciones Humanas del distrito de Barranquilla ejerció

4

Radicación: 08001-23-31-000-2002-00073-01 (3017-2014)
Demandante: Ramiro Rafael Ramos Sánchez

arbitrariamente una facultad discrecional, pues permitió que algunas personas
siguieran desempeñando el cargo de profesional especializado en provisionalidad,
por lo que quebrantó el principio del mérito. También mantuvo a quienes tenían
inferiores calidades que las del actor con el único fin de privilegiar su filiación
política y otros intereses ajenos al buen servicio, pese a que debió primar la hoja
de vida del accionante y sus evaluaciones de desempeño que eran superiores a
las de sus compañeros.

vi) El estudio técnico examinó las hojas de vida de los servidores en aras de
determinar quiénes serían incorporados a la nueva planta, pese a que quien
elaboró este documento no tenía la capacidad para adoptar tales decisiones y a
que los servidores solo podían ser evaluados por el nominador y a través de sus
calificaciones de desempeño.

vii) Dicha actuación vulneró el derecho al debido proceso de los empleados, pues
no se les permitió participar en esa actuación, a pesar de que los resultados
repercutían en su estabilidad laboral y en las garantías propias de la carrera
administrativa. La referida calificación no fue notificada y, por ende, tampoco pudo
ser controvertida por los afectados.

viii) Los servidores distritales debieron ser informados del estudio técnico que se
estaba adelantando para reestructurar la planta de personal con el objetivo de
hacer valer sus intereses.

ix) El oficio demandado carece de motivación, ya que el cargo que desempeñaba
el actor no fue suprimido, sino que las plazas se disminuyeron. Además, omitió
indicar las razones por las que él debía retirarse del servicio, pese a que reunía los
requisitos y calidades para mantener su vinculación en la nueva planta.

1.2. Contestación de la demanda

5

Radicación: 08001-23-31-000-2002-00073-01 (3017-2014)
Demandante: Ramiro Rafael Ramos Sánchez

El distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla se opuso a las
pretensiones y esgrimió las siguientes razones de defensa:4

i) El ente territorial le informó al señor Ramiro Rafael Ramos Sánchez que, dentro
de los 5 días siguientes al envío de esa comunicación, podía optar entre recibir
una indemnización o el «tratamiento preferencial para ser incorporado en un
empleo equivalente», conforme a los artículos 44 y 45 del Decreto 1568 de 1998.
Por su parte, el interesado expresó su voluntad de recibir el beneficio económico
y, por lo tanto, no hay lugar a decretar el restablecimiento del derecho pretendido
por el demandante.

ii) La anterior situación también deriva en una ineptitud de la demanda.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante sentencia del 14 de febrero de
2014, negó las pretensiones de la demanda, con sustento en las siguientes
consideraciones:5

i) El Decreto 0218 de 2001 no individualizó los servidores que serían
desvinculados con ocasión del proceso de reestructuración en el distrito de
Barranquilla. Además, dicha actuación solo redujo en una plaza el cargo de
profesional especializado que ocupaba el actor, por ende, el oficio demandado
definió su situación particular en tanto dispuso el retiro del servicio.

ii) El estudio técnico que dio lugar al rediseño institucional en comento demuestra
que el empleo que ocupaba el accionante no fue tenido en cuenta para la
dependencia de Gerencia Jurídica.

iii) El señor Ramiro Rafael Ramos Sánchez sostuvo que sus funciones fueron

4
Folios 59 a 61.
5
Folios 309 a 317.

6

Radicación: 08001-23-31-000-2002-00073-01 (3017-2014)
Demandante: Ramiro Rafael Ramos Sánchez

asignadas al cargo de asesor 105-01; sin embargo, el mencionado estudio
evidencia las razones por las que debía adoptarse una nueva planta de personal,
a partir de un análisis de las tareas asignadas a los empleados, las cargas
laborales y responsabilidades. A partir de esta evaluación, se concluyó que la
dependencia en la que laboraba el accionante debía ser rediseñada.

iv) La administración goza de amplias facultades para determinar el personal que
debe ser incorporado en la nueva planta, siempre que se respete el derecho de
preferencia de los servidores de carrera.

v) El demandante no aportó copia íntegra del estudio técnico en aras de poder
analizar una posible incongruencia respecto del Decreto 0218 de 2001. Tampoco
allegó los manuales de funciones que permitieran contrastar los elementos
esenciales del empleo que desempeñaba con los del asesor 105-01.

vi) En el plenario no obran elementos de juicio tendientes a demostrar que el actor
tenía un mejor derecho a permanecer vinculado en el distrito de Barranquilla en
comparación con quienes fueron incorporados.

1.4. El recurso de apelación

El apoderado del accionante interpuso recurso de apelación contra la referida
sentencia con base en los siguientes argumentos:6

i) El a quo manifestó que el estudio técnico justificó en forma suficiente la
supresión del cargo del demandante; sin embargo, no lo valoró para verificar la
incongruencia entre dicho documento y el Decreto 0218 de 2001, situación que
denota falta de imparcialidad en la decisión apelada.

ii) El tribunal incumplió con el deber de requerir a la entidad demandada para que
allegara los manuales de funciones, pues, aunque se decretó la prueba, no fue

6
Folios 319 a 340.

7

Radicación: 08001-23-31-000-2002-00073-01 (3017-2014)
Demandante: Ramiro Rafael Ramos Sánchez

posible recaudarla; sin embargo, esta situación no es imputable al actor y mucho
menos puede fundar la negativa de sus pretensiones.

iii) El Tribunal Administrativo del Atlántico quebrantó su precedente horizontal,
toda vez que en casos iguales al presente ha declarado la nulidad del oficio
acusado, en consideración a la negligencia del distrito de Barranquilla para aportar
los documentos solicitados por las autoridades judiciales y, por ende, se
configuraba un indicio grave en su contra.

iv) El secretario de Relaciones Laborales del ente territorial accionado carecía de
competencia para desvincular al demandante, pues ello solo podía hacerlo el
alcalde, en su condición de nominador, al tenor del Decreto 0218 de 2001, el cual
conminó a dicho funcionario a ubicar al personal en la nueva planta.

v) El Decreto 486 de 1986 creó 15 cargos de profesional especializado, pero el
Decreto 0210 de 2001 extinguió el departamento administrativo de planeación
distrital que tenía asignados 2 empleos de esa denominación, es decir, que fueron
eliminados y la planta quedó con 13 plazas. A su vez, el Decreto 0218 de 2001
creó 14 cargos iguales, por lo que se concluye que ese empleo en particular no
fue suprimido y, por el contrario, se incrementó en una vacante y quedaba sin
sustento el retiro del señor Ramos Sánchez.

vi) Lo anterior demuestra que el oficio acusado está falsamente motivado, pues se
afirmó que el cargo que ocupaba el demandante fue suprimido por el Decreto
0218 de 2001, pese a que este incrementó el número de plazas de ese empleo.

vii) Las personas que permanecieron en los 14 empleos de profesionales
especializados no tenían mejor derecho que el actor para ocuparlos, pues este
tenía mejores calificaciones, mayor experiencia y formación profesional. Inclusive,
el estudio técnico valoró su hoja de vida y le asignó superior puntaje que a otros
de sus homólogos. Además, algunos fueron nombrados en provisionalidad en
contravía del principio del mérito.

8

Radicación: 08001-23-31-000-2002-00073-01 (3017-2014)
Demandante: Ramiro Rafael Ramos Sánchez

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

Las partes guardaron silencio en esta etapa.7

1.6. El Ministerio Público

El agente del Ministerio Público rindió concepto y solicitó revocar la sentencia
apelada y, en su lugar, inhibirse de emitir pronunciamiento de mérito, por las
siguientes razones:8

i) El secretario de Relaciones Humanas del distrito de Barranquilla carecía de
competencia para desvincular al actor; sin embargo, su retiro lo dispuso el alcalde
distrital, a través del Decreto 0218 de 2001, en tanto suprimió el empleo que aquel
desempeñaba en el ente territorial y no lo incluyó en la nueva planta de personal.

ii) El demandante debió enjuiciar el Decreto 0218 de 2001 y no el oficio que le
comunicó la supresión de su empleo, ya que el primero fue el que definió su
situación particular y el segundo no es pasible de control jurisdiccional.

iii) El Consejo de Estado debe definir si el acto que informa sobre la supresión de
un empleo es demandable en sede judicial.

La Sala decide, previas las siguientes

2. Consideraciones

2.1. Cuestión previa

7
Información extraída de la constancia secretarial obrante en el folio 357.
8
Folios 351 a 356.

9

Radicación: 08001-23-31-000-2002-00073-01 (3017-2014)
Demandante: Ramiro Rafael Ramos Sánchez

El agente del ministerio público solicitó revocar la decisión de primera instancia y,
en su lugar, emitir sentencia inhibitoria en consideración a que el oficio
demandado no contiene una decisión definitiva pasible de control jurisdiccional.

En esta oportunidad, la Sala acoge el criterio fijado por la Corte Constitucional en
la Sentencia SU-055 de 2018, en la que se determinó que los oficios de
comunicación de la supresión de empleos pueden ser demandados por las
siguientes razones:

7.3.1. Así, en estricto sentido el oficio de comunicación no puede considerarse como
un simple acto de información de la administración, se trata en realidad, como en la
teoría del acto integrador, de un acto que le da eficacia al principal, puesto que
particulariza la situación jurídica del servidor desvinculado y le da la oportunidad de
conocer el acto principal para, en conjunto con la decisión general de
restructuración, demandarlo.

En otras palabras, el oficio de comunicación como acto integrador de uno general, le
permite a la supresión “innominada” ser eficaz, pues sólo a partir de aquel acto
complementario es posible indicarle al afectado si su cargo fue suprimido o, según
el caso, si permanece. En ese sentido, tal comunicación materializa de cara al
administrado su derecho a conocer que mediante el acto principal, antes abstracto,
se adoptó la decisión de suprimir su cargo, lo que, entre otras cosas, tiene
importantes implicaciones procesales, pues sólo a partir de allí podría considerarse
el parámetro para el cálculo de la caducidad de la acción en la justicia contenciosa.

7.3.2. Es por lo anterior, que en estos casos una decisión inhibitoria no tiene cabida
en relación con el oficio, pues este hace parte del acto definitivo integrado y corre su
misma suerte, en términos de demandabilidad.

De acuerdo con el anterior lineamiento interpretativo, el acto general de
reestructuración y el oficio que comunica dicha decisión pueden ser acusados ante
la jurisdicción de lo contencioso administrativo, por cuanto contienen la voluntad
de la administración de eliminar determinado cargo y disponer el retiro del servicio
del empleado que lo venía desempeñando, así como notificarle tal determinación
en orden a que pueda adelantar las actuaciones que estime pertinentes en sede
administrativa y judicial.

De esta manera, el afectado podrá impugnar el proceso de supresión porque no
contó con estudios previos, no se encaminó a mejorar el servicio, modernizar la

10

Radicación: 08001-23-31-000-2002-00073-01 (3017-2014)
Demandante: Ramiro Rafael Ramos Sánchez

administración o, en general, incurrió en una circunstancia vulneradora del
ordenamiento superior. Igualmente, será viable alegar un mejor derecho para
obtener la incorporación a la nueva planta de personal.

Es preciso aclarar que en el presente caso se solicitó la inaplicación del Decreto
0218 de 2001 y la nulidad del Oficio sin número del 14 de septiembre de 2001,
que le comunicó al accionante la supresión de su empleo. Además, se expusieron
varias irregularidades frente a la reestructuración y la conformación de la nueva
planta de personal, por lo que la Sala tiene suficientes elementos para emitir un
pronunciamiento de mérito dentro del sub lite.9

También es pertinente indicar que el actor invocó la suspensión del presente
asunto por prejudicialidad, en razón a que se estaba tramitando una demanda de
nulidad contra el decreto cuya inaplicación se solicitó en este caso; sin embargo,
mediante sentencia del 22 de octubre de 2009,10 el Consejo de Estado negó las
pretensiones dentro del referido proceso, por lo que el a quo decidió continuar con
el trámite judicial.

2.2. El problema jurídico

El problema jurídico se circunscribe a determinar lo siguiente: i) si se encuentra
viciada de nulidad la supresión del cargo que ocupaba el señor Ramiro Rafael
Ramos Sánchez como profesional especializado en la Gerencia Jurídica del
distrito de Barranquilla; y ii) si le asistía un mejor derecho para seguir vinculado en
la nueva planta de personal del referido ente territorial.

2.3. Marco normativo

9
Esta tesis también se sostuvo en un caso con contornos similares al presente. Al respecto, puede
consultarse la siguiente providencia: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 22 de
noviembre de 2012, radicado: 08001-23-31-000-2002-00024-01 (0163-12).
10
Radicado: 08001-23-31-000-2002-00106-01 (1535-07).

11

Radicación: 08001-23-31-000-2002-00073-01 (3017-2014)
Demandante: Ramiro Rafael Ramos Sánchez

De conformidad con el artículo 125 de la Constitución Política, los empleos de las
entidades del Estado son de carrera administrativa, salvo las excepciones
expresamente consagradas en la ley.

La Ley 443 de 1998, vigente para la época en que se expidió el acto acusado,
reguló la carrera administrativa como un sistema técnico de administración de
personal que tiene por objeto garantizar la eficiencia de la administración pública,
así como ofrecer igualdad de oportunidades para el acceso al servicio público, la
capacitación, la estabilidad en los empleos y el ascenso.

A su turno, conforme a los artículos 37 y 39 ibidem, el retiro de los servidores con
derechos de carrera se verificaría por las causas determinadas en la Constitución
Política o en la ley, entre las que se encuentran la supresión del empleo, «como
consecuencia de la supresión o fusión de entidades, organismos o dependencias,
o del traslado de funciones de una entidad a otra, o de modificación de planta».
Igualmente, se previó que los servidores afectados por tales medidas podrían
«optar por ser incorporados a empleos equivalentes o a recibir indemnización en
los términos y condiciones que establezca el Gobierno Nacional».

Por su parte, la Corte Constitucional ha precisado que la reestructuración de las
entidades públicas no pugna con el derecho a la carrera administrativa, pues ello
obedece a una medida legítima inspirada en la protección del interés general. En
tal sentido, ha explicado lo siguiente:11

La Corte ha sostenido que “el Estado, para cumplir con sus fines, debe reajustar la
estructura orgánica y funcional que le sirve de medio para obtenerlos. Por lo tanto,
en lo que respecta a la administración pública, resulta razonable que se produzca la
correspondiente valoración del desempeño de las entidades que la conforman, a fin
de evaluar su misión, estructura, funciones, resultados, etc, y adecuarlas a los
objetivos demarcados constitucionalmente.”12

Tales reajustes pueden conducir a la supresión de cargos de carrera,
concretamente como consecuencia de reestructuraciones administrativas que
impliquen reformar las plantas de personal, lo cual podría afectar los derechos de

11
Sentencia C-954 de 2001.
12
Sentencia C-209/97 M.P. Hernando Herrera Vergara.

12

Radicación: 08001-23-31-000-2002-00073-01 (3017-2014)
Demandante: Ramiro Rafael Ramos Sánchez

los empleados, especialmente los de carrera, que en principio gozan de cierta
estabilidad laboral. Con fundamento en ello, el legislador, en procura de la
protección de estos derechos, exige que la supresión de tales cargos no pueda ser
caprichosa, arbitraria o subjetiva. Al respecto, la Corte ha sostenido:

“La supresión de un cargo de carrera administrativa se puede producir por múltiples
circunstancias, vr.gr. por fusión o liquidación de la entidad pública respectiva, por
reestructuración de la misma, por modificación de la planta de personal, por
reclasificación de los empleos, por políticas de modernización del Estado con el fin
de hacer más eficaz la prestación del servicio público, controlar el gasto público,
abolir la burocracia administrativa, etc. Objetivos que deben dirigirse exclusivamente
a lograr la optimización en términos de calidad, idoneidad y eficiencia del servicio
público, basarse en criterios de razonabilidad, proporcionalidad y prevalencia del
interés general, sin dejar de lado la protección de los derechos de los
trabajadores.”13

De acuerdo con el anterior lineamiento, se concluye que la carrera administrativa
no confiere un derecho de inamovilidad absoluta, pues la estabilidad de los
empleados que acceden a dicho sistema debe armonizarse con las necesidades
técnicas, económicas y de modernización de la administración en aras de lograr
su mayor eficiencia y la consecución de los fines del Estado.

Además, los procesos de reestructuración tampoco conducen a un
desconocimiento de los derechos laborales de los empleados de carrera, ya que
se han previsto medidas tendientes a lograr su incorporación en otro empleo y, en
caso de que ello no sea viable, reconocer una indemnización encaminada a
resarcir el daño que ocasiona la culminación de su vínculo laboral. A su vez,
dichos procesos deben obedecer a razones ciertas y verificables con el objetivo de
que no se incurra en un ejercicio ilegítimo o arbitrario de la potestad en comento.

2.4. Hechos probados

• El 14 de enero de 1997, el señor Ramiro Rafael Ramos Sánchez se vinculó al
distrito de Barranquilla como profesional especializado en la Gerencia Jurídica

13
Sentencia C-370/99 M.P. Carlos Gaviria Díaz.

13

Radicación: 08001-23-31-000-2002-00073-01 (3017-2014)
Demandante: Ramiro Rafael Ramos Sánchez

adscrita al despacho del alcalde y fue inscrito en el sistema de carrera
administrativa.14

• El 5 de octubre de 1998, por Decreto 486, el alcalde distrital de Barranquilla
adoptó la planta de personal de la administración central y dispuso que el
despacho del referido funcionario contaría con una Gerencia Jurídica que estaría
conformada, entre otros cargos, por un profesional especializado, código 335,
grado 5.15

• El 29 de agosto de 2001, mediante el Decreto 0210, el alcalde del distrito de
Barranquilla estableció la estructura orgánica de la administración central y asignó
las funciones de las dependencias.16

• El 12 de septiembre de 2001, por Decreto 0218, el alcalde distrital de
Barranquilla estableció la planta global de personal de la alcaldía y dispuso lo
siguiente:17

ARTÍCULO 2°. El Alcalde Distrital de barranquilla, mediante Resolución, distribuirá los
cargos de la planta global y ubicará el personal teniendo en cuenta la estructura, los
planes, los programas y las necesidades del servicio.

ARTÍCULO 3°. La incorporación de los empleados a la planta de personal establecida
en el artículo 1° del presente Decreto, se efectuará dentro de los 60 días siguientes
a la fecha de su publicación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el Decreto 1173 de
1999 y demás normas vigentes sobre la materia.

PARÁGRAFO. Los empleados públicos vinculados a la planta de personal de la
Alcaldía Distrital continuarán percibiendo la remuneración mensual que venían
devengando, hasta tanto se produzcan las incorporaciones a la nueva planta de
personal y tomen la posesión del cargo.

ARTÍCULO 4°. Los cargos de carrera vacantes de la planta de personal se proveerán
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2° del decreto 1572 de 1998,
modificado por el Decreto 2504 de 1998.

14
Información extraída de las certificaciones obrantes en los folios 27, 28 y 56.
15
Folios 156 a 169.
16
Folios 78 a 134.
17
Folios 71 a 75.

14

Radicación: 08001-23-31-000-2002-00073-01 (3017-2014)
Demandante: Ramiro Rafael Ramos Sánchez

ARTÍCULO 5°. Los empleados de carrera administrativa a quienes se les suprima el
empleo, tendrán derecho a optar por la indemnización o por la incorporación a
empleo equivalente, de conformidad con lo consagrado en la Ley 443 de 1998, y en
los decretos reglamentarios 1572 de 1998 y 1173 de 1999, con sujeción al
procedimiento establecido en el Decreto 1568 de 1999.

El distrito de Barranquilla aportó al plenario el «[e]studio técnico de modificación
de la planta de personal del Decreto 0486 de 1998, establecido en el Decreto 0218
de 2001, en el cual se suprime el cargo de Profesional Especializado Gerencia
Jurídica adscrito al despacho del Alcalde».18 El contenido de este documento se
analizará en el siguiente acápite.

• El 14 de septiembre de 2001, por oficio sin número, el secretario de Relaciones
Humanas y Laborales del distrito de Barranquilla le informó al actor que el Decreto
0218 de 2001 suprimió el cargo que ocupaba como profesional especializado en la
Gerencia Jurídica – despacho del alcalde y, en consecuencia, se producía su
desvinculación. Igualmente, se le indicó que le asistía «el derecho de optar por la
indemnización o tener tratamiento preferencial para ser incorporado a empleos
equivalentes».19

2.5. El caso concreto. Análisis de la Sala

A continuación, se analizarán los cargos de nulidad expuestos por el demandante
frente a la supresión de su cargo y el mejor derecho alegado respecto del personal
que mantuvo su vinculación en el distrito de Barranquilla, en el siguiente orden:

2.5.1. Supresión inexistente

El señor Ramiro Rafael Ramos Sánchez sostuvo que el Decreto 0218 de 2001 no
suprimió su cargo y, por el contrario, adicionó una plaza. En tal sentido, explicó
que el Decreto 486 de 1986 creó 15 cargos de profesional especializado, pero el
Decreto 0210 de 2001 eliminó el departamento administrativo de planeación

18
Folios 331 a 358.
19
Folio 20.

15

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Demandante: Ramiro Rafael Ramos Sánchez

distrital que tenía asignados 2 empleos de esa denominación, por ende, la planta
quedó con 13 plazas. Por su parte, el Decreto 0218 de 2001 creó 14 cargos
iguales, es decir, que ese empleo no fue suprimido, sino que se incrementó en una
vacante, situación que impedía el retiro del demandante.

En el plenario se encuentra acreditado que el Decreto 486 de 1998 adoptó la
planta de personal del ente territorial accionado, cuyos cargos se distribuyeron
entre el despacho del alcalde; las Secretarías de Participación Ciudadana y
Desarrollo Comunitario, Comunicaciones, General, Educación, Hacienda,
Gobierno; y, el Departamento Administrativo de Planeación Distrital.

La administración estaba conformada por 15 profesionales especializados, código
335, grado 5, entre otras categorías de empleo; sin embargo, la Gerencia Jurídica,
adscrita al despacho del alcalde, solamente contaba con un cargo de esa
denominación, el cual era ocupado por el actor.

A su turno, el Decreto 0210 de 2001 estableció la estructura orgánica de la
administración central, pero en ningún momento se refirió a los empleos en
particular, sino que se limitó a identificar las diferentes dependencias y funciones y
fue solamente con el Decreto 0218 de 2001 que se estableció la planta global de
personal de la alcaldía, incluyendo 13 profesionales especializados, código 335,
grado 5.

Este recuento fáctico permite evidenciar que en el Decreto 486 de 1998 se crearon
15 profesionales especializados, código 335, grado 5 y este número no fue
disminuido por el Decreto 210 de 2001, pues dicho acto no se refirió a los cargos
en particular; por lo tanto, el Decreto 0218 de 2001, que se refirió a ese aspecto,
fue el que redujo las plazas a un total de 13.

Bajo este contexto, se concluye que no le asiste razón al actor en el sentido de
indicar que su cargo no desapareció en la nueva planta de personal e inclusive se

16

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Demandante: Ramiro Rafael Ramos Sánchez

incrementaron sus vacantes, pues desde el punto de vista de la denominación sí
hubo una reducción de las plazas, en tanto pasaron de 15 a 13.

Aunado a lo anterior, la supresión del empleo del actor no sólo fue de orden
numérico, sino que su cargo efectivamente fue suprimido por el Decreto 0218 de
2001, ya que el estudio técnico que fundó dicho acto administrativo hizo un
análisis pormenorizado de la Gerencia Jurídica del despacho del alcalde, en la que
estaba adscrito un único empleo de profesional especializado, código 335, grado
5, que venía ocupando el señor Ramos Sánchez. Del referido documento, se
destacan los siguientes apartes:

XV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Por ser la Oficina Jurídica la dependencia que tienen la capacidad y el manejo
normativo, en cual se trasluce en asesorías, dirección, coordinación, proyección,
elaboración y propuestas o directrices en el área jurídica dentro de la administración
central, se requiere que en ésta se centralice el control de la juridicidad, de tal
manera que en cada secretaría de despacho exista o funcione un asesor jurídico,
quien dependerá directamente de la Oficina Asesora Jurídica, pero bajo el mando
funcional del titular de la dependencia a la cual sea asignado. Con ello se persigue
unificar el criterio jurídico de la administración central.

[…]
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS CAMBIO DE DENOMINACIÓN

De acuerdo con la nueva estructura organizacional del distrito esta dependencia
estará orientada a asesorar y ejercer un control de todos los procesos jurídicos que
adelanta la alcaldía distrital, bien como demandante o como demandado y que en la
actualidad se encuentran descentralizados y sin control alguno, en las diferentes
dependencias de la administración central.

Por tal motivo, se recomienda que con el cambio de denominación de Gerencia
Jurídica a Oficina Asesora Jurídica se establezcan las directrices, políticas y
mecanismos que centralicen los procesos y acciones jurídicas que adelanten los
abogados litigantes y los abogados asesores internos, con el fin de garantizar que
las acciones administrativas que adopte la alcaldía distrital se ajusten a la
normatividad jurídica de las leyes y la Constitución Nacional, bajo el principio de
coordinación entendiendo que la administración es una sola.
[…]
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS PROPUESTA DE ESTRUCTURA

Esta oficina estará conformada fundamentalmente por un abogado que […]
coordinará y efectuará seguimiento sobre el grupo de asesores internos que tendrán
como misión asesorar a las distintas dependencias de la administración central en la
actuación administrativa que esté bajo su resorte.

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Demandante: Ramiro Rafael Ramos Sánchez

VI. PLANTA DE CARGOS

De acuerdo con la estructura planteada, la Oficina Asesora estaría conformada con
la siguiente planta de cargos:

Oficina Asesora jurídica
No. de cargos Denominación Código y grado
1 Jefe de Oficina Asesora 115-04
10 Asesor 105-01
1 Secretario Ejecutivo 525-08
2 Técnico 401-01

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS SUPRESIÓN DE CARGOS

De acuerdo con el estudio de cargas laborales y el análisis de las funciones y
responsabilidades, se determinó que la Gerencia Jurídica debía ser reorganizada en
términos de sus objetivos y procesos. Por tal razón, se suprimen los siguientes
cargos:

1 Gerente 039-01
1 Secretario Ejecutivo 525-08
1 Profesional Especializado 335-05
3 Profesionales Universitarios 340-04
1 Secretario 540-05
1 Secretario 540-06
1 Auxiliar (Mensajero) 565-03

El estudio técnico antes citado permite inferir las siguientes conclusiones
relevantes para el presente asunto:

i) La anterior Gerencia Jurídica requería una reestructuración desde su
denominación hasta el número y denominación de empleos con los que debía
operar.

ii) Las principales modificaciones de la dependencia en comento fueron las
siguientes: 1) cambio de denominación a Oficina Asesora Jurídica; 2) supresión
de los empleos, entre los que se destaca el de profesional especializado, código
335, grado 5, que desempeñaba el demandante; 3) creación de 10 empleos de
asesores, código 105, grado 01; y 4) no se previó la asignación de
profesionales especializados 335-5 para el desenvolvimiento de la referida área.

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Demandante: Ramiro Rafael Ramos Sánchez

iii) El nuevo esquema pretendía centralizar la defensa jurídica de la
administración en una dependencia que contara con un abogado coordinador
de un grupo de profesionales denominados asesores, todo ello en aras de
unificar criterios, controlar los procesos judiciales en curso y, en general,
impartir directrices unívocas para el adecuado funcionamiento de la
administración central en sus diferentes procesos y competencias.

De acuerdo con este panorama, se concluye que el Decreto 0218 de 2001 fue el
acto que suprimió el cargo ocupado por el accionante. A su vez, el fundamento de
dicha decisión lo constituye el estudio técnico en el que se analizó la dependencia
de la Gerencia Jurídica del despacho del alcalde, documento que evidenció
falencias en la ejecución de las funciones y la estructura de la planta de personal
que ameritaban un rediseño en los términos antes indicados.

En este orden de ideas, no le asiste razón al accionante en el sentido de indicar
que su empleo no fue suprimido, pues se encuentra suficientemente acreditado
que ello ocurrió con la expedición del Decreto 0218 de 2001.

2.5.2. Falsa motivación e incompetencia en el acto de comunicación

El señor Ramiro Rafael Ramos Sánchez sostuvo que el oficio acusado está
falsamente motivado, pues en este se indicó que su cargo fue suprimido por el
Decreto 0218 de 2001, pese a que este incrementó el número de plazas de ese
empleo. Agregó que dicha situación demuestra que el secretario de Relaciones
Laborales del ente territorial accionado carecía de competencia para desvincularlo,
pues ello solo podía hacerlo el alcalde, en su condición de nominador, al tenor del
Decreto 0218 de 2001, el cual conminó a dicho funcionario a ubicar al personal en
la nueva planta.

Conforme se explicó en el acápite precedente, el Decreto 0218 de 2001 suprimió
efectivamente el empleo que desempeñaba el actor como profesional
especializado, código 335, grado 5, en la Gerencia Jurídica adscrita al despacho

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Demandante: Ramiro Rafael Ramos Sánchez

del alcalde del distrito de Barranquilla.

Si bien es cierto que el artículo 2 ibidem determinó que el alcalde distrital tendría la
función de ubicar el personal teniendo en cuenta la estructura, los planes, los
programas y las necesidades del servicio, también lo es que esta disposición no
puede leerse de manera aislada, sino en conjunto con los demás artículos en tanto
previeron la incorporación de los servidores o el pago de una indemnización,
conforme al procedimiento establecido en la Ley 443 de 1998 y los Decretos 1568
de 1998, 1572 de 1998, 2504 de 1998 y 1173 de 1999.

En lo pertinente, las referidas normas dispusieron lo siguiente:

➢ Ley 443 de 1998

Artículo 39. Derechos del empleado de carrera administrativa en caso de supresión
del cargo. Los empleados públicos de carrera a quienes se les supriman los cargos
de los cuales sean titulares, como consecuencia de la supresión o fusión de
entidades, organismos o dependencias, o del traslado de funciones de una entidad
a otra, o de modificación de planta, podrán optar por ser incorporados a empleos
equivalentes o a recibir indemnización en los términos y condiciones que
establezca el Gobierno Nacional.

Para la incorporación de que trata este artículo se tendrán en cuenta las siguientes
reglas:

1. La incorporación se efectuará, dentro de los seis meses siguientes a la supresión
de los cargos, en empleos de carrera equivalentes que estén vacantes o que de
acuerdo con las necesidades del servicio se creen en las plantas de personal, en el
siguientes orden:

1.1 En las entidades en las cuales venían prestando sus servicios, si no hubieren
sido suprimidas.
[…]

2. La incorporación procederá siempre y cuando se acrediten los requisitos mínimos
para el desempeño de los respectivos empleos exigidos en la entidad obligada a
efectuarla.

3. La persona así incorporada continuará con los derechos de carrera que ostentaba
al momento de la supresión de su empleo y le será actualizada su inscripción en la
carrera.

4. De no ser posible la incorporación dentro del término señalado, el exempleado

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Demandante: Ramiro Rafael Ramos Sánchez

tendrá derecho al reconocimiento y pago de la indemnización.

Parágrafo 1. Cuando se reforme total o parcialmente la planta de personal de un
organismo o entidad y los empleos de carrera de la nueva planta, sin cambiar sus
funciones, se distingan de los que conformaban la planta anterior por haber variado
solamente la denominación y el grado de remuneración, aquellos cargos no podrán
tener requisitos superiores para su desempeño y los titulares con derechos de
carrera de los anteriores empleos, deberán ser incorporados por considerarse que
no hubo supresión efectiva de éstos.

➢ Decreto 1568 de 1998

Artículo 44. Suprimido un empleo de carrera administrativa, el Jefe de la Unidad
de Personal o de la dependencia que haga sus veces deberá comunicar tal
circunstancia a su titular, poniéndolo, además, en conocimiento del derecho
que le asiste de optar entre percibir la indemnización que para el efecto señale
el Gobierno Nacional o de tener tratamiento preferencial para ser incorporado a
un empleo equivalente conforme con las reglas establecidas en el artículo 39 de la
Ley 443 de 1998.

Artículo 45. El empleado cuyo cargo hubiere sido suprimido deberá manifestar su
decisión, mediante escrito dirigido al Jefe de la entidad, dentro de los cinco (5) días
calendario siguientes a la fecha del recibo de la comunicación de que trata el
artículo anterior.

Si el empleado no manifestare su decisión dentro del término señalado, se
entenderá que opta por la indemnización.

Parágrafo. Adoptada y comunicada la decisión por parte del ex empleado es
irrevocable y en consecuencia aquella no podrá ser variada por él ni por la
administración.

➢ Decreto 1572 de 1998, modificado por los Decretos 2504 de 1998 y
1173 de 1999

Artículo 2°. La provisión definitiva de los empleos de carrera se hará teniendo en
cuenta el siguiente orden:
[…]
3. Con el personal de carrera administrativa al cual se le haya suprimido el cargo y
que hubiere optado por el derecho preferencial a ser incorporado a empleos
equivalentes, conforme con las reglas establecidas en el artículo 135 del presente
Decreto.
[…]

Artículo 135. Los empleados de carrera a quienes se les supriman los cargos de los
cuales sean titulares, como consecuencia de la supresión o fusión de entidades o
dependencias o del traslado de funciones de una entidad a otra o de modificación
de planta, tendrán derecho a optar por ser incorporados a empleos

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Radicación: 08001-23-31-000-2002-00073-01 (3017-2014)
Demandante: Ramiro Rafael Ramos Sánchez

equivalentes conforme con las reglas de que trata el artículo 39 de la Ley 443 de
1998, para lo cual debe surtirse el trámite que legalmente se adopte o por recibir la
indemnización de que trata el artículo 137 de este Decreto.
[…]

Artículo 158. Se entiende que un empleo es equivalente a otro cuando tienen
funciones iguales o similares, para su ejercicio se exijan requisitos de estudio y de
experiencia iguales o similares y cuando la asignación básica de aquél no sea
inferior a la de éste.

De acuerdo con las anteriores transcripciones, en consonancia con el Decreto
0218 de 2001, se concluye que el empleo del demandante fue efectivamente
suprimido de la planta de personal del distrito de Barranquilla, por lo que la
administración estaba llamada a actuar de la siguiente forma:

i) El Jefe de la unidad de personal o de la dependencia que hiciera sus veces
debía comunicar al actor que su empleo había sido suprimido y que le asistía el
derecho de optar entre percibir una indemnización o tener tratamiento preferencial
para ser incorporado a un empleo equivalente al que venía desempeñando, esto
es, aquel que tuviera funciones iguales o similares, exigiera requisitos de estudio y
de experiencia iguales o similares para su ejercicio y cuya asignación básica no
fuera inferior a la del empleo objeto de comparación.

En este caso se cumplió la anterior previsión, pues mediante oficio sin número del
14 de septiembre de 2001, el secretario de Relaciones Humanas y Laborales del
distrito de Barranquilla le informó al accionante que el Decreto 0218 de 2001
suprimió el cargo que ocupaba como profesional especializado en la Gerencia
Jurídica adscrita al despacho del alcalde y que podía optar por una indemnización
o la incorporación a un empleo equivalente.

En este orden de ideas, tampoco le asiste razón al actor en tanto manifestó que el
oficio acusado se expidió por funcionario incompetente, pues en el marco de la
reestructuración que se llevó a cabo en el distrito de Barranquilla lo procedente era
que el secretario de Relaciones Humanas y Laborales de esa entidad territorial le
informara al accionante la decisión que se había adoptado en el acto general y las

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Radicación: 08001-23-31-000-2002-00073-01 (3017-2014)
Demandante: Ramiro Rafael Ramos Sánchez

posibilidades con las que contaba para que ejerciera sus derechos de carrera de
la manera que estimara más conveniente para sus intereses.

ii) En el escrito de demanda, el señor Ramiro Rafael Ramos Sánchez sostuvo que
solicitó la indemnización por cuanto consideró que no podía optar por ser
incorporado al cargo de asesor 105-01, que se creó en la nueva planta de
personal, por cuanto era de libre nombramiento y remoción y tenía superior
categoría al que venía desempeñando.

La anterior conjetura no es razón suficiente para sostener que la administración
vulneró el derecho de preferencia del actor para permanecer en la nueva planta de
personal, ya que el oficio que le comunicó sobre la supresión no le indicó expresa
o tácitamente que el empleo al que pudiera aspirar era el de asesor 105-01, es
decir, que el accionante solamente debía manifestar su voluntad de mantener su
vínculo laboral y la administración sería la encargada de evaluar cuál sería la
posición que más se ajustaba a su perfil profesional, conforme lo previó el Decreto
0218 de 2001 al indicar que el alcalde debía ubicar al personal teniendo en cuenta
la estructura, los planes, los programas y las necesidades del servicio.

iii) Al tenor del artículo 45 del Decreto 1568 de 1998, la decisión de optar por la
indemnización se tornaba irrevocable y no podía ser variada por el empleado ni
por la administración. Al respecto, es importante aclarar que la Corte
Constitucional y el Consejo de Estado han manifestado que el hecho de recibir la
indemnización no limita la acusación en sede judicial el acto de supresión; sin
embargo, ello sí impide evaluar las posibilidades de incorporación, pues se
entiende que el interesado renunció a ese derecho.20 Al respecto, se ha indicado
lo siguiente:21

20
En tal sentido pueden consultarse las siguientes providencias: i) de la Corte Constitucional, Sentencia C-
642 de 1999; y ii) del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 28 de junio de 2012,
radicado: 05001-23-31-000-1998-00290-01 (0885-10).
21
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 20 de septiembre de 2007, radicado:
25000-23-25-000-2001-07471-01 (8849-05).

23

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Demandante: Ramiro Rafael Ramos Sánchez

En el proceso de supresión de cargos de empleados escalafonados, se pueden
presentar dos situaciones. La primera se refiere al evento en el que empleado elige
por la indemnización, bien sea por manifestación expresa o por guardar silencio
frente a la comunicación de reincorporación de que trata el artículo 45 del Decreto
1568 de 1998. La segunda ocurre cuando el empleado opta por la reincorporación a
la entidad.

En cualquiera de las dos situaciones, el actor puede solicitar su reincorporación,
cuando controvierte el acto de supresión por causas que tengan relación con su
formación, verbigracia, la incompetencia de la autoridad que expide el acto, la falta
estudios técnicos para la supresión, la carencia de aprobación del Departamento
Administrativo de la Función Pública y en lo que corresponde al Ministerio de
Hacienda y Crédito Público. Por tanto, no es posible solicitar la nulidad de dicho
acto, cuando el empleado acude a la prevalencia de su mejor derecho en relación
con empleados provisionales incorporados a la nueva planta de personal, pues
dicho cargo sobreviene, o mejor, es posterior a la formación del acto de supresión.
Sólo es posible acudir a tal vicio de legalidad cuando se acuse el acto de
incorporación o el acto que no incorporó al actor a la nueva planta de personal.
[…]
De manera que, aceptar la posibilidad de que mediante un proceso judicial el
empleado que en su momento no quiso ser reincorporado a la entidad pública,
pueda acceder bajo el argumento de que éste poseía mejor derecho que los
empleados provisionales incorporados, es castigar a la administración que en una
actuación diligente provee los cargos para la óptima prestación del servicio con
empleados provisionales y por no adivinar el querer del empleado al momento en
que se le comunica su retiro por supresión del cargo. Traumatismo administrativo
que atenta contra la filosofía de la mentada presunción, la cual se instauró, en
primer lugar, para la protección del empleado de carrera y, en segundo término,
para la definición y certeza de la administración en cuanto al personal que está
dispuesto o no para asumir la prestación del servicio; porque sabido es que prima el
interés general y los bienes superiores del Estado sobre los intereses particulares.

De acuerdo con el anterior lineamiento, cuando se suprime un empleo y el servidor
opta por la indemnización este puede acudir en sede judicial a desvirtuar el
proceso de supresión porque no fue adelantado por la autoridad competente,
careció de estudios técnicos, se apartó del buen servicio o incurrió en cualquier
irregularidad violatoria del ordenamiento superior; sin embargo, no se predica igual
regla frente al derecho preferencial a la incorporación, es decir, que el juez no
podría evaluar un mejor derecho frente a la incorporación que se rechazó
inicialmente, pues se sorprendería a la administración con una opción que no le
fue manifestada oportunamente y a la que se renunció expresamente en el
momento en que al empleado se le permitió elegir entre la indemnización y la
permanencia en el servicio y decidió no continuar en la función pública.

24

Radicación: 08001-23-31-000-2002-00073-01 (3017-2014)
Demandante: Ramiro Rafael Ramos Sánchez

iv) Bajo este contexto, la administración actuó correctamente al permitirle al actor
optar por un beneficio económico de carácter resarcitorio o mantener su vínculo
laboral. Igualmente, la decisión de recibir la indemnización era vinculante para el
distrito de Barranquilla y para el servidor, por lo que esta no es la etapa pertinente
para volver sobre una manifestación de voluntad que cobró firmeza y se tornó
inmodificable al tenor de lo dispuesto en la normativa antes estudiada.

En este punto, es oportuno precisar que en un caso con contornos similares al
presente esta Subsección accedió a las súplicas de la demanda, pero en
consideración a que se evidenció que el cargo que ocupaba la accionante no fue
suprimido y se incrementó el número de plazas en la nueva planta de personal,
por lo que se concluyó que debió ser incorporada de manera directa y sin darle la
posibilidad de opción.22

Sin embargo, la situación en el sub lite es diferente a los supuestos fácticos
analizados en la providencia en comento, toda vez que en este caso el empleo del
actor sí fue suprimido, pues era el único adscrito a la Gerencia Jurídica del
despacho del alcalde, dependencia que pasó a denominarse Oficina Asesora
Jurídica y el estudio técnico no previó la asignación de un profesional
especializado 335-5 dentro de su estructura; por el contrario, se determinó que el
área estaría conformada por un jefe de Oficina Asesora 115-04, diez asesores
105-01, un secretario ejecutivo 525-08 y dos técnicos 401-01.

Entonces, ante la supresión efectiva del empleo que venía ocupando el señor
Ramos Sánchez, lo procedente era permitirle optar por la indemnización o la
incorporación a un empleo equivalente, conforme lo hizo la parte accionada.

De esta manera, el presente caso es más cercano a los precedentes trazados por
esta corporación en los que se han negado las pretensiones elevadas contra el
distrito de Barranquilla respecto al proceso de reestructuración materializado en el

22
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de abril de 2016, radicado: 08001-23-
31-000-2002-00181-01 (2357-15).

25

Radicación: 08001-23-31-000-2002-00073-01 (3017-2014)
Demandante: Ramiro Rafael Ramos Sánchez

Decreto 0218 de 2001, en los que se concluyó que dicha decisión estuvo
suficientemente motivada en el estudio técnico que le precedió, los actores
optaron por la indemnización e inclusive no lograron demostrar un mejor derecho
frente al personal incorporado.23

2.5.3. Mejor derecho y carga probatoria

El señor Ramiro Rafael Ramos Sánchez afirmó que las personas que
permanecieron en los 13 empleos de profesionales especializados 335-5 no tenían
mejor derecho que él para ocuparlos, pues este acreditaba altas calificaciones,
mayor experiencia y formación profesional. Inclusive, el estudio técnico valoró su
hoja de vida y le asignó superior puntaje que a otros de sus homólogos. Además,
algunos fueron nombrados en provisionalidad en contravía del principio del mérito.

Igualmente, el actor reprochó que el a quo no adelantó las actuaciones tendientes
a que se allegaran los manuales de funciones e inaplicó su precedente horizontal
en el sentido de tomar la renuencia de aportar dichos documentos como un indicio
grave en contra de la entidad accionada.

Ahora bien, esta Sala ha sido enfática en el deber que le asiste a los sujetos
procesales de demostrar los supuestos de hecho en que edifican su defensa,

23
Al respecto, pueden consultarse las siguientes sentencias del Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsecciones A y B: i) 5 de junio de 2008, radicado: 08001-23-31-000-2002-00151-01 (1648-07); ii) 26 de
febrero de 2009, radicado: 08001-23-31-000-2002-00124-01 (0211-08); iii) 26 de marzo de 2009, radicado:
08001-23-31-000-2002-00211-01 (0805-2007); iv) 22 de abril de 2010, radicado: 08001-23-31-000-2002-
00280-01 (2611-07); v) 27 de enero de 2011, radicado: 08001-23-31-000-2002-00194-01 (1546-2009); vi) 10
de febrero de 2011, radicado: 08001-23-31-000-2002-00172-01(0129-09); vii) 10 de febrero de 2011,
radicado: 08001-23-31-000-2002-00186-01 (2183-07); viii) 23 de febrero de 2011, radicado: 08001-23-31-
000-2002-00125-01 (1334-09); ix) 3 de marzo de 2011, radicado: 08001-23-31-000-2002-00173-01(0724-10);
x) 6 de julio de 2011, radicado: 08001-23-31-000-2002-00219-01(2049-10); xi) 23 de febrero de 2012,
radicado: 08001-23-31-000-2002-00112-01 (1171-11); xii) 22 de noviembre de 2012, radicado: 08001-23-31-
000-2002-00024-01 (0163-12); xiii) 11 de julio de 2013, radicado: 08001-23-31-000-2001-02659-01 (1351-
07); xiv) 10 de octubre de 2013, radicado: 08001-23-31-000-2002-00156-01 (1947-12).

26

Radicación: 08001-23-31-000-2002-00073-01 (3017-2014)
Demandante: Ramiro Rafael Ramos Sánchez

conforme lo prevé el artículo 167 del CGP24 al indicar que «[i]ncumbe a las partes
probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que
ellas persiguen».

Además, en el presente caso no se advierte ninguna razón para considerar que el
actor se ha encontrado en inferioridad de condiciones para acceder a los
elementos probatorios. A su vez, cuando se cerró la etapa de pruebas en primera
instancia, por considerarse que se habían recaudado todas las decretadas, el
interesado no elevó ninguna solicitud tendiente a insistir en que faltaban
documentos por allegar.25

Adicionalmente, al margen de la improcedencia de analizar la solicitud de
incorporación cuando el interesado optó por la indemnización, se observa que los
manuales de funciones no serían suficientes para acreditar el mejor derecho que
alega el accionante frente a quienes fueron incorporados a la planta de personal,
puesto que para demostrar tal situación era necesario aportar las hojas de vida de
los involucrados, sus calificaciones de servicio y la clase de vinculación, esto es,
en carrera o en provisionalidad con la que permanecieron en la administración;
empero, dicha información tampoco obra en el expediente.

De otro lado, el demandante alegó que el estudio técnico le asignó un mejor
puntaje que a algunos de su compañeros que continuaron laborando en el distrito
de Barranquilla; sin embargo, al plenario no se allegó un documento que acreditar
esa afirmación y, en todo caso, esta corporación ha expresado que la evaluación
de los servidores de carrera únicamente puede ser realizada por el nominador, a
través de las calificaciones de desempeño, por ende, el aludido puntaje tampoco

24
Código General del Proceso. Al respecto pueden consultarse las siguientes providencias: i) sentencia del
21 de noviembre de 2021, radicado: 17001-23-33-000-2016-00990-01
25
El 21 de septiembre de 2012, el secretario del Tribunal Administrativo del Atlántico pasó el expediente al
despacho del magistrado ponente e informó que «todas las pruebas han sido recaudadas y la etapa
probatoria se encuentra vencida» (folio 260). A su vez, mediante auto del 27 de septiembre de 2012, se
corrió traslado a las partes para alegar de conclusión (folio 261).

27

Radicación: 08001-23-31-000-2002-00073-01 (3017-2014)
Demandante: Ramiro Rafael Ramos Sánchez

sería relevante para deprecar un mejor derecho a la incorporación. Al respecto se
ha explicado lo siguiente:26

[…] el estudio técnico fue previsto por el legislador como el instrumento que busca
garantizar que los procesos de modernización de la administración pública
obedezcan únicamente a las exigencias del servicio, en otras palabras, su finalidad
es la de acreditar la necesidad de crear o suprimir cargos, y no la de evaluar el
desempeño de los empleados que forman parte de la nueva planta de personal
[…].

Lo anterior resulta razonable dado que, la administración cuenta con un instrumento
especial de gestión que busca el mejoramiento y desarrollo de los empleados de
carrera, esto es, la evaluación del desempeño tal y como ésta prevista en la Ley 443
de 1998 y sus decretos reglamentarios.
[…]

De acuerdo con los argumentos que anteceden, y las normas transcritas, considera
la Sala que el estudio técnico que precedió el proceso de restructuración de la
administración Distrital de Barranquilla, no era el instrumento previsto por el
legislador para evaluar el desempeño de los empleados, que como la demandante
gozaban de los derechos propios del sistema de la carrera administrativa, y mucho
menos, el acto definitivo mediante el cual se decidía la permanencia o el retiro de
los empleados que se habían visto afectados por el citado proceso de
modernización.

Así mismo, debe decirse que dentro del expediente no se observan los criterios y
objetivos concertados entre los empleados del Distrito de Barranquilla y la autoridad
evaluadora, al momento de asignar el puntaje de competencias visible a folio 265,
razón por la cual, dicho puntaje a juicio de la Sala, no constituye un indicador
confiable de la idoneidad de cada uno de los empleados que venían
vinculados en la planta de personal del ente demandado, así como tampoco
que de origen al mejor derecho que la actora estima vulnerado. [Resalta la
Sala].

En este orden de ideas, el puntaje que alega el actor le fue asignado en el estudio
técnico y que era superior respecto de sus homólogos de planta tampoco le
confería un mejor derecho a la incorporación, pues el mecanismo idóneo para
calificar el servicio de los servidores de carrera es la evaluación de desempeño,
teniendo en cuenta los períodos establecidos en las disposiciones reglamentarias,
con base en factores imparciales, medibles, cuantificables y verificables, en

26
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 27 de enero de 2011, radicado: 08001-
23-31-000-2002-00194-01 (1546-2009).

28

Radicación: 08001-23-31-000-2002-00073-01 (3017-2014)
Demandante: Ramiro Rafael Ramos Sánchez

consonancia con los objetivos previamente concertados entre el evaluador y el
evaluado.27

Igualmente, el Consejo de Estado ha precisado que la incorporación en el marco
de un proceso de reestructuración obedece a una facultad discrecional de la
administración. En tal sentido, ha explicado lo siguiente:28

Respecto a la reducción de los empleos, esta Corporación29 ha sostenido que así
queden cargos idénticos dentro de la nueva planta de personal, no por ello la
administración se encuentra compelida a revincular la totalidad de los funcionarios
que se desempeñaban en la antigua planta, porque el hecho de reducir el número
de cargos significa, precisamente, la imposibilidad material de incorporar a todos.
Afirmar lo contrario, implicaría el entorpecimiento del proceso de reorganización,
circunstancia que riñe con los principios que informan la facultad de supresión que
apunta a la adecuación de las entidades en aras de la optimización del servicio.

Por ello, cuando existen cargos iguales en número inferior al que existía antes de la
supresión, la entidad debe proceder a la incorporación inmediata en la nueva planta,
ejerciendo la facultad discrecional que le permite expedir los actos que niegan la
incorporación de algunos funcionarios sin necesidad de motivación expresa.
[…]
Ahora, si bien el actor acreditó calificaciones superiores respecto de algunos de los
Inspectores que fueron incorporados, tal circunstancia, por sí sola, no es suficiente
para acceder a las pretensiones de la demanda por vulneración al principio del
“mérito”, pues es necesario recordar que en la legislación colombiana no existe
norma jurídica que dé mejor derecho a un empleado por haber obtenido un puntaje
superior, como quiera que cuando la ley manda que el ingreso, la permanencia y el
ascenso de empleos en carrera administrativa se hará exclusivamente con base en
el mérito, ello no significa que el mayor puntaje obtenido sea el requisito sine qua
non para prevalecer sobre los demás empleados de carrera, pues existen otros
criterios para determinar un mejor derecho; lo importante, y como ya se dijo, es que
a quien se incorpore cumpla con los requisitos mínimos que exige el cargo, situación
que no logró desvirtuar el demandante.

Con fundamento en el anterior criterio jurisprudencial, se concluye que una entidad
pública tiene la potestad de elegir cuáles de entre los varios empleados incorpora
cuando realiza una supresión de cargos, teniendo en cuenta que en todo caso la

27
Artículo 30 de la Ley 443 de 1998.
28
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 10 de octubre de 2013, radicado: 08001-
23-31-000-2002-00156-01 (1947-12).
29
Sentencia del 10 de febrero de 2011 Exp. 0129-09 Cp. Luis Rafael Vergara Quintero.

29

Radicación: 08001-23-31-000-2002-00073-01 (3017-2014)
Demandante: Ramiro Rafael Ramos Sánchez

decisión se presume encaminada a la «satisfacción del interés público, la
consecución de los fines esenciales del Estado y las necesidades del servicio».30

Así las cosas, en el plenario tampoco se encuentra acreditado el mejor derecho
que alegó el demandante para mantener su vinculación con el distrito de
Barranquilla.

2.6. De la condena en costas

El artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de
condena en costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y
en el presente caso no se encuentra acreditada tal conducta, por lo cual no hay
lugar a imponerlas.

3. Conclusión

Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado en casos análogos fáctica y
jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el acervo probatorio, se
concluye que el proveído apelado debe ser confirmado, en razón a que se ajustó a
las directrices interpretativas que regían la situación particular del demandante.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

30
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 16 de noviembre de 2017, radicado:
68001-23-31-000-2006-01545-01 (0177-2015).

30

Radicación: 08001-23-31-000-2002-00073-01 (3017-2014)
Demandante: Ramiro Rafael Ramos Sánchez

F A L L A:

Primero. Confirmar la sentencia proferida el 14 de febrero de 2014 por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, que negó las pretensiones de la demanda en el
proceso promovido por el señor Ramiro Rafael Ramos Sánchez contra el Distrito
Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla.

Segundo. Sin condena en costas en segunda instancia.

Tercero. En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen,
previas las anotaciones de rigor.

Notifíquese y cúmplase

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Ausente con permiso

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.

cgg

31

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