Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 08001-23-31-000-2006-00333-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 08001-23-31-000-2006-00333-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 08001-23-31-000-2006-00333-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
25 de julio de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO AMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., veinticinco (25) de julio de dos mil veinticuatro (2024)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 08001233100020060033301
ACCIÓN: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
ACTORA: ORGANIZACIÓN CLÍNICA GENERAL DEL NORTE
S.A.
TESIS: SE CONFIRMA LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA, POR
CUANTO LA PARTE APELANTE NO CUMPLE CON LA CARGA
ARGUMENTATIVA MÍNIMA EN LA SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE
APELACIÓN QUE PERMITA PONER EN TELA DE JUICIO LOS
FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN ADOPTADA POR EL TRIBUNAL, DE
DECLARAR LA NULIDAD PARCIAL DE LOS ACTOS ACUSADOS.
REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto
por la demandada, CAJANAL S.A. EPS en Liquidación, contra
la sentencia de 1º de septiembre de 2017, proferida por el
Tribunal Administrativo del Atlántico, por medio de la cual se
declaró la nulidad parcial de las siguientes resoluciones
expedidas por la mencionada entidad de previsión social: 291
de 8 de noviembre de 2005, 300 de 15 de noviembre de
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Número único de radicación: 08001233100020060033301
Actora: ORGANIZACIÓN CLÍNICA GENERAL DEL NORTE S.A.
2005, 995 de 27 de diciembre de 2006, 149 de 13 de
marzo de 2007, 184 de 30 de marzo de 2007 y 211 de
20 de abril de 2007, resoluciones que quedaron modificadas
como consecuencia de las decisiones que recayó sobre las
mismas.
I.- ANTECEDENTES
I.1- PRETENSIONES
La actora solicitó que, previo el adelantamiento del trámite a
que haya lugar, esta jurisdicción proceda a:
“[…] 1. Declarar la nulidad de la Resolución núm. 291
de 08 de noviembre de 2005 por la cual se decide
sobre las reclamaciones de crédito presentadas
oportunamente contra CAJANAL S.A. E.P.S. EN
LIQUIDACION.
2. Declarar la nulidad de la Resolución núm. 300 de
15 de noviembre de 2005, por la cual se aclara el
considerando 9.6 de la Resolución 291 de 8 de
noviembre de 2005.
3. Declarar la nulidad de la Resolución núm. 995 de
27 de diciembre de 2006 por la cual se resuelve el
recurso de reposición interpuesto por la sociedad
Organización Clínica General del Norte S.A. contra las
Resoluciones 291 de 08 de noviembre de 2005 y 0300
de 15 de noviembres de 2005, expedidas dentro del
proceso de liquidación de CAJANAL S.A. E.P.S. en
Liquidación.
4. Declarar la nulidad de la Resolución núm. 149 de
13 de marzo de 2007, por la cual se resuelve el
recurso de reposición interpuesto por la sociedad
Organización Clínica General del Norte S.A., contra las
Resoluciones núm. 995 de 27 de diciembre de 2006,
acto administrativo que resolvió el recurso de
reposición interpuesto por dicha entidad contra las
Resoluciones 291 de 8 de noviembre de 2005 y 300
de 15 de noviembre de 2005, expedidas dentro del
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proceso de liquidación de CAJANAL S.A. E.P.S. en
Liquidación. […]”.
Que, como consecuencia de las anteriores declaraciones, a
título de restablecimiento del derecho, solicita que se ordene
pagar solidariamente a CAJANAL S.A. E.P.S. EN LIQUIDACIÓN-
FIDUAGRARIA- LA NACION MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN
SOCIAL en favor de la ORGANIZACIÓN CLÍNICA GENERAL DEL
NORTE, la suma de $1.594.710.947.00, por concepto del no
pago de acreencias demostradas dentro del proceso
liquidatario y otras evidenciadas en desarrollo de la actuación
administrativa, y que en total ascienden al valor antes
mencionado o al que llegare a establecerse en el desarrollo del
proceso. Asimismo:
• Declarar que la demandante no está obligada a pagar a las
demandadas la suma total de $7.054.329.484.
• Declarar que la demandante no está obligada a pagar a las
demandadas la suma total de $5.879.905.643,15.
• Condenar a la demandada a pagar perjuicios morales a la
demandante, en la suma de (250) salarios mínimos vigentes al
momento de dictar la sentencia.
• Ordenar los ajustes monetarios y el pago de intereses de acuerdo
con lo previsto en el artículo 178 del Código Contencioso
Administrativo, en los valores que así lo requieran.
• Condenar en costas a la demandada.
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Mediante escrito de 31 de julio de 2007, se adicionó la
demanda a efectos de solicitar lo siguiente:
“[…] Declarar la nulidad de la Resolución núm. 184 de
30 de marzo de 2007, que en su parte resolutiva
dispuso, en el artículo primero: Señalar un período
hasta un (1) mes, contado a partir del día siguiente a
la fecha en que quede en firme la presente resolución,
para realizar la restitución del cien por ciento (100%)
del valor reconocido a la reclamaciones excluidas de la
masa; el pago del cien por ciento (100%) del valor de
los créditos del cuarto y sexto órdenes reconocidos
frente a las reclamaciones de la primera clase y el cien
por ciento (100%) de los valores reconocidos a las
reclamaciones de la quinta clase de la masa de las
acreencias oportunas reconocidas en la Resolución
núm. 291 del 8 de noviembre de 2005, aclarada por la
resolución 0300 de 15 de noviembre de 2005, y los
demás actos administrativos expedidos por la
liquidadora de CAJANAL S.A. EPS en los cuales se
aclaran y modifican los valores, que se encuentren y/o
queden ejecutoriadas durante el período de pago
señalado en la resolución.
Se declare la nulidad de la Resolución 000211 de 20
de abril de 2007, por la cual se resuelve el recurso de
reposición interpuesto por la Organización Clínica
General del Norte contra la Resolución 184 de 30 de
marzo de 2007, acto administrativo que ordenó la
restitución de los dineros excluidos de la masa y el
pago del cuarto y sexto órdenes de los créditos de la
primera clase de la masa dentro proceso de
liquidación, expedida dentro del proceso de liquidación
de CAJANAL S.A. EPS, emitida por la liquidadora María
Fanny Santamaria Tavera. […]”.
I.2. HECHOS
Como supuestos fácticos de las pretensiones, la parte actora
expuso, en síntesis, los siguientes:
Que la ORGANIZACIÓN CLÍNICA GENERAL DEL NORTE
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S.A. (en adelante CLÍNICA DEL NORTE) le prestaba servicios
médicos y hospitalarios a los pacientes adscritos a CAJANAL
S.A. E.P.S.; que suscribieron un contrato de prestación de
servicios de salud, bajo la modalidad de FACTURACIÓN DE
EVENTOS-ENTIDAD PRIVADA, cuyo objeto consistió en que la
primera prestaba servicios de salud a la segunda; y que
CAJANAL se comprometió a pagar los servicios de salud
prestados dentro de los 60 días hábiles siguientes a la fecha de
presentación de la factura correspondiente.
Agregó que el contrato se cumplió de conformidad con lo
acordado por parte de la CLÍNICA DEL NORTE; que radicó
las cuentas de cobro por los servicios prestados a CAJANAL,
respecto a las cuales esta última no formuló objeciones ni
glosas médicas o jurídicas; y que ante el no pago de las
cuentas de cobro en mención procedió a promover las acciones
ejecutivas correspondientes.
Adujo que continuó prestando los servicios a CAJANAL, entidad
que cumplía con la obligación de pagar las facturas
respectivas, pero, solo parcialmente, quedando pendiente de
pago hasta la fecha la suma de $1.594.710947.
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Que mediante el Decreto 4409 de 30 de diciembre de 2004, el
Gobierno Nacional ordenó la liquidación y disolución de
CAJANAL y designó como liquidador a la sociedad
FIDUAGRARIA S.A., para lo cual se suscribió el contrato 00399
de 2004 con el Ministerio de la Protección Social.
Indicó que el Liquidador expidió la Resolución núm. 291 de
8 de noviembre de 2005, por la cual se decidieron unas
reclamaciones de crédito presentadas oportunamente contra
CAJANAL; y la Resolución 0300 de 15 de noviembre de
2005, por la cual se aclaró el considerando 9.6 de la
Resolución 291, expedida en el proceso liquidatario.
Sostuvo que el 2 de diciembre de 2005 la CLÍNICA interpuso
recurso de reposición contra las resoluciones 291 y 0300
para obtener su revocación, en cuanto se refiere a las partes
relacionadas con equivocadas glosas médicas y jurídicas
formuladas a sus oportunas reclamaciones.
Que CAJANAL en Liquidación, mediante la Resolución
0000995 de 27 de diciembre de 2006, por la cual se
resolvió el recurso de reposición, modificó, en la parte
resolutiva, las resoluciones 291 y 0300 y, en consecuencia,
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estableció como valor a reconocer la suma de $1.154.004, y
descontar por concepto de embargos la suma de
$5.829.908.315, decisión frente a la cual interpuso recurso de
reposición.
Agregó que dicho recurso fue resuelto por CAJANAL el 13 de
marzo de 2007 en la Resolución núm. 000149, mediante la
cual dispuso modificar la Resolución 995 de 27 de
diciembre de 2006 respecto al acreedor CLÍNICA DEL
NORTE, en el sentido de: establecer como valor a reconocer la
suma de $55.541.922; descontar por concepto de embargos la
suma de $3.574.322.325; descontar por concepto de pagos
por aseguradoras la suma de $483.590.564; descontar al
momento del pago la suma de $910.996.377 por concepto de
anticipos sin legalizar; y la suma de $268.953.476, por
concepto de deudores varios, los cuales podrán ser legalizados
hasta antes de ordenar el respectivo pago.
Sostuvo que CAJANAL S.A. EPS EN LIQUIDACIÓN y el
Ministerio de la Protección Social, -FIDUAGRARIA, durante el
desarrollo de toda la actuación administrativa y, en especial,
en la expedición de las resoluciones acusadas han desconocido
tanto la norma de carácter constitucional que prevé el debido
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proceso como las disposiciones del Código de Procedimiento
Civil, relacionadas con los títulos ejecutivos, la seguridad
jurídica y la cosa juzgada; y que le han ocasionado graves
perjuicios morales con ocasión del incumplimiento de las
mencionadas obligaciones.
I.3. NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
Señaló que con la expedición de los actos acusados CAJANAL
infringió los artículos 2°, 13, 23, 29, 89, 121, 125, 209 y 238
de la Constitución Política; 2°, 5°, 36, y 85 del Código
Contencioso Administrativo; 332, 488, 489 y siguientes del
Código de Procedimiento Civil; 1602 y 1603 del Código Civil; y
26, numeral 1, 27 y 50 de la Ley 80 de 1993, cuyo concepto
de violación lo sustentó, en síntesis, así:
Que CAJANAL incurrió en falsa motivación, al valorar
erróneamente los hechos en que fundamentó las decisiones
aquí demandadas, pues no tuvo en cuenta que los artículos 29
de la Constitución Política y 488 y 489 del Código de
Procedimiento Civil son normas de carácter superior, las cuales
no pueden ser derogadas mediante los actos administrativos
que dicha entidad expidió.
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Agregó que le aportó a la demandada todos los documentos en
los que se ponen de manifiesto los valores a cobrar, tal y como
se demostró en la vía gubernativa y se corroborará en el
proceso; que es evidente que en ningún momento está
reclamando nuevamente las acreencias que ya fueron objeto
de demanda judicial; y que los actos administrativos
demandados igualmente contienen una falsa o errónea
motivación, en cuanto pretenden desconocer el principio de la
cosa juzgada.
Indicó que CAJANAL tuvo la oportunidad de cuestionar las
obligaciones reclamadas dentro de los procesos ejecutivos
instaurados por la aquí demandante, los cuales se adelantaron
con sujeción a las formalidades propias del debido proceso y,
por consiguiente, garantizándosele su derecho de defensa.
Adujo que también existe una falsa o errónea motivación bajo
la perspectiva de que resulta improcedente que CAJANAL trate
de subsanar unas presuntas falencias cometidas en los
procesos ejecutivos y constituir un título ejecutivo a su
acomodo, desestimando el estudio realizado por la autoridad
judicial que conoció de dichas acciones, lo que, a su juicio,
está acorde con lo dispuesto en el artículo 309 del Código de
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Procedimiento Civil, norma según la cual la sentencia no es
reformable ni revocable por el juez que la profirió; y que
teniendo como soporte el principio de legalidad todo debe
estar sometido al imperio de la ley.
Para efectos de reforzar el concepto de violación, la
demandante trajo a colación algunos fundamentos doctrinales
y jurisprudenciales relacionados con el debido proceso, el
imperio de la ley y la cosa juzgada.
I.4. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
I.4.1. La sociedad FIDUCIARIA DE DESARROLLO
AGROPECUARIO S.A., en adelante, FIDUAGRARIA S.A., en
calidad de liquidadora de CAJANAL, por conducto de
apoderado, contestó la demanda 1 , oponiéndose a las
pretensiones, argumentando, en síntesis, lo siguiente:
Manifestó que ni FIDUAGRARIA S.A. ni los Fideicomisos que
administra han tenido relación alguna con la parte
demandante, pues como consecuencia de la extinción de
CAJANAL S.A. EPS, que en su momento fuera la contratante de
la CLÍNICA DEL NORTE, finalizó la relación que entre estas
existía.
1
Folios 456 a 461 del cuaderno núm. 2.
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Agregó que, consecuentemente, no puede haber ningún tipo
de derecho consolidado en cabeza de la demandante y a cargo
de la demandada FIDUAGRARIA S.A., debido a que no ha
tenido la condición de contraparte contratante, ni tampoco ha
sido subrogatoria y/o cesionaria de CAJANAL para los efectos
particulares pretendidos por la accionante en este asunto. De
ahí que no le consten la mayoría de los hechos, por lo que se
atiene a lo que resulte probado en el curso del proceso.
Propuso las excepciones de: inexistencia de la demandada;
inexistencia de relación entre la demandante LOURDES
ESTHER PARDO RIVERA y la demandada FIDUAGRARIA S.A.; y
falta de legitimación en la causa por pasiva.
I.4.2. El MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, a
través de apoderado, contestó la demanda 2 , oponiéndose a
que se efectúen las declaraciones y condenas solicitadas por la
parte actora en su contra, argumentando para ello lo
siguiente:
Indicó que no resultaba procedente que se le tuviera como
parte pasiva en el presente proceso, en razón de que CAJANAL
EPS no formó parte de su estructura orgánica, sino que era un
2
Folios 535 a 544 del cuaderno núm. 2.
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organismo vinculado, de modo que no fue este Ministerio el
que expidió los actos administrativos, mediante los cuales se
decidió sobre la reclamación de créditos presentados
oportunamente a la entidad de previsión social en liquidación.
Sostuvo que la CLÍNICA DEL NORTE no le prestó servicios
personales al Ministerio ni existió vínculo contractual entre
ambas entidades, por ello no le constan los hechos de la
demanda.
Agregó que CAJANAL EN LIQUIDACIÓN tuvo la responsabilidad
de revisar las acreencias reconocidas a la actora y, por ende,
fue la entidad que expidió los actos administrativos acusados,
de ahí que el Ministerio no tuvo injerencia ni intervención en el
proceso de liquidación.
Propuso las excepciones de “caducidad de la acción”;
“inexistencia del derecho”; “cobro de lo no debido”;
“imposibilidad jurídica para cumplir con las obligaciones
pretendidas”; “falta de legitimidad en la causa por pasiva”; y la
“innominada”.
I.4.3. La FIDUPREVISORA S.A., en su condición de vocera y
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administradora del Patrimonio Autónomo de Remanentes de la
extinta CAJANAL, por medio de apoderado, contestó la
demanda 3 , oponiéndose a todas y cada una de las
pretensiones, argumentando, en síntesis, lo siguiente:
Sostuvo que los actos administrativos, cuya nulidad se
pretende, fueron expedidos ajustados a derecho; que la acción
instaurada no es viable para el reconocimiento de perjuicios
morales; y se opuso a la condena en costas.
Indicó que la liquidación de CAJANAL culminó el 30 de marzo
de 2008, es decir que se extinguió antes de la notificación del
presente proceso.
Anotó que durante el proceso de liquidación de CAJANAL se
tuvieron en cuenta los mismos requisitos mínimos que, antes
del inicio de aquel, esta entidad exigía para el reconocimiento
de toda reclamación presentada en su contra; y que para
adelantar esa labor se sujetaron a las causales de tipo legal y
contable que con ocasión de su trámite era imprescindible
aplicar, dando como resultado los motivos de glosa que
calificaron el contenido de cada una de las reclamaciones
oportunamente allegadas.
3
Folios 607 a 622 del cuaderno núm. 2.
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Puso de presente que es regla del proceso liquidatario que los
acreedores aporten prueba siquiera sumaria de sus créditos.
De ahí que cuando se tratan de derechos incorporados en
títulos valores, les correspondía presentar el original del título
con sujeción a lo establecido en el artículo 23, literal a), del
Decreto 2211 de 2004; y que si esta exigencia se incumplía
por parte de aquellos, el liquidador debía expedir decisión
desfavorable a los intereses de quien tenía la carga de
suministrar tales pruebas.
Propuso las excepciones de ineptitud sustantiva de la
demanda; inexistencia del demandado; y cobro de lo no
debido.
II. FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA
El Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante sentencia de
1o. de septiembre de 2017, declaró la nulidad parcial de las
resoluciones acusadas, con fundamento en las consideraciones
que a continuación se sintetizan, así:
A juicio del a quo, el problema jurídico a resolver consistió en
lo siguiente: ¿Tiene derecho la actora a que se anulen las
resoluciones 291 de 8 de noviembre de 2005, 300 de 15 de
noviembre de 2005, 995 de 27 de diciembre de 2006, 149 de
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13 de marzo de 2007, 184 de 30 de marzo de 2007 y 211 de
20 de abril de 2007, proferidas por el Liquidador de Cajanal
S.A. EPS y en consecuencia se debe reconocer y pagar las
acreencias no reconocidas durante el proceso liquidatario de
tal entidad, en cuantía de $1.594.710.947, por cuanto
presuntamente incurrieron en falsa motivación, pues las
causales de glosa aplicadas eran infundadas?
¿Se debe declarar la nulidad de los actos administrativos en
mención, por cuanto los conceptos de descuentos de anticipos
sin legalizar, embargos, deudores varios y pago de
aseguradoras son improcedentes?
Seguidamente, el Tribunal, antes de resolver el problema
jurídico, procedió a desatar las excepciones propuestas por las
entidades demandadas, considerando al respecto, lo siguiente:
Sobre la inexistencia de legitimación por pasiva, propuesta
tanto por FIDUAGRARIA S.A., como por el Ministerio de la
Protección Social, consideró que ambas entidades demandadas
tienen plena legitimidad en el presente asunto. La primera, por
expedir, como liquidadora, los actos administrativos cuya
nulidad se pretende; y la segunda, en razón a lo dispuesto
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expresamente en el parágrafo 2° del artículo 18 del Decreto
4409 de 2004, que dispuso la liquidación de CAJANAL.4
Respecto a la excepción de inexistencia de la demandada
(CAJANAL), propuesta por FIDUAGRARIA S.A., consideró que
tampoco tenía vocación de prosperidad, pues, tal y como se
expuso al estudiar la excepción de no legitimación por pasiva
de FIDUAGRARIA S.A., ésta, en su calidad de liquidadora de
CAJANAL, debe asumir la defensa de los actos administrativos
por ella expedidos con ocasión del proceso de liquidación,
como en efecto ocurre en el presente caso, sin perder de vista
que en el supuesto de que se acceda al restablecimiento del
derecho será el MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
quien deba hacer efectiva la condena, por disposición expresa
del ya mencionado parágrafo 2º del artículo 18 del Decreto
4409 de 2004.
En relación con la excepción de caducidad de la acción,
propuesta por el MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, el
Tribunal estimó que el apoderado de la CLÍNICA GENERAL
DEL NORTE fue notificado personalmente del contenido de la
4
“[…] Parágrafo 2°. El Ministerio de la Protección Social asumirá, una vez culminada la
liquidación, los procesos judiciales y reclamaciones en que fuere parte Cajanal S.A., EPS, al
igual que las obligaciones derivadas de estos. […]”.
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Resolución núm. 211 de 20 de abril de 2007, el día 9 de
mayo de 2007, por lo que el término para demandar debía
contabilizarse a partir del 10 de mayo de 2007 y hasta el 10
de septiembre de 2007; y que como la adición de la demanda
fue presentada oportunamente, esto es el 31 de julio de 2007,
es claro que la alegada caducidad no se configuró, por ende,
dicha excepción tampoco prosperó.
Respecto a las excepciones de inexistencia del derecho,
imposibilidad jurídica de cumplir con las obligaciones
pretendidas y cobro de lo no debido, también propuestas por
el MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, señaló que no
prosperaban, pues, en el supuesto de acceder al
restablecimiento del derecho será dicho Ministerio el que debe
hacer efectiva la condena, por disposición expresa del
parágrafo 2º del artículo 18 del Decreto 4409 del 2004.
En cuanto a las excepciones planteadas por la
FIDUPREVISORA S.A., entidad que obra como vocera y
administradora del Patrimonio Autónomo de Remanentes de la
extinta CAJANAL, el a quo señaló:
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Ineptitud sustantiva de la demandada. Frente a esta
excepción sostuvo que, contra lo que sostiene la demandada,
el hecho de no aportar como anexo a la demanda el certificado
de existencia y representación legal de CAJANAL S.A. E.P.S.
EN LIQUIDACIÓN no deviene en la ineptitud de la demanda,
pues de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 del
CCA, su inciso 5º, no es necesario aportar prueba de la
existencia y representación de las personas de derecho
público.
Inexistencia del demandado. Sobre el particular, consideró
que dicha excepción no tenía vocación de prosperidad, toda
vez que en el presente asunto es claro que si bien CAJANAL
S.A. E.P.S. ya se encuentra debidamente liquidada; en la
normativa que reguló dicho proceso quedó claramente
establecido qué entidad o entidades debían responder frente a
las contingencias que tuvieran como origen un proceso
judicial, tal y como ya se expuso al momento de resolver la
excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva.
Cobro de lo no debido. Expresó que no se trata de una
excepción propiamente dicha, sino de un argumento de
defensa tendiente a oponerse a la prosperidad de las
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pretensiones de la demanda, lo cual está atado al estudio de
fondo del asunto.
Resuelta las excepciones, el Tribunal continuó con la
descripción de los hechos probados de conformidad con el
acervo probatorio allegado al expediente.
De las pruebas obrantes en el proceso, resaltó la Resolución
291 de 8 de noviembre de 2005 que, en su capítulo
noveno, fijó las condiciones para el rechazo de reclamaciones,
así:
i) Las reclamaciones extemporáneas: los acreedores debían
comparecer al proceso presentando reclamación en tiempo
para ser calificados y tenidos en cuenta en el orden de
graduación y calificación de créditos, pues, de conformidad
con los artículo 24 del Decreto 254 de 2000 y 25 del Decreto
2211 2004, el Liquidador sólo está facultado para pronunciarse
en la Resolución de graduación y liquidación, por lo que sobre
las extemporáneas y el pasivo cierto no reclamado, de acuerdo
con el artículo 29 ibidem, de ser posible, se pronunciaría en
etapa posterior;
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ii) Dudas sobre la validez de la reclamación: que de acuerdo
con el artículo 26 del Decreto 2211 de 2004, si el liquidador
dudare de la procedencia o validez de la reclamación la
rechazará;
iii) Necesidad sobre el proceso de auditoría: que se haría con
la finalidad de establecer si los valores reclamados son
compatibles y pertinentes con el servicio médico y lo
administrativo brindado;
iv) Carga y valor de los documentos: se dispuso que de
conformidad con el artículo 26 del Decreto 2211 de 2004, las
personas que se consideraran con derecho a reclamar debían
presentar prueba siquiera sumaria de sus créditos y si se
tratare de títulos valores, debía presentarse su original;
v) Rechazo por motivos de auditoría: que los motivos de glosa
son instrumentos para identificar, calificar y clasificar la
adecuada presentación de las cuentas; y que, de conformidad
con el artículo 7° del Decreto 1281 de 2002, se requiere la
autorización de servicios o contratos y la demostración de la
prestación; y
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vi) los motivos de glosas para cuentas asistenciales y
administrativas, relacionando los ítems.
Una vez precisado el marco normativo aplicable, el Tribunal
procedió a estudiar los motivos de glosa, de la siguiente
manera:
“[…] Las Resoluciones 291 y 300 de 2005, fijaron como motivos
de descuento, los siguientes:
CONCEPTO VALOR
Anticipos sin legalizar $357.389.994
Embargos $42.512.405.890
Saldo deudores varios: $583.741.990
La Resolución 995 de 27 de diciembre de 2006, por la cual se
resuelve el recurso de reposición de la actora contra las resoluciones
anteriores, fijó como nuevos descuentos los siguientes:
CONCEPTO Valor inicial Res. 995 de 2006 Total
Anticipos sin 357.389.994 $598.067.699 $955.457.693
legalizar
Embargos $42.512.405.890 -$38.789.517.2765 $3.722.888.613
Deudores Varios $583.741.990 $314.788.514 $268.953.476
Pagos $483.590.564 $483.590.564
seguradoras
5
Valor legalizado
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“Así mismo, se relacionaron las facturas objeto de recurso de
reposición, por valor de $154.269.822, indicándose que el total
reconocido sería cero.
“No obstante, en la parte resolutiva se indicó, entre otras cosas que,
i) el valor a reconocer sería la suma de $1.154.004;11) Descontar
por concepto de embargos la suma de $5.829.908.315; ii) descontar
al momento del pago por Anticipos sin legalizar: $955.457.693 y por
Deudores varios: $ 268.953.476 y; iv) que el proceso ejecutivo
0043-2003 que cursaba en el Juzgado Sexto Civil del Circuito, se
clasificaría como reclamación extemporánea.
La Resolución 149 de 13 de marzo de 2007, que resuelve el
recurso de reposición en contra de las nuevas glosas, por su parte
resolvió modificar la Resolución 995 de 2006, de la siguiente
manera:
CONCEPTO Valor Res.995 de Total Res.149 de
2006 2007
Valor reconocido $55.541.922
Anticipos sin legalizar $955.457.963 $910996.377
Embargos $.722.888.613 $3.574.322.325
Deudores varios $268.953.476 $268.953.476
Pagos a aseguradoras $483.590.564 $483.590.564
Seguidamente, el a quo se refirió a los ítems de descuento,
así:
-.DESCUENTOS POR EMBARGOS:
Indicó que la accionada, luego de la expedición de varias
resoluciones, determinó que por este concepto debía
descontarse la suma de $3.574.322.325.
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Que, por su parte, la sociedad actora aduce que no debe
descontarse suma alguna por este concepto, pues las
facturas cobradas en los procesos ejecutivos son
diferentes a las radicadas en el proceso liquidatario.
Adujo que de lo anterior y revisado el material probatorio
evidenció que, de conformidad con las certificaciones
expedidas por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Santa
Marta y el Sexto Civil del Circuito de Barranquilla,
efectivamente, los saldos por embargos no son descontables a
la sociedad CLÍNICA GENERAL DEL NORTE, como se dejó
constancia en tales documentos.
Para el Tribunal es claro que los saldos por embargos de los
procesos adelantados por la CLÍNICA DEL NORTE en contra
de CAJANAL, fueron destinados al pago de obligaciones
que estaban siendo ejecutadas judicialmente en otros
procesos por personas naturales y jurídicas diferentes a
ésta, pues, tal y como se dejó constancia, las mencionadas
sumas de dinero fueron remitidas a otros juzgados o se
pagaron pretensiones acumuladas en los procesos
relacionados.
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Sostuvo que los descuentos por embargos detallados en las
resoluciones demandadas, en especial, la 995 de 27 de
diciembre de 2006 y 149 de 13 de marzo de 2007, que
definieron este concepto de descuento, incluyen a favor de la
CLÍNICA DEL NORTE saldos que fueron usados para
obligaciones ajenas a ésta, lo cual coincide con lo
conceptuado en el peritaje 6 realizado por el auxiliar de la
justicia, razón por la que se considera que los descuentos por
embargos efectuados por el liquidador no se ajustaron a lo que
legalmente correspondía, lo que conduce a afirmar que el
mencionado descuento resulta improcedente y en ello deben
ser modificados los actos demandados.
-.ANTICIPOS SIN LEGALIZAR
En cuanto a los anticipos sin legalizar, señaló que el liquidador
determinó finalmente en la Resolución 149 de 2007, que se
debía descontar por este concepto la suma de $910.996.377.
Indicó que en el expediente obra como prueba, para
demostrar la devolución de anticipos, la comunicación de 3 de
noviembre de 2004 de la CLÍNICA DEL NORTE dirigida a
CAJANAL EPS, en la cual se hace referencia al cruce de
información de las consignaciones realizadas por esta última
6
Folios 705 a 747 del cuaderno 3.
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por este concepto, encontrándose que en el año 2003
únicamente se giraron $356.388.819, de los cuales: i)
$216.873.610 corresponden a anticipos cuyos pacientes
fueron atendidos y elaboró las correspondientes facturas,
señalando que se anexaban los soportes en los cuales no
obran las facturas, agregando que se anexaban los soportes,
los cuales no están en este expediente; ii) que $90.706. 047
corresponde a usuarios que no se atendieron, por cuanto no
asistieron a sus citas, razón por la que afirma que se hizo el
reintegro en un 100%, advirtiendo igualmente que se
anexaban los soportes, los cuales no obran en el plenario; y
iii) que $11.422.161 fueron reintegrados al no identificar el
nombre del usuario por el cual se generó el pago del anticipo,
indicándose también que se incluían los soportes, que tampoco
militan en autos.
Que, asimismo, obra comunicación de 3 de septiembre de
2004, en la que se deja constancia de que se realizaron las
devoluciones de los siguientes anticipos: i) la suma de
$298.158.915, por cuanto fueron recibidos para destinación
específica y no se pudo localizar al paciente al que debían
prestarse los servicios y, en otros casos, el paciente no se
presentó, conforme se demuestra con la copia del volante de
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consignación de 31 de agosto de 2004 de Bancolombia; ii) que
la suma de $152.486.130 corresponde a dineros recibidos
para destinación especifica, en los cuales se constató que el
valor de los servicios prestados resultaba inferior al valor
recibido, de acuerdo con la copia del volante de consignación
de 31 de agosto de 2004 de Bancolombia; iii) que el valor de
$84.324.311 corresponde a dineros recibidos para destinación
específica, en los cuales CAJANAL no precisó qué pacientes
debían atenderse con lo recibido, dejándose constancia de que
una vez se constató y se advirtió que los pacientes ya habían
sido atendidos y que los servicios ya habían sido cobrados a
través de procesos ejecutivos, se procede a su devolución,
como se acredita con la copia del volante de consignación de
31 de agosto de 2004 de Bancolombia; y iv) la suma de
$59.458.702 corresponde a dineros recibidos para destinación
específica, en los cuales CAJANAL no precisó qué pacientes
debían atenderse con lo recibido, por lo que se reintegra en un
100%, lo cual consta en la copia del volante de consignación
de 8 de septiembre de 2004 de Bancolombia.
En el peritaje se relaciona respecto a los anticipos sin legalizar,
lo siguiente:
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DETALLE VALOR
Sumas reintegradas por la demandante 233.152.663
Cifras no recibidas por la actora. No hay evidencia documental y 362.334.143
contable
Servicios de salud prestados y facturados. 430.001.15
Cifra registrada como descuento por la demandante 36.219.123
Registros aplicados por Cajanal -150711.267
Valor de la Resolución 149 910.996.377
De acuerdo con lo anterior, el Tribunal señaló que se
encuentra demostrado que la CLÍNICA DEL NORTE reintegró
por concepto de anticipos la suma de $549.459.058, por
cuatro conceptos, mediante cuatro consignaciones, por las
sumas de $298.158.915, $152.486.130, $84.324.311 y
$59.458.702.
Agregó que los descuentos por este concepto deben reducirse
al valor de $361.537.319, por cuanto a la suma determinada
en las resoluciones demandadas, esto es, $910.996.377,
deben descontarse los valores sobre los cuales se demostró su
reintegro $549.459.058, resultando la mencionada diferencia a
pagar, por lo que ordenó la modificación de las resoluciones
demandadas en lo concerniente al concepto de descuento de
anticipos sin legalizar.
-. DEUDORES VARIOS
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Sobre el particular, manifestó que el descuento de deudores
varios no será modificado por no sustentarse ni acreditarse los
motivos por los cuales este rubro debía ser revocado.
-. PAGOS A ASEGURADORAS
Al respecto, sostuvo que al analizar las resoluciones
demandadas, en especial la núm. 149 de 13 de marzo de
2007, en la cual aparece inicialmente el descuento por este
concepto, las mismas adolecen del vicio de falta de
motivación, comoquiera que en la parte motiva nada se
sustenta al respecto, pues únicamente se hace mención del
tema en la parte resolutiva, lo que conduce a la nulidad parcial
de los actos acusados en relación con dicha deducción,
ordenándose la inaplicación de esta última.
-. DE LAS GLOSAS
Reiteró que en las resoluciones acusadas se reconoció en favor
de la CLÍNICA DEL NORTE la suma de $55.541.922,
mientras que esta manifiesta que lo que debe reconocerse
dentro del proceso liquidatorio, por concepto de no pago de
sus acreencias, es la suma de $1.594.710.947.
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Advirtió que en el expediente no obra prueba alguna de que
efectivamente las glosas aplicadas no se ajustaban a lo que
legalmente corresponde, pues la parte actora se encargó
simplemente de cuestionar dichas glosas, sin acompañar
ninguna evidencia que permita efectuar el respectivo control
de legalidad de estas en el sentido pretendido, incumpliendo
así con la carga probatoria que le asistía para desvirtuar los
conceptos de glosa aplicados por el liquidador de CAJANAL,
pues bien pudo aportar la información contable de las
obligaciones y los soportes que acreditan la prestación que
afirma haber realizado.
Concluyó que a la demandante no debió descontársele al
momento del pago de los valores reconocidos a su favor en los
actos acusados la suma de $3.574.322.325, por concepto de
embargos, ni la suma de $483.590.564, por concepto de pago
a aseguradoras y, por el contrario, sí debe descontársele la
suma de $361.537.319, por concepto de anticipos sin
legalizar.
Conforme con las anteriores consideraciones, el Tribunal
declaró la nulidad parcial de las resoluciones 291 de 8 de
noviembre de 2005, 300 de 15 de noviembre del 2005,
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995 de 27 de diciembre de 2006, 149 de 13 de marzo de
2007, 184 de 30 de marzo de 2007 y 211 de 20 de abril
de 2007 y, como consecuencia de lo anterior, ordenó su
modificación, en el siguiente sentido:
Concepto Resoluciones Esta sentencia
Valor reconocido $55.541.922 $55.541.922
Anticipos sin legalizar $910.996.377 $361.537.319
Embargos $3.574.322.325 $0
Deudores Varios $268.953.476 $268.953.476
Pagos a aseguradoras $483.590.564 $0
Así las cosas, se restableció el derecho en favor de la
demandante con relación a los valores que no deben
descontársele. En lo demás, denegó las pretensiones de la
demanda y se abstuvo de condenar en costas.
III.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN
La FIDUPREVISORA S.A., en su calidad de vocera y
administradora del patrimonio autónomo de CAJANAL S.A. EPS
en Liquidación, apeló la sentencia de 1º de septiembre de
2017, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico,
que declaró no probadas las excepciones propuestas y la
nulidad parcial de las resoluciones acusadas.
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En sustento de su inconformidad alegó, en síntesis, lo
siguiente:
Inició su escrito describiendo in extenso aspectos relativos al
proceso de liquidación, como es el caso de la norma aplicable
con respecto a las atribuciones del liquidador de rechazar las
reclamaciones si duda de su procedencia o validez, facultad
que no puede ser ejercida de manera arbitraria, conforme lo
dispone el parágrafo del artículo 26 del Decreto 2211 de 2004,
aplicable por remisión expresa del Decreto 254 de 2000
(norma que regula la liquidación de entidades públicas).
Insistió en que las reclamaciones a CAJANAL en Liquidación se
resolvieron de manera objetiva de acuerdo con lo dispuesto en
la Resolución 291 de 2005, cuyas consideraciones generales
transcribió ampliamente, concluyendo que las decisiones
respectivas tuvieron en cuenta los mismos requisitos exigidos
por la entidad de previsión antes de su liquidación.
Cuestionó la aplicación del principio constitucional de la buena
fe en esta clase de procesos, cuando las reclamaciones de los
acreedores no cumplían con los requisitos legalmente exigidos
para la validez de las mismas.
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Destacó los “Deberes y Obligaciones generales del Liquidador”,
teniendo en cuenta las características y principios del proceso
liquidatorio, de acuerdo con los Decretos 254 de 2000, 4409
de 2004 y el Decreto Ley 663 de 1993, artículo 293, en lo
concerniente a (i) la obligación de proteger la masa de
garantía de los acreedores, (ii) la obligación de ejercer
acciones para la defensa del patrimonio público, (iii) el deber
de proponer excepciones de carácter judicial, (iv) el deber de
rechazar las acreencias respecto de las cuales se haya
cumplido el término de prescripción o caducidad y (v) el deber
de calificar en debida forma los créditos reclamados.
En lo que toca, específicamente, con el asunto sub judice, es
decir, con lo que adujo el Tribunal como fundamento de su
decisión de declarar la nulidad parcial de los actos acusados y
el motivo de la discrepancia con la argumentación respectiva,
la apelante se limitó a señalar que en el fallo objeto de
impugnación el a quo dijo textualmente lo siguiente: “[…] De
conformidad con lo anterior, es meridianamente claro que, en
cuanto a la carga probatoria que le correspondía al solicitante
de la reclamación o crédito dentro del proceso liquidatario, se
puede afirmar que la misma fue incumplida en el sub iudice
pues no obra elemento de convicción alguno que permita
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estudiar si las glosas aplicadas por el liquidador se
configuraban o no, pues si bien es cierto, en el peritaje
realizado por el auxiliar de la justicia se relaciona la obligación
de pago de la entidad liquidada, no es menos cierto que, no se
encuentra sustentado en elementos probatorios que se
encuentren aportados en el plenario, lo cual nos conduce a
concluir que ante tal falencia, la presunción de legalidad de la
que gozan los actos administrativos demandados, en cuanto a
las glosas aplicadas a las facturas presentadas por la
Organización Clínica General del Norte, deben permanecer
incólumes […]”.
Puntualizó que las sumas que se ordenan reconocer obedecen
a glosas impuestas dentro del proceso liquidatario a las
facturas presentadas y que las mismas se encuentran
debidamente probadas y no fueron susceptibles de ser
levantadas.
En lo relacionado con los descuentos por embargo, expresó
que el pronunciamiento del Tribunal no realiza un estudio
profundo de lo que estos significan, pues se limita a señalar
que no son procedentes sin tener en cuenta los conceptos de
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las medidas cautelares que se encuentran plenamente
probados dentro del proceso liquidatario.
Concluyó en que, de acuerdo con los argumentos de defensa
expuestos, es evidente que ninguna de las pretensiones puede
prosperar, toda vez que no se ha desvirtuado la presunción de
legalidad de los actos administrativos demandados, por lo que
el fallo proferido por la primera instancia debe ser revocado y,
en consecuencia, exonerar de responsabilidad a la parte
demandada.
IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
• La parte demandante en su escrito de alegatos7, solicitó, en
síntesis, la confirmación del fallo de primera instancia, y que
se condene a la demandada en costas procesales que incluyan
agencias en derecho.
• La parte demandada en su escrito de alegatos 8 reiteró los
mismos argumentos esgrimidos en el recurso de apelación.
• El Ministerio Público en esta oportunidad guardó silencio.
7
Folio 8 a 12 del cuaderno 4.
8
Folio 13 a 16 del cuaderno 4.
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V.- CONSIDERACIONES
Actos administrativos demandados
Los actos administrativos cuya nulidad parcial se pretende a
través del medio de control de la referencia, son:
• La Resolución núm. 291 de 08 de noviembre de 2005,
por la cual se decide sobre las reclamaciones de crédito
presentadas oportunamente contra CAJANAL S.A. E.P.S. EN
LIQUIDACION.
• La Resolución núm. 300 de 15 de noviembre de 2005,
por la cual se aclara el considerando 9.6 de la Resolución núm.
291 de 8 de noviembre de 2005.
• La Resolución núm. 995 de 27 de diciembre de 2006,
por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por
la Sociedad Organización Clínica General del Norte contra las
Resoluciones núms. 291 de 8 de noviembre de 2005 y 300 de
15 de noviembre de 2005, expedidas dentro del proceso de
liquidación de Cajanal S.A. EPS en Liquidación.
• La Resolución núm. RPA 149 de 13 de marzo de 2007,
por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por
la Sociedad Organización Clínica General del Norte contra la
Resolución núm. 995 de 27 de diciembre de 2006, acto
administrativo que resolvió el recurso de reposición
interpuesto por dicha entidad contra las Resoluciones 291 de 8
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de noviembre de 2005 y 300 de 15 de noviembre del 2005,
expedidas dentro del proceso de liquidación de Cajanal S.A.
EPS en Liquidación.
• La Resolución núm. 184 de 30 de marzo de 2007 que
en su parte resolutiva dispuso, en el artículo primero: señalar
un periodo hasta de un (1) mes, contado a partir del día
siguiente a la fecha en que quede en firme la presente
resolución, para realizar lo restitución del cien por ciento
(100%) del valor reconocido a las reclamaciones excluidas de
la masa; el pago del cien por ciento (100%) del cuarto (4°) y
sexto (6°) orden, de los valores reconocidos a las
reclamaciones de la primera clase y el cien por ciento (100%)
de los valores reconocidos a las reclamaciones de la quinta
clase de la masa de las acreencias oportunas reconocidos en la
Resolución núm. 300 de 15 de noviembre de 2005 y los demás
actos administrativos expedidos por la liquidadora de Cajanal
S.A. ESP en liquidación en los cuales se aclaran y modifican
valores, que se encuentren y/o queden ejecutoriadas durante
el periodo de pagos señalados en la presente resolución.
• La Resolución núm. 211 de 20 de abril de 2007, por la
cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por la
Organización Clínica General del Norte contra la Resolución
núm. 184 de 30 de marzo de 2007, acto administrativo que
ordenó la restitución de los dineros excluidos de la masa y el
pago del cuarto (4°) y sexto (6°) orden de los créditos de la
primera clase de la masa dentro del proceso de liquidación,
expedida dentro del proceso de liquidación de Cajanal S.A.
EPS en Liquidación.
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OBJETO DEL LITIGIO
La actora pretende que se declare la nulidad de las
resoluciones acusadas, expedidas por el liquidador de
CAJANAL S.A. EPS en Liquidación, que decidieron sobre las
reclamaciones de créditos presentados oportunamente dentro
del proceso de liquidación y que, a su juicio, están incursas en
la causal de falsa motivación; y, como consecuencia, a modo
de restablecimiento del derecho, se ordene pagar
solidariamente a CAJANAL S.A. EPS en Liquidación, a la
Fiduagraria SA y a la Nación-Ministerio de la Protección Social,
la suma de $1.594.710.947, por concepto del no pago de unas
acreencias dentro del proceso liquidatorio y otras aportadas en
desarrollo de la actuación administrativa.
Por su parte, la parte demandada adujo que los actos
acusados se ajustaron a las leyes que rigen la materia, en
especial, aquellas que regulan el proceso de liquidación,
además de que durante el proceso de liquidación de CAJANAL
se exigieron los mismos requisitos mínimos que la entidad
estableció durante su vigencia para el reconocimiento de toda
reclamación que contra ella se presentaba; y que,
adicionalmente, se incorporaron al proceso liquidatorio las
exigencias de tipo legal y contable válidamente establecidas,
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como es la regla de que los acreedores deben aportar prueba
siquiera sumaria de sus créditos y si se trata de derechos
incorporados en títulos valores, presentar el original del
documento.
El Tribunal, luego del análisis de las normas que regulan la
materia y de las pruebas que obran en el plenario, concluyó en
que a la demandante, ORGANIZACIÓN CLÍNICA GENERAL
DEL NORTE, no debe descontársele al momento del pago de
valores reconocidos a su favor la suma de $3.574.322.325,
por concepto de embargos, ni la suma de $483.590.564, por
concepto de pagos a las aseguradoras y que, por el contrario,
sí debe descontársele la suma de $361.537.319.00, por
concepto de anticipo sin legalizar, por lo que declaró la nulidad
parcial de las resoluciones 291 de 8 de noviembre de
2005, 300 de 15 de noviembre de 2005, 995 de 27 de
diciembre de 2006, 149 de 13 de marzo de 2007, 184 de
30 de marzo de 2007 y 211 de 20 de abril de 2007. Como
consecuencia de lo anterior, modificó las mencionadas
resoluciones en el siguiente sentido:
Concepto Resoluciones Esta sentencia
Valor reconocido $55.541.922 $55.541.922
Anticipos sin legalizar $910.996.377 $361.537.319
Embargos $3.574.322.325 $0
Deudores Varios $268.953.476 $268.953.476
Pagos a aseguradoras $483.590.564 $0
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Ahora bien, la inconformidad de la apelante frente a la
sentencia de primera instancia, como quedó visto, se
circunscribió a los siguientes aspectos:
Que el no reconocimiento de algunas acreencias obedeció a
glosas impuestas dentro del proceso liquidatario a las facturas
presentadas; y que las mismas se encuentran debidamente
probadas dentro del expediente, glosas que no fueron
susceptibles de ser levantadas.
Que frente a los descuentos por embargo, el pronunciamiento
del Tribunal no contó con un estudio profundo de los
mismos y se limitó a señalar que no resultaban procedentes,
sin tener en cuenta el concepto de las mismos.
Que ninguna de las pretensiones podía prosperar, toda vez
que no se desvirtuó la presunción de legalidad de los actos
administrativos demandados y, en consecuencia, el fallo
impugnado debía ser revocado para exonerar de
responsabilidad a la parte demandada.
Teniendo en cuenta los argumentos específicamente
esbozados por el recurrente, corresponde a la Sala determinar
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si tal y como lo consideró el Tribunal debe declararse la
nulidad parcial de los actos administrativos acusados y, en
consecuencia, confirmar la sentencia o, de no ser así, proceder
a su revocatoria o modificación.
CASO CONCRETO
Del escrito contentivo del recurso de apelación fácilmente se
extrae que, en lo fundamental, el recurrente se limita a
reiterar que los actos acusados se ajustaron a la legalidad y a
destacar la falta de análisis que, en su opinión, se predica del
Tribunal a quo en cuanto no profundizó en el tema de los
descuentos por embargo y que por ello ninguna de las
pretensiones de la demanda debió prosperar.
Sobre el particular, la Sala advierte que el fallo impugnado
claramente resalta y explica que en el expediente aparece
demostrado, con base en las certificaciones expedidas por el
Juzgado Quinto Civil del Circuito de Santa Marta y Sexto Civil
del Circuito de Barranquilla, que, efectivamente, los saldos por
concepto de embargos no son descontables a la sociedad
CLÍNICA GENERAL DEL NORTE, teniendo en cuenta que
estos fueron destinados al pago de obligaciones que estaban
siendo ejecutadas judicialmente en otros procesos por
personas naturales y jurídicas diferentes a la Clínica
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demandante, lo cual coincide con lo que señaló en el
dictamen pericial practicado por el auxiliar de la justicia que
actuó en el proceso.
De ahí que el rubro de $3.574.322.325, a que aluden los actos
acusados, no pueda ser tenido en cuenta por la demandada
para efecto de descontárselo a la demandante bajo el
entendido equivocado de que fue esta la que recibió tales
dineros.
El Tribunal consideró que la actora no demostró tener derecho
a que se le reconociera la suma de $1.594.710.947,
reclamada por concepto de no pago de acreencias por
servicios médicos prestados a afiliados de CAJANAL, toda vez
que no acompañó al expediente los distintos soportes que
demostraran tales acreencias, a efectos de cumplir con la
carga probatoria que le correspondía tendiente a desvirtuar las
glosas formuladas al respecto por la liquidadora de dicha
entidad.
En cuanto a los anticipos por legalizar, el juzgador de primera
instancia sostuvo que obraba en el expediente prueba de la
devolución de anticipos que hizo la actora en la suma de
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$549.459.058, en virtud de cuatro consignaciones bancarias
allegadas al expediente por: $298.158.915, $152.486.130,
$84.324,311 y $ 59.458.702. De ahí la razón por la cual
ordenó descontar de la suma $910.996.377, indicada en los
actos acusados, la suma de $549.459.058, con lo cual se
redujo la suma a descontar a la diferencia resultante, esto es,
la suma de $361.537.319.
En cuanto al concepto de deudores varios, el Tribunal no
atendió lo reclamado por la parte demandante argumentando
que la solicitud respectiva carecía de sustentación.
Finalmente, en cuanto a la deducción por concepto de pago a
aseguradoras por valor de $483.590,564, que la parte actora
cuestionó, fue dejada sin efecto por el a quo con el argumento
de que se incurrió en la causal de nulidad denominada falta de
motivación, en la medida en que los actos acusados no
fundamentaron en lo más mínimo la razón de ser de la misma.
De lo que ha quedado reseñado resulta evidente para la Sala
que la sentencia de primera instancia sí fundamentó
debidamente la decisión tanto de acceder a algunas de las
pretensiones de la demanda, como la de desechar otras.
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Como ya se dijo, la recurrente se limitó afirmar que no se hizo
un estudio profundo del tema relacionado con los remanentes
de los embargos no descontados; sin embargo, no expuso
elemento de juicio alguno tendiente a cuestionar las pruebas o
a refutar las consideraciones en que sustentó el Tribunal su
decisión.
En efecto, no señaló ninguna razón por la cual, a su juicio, no
era cierto el contenido de las certificaciones emanadas de los
juzgados laborales del circuito de Santa Marta y Barranquilla,
ni adujo razón alguna para que en esta instancia se
desconozca el peritaje rendido en el proceso sobre el
particular.
Igualmente, del análisis del contenido del escrito de apelación
se desprende que la recurrente, en lo pertinente, se limitó a
transcribir apartes de la sentencia que en modo alguno lo
desfavorecían, pues, precisamente, tales apartes hacen
referencia a los motivos por los cuales el Tribunal denegó las
pretensiones de la parte actora relacionadas con las glosas a
las acreencias que no fueron debidamente comprobadas.
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Así pues, la Sala estima que la argumentación de la apelante
no da lugar a obtener la revocatoria de la sentencia recurrida,
sino a su confirmación, como quiera que ha sido criterio
reiterado de la Sala exigir al impugnante la carga de formular
censuras concretas a la sentencia que controvierte y no
limitarse a hacer una simple manifestación de disenso. Es así
como en sentencia de 16 de julio de 2015 9 , que reitera las
sentencias de 3 de julio y 14 de septiembre de 2014 (núms.
único de radicación 2500023240002004-00228-01) y
2500123240002007-90029-01), la Sección sostuvo:
“[…] Efectivamente, constata la Sala que el libelo de
impugnación se limita en esencia a transcribir y
ampliar los argumentos de la contestación de la
demanda, sin efectuar ningún reparo concreto ni
sustentar las razones específicas de su inconformidad
con la decisión apelada. Así, en lugar de controvertir
aspectos particulares de la decisión del Tribunal o de
sus fundamentos, el apelante se limita a refutar, una
vez más, los cargos presentados en la demanda,
ampliándolos ocasionalmente […]
La Sala reitera a este respecto las consideraciones
expuestas en las sentencias de 3 de julio 30 y 4 de
septiembre de 2014, mediante la cual se denegó un
recurso de apelación debido a las falencias
argumentativas que presentaba. Al efecto precisó lo
siguiente:
“7.1.3.- Según se desprende del artículo 350 del C. P.
C. al que se acude por remisión expresa del artículo
267 del C. C. A., el recurso de apelación tiene por
objeto “que el superior estudie la cuestión decidida en
la providencia de primer grado y la revoque o
9
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 16
de julio de 2015, C.P. Guillermo Vargas Ayala, núm. único de radicación 0800123310002009-
008844-01.
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reforme”. Por otra parte, el artículo 212 del C. C. A.
modificado por el artículo 67 de la Ley 1395 de 12 de
julio de 2010, impone a quien haga uso del recurso
que sustente el mismo, esto es, que exponga las
razones de su inconformidad con la decisión de
primera instancia. Bajo los parámetros normativos
aludidos, resulta fácil concluir que el recurso de
apelación se encuentra establecido para que el
afectado con una decisión judicial le formule reparos,
inconformidades o cuestionamientos, lo que conlleva
que la parte que lo interponga dirija su sustentación a
esos aspectos. Esta posición ha sido prohijada por la
Sala de tiempo atrás, y fue reiterada recientemente
en la sentencia del 13 de marzo de 2013 al resolver el
recurso de apelación dentro del radicado No. 2006-
01241. En dicha ocasión, la Corporación se permitió
confirmar la línea jurisprudencial que ha seguido en
este aspecto en los siguientes términos: “Sobre el
punto de la sustentación del recurso de apelación,
esta Corporación ha precisado lo siguiente: “Si bastara
al recurrente afirmar en todos los casos, al impugnar
una decisión judicial, que se atiene a lo afirmado y
sostenido en el curso de la instancia, sobraría en
absoluto la exigencia perentoria contenida en el inciso
segundo del artículo 212 del C.C.A. La necesidad de
que el recurrente aporte argumentos en contra
de los fundamentos del fallo apelado, los cuales
constituyen la base de estudio de la decisión de
segundo grado, es reafirmado por el inciso
subsiguiente al sancionar con la deserción del
recurso la omisión del requisito en estudio. Al no
haber expuesto el recurrente las razones que
motivaron su disconformidad con las motivaciones y
conclusiones de la sentencia que puso fin a la primera
instancia, no le es permitido al ad quem hacer un
nuevo estudio de fondo acerca de las pretensiones
invocadas, sin incurrir en palmario quebranto de la
norma procedimental que exige la debida sustentación
del recurso de apelación.” (Sentencia de 6 de junio de
1987, Exp: 338, C.P.: Dr. Samuel Buitrago Hurtado)
En otra oportunidad, señaló: “Tal exigencia implica
que el recurrente en el escrito de sustentación señale
el ámbito o marco procesal a que debe circunscribirse
el juez ad quem para decidir el recurso. La
competencia de éste queda pues limitada a confrontar
la providencia recurrida con los motivos de
inconformidad aducidos por el recurrente. No puede,
por consiguiente, el juez de segundo grado analizar la
providencia recurrida en aspectos diferentes a los
controvertidos en el escrito de sustentación del
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recurso.” (Sentencia de 17 de julio de 1992, Exp:
1951, C.P.: Dr. Ernesto Rafael Ariza Muñoz)
Posteriormente, manifestó: De acuerdo con la
jurisprudencia. “… el deber de sustentar este recurso
(el de apelación) consiste precisa y claramente en dar
o explicar por escrito la razón o motivo concreto que
se ha tenido para interponer el recurso, o sea para
expresar la idea con un criterio tautológico, presentar
el escrito por el cual, mediante la pertinente crítica
jurídica, se acusa la providencia recurrida a fin de
hacer ver su contrariedad con el derecho y alcanzar
por ende su revocatoria o modificación.” (Corte
Suprema de Justicia, Providencia de agosto 30 de
1984, M.P. Dr. Humberto Murcia Ballén, Código de
procedimiento Civil, José Fernando Ramírez Gómez,
Colección Pequeño Foro, pág. 319) (Auto de Sala
Unitaria de 17 de marzo de 1995, Exp. 3250, C.P. Dr.
Libardo Rodríguez Rodríguez).
En esta ocasión la Sala prohíja y reitera los criterios
atrás expuestos, en cuanto a que el presupuesto sine
qua non de la sustentación del recurso de apelación es
la referencia clara y concreta que el recurrente haga
de los argumentos que el juez de primera instancia
consideró para tomar su decisión, para efectos de
solicitarle al superior jerárquico funcional que decida
sobre los puntos o aspectos que se plantean ante la
segunda instancia, tendientes a dejar sin sustento
jurídico aquellos, pues precisamente al juzgador de
segundo grado corresponde hacer dichas
confrontaciones, en orden a concluir si la sentencia
merece ser o no confirmada. 7.1.6.- Toda vez que la
finalidad del recurso de apelación es que el superior
estudie la cuestión decidida en la providencia de
primer grado y la revoque o reforme, es necesario que
en dicho recurso se expongan las razones por las
cuales no se comparten las consideraciones del a quo,
en orden a que el juzgador confronte los fundamentos
de la sentencia con los argumentos que sustentan la
inconformidad del apelante. Por consiguiente, cuando
el recurso se muestra insuficiente dado que se limita a
reproducir el concepto de violación expuesto en la
demanda, tal y como acontece en este asunto, el Juez
no tiene más remedio que confirmar la decisión. […]”.
Igualmente, resulta pertinente traer a colación el criterio
esbozado al respecto por la Sección Tercera, mediante
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sentencia de 24 de septiembre de 2020 10 , en la cual se
expresó, lo siguiente:
“[…] El artículo 212 del Código Contencioso
Administrativo, antes y después de la modificación
incorporada por el artículo 37 de la Ley 1395 de 2010,
exigía a la parte inconforme con la decisión de primera
instancia sustentar su impugnación y, por tanto,
imponía en cabeza del recurrente la carga de
manifestar sus reparos frente a las razones que
sirvieron de sustento a la decisión que considerara
errónea o contraria a derecho, obligación que, valga
señalar, se mantuvo con la entrada en vigencia de la
Ley 1437 de 201111.
“En ese mismo sentido, aunque con una claridad
mayor, el artículo 350 del Código de Procedimiento
Civil disponía que “El recurso de apelación tiene por
objeto que el superior estudie la cuestión decidida
en la providencia de primer grado y la revoque o
reforme” y el artículo 352 ibídem señalaba que “El
apelante deberá sustentar el recurso ante el juez o
tribunal que deba resolverlo (…), so pena de que se
declare desierto. Para la sustentación del recurso,
será suficiente que el recurrente exprese, en
forma concreta, las razones de su inconformidad
con la providencia” (negrillas fuera de texto),
obligación que se mantuvo y reafirmó con la entrada
del Código General del Proceso12.
“A partir del contenido de los citados artículos, diáfano
es que la carga de sustentación que corresponde
cumplir a la parte recurrente no se satisface con la
simple manifestación de disenso frente a la
providencia recurrida, tampoco con la solicitud
de que se revoque para que, en su lugar, se
acceda a los intereses de la parte inconforme o
con la mera reiteración de las razones expuestas
en el curso de la primera instancia, bien sea en la
demanda o en la contestación. No, lo que la ley
10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “A”,
sentencia de 24 de septiembre de 2020, C.P. José Roberto Sáchica Méndez, núm. único de
radicación 2003-00985-01(44707).
11
Artículo 247.
12
“ARTÍCULO 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que
el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos
formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión.
“(…)”.
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impone es que se ataquen los fundamentos de
hecho y/o de derecho que sirvieron de sustento
a la providencia en aquello que se considere
desfavorable, no solo porque la decisión sea
contraria a los intereses de quien la impugna,
sino porque exista en realidad, a su juicio, una
razón por la que piense que lo fallado en primera
instancia no corresponde, en derecho, a la
decisión acertada, lo cual, por tanto, delimita el
marco al que debe sujetarse el juez al revisar la
sentencia recurrida. […] (la Sala destaca).
“Asimismo, esta Subsección en varias oportunidades
ha señalado que “el marco de la competencia del juez
en segunda instancia lo constituyen los cargos
planteados en contra de la decisión recurrida, razón
por la cual, no basta con la simple interposición
del recurso o con la manifestación general de no
estar conforme con la decisión apelada, toda vez
que quien tiene interés en que el asunto sea
analizado de fondo debe señalar cuáles fueron
los yerros o desaciertos en los que incurrió el
juez de primera instancia al resolver la litis
presentada”13 […]”. (Destacado fuera de texto).
A partir de lo que se deja reseñado, la carga de sustentación
que corresponde cumplir a la parte recurrente no se satisface
con la simple manifestación de disenso frente a la providencia
recurrida, tampoco con la solicitud de que se revoque para
que, en su lugar, se acceda a los intereses de la parte
inconforme o con la mera reiteración de las razones expuestas
en el curso de la primera instancia, bien sea en la demanda o
en la contestación14.
13
Al respecto se pueden consultar las sentencias del 14 de mayo del 2014 (exp. 31.469) y del
31 de enero de 2019, (exp. 52663).
14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “A”.
Sentencia de 24 de septiembre de 2020. Consejero Ponente José Roberto Sáchica Méndez.
Radicación número: 05001-23-31-000-2003-00985-01(44707).
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La ley impone que se controviertan los fundamentos de hecho
y/o de derecho que sirvieron de sustento a la providencia en
aquello que se considere desfavorable, no solo porque la
decisión sea contraria a los intereses de quien la impugna,
sino porque exista en realidad, a juicio de la parte inconforme,
una razón por la que piense que lo fallado en primera instancia
no corresponde, en derecho, a una decisión acertada, lo cual,
es precisamente lo que delimita el marco de análisis al que
debe sujetarse el juez al revisar la sentencia recurrida.
La carga argumentativa indicada exige que el censor exponga
de manera clara y concisa las razones por las cuales estima
desacertada la decisión proferida por la instancia judicial, lo
cual impide que simples afirmaciones de oposición puedan ser
tenidas como fundamento de un recurso de apelación.
Si la parte demandada no estaba de acuerdo con las razones
por las cuales el Tribunal Administrativo del Atlántico
determinó que había lugar a declarar la nulidad parcial de los
actos acusados y, en consecuencia, a modificar los valores
reconocidos, ha debido cuestionar dichas razones, indicando
claramente los motivos de su discrepancia, esto es poniendo
en evidencia los yerros de la respectiva decisión.
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Ahora bien, respecto a las glosas impuestas dentro del proceso
liquidatorio a las acreencias por supuestos servicios prestados
a afiliados a CAJANAL por valor de $1.594.710.497, el mismo
a quo concluyó que la solicitud de pago de dicha suma no
prosperaba al advertir que no obraba en el expediente prueba
alguna que desvirtuara la validez de las mismas, por ende,
esta pretensión de la CLÍNICA demandante fue denegada, de
ahí que no resultaba pertinente transcribir en la apelación, a
modo de sustentación, apartes de los fundamentos de dicha
decisión.
En el caso bajo examen, la Sala advierte que la sola
afirmación que hace la demandada de que el Tribunal no
realizó un profundo estudio a los descuentos por embargo, no
basta para satisfacer la exigencia relacionada con la necesidad
de refutar los fundamentos probatorios y las razones fácticas y
jurídicas de lo decidido en primera instancia.
En consecuencia, como la impugnante no esgrimió argumentos
valederos para cuestionar el fallo de primera instancia, ni
cumplió la carga argumentativa mínima que haga posible
dejarlo sin efecto, toda vez que no identificó ni mucho menos
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refutó sus fundamentos, este será confirmado, como en efecto
se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
En lo que atañe a la condena en costas solicitada por la parte
actora, no obstante que no apeló el pronunciamiento que las
negó en primera instancia, la Sala considera que en esta
oportunidad no procede su reconocimiento, pues la conducta
procesal observada por la parte recurrente no reviste
temeridad ni mala fe, de conformidad con lo previsto en el
artículo 171 del CCA, en concordancia con los artículos 365 y
366 del CGP, aplicables al caso por la remisión del artículo 168
del CCA.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de
lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,
administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 1º de septiembre de
2017, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico,
Sección “C” Escritural, en cuanto declaró la nulidad parcial de los
actos acusados, en los términos reseñados en la parte motiva de
esta providencia.
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52
Número único de radicación: 08001233100020060033301
Actora: ORGANIZACIÓN CLÍNICA GENERAL DEL NORTE S.A.
SEGUNDO: No condenar en costas, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: En firme esta providencia, envíese el expediente al
Tribunal de origen para que se proceda al trámite de rigor,
previas las anotaciones a que haya lugar.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 25 de julio de 2024.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por
los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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