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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-31-000-2003-01102-02

Fecha
29 de noviembre de 2024
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-31-000-2003-01102-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: Primero: Inaplicar por inconstitucionalidad la expresión, «[…] y que estén en curso […]», prevista en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Segundo: Confirmar la sentencia de primera instancia proferida el 28 de septiembre de 2012 por el Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda presentada por la Universidad del Atlántico. 14 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. - Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicación: 08001-23-31-000-2003-01102-02 Demandante: Universidad del Atlántico Tercero: No condenar en costas. Cuarto: En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo SAMAI. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. ELIZABETH BECERRA CORNEJO Firmado electrónicamente JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR Firmado electrónicamente JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado electrónicamente CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx 15 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. - Colombia www.consejodeestado.gov.co

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 08001-23-31-000-2003-01102-02

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

29 de noviembre de 2024

Radicación: 08001-23-31-000-2003-01102-02
Demandante: Universidad del Atlántico

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: ELIZABETH BECERRA CORNEJO

Bogotá D.C., veintinueve (29) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 08001-23-31-000-2003-01102-02 (2873-2014)
Demandante: Universidad del Atlántico
Demandado: Marcos Padilla Henríquez
Estatuto procesal Decreto 01 de 1984, Código Contencioso Administrativo, CCA

Tema: convalidación de pensiones reconocidas en aplicación de convenciones
colectivas, artículo 146 de la Ley 100 de 1993.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia
proferida el 28 de septiembre de 2012 por el Tribunal Administrativo del Atlántico,
mediante la cual negó sus pretensiones.

I. SÍNTESIS DEL CASO

La Universidad del Atlántico reconoció pensión de jubilación a Marcos Padilla
Henríquez a través del acto administrativo demandado: Resolución 007 del 14 de
septiembre de 1983. Para establecer los factores salariales que fueron tenidos en
cuenta para calcular la pensión, así como su monto, la Universidad aplicó una
convención colectiva de 1976. No obstante, el ente universitario considera que el
reconocimiento pensional desconoció las Leyes 6 de 1945, 65 de 1946 y 24 de 1947
porque al haberse desempeñado como celador, el pensionado era empleado público,
por lo que no le era aplicable la convención.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda

1. La Universidad del Atlántico, por conducto de apoderado judicial, presentó demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho1 de acuerdo con las pretensiones, hechos y
fundamentos jurídicos que a continuación se indican.

2.1.1. Pretensiones

2.La Universidad solicitó que se declarara la nulidad de la Resolución 007 del 14 de
septiembre de 1983, a través de la cual le reconoció pensión de jubilación a Marcos
Padilla Henríquez.

1
Acción prevista en el artículo 85 del Decreto 01 de 1984, Código Contencioso Administrativo, en adelante CCA.
La demanda fue presentada el 6 de mayo de 2003, según constancia de la oficina judicial visible al reverso del f. 9
del cuaderno principal del expediente físico. En el cuaderno principal del expediente físico, se puede ver la demanda
a ff. 1 a 9.
1

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Demandante: Universidad del Atlántico

3. A título de restablecimiento del derecho solicitó que se ordenara el reintegro de
todas las sumas que recibió el demandado, desde que le fue reconocida la pensión
hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia, de conformidad con los artículos 176 y
siguientes del CCA.

2.1.2. Hechos

4. La Sala sintetiza los principales hechos del caso de la siguiente manera:

1) Marcos Padilla Henríquez nació el 12 de abril de 1912. Entre el 4 de marzo de 1959
y el 3 de marzo de 1968, es decir, durante 9 años, se desempeñó como operario
en la Fábrica de Licores del Atlántico. Luego, desde el 25 de mayo de 1971 hasta
el 22 de agosto de 1983, o sea, 12 años y 4 meses, laboró en la Universidad del
Atlántico como celador.

2) Al momento de su retiro de la Universidad: 22 de agosto de 1983, Marcos Padilla
Henríquez tenía 71 años de edad y 21 años y 4 meses de servicios.

3) A través de Resolución 007 del 14 de septiembre de 1983, la Universidad le
reconoció pensión de jubilación de $43.000, con efectos retroactivos a la fecha de
la renuncia.

4) Para establecer los factores salariales que fueron tenidos en cuenta para calcular
la pensión, así como su monto, la Universidad aplicó la convención colectiva que
en 1976 suscribió con la Asociación de Profesores Universitarios, ASPU, y el
Sindicato de Trabajadores de la Universidad del Atlántico SINTRAUA, cuya
cláusula 9 establecía una pensión vitalicia de jubilación para profesores y
trabajadores del ente educativo.

5) La Universidad solicitó al pensionado autorización para revocar el acto
administrativo de reconocimiento pensional, por las siguientes razones: (i) en virtud
de su calidad de empleado público, no le era aplicable la convención colectiva de
1976, porque esta solo beneficiaba a trabajadores oficiales, y (ii) como la pensión
le fue reconocida en vigencia de las leyes 6 de 1945, 65 de 1946 y 24 de 1947, y
del Decreto 1848 de 1969, su pensión debió corresponder al 66.66% del promedio
de los salarios devengados en el último año de servicios, en aplicación de las
referidas normas.

6) Marcos Padilla Henríquez nunca respondió.

2.1.3. Normas violadas y concepto de la violación

5. Como tales la Universidad señaló los artículos 76, numerales 9 y 10, y 187, numeral
5, de la Constitución Política de 1886; las leyes 6 de 1945, 65 de 1946 y 24 de 1947;
y los decretos 3135 de 1968 y 80 de 1980.

6.En el concepto de violación expuso que el acto administrativo está viciado de
nulidad por las siguientes razones:

a) Marcos Padilla Henríquez era un empleado público, por lo que el acto demandado
al aplicar la convención colectiva para reconocerle una pensión de jubilación,
vulneró las competencias del Congreso para fijar el régimen pensional.

b) La Resolución 007 del 14 de septiembre de 1983 reconoció el derecho pensional
liquidándolo con el equivalente al 75% del salario promedio mensual, cuando las
normas aplicables al demandado estipulaban el equivalente a las 2/3 partes del
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salario devengado, como se evidencia en el literal c) del artículo 14 de la Ley 6 de
1945, modificada por el artículo 3 de la Ley 65 de 1946, aplicables a personas que
laboraran en forma continua o discontinua con varios empleadores.

c) Según la Ley 24 de 1947, que modificó el artículo 29 de la Ley 6 de 1945, los
servicios prestados sucesiva o alternativamente a diferentes entidades del Estado,
serían acumulables para computar el tiempo para la jubilación y en el momento del
reconocimiento de la pensión se distribuiría en proporción al tiempo servido y al
salario devengado en cada entidad. Por lo que la pensión debió otorgarse con la
Ley 6 de 1945, por tratarse de pensión compartida.

d) En este caso, la mesada pensional se integró con factores salariales establecidos
en las cláusulas 1, 2, 3, 36, 37 y 46 de la convención colectiva de 1976, la cual es
ajena a los empleados públicos, como el demandado, pues el Decreto Ley 80 de
1980, previó que los cargos en los centros de educación superior eran
desempeñados por trabajadores oficiales y entre estos, no se encuentra el de
celador.

e) En el acto demandado no se hizo un análisis de la naturaleza del cargo del
pensionado ni de las funciones que desarrollaba como celador, las cuales son
propias de un empleado público; a pesar de ello, se incorporaron factores
convencionales establecidos para los trabajadores oficiales.

2.2. Contestación de la demanda

7.Según constancia secretarial emitida por el Tribunal Administrativo del Atlántico el
13 de abril de 2009, Marcos Padilla Henríquez, no contestó la demanda2.

2.3. Sentencia de primera instancia

8.El Tribunal Administrativo del Atlántico mediante sentencia del 28 de septiembre de
20123 resolvió no acceder a las pretensiones de la demanda, sin condena en costas,
porque:

a) Después de hacer un análisis normativo y jurisprudencial respecto del
reconocimiento pensional, las situaciones jurídicas referentes al goce de derechos
pensionales extralegales, adquiridos sin justo título, cuyos beneficiarios son los
empleados públicos de la Universidad del Atlántico, se consolidaron y convalidaron
hasta el 30 de junio de 1995, en aplicación del artículo 146 de la Ley 100 de 1993.
Por ende, su situación quedó avalada por voluntad del legislador.

b) La pensión del demandado fue reconocida en atención al artículo 9 de la
convención colectiva de trabajo de 1976, debido a que Marcos Padilla Henríquez
prestó sus servicios al Estado por 21 años, 2 meses y 27 días, y nació el 12 de abril
de 1912.

c) El derecho pensional se consolidó el 4 de marzo de 1979, cuando cumplió 20 años
de servicio al Estado, aunque se haya reconocido el 14 de septiembre de 1983. El
último lugar donde trabajó fue en la Universidad, por lo que, de conformidad con el
literal «c» del artículo 9 de la convención y su parágrafo, se le liquidó la pensión
con la sumatoria del 5% por cada año laborado hasta el límite de 20, resultando el
equivalente al 75% del salario.

2
F. 152 del cuaderno principal del expediente físico.
3
F. 237 y siguientes del cuaderno principal del expediente físico.
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d) Finalmente, el sistema general de pensiones empezó a regir para los servidores
públicos de la Universidad el 30 de junio de 1995, como lo establece el artículo 151
de la Ley 100 de 1993, por lo que el derecho pensional del demandado se consolidó
el 4 de marzo de 1979, mucho antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993. Así las
cosas, el acto administrativo de reconocimiento pensional, aunque fue expedido
por fuera de los parámetros legales, quedó saneado por virtud del artículo 146
ibidem.

2.4. Recurso de apelación

9. El demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia4 en el que insistió en los argumentos de su demanda, además, indicó lo
siguiente:

a) En la providencia apelada se citan normas y jurisprudencia no aplicables al caso,
ya que la pensión fue otorgada en 1983, en vigencia de la Constitución de 1886 y
del Decreto Ley 80 de 1983.

b) El tribunal no tuvo en cuenta que el demandado laboró en otra entidad del Estado
y se le otorgó pensión con un tiempo no trabajado en la Universidad, pues si se
quería pensionar por el artículo 9 de la convención, la jubilación debió otorgarse
con base en el parágrafo primero de ese artículo, que establece que la jubilación
otorgada teniendo en cuenta el tiempo de servicio prestado en otras entidades
oficiales será según la ley, pero la cuota parte que le corresponda pagar a la
Universidad se calcularía con ese artículo.

c) La interpretación que debió darse al artículo 9 de la convención es aquella según
la cual, por el tiempo trabajado con la Universidad se le aplicaría el literal «d» de
esa normatividad, es decir, para efecto de la pensión, por cada año trabajado con
el ente educativo se le reconocería el 5% del mayor salario mensual de su
categoría, pero los años laborados con otras entidades se liquidan de acuerdo con
la ley.

2.5. Intervenciones en segunda instancia

10. Dentrodel término para alegar de conclusión en segunda instancia, otorgado
mediante auto del 25 de abril de 20245, las partes guardaron silencio.

2.6. El Ministerio Público

11. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no emitió concepto.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

12. El presente asunto es de competencia de esta corporación de conformidad con lo
establecido en el artículo 129 del CCA, modificado por el artículo 38 de la Ley 446 de
1998, vigente a la interposición de la demanda; según el cual el Consejo de Estado
conoce en segunda instancia de las apelaciones contra las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos.

3.2. Cuestiones previas

4
F. 259 y siguientes del cuaderno principal del expediente físico.
5
F. 319 del cuaderno principal del expediente físico.
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3.2.1 Caducidad según la Ley 2381 de 2024

13. En punto de la caducidad, como excepción perentoria, en el CCA6, este fenómeno
procesal aplica de pleno derecho, y faculta al juez declararla de oficio al evidenciar su
existencia, incluso en la sentencia que resuelva de fondo la controversia.

14. Esta aclaración resulta importante si se tiene en cuenta que a través de la Ley 2381
de 2024 se introdujo una importante modificación, por la cual se establece un término
de caducidad, frente a las demandas que la administración formula contra sus propios
actos de reconocimiento pensional.

15. El artículo 86 de la mencionada ley, en su primera parte estableció un término de
caducidad de 5 años «para ejercer acciones administrativas y contencioso
administrativas respecto de las pensiones reconocidas», contado a partir del
reconocimiento de la referida prestación. Así se observa en el texto del citado artículo
86 ibidem:

«Artículo 86. Término para ejercer acciones administrativas y contencioso
administrativas respecto de las pensiones reconocidas. Las acciones administrativas y
contencioso administrativas, no podrán ser ejercidas después de cinco (5) años a partir
del reconocimiento de las pensiones otorgadas por las entidades facultadas para ello
a excepción y cuando se trate de fraude o con ocurrencia de algún delito a las
pensiones reconocidas sobre las cuales se hayan iniciado acciones administrativas y/o
contencioso administrativas después de cinco (5) años de haber sido reconocidas, y
que estén en curso, se les aplicará la caducidad a partir de la vigencia de esta ley. Los
procesos con respecto a los cuales se hayan ejercido acciones administrativas y/o
contenciosas, y respecto a las cuales ya se haya decidido, podrán ser susceptibles del
recurso Extraordinario de Revisión, para lo cual se tendrá un término de cinco (5) años
a partir de la vigencia de esta ley».

16. Visto lo anterior, se tiene que en el caso concreto la Universidad del Atlántico solicita
la nulidad de la Resolución 007 del 14 de septiembre de 1983, a través de la cual le
reconoció pensión de jubilación a Marcos Padilla Henríquez, hace más de 40 años,
por lo que es necesario establecer si hay lugar a la aplicación del nuevo término de
caducidad, sin perder de vista las reglas previstas en el ordenamiento jurídico, en
materia de tránsito legislativo, tratándose de leyes que regulan la sustanciación y las
ritualidades propias de los juicios.

17. En efecto, el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 en tanto establece un término de
caducidad de 5 años para el ejercicio de las «acciones administrativas y contencioso
administrativas respecto de las pensiones reconocidas» se considera de aquellas
normas mediante las cuales se establecen las reglas de sustanciación y ritualidades
propias de los juicios, por lo que para efectos de su aplicación en el tránsito legislativo
anunciado es menester acudir a lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 153 de 18877.

18. Lo anterior, porque si bien el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 señala que el
referido término de caducidad aplicará incluso para las «acciones administrativas y/o
contencioso administrativas» en curso, lo cierto es que la regulación legal de la

6
Norma aplicable al presente proceso, debido a que la demanda se presentó con anterioridad a la entrada en
vigencia de la Ley 1437 de 2011.
7
Artículo 40. Modificado por el artículo 624, Ley 1564 de 2012. Las leyes concernientes a la sustanciación y
ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir.
Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las
diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones
que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las
pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes
o comenzaron a surtirse las notificaciones.
La competencia para tramitar el proceso se regirá por la legislación vigente en el momento de formulación de la
demanda con que se promueva, salvo que la ley elimine dicha autoridad.
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caducidad como instituto procesal, mediante el cual se limita el derecho de acción,
guarda una íntima relación con las formas propias de los juicios, esto es, con la
sustanciación y ritualidades previstas para regular el derecho de acceso a la
administración de justicia.

19. En tal sentido, si bien, por regla general las normas procesales se consideran de
orden público y de inmediata aplicación, lo cierto es que, el legislador de 1887 no pasó
por alto la necesidad de garantizar los principios de confianza legítima y seguridad
jurídica estableciendo una serie de excepciones que hacen posible, aun frente a
cambios normativos sobrevinientes, aplicar las reglas que gobiernan la sustanciación
y ritualidades en los asuntos judiciales vigentes al momento en que son interpuestos
los recursos, se practican pruebas, se realizan audiencias y empiezan a contabilizarse
términos como el establecido para la caducidad de los medios de control.

20. Esos mismos principios, de confianza legítima y seguridad jurídica, que inspiraron
la adopción de este tipo de reglas en materia de tránsito legislativo en el siglo XIX,
siguen presentes en el texto constitucional de 1991, según puede verse en los artículos
1, 2, 4, 5, 6 y 838. Así las cosas, el carácter preconstitucional de la Ley 153 de 1887
en nada contradice el espíritu de la Constitución de 1991, por el contrario, las reglas
previstas en esta ley siguen siendo una importante herramienta que contribuye a la
interpretación y aplicación de las distintas disposiciones que integran el ordenamiento
jurídico vigente.

21. En este orden de ideas, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del
artículo 40 de la Ley 153 de 1887, al caso concreto resulta aplicable la regulación en
materia de caducidad prevista en el artículo 136 del CCA, dado que, al momento de
su formulación, 6 de mayo de 2003, era la disposición que en materia de oportunidad
para presentar la demanda se encontraba vigente y en la cual, vale la pena precisar,
no se tenía previsto término de caducidad alguno.

22. Esta consideración, no solo encuentra sustento en la aplicación de las reglas de
sustanciación y ritualidades propias de los juicios, previstas en la Ley 153 de 1887,
sino también en la necesidad de garantizar plenamente el derecho fundamental de
acceso a la administración de justicia de quien motivado por un interés general
persigue la nulidad de un acto administrativo que estima ilegal y que compromete
recursos públicos.

23. En este punto, no puede perderse de vista que, ante la imposibilidad de revocar sus
propios actos, sin el consentimiento del interesado, la administración debe estar
provista de mecanismos judiciales que le permitan discutir la legalidad de los mismos
como ocurre con el presente medio de control, en el que el titular del derecho
prestacional cuestionado, en todo caso, ha visto garantizados sus derechos de
defensa y contradicción durante el trámite procesal impartido al mismo.

24. Adicionalmente, es importante recordar que la Corte Constitucional en sentencia C-
1049 de 20049, ya había señalado que «exceptuar una determinada acción del
régimen general de la caducidad no vulnera por si sola los deberes estatales de
protección ni otras normas de la Constitución, a condición de que se trate de una
medida justificada y razonable».

8
«La seguridad jurídica es un principio central en los ordenamientos jurídicos occidentales. La Corte ha señalado
que este principio ostenta rango constitucional y lo ha derivado del preámbulo de la Constitución y de los artículos
1, 2, 4, 5 y 6 de la Carta». Corte Constitucional, sentencia T-502 de 2002.
9
En esa oportunidad la Corte Constitucional declaró la exequibilidad de la expresión «en cualquier tiempo» prevista
en el numeral 2 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.
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25. Por último, la Sala advierte que el término de caducidad establecido en el artículo
86 de la Ley 2381 de 2024 persigue dotar de firmeza las decisiones administrativas, a
través de las cuales se reconocen derechos pensionales, sin embargo, dicho propósito
no cobija los actos de reconocimiento pensional que a la fecha de entrada en vigencia
de la mencionada Ley 2381 ya han sido cuestionados mediante acciones judiciales
formuladas bajo reglas procesales desprovistas de caducidad. En tal sentido,
corresponde al juez de lo contencioso - administrativo determinar la aplicación de este
término en atención a las particularidades de cada caso.

26. De acuerdo con todo lo expuesto, la Sala estima que en el presente caso no resulta
aplicable el término de caducidad establecido en el artículo 86 de la Ley 2381 de
202410 y, en consecuencia, se inaplicará por inconstitucional la expresión «[…] y que
estén en curso […]», prevista en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 y se procederá
con el estudio del recurso de apelación formulado por la parte demandante contra la
sentencia proferida el 28 de septiembre 2012 por el Tribunal Administrativo del
Atlántico.

3.2.2. Saneamiento del proceso por falta de notificación

27. El despacho sustanciador en esta corporación encontró que el auto admisorio de la
demanda no fue notificado en debida forma al demandado, por lo que, mediante auto
del 27 de mayo de 2015, dispuso poner en conocimiento del demandado la existencia
del proceso para los efectos del artículo 137 del CGP11.

28. Ante la imposibilidad de notificar al demandado, pues se desconocía su
fallecimiento, mediante auto del 8 de julio de 202112, el despacho sustanciador ordenó
su emplazamiento, y luego, mediante auto del 25 de noviembre de 202113 designó
curador ad litem, el cual, luego de varios requerimientos, tomó posesión el 4 de octubre
de 202314. El curador contestó la demanda extemporáneamente y no propuso
nulidad15, saneándose el proceso.

3.2.3. Fallecimiento del demandado y de la beneficiaria de la sustitución
pensional

29. Mediante memorial del 11 de febrero de 202216, el apoderado judicial de la parte
demandante pone en conocimiento el fallecimiento de Marcos Padilla Henríquez el 15
de marzo de 2010, así como de la sustituta de la pensión, su esposa Elsa Galofre de
Padilla; conforme a lo anterior, la Sala aclara que dicha situación solo se conoció con
la radicación del mencionado escrito por el apoderado de la Universidad, sin que se
evidencie la existencia de otros beneficiarios pensionales con interés en el resultado
del proceso. Así las cosas, la Sala estudiará de fondo lo planteado en el recurso de
apelación, porque el acto administrativo demandado produjo efectos jurídicos y en ese
orden, es necesario el estudio de su legalidad.

3.3. Problema jurídico y metodología de su resolución

30. De acuerdo con lo expuesto, la Sala analizará el fondo del asunto a partir del
siguiente problema jurídico: ¿la situación pensional de Marcos Padilla Henríquez, se
encontraba sujeta a lo establecido en el artículo 146 de la Ley 100 de 1993, al

10
En este mismo sentido, ya se cuenta en esta Subsección del Consejo de Estado con auto en sala unitaria de 10
de octubre de 2024, rad. 25000-23-42-000-2018-00498-01 (4996-2022). MP. Juan Enrique Bedoya Escobar.
11
F. 273 y siguientes del cuaderno principal del expediente físico.
12
F. 296 y siguietes del cuaderno principal del expediente físico.
13
F. 300 del cuaderno principal del expediente físico.
14
F. 317 del cuaderno principal del expediente físico.
15
Índice 60 del expediente electrónico de Samai.
16
Índice 39 de Samai.
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habérsele reconocido su derecho a la pensión con fundamento en la Convención
Colectiva de abril de 1976, suscrita entre la Universidad del Atlántico con los sindicatos
del ente de educación superior?

31. Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala reseñará, en primer lugar, la
naturaleza jurídica de la Universidad del Atlántico. Seguidamente aludirá la
competencia para fijar el régimen pensional de los empleados públicos. Luego, se
referirá a la consolidación de situaciones jurídicas individuales definidas en normas
extralegales. Por último, estudiará el caso en concreto.

3.4. Naturaleza jurídica de la Universidad del Atlántico

32. La Universidad del Atlántico es una institución de educación superior, creada
mediante la Ordenanza 042 del 15 de julio de 1946 de la Asamblea Departamental del
Atlántico; es autónoma de conformidad con los artículos 69 de la Constitución Política,
28 de la Ley 30 de 199217 y 40 de la Ley 489 de 199818, ostenta un régimen jurídico
especial, con capacidad de designar sus directivas y darse sus propios estatutos, los
cuales establecen que el personal administrativo vinculado al ente universitario está
compuesto por empleados de libre nombramiento y remoción, de carrera
administrativa, de periodo fijo y trabajadores oficiales.

3.5. Competencia para fijar el régimen pensional de los empleados públicos

33. La Carta Política de 188619 fijó que «la ley determinará los casos particulares de
incompatibilidad de funciones; los de responsabilidad de los funcionarios y modo de
hacerla efectiva; las calidades y antecedentes necesarios para el desempeño de
ciertos empleos, en los casos no previstos por la Constitución; las condiciones de
ascenso y de jubilación; y la serie o clase de servicios civiles o militares que dan
derecho a pensión del Tesoro público».

34. Por su parte, en el numeral 9 del artículo 76 ibidem, modificado por el acto legislativo
1 de 1968, se estableció entre las funciones del Congreso, además de reformar la
Constitución, hacer las leyes y ejercer el control político, la de «[d]eterminar la
estructura de la administración nacional mediante la creación de ministerios,
departamentos administrativos y establecimientos públicos, y fijar las escalas de
remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos, así como el
régimen de sus prestaciones sociales».

35. Posteriormente, la Constitución de 1991, ratificó en el artículo 150 numeral 19 literal
e), la facultad del Congreso para la expedición de las leyes y, por consiguiente,
establecer objetivos y criterios para que el Gobierno nacional regulara el régimen de
prestaciones sociales de los servidores públicos. Función que fue desarrollada a través
de la Ley 4 de 1992.

36. Lo anterior, se traduce en que tanto en el régimen constitucional de 1886 como en
el de 1991, ha correspondido al Congreso de la República, de forma exclusiva, fijar las
normas que regulan las prestaciones sociales de los servidores del Estado. En la Carta
vigente, con la posibilidad de enmarcar los criterios sobre los cuales puede el Gobierno
nacional, reglamentar las prestaciones sociales de estos servidores; sin que esta
facultad pueda otorgarse a ninguna otra autoridad.

17
Por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior.
18
Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se
expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los
numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.
19
Artículo 62.
8

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37. Asílas cosas, se concluye que ni las entidades territoriales ni el sector
descentralizado, ni los entes universitarios autónomos, entre otros, están facultados
para proferir actos administrativos de reconocimiento de derechos pensionales
fundamentados en disposiciones internas o extralegales.

38. Así lo ha determinado la Corte Constitucional en sentencia C-510 de 1999:

«Corresponde única y exclusivamente al Gobierno Nacional fijar el régimen
prestacional de los empleados públicos de los entes territoriales, siguiendo,
obviamente, los parámetros establecidos por el legislador en la ley general. En
tratándose de los trabajadores oficiales de estas entidades, al Gobierno solamente le
corresponde regular el régimen de prestaciones sociales mínimas, según lo establece
el literal f) del numeral 19 del artículo 150 de la Constitución. Es decir, que a partir de
esos mínimos, las corporaciones públicas territoriales podrían establecer un régimen
prestacional mayor al señalado por el Gobierno Nacional, sin que pueda entenderse
que estos entes están usurpando competencia alguna en cabeza del ejecutivo central.
"El Gobierno señalará el límite máximo salarial de estos servidores -se refiere a los de
las entidades territoriales- guardando equivalencia con cargos similares en el orden
nacional" […]

Y frente a los servidores públicos advirtió que «[e]xiste una competencia concurrente
para determinar el régimen salarial de los empleados de las entidades territoriales, así:
Primero, el Congreso de la República, facultado única y exclusivamente para señalar
los principios y parámetros generales que ha de tener en cuenta el Gobierno Nacional
en la determinación de este régimen. Segundo, el Gobierno Nacional, a quien
corresponde señalar sólo los límites máximos en los salarios de estos servidores,
teniendo en cuenta los principios establecidos por el legislador. Tercero, las asambleas
departamentales y concejos municipales, a quienes corresponde determinar las
escalas de remuneración de los cargos de sus dependencias, según la categoría del
empleo de que se trate. Cuarto, los gobernadores y alcaldes, que deben fijar los
emolumentos de los empleos de sus dependencias, teniendo en cuenta las
estipulaciones que para el efecto dicten las asambleas departamentales y concejos
municipales, en las ordenanzas y acuerdos correspondientes. Emolumentos que, en
ningún caso, pueden desconocer los límites máximos determinados por el Gobierno
Nacional».

39. En consecuencia, se ha dado el carácter de ilegales o extralegales a las
disposiciones territoriales como ordenanzas departamentales, acuerdos municipales,
resoluciones, decretos o acuerdos de entidades nacionales, departamentales o
municipales; así como las convenciones colectivas suscritas con sindicatos de
empleados públicos que regulen las prestaciones sociales.

3.6. Consolidación de situaciones jurídicas individuales definidas en normas
extralegales: artículo 146 de la Ley 100 de 1993

40. A pesar de la prohibición constitucional de fijar el régimen pensional de los
servidores públicos por parte de entidades territoriales, establecimientos públicos de
cualquier orden u órganos diferentes al Congreso de la República o Gobierno nacional,
el legislador, a través del artículo 146 de la Ley 100 de 199320, convalidó aquellas
situaciones jurídicas particulares que se definieron por este tipo de disposiciones,
denominadas extralegales, en beneficio de servidores públicos, las cuales
continuarían vigentes, para esto dispuso:

«Artículo 146. Situaciones jurídicas individuales definidas por disposiciones municipales
o departamentales. Las situaciones jurídicas de carácter individual definidas con
anterioridad a la presente Ley, con base en disposiciones Municipales o
Departamentales en materia de pensiones de jubilación extralegales en favor de

20
Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones.
9

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empleados o servidores públicos o personas vinculadas laboralmente a las entidades
territoriales o a sus organismos descentralizados, continuarán vigentes.

<Expresión tachada INEXEQUIBLE> También tendrán derecho a pensionarse con
arreglo a tales disposiciones, quienes con anterioridad a la vigencia de este artículo,
hayan cumplido o cumplan dentro de los dos años siguientes los requisitos exigidos en
dichas normas.

Lo dispuesto en la presente Ley no afecta ni modifica la situación de las personas a que
se refiere este artículo.

Las disposiciones de este artículo regirán desde la fecha de la sanción de la presente
Ley»

41. La Corte Constitucional declaró exequible el mencionado artículo, a través de la
sentencia C-410 de 1997, para esto argumentó:

«El inciso primero de la norma en referencia se encuentra ajustado a los preceptos
constitucionales y en especial a lo previsto en el artículo 58 de la Constitución Política,
según el cual "se garantizan los derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los
cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores".

En efecto, ha expresado la jurisprudencia de la Corporación, que los derechos
adquiridos comprenden aquellas situaciones individuales y subjetivas que se han
consolidado y definido bajo la vigencia de la ley, y por ende ellos se encuentran
garantizados, de tal forma que no pueden ser menoscabados por disposiciones
futuras, basado en la seguridad jurídica que caracteriza dichas situaciones. […]

Así pues, como lo determina expresamente el inciso primero del artículo 146 de la ley
100, las situaciones jurídicas de carácter individual definidas con anterioridad a la
presente ley, en materia de pensiones de jubilación extralegales, continuarán
vigentes, con lo cual se desarrolla el mandato constitucional que ampara los derechos
adquiridos, ya que las situaciones que se consolidaron bajo el amparo de la legislación
preexistente no son susceptibles de ser alteradas o modificadas por la nueva ley.

De esta manera, teniendo en cuenta la intangibilidad de los derechos adquiridos de los
pensionados por jubilación del orden territorial antes de la expedición de la ley 100 de
1993, las situaciones jurídicas individuales definidas con anterioridad, por
disposiciones municipales y departamentales, deben continuar vigentes.

Por lo tanto, se declarará la exequibilidad del inciso primero del artículo acusado, así
como del inciso segundo, en la parte que reconoce el derecho a pensionarse con
arreglo a las disposiciones municipales o departamentales en materia de pensiones
de jubilación extralegales, para quienes con anterioridad a la vigencia de este artículo
hayan cumplido los requisitos exigidos en dichas normas. Ello con fundamento en la
garantía de los derechos adquiridos, reconocida por el artículo 58 superior, por tratarse
de situaciones adquiridas bajo la vigencia de una ley anterior al nuevo régimen de
seguridad social (ley 100 de 1993)21 ».

42. Por su parte, la Sala Plena de la Sección Segunda de esta corporación22, admitió
que dentro de la denominación «disposiciones del orden territorial» están incluidas las
convenciones colectivas de trabajo. Al respecto adujo:

«La convención colectiva de trabajo en este caso surgió por la negociación contractual
y consensual celebrada entre el sindicato y los directivos de la Universidad, quienes
tenían autonomía administrativa y presupuestal, pero que, como se precisó en

21
Corte Constitucional Sentencia C-410 de 1997.
22
Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Segunda, sentencia del 29 de septiembre de 2011, expediente
08001-23-31-000-2005-02866-03(2434-10).
10

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consideraciones precedentes, no podían regular salarios y prestaciones de sus
empleados porque esto le correspondía al legislador.

La naturaleza de la convención colectiva, en el caso de los empleados públicos no
puede definirse como un contrato, porque los primeros no pueden gobernarse por esta
clase de instrumentos; tampoco se puede definir como de carácter normativo pues no
tiene las formalidades propias de una preceptiva, pero sí pueden estar encuadradas
dentro de lo que la Ley pretende aplicar como una “disposición”, máxime, cuando lo
que buscó fue la protección y progresividad de los derechos de los trabajadores; en
otras palabras, la Convención Colectiva, lleva inmersa la voluntad del empleador de
otorgar unos derechos a sus beneficiarios.

Sin embargo, las convenciones colectivas están precedidas y son el resultado de una
actividad de una “negociación colectiva”, que contienen reconocimientos o
aprobaciones de la administración de derechos laborales y, aunque son derechos
“extralegales”, en este caso, por disposición del mismo Congreso, se validan los
reconocimientos efectuados, respecto de las situaciones consolidadas, sin
consideración a su irregularidad. […]

En otras palabras, la aplicación de las normas legales en materia pensional constituyen
la realización de la seguridad jurídica pues los empleados públicos tienen que tener la
certeza de quién, cómo y cuándo obtener sus derechos para que entren a formar parte
de su patrimonio y puedan denominarse “derechos adquiridos”. […]

En síntesis, aun cuando la Convención Colectiva fue emanada de autoridades
incompetentes para la regulación del régimen pensional de los empleados públicos,
dicha situación fue convalidada por expresa disposición del legislador a través del
referido artículo 146 de la Ley 100 de 1993, cuya constitucionalidad fue avalada por el
Órgano que de conformidad con la Constitución Política de 1991 es el encargado de
mantener la guarda e integridad del ordenamiento superior23».

43. Es claro para la Sala, que a las convenciones colectivas celebradas entre entidades
del Estado y los sindicatos, se les ha dado el carácter de disposiciones extralegales,
pues contienen reconocimientos de derechos laborales por fuera de la ley, por no tener
facultad para establecerlos, pero que se convalidan por voluntad del legislador en
aquellas situaciones consolidadas a la vigencia de la Ley 100 de 1993.

44. Por otro lado, y para el presente caso, debe advertirse que la vigencia de la Ley 100
de 1993, en el nivel territorial, según el artículo 151 ejusdem, se estableció a partir del
30 de junio de 1995, por lo que debe definirse que solo las situaciones particulares
consolidadas con anterioridad a esa fecha, son las convalidadas por el artículo 146
ibidem.

3.6. Estudio del caso concreto

3.6.1. Hechos probados

45. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente se puede establecer
lo siguiente:

a) A Marcos Padilla Henríquez la Universidad del Atlántico le reconoció pensión de
jubilación mediante Resolución 07 del 14 de septiembre de 1983, a partir del 22 de
agosto de 198324.

23
Posición reiterada en sentencias de la Sección Segunda, tales como: Subsección A, sentencia del 17 de abril de
2008, expediente 68001-23-15-000-2001-03267-02(0772-07); Subsección B, sentencias del 24 de mayo de 2018,
radicado 76001-23-31-000-2010-00963-02(1486-17) y del 12 de septiembre de 2019, radicado 76001-23-31-000-
2010-00963-02(1486-17).
24
F. 17 y siguientes del cuaderno principal del expediente físico.
11

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b) Para el reconocimiento pensional, se tuvo como tiempo laborado el siguiente:

Entidad Desde Hasta Cargo Tiempo laborado
Fábrica de Licores 4 de marzo de 3 de marzo de Operario 9 años
del Atlántico 1959 1968
Universidad del 25 de mayo de 22 de agosto de Celador 12 años, 2 meses y
Atlántico 1971 1983 27 días

c) De conformidad con el acto administrativo de reconocimiento, el derecho pensional
se liquidó sobre la base del 75% del sueldo promedio mensual del último cargo
desempeñado, esto es, el de celador, en aplicación del artículo 9 de la Convención
Colectiva del Trabajo de 1976. Además de indicar que los aportes mensuales para
atender el pago de la pensión, se distribuirían proporcionalmente al tiempo de
servicio en cada una de las entidades donde laboró; estando a cargo de la
Universidad el pago directo, por lo que efectuaría el cobro a la Fábrica de Licores
del Atlántico por concepto de la cuota parte correspondiente al tiempo ahí laborado.

d) La Convención Colectiva de Trabajo celebrada entre los sindicatos de trabajadores
de la Universidad del Atlántico y la Universidad del Atlántico del 5 de abril de 197625,
estableció respecto a la pensión de jubilación, lo siguiente:

«Artículo 9. La Universidad pagará a los profesores y trabajadores la pensión de
jubilación según las siguientes reglas:
[…]
c) Con veinte (20) años de servicio o más, cualquiera que sea la causa de la
terminación del contrato y a cualquier edad.
d) El monto de la pensión mensual de jubilación será el equivalente al cinco por ciento
(5%) del mayor salario mensual de su categoría por cada año de servicio sin el tope
máximo legal.
Esta pensión de jubilación se reajustará al reajustarse los salarios del personal docente
y trabajadores activos.
e) Los años de servicio se entienden continuos y discontinuos pero prestados a la
Universidad del Atlántico.
Parágrafo 1. La jubilación que se otorgue con base en el tiempo de servicio trabajado
en otras entidades oficiales será según las normas legales, pero la cuota parte que le
corresponda pagar a la Universidad se calculará con base en este artículo […]».

e) Según certifica el jefe de personal de la Universidad del Atlántico, el demandado
fue nombrado mediante Resolución 293 del Consejo Directivo del 4 de mayo de
1971 en el cargo de celador y tomó posesión el 25 de mayo de la misma anualidad.
A su vez, en el último año de servicios entre agosto de 1982 y agosto de 1983
devengó lo siguiente: salario, auxilio navideño de 1982, prima de carestía de 1982,
prima de diciembre de 1982, prima de junio de 1983, prima de vacaciones de 1983,
prima de diciembre de 1983, subsidio de transporte de 1983, cena 1983, prima de
antigüedad de mayo, junio y julio de 198326.

3.6.2. Análisis sustancial de la Sala

46. La Universidad del Atlántico pretende la nulidad de la Resolución 007 del 14 de
septiembre de 1983 por medio de la cual reconoció la pensión de jubilación a Marcos
Padilla Henríquez, en el monto y con la inclusión de factores salariales contenidos en
una convención colectiva suscrita por la Universidad y los sindicatos de profesores y
trabajadores.

25
F. 24 y siguientes del cuaderno principal del expediente físico.
26
F. 113 del cuaderno principal del expediente físico.
12

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47. Sobre el particular, la Sala encuentra demostrada la calidad de empleado público
del pensionado, en atención a que su última vinculación con la Universidad fue en el
cargo de celador, que según certificó la misma entidad, se dio a través de
nombramiento por Resolución 293 del Consejo Directivo del 4 de mayo de 1971 y tomó
posesión el día 25 del mismo mes y año, lo que denota una relación legal y
reglamentaria, propia de este tipo de servidores.

48. Por lo anterior, el vínculo de la parte demandante y demandada se debió regir por
el régimen de derecho público, con una posibilidad restringida de negociar condiciones
laborales y ser beneficiario de convenciones colectivas contempladas para los
trabajadores oficiales y regidas por el Código Sustantivo del Trabajo.

49. No obstante, no puede perderse de vista que de conformidad con el artículo 146 de
la Ley 100 de 1993, las situaciones jurídicas consolidadas bajo las disposiciones de la
convención colectiva se convalidaron, pues a pesar de que la pensión fue reconocida
en septiembre de 1983, en vigencia de la Constitución Política de 1886 y la Ley 6 de
1946, como lo alega la parte demandante, Marcos Padilla Enríquez acreditó la
totalidad de los requisitos para acceder a esta, antes del 30 de junio de 1995, razón
por la cual no están llamadas a prosperar las pretensiones de la demanda, por lo que
procede la Sala a confirmar la sentencia de primera instancia.

50. Ahora bien, respecto a los nuevos planteamientos del apoderado de la parte
demandante en la apelación, referentes a que no se tuvo en cuenta que el demandado
laboró en otra entidad del Estado y se le otorgó pensión con un tiempo no trabajado
en la Universidad, así como lo relacionado con la interpretación que debió darse al
artículo 9 de la Convención, no será objeto de pronunciamiento por parte de la Sala,
por las razones que pasan a explicarse:

51. El
principio de congruencia es desarrollo del derecho fundamental al debido
proceso, y determina que el juez, al dictar la sentencia, debe resolver lo pretendido,
probado y excepcionado; sin que su pronunciamiento sea extra petita, por fuera de lo
pedido; o ultra petita, por más de lo pedido.

52. El artículo 55 de la Ley 270 de 199627, establece que los jueces, en la elaboración
de sus providencias, deben atender todos los hechos y asuntos trazados en el proceso
por los sujetos procesales. Aspectos que también son definidos en los artículos 170
del Decreto 01 de 198428 y 305 del Código de Procedimiento Civil29, vigentes a la fecha
de inicio de este proceso.

27
Elaboración de las providencias judiciales. Las sentencias judiciales deberán referirse a todos los hechos y
asuntos planteados en el proceso por los sujetos procesales.
La parte resolutiva de las sentencias estará precedida de las siguientes palabras: "Administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Ley".
La pulcritud del lenguaje; la claridad, la precisión y la concreción de los hechos materia de los debates y de las
pruebas que los respaldan, que los Magistrados y Jueces hagan en las providencias judiciales, se tendrán en cuenta
como factores esenciales en la evaluación del factor cualitativo de la calificación de sus servicios.
28
Contenido de la sentencia. La sentencia tiene que ser motivada. Debe analizar los hechos en que se funda la
controversia, las pruebas, las normas jurídicas pertinentes, los argumentos de las partes y las excepciones con el
objeto de resolver todas las peticiones. Para restablecer el derecho particular, los organismos de lo Contencioso
Administrativo podrán estatuir disposiciones nuevas en reemplazo de las acusadas, y modificar o reformar éstas.
29
Congruencias. La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la
demanda y en las demás oportunidades que este Código contempla, y con las excepciones que aparezcan
probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.
No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda, ni
por causa diferente a la invocada en esta.
Si lo pedido por el demandante excede de lo probado, se le reconocerá solamente lo último.
En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial sobre el cual
verse el litigio, ocurrido después de haberse propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que haya
sido alegado por la parte interesada a más tardar en su alegato de conclusión, y cuando éste no proceda, antes de
que entre el expediente al despacho para sentencia, o que la ley permita considerarlo de oficio.
13

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53. Por consiguiente, no es posible para el juez contencioso – administrativo, emitir
pronunciamiento por fuera de lo pedido por las partes en los respectivos momentos
procesales, ya que de hacerlo vulneraría el derecho de audiencia y defensa de la
contraparte; y en el presente caso, los argumentos de la parte recurrente no constaron
en la demanda ni fueron objeto de pronunciamiento del juez de primera instancia.

3.7. Conclusión de la decisión

54. Con fundamento en lo expuesto, la respuesta al problema jurídico planteado es que
Marcos Padilla Enríquez tuvo derecho a la pensión de jubilación que le fue reconocida
por la Universidad de Atlántico con fundamento en la convención colectiva, pues su
situación pensional quedó convalidada de conformidad con el artículo 146 de la Ley
100 de 1993, ya que cumplió los requisitos pensionales y su derecho fue reconocido
antes del 30 de junio de 1995. Por consiguiente, se confirmará la sentencia apelada.

3.8. Costas

55. El Decreto 01 de 1984, «Código Contencioso Administrativo», señalaba en su
artículo 171 que «en todos los procesos, con excepción de los de nulidad y de los
electorales, habrá condena en costas para el litigante vencido en el proceso, incidente
o recurso, en los términos del artículo 392 del Código de Procedimiento Civil». Artículo
que fue declarado exequible por la Sala de Asuntos Constitucionales de la Corte
Suprema de Justicia, mediante sentencia del 16 de agosto de 1984.

56. El artículo 171 del CCA, fue modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, de
la siguiente manera: «[e]n todos los procesos, con excepción de las acciones públicas,
el Juez, teniendo en cuenta la conducta asumida por las partes, podrá condenar en
costas a la vencida en el proceso, incidente o recurso, en los términos del Código de
Procedimiento Civil.»

57. Por ello, debe entenderse que esta disposición define un carácter subjetivo de la
responsabilidad para el pago de dichas costas, es decir una responsabilidad que sólo
opera cuando existe una conducta reprochable atribuible a la parte vencida. En efecto,
su lectura lleva a concluir que tal condena no se producirá necesariamente, sino que
podrá darse o no dependiendo de si ha mediado o no una conducta reprochable en la
parte vencida, durante el trámite del proceso. Por lo que es necesario realizar un juicio
de ponderación o valoración subjetiva respecto de la conducta procesal asumida por
las partes, por lo tanto, debe verificarse que la parte vencida actuó de mala fe, de
manera temeraria o dilatoria, etc.

58. Así las cosas, en esta oportunidad no se condenará en costas, porque no se
advierte que la parte demandante haya incurrido en las anteriores conductas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

Primero: Inaplicar por inconstitucionalidad la expresión, «[…] y que estén en curso
[…]», prevista en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, por las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.

Segundo: Confirmar la sentencia de primera instancia proferida el 28 de septiembre
de 2012 por el Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante la cual se negaron las
pretensiones de la demanda presentada por la Universidad del Atlántico.
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Tercero: No condenar en costas.

Cuarto: En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen,
previas las anotaciones en el aplicativo SAMAI.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI.
En consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace:

https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

15

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