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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 08001-23-31-000-2006-00333-01

Fecha
25 de julio de 2024
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 08001-23-31-000-2006-00333-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 1º de septiembre de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección “C” Escritural, en cuanto declaró la nulidad parcial de los actos acusados, en los términos reseñados en la parte motiva de esta providencia. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 52 Número único de radicación: 08001233100020060033301 Actora: ORGANIZACIÓN CLÍNICA GENERAL DEL NORTE S.A. SEGUNDO: No condenar en costas, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: En firme esta providencia, envíese el expediente al Tribunal de origen para que se proceda al trámite de rigor, previas las anotaciones a que haya lugar.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 08001-23-31-000-2006-00333-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

25 de julio de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO AMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de julio de dos mil veinticuatro (2024)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 08001233100020060033301
ACCIÓN: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
ACTORA: ORGANIZACIÓN CLÍNICA GENERAL DEL NORTE
S.A.

TESIS: SE CONFIRMA LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA, POR
CUANTO LA PARTE APELANTE NO CUMPLE CON LA CARGA
ARGUMENTATIVA MÍNIMA EN LA SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE
APELACIÓN QUE PERMITA PONER EN TELA DE JUICIO LOS
FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN ADOPTADA POR EL TRIBUNAL, DE
DECLARAR LA NULIDAD PARCIAL DE LOS ACTOS ACUSADOS.
REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto

por la demandada, CAJANAL S.A. EPS en Liquidación, contra

la sentencia de 1º de septiembre de 2017, proferida por el

Tribunal Administrativo del Atlántico, por medio de la cual se

declaró la nulidad parcial de las siguientes resoluciones

expedidas por la mencionada entidad de previsión social: 291

de 8 de noviembre de 2005, 300 de 15 de noviembre de

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Número único de radicación: 08001233100020060033301
Actora: ORGANIZACIÓN CLÍNICA GENERAL DEL NORTE S.A.

2005, 995 de 27 de diciembre de 2006, 149 de 13 de

marzo de 2007, 184 de 30 de marzo de 2007 y 211 de

20 de abril de 2007, resoluciones que quedaron modificadas

como consecuencia de las decisiones que recayó sobre las

mismas.

I.- ANTECEDENTES

I.1- PRETENSIONES

La actora solicitó que, previo el adelantamiento del trámite a

que haya lugar, esta jurisdicción proceda a:

“[…] 1. Declarar la nulidad de la Resolución núm. 291
de 08 de noviembre de 2005 por la cual se decide
sobre las reclamaciones de crédito presentadas
oportunamente contra CAJANAL S.A. E.P.S. EN
LIQUIDACION.
2. Declarar la nulidad de la Resolución núm. 300 de
15 de noviembre de 2005, por la cual se aclara el
considerando 9.6 de la Resolución 291 de 8 de
noviembre de 2005.
3. Declarar la nulidad de la Resolución núm. 995 de
27 de diciembre de 2006 por la cual se resuelve el
recurso de reposición interpuesto por la sociedad
Organización Clínica General del Norte S.A. contra las
Resoluciones 291 de 08 de noviembre de 2005 y 0300
de 15 de noviembres de 2005, expedidas dentro del
proceso de liquidación de CAJANAL S.A. E.P.S. en
Liquidación.
4. Declarar la nulidad de la Resolución núm. 149 de
13 de marzo de 2007, por la cual se resuelve el
recurso de reposición interpuesto por la sociedad
Organización Clínica General del Norte S.A., contra las
Resoluciones núm. 995 de 27 de diciembre de 2006,
acto administrativo que resolvió el recurso de
reposición interpuesto por dicha entidad contra las
Resoluciones 291 de 8 de noviembre de 2005 y 300
de 15 de noviembre de 2005, expedidas dentro del

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proceso de liquidación de CAJANAL S.A. E.P.S. en
Liquidación. […]”.

Que, como consecuencia de las anteriores declaraciones, a

título de restablecimiento del derecho, solicita que se ordene

pagar solidariamente a CAJANAL S.A. E.P.S. EN LIQUIDACIÓN-

FIDUAGRARIA- LA NACION MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN

SOCIAL en favor de la ORGANIZACIÓN CLÍNICA GENERAL DEL

NORTE, la suma de $1.594.710.947.00, por concepto del no

pago de acreencias demostradas dentro del proceso

liquidatario y otras evidenciadas en desarrollo de la actuación

administrativa, y que en total ascienden al valor antes

mencionado o al que llegare a establecerse en el desarrollo del

proceso. Asimismo:

• Declarar que la demandante no está obligada a pagar a las

demandadas la suma total de $7.054.329.484.

• Declarar que la demandante no está obligada a pagar a las

demandadas la suma total de $5.879.905.643,15.

• Condenar a la demandada a pagar perjuicios morales a la

demandante, en la suma de (250) salarios mínimos vigentes al

momento de dictar la sentencia.

• Ordenar los ajustes monetarios y el pago de intereses de acuerdo

con lo previsto en el artículo 178 del Código Contencioso

Administrativo, en los valores que así lo requieran.

• Condenar en costas a la demandada.

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Mediante escrito de 31 de julio de 2007, se adicionó la

demanda a efectos de solicitar lo siguiente:

“[…] Declarar la nulidad de la Resolución núm. 184 de
30 de marzo de 2007, que en su parte resolutiva
dispuso, en el artículo primero: Señalar un período
hasta un (1) mes, contado a partir del día siguiente a
la fecha en que quede en firme la presente resolución,
para realizar la restitución del cien por ciento (100%)
del valor reconocido a la reclamaciones excluidas de la
masa; el pago del cien por ciento (100%) del valor de
los créditos del cuarto y sexto órdenes reconocidos
frente a las reclamaciones de la primera clase y el cien
por ciento (100%) de los valores reconocidos a las
reclamaciones de la quinta clase de la masa de las
acreencias oportunas reconocidas en la Resolución
núm. 291 del 8 de noviembre de 2005, aclarada por la
resolución 0300 de 15 de noviembre de 2005, y los
demás actos administrativos expedidos por la
liquidadora de CAJANAL S.A. EPS en los cuales se
aclaran y modifican los valores, que se encuentren y/o
queden ejecutoriadas durante el período de pago
señalado en la resolución.

Se declare la nulidad de la Resolución 000211 de 20
de abril de 2007, por la cual se resuelve el recurso de
reposición interpuesto por la Organización Clínica
General del Norte contra la Resolución 184 de 30 de
marzo de 2007, acto administrativo que ordenó la
restitución de los dineros excluidos de la masa y el
pago del cuarto y sexto órdenes de los créditos de la
primera clase de la masa dentro proceso de
liquidación, expedida dentro del proceso de liquidación
de CAJANAL S.A. EPS, emitida por la liquidadora María
Fanny Santamaria Tavera. […]”.

I.2. HECHOS

Como supuestos fácticos de las pretensiones, la parte actora

expuso, en síntesis, los siguientes:

Que la ORGANIZACIÓN CLÍNICA GENERAL DEL NORTE

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S.A. (en adelante CLÍNICA DEL NORTE) le prestaba servicios

médicos y hospitalarios a los pacientes adscritos a CAJANAL

S.A. E.P.S.; que suscribieron un contrato de prestación de

servicios de salud, bajo la modalidad de FACTURACIÓN DE

EVENTOS-ENTIDAD PRIVADA, cuyo objeto consistió en que la

primera prestaba servicios de salud a la segunda; y que

CAJANAL se comprometió a pagar los servicios de salud

prestados dentro de los 60 días hábiles siguientes a la fecha de

presentación de la factura correspondiente.

Agregó que el contrato se cumplió de conformidad con lo

acordado por parte de la CLÍNICA DEL NORTE; que radicó

las cuentas de cobro por los servicios prestados a CAJANAL,

respecto a las cuales esta última no formuló objeciones ni

glosas médicas o jurídicas; y que ante el no pago de las

cuentas de cobro en mención procedió a promover las acciones

ejecutivas correspondientes.

Adujo que continuó prestando los servicios a CAJANAL, entidad

que cumplía con la obligación de pagar las facturas

respectivas, pero, solo parcialmente, quedando pendiente de

pago hasta la fecha la suma de $1.594.710947.

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Que mediante el Decreto 4409 de 30 de diciembre de 2004, el

Gobierno Nacional ordenó la liquidación y disolución de

CAJANAL y designó como liquidador a la sociedad

FIDUAGRARIA S.A., para lo cual se suscribió el contrato 00399

de 2004 con el Ministerio de la Protección Social.

Indicó que el Liquidador expidió la Resolución núm. 291 de

8 de noviembre de 2005, por la cual se decidieron unas

reclamaciones de crédito presentadas oportunamente contra

CAJANAL; y la Resolución 0300 de 15 de noviembre de

2005, por la cual se aclaró el considerando 9.6 de la

Resolución 291, expedida en el proceso liquidatario.

Sostuvo que el 2 de diciembre de 2005 la CLÍNICA interpuso

recurso de reposición contra las resoluciones 291 y 0300

para obtener su revocación, en cuanto se refiere a las partes

relacionadas con equivocadas glosas médicas y jurídicas

formuladas a sus oportunas reclamaciones.

Que CAJANAL en Liquidación, mediante la Resolución

0000995 de 27 de diciembre de 2006, por la cual se

resolvió el recurso de reposición, modificó, en la parte

resolutiva, las resoluciones 291 y 0300 y, en consecuencia,

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estableció como valor a reconocer la suma de $1.154.004, y

descontar por concepto de embargos la suma de

$5.829.908.315, decisión frente a la cual interpuso recurso de

reposición.

Agregó que dicho recurso fue resuelto por CAJANAL el 13 de

marzo de 2007 en la Resolución núm. 000149, mediante la

cual dispuso modificar la Resolución 995 de 27 de

diciembre de 2006 respecto al acreedor CLÍNICA DEL

NORTE, en el sentido de: establecer como valor a reconocer la

suma de $55.541.922; descontar por concepto de embargos la

suma de $3.574.322.325; descontar por concepto de pagos

por aseguradoras la suma de $483.590.564; descontar al

momento del pago la suma de $910.996.377 por concepto de

anticipos sin legalizar; y la suma de $268.953.476, por

concepto de deudores varios, los cuales podrán ser legalizados

hasta antes de ordenar el respectivo pago.

Sostuvo que CAJANAL S.A. EPS EN LIQUIDACIÓN y el

Ministerio de la Protección Social, -FIDUAGRARIA, durante el

desarrollo de toda la actuación administrativa y, en especial,

en la expedición de las resoluciones acusadas han desconocido

tanto la norma de carácter constitucional que prevé el debido

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proceso como las disposiciones del Código de Procedimiento

Civil, relacionadas con los títulos ejecutivos, la seguridad

jurídica y la cosa juzgada; y que le han ocasionado graves

perjuicios morales con ocasión del incumplimiento de las

mencionadas obligaciones.

I.3. NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

Señaló que con la expedición de los actos acusados CAJANAL

infringió los artículos 2°, 13, 23, 29, 89, 121, 125, 209 y 238

de la Constitución Política; 2°, 5°, 36, y 85 del Código

Contencioso Administrativo; 332, 488, 489 y siguientes del

Código de Procedimiento Civil; 1602 y 1603 del Código Civil; y

26, numeral 1, 27 y 50 de la Ley 80 de 1993, cuyo concepto

de violación lo sustentó, en síntesis, así:

Que CAJANAL incurrió en falsa motivación, al valorar

erróneamente los hechos en que fundamentó las decisiones

aquí demandadas, pues no tuvo en cuenta que los artículos 29

de la Constitución Política y 488 y 489 del Código de

Procedimiento Civil son normas de carácter superior, las cuales

no pueden ser derogadas mediante los actos administrativos

que dicha entidad expidió.

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Agregó que le aportó a la demandada todos los documentos en

los que se ponen de manifiesto los valores a cobrar, tal y como

se demostró en la vía gubernativa y se corroborará en el

proceso; que es evidente que en ningún momento está

reclamando nuevamente las acreencias que ya fueron objeto

de demanda judicial; y que los actos administrativos

demandados igualmente contienen una falsa o errónea

motivación, en cuanto pretenden desconocer el principio de la

cosa juzgada.

Indicó que CAJANAL tuvo la oportunidad de cuestionar las

obligaciones reclamadas dentro de los procesos ejecutivos

instaurados por la aquí demandante, los cuales se adelantaron

con sujeción a las formalidades propias del debido proceso y,

por consiguiente, garantizándosele su derecho de defensa.

Adujo que también existe una falsa o errónea motivación bajo

la perspectiva de que resulta improcedente que CAJANAL trate

de subsanar unas presuntas falencias cometidas en los

procesos ejecutivos y constituir un título ejecutivo a su

acomodo, desestimando el estudio realizado por la autoridad

judicial que conoció de dichas acciones, lo que, a su juicio,

está acorde con lo dispuesto en el artículo 309 del Código de

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Procedimiento Civil, norma según la cual la sentencia no es

reformable ni revocable por el juez que la profirió; y que

teniendo como soporte el principio de legalidad todo debe

estar sometido al imperio de la ley.

Para efectos de reforzar el concepto de violación, la

demandante trajo a colación algunos fundamentos doctrinales

y jurisprudenciales relacionados con el debido proceso, el

imperio de la ley y la cosa juzgada.

I.4. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

I.4.1. La sociedad FIDUCIARIA DE DESARROLLO

AGROPECUARIO S.A., en adelante, FIDUAGRARIA S.A., en

calidad de liquidadora de CAJANAL, por conducto de

apoderado, contestó la demanda 1 , oponiéndose a las

pretensiones, argumentando, en síntesis, lo siguiente:

Manifestó que ni FIDUAGRARIA S.A. ni los Fideicomisos que

administra han tenido relación alguna con la parte

demandante, pues como consecuencia de la extinción de

CAJANAL S.A. EPS, que en su momento fuera la contratante de

la CLÍNICA DEL NORTE, finalizó la relación que entre estas

existía.

1
Folios 456 a 461 del cuaderno núm. 2.

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Agregó que, consecuentemente, no puede haber ningún tipo

de derecho consolidado en cabeza de la demandante y a cargo

de la demandada FIDUAGRARIA S.A., debido a que no ha

tenido la condición de contraparte contratante, ni tampoco ha

sido subrogatoria y/o cesionaria de CAJANAL para los efectos

particulares pretendidos por la accionante en este asunto. De

ahí que no le consten la mayoría de los hechos, por lo que se

atiene a lo que resulte probado en el curso del proceso.

Propuso las excepciones de: inexistencia de la demandada;

inexistencia de relación entre la demandante LOURDES

ESTHER PARDO RIVERA y la demandada FIDUAGRARIA S.A.; y

falta de legitimación en la causa por pasiva.

I.4.2. El MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, a

través de apoderado, contestó la demanda 2 , oponiéndose a

que se efectúen las declaraciones y condenas solicitadas por la

parte actora en su contra, argumentando para ello lo

siguiente:

Indicó que no resultaba procedente que se le tuviera como

parte pasiva en el presente proceso, en razón de que CAJANAL

EPS no formó parte de su estructura orgánica, sino que era un
2
Folios 535 a 544 del cuaderno núm. 2.

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organismo vinculado, de modo que no fue este Ministerio el

que expidió los actos administrativos, mediante los cuales se

decidió sobre la reclamación de créditos presentados

oportunamente a la entidad de previsión social en liquidación.

Sostuvo que la CLÍNICA DEL NORTE no le prestó servicios

personales al Ministerio ni existió vínculo contractual entre

ambas entidades, por ello no le constan los hechos de la

demanda.

Agregó que CAJANAL EN LIQUIDACIÓN tuvo la responsabilidad

de revisar las acreencias reconocidas a la actora y, por ende,

fue la entidad que expidió los actos administrativos acusados,

de ahí que el Ministerio no tuvo injerencia ni intervención en el

proceso de liquidación.

Propuso las excepciones de “caducidad de la acción”;

“inexistencia del derecho”; “cobro de lo no debido”;

“imposibilidad jurídica para cumplir con las obligaciones

pretendidas”; “falta de legitimidad en la causa por pasiva”; y la

“innominada”.

I.4.3. La FIDUPREVISORA S.A., en su condición de vocera y

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administradora del Patrimonio Autónomo de Remanentes de la

extinta CAJANAL, por medio de apoderado, contestó la

demanda 3 , oponiéndose a todas y cada una de las

pretensiones, argumentando, en síntesis, lo siguiente:

Sostuvo que los actos administrativos, cuya nulidad se

pretende, fueron expedidos ajustados a derecho; que la acción

instaurada no es viable para el reconocimiento de perjuicios

morales; y se opuso a la condena en costas.

Indicó que la liquidación de CAJANAL culminó el 30 de marzo

de 2008, es decir que se extinguió antes de la notificación del

presente proceso.

Anotó que durante el proceso de liquidación de CAJANAL se

tuvieron en cuenta los mismos requisitos mínimos que, antes

del inicio de aquel, esta entidad exigía para el reconocimiento

de toda reclamación presentada en su contra; y que para

adelantar esa labor se sujetaron a las causales de tipo legal y

contable que con ocasión de su trámite era imprescindible

aplicar, dando como resultado los motivos de glosa que

calificaron el contenido de cada una de las reclamaciones

oportunamente allegadas.
3
Folios 607 a 622 del cuaderno núm. 2.

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Puso de presente que es regla del proceso liquidatario que los

acreedores aporten prueba siquiera sumaria de sus créditos.

De ahí que cuando se tratan de derechos incorporados en

títulos valores, les correspondía presentar el original del título

con sujeción a lo establecido en el artículo 23, literal a), del

Decreto 2211 de 2004; y que si esta exigencia se incumplía

por parte de aquellos, el liquidador debía expedir decisión

desfavorable a los intereses de quien tenía la carga de

suministrar tales pruebas.

Propuso las excepciones de ineptitud sustantiva de la

demanda; inexistencia del demandado; y cobro de lo no

debido.

II. FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA

El Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante sentencia de

1o. de septiembre de 2017, declaró la nulidad parcial de las

resoluciones acusadas, con fundamento en las consideraciones

que a continuación se sintetizan, así:

A juicio del a quo, el problema jurídico a resolver consistió en

lo siguiente: ¿Tiene derecho la actora a que se anulen las

resoluciones 291 de 8 de noviembre de 2005, 300 de 15 de

noviembre de 2005, 995 de 27 de diciembre de 2006, 149 de

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13 de marzo de 2007, 184 de 30 de marzo de 2007 y 211 de

20 de abril de 2007, proferidas por el Liquidador de Cajanal

S.A. EPS y en consecuencia se debe reconocer y pagar las

acreencias no reconocidas durante el proceso liquidatario de

tal entidad, en cuantía de $1.594.710.947, por cuanto

presuntamente incurrieron en falsa motivación, pues las

causales de glosa aplicadas eran infundadas?

¿Se debe declarar la nulidad de los actos administrativos en

mención, por cuanto los conceptos de descuentos de anticipos

sin legalizar, embargos, deudores varios y pago de

aseguradoras son improcedentes?

Seguidamente, el Tribunal, antes de resolver el problema

jurídico, procedió a desatar las excepciones propuestas por las

entidades demandadas, considerando al respecto, lo siguiente:

Sobre la inexistencia de legitimación por pasiva, propuesta

tanto por FIDUAGRARIA S.A., como por el Ministerio de la

Protección Social, consideró que ambas entidades demandadas

tienen plena legitimidad en el presente asunto. La primera, por

expedir, como liquidadora, los actos administrativos cuya

nulidad se pretende; y la segunda, en razón a lo dispuesto

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expresamente en el parágrafo 2° del artículo 18 del Decreto

4409 de 2004, que dispuso la liquidación de CAJANAL.4

Respecto a la excepción de inexistencia de la demandada

(CAJANAL), propuesta por FIDUAGRARIA S.A., consideró que

tampoco tenía vocación de prosperidad, pues, tal y como se

expuso al estudiar la excepción de no legitimación por pasiva

de FIDUAGRARIA S.A., ésta, en su calidad de liquidadora de

CAJANAL, debe asumir la defensa de los actos administrativos

por ella expedidos con ocasión del proceso de liquidación,

como en efecto ocurre en el presente caso, sin perder de vista

que en el supuesto de que se acceda al restablecimiento del

derecho será el MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

quien deba hacer efectiva la condena, por disposición expresa

del ya mencionado parágrafo 2º del artículo 18 del Decreto

4409 de 2004.

En relación con la excepción de caducidad de la acción,

propuesta por el MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, el

Tribunal estimó que el apoderado de la CLÍNICA GENERAL

DEL NORTE fue notificado personalmente del contenido de la

4
“[…] Parágrafo 2°. El Ministerio de la Protección Social asumirá, una vez culminada la
liquidación, los procesos judiciales y reclamaciones en que fuere parte Cajanal S.A., EPS, al
igual que las obligaciones derivadas de estos. […]”.

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Resolución núm. 211 de 20 de abril de 2007, el día 9 de

mayo de 2007, por lo que el término para demandar debía

contabilizarse a partir del 10 de mayo de 2007 y hasta el 10

de septiembre de 2007; y que como la adición de la demanda

fue presentada oportunamente, esto es el 31 de julio de 2007,

es claro que la alegada caducidad no se configuró, por ende,

dicha excepción tampoco prosperó.

Respecto a las excepciones de inexistencia del derecho,

imposibilidad jurídica de cumplir con las obligaciones

pretendidas y cobro de lo no debido, también propuestas por

el MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, señaló que no

prosperaban, pues, en el supuesto de acceder al

restablecimiento del derecho será dicho Ministerio el que debe

hacer efectiva la condena, por disposición expresa del

parágrafo 2º del artículo 18 del Decreto 4409 del 2004.

En cuanto a las excepciones planteadas por la

FIDUPREVISORA S.A., entidad que obra como vocera y

administradora del Patrimonio Autónomo de Remanentes de la

extinta CAJANAL, el a quo señaló:

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Ineptitud sustantiva de la demandada. Frente a esta

excepción sostuvo que, contra lo que sostiene la demandada,

el hecho de no aportar como anexo a la demanda el certificado

de existencia y representación legal de CAJANAL S.A. E.P.S.

EN LIQUIDACIÓN no deviene en la ineptitud de la demanda,

pues de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 del

CCA, su inciso 5º, no es necesario aportar prueba de la

existencia y representación de las personas de derecho

público.

Inexistencia del demandado. Sobre el particular, consideró

que dicha excepción no tenía vocación de prosperidad, toda

vez que en el presente asunto es claro que si bien CAJANAL

S.A. E.P.S. ya se encuentra debidamente liquidada; en la

normativa que reguló dicho proceso quedó claramente

establecido qué entidad o entidades debían responder frente a

las contingencias que tuvieran como origen un proceso

judicial, tal y como ya se expuso al momento de resolver la

excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva.

Cobro de lo no debido. Expresó que no se trata de una

excepción propiamente dicha, sino de un argumento de

defensa tendiente a oponerse a la prosperidad de las

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pretensiones de la demanda, lo cual está atado al estudio de

fondo del asunto.

Resuelta las excepciones, el Tribunal continuó con la

descripción de los hechos probados de conformidad con el

acervo probatorio allegado al expediente.

De las pruebas obrantes en el proceso, resaltó la Resolución

291 de 8 de noviembre de 2005 que, en su capítulo

noveno, fijó las condiciones para el rechazo de reclamaciones,

así:

i) Las reclamaciones extemporáneas: los acreedores debían

comparecer al proceso presentando reclamación en tiempo

para ser calificados y tenidos en cuenta en el orden de

graduación y calificación de créditos, pues, de conformidad

con los artículo 24 del Decreto 254 de 2000 y 25 del Decreto

2211 2004, el Liquidador sólo está facultado para pronunciarse

en la Resolución de graduación y liquidación, por lo que sobre

las extemporáneas y el pasivo cierto no reclamado, de acuerdo

con el artículo 29 ibidem, de ser posible, se pronunciaría en

etapa posterior;

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ii) Dudas sobre la validez de la reclamación: que de acuerdo

con el artículo 26 del Decreto 2211 de 2004, si el liquidador

dudare de la procedencia o validez de la reclamación la

rechazará;

iii) Necesidad sobre el proceso de auditoría: que se haría con

la finalidad de establecer si los valores reclamados son

compatibles y pertinentes con el servicio médico y lo

administrativo brindado;

iv) Carga y valor de los documentos: se dispuso que de

conformidad con el artículo 26 del Decreto 2211 de 2004, las

personas que se consideraran con derecho a reclamar debían

presentar prueba siquiera sumaria de sus créditos y si se

tratare de títulos valores, debía presentarse su original;

v) Rechazo por motivos de auditoría: que los motivos de glosa

son instrumentos para identificar, calificar y clasificar la

adecuada presentación de las cuentas; y que, de conformidad

con el artículo 7° del Decreto 1281 de 2002, se requiere la

autorización de servicios o contratos y la demostración de la

prestación; y

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vi) los motivos de glosas para cuentas asistenciales y

administrativas, relacionando los ítems.

Una vez precisado el marco normativo aplicable, el Tribunal

procedió a estudiar los motivos de glosa, de la siguiente

manera:

“[…] Las Resoluciones 291 y 300 de 2005, fijaron como motivos
de descuento, los siguientes:

CONCEPTO VALOR
Anticipos sin legalizar $357.389.994

Embargos $42.512.405.890

Saldo deudores varios: $583.741.990

La Resolución 995 de 27 de diciembre de 2006, por la cual se
resuelve el recurso de reposición de la actora contra las resoluciones
anteriores, fijó como nuevos descuentos los siguientes:

CONCEPTO Valor inicial Res. 995 de 2006 Total
Anticipos sin 357.389.994 $598.067.699 $955.457.693
legalizar

Embargos $42.512.405.890 -$38.789.517.2765 $3.722.888.613

Deudores Varios $583.741.990 $314.788.514 $268.953.476

Pagos $483.590.564 $483.590.564
seguradoras

5
Valor legalizado

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“Así mismo, se relacionaron las facturas objeto de recurso de
reposición, por valor de $154.269.822, indicándose que el total
reconocido sería cero.

“No obstante, en la parte resolutiva se indicó, entre otras cosas que,
i) el valor a reconocer sería la suma de $1.154.004;11) Descontar
por concepto de embargos la suma de $5.829.908.315; ii) descontar
al momento del pago por Anticipos sin legalizar: $955.457.693 y por
Deudores varios: $ 268.953.476 y; iv) que el proceso ejecutivo
0043-2003 que cursaba en el Juzgado Sexto Civil del Circuito, se
clasificaría como reclamación extemporánea.

La Resolución 149 de 13 de marzo de 2007, que resuelve el
recurso de reposición en contra de las nuevas glosas, por su parte
resolvió modificar la Resolución 995 de 2006, de la siguiente
manera:

CONCEPTO Valor Res.995 de Total Res.149 de
2006 2007

Valor reconocido $55.541.922

Anticipos sin legalizar $955.457.963 $910996.377

Embargos $.722.888.613 $3.574.322.325

Deudores varios $268.953.476 $268.953.476

Pagos a aseguradoras $483.590.564 $483.590.564

Seguidamente, el a quo se refirió a los ítems de descuento,

así:

-.DESCUENTOS POR EMBARGOS:

Indicó que la accionada, luego de la expedición de varias

resoluciones, determinó que por este concepto debía

descontarse la suma de $3.574.322.325.

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Que, por su parte, la sociedad actora aduce que no debe

descontarse suma alguna por este concepto, pues las

facturas cobradas en los procesos ejecutivos son

diferentes a las radicadas en el proceso liquidatario.

Adujo que de lo anterior y revisado el material probatorio

evidenció que, de conformidad con las certificaciones

expedidas por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Santa

Marta y el Sexto Civil del Circuito de Barranquilla,

efectivamente, los saldos por embargos no son descontables a

la sociedad CLÍNICA GENERAL DEL NORTE, como se dejó

constancia en tales documentos.

Para el Tribunal es claro que los saldos por embargos de los

procesos adelantados por la CLÍNICA DEL NORTE en contra

de CAJANAL, fueron destinados al pago de obligaciones

que estaban siendo ejecutadas judicialmente en otros

procesos por personas naturales y jurídicas diferentes a

ésta, pues, tal y como se dejó constancia, las mencionadas

sumas de dinero fueron remitidas a otros juzgados o se

pagaron pretensiones acumuladas en los procesos

relacionados.

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Sostuvo que los descuentos por embargos detallados en las

resoluciones demandadas, en especial, la 995 de 27 de

diciembre de 2006 y 149 de 13 de marzo de 2007, que

definieron este concepto de descuento, incluyen a favor de la

CLÍNICA DEL NORTE saldos que fueron usados para

obligaciones ajenas a ésta, lo cual coincide con lo

conceptuado en el peritaje 6 realizado por el auxiliar de la

justicia, razón por la que se considera que los descuentos por

embargos efectuados por el liquidador no se ajustaron a lo que

legalmente correspondía, lo que conduce a afirmar que el

mencionado descuento resulta improcedente y en ello deben

ser modificados los actos demandados.

-.ANTICIPOS SIN LEGALIZAR

En cuanto a los anticipos sin legalizar, señaló que el liquidador

determinó finalmente en la Resolución 149 de 2007, que se

debía descontar por este concepto la suma de $910.996.377.

Indicó que en el expediente obra como prueba, para

demostrar la devolución de anticipos, la comunicación de 3 de

noviembre de 2004 de la CLÍNICA DEL NORTE dirigida a

CAJANAL EPS, en la cual se hace referencia al cruce de

información de las consignaciones realizadas por esta última
6
Folios 705 a 747 del cuaderno 3.

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por este concepto, encontrándose que en el año 2003

únicamente se giraron $356.388.819, de los cuales: i)

$216.873.610 corresponden a anticipos cuyos pacientes

fueron atendidos y elaboró las correspondientes facturas,

señalando que se anexaban los soportes en los cuales no

obran las facturas, agregando que se anexaban los soportes,

los cuales no están en este expediente; ii) que $90.706. 047

corresponde a usuarios que no se atendieron, por cuanto no

asistieron a sus citas, razón por la que afirma que se hizo el

reintegro en un 100%, advirtiendo igualmente que se

anexaban los soportes, los cuales no obran en el plenario; y

iii) que $11.422.161 fueron reintegrados al no identificar el

nombre del usuario por el cual se generó el pago del anticipo,

indicándose también que se incluían los soportes, que tampoco

militan en autos.

Que, asimismo, obra comunicación de 3 de septiembre de

2004, en la que se deja constancia de que se realizaron las

devoluciones de los siguientes anticipos: i) la suma de

$298.158.915, por cuanto fueron recibidos para destinación

específica y no se pudo localizar al paciente al que debían

prestarse los servicios y, en otros casos, el paciente no se

presentó, conforme se demuestra con la copia del volante de

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consignación de 31 de agosto de 2004 de Bancolombia; ii) que

la suma de $152.486.130 corresponde a dineros recibidos

para destinación especifica, en los cuales se constató que el

valor de los servicios prestados resultaba inferior al valor

recibido, de acuerdo con la copia del volante de consignación

de 31 de agosto de 2004 de Bancolombia; iii) que el valor de

$84.324.311 corresponde a dineros recibidos para destinación

específica, en los cuales CAJANAL no precisó qué pacientes

debían atenderse con lo recibido, dejándose constancia de que

una vez se constató y se advirtió que los pacientes ya habían

sido atendidos y que los servicios ya habían sido cobrados a

través de procesos ejecutivos, se procede a su devolución,

como se acredita con la copia del volante de consignación de

31 de agosto de 2004 de Bancolombia; y iv) la suma de

$59.458.702 corresponde a dineros recibidos para destinación

específica, en los cuales CAJANAL no precisó qué pacientes

debían atenderse con lo recibido, por lo que se reintegra en un

100%, lo cual consta en la copia del volante de consignación

de 8 de septiembre de 2004 de Bancolombia.

En el peritaje se relaciona respecto a los anticipos sin legalizar,

lo siguiente:

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DETALLE VALOR
Sumas reintegradas por la demandante 233.152.663
Cifras no recibidas por la actora. No hay evidencia documental y 362.334.143
contable
Servicios de salud prestados y facturados. 430.001.15
Cifra registrada como descuento por la demandante 36.219.123
Registros aplicados por Cajanal -150711.267
Valor de la Resolución 149 910.996.377

De acuerdo con lo anterior, el Tribunal señaló que se

encuentra demostrado que la CLÍNICA DEL NORTE reintegró

por concepto de anticipos la suma de $549.459.058, por

cuatro conceptos, mediante cuatro consignaciones, por las

sumas de $298.158.915, $152.486.130, $84.324.311 y

$59.458.702.

Agregó que los descuentos por este concepto deben reducirse

al valor de $361.537.319, por cuanto a la suma determinada

en las resoluciones demandadas, esto es, $910.996.377,

deben descontarse los valores sobre los cuales se demostró su

reintegro $549.459.058, resultando la mencionada diferencia a

pagar, por lo que ordenó la modificación de las resoluciones

demandadas en lo concerniente al concepto de descuento de

anticipos sin legalizar.

-. DEUDORES VARIOS

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Sobre el particular, manifestó que el descuento de deudores

varios no será modificado por no sustentarse ni acreditarse los

motivos por los cuales este rubro debía ser revocado.

-. PAGOS A ASEGURADORAS

Al respecto, sostuvo que al analizar las resoluciones

demandadas, en especial la núm. 149 de 13 de marzo de

2007, en la cual aparece inicialmente el descuento por este

concepto, las mismas adolecen del vicio de falta de

motivación, comoquiera que en la parte motiva nada se

sustenta al respecto, pues únicamente se hace mención del

tema en la parte resolutiva, lo que conduce a la nulidad parcial

de los actos acusados en relación con dicha deducción,

ordenándose la inaplicación de esta última.

-. DE LAS GLOSAS

Reiteró que en las resoluciones acusadas se reconoció en favor

de la CLÍNICA DEL NORTE la suma de $55.541.922,

mientras que esta manifiesta que lo que debe reconocerse

dentro del proceso liquidatorio, por concepto de no pago de

sus acreencias, es la suma de $1.594.710.947.

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Advirtió que en el expediente no obra prueba alguna de que

efectivamente las glosas aplicadas no se ajustaban a lo que

legalmente corresponde, pues la parte actora se encargó

simplemente de cuestionar dichas glosas, sin acompañar

ninguna evidencia que permita efectuar el respectivo control

de legalidad de estas en el sentido pretendido, incumpliendo

así con la carga probatoria que le asistía para desvirtuar los

conceptos de glosa aplicados por el liquidador de CAJANAL,

pues bien pudo aportar la información contable de las

obligaciones y los soportes que acreditan la prestación que

afirma haber realizado.

Concluyó que a la demandante no debió descontársele al

momento del pago de los valores reconocidos a su favor en los

actos acusados la suma de $3.574.322.325, por concepto de

embargos, ni la suma de $483.590.564, por concepto de pago

a aseguradoras y, por el contrario, sí debe descontársele la

suma de $361.537.319, por concepto de anticipos sin

legalizar.

Conforme con las anteriores consideraciones, el Tribunal

declaró la nulidad parcial de las resoluciones 291 de 8 de

noviembre de 2005, 300 de 15 de noviembre del 2005,

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995 de 27 de diciembre de 2006, 149 de 13 de marzo de

2007, 184 de 30 de marzo de 2007 y 211 de 20 de abril

de 2007 y, como consecuencia de lo anterior, ordenó su

modificación, en el siguiente sentido:

Concepto Resoluciones Esta sentencia
Valor reconocido $55.541.922 $55.541.922
Anticipos sin legalizar $910.996.377 $361.537.319
Embargos $3.574.322.325 $0
Deudores Varios $268.953.476 $268.953.476
Pagos a aseguradoras $483.590.564 $0

Así las cosas, se restableció el derecho en favor de la

demandante con relación a los valores que no deben

descontársele. En lo demás, denegó las pretensiones de la

demanda y se abstuvo de condenar en costas.

III.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN

La FIDUPREVISORA S.A., en su calidad de vocera y

administradora del patrimonio autónomo de CAJANAL S.A. EPS

en Liquidación, apeló la sentencia de 1º de septiembre de

2017, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico,

que declaró no probadas las excepciones propuestas y la

nulidad parcial de las resoluciones acusadas.

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En sustento de su inconformidad alegó, en síntesis, lo

siguiente:

Inició su escrito describiendo in extenso aspectos relativos al

proceso de liquidación, como es el caso de la norma aplicable

con respecto a las atribuciones del liquidador de rechazar las

reclamaciones si duda de su procedencia o validez, facultad

que no puede ser ejercida de manera arbitraria, conforme lo

dispone el parágrafo del artículo 26 del Decreto 2211 de 2004,

aplicable por remisión expresa del Decreto 254 de 2000

(norma que regula la liquidación de entidades públicas).

Insistió en que las reclamaciones a CAJANAL en Liquidación se

resolvieron de manera objetiva de acuerdo con lo dispuesto en

la Resolución 291 de 2005, cuyas consideraciones generales

transcribió ampliamente, concluyendo que las decisiones

respectivas tuvieron en cuenta los mismos requisitos exigidos

por la entidad de previsión antes de su liquidación.

Cuestionó la aplicación del principio constitucional de la buena

fe en esta clase de procesos, cuando las reclamaciones de los

acreedores no cumplían con los requisitos legalmente exigidos

para la validez de las mismas.

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Destacó los “Deberes y Obligaciones generales del Liquidador”,

teniendo en cuenta las características y principios del proceso

liquidatorio, de acuerdo con los Decretos 254 de 2000, 4409

de 2004 y el Decreto Ley 663 de 1993, artículo 293, en lo

concerniente a (i) la obligación de proteger la masa de

garantía de los acreedores, (ii) la obligación de ejercer

acciones para la defensa del patrimonio público, (iii) el deber

de proponer excepciones de carácter judicial, (iv) el deber de

rechazar las acreencias respecto de las cuales se haya

cumplido el término de prescripción o caducidad y (v) el deber

de calificar en debida forma los créditos reclamados.

En lo que toca, específicamente, con el asunto sub judice, es

decir, con lo que adujo el Tribunal como fundamento de su

decisión de declarar la nulidad parcial de los actos acusados y

el motivo de la discrepancia con la argumentación respectiva,

la apelante se limitó a señalar que en el fallo objeto de

impugnación el a quo dijo textualmente lo siguiente: “[…] De

conformidad con lo anterior, es meridianamente claro que, en

cuanto a la carga probatoria que le correspondía al solicitante

de la reclamación o crédito dentro del proceso liquidatario, se

puede afirmar que la misma fue incumplida en el sub iudice

pues no obra elemento de convicción alguno que permita

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estudiar si las glosas aplicadas por el liquidador se

configuraban o no, pues si bien es cierto, en el peritaje

realizado por el auxiliar de la justicia se relaciona la obligación

de pago de la entidad liquidada, no es menos cierto que, no se

encuentra sustentado en elementos probatorios que se

encuentren aportados en el plenario, lo cual nos conduce a

concluir que ante tal falencia, la presunción de legalidad de la

que gozan los actos administrativos demandados, en cuanto a

las glosas aplicadas a las facturas presentadas por la

Organización Clínica General del Norte, deben permanecer

incólumes […]”.

Puntualizó que las sumas que se ordenan reconocer obedecen

a glosas impuestas dentro del proceso liquidatario a las

facturas presentadas y que las mismas se encuentran

debidamente probadas y no fueron susceptibles de ser

levantadas.

En lo relacionado con los descuentos por embargo, expresó

que el pronunciamiento del Tribunal no realiza un estudio

profundo de lo que estos significan, pues se limita a señalar

que no son procedentes sin tener en cuenta los conceptos de

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las medidas cautelares que se encuentran plenamente

probados dentro del proceso liquidatario.

Concluyó en que, de acuerdo con los argumentos de defensa

expuestos, es evidente que ninguna de las pretensiones puede

prosperar, toda vez que no se ha desvirtuado la presunción de

legalidad de los actos administrativos demandados, por lo que

el fallo proferido por la primera instancia debe ser revocado y,

en consecuencia, exonerar de responsabilidad a la parte

demandada.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

• La parte demandante en su escrito de alegatos7, solicitó, en

síntesis, la confirmación del fallo de primera instancia, y que

se condene a la demandada en costas procesales que incluyan

agencias en derecho.

• La parte demandada en su escrito de alegatos 8 reiteró los

mismos argumentos esgrimidos en el recurso de apelación.

• El Ministerio Público en esta oportunidad guardó silencio.

7
Folio 8 a 12 del cuaderno 4.
8
Folio 13 a 16 del cuaderno 4.

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35

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V.- CONSIDERACIONES

Actos administrativos demandados

Los actos administrativos cuya nulidad parcial se pretende a

través del medio de control de la referencia, son:

• La Resolución núm. 291 de 08 de noviembre de 2005,
por la cual se decide sobre las reclamaciones de crédito
presentadas oportunamente contra CAJANAL S.A. E.P.S. EN
LIQUIDACION.

• La Resolución núm. 300 de 15 de noviembre de 2005,
por la cual se aclara el considerando 9.6 de la Resolución núm.
291 de 8 de noviembre de 2005.

• La Resolución núm. 995 de 27 de diciembre de 2006,
por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por
la Sociedad Organización Clínica General del Norte contra las
Resoluciones núms. 291 de 8 de noviembre de 2005 y 300 de
15 de noviembre de 2005, expedidas dentro del proceso de
liquidación de Cajanal S.A. EPS en Liquidación.

• La Resolución núm. RPA 149 de 13 de marzo de 2007,
por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por
la Sociedad Organización Clínica General del Norte contra la
Resolución núm. 995 de 27 de diciembre de 2006, acto
administrativo que resolvió el recurso de reposición
interpuesto por dicha entidad contra las Resoluciones 291 de 8

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Actora: ORGANIZACIÓN CLÍNICA GENERAL DEL NORTE S.A.

de noviembre de 2005 y 300 de 15 de noviembre del 2005,
expedidas dentro del proceso de liquidación de Cajanal S.A.
EPS en Liquidación.

• La Resolución núm. 184 de 30 de marzo de 2007 que
en su parte resolutiva dispuso, en el artículo primero: señalar
un periodo hasta de un (1) mes, contado a partir del día
siguiente a la fecha en que quede en firme la presente
resolución, para realizar lo restitución del cien por ciento
(100%) del valor reconocido a las reclamaciones excluidas de
la masa; el pago del cien por ciento (100%) del cuarto (4°) y
sexto (6°) orden, de los valores reconocidos a las
reclamaciones de la primera clase y el cien por ciento (100%)
de los valores reconocidos a las reclamaciones de la quinta
clase de la masa de las acreencias oportunas reconocidos en la
Resolución núm. 300 de 15 de noviembre de 2005 y los demás
actos administrativos expedidos por la liquidadora de Cajanal
S.A. ESP en liquidación en los cuales se aclaran y modifican
valores, que se encuentren y/o queden ejecutoriadas durante
el periodo de pagos señalados en la presente resolución.

• La Resolución núm. 211 de 20 de abril de 2007, por la
cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por la
Organización Clínica General del Norte contra la Resolución
núm. 184 de 30 de marzo de 2007, acto administrativo que
ordenó la restitución de los dineros excluidos de la masa y el
pago del cuarto (4°) y sexto (6°) orden de los créditos de la
primera clase de la masa dentro del proceso de liquidación,
expedida dentro del proceso de liquidación de Cajanal S.A.
EPS en Liquidación.

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OBJETO DEL LITIGIO

La actora pretende que se declare la nulidad de las

resoluciones acusadas, expedidas por el liquidador de

CAJANAL S.A. EPS en Liquidación, que decidieron sobre las

reclamaciones de créditos presentados oportunamente dentro

del proceso de liquidación y que, a su juicio, están incursas en

la causal de falsa motivación; y, como consecuencia, a modo

de restablecimiento del derecho, se ordene pagar

solidariamente a CAJANAL S.A. EPS en Liquidación, a la

Fiduagraria SA y a la Nación-Ministerio de la Protección Social,

la suma de $1.594.710.947, por concepto del no pago de unas

acreencias dentro del proceso liquidatorio y otras aportadas en

desarrollo de la actuación administrativa.

Por su parte, la parte demandada adujo que los actos

acusados se ajustaron a las leyes que rigen la materia, en

especial, aquellas que regulan el proceso de liquidación,

además de que durante el proceso de liquidación de CAJANAL

se exigieron los mismos requisitos mínimos que la entidad

estableció durante su vigencia para el reconocimiento de toda

reclamación que contra ella se presentaba; y que,

adicionalmente, se incorporaron al proceso liquidatorio las

exigencias de tipo legal y contable válidamente establecidas,

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como es la regla de que los acreedores deben aportar prueba

siquiera sumaria de sus créditos y si se trata de derechos

incorporados en títulos valores, presentar el original del

documento.

El Tribunal, luego del análisis de las normas que regulan la

materia y de las pruebas que obran en el plenario, concluyó en

que a la demandante, ORGANIZACIÓN CLÍNICA GENERAL

DEL NORTE, no debe descontársele al momento del pago de

valores reconocidos a su favor la suma de $3.574.322.325,

por concepto de embargos, ni la suma de $483.590.564, por

concepto de pagos a las aseguradoras y que, por el contrario,

sí debe descontársele la suma de $361.537.319.00, por

concepto de anticipo sin legalizar, por lo que declaró la nulidad

parcial de las resoluciones 291 de 8 de noviembre de

2005, 300 de 15 de noviembre de 2005, 995 de 27 de

diciembre de 2006, 149 de 13 de marzo de 2007, 184 de

30 de marzo de 2007 y 211 de 20 de abril de 2007. Como

consecuencia de lo anterior, modificó las mencionadas

resoluciones en el siguiente sentido:

Concepto Resoluciones Esta sentencia
Valor reconocido $55.541.922 $55.541.922
Anticipos sin legalizar $910.996.377 $361.537.319
Embargos $3.574.322.325 $0
Deudores Varios $268.953.476 $268.953.476
Pagos a aseguradoras $483.590.564 $0

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Ahora bien, la inconformidad de la apelante frente a la

sentencia de primera instancia, como quedó visto, se

circunscribió a los siguientes aspectos:

Que el no reconocimiento de algunas acreencias obedeció a

glosas impuestas dentro del proceso liquidatario a las facturas

presentadas; y que las mismas se encuentran debidamente

probadas dentro del expediente, glosas que no fueron

susceptibles de ser levantadas.

Que frente a los descuentos por embargo, el pronunciamiento

del Tribunal no contó con un estudio profundo de los

mismos y se limitó a señalar que no resultaban procedentes,

sin tener en cuenta el concepto de las mismos.

Que ninguna de las pretensiones podía prosperar, toda vez

que no se desvirtuó la presunción de legalidad de los actos

administrativos demandados y, en consecuencia, el fallo

impugnado debía ser revocado para exonerar de

responsabilidad a la parte demandada.

Teniendo en cuenta los argumentos específicamente

esbozados por el recurrente, corresponde a la Sala determinar

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si tal y como lo consideró el Tribunal debe declararse la

nulidad parcial de los actos administrativos acusados y, en

consecuencia, confirmar la sentencia o, de no ser así, proceder

a su revocatoria o modificación.

CASO CONCRETO

Del escrito contentivo del recurso de apelación fácilmente se

extrae que, en lo fundamental, el recurrente se limita a

reiterar que los actos acusados se ajustaron a la legalidad y a

destacar la falta de análisis que, en su opinión, se predica del

Tribunal a quo en cuanto no profundizó en el tema de los

descuentos por embargo y que por ello ninguna de las

pretensiones de la demanda debió prosperar.

Sobre el particular, la Sala advierte que el fallo impugnado

claramente resalta y explica que en el expediente aparece

demostrado, con base en las certificaciones expedidas por el

Juzgado Quinto Civil del Circuito de Santa Marta y Sexto Civil

del Circuito de Barranquilla, que, efectivamente, los saldos por

concepto de embargos no son descontables a la sociedad

CLÍNICA GENERAL DEL NORTE, teniendo en cuenta que

estos fueron destinados al pago de obligaciones que estaban

siendo ejecutadas judicialmente en otros procesos por

personas naturales y jurídicas diferentes a la Clínica

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demandante, lo cual coincide con lo que señaló en el

dictamen pericial practicado por el auxiliar de la justicia que

actuó en el proceso.

De ahí que el rubro de $3.574.322.325, a que aluden los actos

acusados, no pueda ser tenido en cuenta por la demandada

para efecto de descontárselo a la demandante bajo el

entendido equivocado de que fue esta la que recibió tales

dineros.

El Tribunal consideró que la actora no demostró tener derecho

a que se le reconociera la suma de $1.594.710.947,

reclamada por concepto de no pago de acreencias por

servicios médicos prestados a afiliados de CAJANAL, toda vez

que no acompañó al expediente los distintos soportes que

demostraran tales acreencias, a efectos de cumplir con la

carga probatoria que le correspondía tendiente a desvirtuar las

glosas formuladas al respecto por la liquidadora de dicha

entidad.

En cuanto a los anticipos por legalizar, el juzgador de primera

instancia sostuvo que obraba en el expediente prueba de la

devolución de anticipos que hizo la actora en la suma de

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$549.459.058, en virtud de cuatro consignaciones bancarias

allegadas al expediente por: $298.158.915, $152.486.130,

$84.324,311 y $ 59.458.702. De ahí la razón por la cual

ordenó descontar de la suma $910.996.377, indicada en los

actos acusados, la suma de $549.459.058, con lo cual se

redujo la suma a descontar a la diferencia resultante, esto es,

la suma de $361.537.319.

En cuanto al concepto de deudores varios, el Tribunal no

atendió lo reclamado por la parte demandante argumentando

que la solicitud respectiva carecía de sustentación.

Finalmente, en cuanto a la deducción por concepto de pago a

aseguradoras por valor de $483.590,564, que la parte actora

cuestionó, fue dejada sin efecto por el a quo con el argumento

de que se incurrió en la causal de nulidad denominada falta de

motivación, en la medida en que los actos acusados no

fundamentaron en lo más mínimo la razón de ser de la misma.

De lo que ha quedado reseñado resulta evidente para la Sala

que la sentencia de primera instancia sí fundamentó

debidamente la decisión tanto de acceder a algunas de las

pretensiones de la demanda, como la de desechar otras.

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Como ya se dijo, la recurrente se limitó afirmar que no se hizo

un estudio profundo del tema relacionado con los remanentes

de los embargos no descontados; sin embargo, no expuso

elemento de juicio alguno tendiente a cuestionar las pruebas o

a refutar las consideraciones en que sustentó el Tribunal su

decisión.

En efecto, no señaló ninguna razón por la cual, a su juicio, no

era cierto el contenido de las certificaciones emanadas de los

juzgados laborales del circuito de Santa Marta y Barranquilla,

ni adujo razón alguna para que en esta instancia se

desconozca el peritaje rendido en el proceso sobre el

particular.

Igualmente, del análisis del contenido del escrito de apelación

se desprende que la recurrente, en lo pertinente, se limitó a

transcribir apartes de la sentencia que en modo alguno lo

desfavorecían, pues, precisamente, tales apartes hacen

referencia a los motivos por los cuales el Tribunal denegó las

pretensiones de la parte actora relacionadas con las glosas a

las acreencias que no fueron debidamente comprobadas.

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44

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Así pues, la Sala estima que la argumentación de la apelante

no da lugar a obtener la revocatoria de la sentencia recurrida,

sino a su confirmación, como quiera que ha sido criterio

reiterado de la Sala exigir al impugnante la carga de formular

censuras concretas a la sentencia que controvierte y no

limitarse a hacer una simple manifestación de disenso. Es así

como en sentencia de 16 de julio de 2015 9 , que reitera las

sentencias de 3 de julio y 14 de septiembre de 2014 (núms.

único de radicación 2500023240002004-00228-01) y

2500123240002007-90029-01), la Sección sostuvo:

“[…] Efectivamente, constata la Sala que el libelo de
impugnación se limita en esencia a transcribir y
ampliar los argumentos de la contestación de la
demanda, sin efectuar ningún reparo concreto ni
sustentar las razones específicas de su inconformidad
con la decisión apelada. Así, en lugar de controvertir
aspectos particulares de la decisión del Tribunal o de
sus fundamentos, el apelante se limita a refutar, una
vez más, los cargos presentados en la demanda,
ampliándolos ocasionalmente […]

La Sala reitera a este respecto las consideraciones
expuestas en las sentencias de 3 de julio 30 y 4 de
septiembre de 2014, mediante la cual se denegó un
recurso de apelación debido a las falencias
argumentativas que presentaba. Al efecto precisó lo
siguiente:

“7.1.3.- Según se desprende del artículo 350 del C. P.
C. al que se acude por remisión expresa del artículo
267 del C. C. A., el recurso de apelación tiene por
objeto “que el superior estudie la cuestión decidida en
la providencia de primer grado y la revoque o

9
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 16
de julio de 2015, C.P. Guillermo Vargas Ayala, núm. único de radicación 0800123310002009-
008844-01.

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Número único de radicación: 08001233100020060033301
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reforme”. Por otra parte, el artículo 212 del C. C. A.
modificado por el artículo 67 de la Ley 1395 de 12 de
julio de 2010, impone a quien haga uso del recurso
que sustente el mismo, esto es, que exponga las
razones de su inconformidad con la decisión de
primera instancia. Bajo los parámetros normativos
aludidos, resulta fácil concluir que el recurso de
apelación se encuentra establecido para que el
afectado con una decisión judicial le formule reparos,
inconformidades o cuestionamientos, lo que conlleva
que la parte que lo interponga dirija su sustentación a
esos aspectos. Esta posición ha sido prohijada por la
Sala de tiempo atrás, y fue reiterada recientemente
en la sentencia del 13 de marzo de 2013 al resolver el
recurso de apelación dentro del radicado No. 2006-
01241. En dicha ocasión, la Corporación se permitió
confirmar la línea jurisprudencial que ha seguido en
este aspecto en los siguientes términos: “Sobre el
punto de la sustentación del recurso de apelación,
esta Corporación ha precisado lo siguiente: “Si bastara
al recurrente afirmar en todos los casos, al impugnar
una decisión judicial, que se atiene a lo afirmado y
sostenido en el curso de la instancia, sobraría en
absoluto la exigencia perentoria contenida en el inciso
segundo del artículo 212 del C.C.A. La necesidad de
que el recurrente aporte argumentos en contra
de los fundamentos del fallo apelado, los cuales
constituyen la base de estudio de la decisión de
segundo grado, es reafirmado por el inciso
subsiguiente al sancionar con la deserción del
recurso la omisión del requisito en estudio. Al no
haber expuesto el recurrente las razones que
motivaron su disconformidad con las motivaciones y
conclusiones de la sentencia que puso fin a la primera
instancia, no le es permitido al ad quem hacer un
nuevo estudio de fondo acerca de las pretensiones
invocadas, sin incurrir en palmario quebranto de la
norma procedimental que exige la debida sustentación
del recurso de apelación.” (Sentencia de 6 de junio de
1987, Exp: 338, C.P.: Dr. Samuel Buitrago Hurtado)
En otra oportunidad, señaló: “Tal exigencia implica
que el recurrente en el escrito de sustentación señale
el ámbito o marco procesal a que debe circunscribirse
el juez ad quem para decidir el recurso. La
competencia de éste queda pues limitada a confrontar
la providencia recurrida con los motivos de
inconformidad aducidos por el recurrente. No puede,
por consiguiente, el juez de segundo grado analizar la
providencia recurrida en aspectos diferentes a los
controvertidos en el escrito de sustentación del

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recurso.” (Sentencia de 17 de julio de 1992, Exp:
1951, C.P.: Dr. Ernesto Rafael Ariza Muñoz)

Posteriormente, manifestó: De acuerdo con la
jurisprudencia. “… el deber de sustentar este recurso
(el de apelación) consiste precisa y claramente en dar
o explicar por escrito la razón o motivo concreto que
se ha tenido para interponer el recurso, o sea para
expresar la idea con un criterio tautológico, presentar
el escrito por el cual, mediante la pertinente crítica
jurídica, se acusa la providencia recurrida a fin de
hacer ver su contrariedad con el derecho y alcanzar
por ende su revocatoria o modificación.” (Corte
Suprema de Justicia, Providencia de agosto 30 de
1984, M.P. Dr. Humberto Murcia Ballén, Código de
procedimiento Civil, José Fernando Ramírez Gómez,
Colección Pequeño Foro, pág. 319) (Auto de Sala
Unitaria de 17 de marzo de 1995, Exp. 3250, C.P. Dr.
Libardo Rodríguez Rodríguez).

En esta ocasión la Sala prohíja y reitera los criterios
atrás expuestos, en cuanto a que el presupuesto sine
qua non de la sustentación del recurso de apelación es
la referencia clara y concreta que el recurrente haga
de los argumentos que el juez de primera instancia
consideró para tomar su decisión, para efectos de
solicitarle al superior jerárquico funcional que decida
sobre los puntos o aspectos que se plantean ante la
segunda instancia, tendientes a dejar sin sustento
jurídico aquellos, pues precisamente al juzgador de
segundo grado corresponde hacer dichas
confrontaciones, en orden a concluir si la sentencia
merece ser o no confirmada. 7.1.6.- Toda vez que la
finalidad del recurso de apelación es que el superior
estudie la cuestión decidida en la providencia de
primer grado y la revoque o reforme, es necesario que
en dicho recurso se expongan las razones por las
cuales no se comparten las consideraciones del a quo,
en orden a que el juzgador confronte los fundamentos
de la sentencia con los argumentos que sustentan la
inconformidad del apelante. Por consiguiente, cuando
el recurso se muestra insuficiente dado que se limita a
reproducir el concepto de violación expuesto en la
demanda, tal y como acontece en este asunto, el Juez
no tiene más remedio que confirmar la decisión. […]”.

Igualmente, resulta pertinente traer a colación el criterio

esbozado al respecto por la Sección Tercera, mediante

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sentencia de 24 de septiembre de 2020 10 , en la cual se

expresó, lo siguiente:

“[…] El artículo 212 del Código Contencioso
Administrativo, antes y después de la modificación
incorporada por el artículo 37 de la Ley 1395 de 2010,
exigía a la parte inconforme con la decisión de primera
instancia sustentar su impugnación y, por tanto,
imponía en cabeza del recurrente la carga de
manifestar sus reparos frente a las razones que
sirvieron de sustento a la decisión que considerara
errónea o contraria a derecho, obligación que, valga
señalar, se mantuvo con la entrada en vigencia de la
Ley 1437 de 201111.

“En ese mismo sentido, aunque con una claridad
mayor, el artículo 350 del Código de Procedimiento
Civil disponía que “El recurso de apelación tiene por
objeto que el superior estudie la cuestión decidida
en la providencia de primer grado y la revoque o
reforme” y el artículo 352 ibídem señalaba que “El
apelante deberá sustentar el recurso ante el juez o
tribunal que deba resolverlo (…), so pena de que se
declare desierto. Para la sustentación del recurso,
será suficiente que el recurrente exprese, en
forma concreta, las razones de su inconformidad
con la providencia” (negrillas fuera de texto),
obligación que se mantuvo y reafirmó con la entrada
del Código General del Proceso12.

“A partir del contenido de los citados artículos, diáfano
es que la carga de sustentación que corresponde
cumplir a la parte recurrente no se satisface con la
simple manifestación de disenso frente a la
providencia recurrida, tampoco con la solicitud
de que se revoque para que, en su lugar, se
acceda a los intereses de la parte inconforme o
con la mera reiteración de las razones expuestas
en el curso de la primera instancia, bien sea en la
demanda o en la contestación. No, lo que la ley

10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “A”,
sentencia de 24 de septiembre de 2020, C.P. José Roberto Sáchica Méndez, núm. único de
radicación 2003-00985-01(44707).
11
Artículo 247.
12
“ARTÍCULO 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que
el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos
formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión.
“(…)”.

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Número único de radicación: 08001233100020060033301
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impone es que se ataquen los fundamentos de
hecho y/o de derecho que sirvieron de sustento
a la providencia en aquello que se considere
desfavorable, no solo porque la decisión sea
contraria a los intereses de quien la impugna,
sino porque exista en realidad, a su juicio, una
razón por la que piense que lo fallado en primera
instancia no corresponde, en derecho, a la
decisión acertada, lo cual, por tanto, delimita el
marco al que debe sujetarse el juez al revisar la
sentencia recurrida. […] (la Sala destaca).

“Asimismo, esta Subsección en varias oportunidades
ha señalado que “el marco de la competencia del juez
en segunda instancia lo constituyen los cargos
planteados en contra de la decisión recurrida, razón
por la cual, no basta con la simple interposición
del recurso o con la manifestación general de no
estar conforme con la decisión apelada, toda vez
que quien tiene interés en que el asunto sea
analizado de fondo debe señalar cuáles fueron
los yerros o desaciertos en los que incurrió el
juez de primera instancia al resolver la litis
presentada”13 […]”. (Destacado fuera de texto).

A partir de lo que se deja reseñado, la carga de sustentación

que corresponde cumplir a la parte recurrente no se satisface

con la simple manifestación de disenso frente a la providencia

recurrida, tampoco con la solicitud de que se revoque para

que, en su lugar, se acceda a los intereses de la parte

inconforme o con la mera reiteración de las razones expuestas

en el curso de la primera instancia, bien sea en la demanda o

en la contestación14.

13
Al respecto se pueden consultar las sentencias del 14 de mayo del 2014 (exp. 31.469) y del
31 de enero de 2019, (exp. 52663).
14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “A”.
Sentencia de 24 de septiembre de 2020. Consejero Ponente José Roberto Sáchica Méndez.
Radicación número: 05001-23-31-000-2003-00985-01(44707).

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La ley impone que se controviertan los fundamentos de hecho

y/o de derecho que sirvieron de sustento a la providencia en

aquello que se considere desfavorable, no solo porque la

decisión sea contraria a los intereses de quien la impugna,

sino porque exista en realidad, a juicio de la parte inconforme,

una razón por la que piense que lo fallado en primera instancia

no corresponde, en derecho, a una decisión acertada, lo cual,

es precisamente lo que delimita el marco de análisis al que

debe sujetarse el juez al revisar la sentencia recurrida.

La carga argumentativa indicada exige que el censor exponga

de manera clara y concisa las razones por las cuales estima

desacertada la decisión proferida por la instancia judicial, lo

cual impide que simples afirmaciones de oposición puedan ser

tenidas como fundamento de un recurso de apelación.

Si la parte demandada no estaba de acuerdo con las razones

por las cuales el Tribunal Administrativo del Atlántico

determinó que había lugar a declarar la nulidad parcial de los

actos acusados y, en consecuencia, a modificar los valores

reconocidos, ha debido cuestionar dichas razones, indicando

claramente los motivos de su discrepancia, esto es poniendo

en evidencia los yerros de la respectiva decisión.

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Ahora bien, respecto a las glosas impuestas dentro del proceso

liquidatorio a las acreencias por supuestos servicios prestados

a afiliados a CAJANAL por valor de $1.594.710.497, el mismo

a quo concluyó que la solicitud de pago de dicha suma no

prosperaba al advertir que no obraba en el expediente prueba

alguna que desvirtuara la validez de las mismas, por ende,

esta pretensión de la CLÍNICA demandante fue denegada, de

ahí que no resultaba pertinente transcribir en la apelación, a

modo de sustentación, apartes de los fundamentos de dicha

decisión.

En el caso bajo examen, la Sala advierte que la sola

afirmación que hace la demandada de que el Tribunal no

realizó un profundo estudio a los descuentos por embargo, no

basta para satisfacer la exigencia relacionada con la necesidad

de refutar los fundamentos probatorios y las razones fácticas y

jurídicas de lo decidido en primera instancia.

En consecuencia, como la impugnante no esgrimió argumentos

valederos para cuestionar el fallo de primera instancia, ni

cumplió la carga argumentativa mínima que haga posible

dejarlo sin efecto, toda vez que no identificó ni mucho menos

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refutó sus fundamentos, este será confirmado, como en efecto

se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En lo que atañe a la condena en costas solicitada por la parte

actora, no obstante que no apeló el pronunciamiento que las

negó en primera instancia, la Sala considera que en esta

oportunidad no procede su reconocimiento, pues la conducta

procesal observada por la parte recurrente no reviste

temeridad ni mala fe, de conformidad con lo previsto en el

artículo 171 del CCA, en concordancia con los artículos 365 y

366 del CGP, aplicables al caso por la remisión del artículo 168

del CCA.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de

lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,

administrando justicia en nombre de la República y por

autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 1º de septiembre de

2017, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico,

Sección “C” Escritural, en cuanto declaró la nulidad parcial de los

actos acusados, en los términos reseñados en la parte motiva de

esta providencia.

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SEGUNDO: No condenar en costas, por las razones expuestas

en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: En firme esta providencia, envíese el expediente al

Tribunal de origen para que se proceda al trámite de rigor,

previas las anotaciones a que haya lugar.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 25 de julio de 2024.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por
los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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