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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 08001-23-31-000-2003-00523-01

Fecha
12 de mayo de 2022
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 08001-23-31-000-2003-00523-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 30 de mayo de 2014 proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico y en su lugar, se ORDENAR que el a quo dicte una nueva providencia pronunciándose de fondo sobre los cargos que delimitaron la controversia, lo cual hará dentro de los cuarenta (40) días hábiles siguientes a la recepción del expediente. SEGUNDO: RECONOCER personería a la abogada Giovanna Francesca Carrillo Hernández, como apoderada de la entidad demandada, Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, en los términos del poder obrante a folios 296 a 302 del presente cuaderno. 8 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 21 de septiembre de 2017. Radicación: 54001233100020010153301. M. P.: Roberto Augusto Serrato Valdés. Actor: Víctor Jorge Sánchez Albarracín. Al respecto, esta Sala ha considerado que, en tratándose de recursos de apelación respecto de fallos inhibitorios injustificados, como ocurre en el sub lite, se debe devolver el expediente al a quo para que estudie los cargos de la demanda que no realizó, pues resolver de fondo la controversia en segunda instancia equivaldría a convertirla en una actuación de única instancia, privando de esta manera a la parte desfavorecida del derecho fundamental de ejercer legítimamente su defensa, íntimamente ligado al debido proceso y al acceso a la Administración de Justicia . Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 12 Radicado: 08-001-23-31-000-2003-00523-01 Demandante: ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen para los fines señalados en el numeral anterior.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 08001-23-31-000-2003-00523-01

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

12 de mayo de 2022

Radicado: 08-001-23-31-000-2003-00523-01
Demandante: ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá D.C., doce (12) de mayo de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD – C.C.A.
Radicación: 08-001-23-31-000-2003-00523-01
Demandante: ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.
Demandado: Alcaldía de Barranquilla

Actos acusados: Orden de Policía de 20 de octubre de 2002, por medio
de la cual se ordena al Gerente Departamental de la
empresa Electrificadora del Caribe que restablezca el
servicio de energía en los barrios El Bosque, la Chinita,
Lomita Rojas y todos aquellos sectores en los que se
hayan producido cortes masivos e indiscriminados, y la
Resolución nro. 1839 de 21 de octubre de 2002, “por
medio de la cual se rechaza por improcedente un recurso
de reposición contra una orden de policía”, expedidas por
el Alcalde de Barranquilla.

Tesis: No se configura la excepción de ineptitud sustantiva de
la demanda por falta de integración de los actos
administrativos cuando no se demanda el acto que se
abstiene de dar trámite a un recurso y no decide de fondo
el asunto.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante en contra de la sentencia proferida el 30 de mayo de 2014
por la Subsección de Descongestión del Tribunal Administrativo del
Atlántico, mediante la cual se declaró probada la excepción de “falta de
integración de los actos demandados” en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra de la Orden de Policía de 20 de
octubre de 2002, por medio de la cual se ordena al Gerente
Departamental de la empresa Electrificadora del Caribe que restablezca
el servicio de energía en los barrios El Bosque, la Chinita, Lomita Rojas y
todos aquellos sectores en los que se hayan producido corte masivos e
indiscriminados, y la Resolución nro. 1839 de 21 de octubre de 2002, “por
medio de la cual se rechaza por improcedente un recurso de reposición
contra una orden de policía”, expedidas por el Alcalde de Barranquilla.

I. ANTECEDENTES

I.1. LA DEMANDA

El 21 de febrero de 2003, en ejercicio de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del Código

Radicado: 08-001-23-31-000-2003-00523-01
Demandante: ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.

Contencioso Administrativo (en adelante CCA), ELECTRICARIBE S.A.
E.S.P., por intermedio de apoderado judicial, pretendió la declaratoria de
nulidad de la Orden de Policía de 20 de octubre de 2002, por medio de la
cual se ordena al Gerente Departamental de la empresa Electrificadora
del Caribe que restablezca el servicio de energía en los barrios El Bosque,
la Chinita, Lomita Rojas y todos aquellos sectores en los que se hayan
producido cortes masivos e indiscriminados, y la Resolución nro. 1839 de
21 de octubre de 2002, “por medio de la cual se rechaza por improcedente
un recurso de reposición contra una orden de policía”, expedidas por el
Alcalde de Barranquilla

A título de restablecimiento del derecho solicitó que se revoquen las
órdenes impuestas en los mencionados actos y se ordene que se pague
en su favor los daños y perjuicios causados con ocasión de la expedición
de los mentados actos administrativos.

I.1.2. Los hechos que fundamentan la demanda pueden sintetizarse de
la siguiente manera:

La parte actora indicó que el 31 de agosto de 2002, varios “barrios
subnormales” en Barranquilla habían incumplido con el pago del servicio
público de energía.

Aseguró que el 21 de octubre de 2002 recibió en sus oficinas una orden
de policía emitida por el alcalde de Barranquilla, mediante la cual se
ordenaba restablecer el servicio de energía en todos aquellos sectores
donde se hayan hecho cortes masivos e indiscriminados.

Aseveró que el Alcalde expidió la orden de policía sin escuchar
previamente a los funcionarios de ELECTRICARIBE, violando así su
derecho fundamental al debido proceso.

Indicó que el 21 de octubre de 2002 presentó recurso de reposición, el
cual fue declarado improcedente, con fundamento en que, de acuerdo con
el artículo 24 del Código Nacional de Policía, la orden de policía sólo puede
ser impugnada por vía jerárquica ante el Presidente de la República.

Expresó que, teniendo en cuenta lo anterior, el 28 de octubre de 2002
presentó impugnación ante el Presidente de la República, la cual no fue
resuelta de fondo por falta de competencia.

I.1.3. Cargos planteados en la demanda

A juicio de la parte actora, los actos demandados son contrarios a los
artículos 29, 58 y 315 de la Constitución Política, a los artículos 29, 128,
130, 132, 140 y 141 de la Ley 142 de 1994 y a la Resolución CREG
nro.120 de 17 de diciembre de 2001.

Como primer cargo, la parte actora indicó que se configura una violación
de la Constitución y de la ley, toda vez que tiene derecho a suspender o
cortar la prestación de un servicio público domiciliario de energía eléctrica
cuando los usuarios o suscriptores incumplan las obligaciones contenidas

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Demandante: ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.

en la ley o en el contrato, al tenor del artículo 130 de la ley 142 de 1994.
Además, indicó que en el numeral tercero del acto demandado se le obligó
a abstenerse en el futuro de hacer cortes y suspensiones que erradamente
se califican de masivos e indiscriminados, obligándola a prestar el servicio
así nadie se lo pague.

Como segundo cargo sostuvo que el Alcalde de Barranquilla carece de
competencia para imponer las órdenes dispuestas en los actos
administrativos demandados, por cuanto, si bien es cierto, la constitución
y las normas conceden al alcalde facultades como primera autoridad de
policía, no es menos cierto que ninguna de ellas lo autoriza para
establecer la entrega gratuita de un servicio público.

Como tercer cargo aseguró que existe falsa motivación por indebida
aplicación del Código Nacional de Policía y por inexistencia de cortes
masivos e indiscriminados, como quiera que, en ninguna de las 17
medidas que contempla el artículo 186 del Código Nacional de Policía, se
contempla que el alcalde puede ordenar a las empresas de servicios
públicos que conecten el servicio a suscriptores que están en mora, que
se abstengan de cortar o suspender la prestación del servicio a dichos
suscriptores morosos o que realicen facturaciones individuales a
suscriptores de “barrios subnormales”.

Además, afirmó que existe falsa motivación porque no se dieron cortes
masivos e injustificados, por cuanto, de acuerdo con la regulación
existente, en materia de prestación de servicios de energía en “barrios
subnormales” y el contrato suscrito, el vínculo jurídico que permite la
prestación del servicio de energía se produce entre el prestador del
servicio y la persona jurídica que representa al “barrio subnormal”.

Como último cargo alegó la violación del debido proceso, debido a que,
para proferir el acto administrativo demandado, no se aplicó el
procedimiento previsto en el Código Nacional de Policía para dictar
órdenes de policía, pues no se dio a conocer a la demandante las
supuestas irregularidades. Aunado a ello, explicó que, al declarar
improcedente el recurso, también se violó el debido proceso.

I.2. LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Durante la oportunidad procesal correspondiente, el Distrito de
Barranquilla contestó la demanda e indicó, en síntesis, que, para los
meses de septiembre y octubre del año 2002, como consecuencia de los
cortes masivos de energía que en la ciudad y su área metropolitana
realizaba la empresa ELECTRICARIBE, producto del no pago de energía
por parte de unos usuarios, se presentaron graves disturbios callejeros y
utilización de la fuerza pública, razón por la cual la administración se vio
avocada a restablecer el orden público alterado a través de los actos
demandados, los cuales fueron proferidos teniendo en cuenta los
principios de buena fe, celeridad, eficacia y transparencia, pues se dieron
más en beneficio del bienestar general que del interés particular.

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Por otro lado, solicitó que se declare la prosperidad de las siguientes
excepciones: i) inepta demanda por indebido agotamiento de la vía
gubernativa, ii) indebida escogencia de la acción, por cuanto no se puede
alegar un restablecimiento de tres mil millones de pesos, pues el
demandante puede cobrar lo adeudado a sus usuarios a través de un
proceso ejecutivo ante la jurisdicción ordinaria, y iii) caducidad de la
acción.

I.3. LA SENTENCIA APELADA

Mediante sentencia de 30 de mayo de 2014, el Tribunal Administrativo
del Atlántico, Subsección de Descongestión, declaró probada la excepción
de falta de integración de los actos demandados y se declaró inhibida para
proferir pronunciamiento de fondo en el presente asunto.

Estimó que, una vez revisado el material probatorio obrante en el
expediente, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 187 del
Código de Procedimiento Civil, las decisiones contenidas en la orden de
policía de 20 de octubre de 2002, la Resolución nro. 1839 de 2002 y la
respuesta proferida por la Presidencia de la República de 15 de noviembre
de 2002, constituyen una unidad jurídica, lo cual significa que la demanda
debió formularse frente a todos estos actos administrativos, pues cada
uno de ellos comporta la voluntad de la administración respecto a un
asunto.

Advirtió que, tratándose de la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho, de acuerdo con el artículo 138 del C.C.A., y según lo ha
manifestado por el Consejo de Estado, cuando lo pretendido es la
declaratoria de nulidad de actos administrativos, la determinación exacta
y precisa de lo que se demanda, exige la inclusión de todos aquellos actos
que constituyan y contengan la totalidad de la voluntad de la
administración, con el objetivo de mantener la coherencia y unidad entre
los actos jurídicos que permanezcan vigentes en el ordenamiento.

Aseveró que dicha exigencia es fundamental para el trámite de la acción
pertinente, porque delimita la actuación del juez y le permite a la
contraparte ejercer su defensa. Por el contrario, la inobservancia de dicho
requisito impide la realización del control de legalidad de los actos
administrativos y un efectivo restablecimiento del derecho, porque genera
la declaratoria de inepta demanda, obligando al fallador a inhibirse de
conocer el fondo del asunto. De tal forma, cuando se trata de
individualizar el acto acusado con el fin de formular la respectiva demanda
ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, el cuestionamiento
debe dirigirse contra la totalidad de la manifestación de voluntad de la
administración.

Aseguró que, en el presente asunto, la parte actora sólo demandó las
decisiones contenidas en la orden de policía de 20 de octubre de 2002 y
la Resolución nro. 1839 de 2002, dejando de lado la decisión proferida
por la Presidencia de la República de 15 de noviembre de 2002, con la
cual se entendía agotada la vía gubernativa.

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Ahora bien, aseguró que en el caso concreto podría llegar a afirmarse
como argumento en contra que la decisión proferida por la Presidencia de
la República de 15 de noviembre de 2002, no modifica, revoca o confirma
lo decidido en la orden de policía de 20 de octubre de 2002 y la Resolución
nro.1839 de 2002. No obstante, indicó que este argumento no es de
recibo, dado que en el segundo de los mencionados actos se señala como
recurso procedente, el de la "vía jerárquica ante el Presidente de la
República", lo cual conduce obligatoriamente a que fuere ejercido tal
recurso a efectos del debido agotamiento de la vía gubernativa.

En este orden de ideas, estimó que las solicitudes de nulidad presentadas
por la parte actora no se ajustan a lo que legalmente le era exigible, de
acuerdo con el artículo 138 del CCA, pues en el litigio no se demandó la
totalidad de los actos que contienen la decisión de la administración y,
por tanto, la consecuencia del incumplimiento de dicho requisito es la
declaratoria de inepta demanda y consecuentemente la obligación de
inhibirse para conocer el fondo del asunto.

I.4. RECURSO DE APELACIÓN

La parte actora presentó recurso de apelación en contra de la decisión
proferida en primera instancia, con fundamento en dos grupos de
argumentos. El primero, tendiente a revocar la decisión de declarar
probada la excepción de falta de integración de los actos demandados y
la decisión de dictar fallo inhibitorio. El segundo, orientado a que se
declaren nulos los actos administrativos demandados en este proceso.

En relación con los argumentos relacionadas con la excepción, la parte
recurrente aseguró que la declaratoria de inepta demanda es ajena a
derecho, toda vez que ELECTRICARIBE demandó los actos que tenía que
demandar, pues el libelo se dirigió contra los actos que contienen la
manifestación de la voluntad de la administración.

Explicó que, de conformidad con el artículo 138 del CCA, junto al acto
administrativo inicial también se demandan los demás actos
subsiguientes dictados en vía gubernativa. No obstante, dicha exigencia
está sujeta a la condición consistente en que esos otros actos adicionales
al definitivo inicial, lo modifiquen o reformen. Es decir, esta exigencia no
opera per se, sino únicamente cuando, como producto de dicho
agotamiento, se expiden otros actos que de fondo deciden el asunto en
cuestión, ya sea modificándolo, confirmándolo o revocando el acto inicial.

Por lo tanto, a su juicio, no todo acto dictado en el trámite de la vía
gubernativa ha de ser incluido en la demanda, sino únicamente aquellos
que confirman, modifican o revocan el acto inicial definitivo.

Aseguró que esto se desprende del claro tenor literal del artículo 138 del
CCA, pero adicionalmente, el sentido lógico y la finalidad de esta
disposición legal corroboran esta interpretación, de conformidad con lo
dicho por la Sección Primera del Consejo de Estado en sentencia del 28
de octubre de 1999, con ponencia del magistrado Juan Alberto Polo
Figueroa, proceso nro. 5502, en la cual se indicó lo siguiente: “Porque la

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génesis de la aludida disposición se encuentra en la apreciación o en la
necesidad advertida por la jurisprudencia de que si no se demandan los
actos proferidos en la vía gubernativa que modifiquen o confirmen lo
decidido por el acto definitivo, anulado éste, aquéllos quedarían vigentes;
y viceversa, de demandarse sólo los proferidos en la vía gubernativa, de
ser anulados quedaría vigente el acto definitivo”.

Indicó que, al aplicar el anterior criterio al caso objeto de examen, los
antecedentes de esta actuación administrativa y de policía apuntan a que,
en este evento, la conformación de la proposición jurídica completa no
exige que Electricaribe incluya en el libelo, como acto demandado, el oficio
de la Presidencia de la República nro. 004032 del 15 de noviembre de
2002, pues en éste a ELECTRICARIBE solo le fue manifestado que “no es
procedente aceptar y dar trámite a la impugnación presentada ante el
Presidente de la República, toda vez que no tiene facultad constitucional
o legal para resolverlo.”

Como se observa, este oficio no confirma, ni modifica, ni revoca la orden
de policía. Es decir, no contiene una decisión de fondo sobre el asunto al
que se refiere el acto definitivo inicial, sino que únicamente se limitó a
decidir una cuestión de trámite, motivo por el cual no era necesario
demandar dicho acto.

Aseguró que, aunque en la orden de policía y en la Resolución 1839 se
hubiera indicado que el recurso procedente era el de reposición ante el
Presidente de la República, en todo caso no era y no es necesario exigir
demandar el oficio emitido por esta dependencia, porque éste no contiene
una decisión de fondo sobre la orden de policía.

Manifestó que la Resolución 1839 emitida por el alcalde sí contiene la
decisión de confirmar la orden de policía, a pesar de que rechaza el
recurso por supuestamente ser improcedente. Por el contrario, el oficio
de la presidencia no contiene ninguna decisión de este tenor o estilo, ni,
en general, de ningún estilo que contenga pronunciamiento alguno sobre
el fondo del asunto en discusión.

Aseveró que no es cierto que en la Resolución nro. 1839 de 2002 se
hubiera afirmado que contra la orden de policía procedía el recurso de
reposición ante el Presidente de la República; lo único afirmado en dicha
Resolución fue que “la vía jerárquica del Alcalde Distrital de Barranquilla
se surte ante el Presidente de la República”, afirmación que solo se hizo
a manera de comentario en la parte motiva de la resolución.

Expresó que el recurso interpuesto por ELECTRICARIBE fue de reposición,
que por definición legal procede ante el mismo funcionario que dictó el
acto, quien debe estudiarlo y decidirlo; por tanto, incluso si asumiésemos
que el presidente fuere el superior del alcalde (que no lo es), en todo caso
era el alcalde quien debía decidir el recurso interpuesto y no su superior.

Expresó que no es cierta ni jurídicamente válida la afirmación hecha en el
fallo apelado en el sentido de que lo manifestado por el alcalde en la parte
motiva de la Resolución 1839 de 2002 es "lo que conduce

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obligatoriamente a que fuere ejercido tal recurso, a efectos del debido
agotamiento de la vía gubernativa", pues el agotamiento de vía
gubernativa se exige respecto de los recursos obligatorios determinados
por la ley, mas no respecto de los recursos "creados o establecidos" por
la imaginación libre del servidor de turno, como en efecto hizo el alcalde
de Barranquilla al "inventarse" al Presidente como su superior para estos
efectos.

Aseguró que, en todo caso, el recurso de reposición, que era el único
procedente en esta actuación, de conformidad con lo previsto en el
artículo 229 del Código Nacional de Policía, no es obligatorio, tal y como
lo indica el inciso final del artículo 51 del CCA entonces vigente, que
preceptúa: "Los recursos de reposición y de queja no son obligatorios".
Lo anterior se complementa con el artículo 63 ibídem, que señala que "El
agotamiento de la vía gubernativa acontecerá cuando el acto
administrativo quede en firme por no haber sido interpuestos los recursos
de reposición o de queja".

Por tanto, y contrario a lo afirmado por el a quo, cabe señalar que en esta
actuación la vía gubernativa sí fue agotada, tal y como lo ha reconocido
el mismo Consejo de Estado, así: "en lo que concierne a tales actos,
especialmente los dos primeros, hubo agotamiento de la vía gubernativa
por parte de la actora según las formas que prevé el artículo 63 del C.C.A,
pues respecto de la mencionada resolución dejó de interponer el recurso
de reposición, mientras que con relación al oficio 005149 interpuso ese
recurso, único que se indicó como procedente en ambos casos. Es sabido
que según el citado artículo, en concordancia con el artículo 51 in fine del
mismo código, el recurso de reposición no es obligatorio, de modo que
puede interponerse o no, y en ambos casos se agota la vía gubernativa
cuando sea el único que se indique como procedente."1

En conclusión, a su juicio, en la orden de policía no se señaló qué recurso
procedía, ante quién y cuándo; no obstante, ELECTRICARIBE interpuso el
único recurso procedente por ley, a pesar de que éste no es obligatorio;
este recurso fue rechazado por improcedente por la Resolución 1839 de
2002, acto en el cual también se confirmó la orden de policía. Por tanto,
estos dos actos fueron los únicos dos demandados, porque son los únicos
que contienen la decisión definitiva inicial y su confirmación.

En lo demás, la parte recurrente planteó argumentos tendiente a que, una
vez estudiado el fondo del asunto, se declaren nulos los actos
administrativos demandados.

I.5. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

I.5.1. Mediante auto de 25 de junio de 2015, el Despacho sustanciador
admitió el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida
el 30 de mayo de 2014, por el Tribunal Administrativo del Atlántico.

1
Sentencia de 22 de noviembre de 2007, radicación 76001-23-31-000-01982-01

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I.5.2. En auto de 22 de febrero de 2016, el Despacho corrió traslado a
las partes para alegar de conclusión y al Procurador Delegado ante el
Consejo de Estado para que, si así lo considera, formule su concepto.

I.5.3. Durante el término de traslado, el apoderado de la parte actora
reiteró los argumentos del recurso de apelación.

I.5.4. El Ministerio Público guardó silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

II.1 COMPETENCIA

De conformidad con lo establecido en los artículos 237 de la Constitución
Política, 11, 34 y 36 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia -
Ley 270 del 7 de marzo de 1996, 129 del Código Contencioso
Administrativo - Decreto 01 de 1984 y 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de
marzo de 2019, expedido por la Sala Plena de esta Corporación, la Sección
Primera del Consejo de Estado es competente para conocer del presente
asunto.

II.2. HECHOS

El 20 de octubre de 2002, la Alcaldía de Barranquilla expidió una orden
de policía, por medio de la cual se ordena “al señor Luis Freider Poso, en
su condición de Gerente Departamental de la empresa Electrificadora del
Caribe, para que restablezca el servicio de energía en los barrios El
Bosque, la Chinita, Lomita Rojas y todos aquellos sectores en los que se
hayan producido corte masivos e indiscriminados”.

En Resolución nro. 1839 de 21 de octubre de 2002, se rechaza por
improcedente el recurso de reposición interpuesto en contra de la decisión
anterior, expedida por el Alcalde de Barranquilla. En su parte motiva se
señaló que: “conforme a la Ley 768 del 2002 la vía jerárquica del Alcalde
de Barranquilla se surte ante el Presidente de la República”.

El 14 de noviembre de 2002, el apoderado judicial de la parte actora
presentó ante la Presidencia de la República impugnación en contra de la
orden de policía proferida por el Alcalde de Barranquilla.

El 15 de noviembre de 2002, en oficio nro. 004032, el Secretario Jurídico
de la Presidencia de la República le indicó al impugnante lo siguiente:

“3. Dentro de las atribuciones y funciones del Presidente de la
República, establecidas en la Constitución Política, la Ley y el
Reglamento no se encuentra la de surtir “la vía jerárquica del Alcalde
Distrital de Barranquilla”.

4. De acuerdo con lo establecido en la Ley 768 de 2002, artículo 10,
el Presidente de la República es la autoridad competente para
suspender o destituir al alcalde distrital, designar al Alcalde
encargado en casos de falta temporal o absoluta y convocar a

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elecciones para elegir el nuevo alcalde mayor, cuando ello sea
procedente. (…)

5. Por lo anterior, no es procedente aceptar y dar trámite a la
impugnación presentada ante el señor Presidente de la República,
toda vez que no tiene la facultad constitucional o legal para
resolverlo.”

La parte actora presentó demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho únicamente en contra de la Orden de Policía de 20 de octubre de
2002 y la Resolución nro. 1839 de 21 de octubre de 2002.

II.3. ANÁLISIS

A juicio de la parte recurrente, no se configura la excepción de falta de
integración de los actos demandados, dado que el artículo 138 del CCA
preceptúa que “si el acto definitivo fue objeto de recursos en la vía
gubernativa, también deberán demandarse las decisiones que lo
modifiquen o confirmen, pero sí fue revocado, sólo procede la última
decisión”.

Desde la perspectiva del recurrente, la conformación de la proposición
jurídica completa no exige que Electricaribe incluya en el libelo, como acto
demandado, el oficio de la Presidencia de la República nro. 004032 del 15
de noviembre de 2002, pues por intermedio de éste a ELECTRICARIBE
solo le fue manifestado que “no es procedente aceptar y dar trámite a la
impugnación presentada ante el Presidente de la República, toda vez que
no tiene facultad constitucional o legal para resolverlo.” En este contexto,
como este oficio no confirma, ni modifica, ni revoca la orden de policía,
no contiene una decisión de fondo sobre el asunto al que se refiere el acto
definitivo inicial, sino que únicamente se limitó a decidir una cuestión de
trámite, motivo por el cual no era necesario demandar dicho acto.

De acuerdo con lo planteado en el recurso de apelación, a la Sala le
corresponde resolver si se configura la excepción de ineptitud sustantiva
de la demanda por falta de integración de los actos administrativos
cuando no se incluye en la demanda un acto administrativo expedido por
el Secretario Jurídico de la Presidencia de la República que se abstiene de
darle trámite a una impugnación de la orden de policía proferida por un
alcalde, que se demanda, por considerar que el Presidente de la República
no tiene competencia para ello.

Para resolver el problema planteado por la parte recurrente, la Sala se
permite analizar el contenido del artículo 138 del CCA y los alcances que
la jurisprudencia de esta Sección le ha dado al mismo. Posteriormente, se
resolverá el caso concreto.

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Radicado: 08-001-23-31-000-2003-00523-01
Demandante: ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.

II.3.1. Excepción de inepta demanda por falta de integración de
los actos administrativos demandados

El artículo 138 del Código Contencioso Administrativo2 reglamentaba qué
actos debían ser demandados en un proceso de nulidad.

Sobre el particular, la Sección Primera3, en sentencia de 3 de diciembre
de 2020, indicó que, de conformidad con el inciso segundo del artículo
138 ibidem, si el acto definitivo fue objeto de recursos en la vía
gubernativa, también deberán demandarse las decisiones que lo
modifiquen o confirmen; pero si fue revocado, sólo procede demandar la
última decisión.

Para el caso analizado en esa oportunidad, la Sala indicó lo siguiente:

“En ese orden, para la Sala es claro que en el sub lite, la parte
demandante debió solicitar también la nulidad de la Resolución 420
de 11 de mayo de 2007, tal como lo prevé el inciso segundo del
artículo 138 del Código Contencioso Administrativo, habida cuenta
que el acto confirmatorio se integra con el acto definitivo y,
al dejar por fuera de la demanda el acto confirmatorio, no se
está atacando íntegramente el acto administrativo.

En efecto, la exigencia legal de demandar los actos confirmatorios
no es formalista, sino que atiende a la guarda del debido
proceso, a la igualdad de la Administración como parte
procesal y a la adecuada formación del convencimiento del
Juez, quien debe conocer todos los motivos que hayan
asistido a la autoridad para mantener sus decisiones, por lo
que le asiste razón al a quo cuando declaró probada la excepción de
ineptitud de la demanda y se inhibió para pronunciarse de fondo.”
(Se destaca)

Esta Sección4 ha considerado que se debe acusar el acto administrativo
que modifica o confirma el acto administrativo definitivo, aun cuando
el único recurso que proceda sea el de reposición y éste haya sido
interpuesto por la parte demandante.

En sentencia de 11 de julio de 2002, la Sala indicó lo siguiente:

2
“Cuando se demande la nulidad del acto se le debe individualizar con toda precisión.
Cuando se pretendan declaraciones o condenas diferentes de la Declaración de nulidad de un acto, deberán
enunciarse clara y separadamente en la demanda.
Si el acto definitivo fue objeto de recursos en la vía gubernativa, también deberán demandarse las
decisiones que lo modifiquen o confirmen; pero sí fue revocado, sólo procede demandar la última decisión.
Si se alega el silencio administrativo a la demanda deberán acompañarse las pruebas que lo demuestren.”
3
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejero ponente: Hernando
Sánchez Sánchez, Bogotá D.C., tres (3) de diciembre de dos mil veinte (2020), Radicación número: 05001-
23-31-000-2007-02994-01, Actor: Ana Bertilda Guisao de Osorio.
4
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 11 de julio 2002.
M. P. Gabriel Mendoza Martelo número único de radicación. 07001-23-31-000-2000-00085-01; esta tesis
jurisprudencial fue reiterada por esta Sección. Sentencia de 10 de diciembre de 2008. M. P. Marco Antonio
Velilla Moreno. Radicado núm. 2006-117. Sentencia de 10 de septiembre de 2009. M. P. María Claudia Rojas
Lasso. Radicado núm. 1998-00528. Sentencia de 12 de mayo de 2011.C. P. Marco Antonio Velilla Moreno.
Radicado núm. 2001-00157

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Demandante: ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.

“(…) Pero enfatizó la Sala, y ahora se reitera, que no obstante que
la interposición del recurso de reposición no sea obligatoria, en caso
de que dicho recurso sea el único procedente y que el actor haya
hecho uso del mismo, tiene la carga de demandar el acto que
lo resuelve, conforme lo dispone el inciso 3º del artículo 138
del C.C.A., además de que es a partir de la notificación de
este último cuando empieza a contarse el término de la
caducidad de la acción.

En este caso, como ya se dijo, el único recurso procedente contra
el acto principal era el de reposición, recurso del cual hizo uso la
actora, razón por la que debió impugnar la legalidad del acto
que lo resolvió; y al no hacerlo se impone un pronunciamiento
inhibitorio respecto de las pretensiones, por inepta demanda, como
en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia
(…)”5 (Se destaca)

En fallo proferido el 16 de diciembre de 20206, esta Sección indicó que
“basta con demandar el acto principal para entender demandados los
actos que resuelven los recursos interpuestos en su contra. No obstante,
ello no sucede cuando se demandan los actos que resuelven los recursos
presentados en la actuación administrativa contra el acto principal, pues
estos pueden confirmar, modificar o revocar total o parcialmente
el primer acto. En ese entendido, tales decisiones conllevan situaciones
diferentes entre sí, en la medida que si no se revocó totalmente el acto
principal por medio del acto que resolvió el recurso, el primero continúa
vigente de manera parcial en el ordenamiento jurídico, haciendo
obligatorio demandarlo e individualizarlo en la demanda si lo que se
pretende es su nulidad.”7 (Se destaca)

Bajo estos parámetros, advierte la Sala que el Secretario Jurídico de la
Presidencia de la República (no el Presidente de la República, ante quien
se presentó la impugnación), mediante el Oficio 004032 de 15 de
noviembre de 2002, no confirmó ni modificó la orden de policía de 20 de
octubre de 2002, pues simplemente no le dio trámite a la impugnación
presentada por la parte actora, al considerar que el Presidente de la
República no tenía competencia para resolver la “vía jerárquica” del
Alcalde de Barranquilla. Por lo anterior, es claro que no era necesario
demandar este oficio, pues no contiene decisión alguna de su destinatario,
ni pronunciamiento sobre los actos demandados; es decir, la parte actora
solamente tenía la carga de demandar la orden de policía de 20 de octubre
de 2002 y la Resolución nro. 1839 de 21 de octubre de 2002, expedidas
por el Alcalde de Barranquilla, como en efecto lo hizo, pues la decisión del
Secretario Jurídico de la Presidencia, de conformidad con la cual se
abstiene de tramitar la impugnación contra los actos demandados, es
5
. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 11 de julio 2002.
M. P. Gabriel Mendoza Martelo número único de radicación. 07001-23-31-000-2000-00085-01.
6
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejero Ponente: Oswaldo
Giraldo López, Bogotá D.C., dieciséis (16) de diciembre de dos mil veinte (2020), radicación número: 05001-
23-31-000-2010-01272-01, actor: Sociedad S.B.T. S.A, demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales - Dian
7
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, C.P., Jaime Orlando
Santofimio Gamboa, sentencia de 29 de julio de 2015, número único de radicación 50001-23-31-000-2005-
10179-01.

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totalmente ajena al procedimiento administrativo que cursó en la alcaldía
de Barranquilla. Por lo dicho, deberá revocarse la decisión de primera
instancia y en su lugar ordenar se expida un nuevo fallo que resuelva los
cargos formulados en la demanda.

Ahora bien, como quiera que en el caso objeto de examen, el a quo no se
pronunció sobre ninguno de los cargos planteados en la demanda, pues
se reitera, se inhibió de fallar al encontrar probada la excepción de inepta
demanda, en aras de respetar el principio de doble instancia, es menester
devolver el expediente al tribunal para que lo haga, y en caso que se
impugne la decisión, esta Corporación pueda conocer en segunda
instancia el asunto.

Para los fines anteriores, y como lo ha resuelto esta Sección como
consecuencia de la revocatoria de fallos inhibitorios 8, se devolverá el
expediente al Tribunal Administrativo del Atlántico, con la advertencia de
que, en consideración de la fecha de radicación de la demanda y la
necesidad de observar los principios de economía, celeridad y eficacia
procesal, la decisión deberá emitirse conjuntamente con la orden de
obedecimiento, dentro de los cuarenta (40) días hábiles siguientes a la
recepción del expediente.

Finalmente, a folios 296 a 302 del presente cuaderno, obra poder
conferido a la abogada Giovanna Francesca Carrillo Hernández, como
apoderada de la entidad demandada, Distrito Especial, Industrial y
Portuario de Barranquilla, el cual, por venir ajustado a la ley, se aceptará.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 30 de mayo de 2014 proferida por
el Tribunal Administrativo del Atlántico y en su lugar, se ORDENAR que el
a quo dicte una nueva providencia pronunciándose de fondo sobre los
cargos que delimitaron la controversia, lo cual hará dentro de los cuarenta
(40) días hábiles siguientes a la recepción del expediente.

SEGUNDO: RECONOCER personería a la abogada Giovanna Francesca
Carrillo Hernández, como apoderada de la entidad demandada, Distrito
Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, en los términos del poder
obrante a folios 296 a 302 del presente cuaderno.

8
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 21 de septiembre
de 2017. Radicación: 54001233100020010153301. M. P.: Roberto Augusto Serrato Valdés. Actor: Víctor Jorge
Sánchez Albarracín. Al respecto, esta Sala ha considerado que, en tratándose de recursos de apelación respecto
de fallos inhibitorios injustificados, como ocurre en el sub lite, se debe devolver el expediente al a quo para que
estudie los cargos de la demanda que no realizó, pues resolver de fondo la controversia en segunda instancia
equivaldría a convertirla en una actuación de única instancia, privando de esta manera a la parte desfavorecida
del derecho fundamental de ejercer legítimamente su defensa, íntimamente ligado al debido proceso y al acceso
a la Administración de Justicia .

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TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al
Tribunal de origen para los fines señalados en el numeral anterior.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su
sesión de la fecha.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
VALDÉS Consejero de Estado
Consejero de Estado
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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