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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-31-000-2003-01632-02

Fecha
17 de julio de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-31-000-2003-01632-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: Número Interno: 2231-2025 Ejecutante: Darío Enrique Moreno Scheel Ejecutado: Distrito de Barranquilla-Dirección de Liquidaciones PRIMERO: CONFIRMAR en su integridad la sentencia de ocho (8) de julio de Dos Mil Veinticinco (2025), proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral, Sección “B”, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: Sin costas en esta instancia. Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 08001-23-31-000-2003-01632-02

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

17 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá D. C., diecisiete (17) de julio de Dos Mil Veintiséis (2026)

Radicado: 08001-23-31-000-2003-01632-02 (2231-2025)1
Ejecutante: Darío Enrique Moreno Scheel y otra2
Ejecutado: Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla-
Dirección Distrital de Liquidaciones
Proceso: Ejecutivo
Tema: Excepción de compensación
Decisión: Sentencia de segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutada, contra la
sentencia del ocho (8) de julio de dos mil veinticinco (2025), proferida por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, Sección B, que declaró no probadas las excepciones
propuestas y ordenó seguir adelante con la ejecución.

I. Antecedentes3

1. La demanda ejecutiva

1.1 Pretensiones4

1. Próspero Enrique Moreno Jiménez, sucedido posterior y procesalmente por Darío
Enrique Moreno Scheel, en su condición de hijo y la cónyuge del fallecido, presentó
demanda ejecutiva a fin de obtener por esta vía y a cargo del Distrito Especial,
Industrial y Portuario de Barranquilla y la Dirección Distrital de Liquidaciones, la suma
de $223.256.748.66, discriminada así: (i) $13.230.594,00 por sueldos de noviembre
y diciembre de 2000, retroactivos de sueldos, vacaciones, primas de servicio, de
vacaciones, de navidad y bonificaciones del año 2000 y recargos de 1998 a 2000; y
(ii) $2.265.315,60 por indexación de dicha suma, entre el 1º de julio de 2020 y el 25

1
Expediente electrónico samai.
2
Sucesores procesales de Próspero Enrique Moreno Jiménez (Q.E.P.D)
3
Véase en el expediente digital del aplicativo samai, tanto en el del tribunal de origen como en el trámite de segunda instancia.
Para tal efecto, entiéndase las siglas CE (Consejo de Estado) y TA (Tribunal Administrativo), para hallar la cita.
4
TA, índice 3, anexo 1, documento 1, págs. 7 – 8.

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Ejecutante: Darío Enrique Moreno Scheel
Ejecutado: Distrito de Barranquilla-Dirección de Liquidaciones

de septiembre de 2019 (sic), data en que quedaron ejecutoriadas las sentencias
que reconocieron las acreencias (fechas así consignadas en la demanda).

2. Solicitó además: (iii) intereses moratorios bancarios a la tasa máxima legal desde
el 26 de septiembre de 2019 sobre $15.495.909,60, que ascienden a $26.061.020,76
hasta el 25 de septiembre de 2024, más los que se continúen causando hasta el
pago total; (iv) salarios moratorios (sic) desde el 1º de septiembre de 2003 a razón
de $23.960,60 diarios (la liquidación se efectúa con la cifra de $23.939,37), hasta el
pago de las cesantías definitivas, que suman $181.699.818.30 al 30 de septiembre
de 2024 (7.590 días x $23.939,37); y (v) agencias en derecho y costas.

1.2 Hechos relevantes5

3. Relató que, mediante sentencia del 17 de mayo de 2013, el Tribunal Administrativo
del Atlántico declaró la nulidad parcial del silencio administrativo negativo frente a la
petición del señor Próspero Enrique Moreno Jiménez y condenó solidariamente al
pago de las acreencias laborales reclamadas, condena que por auto del 1º de febrero
de 2016 se corrigió en el sentido de vincular al Departamento del Atlántico (no a la
Gobernación). En apelación, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
B, mediante fallo del 29 de agosto de 2019, confirmó parcialmente la condena, la
modificó para dejarla exclusivamente a cargo de la Dirección Distrital de
Liquidaciones de Barranquilla y declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva
del Departamento del Atlántico; dichas providencias quedaron ejecutoriadas el 25 de
septiembre de 2019.

4. Según la demanda, la obligación recae actualmente sobre el Distrito Especial,
Industrial y Portuario de Barranquilla, en calidad de sucesor procesal de la extinta
Empresa Social del Estado Hospital General de Barranquilla -entidad que el propio
Distrito creó y posteriormente liquidó, en ejercicio de las facultades del Acuerdo 001
de 2004 y mediante los Decretos 0254 y 0255 de 2004, la Resolución 003 de 2004
(apertura de la liquidación) y la Resolución 037 del 31 de julio de 2010 (liquidación
definitiva)-, y sobre la Dirección Distrital de Liquidaciones, en su condición de ente
liquidador.

5. Finalmente, se expuso que el señor Próspero Enrique Moreno Jiménez falleció el
16 de abril de 2013 en Barranquilla; que estuvo casado con la señora Ilsa Eschell
(sic) Rodríguez, con quien procreó a Darío Enrique Moreno Scheel, nacido el 27 de

5
TA, índice 3, anexo 1, documento 1, págs. 1 – 8.

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Ejecutado: Distrito de Barranquilla-Dirección de Liquidaciones

agosto de 1977; y que, en el trámite de sucesión intestada protocolizado mediante
escritura pública No. 2879 del 31 de agosto de 2024 de la Notaría Doce de
Barranquilla, la cónyuge supérstite renunció a sus gananciales en favor del hijo, quien
en tal virtud reclama, como heredero, el pago de las acreencias laborales
reconocidas al causante en las sentencias referidas.

1.3 Mandamiento ejecutivo6

6. Mediante auto del 20 de enero de 2025, el Tribunal Administrativo del Atlántico
avocó conocimiento del proceso ejecutivo por competencia por el factor conexidad;
reconoció al señor Darío Enrique Moreno Scheel como sucesor procesal del
causante, al acreditar su calidad de heredero con la escritura pública No. 2879 de
2024 y los registros civiles pertinentes, precisando que la sucesión recaía solo en él,
pues, la cónyuge había renunciado a sus gananciales sin elevar solicitud alguna.

7. En cuanto al título ejecutivo, el Tribunal constató que la sentencia base de recaudo,
proferida bajo la vigencia del Decreto 01 de 1984, era exigible conforme al artículo
177 de dicho estatuto y que el término de caducidad de cinco años -contado desde
el vencimiento de los dieciocho meses posteriores a la ejecutoria- no había fenecido,
por lo que la solicitud de cumplimiento presentada el 24 de septiembre de 2024
resultaba oportuna. Precisó, además, que al haber transcurrido más de seis meses
entre la ejecutoria de la sentencia y la solicitud de pago ante la entidad, cesó la
causación de intereses en los términos del inciso 6° del artículo 177 del Decreto 01
de 1984, por lo que éstos solo se generarían, en caso de causarse, a partir del 1° de
junio de 2022. Con base en lo anterior, libró mandamiento de pago únicamente en
contra de la Dirección Distrital de Liquidaciones de Barranquilla.

8. Contra esa decisión, la parte ejecutante interpuso recurso de reposición para que
se vinculara también al Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, por
haber sido éste quien, mediante el Decreto 0255 de 2004, ordenó la liquidación de la
ESE Hospital General de Barranquilla, delegando su ejecución en la Dirección
Distrital de Liquidaciones.

9. Por medio de auto del 18 de febrero de 2025, el juez de origen accedió a la
reposición, tras estimar que, en virtud del principio de responsabilidad subsidiaria, el
Distrito debe garantizar el pago de las obligaciones de la entidad liquidada, para no

6
TA, índices 11 y 22.

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Ejecutado: Distrito de Barranquilla-Dirección de Liquidaciones

desnaturalizar el propósito de estos procesos ni desconocer los derechos -en
especial laborales- de los acreedores. En consecuencia, modificó el mandamiento
de pago para dirigirlo conjuntamente contra el Distrito Especial, Industrial y Portuario
de Barranquilla y la Dirección Distrital de Liquidaciones, confirmando en lo demás lo
resuelto.

1.4 La oposición de la entidad ejecutada

1.4.1 Recurso de reposición contra el mandamiento ejecutivo7

10. El Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, interpuso recurso de
reposición contra el auto del 18 de febrero de 2025, solicitando su revocatoria total.
Sostuvo que existe indebida representación de la parte demandada, pues el título
ejecutivo condenó únicamente a la ESE Hospital General de Barranquilla, entidad
descentralizada distinta y con personería jurídica propia, por lo que el Distrito no
puede ser tenido como su sucesor procesal sin que medie un procedimiento previo
que determine tal responsabilidad.

11. Alegó que la responsabilidad del ente territorial frente a las obligaciones de una
entidad autárquica liquidada es subsidiaria y no solidaria, de manera que solo
procede cuando el ente liquidado carece de activos para responder y, siempre que
se haya surtido un trámite que así lo acredite; a su juicio, tal demostración no se dio
en este proceso.

12. Invocó igualmente el precedente jurisprudencial del caso Skandinaviska Banken
(Consejo de Estado, Secciones Primera y Cuarta), según el cual, el acreedor que
pretenda hacer efectiva la garantía subsidiaria del ente territorial debe solicitar su
vinculación dentro del propio proceso liquidatario, cuando se evidencie insuficiencia
de activos, así como agotar los recursos administrativos y judiciales pertinentes
contra los actos que nieguen la acreencia; al no haberlo hecho el ejecutante, adujo
que precluyó su oportunidad para dirigirse contra el Distrito y que acceder a ello
vulneraría el derecho a la igualdad de los demás acreedores del proceso liquidatario.

13. Por último, señaló que la Dirección Distrital de Liquidaciones estaba obligada,
conforme a los artículos 32 y 34 del Decreto Ley 254 de 2000, a constituir provisiones
para el pasivo cierto no reclamado y para obligaciones condicionales o litigiosas, con

7
TA, índice 28, anexo 18.

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cargo a las cuales debía atenderse la presente acreencia; y que, al no haberse
demostrado el agotamiento de esos recursos ni de los mecanismos de reclamación
dentro de la liquidación, no existe crédito insoluto que justifique vincular al Distrito
como responsable subsidiario.

1.4.1.1 Decisión frente al recurso de reposición8

14. En cuanto al fondo, el Tribunal recordó que el alcalde del Distrito, en ejercicio de
las facultades del Acuerdo 001 de 2004, expidió el Decreto 0255 de 2004 mediante
el cual ordenó la supresión y liquidación de la ESE Hospital General de Barranquilla,
designando a la Dirección Distrital de Liquidaciones para adelantar dicho trámite; ello,
a juicio del Despacho, sustenta la responsabilidad subsidiaria del Distrito frente a las
obligaciones insolutas de la entidad liquidada.

15. Precisó que la falta de recursos propios en la masa de liquidación no exime a la
administración del pago de las obligaciones pendientes, sino que, por el contrario,
impone a quien asume la posición del ente liquidado el deber de gestionar los
recursos presupuestales necesarios para honrarlas.

16. Con base en ello, concluyó que los procesos de supresión y liquidación de
entidades públicas no pueden convertirse en mecanismo para desconocer los
derechos de los acreedores -en especial los de origen laboral-, y debe garantizarse
su pago aun en caso de insuficiencia de activos, pues, de lo contrario se
desnaturalizaría el propósito de dichos procesos. En consecuencia, no repuso y
mantuvo el mandamiento de pago conjuntamente contra el Distrito Especial,
Industrial y Portuario de Barranquilla y la Dirección Distrital de Liquidaciones.

1.4.2 Contestación de la demanda ejecutiva9

17. El Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, se opuso a las
pretensiones de la demanda ejecutiva y propuso tres excepciones. En primer lugar,
planteó la de compensación, con fundamento en los artículos 1714 y siguientes del
Código Civil, señalando que el causante Próspero Enrique Moreno Jiménez figura
como titular del dominio de un inmueble identificado con matrícula inmobiliaria No.
040-11595, respecto del cual existe cartera pendiente por impuesto predial unificado
(vigencias 2010 a 2025) y por valorización (vigencias 2005 y 2012), sobre las cuales

8
TA, índice 33.
9
TA, índices 37 (anexo 23) y 38 (anexo 25).

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Ejecutante: Darío Enrique Moreno Scheel
Ejecutado: Distrito de Barranquilla-Dirección de Liquidaciones

se adelantan procesos de cobro coactivo sin medida cautelar vigente; solicitó que
dicha deuda se compense con la acreencia laboral reclamada, hasta la concurrencia
de sus valores.

18. En segundo lugar, propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por
pasiva, argumentando que la sentencia que sirve de título ejecutivo condenó
exclusivamente a la ESE Hospital General de Barranquilla -persona jurídica distinta
del ente territorial- y que, conforme a la doctrina de Marienhoff (sic) y al precedente
jurisprudencial del caso Skandinaviska Banken, la responsabilidad del Distrito frente
a las obligaciones de la entidad liquidada es subsidiaria y exige un trámite previo de
determinación, así como la demostración de que el acreedor agotó los mecanismos
dentro del proceso liquidatario (incluyendo las provisiones para pasivo cierto no
reclamado y para obligaciones litigiosas previstas en los artículos 32 y 34 del Decreto
Ley 254 de 2000) y los recursos administrativos y judiciales pertinentes,
circunstancias que -según la entidad- no fueron acreditadas por el ejecutante.

19. Finalmente, formuló la excepción genérica de que trata el artículo 187 del CPACA,
para que se declare probado cualquier hecho exceptivo que resulte demostrado en
el curso del proceso y solicitó tener como pruebas los documentos aportados
(certificados de deuda predial y de valorización).

1.5 Sentencia de primera instancia10

20. Mediante sentencia del 8 de julio de 2025, el Tribunal Administrativo del Atlántico
resolvió las excepciones propuestas por la entidad ejecutada. Frente a la
compensación, precisó que esta figura exige reciprocidad, homogeneidad, liquidez y
exigibilidad actual de las deudas y que, aunque debe alegarse (en su criterio no
puede declararse de oficio), en este caso la ejecutada no acreditó la exigibilidad de
las obligaciones tributarias invocadas: si bien allegó certificados de deuda por
impuesto predial y valorización sobre el inmueble del causante, no demostró que los
procesos de cobro coactivo (Nos. 311571 y 683124) hubieran culminado en actos
administrativos que consolidaran la obligación, por lo que no bastaba la sola
liquidación en el sistema tributario. En consecuencia, declaró no probada esta
excepción.

10
TA, índice 59.

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21. En cuanto a la falta de legitimación en la causa por pasiva, el Tribunal reiteró 11
que el Distrito, mediante el Decreto 0255 de 2004 expedido en ejercicio de las
facultades del Acuerdo 001 de 2004, ordenó la supresión y liquidación de la ESE
Hospital General de Barranquilla, designando a la Dirección Distrital de Liquidaciones
para tal fin; y que la resolución 037 de 2010 terminó la existencia jurídica de dicha
entidad. Con fundamento en el principio de responsabilidad subsidiaria y en el
artículo 90 de la Constitución, concluyó que corresponde a la Dirección Distrital de
Liquidaciones gestionar el pago de la obligación y, de ser necesario, acudir al Distrito
para obtener los recursos, pues, la insuficiencia de activos de la masa liquidada no
exime del pago ni convierte estos procesos en mecanismo para desconocer los
derechos -en especial laborales- de los acreedores. Por tal razón, declaró no probada
también esta excepción. Finalmente, no encontró acreditado ningún hecho exceptivo
adicional que ameritara el reconocimiento oficioso de la excepción genérica.

22. El Tribunal resolvió textualmente:

“Primero. – DECLARANSE NO PROBADAS las excepciones de i) Compensación, ii)
falta de legitimación en la causa por pasiva, y iii) genérica de oficio, propuestas por la
parte ejecutada, Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla - Dirección
Distrital de Liquidaciones de Barranquilla, de conformidad con las razones expuestas
en la parte motiva de este proveído.

Segundo. – Ordenar SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN en contra del Distrito
Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla - Dirección Distrital de Liquidaciones de
Barranquilla, y a favor del señor Darío Enrique Moreno Scheel, en su calidad de sucesor
de Prospero Enrique Moreno Jiménez, por la suma de dinero correspondiente al
cumplimiento de lo dispuesto por esta corporación en providencia de 17 de mayo de
2013, confirmada parcialmente por el H. Consejo de Estado en providencia de 29 de
agosto de 2019, proferidas dentro del proceso del epígrafe, conforme lo establecido en
la parte considerativa del presente proveído, y de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 430 del C.G.P. aplicable por remisión del artículo 298 del CPACA.

Tercero. – Sin condena en costas.

Cuarto. – Ejecutoriada la presente providencia, cualquiera de las partes podrá
presentar la liquidación del crédito con especificación del capital y de los intereses
causados, en los términos del numeral 1° del artículo 446 del CGP”.

1.6 Recurso de apelación12

23. La entidad ejecutada interpuso recurso de apelación contra la sentencia del 8 de
julio de 2025, solicitando su revocatoria y que, en su lugar, se declaren probadas las
excepciones propuestas.

11
Ya lo había decidido en el recurso de reposición frente al mandamiento de pago ejecutivo.
12
TA, índice 62, anexo 42.

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24. Frente a la compensación, sostuvo que el Tribunal fue errático tras considerar no
acreditada la exigibilidad de las obligaciones tributarias del causante, pues los
certificados de deuda expedidos por la Gerencia de Gestión de Ingresos (25 de abril
de 2025) y el reporte de cartera del Sistema de Información Tributaria dan cuenta de
obligaciones claras, expresas y exigibles por impuesto predial unificado (vigencias
2010 a 2025) y por contribución de valorización (2005 y 2012) sobre el inmueble de
matrícula 040-11595, certificaciones que -a su juicio- por sí solas demuestran la
exigibilidad, sin que fuera necesario aportar los actos administrativos que agotaran
el procedimiento de cobro coactivo.

25. En cuanto a la falta de legitimación en la causa por pasiva, reiteró los argumentos
ya expuestos en el recurso de reposición contra el auto que ordenó el pago coercitivo:
que el Distrito es persona jurídica distinta de la ESE Hospital General de Barranquilla,
que su responsabilidad es subsidiaria y no puede declararse sin un trámite previo
(doctrina Marienhoff) y que, el ejecutante no demostró haber agotado los
mecanismos de reclamación dentro del proceso liquidatario ni los recursos
administrativos y judiciales pertinentes, invocando nuevamente el precedente
Skandinaviska Banken.

1.7 Trámite del recurso de apelación y de la segunda instancia13

26. Mediante auto del 15 de septiembre de 2025, el consejero ponente admitió el
recurso de apelación, de conformidad con el artículo 247 del CPACA, modificado por
el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021. Al no existir solicitudes probatorias, el
expediente ingresó al despacho para fallo.

27. En el escrito de oposición al recurso, la apoderada del ejecutante solicitó negar
la apelación y confirmar la sentencia. Reiteró los antecedentes del título ejecutivo y
los fundamentos de la responsabilidad subsidiaria del Distrito frente a los pasivos de
la ESE Hospital General de Barranquilla liquidada, invocando además un precedente
del mismo Tribunal14 que exige la comparecencia del ente territorial cuando los
recursos administrados por la Dirección Distrital de Liquidaciones resultan
insuficientes. En relación con la excepción de compensación, informó y trajo a
colación hechos sobrevinientes: que, mediante resoluciones Nos. GGI-CO-RP-
2025000251 del 26 de junio de 2025 y GGI-CO-RP-20250000897 del 1° de julio de
2025, la propia Secretaría de Hacienda Distrital decretó la prescripción de la acción

13
CE, índices 4 y 9.
14
Providencia del 31 de mayo de 2021, caso Dominga Carranza de Conrado.

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de cobro respecto de la valorización de 2005 y del impuesto predial de las vigencias
2010, 2011, 2012, 2017 y 2018, quedando vigente únicamente la deuda por
valorización de 2012 ($1.827.000) y por impuesto predial de 2019 a 2025
($3.322.914); y que el Distrito no acreditó haber adelantado proceso de cobro
coactivo alguno contra el causante o sus herederos por dichos conceptos. Con base
en ello, calificó la sentencia apelada como ajustada a derecho y solicitó su
confirmación, así como la condena en agencias en derecho a la parte demandada.

II. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia

28. La Sala de Subsección es competente para conocer en segunda instancia de
este proceso, de conformidad con lo establecido en el artículo 150 de la Ley 1437 de
2011. De igual forma, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 328 del Código General
del Proceso (CGP)15, el juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

2.2 Problema jurídico

29. Corresponde a la Sala, resolver lo siguiente:

i) ¿Acertó el Tribunal al declarar no probada la excepción de compensación, pese a
que la ejecutada aportó certificados de deuda y reportes de cartera por impuesto
predial y valorización a cargo del causante?

ii) ¿Tiene prosperidad jurídica la excepción de falta de legitimación en la causa por
pasiva del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, frente a las
obligaciones insolutas de la extinta ESE Hospital General de Barranquilla, o su
responsabilidad subsidiaria exigía un trámite previo de determinación y la
demostración del agotamiento de los mecanismos de reclamación dentro del proceso
liquidatorio?

15
“Artículo 328. Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la
ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior
resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar
copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera
indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán
alegarse durante la audiencia”.

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2.3 Marco normativo y jurisprudencial

2.3.1 Generalidades del proceso ejecutivo

30. El proceso ejecutivo busca “asegurar que el titular de una relación jurídica que crea
obligaciones pueda obtener, por medio de la intervención estatal, el cumplimiento de ellas,
compeliendo al deudor a ejecutar la prestación a su cargo, si ello es posible, o si no, conduciéndolo a
que indemnice los perjuicios patrimoniales que su inobservancia ocasionó ”16. El instrumento que

sirve como base del recaudo en el proceso ejecutivo se denomina título ejecutivo,
que se define como el “documento que representa una declaración de la voluntad del juez o de
las partes, es aquél que trae aparejada la ejecución, o sea, en virtud del cual cabe proceder
sumariamente al embargo y venta de bienes del deudor moroso, a fin de satisfacer el capital o principal
debido, más los intereses y costos”17.

31. El artículo 297 del CPACA establece que, constituyen título ejecutivo: (i) las
sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la Jurisdicción de lo
Contencioso-Administrativo, mediante las cuales, se condene a una entidad pública
al pago de sumas dinerarias; (ii) las decisiones en firme proferidas en desarrollo de
los mecanismos alternativos de solución de conflictos, en las que las entidades
públicas queden obligadas al pago de sumas de dinero en forma clara, expresa y
exigible; (iii) los contratos, los documentos en que consten sus garantías, junto con
el acto administrativo a través del cual se declare su incumplimiento, el acta de
liquidación del contrato, o cualquier acto proferido con ocasión de la actividad
contractual, en los que consten obligaciones claras, expresas y exigibles, a cargo de
las partes intervinientes en tales actuaciones; y (iv) las copias auténticas de los actos
administrativos con constancia de ejecutoria, en los cuales conste el reconocimiento
de un derecho o la existencia de una obligación clara, expresa, y exigible a cargo de
la respectiva autoridad administrativa.

32. A su vez, el artículo 422 del Código General del Proceso (así como el texto original
del artículo 488 del Código de Procedimiento Civil), prevén que pueden demandarse
ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en
documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba
contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal
de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en
procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de
auxiliares de la justicia y los demás documentos que señale la ley.

16
López Blanco, Hernán Fabio. (2004). Procedimiento Civil. Parte Especial. Bogotá: DUPRÉ Editores.
17
Carnelutti, Francesco. (1942). Instituciones del nuevo procedimiento civil italiano. Barcelona: Editorial Bosch.

Número Interno: 2231-2025
Ejecutante: Darío Enrique Moreno Scheel
Ejecutado: Distrito de Barranquilla-Dirección de Liquidaciones

33. De la norma en cita se desprenden las características de la obligación, a saber:
que sea clara, expresa y exigible; que esté consignada en un documento; y,
finalmente, que además de los documentos que provengan del deudor -o del
causante, según el caso-, las sentencias de condena o cualquier otra providencia
judicial con fuerza ejecutiva, revisten el carácter de títulos ejecutivos.

34. En cuanto a los atributos del título ejecutivo, se tiene que, la obligación es expresa
si se encuentra especificada en el título y no es el resultado de una presunción legal
o una interpretación normativa; es clara, cuando sus elementos aparecen
inequívocamente señalados, sin que exista duda con respecto al objeto o sujetos de
la obligación; y es exigible cuando no depende del cumplimiento de un plazo o
condición o cuando dependiendo de ellos ya se han cumplido18.

35. Asimismo, es dable sostener que, esta Sala de Subsección, en providencia del
Treinta (30) de Mayo de Dos Mil Veinticuatro (2024)19 dispuso que, “cuando se pretende
el cumplimiento de una obligación a cargo del Estado, el título ejecutivo se constituye exclusivamente
en la sentencia, no solo porque el artículo 297 del CPACA no condicionó su integración con el acto
administrativo de cumplimiento, sino además porque no se cumplen con los requisitos para que pueda
ser catalogado como título complejo, pues no existe una relación inescindible entre estos para
determinar su claridad y exigibilidad”. En ese contexto, una vez se allegan los documentos

correspondientes y antes de dar inicio al proceso ejecutivo, corresponde al juez
verificar si el título ejecutivo cumple con los requisitos legales, esto es, si contiene
una obligación clara, expresa y exigible.

2.3.2 Del procedimiento administrativo de cobro coactivo

36. Distinto del cobro judicial de condenas contra el Estado, es el procedimiento
administrativo de cobro coactivo regulado en el Título IV del CPACA, prerrogativa
reconocida a las entidades públicas para el recaudo directo de sus propias
acreencias. El artículo 98 dispone que dichas entidades "deberán recaudar las
obligaciones creadas en su favor, que consten en documentos que presten mérito ejecutivo (...) para
tal efecto, están revestidas de la prerrogativa de cobro coactivo o podrán acudir ante los jueces
competentes".

37. El artículo 99 enumera los documentos que prestan mérito ejecutivo a favor del
Estado -actos administrativos ejecutoriados, sentencias, contratos con su

18
Velásquez G., Juan Guillermo. Los procesos ejecutivos. (2006). Medellín: Librería Jurídica Sánchez R. Ltda.
19
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia del 30 de mayo de 2024, C.P. Juan Enrique Bedoya
Escobar, Radicación: 25000-23-42-000-2016-02688-01 (0230-2022)

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declaratoria de incumplimiento, garantías y demás documentos que provengan del
deudor-, siempre que en ellos conste una obligación clara, expresa y exigible. Para
las obligaciones de carácter tributario, el artículo 100 remite a las disposiciones del
Estatuto Tributario y, en su defecto, a la Parte Primera del CPACA y al proceso
ejecutivo singular del Código de Procedimiento Civil -hoy Código General del
Proceso-. Finalmente, el artículo 101 precisa que solo son demandables ante la
jurisdicción los actos que deciden las excepciones ordenan seguir adelante la
ejecución o liquidan el crédito y que, la sola admisión de la demanda no suspende el
procedimiento de cobro coactivo, salvo suspensión provisional del acto que
constituye el título o solicitud del ejecutado, una vez resueltas las excepciones.

2.3.3 De la exigibilidad de la obligación contenida en el título ejecutivo

38. Las normas aplicables para determinar la exigibilidad de la obligación son las
previstas en el Decreto 01 de 1984 y no el de la Ley 1437 de 2011, comoquiera que
el proceso ordinario del cual proviene el título de recaudo -la sentencia de 17 de
mayo de 2013, confirmada por el Consejo de Estado el 29 de agosto de 2019- se
tramitó bajo la vigencia de aquel estatuto20, de manera que es éste el que gobierna
la oportunidad a partir de la cual dicha obligación se torna exigible.

39. Así, el artículo 177 del Decreto 01 de 1984 disponía que las condenas impuestas
a entidades públicas "serán ejecutables ante la justicia ordinaria dieciocho (18) meses después
de su ejecutoria", término a partir del cual la obligación contenida en la sentencia

adquiere plena exigibilidad para efectos de su cobro por la vía ejecutiva.

40. Sobre el particular, esta Corporación ha explicado que "la exigibilidad del título
ejecutivo o de la obligación contenida en él, es aquélla característica que permite hacerla efectiva sin
que para el efecto sea necesario el cumplimiento de condición o plazo alguno (...) la obligación se
convierte en exigible cuando se ha vencido el término concedido al deudor para cubrir o pagar la
deuda y no lo ha hecho dentro del término concedido para el efecto" 21, de manera que solo a

partir de ese momento la sentencia condenatoria resulta apta para servir de base al
recaudo ejecutivo forzoso.

2.3.4 De la compensación como modo de extinción de las obligaciones

20
Téngase en cuenta lo dispuesto por el artículo 308 del CPACA, en lo concerniente al régimen de transición y vigencia de
la Ley 1437 de 2011.
21
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, providencia de 14 de julio de 2016,
expediente 250002342000 201403766 01 (1296-2015).

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41. El artículo 1714 del Código Civil dispone que "cuando dos personas son deudoras una
de otra, se opera entre ellas una compensación que extingue ambas deudas", y el artículo 1715

ibidem precisa que ella opera por ministerio de la ley desde que las obligaciones
reúnen tres calidades: que ambas tengan por objeto dinero o cosas fungibles de igual
género y calidad, que ambas sean líquidas y que ambas sean actualmente exigibles.

42. No obstante operar de pleno derecho, el artículo 1719 del mismo código aclara
que el deudor que no la alegare conservará las garantías del crédito y el artículo 282
del Código General del Proceso dispone expresamente que, a diferencia de otras
excepciones, que el juez puede reconocer oficiosamente, "las de prescripción,
compensación y nulidad relativa (...) deberán alegarse en la contestación de la demanda" . La

doctrina nacional ha explicado esta exigencia señalando que la compensación legal
"demanda, dentro del sistema nacional, un pronunciamiento judicial, en virtud de la interposición de
una excepción por el demandado (...) se trata, pues, de un mecanismo que exige alegación y decisión
judicial: opera ministerio iudicis"22.

2.3.5 De la responsabilidad subsidiaria del ente territorial frente a las
obligaciones de la entidad descentralizada liquidada

43. La Corte Constitucional, al analizar la titularidad de las obligaciones laborales
cuando una entidad estatal desaparece o entra en liquidación, reiteró la doctrina de
Marienhoff en los siguientes términos: "El Estado es responsable, pero no en forma solidaria,
sino en forma subsidiaria, o sea únicamente cuando el ente autárquico efectivamente no pueda hacer
frente a su responsabilidad con los fondos o bienes que le fueron afectados para el cumplimiento de
sus fines"23. En igual sentido se pronunció esta Corporación, al señalar que "la
desaparición de una Entidad a cuyo nombre se generaron obligaciones a favor de terceros, no implica
el desaparecimiento también de dichos compromisos (...) el juez conductor del proceso bien pudo (...)
determinar oficiosamente a cargo de quien reposaban las obligaciones del inexistente deudor, para
hacer prevalecer el derecho sustancial” 24.

44. En el plano normativo, el artículo 32, parágrafo, del Decreto Ley 254 de 2000 25 -
que regula la liquidación de entidades públicas del orden nacional, pero cuya lógica
debe aplicarse por analogía a las entidades territoriales- dispone que, cuando los
recursos de la liquidación resulten insuficientes, las obligaciones laborales estarán a
cargo de la entidad que se designe en el decreto de supresión. Dicha aplicación

22
HINESTROSA, Fernando. Tratado de las Obligaciones. Tomo I. 3ª Ed. Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2007.
23
Corte Constitucional, sentencia T-313 de 1995.
24
Sentencia de 21 de septiembre de 2010, Exp. 11001-03-15-000-2010-00802-00(AC), MP. Luis Rafael Vergara Quintero.
25
En igual sentido con el parágrafo 1°, artículo 52 de la Ley 489 de 1998: “Parágrafo 1°. El acto que ordene la supresión,
disolución y liquidación, dispondrá sobre la subrogación de obligaciones y derechos de los organismos o entidades suprimidas
o disueltas, la titularidad y destinación de bienes o rentas, los ajustes presupuestales necesarios, el régimen aplicable a la
liquidación y, de conformidad con las normas que rigen la materia, la situación de los servidores públicos”.

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analógica encuentra respaldo en la cláusula general de responsabilidad del artículo
90 de la Constitución Política.

2.4 Medios de prueba

45. Relación cronológica de pruebas relevantes:

1. Sentencia de 17 de mayo de 2013 (Tribunal Administrativo del Atlántico):
Condenó solidariamente a la Gobernación del Atlántico y a la ESE Hospital General
de Barranquilla al pago de las prestaciones laborales reclamadas por Próspero
Enrique Moreno Jiménez: "CONDENASE solidariamente a la GOBERNACIÓN DEL ATLANTICO
y a la extinta EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL GENERAL DE BARRANQUILLA
LIQUIDADA a través de la Dirección Distrital de Liquidaciones al pago" 26.

2. Auto de 1° de febrero de 2016 (Tribunal Administrativo del Atlántico,
Subsección de Descongestión). Corrigió la sentencia anterior: "CORRIJANSE los
numerales segundo (2°) y tercero (3°) de la sentencia (...) en el sentido de entender que la parte
condenada solidariamente a la obligación impuesta en la sentencia es el Departamento del Atlántico
y no la Gobernación del Atlántico"27.

3. Sentencia de 29 de agosto de 2019 (Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B): Modificó la condena, dejándola únicamente a cargo de la Dirección
Distrital de Liquidaciones: "la condena decretada estará únicamente a cargo de la dirección
distrital de liquidaciones de Barranquilla", y declaró la falta de legitimación en la causa por

pasiva del Departamento del Atlántico. Constituye el título ejecutivo de recaudo28.

4. Constancia de ejecutoria (Secretaría General, Tribunal Administrativo del
Atlántico): Certifica que las anteriores providencias "SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE
EJECUTORIADAS A PARTIR DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019"29.

5. Escritura Pública No. 2879 de 31 de agosto de 2024 (Notaría Doce de
Barranquilla): Protocoliza la partición y adjudicación de la sucesión intestada de
Próspero Enrique Moreno Jiménez, adjudicando el 100% de la masa hereditaria a
Darío Enrique Moreno Scheel, previa renuncia de la cónyuge supérstite Ilsa Schell
Rodríguez a sus gananciales30.

26
TA, índice 3, anexo 1, documento 1, págs. 12 – 25.
27
TA, índice 3, anexo 1, documento 1, págs. 26 – 28.
28
TA, índice 3, anexo 1, documento 1, págs. 29 – 41.
29
TA, índice 3, anexo 1, documento 1, págs. 148 – 149.
30
TA, índice 3, anexo 1, documento 1, págs. 172 – 189.

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6. Registros civiles de defunción, matrimonio y nacimiento: Acreditan,
respectivamente, que Próspero Enrique Moreno Jiménez "falleció el día 16 de abril de
2013"; su matrimonio con Ilsa Eschell Rodríguez; y la filiación de Darío Enrique

Moreno Scheel (hijo)31.

7. Certificado VUR - Estado jurídico del inmueble con matrícula No. 040-11595
(21 de abril de 2025): Registra en la Anotación No. 8: "DE: JIMENEZ DE MORENO
CELINA (...) A: MORENO JIMENEZ PROSPERO CC 7412692 X; A: ESCHELL RODRIGUEZ ILSA CC
24704930 X"32.

8. Certificados y reportes de cartera de la Gerencia de Gestión de Ingresos del
Distrito (25 de abril de 2025): Certifican "obligaciones claras, expresas y exigibles
de naturaleza fiscal de plazo vencido" por impuesto predial unificado (2010-2025, por
$6.645.828) y por contribución de valorización (2005 y 2012, por $12.080.154 y
$1.827.000, respectivamente) 33.

9. Resolución No. GGI-CO-RP-2025000251 de 26 de junio de 2025: Decreta "la
prescripción de la acción de cobro por concepto de la contribución de Valorización por Beneficio
General del año 2005"34.

10. Resolución No. GGI-CO-RP-20250000897 de 1° de julio de 2025: Decreta "la
prescripción de la acción de cobro, por concepto de impuesto predial unificado de los años fiscales
2010, 2011, 2012, 2017, 2018" y, en el artículo segundo, "RECHAZAR la prescripción (...) por
concepto de impuesto predial unificado de los años fiscales 2019" 35.

2.5 Análisis del caso concreto

46. Fijado el marco normativo y jurisprudencial que antecede y relacionadas las
pruebas relevantes que obran en el expediente, corresponde a la Sala descender al
estudio de los reparos formulados en el recurso de apelación contra la sentencia de
8 de julio de 2025.

2.5.1 De la excepción de compensación

31
TA, índice 3, anexo 1, documento 1, págs. 94 – 99.
32
TA, índice 38, anexo 25, págs. 36 – 37.
33
TA, índice 38, anexo 25, págs. 33 – 35 y 38 – 39.
34
Ta, índice 68, anexo 46, págs. 20 – 21.
35
Ta, índice 68, anexo 46, págs. 22 – 23.

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47. Sostuvo la entidad recurrente que el Tribunal de primera instancia erró al declarar
no probada esta excepción, comoquiera que los certificados expedidos por la
Gerencia de Gestión de Ingresos del Distrito el 25 de abril de 2025 acreditan que las
obligaciones tributarias del causante son claras, expresas y exigibles, sin que fuera
necesario acreditar el agotamiento de un procedimiento adicional.

48. Sobre este punto, la Sala considera que el reproche no está llamado a prosperar,
aunque por razones que precisan el fundamento expuesto por el A-quo. El artículo
99 del CPACA, al enumerar los documentos que prestan mérito ejecutivo a favor del
Estado, exige en su numeral 1° "todo acto administrativo ejecutoriado que imponga (...) la
obligación de pagar una suma líquida de dinero", siempre que en él conste una obligación

clara, expresa y exigible. Ello significa que la exigibilidad de una obligación tributaria
a favor de la entidad pública no se acredita con la sola referencia genérica de su
existencia en el sistema de información tributario, sino que exige la prueba del acto
de liquidación -sea la liquidación privada del contribuyente, la liquidación oficial
proferida por la administración, o la factura que haga sus veces- debidamente
ejecutoriado. Revisados los certificados y reportes de cartera aportados por la
entidad ejecutada, se observa que estos se limitan a afirmar la existencia de
"documentos que contienen obligaciones claras, expresas y exigibles" en los archivos de la

Gerencia de Gestión de Ingresos, sin incorporar ni acreditar el acto administrativo de
liquidación al que alude la disposición legal citada, ni su respectiva ejecutoria. En esa
medida, la sola certificación de cartera no resulta equivalente al título que la norma
exige para tener por acreditada la exigibilidad del contra crédito invocado en
compensación.

49. Esta circunstancia resulta determinante para la suerte de la excepción, pues el
artículo 1715 del Código Civil exige, como presupuesto de la compensación, que
ambas deudas sean líquidas y actualmente exigibles. En consecuencia, por la falta
de acreditación del acto de liquidación ejecutoriado que exige el artículo 99-1 del
CPACA, la excepción de compensación no está llamada a prosperar y el reproche
de la entidad apelante sobre este punto no puede abrirse paso.

2.5.2 De la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva

50. En el libelo de la censura se alegó que el Distrito Especial, Industrial y Portuario
de Barranquilla es persona jurídica distinta de la extinta ESE Hospital General de
Barranquilla y su responsabilidad subsidiaria -conforme a la doctrina de Marienhoff y
al precedente Skandinaviska Banken- exigía que el ejecutante hubiera solicitado su

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vinculación dentro del propio proceso liquidatorio, así como el agotamiento de los
recursos administrativos y judiciales pertinentes, cargas que, según su tesis, no
fueron satisfechas por el acreedor.

51. La doctrina y el precedente invocados por el recurrente parten de un supuesto
fáctico distinto al que se presenta en este escenario judicial. Tanto la construcción
doctrinal de Marienhoff como el precedente Skandinaviska Banken presuponen un
proceso liquidatorio en curso, dentro del cual el acreedor debía instar oportunamente
la vinculación del ente territorial garante ante la eventual insuficiencia de activos. Sin
embargo, en el sub examine se encuentra plenamente acreditado que la ESE
Hospital General de Barranquilla fue liquidada mediante la resolución No. 037 del 31
de julio de 2010, fecha en la cual se extinguió definitivamente su existencia jurídica,
esto es, casi una década antes de que el título ejecutivo quedara ejecutoriado el 25
de septiembre de 2019. No se trata, entonces, del supuesto de un acreedor que, ante
un proceso liquidatorio todavía abierto, omite instar la vinculación del garante en la
oportunidad procesal correspondiente; se trata de la extinción consumada y anterior
del deudor original.

52. Ante este escenario, el fundamento aplicable no es la carga procesal de diligencia
del acreedor dentro de una liquidación en curso, sino la cláusula general de
responsabilidad del artículo 90 de la Constitución Política y el principio de
responsabilidad subsidiaria del ente territorial que ordenó y ejecutó la supresión de
la entidad descentralizada. Fue el propio Distrito quien, en ejercicio de las facultades
conferidas por el Acuerdo 001 de 2004, expidió el Decreto 0255 de 2004 ordenando
la liquidación del Hospital y designó para tal efecto a la Dirección Distrital de
Liquidaciones. Siendo el Distrito el autor material de la decisión que puso fin a la
existencia del deudor original, resulta jurídicamente consistente que, agotados o
resultando insuficientes los recursos de la masa liquidada, sea este quien responda
subsidiariamente por los pasivos insolutos, pues sostener lo contrario permitiría que
los procesos de supresión y liquidación de entidades descentralizadas se convirtieran
en un mecanismo idóneo para eludir obligaciones laborales legítimamente
reconocidas por sentencia judicial en firme.

53. Debe precisarse que esta conclusión no resulta contradicha por lo resuelto en la
sentencia de 29 de agosto de 2019, que excluyó al Departamento del Atlántico y dejó
la condena a cargo de la Dirección Distrital de Liquidaciones. Esa decisión resolvió
un problema jurídico distinto: cuál de las dos entidades -Departamento o Dirección
Distrital de Liquidaciones- era la obligada sustancial, en función del alcance temporal

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del convenio interadministrativo de 1995, que solo cubría obligaciones causadas
hasta el 31 de diciembre de ese año. Al ser las prestaciones aquí reconocidas
posteriores a esa fecha, el Departamento quedó fuera de esa cobertura
convencional.

54. La responsabilidad que ahora se examina tiene, sin embargo, un fundamento
normativo adicional y complementario: no deriva del alcance temporal de un
convenio, sino de la cláusula general de responsabilidad del artículo 90 de la
Constitución y del principio de responsabilidad subsidiaria del ente territorial que creó
y liquidó la entidad descentralizada. Al haber radicado allí la obligación en cabeza de
la Dirección Distrital de Liquidaciones como entidad continuadora de los pasivos del
Hospital liquidado, la sentencia de 2019 sienta la premisa sobre la que hoy se edifica
esta responsabilidad subsidiaria: siendo la Dirección Distrital de Liquidaciones quien
recibió y ha agotado la gestión de dichos pasivos, corresponde a su creador y
liquidador -el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla- responder por
los saldos insolutos, en garantía de que la obligación judicialmente reconocida no
quede desprovista de efectividad.

55. No obstante lo precedentemente expuesto, la Sala no puede pasar por alto una
precisión de índole procesal que, si bien no fue planteada en el recurso de apelación
y en nada altera el sentido de esta decisión, resulta pertinente dejar sentada para la
debida orientación del trámite de ejecución. El numeral 2° del artículo 442 del Código
General del Proceso, aplicable por remisión del artículo 298 del CPACA, dispone que,
tratándose del cobro de obligaciones contenidas en una providencia judicial, "sólo
podrán alegarse las excepciones de pago, compensación, confusión, novación, remisión, prescripción
o transacción, siempre que se basen en hechos posteriores a la respectiva providencia, la de nulidad
por indebida representación o falta de notificación o emplazamiento y la de pérdida de la cosa debida".
Se trata de un listado taxativo y no meramente enunciativo, en razón de la necesidad
de preservar la cosa juzgada y la seguridad jurídica que emana de los títulos de
origen judicial.

56. Bajo ese entendido, ni la excepción de falta de legitimación en la causa por
pasiva, ni la denominada excepción genérica o innominada (alegada por el ente
territorial en su contestación) figuran entre los medios exceptivos taxativamente
autorizados por el numeral 2° del artículo 442 del CGP, frente a títulos ejecutivos
judiciales, por lo que, en estricto rigor procesal, su formulación resultaba ajena al
cauce que la norma prevé para esta clase de ejecuciones. Sin perjuicio de lo anterior,
y dado que, ninguna de las partes cuestionó la procedencia misma de dichas

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excepciones sino el mérito de su resolución de fondo, la Sala se abstiene de
pronunciarse oficiosamente sobre su admisibilidad en este caso concreto, pero
considera oportuno llamar la atención del Tribunal de origen, para que en lo sucesivo,
al tramitar excepciones frente a títulos ejecutivos de origen judicial, verifique con
especial cuidado su encuadramiento dentro del listado taxativo del artículo 442-2 del
CGP, en guarda de la naturaleza especial y restrictiva de la defensa que la ley
concede al ejecutado en estos casos.

2.5.3 Conclusión

57. Analizados los cargos formulados en el recurso de apelación, la Sala concluye
que, ninguno de ellos prospera ni logra desvirtuar la legalidad de la sentencia de 8
de julio de 2025. La excepción de compensación no está llamada a prosperar, pues,
la entidad ejecutada no acreditó el acto administrativo de liquidación ejecutoriado que
exige el artículo 99-1 del CPACA y, en todo caso, la mayor parte de la cartera
invocada como contra crédito resultó prescrita por decisión de la propia entidad
acreedora, lo que le resta la certeza y liquidez que exige el artículo 1715 del Código
Civil. Y la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva no encuentra
respaldo en la doctrina y el precedente invocados, por tratarse de un supuesto fáctico
distinto al allí resuelto, resultando en cambio aplicable la responsabilidad subsidiaria
del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, en su condición de creador
y liquidador de la extinta entidad.

58. Siendo así las cosas, habrá de confirmarse en su integridad la sentencia apelada.

2.6 Condena en costas

59. No habrá lugar a condena en costas en esta instancia por no reunirse los
presupuestos exigidos en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, en concordancia
con el artículo 365 del Código General del Proceso.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda - Subsección B, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

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PRIMERO: CONFIRMAR en su integridad la sentencia de ocho (8) de julio de Dos
Mil Veinticinco (2025), proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de
Decisión Oral, Sección “B”, de conformidad con las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Sin costas en esta instancia.

Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal
de origen.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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