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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 08001-23-31-000-2006-02284-01

Fecha
14 de diciembre de 2022
Consejero ponente
Jaime Enrique Rodriguez Navas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 08001-23-31-000-2006-02284-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA REVOCASE la sentencia dictada el 24 de julio de 2015, por el Tribunal Administrativo del Atlántico, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y, en su lugar: PRIMERO: NIÉGANSE las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia. SEGUNDO: Sin condena en costas. TERCERO: Ejecutoriada la presente sentencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 08001-23-31-000-2006-02284-01

Consejero ponente: Jaime Enrique Rodriguez Navas

14 de diciembre de 2022

Radicado: 08001-23-31-000-2006-02284-01 (57209)
Actor: Mauricio José Avilez y otros

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

Magistrado ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá D.C., catorce (14) de diciembre de dos mil veintidós (2022)

Radicado número: 08001-23-31-000-2006-02284-01 (57209)
Demandantes: Mauricio José Avilez y otros
Demandada: Nación—Fiscalía General de la Nación y otros
Referencia: Acción de reparación directa

Tema: Responsabilidad del Estado por daños causados por la administración de justicia
Subtema 1: Privación injusta de la libertad —Ley 600 de 2000
Subtema 2: Antijuridicidad del daño no acreditada

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección resuelve los recursos de apelación interpuestos por la Nación-
Fiscalía General de la Nación y, por la parte demandante, en contra de la sentencia
dictada el 24 de julio de 2015, por el Tribunal Administrativo del Atlántico, que
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Mauricio José Avilez Álvarez fue capturado con ocasión de la orden emitida por la
Fiscalía, en virtud del señalamiento que hizo en su contra un integrante de las FARC
vinculado a la investigación por los atentados terroristas perpetrados en contra de
los almacenes SAO y Vivero en la ciudad de Barranquilla, endilgados a ese grupo
subversivo. La Fiscalía Tercera Especializada de Barranquilla, el 18 de junio de
2004, al resolver la situación jurídica del capturado, le impuso una medida de
aseguramiento de detención preventiva, por las conductas punibles relacionadas
con los atentados, con base en la declaración en la que se afirmó que Avilez Alvarez
hacía parte de la célula miliciana de las FARC desde donde se dio la orden de
realizar los atentados.

El 20 de octubre de 2004, en virtud del recurso de apelación interpuesto por la
defensa contra la decisión de imponer medida de aseguramiento privativa de la
libertad, la Fiscalía Tercera Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito de
Barranquilla revocó la medida de aseguramiento y ordenó la libertad del procesado,
por cuanto consideró que 13 declaración de Meneses Pedraza resultaba insuficiente
para soportar tal decisión. Finalmente, el 1 de abril de 2005, la Fiscalía Quinta
Delegada ante Jueces Penales del Circuito Especializados, al calificar el mérito del
sumario, resolvió precluir la investigación seguida en contra del demandante.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda

Mauricio José Avilez Alwirez, Adolfo Antonio Avilez Cardozo, Eli María Álvarez
Jiménez, Moisés Adrián Avilez Alvarez y Renata María Avilez Alvarez, por medio de

Radicado: 08001-23-31-000-2006-02284-01 (57209)
Actor: Mauricio José Ayilez y otros

apoderado, presentaron demanda en ejercicio de la acqión de reparación directa en
contra de la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional, la Nación—Rama
Judicial, la Nación-Fiscalía General de la Nación, para que se les declare
administrativamente responsables por el daño derivado de la privación de la libertad
de la que fue sujeto Mauricio José Avilez Álvarez.

La parte actora fundamentó sus pretensiones en que el 10 de junio de 2004, a las
9:20 a. m., Mauricio José Avilez Álvarez fue detenido por miembros del grupo Gaula
del Ejército Nacional, en virtud de la orden de captura proferida irregularmente por
la Fiscalía Tercera Delegada ante Jueces Penales del Circuito Especializados de
Barranquilla, sindicado de los delitos de rebelión, homicidio agravado, tentativa de
homicidio, concierto para delinquir y extorsión. Allidió que el capturado fue
transportado en un vehículo sin placa hasta la Segunda Brigada de la Primera
División del Ejército donde permaneció 24 horas incorfiunicado. El 11 de junio de
2004, fue trasladado a la Cárcel Distrital de Barranquilla, donde rindió indagatoria.
La captura obedeció a las declaraciones rendidas por el ex guerrillero de las FARO
Luis Enrique Meneses Pedraza, vinculado al procesO penal adelantado por el
atentado ocurrido en contra de los almacenes SAO y VIVERO, en los que falleció
una persona el 16 de diciembre de 2003, en las que señaló a Avilez Álvarez como
participante de este hecho. El 18 de junio de 2004, se resolvió la situación jurídica
del capturado y se le impuso medida de aseguramiento consistente en detención
preventiva, con fundamento en la declaración de Luis Enrique Meneses Pedraza,
quien, el 2 de junio de 2004 afirmó que Mauricio Avilez hacía parte de las milicias
urbanas de las FARC y, el 17 de junio de 2004, señaló que no tenía conocimiento
ni información sobre su participación en los atentados &Otra SAO y VIVERO. El 20
de octubre de 2004, La Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Barranquilla resolvió favorablemente el recurso de apelación interpuesto
contra la anterior decisión, revocó la medida de aseguramiento y ordenó la libertad
inmediata del procesado, puesto que consideró que la declaración de Meneses
Pedraza carecía de credibilidad.

2.2. El trámite procesal relevante de primera instandia

Admitida la demanda presentada el 23 de octubre de 20061, notificado el auto
admisorio2, y corridos los traslados de ley, las entidades demandadas presentaron
sus respectivos escritos de contestación. La Nació-n-Ministerio de Defensa-
Ejército Nacional propuso las excepciones de caducidad de la acción, por cuanto
consideró que el término debe contarse a partir de la fecha de la captura, teniendo
en cuenta que la demanda reprocha la legalidad de dicho procedimiento; y, de falta
de legitimación en la causa por pasiva, puesto que el:demandante le atribuye la
irregularidad en la expedición de la medida de aseguramiento a la Fiscalía General
de la Nación. Argumentó que su actuación estuvo ajustada a sus deberes legales y
que en la demanda no se alegó ningún reproche en contra de su actuación3. La
Nación-Rama Judicial, se opuso a las pretensiones de la demanda y, además,
señaló que la parte actora le atribuyó la responsabilidad por el daño objeto de la
pretensión de condena a la Fiscalía General de la Nación por ser la entidad que
emitió la medida que decretó la privación de la libertad. Por su parte, la Nación-
Fiscalía General de la Nación contestó la demandazy manifestó que impuso la
medida de aseguramiento en cumplimiento de sus funciones constitucionales y

'Auto admisorio de la demanda, 12 de junio de 2007, f. 190, C. 4.
2 Constancia de notificación por aviso, f. 192, C. 4.
3 Escrito de contestación, Ejército Nacional, f. 250, c. 4.
4 Escrito de contestación de la demanda, Rama Judicial, f. 265, c. 4.

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Radicado: 08001-23-31-000-2006-02284-01 (57209)
Actor Mauricio José Avilez y otros

legales que señalan su obligación de asegurar la comparecencia al proceso de los
presuntos infractores penaless.

Vencida la etapa probatoria, se corrió traslado a las partes para que alegaran de
conclusión6. Así lo hicieron la parte actora y las entidades demandadas7. El
Ministerio Público emitió concepto con el que apoyó la prosperidad de las
pretensiones en atención a un régimen de responsabilidad objetiva8.

2.3. La sentencia recurrida

El Tribunal Administrativo del Atlántico, por medio de sentencia dictada el 24 de julio
de 2015, declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por
pasiva de la Nación-Ministerio de Defensa y de la Nación-Rama Judicial, y declaró
la responsabilidad de la Nación-Fiscalía General de la Nación, bajo la consideración
de que Mauricio José Avilez sufrió un daño antijurídico con la privación de su
libertad, por cuanto el órgano instructor no desvirtuó la presunción de su inocencia,
"aspecto que mal podría trasladar al procesado, ya que las investigaciones penales
no autorizan el desconocimiento irrestricto de las libertades individuales". Así, el a
quo señaló que la privación de la libertad del procesado constituyó una vulneración
al principio de igualdad frente a las cargas públicas, sin que sea necesario evaluar
la conducta de los funcionarios judiciales que tuvieron el proceso a su cargo.

No obstante, del análisis de la actuación judicial concluyó que para privar de la
libertad al capturado, el ente instructor debía edificar dos indicios graves en su
contra, lo cual no tuvo lugar en la instrucción debido a que "por un lado, el indicio
construido por un testimonio se valoró indebidamente al dársela credibilidad a la
declaración de uno de los sindicados en la investigación de los atentados terroristas
perpetrado por una célula urbana de las FARC en los que resultó victima Angela
María Fontalvo Cantillo, el día 16 de diciembre de 2003; dicha declaración fue la del
señor LUIS ENRIQUE MENESES PEDRAZA, quien ni siquiera sostuvo el
señalamiento en las declaraciones que rindió, y quien al señalar a un tercero tomaba
ya no el lugar de un sindicado sino que también se vestía del ropaje de un testigo
de cargos, cuya exposición debía someterse a control natural de la prueba mediante
el correspondiente contrainterrogatorio, cosa que nunca se dio y por consiguiente
se derrumbaba como prueba indiciaria por nulidad de la misma".

El Tribunal anotó que, para proferir la medida de aseguramiento privativa de la
libertad, además debía obrar un segundo indicio en contra del procesado, "sin
embargo se hizo patente por parle del mismo ente instructor, que el retrato hablado
no guardaba la más mínima correspondencia con las características físicas del
señor Avilez Álvarez y por ende no había lugar a colocar ese otro peldaño indiciario
en su contra". Por tanto, encontró demostrado que tanto la decisión de imponer la
medida de aseguramiento como la investigación, en sí misma, quedó sin
fundamento. En consecuencia, condenó a la Nación-Fiscalía General de la Nación
a pagar una indemnización por concepto de perjuicios morales equivalente a 50
smlmv a favor del privado de la libertad y sus padres y, a favor de sus hermanos la
suma equivalente a 25 smlmv, y por concepto de perjuicio materiales, en la
modalidad de lucro cesante, la suma de $32.669.863.

5 Escrito de contestación de la demanda, Fiscalia General de la Nación, f. 273, C. 4.
6 Auto de traslado, 21 de noviembre de 2014, f. 538, C. 5.
7 Alegatos en primera instancia, f. 311 y 335, c. 1.
Alegatos de conclusión y concepto Ministerio Público, f. 565, 585,610 y 668, c. 5.

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Actor: Mauricio José Avilez y otros

2.4. El recurso de apelación

La Nación-Fiscalía General de la Nación interpuso recikso de apelación en contra
de la decisión de primera instancia y alegó que la medida de detención preventiva
impuesta a Mauricio Avilez se ajustó a las exigencias 'formales y sustanciales de
la ley penal. Aseguró que existían serios indicios en contra del demandante, por
lo que era deber de la entidad iniciar una investigación p' enal e imponer medida de
aseguramiento de detención preventiva en su contra,, pues era la única medida
procedente, de acuerdo con el delito investigado9.

La parte demandante interpuso recurso de apelaciónwien contra de la decisión de
primera instancia, en el que manifestó su inconformidad con la falta de
reconocimiento de indemnización por la afectación al honor y al buen nombre, y
resaltó que Mauricio Avilez se desempeñaba como defensor de derechos
humanos, con un alto perfil público, lo que sumado al contexto socio-político que
atravesaba el país significó que la acusación penal puliera en duda su reputación
y frustrara su proyecto de vida, obligándolo a desplazarse de su domicilio, debido
a que se convirtió en blanco de agresiones contra su vida e integridad personal.
También aseguró que Mauricio Avilez y su familia padegieron quebrantos de salud
y alteraciones a sus condiciones de vida, a raíz del exilio que tuvieron que soportar
como consecuencia del señalamiento penal en su contra.

2.5. El trámite relevante de segunda instancia

Esta Corporación, por medio de auto del 29 de junio de 41611 admitió los recursos
de apelación interpuestos por la parte demandante y la Nación- Fiscalía General de
la Nación. En providencia posterior, corrió traslado a las partes para que
presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera
concepto de fondo12. La parte actora reiteró su solicitud de reconocer el daño a la
honra y el buen nombre, así como el daño a la salud.derivados de la detención
arbitraria que afrontó Mauricio José Avilez. La Nación-Fiscalía General de la Nación
insistió en que no se encuentran configurados los elementos de la responsabilidad.
También señaló que la certificación de ingresos suscrita por contador público no es
prueba suficiente para calcular el lucro cesante, pues esta se encuentra desvirtuada
por el hecho de que el demandante, para la época de su detención, no figuraba
como cotizante en el sistema de seguridad social en salud.

III. PROBLEMA JURÍDICO

En atención a los argumentos de inconformidad expuestos en los recursos de
apelación interpuestos por la Nación-Fiscalía General de la Nación y la parte
demandante, constitutivos del marco de juzgamiento de la segunda instancia, la
Sala resolverá los siguientes problemas jurídicos:

¿La medida de aseguramiento impuesta a Mauricio José Avilez, en el trámite de la
investigación penal iniciada por los delitos de rebelión, homicidio agravado, tentativa
de homicidio, concierto para delinquir y extorsión, constituye un daño antijurídico,
dado que la medida fue revocada y el proceso penal precluyó?

9 Recurso de apelación, Fiscalía General de la Nación, f 195, c ppal.
19 Recurso de apelación parte actora, f 218, c. ppal.
11 Auto admisorio de los recursos de apelación, f. 246, c. ppal.
12 Auto de traslado para alegar de conclusión, f. 254, c. ppal.

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Actor Mauricio José Avilez y otros

En el evento de que la respuesta al anterior problema jurídico sea afirmativa, la
Subsección establecerá: ¿El daño antijurídico derivado de la imposición de la
medida de detención en contra Mauricio José Avilez resulta imputable a la Nación-
Fiscalía General de la Nación por su acción u omisión?

Finalmente, en caso de que se configuren los dos presupuestos necesarios para
que surja la responsabilidad estatal, se estudiará la prueba atinente a los perjuicios,
de conformidad con la jurisprudencia de esta Corporación.

IV. HECHOS PROBADOS RELEVANTES PARA LA RESOLUCIÓN DE LOS
PROBLEMAS JURÍDICOS ENUNCIADOS

El material de prueba aportado al expediente da cuenta de los siguientes hechos:

4.1. El 18 de junio de 2004, la Fiscalía Tercera Delegada ante Jueces Penales del
Circuito de Barranquilla resolvió la situación jurídica de Mauricio José Avilez y dictó
medida de aseguramiento de detención preventiva en su contra, sindicado de los
delitos de concierto para delinquir, homicidio, lesiones personales, extorsión,
tentativa de homicidio con fines terroristas y rebelión. El despacho fiscal, al hacer
el recuento del caso, señaló que, con ocasión de los atentados terroristas
perpetrados el 16 de diciembre de 2003, en contra de los almacenes SAO y Vivero,
en la ciudad de Barranquilla, se iniciaron las diligencias de investigación que
señalaron a diferentes integrantes de frentes subversivos de las FARC.

El Fiscal afirmó que, en contra de Mauricio José Avilez se recaudaron declaraciones
que daban cuenta de su responsabilidad penal. Al respecto, se anotó que Liliana
Ruda Rebollo, vinculada a la investigación, quien confesó su participación en los
atentados como integrante de las FARC, señaló a Luis Enrique Meneses, alias El
Taxista, como integrante de la célula urbana de las FARC. Este, a su vez, admitió
su vínculo con la célula miliciana del frente 37 de las FARC y aportó información
mencionando a Mauricio José Avilez como integrante del grupo subversivo que
labora con Guillermo Larios, señalado de ser el jefe de la célula urbana. En su
indagatoria, Mauricio José Avilez admitió trabajar con Guillermo Larios y negó
pertenecer a las FARC, puesto que pertenece a una ONG como defensor de
derechos humanos. Por tanto, el despacho fiscal consideró que se encontraban
reunidos los requisitos establecidos en el artículo 356 del CPP., para imponer
medida de aseguramiento privativa de la libertad13.

4.2. El 20 de octubre de 2004, la Fiscalía Tercera Delegada ante el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Barranquilla resolvió el recurso de apelación
interpuesto contra la resolución del 18 de junio de 2004, decidió revocar la medida
de aseguramiento impuesta y ordenó la libertad inmediata de Mauricio José Avilez,
por cuanto consideró que, aunque en la investigación algunos vinculados aceptaron
su participación en los atentados y delataron a sus compañeros, solo uno, Luis
Enrique Meneses, afirmó que Mauricio Avilez era integrante de las FARC, y su
declaración perdió credibilidad debido a las siguientes circunstancias14:

1. Ninguno de los demás implicados mencionaron a José Mauricio Avilez.

13 Auto que resuelve situación jurídica, f. 381 a 393, c. 3.
14 Providencia del 20 de octubre de 2004 que resolvió el recurso de apelación contra la decisión de imponer
medida de aseguramiento, f. 153 a 173, c. 1.

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Radicado: 08001-23-31-000-2006-02284-01 (57209)
Actor: Mauricio José Avilez y otros

2. El informe de inteligencia n. 1128 del CTI, del 27 de febrero de 2003, ni
siquiera menciona a alias Mauricio.

3. El informe de inteligencia n. 0452 del 10 de junio de 2004, realizado por el
Gaula Rural consideró como dudosa la credibilidad del testigo Luis Enrique
Meneses debido a su nerviosismo y a la , inexactitud de los datos
suministrados.

4. Los retratos hablados elaborados el 8 de junio de 2004, con base en la
información suministrada por Meneses Pedraza, no guardan
correspondencia con las características morfolOgicas de Mauricio Avilez
Álvarez.

4.3. El 1° de abril de 2005, la Fiscalía Quinta Delegada ante Jueces Penales del
Circuito Especializados de Barranquilla, al calificar el :mérito del sumario, profirió
resolución de preclusión de la investigación. El fiscal trajo a colación la decisión que
revocó la medida de aseguramiento, debido a que "las únicas prueba existente (sic)
contra este procesado, lo eran el testimonio de Meneses Pedraza, sindicado dentro
de la encuesta, y un retrato hablado que en nada coincidía con las características
morfológicas de Avilez Álvarez, sugiriendo la ampliación' del testimonio de Meneses,
y brindar la oportunidad a la defensa para contrainterrogar a este testigo; sugerencia
que este despacho cumplió al disponer la práctica de diligencia de ampliación de
indagatoria en varias oportunidades, sin que hubiera sido posible el traslado del
mencionado interno, por causas ajenas al despacho. Siendo así, que la situación
para el procesado Mauricio Avilez, desde ese momento no ha variado, de manera
tal que al despacho no le queda otra opción que precluir en su favor la
investigación"15.

V. CONSIDERACIONES.,

La Sala procede a resolver el asunto habida consideración de la competencia que le
asiste para ello, dado que la Ley 270 de 1996, al prever la responsabilidad del Estado
en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia y privación injusta de la liblitad, estableció que estos
asuntos serían competencia de los Tribunales Administrativos en primera instancia
y del Consejo de Estado en segunda instancia, sin cornideración a la cuantía".

A su vez, el ejercicio oportuno de la acción se encuentra acreditado17, porque el
proceso penal al que fue vinculado Mauricio José Avilez Álvarez culminó con la
decisión de preclusión que fue proferida el 1 de abril de 2005, y la demanda fue
presentada el 23 de octubre de 2006, cuando aún rió se encontraba vencido el
término de caducidad señalado en el artículo 136.8 del .CCA.

16 Resolución de preclusión, 1 de abril de 2005, f. 407 a 434, c. 3.
16 El artículo 73 de la Ley 270 de 1996, vigente para la fecha de presentaéión de la demanda, fue derogado de
manera expresa por el artículo 309 del CPACA, este último declarado exéquible por la Corte Constitucional en
sentencia C- 818 de 1° de noviembre de 2011. A partir de la vigencia del CPACA, la competencia en los asuntos
referidos en la Ley 270 de 1996, se rige conforme a lo previsto en el numeral 6 del artículo 152 de ese código.
17 Conforme a la jurisprudencia de esta corporación en los eventos en los que se pretende la indemnización de
los peluicios derivados de la privación injusta de la libertad, el término de éaducidad de dos años previsto en el
artículo 136-8 del Código Contencioso Administrativo inicia a partir del día siguiente a la fecha de ejecutoria de
la decisión penal absolutoria, de la que cesó el procedimiento o de la que declaró la preclusión de la
investigación penal, pues solo a partir de ese momento el sindicado puede inferir la existencia de un daño
antijurídico. (Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de unificación de 15 de agosto de 2018 y 18 de
julio de 2019, expedientes 46947 y 44572, respectivamente. En igual senlido, Sección Tercera, auto de 19 de
julio de 2010, expediente 37410).

Radicado: 08001-23-31-000-2006-02284-01 (57209)
Actor: Mauricio José Avilez y otros

En relación con la legitimación para la causa por activa, está acreditado en el
expediente que Mauricio José Avilez Álvarez fue la persona que soportó la medida
de detención preventiva que derivó el daño que pretende le sea reparado, por lo
que se encuentra legitimado. En cuanto a los demandantes, Adolfo Antonio Avilez
Cardozo, Eli María Alvarez Jiménez, Moisés Adrián Avilez Alvarez y Renata María
Avilez Álvarez, las relaciones de parentesco como padres y hermanos del afectado
con la privación están debidamente acreditadas con los respectivos registros civiles
de nacimiento, por lo que se encuentra legitimados en la causa por activa en el
presente proceso".

Sobre la legitimación en la causa por pasiva, la Sala observa que el daño que se
invoca en la demanda proviene de actuaciones que corresponden a la Fiscalía
General de la Nación, como órgano encargado de adelantar la investigación penal
en contra del demandante. De manera que la Nación, como persona jurídica
representada por el jefe de la oficina jurídica de la Fiscalía General de la Nación, se
encuentra legitimada en este asunto. El a quo declaró la falta de legitimación en la
causa por pasiva de la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional y la Nación-
Rama Judicial, decisión que no fue objeto de apelación por ninguna de las partes,
por lo que no hay lugar a pronunciamiento al respecto.

5.1. Antijuridicidad del daño

La cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado prevista en el artículo
90 de la Constitución Política, establece que el Estado tiene la obligación de
responder "patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables,
causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas".

La jurisprudencia del Consejo de Estado ha precisado que la declaración de
responsabilidad referida requiere la demostración de los siguientes elementos: (i) el
daño y su antijuridicidad19, y (ii) la innputabilidad al Estado, que se centra en
constatar si el daño antijurídico es atribuible a la acción u omisión de la parte
demandada o si, por el contrario, el mérito de las pruebas recaudadas da cuenta de
que el elemento determinádor en la lesión causada reside en la conducta de la
víctima o de un tercerom. Esta imputabilidad se desenvuelve en dos fases, una en
el plano fáctico, que se verifica en función del principio de causalidad, y otra en el
plano jurídico, que se verifica en función de la carga obligacional del órgano
demandado21.

Con relación al primer elemento, la jurisprudencia de la Sala ha considerado que el
daño debe ser cierto, personal y antijurídico; es decir, i) que exista lesión a un bien
jurídico tutelado que tenga consecuencias ciertas en el patrimonio económico o
moral del titular, ii) que la afectación no haya sido causada ni jurídicamente atribuible
a la propia víctima y, iii) que quien padece el daño no tenga el deber jurídico de

18 Registro civil de nacimiento de Mauricio José Avilez Alvarez, n. 80041614645; Registro Civil de Nacimiento
de Renata María Avilez Alvarez, n. 79032514613; y Registro Civil de Nacimiento de Moisés Adrián Avilez
Alvarez, n. 74110710988, documéntos que dan cuenta de que sus padres en común son Eli María Alvarez y
Adolfo Antonio Avilez, f. 637 a 639, c. 5.
18 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de 29 de octubre de 2018, exp. 46932.
28 La doctrina, tanto como la jurisprudencia, consideran de diferentes maneras el lugar que corresponde a la
culpa de la víctima ode un tercero en la estructura de la responsabilidad. Algún sector estima que su prueba es
causa de la quiebra del nexo de causalidad; otro, que obra como un factor impediente de la imputación del daño
a la demandada. Sin embargo, una elemental consecuencia con la definición que ya ha quedado sentada, del
daño antijurídico, permite inferir válidamente que, si el daño que la propia víctima o un tercero determina por su
obrar gravemente negligente, imprudente o inexperto, es, por antonomasia, un daño que sólo ella debe soportar,
tal daño no puede reputarse antijurídico.
21 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 8 de abril de 2014, exp. 29195.

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Radicado: 08001-23-31-000-2006-02284-01 (57209)
Actor Mauricio José Avilez y otros

soportarlo22.

En los eventos en que el bien jurídico tutelado de la libertad es restringido en virtud
del ejercicio del poder de investigación penal del Estado a través de la imposición
de la medida provisoria y excepcional de detención preventiva, el daño que genera
tal restricción será indemnizable solo cuando se configure una privación injusta de
la libertad, tal como lo dispone el artículo 68 de la Ley 270 de 1996 -Estatutaria de
Administración de Justicia- bajo la consideración que, el término "injusticia" hace
referencia a una actuación "abiertamente arbitraria", "desproporcionada y violatoria
de los procedimientos legales'23.
,
En cuanto a los presupuestos elementales de legalidad de la medida restrictiva de
la libertad excepcional y preventiva, el artículo 28 de la Constitución Política
establece que la detención esté precedida de una orden expedida por autoridad
judicial competente, por motivos previamente definidos y con las formalidades
previstas en la ley.

Ahora, en lo relativo a los demás elementos, la Corte Constitucional precisó que su
determinación implica necesariamente "definir si la providencia a través de la cual
se restringió la libertad a una persona mientras era investigada y/o juzgada fue
proporcionada y razonada, previa la verificación de ser- conformidad a derecho"24.
Bajo ese marco constitucional, resulta insoslayable que quien califica de injusta la
medida restrictiva de la libertad asuma la carga de Rrobar que la actuación fue
"abiertamente arbitraria", "desproporcionada" y desconocedora de los principios de
razonabilidad y necesidad que se imponen en virtud de que el sacrificio de la libertad
debe ser excepcional. La apreciación de los medios de prueba realizada con el
propósito, exige "valoraciones que superan el simple juicio de causalidad y ello por
cuanto una interpretación adecuada del artículo 68 de lá Ley 270 de 1996, impone
considerar, independientemente del título de atribución, que se elija, si la decisión
adoptada por el funcionado judicial penal se enmarca en los presupuestos de
razonabilidad, proporcionalidad y legalidad"25.

De acuerdo con lo anterior, la imputación de responsaliilidad al Estado bajo el título
de privación injusta de la libertad no procede con 19 sola acreditación de una
decisión preclusiva o absolutoria de responsabilidad penal, dado que, conforme a lo
dispuesto en la sentencia de constitucionalidad citada; es necesario que en cada
caso particular se analicen los presupuestos de proCedencia de la medida de
aseguramiento al momento de su imposición, para determinar si se ajustó o no a los

22 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de 28 de abril de 2010.y de 25 de abril de 2012, expediente
21861.
23 Corte Constitucional, sentencia C- 037 de 5 de febrero de 1997. Declaró exequible el articulo 68 de la Ley
270 de 1996, bajo la condición que "el término 'injustamente' se refiere a una actuación abiertamente
desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales, de forma tal que se tome evidente que la privación
de la libertad no ha sido ni apropiada, ni razonada ni conforme a derecho, sino abiertamente arbitraria?.
24 Corte Constitucional, sentencia SU-072 de 5 de julio de 2018. "En el caso de la privación injusta de la libertad
la Corle, ciñéndose exclusivamente al texto normativo y teniendo en cuenta las dos premisas señaladas, esto
es, que el artículo 90 de la constitución no define un titulo de imputación y que, en todo caso, la falla en e/
servicio es el título de imputación preferente, concluyó en la sentencia Cz037 de 1996 que el significado de la
expresión "injusta" necesariamente implica definir si la providencia a través de la cual se restringió la libertad a
una persona mientras era investigada y/o juzgada fue proporcionada y !Sonada, previa la verificación de su
conformidad a derecho (...) 103. Ahora bien, el entendimiento de los calificativos contenidos en dicha norma
exige tener en cuenta que las diferentes normas que han regulado los 'supuestos en los cuales procede la
detención preventiva tienen ínsito el juicio de razonabifidad y proporcionalidad; por ejemplo, en el Decreto Ley
2700 de 1991 se consagraba como presupuesto para imponer medida de aseguramiento que contra el sindicado
resultare por lo menos un indicio grave de responsabilidad con base en láá pruebas legalmente producidas en
el proceso.".
25 Corte Constitucional, Sentencia SU-072 de 2018.

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Radicado: 08001-23-31-000-2006-02284-01 (57209)
Actor: Mauricio José Avilez y otros

principios de razonabilidad, proporcionalidad y necesidad que la rigen, análisis que,
en lo que atañe a la razonabilidad, está directamente relacionado con el estándar
probatorio previsto en cada etapa del proceso penal (principio de progresividad
penal) 26.

Bajo el marco constitucional y legal referido, la Sala procede a establecer si la
medida privativa de la libertad impuesta en contra de Mauricio José Avilez Alvarez
constituyó una detención razonable, proporcional y necesaria.

En el caso bajo estudio, las pruebas allegadas revelan que la Fiscalía Tercera
Delegada ante Jueces Penales del Circuito de Barranquilla le impuso a Mauricio
José Avilez Alvarez una medida de detención preventiva el 18 de junio de 2004,
sindicado de los delitos de concierto para delinquir, homicidio, lesiones personales,
extorsión, tentativa de homicidio con fines terroristas y rebelión. Posteriormente, la
Fiscalía Tercera Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Barranquilla, al resolver el recurso de apelación, decidió revocar la medida de
aseguramiento. Finalmente, la Fiscalía Quinta Delegada ante Jueces Penales del
Circuito Especializados de Barranquilla, al calificar el mérito del sumario, profirió
resolución de preclusion de la investigación. Así, se encuentra acreditado que el
demandante soportó una medida restrictiva del bien jurídico fundamental de la
libertad personal y física, excepcional y preventiva, que generó padecimiento a él y
a sus seres queridos27, por lo que honró la carga que le asistía de demostrar el daño
o menoscabo a un bien o interés jurídicamente tutelado.

Ahora bien, para que el daño tenga carácter antijurídico, además de recaer sobre
un interés tutelado por el derecho, es necesario verificar que no exista un título legal
conforme al ordenamiento constitucional, que justifique o que lo legitime28.

Tratándose de la privación de la libertad por orden de autoridad judicial, ese título
remite, en principio, al artíCulo 28 de la Constitución, en cuanto autoriza la detención
preventiva. Se trata, sin embargo, de un título calificado, puesto que el constituyente
ha rodeado de garantías ,al derecho que así autoriza afectar, consistentes en la
exigencia de mandamiento escrito de autoridad judicial competente que así lo
disponga, de la observancia de determinadas formalidades que solo concierne fijar
al legislador, y del cumplimiento de los motivos que previamente haya definido la
ley, motivos que, a su vez, guardan relación con los fines para los que ha sido
establecida la medida.

Es por esa razón que, en el juicio de reparación de daños por causa de la privación
de la libertad por disposición de autoridad judicial, la determinación del patrimonio
que ha de ser afectado con la condena debe estar precedida de la previa
comprobación de la ausencia del título calificado que legitime el daño, bien porque
la privación de la libertad no estuvo precedida de orden escrita de autoridad
competente, bien porque dicha orden se extendió sin el cumplimiento de las

26 Corte Suprema de Justicia, Sala Especial de Primera Instancia, sentencia de 29 de abril de 2021, expediente
00320 (AEP-00045). "Vale la pena en primer lugar destacar que la estructura del proceso penal tiene dos
vertientes, una formal y otra conceptual: en la primera están todos los actos sucesivos y con carácterpreclusivo que
lo componen de cara a una secuerieia lógico-jurídica, en tanto que la segunda apunta a la definición progresiva y
vinculante de su objeto, que no es otro que el de establecer la verdad de los hechos investigados. Por lo anterior, la
queja que cifra el defensor en que el delito por el cual ha sido convocado ajuicio (...) no es el mismo por el cual se
le definió la situación jurídica, está enmarcada en la estructura conceptual del debido proceso caracterizado por el
principio de progresividad, ya que cada fase va exigiendo un mayor grado de conocimiento del objeto de
investigación, matizado asl de la posibilidad, luego la probabilidad, hasta llegar a la certeza.".
27 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014, exp. 36149.
28 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 29 de octubre de 2018, expediente 46932.

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Radicado: 08001-23-31-000-2006-02284-01 (57209)
Actor Mauricio José Atener y otros

formalidades legales, o bien porque su extensión no estuvo determinada por los
motivos definidos por el legislador, o porque no vino eátrictamente necesaria para
satisfacción de los fines para los que fue autorizada, o porque se revela
desproporcionada en relación con estos.

La parte actora, en primera medida, aludió a irregularidades durante el
procedimiento de captura, pues afirmó que Mauricio Avdez fue transportado en un
vehículo sin placa hasta la Segunda Brigada de la Primera División del Ejército
donde permaneció 24 horas incomunicado; sin embargo, no obra ninguna prueba
en el expediente que dé cuenta de dichas circunstancias. Entre las piezas del
proceso penal allegadas al expediente se encuentra el informe de captura, en el que
se relacionaron como anexos: el acta de derechos del papturado, el acta de buen
trato y el oficio remisorio del capturado. Además, durante su indagatoria, el
capturado relató las circunstancias de su captura sin hácer manifiesta ninguna de
las irregularidades aludidas en la demanda. Tampoco süncuentra ninguna alusión
al procedimiento de captura en las providencias de resolución de situación jurídica
y preclusión allegadas al expediente, por lo que la Sala no encuentra demostradas
las afirmaciones realizadas en la demanda frente a la captura del procesado.

Ahora bien, la parte demandante reprochó que la m' edida de aseguramiento
consistente en detención preventiva le fue impuesta a Mauricio José Avilez
solamente con base en la declaración de un ex integrante de las milicias urbanas
de las FARC, que lo señaló como parte de ese !grupo subversivo, y que
posteriormente, en la ampliación de su declaración refirió que no tenía conocimiento
ni información sobre su participación en los atentados contra SAO y VIVERO,
hechos por los cuales había sido vinculado a la investigación. Además, la medida
de aseguramiento fue revocada, debido a la falta de credibilidad que brindaba la
declaración del ex miliciano.

De acuerdo con las pruebas allegadas al proceso, Ora definir la situación del
capturado, la Fiscalía contaba con los siguientes elementos de convicción:

Luis Enrique Meneses Pedraza rindió indagatoria ante la Fiscalía Tercera
Especializada de Barranquilla, el 2 de junio de 20040. en la que relató que es
conductor de taxi y que fue capturado por el grupo Gatita como probable autor de
los delitos de extorsión y rebelión. Respecto de su participación en los atentados
del 16 de diciembre de 2003, en contra de los almacenes SAO y Vivero, señaló que
no fue directa, pero transportó a dos personas en eí taxi para que hicieran el
reconocimiento de los almacenes en los días anteriores, al atentado. Afirmó que se
enteró que esas personas participarían en los hechos pbrque le contaron que ellos
entrarían a los almacenes para estudiar la zona y, popteriormente le dijeron que
habían participado en el ataque contra estos almacenes. En su relato mencionó a
varias personas pertenecientes a las milicias de las FAII1C, entre ellos, a alias Leo,
quien convive con Ludis, y mencionó que ella fue la :que "contactó a Guillermo
Lados, quien era el jefe máximo encargado de todo el grupo miliciano, para hacer
contacto con el frente 37 Bloque Caribe para la conformación del grupo y recibirlas
orientaciones (...)".

Respecto de Guillermo Larios, señaló que "trabaja en el presbiterio él es como un
colectivo de derechos humanos (...) es el jefe máximo, 'es el que orienta el grupo,
él es el contacto con el Frente 37, y fue la persona que dio la orden de los atentados
contra los almacenes SAO y VIVERO, eso me lo comer-46 Liliana Rudas (...)".

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Radicado: 08001-23-31-000-2006-02284-01 (57209)
Actor: Mauricio José Avilez y otros

Durante la continuación de la indagatoria, Meneses Pedraza respondió que no
sabe si Liliana y Leo fueron los que cometieron el atentado, pero, reiteró que Liliana
le dijo que José Guillermo Larios "ere el que había dado la orden de cometer los
atentados". Ahora, frente a la pregunta de cuáles personas conocía que
pertenecieran a las milicias de las FARC, respondió, entre otros, "alias MAURICIO,
él pertenece a una O.N.G. Colectiva de Derechos Humanos y tiene una oficina en
el Presbiterio (...) MAURICIO es miliciano del grupo de LARIOS"

Sobre su pertenencia a las FARC, confesó que ingresó a "las células clandestinas
del Bloque Magdalena Medio, Compañía Mahecha en el año 90, después en el año
95 más o menos ya viendo tenido la preparación en las montañas del Magdalena
medio, preparación política estratégica de la toma del poder por parte de las FARC,
ingresé a la milicias en Barrancabenneja en el año 95, trabajé en las células de
finanzas (..)". Seguidamente, el indagado relató detalles sobre las personas que
conocía pertenecen a las FARC y sus funciones al interior de la guerrilla, reconoció
algunas fotografías y, al ser interrogado por los integrantes de las células de milicias
urbanas de Barranquilla señaló que conoce la de José Antequera integrada por
algunos estudiantes de la Universidad del Atlántico y, la de "Larios", integrada por
"GATILLO LOCO, ROMAN, LEO, LUDIS, LILIANA RUDAS, GUARIN, MAURICIO,
LARIOS, JESÚS CASTAÑEDA, G1OVANNY Y YO".
Teniendo en cuenta los señalamientos directos realizados por el indagado, el
despacho procedió a tomar ratificación de sus afirmaciones bajo juramento, así:

"PREGUNTADO: Diga si se ratifica en todo su dicho con respecto a
las sindicaciones que'usted hace en contra de las personas, así como
sus alias, relacionadas en respuestas anteriores, y las circunstancias
de tiempo, modo y lugar en que estos sujetos cometieron, participaron
o fueron cómplices de los hechos ilícitos materia de investigación, así
como la conformación o pertenencia dentro de grupos al margen de
la ley que en este caso seda la FARC, a lo que CONTESTÓ: St señor,
sí me ratifico en todo lo dicho anteriormente con respecto a la
participación, autoría, complicidad de todas las personas que en esta
diligencia he señalado, así como el de ser integrantes activos de las
FARC-EP ya que ellos conforman las células urbanas de las FARC.
También de su participación en el atentado de los almacenes SAO y
VIVERO. Quiero aclarar, que en relación con los atentados a los
almacenes SAO y VIVERO, fue una tercera persona la que me
informó sobre este hecho, y fue la señora LILIANA RUDA, la que
después de los hechos me los manifestó. También quiero anotar que
yo transporté en mi vehículo taxi a LILIANA RUDAS y a GUARIN una
vez para ir a estos almacenes, yo no tenía conocimiento de lo que
iban a hacer, porque como lo dije en respuesta anterior, la información
de cualquier actividad que fueran a hacer solo la saben las que son
llamadas a participar; si posteriormente LILIANA me comentó que
esos atentados los cometieron por orden de JOSÉ GUILLERMO
LARIOS (...)"29.
El 9 de junio de 2004, la Fiscalía Tercera Delegada ante Jueces Penales del Circuito
Especializados de Barranquilla emitió orden de captura bajo la siguiente
consideración: "Atendidas las razones que fluyen de la actuación, según las cuales
surgen imputaciones directas contra MAURICIO JOSÉ AVILES ALVAREZ, como

29 Diligencia de indagatoria, Luis Enrique Meneses, 2 de junio de 2004, f. 359 a 375, c. 3.

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Radicado: 08001-2i-31-000-2006-02284-01 (57209)
Actor Mauricio José Avilez y otros

integrante de la célula urbana del frente 37 de las FARC en esta ciudad y labora en
las oficinas del Presbiterio con JOSÉ GUILLERMO LARIOS, persona que se conoce
de autos dio la orden para efectuar los atentados contra los almacenes SAO y
VIVERO; y que se encuentra debidamente individualizado, se hace necesario la
vinculación del señor MAURICIO JOSÉ AVILES ALVARÉZ, a la presente instrucción
de conformidad a lo preceptuado en el artículo 250 del C.P.P. se le librará la
respectiva ORDEN DE CAPTURA en su contra (.4".

Obra en el expediente el informe de inteligencia del iØ de junio de 2002, suscrito
por el Grupo Gaula Rural Atlántico del Ejército Nacional en el que se individualizó e
identificó a Mauricio José Avilez3°. Obra también informe sobre la diligencia de
captura adelantada en la misma fecha31.

El 11 de junio de 2004, Mauricio José Avilez rindió indagatoria ante la Fiscalía
Tercera Delegada ante Jueces Penales del Circuito Especializados de Barranquilla
en la que manifestó "soy defensor de derechos humanos y laboro en la oficina de
derechos humanos de la corporación universitaria reformada (...) no soy trabajador
ni funcionario de la iglesia presbiteriana, trabajamoS en conjunto asesorías y
formación en derechos humanos". Al ser interrogado sobre varios de los vinculados,
respecto de algunos dijo no recordarlos, de otros no aonocerlos, a excepción del
señor Larios, de quien indicó: "a José Guillermo Lados, es defensor de derechos
humanos, hace parte de la ONG a la que yo pertenezco y dirige el proyecto de
observatorio de derechos humanos de la red: ecuménica, lo conozco
aproximadamente 8 meses". Respecto de Luis Enrique Meneses refirió que no lo
recuerda32.

El 17 de junio de 2002, Luis Enrique Meneses Pedraza asistió a audiencia de
ampliación de indagatoria ante la Fiscalía Tercera Delegada ante Jueces Penales
del Circuito Especializados de Barranquilla en la que fue interrogado acerca de
Mauricio Avilez, a lo que respondió lo siguiente:

"PREGUNTADO: De la diligencia de indagatoria rendida por el señor
MAURICIO AV1LES ALVAREZ, manifestó no recordarlo a usted; sin
embargo, usted lo sindica de pertenecer a las FARC; puede usted detallar
el por qué conoce usted a MAURICIO AVILES A“AREZ, su actividad
dentro del grupo, y demás datos que corroboren su dicho en diligencia de
inquirir.- CONTESTO: Porque cuando me reunía ":Con PETER, él me dijo
que cualquier razón o quisiera hablar con él, le mandara razón con
MAURICIO, yo hablé con MAURIO (sic) en el PLESBITERIO (sic)
preguntando por LARIOS, eso fue que LARIOS me llamó al celular que
necesitaba hablar conmigo para comentarme que si estaba dispuesto a
viajar (..). Cuando yo lo conocí él era el enlace Con PITER, después me
enteré por la boca de LARIOS que ahora MAURICIO se encontraba con
él, es decir, con LARIOS; su actividad era la de miliciano y enlace con
PITER (...). Preguntado: Diga qué participación tuvo MAURICIO AVILEZ
en los atentados contra SAO y VIVERO.- CONTESTO: No tenqo
información qué participación tuvo él allí, ni conocimiento tampoco".

3° Informe de inteligencia, f. 97, c. 1.
31 Informe de captura, f. 99, c. 1.
32 Diligencia de indagatoria, Mauricio José Avilez, 11 de junio de 2004, f. 101, c. 1.

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Radicado: 08001-23-31-000-2006-02284-01 (57209)
Actor: Mauricio José Avilez y otros

Como la declaración de Luis Enrique Meneses fue vertida con ocasión de la
ampliación de su indagatoria, el fiscal procedió a tomar juramento para la
ratificación sobre los señalamientos realizados durante la diligencia:

"PREGUNTADO: En respuestas anteriores usted hace imputaciones
directas en contra de personas relacionadas anteriormente, las cuales
sindica en actividades y de pertenecer a las FARC.- se mantiene usted en
su dicho contra estas personas.- CONTESTO: Si me mantengo en lo
manifestado en respuesta anterior con respecto a las actividades
realizadas por ellos (...)".

Vistas en conjunto estas pruebas, la medida de aseguramiento estuvo sustentada,
fundamentalmente, en la declaración hecha por Luis Enrique Meneses Pedraza,
quien señaló en forma directa a Mauricio José Avilez como integrante de una célula
de las milicias urbanas de las FARC. Esto, por cuanto, dentro de la investigación
adelantada con ocasión de los atentados terroristas perpetrados en contra de los
almacenes SAO y Vivero, una de las vinculadas al proceso, Liliana Rudas Rebollo,
confesó su participación en los hechos y señaló a Meneses Pedraza, quien se
desempeñaba como taxista, como integrante de la célula urbana de las FARC.

Vinculado este último al proceso, con ocasión de su indagatoria, confesó su
pertenencia a las FARC, e hizo referencia a todas las personas que conocía al
interior de la célula, entre estos a Mauricio José Avilez, que fue identificado como la
persona que trabajaba en la oficina del presbiterio, junto con Guillermo Larios, quien
fue señalado como el autor intelectual de los atentados terroristas investigados.

El artículo 337 de la Ley 600 de 2000 establece las reglas para la recepción de la
indagatoria33 y respecto del posible señalamiento que hiciera el indagado en contra
de otra persona señaló que "si el imputado declarare contra otro, se le volverá a
interrogar sobre aquel punto bajo juramento, como si se tratara de un testigo".

Al respecto, la parte demandante apuntó que la declaración en contra de Mauricio
Avilez carecería de validez, en la medida en que el testigo no fue contrainterrogado.
Sobre este punto, la Corte Constitucional, en sentencia C-537 de 2006 estableció
que, en efecto, el procesado tiene derecho a contrainterrogar directamente a los
testigos de cargo, como garantía de su derecho a la defensa. Además, señaló que
la indagatoria se rinde libre de todo apremio, por lo que el indagado no está obligado
a autoincriminarse ni a declarar contra su cónyuge, compañero permanente o
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero
civil y, así mismo, funge como un medio de prueba de la investigación penal, "porque
le permite al fiscal hallar razones que orienten la investigación a la obtención de la
verdad material'. Seguidamente la Corte advirtió lo siguiente:

33 Ley 600 de 2000, Artículo 337. "Reglas para la recepción de la indagatoria. La indagatoria no podrá recibirse
bajo juramento. El funcionado se limitará a informar al sindicado el derecho que le asiste de guardar silencio y
la prohibición de derivar de tal comportamiento indicios en su contra; que es voluntaria y libre de todo apremio;
no tiene la obligación de declarar contra si mismo, ni contra sus parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, ni contra su cónyuge, compañero o compañera
permanente; le informará la prohibición de enajenar bines sujetos a registro durante el año siguiente y el derecho
que tiene a nombrar un defensor que lo asista, y en caso de no hacerlo, se le designará de oficio. Pero si el
imputado declarare contra otro, se le volverá a interrocar sobre aquel punto balo juramento, como si se tratara
de un testigo.
Si la persona se niega a rendir indagatoria, se tendrá por vinculada procesalmente y el funcionado le advertirá
que su acritud la podrá privar de este medio de defensa.
De todo esto se dejará expresa y clara constancia desde el comienzo de la diligencia"

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Radicado: 08001-23-31-000-2006-02284-01 (57209)
Actor: Mauricio José Audaz y otros

Ahora bien, puede suceder que en el curso de, una diligencia de
indagatoria, el indagado decida, como parte, de su estrategia
defensiva, declarar contra otro, caso en el cual "se le volverá a
interrogar sobre aquel punto bajo juramento, como si se tratara de un
testigo", con lo cual, los efectos de la menpionada diligencia
trascienden el ámbito exclusivo de la determinación de la
responsabilidad penal del indagado para entrar, en aquella de un
tercero, que en este caso sería un coimputado, quien asimismo es
titular de su derecho constitucional fundamental de defensa34.

La Corte precisó que, en estos casos, el indagado conserva su calidad de imputado,
por lo que solo su defensor o la Fiscalía podrán solicitar la ampliación de su
indagatoria, eso sin perjuicio de la calidad que adquiere de testigo de un hecho
punible, lo que permite que pueda "ser citado a declarar como tal por la persona a
quien acusó durante su indagatoria". Por lo que no habría una vulneración al
derecho de contrainterrogación, "como quiera que el legislador habría dispuesto
que la persona que declaró contra otra durante su indagatoria, podría ser llamada
a declarar posteriormente como testigo, en los términos del artículo 266 del C.P.P".

En el presente caso, la Sala observa que el Fiscal de p' rimera instancia actuó de
conformidad con la normativa penal que lo habilitaba para interrogar bajo la
gravedad de juramento al indagado para que, ya en callad de deponente, rindiera
su declaración. Esto implica que lo dicho por el indagado podía ser apreciado por
el Fiscal en procura de establecer los autores de los .hechos investigados y la
credibilidad de su relato devino precisamente de su calidad de integrante del grupo
ilegal armado al que pertenecía desde hacía varios años, de lo cual obtuvo el
conocimiento de sus imputaciones y señalamientos. Al respecto, la Corte
Constitucional ha señalado que el juez debe analizar la prueba en conjunto y definir
si con esta es posible llegar al convencimiento dé lo indicado. Todo esto
"inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y
atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito ,y a la conducta procesal
observada por las partes"35.

A ese convencimiento llegó la Fiscalía cuando, al momento de definir la situación
jurídica de Mauricio José Avilez Alvarez, le otorgó credibilidad a los dichos de Luis
Enrique Meneses relativos al conocimiento sobre la conformación de la célula
subversiva a la cual dijo pertenecer y los nombres que sUministró de quienes serían
sus integrantes, no solamente porque Meneses se autoproclamara miliciano, sino
porque esa condición fue refrendada por Liliana Rudas Rebollo, también integrante
confesa del grupo rebelde y fue la persona que implicó a Meneses y a Larios como
miembros de la estructura guerrillera. A su vez, Liliana fue vinculada a la
investigación por señalamientos que hicieron en su contra terceras personas y que
la relacionaban con los hechos investigados; luego entonces, fue la sucesión de
señalamientos mutuos entre los distintos integrantes del grupo la que forjó la
convicción del Fiscal respecto de que Meneses hablaba con propiedad y
conocimiento de causa; por tanto, a partir de otras pruebas que si bien no hicieron
sindicación alguna contra Mauricio José Avilez Álvarez„si le sirvieron a la Fiscalía
para encontrar cimentada la declaración de Meneses jt para poder tenerla como
fiable hasta ese momento procesal. Esto, sumado al indicio de credibilidad de lo

34 Corte Constitucional, Sentencia C-537 de 2006, declaró exequible la expresión "Peno si el imputado declarare
contra otro, se le volverá a interrogar sobre aquel punto bajo juramento, como si se tratara de un testigo", del
articulo 337 de la Ley 600 de 2000.
35 Corte Constitucional, Sentencia SU-129 de 2021.

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Radicado: 08001-23-31-000-2006-02284-01 (57209)
Actor: Mauricio José Avilez y otros

expuesto por Meneses, que el Fiscal del caso extrajo del hecho de que, en su
indagatoria, Mauricio hubiera aceptado conocer, cuando menos, a dos de las
personas señaladas por Meneses como miembros del grupo alzado en armas,
como era el caso del señor Larios y un joven de nombre Antón (sic), de quien el
testigo dijo que era un universitario que también trabajaba en el presbiterio.

Ahora, teniendo en consideración la declaración que implicaba a Mauricio José
Avilez Álvarez con el frente subversivo al que se le achacaban los atentados contra
la cadena de almacenes SAO y, a su vez, que en su injurada Liliana Rudas Rebollo
había referido de manera general e impersonal al hecho de que a nivel de la
organización se distribuían las tareas, el Fiscal extrajo como regla de experiencia
aquella que indica que: "dentro de las organizaciones subversivas que operan en
el país, las tareas que desempeñan sus miembros se encuentran divididas, de
manera tal que cada uno de ellos ejerce actividades concretas en función de cumplir
los objetivos que el grupo se propone, siendo así que unos se encargan de
proselitismo, entrenamiento, adoctrinamiento, reclutamiento, manejo de explosivos,
finanzas, manejo de armas, etc., pero esas circunstancias que cada uno
desempeña se comunican a todo el grupo u organización"36. De esta forma, la
Fiscalía extendió la vinculación de Mauricio frente a los hechos que se estaban
investigando, en tanto de él se decía que era miembro activo del grupo señalado
de perpetrar la acción delictiva. Todo por lo cual se quiere significar que, al margen
de que en el decurso de la investigación tales hechos hubiesen sido plenamente
desvirtuados, lo cierto es que para ese momento constituían fundamento válido
para sustentar la medida de aseguramiento.

Con base en lo anterior, la Sala encuentra que, ante la contundencia en la
ratificación del señalamiento realizado por el indagado declarante en contra de
Mauricio Avilez sobre la pertenencia de aquél al grupo subversivo y los motivos que
llevaron al Fiscal a reconocerle credibilidad a la declaración de Meneses, este
encontró necesaria la imposición de una medida de aseguramiento privativa de la
libertad en atención a la gravedad de los hechos que indicaban la posible filiación
de Avilez Álvarez en el grupo armado ilegal al que se le atribuían los hechos
delictivos investigados. ,

Esta decisión fue objeto de recurso de apelación por parte de la defensa, en virtud
del cual la Fiscalía Tercera Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Barranquilla revocó la medida impuesta, en tanto consideró carente de
credibilidad la declaración rendida por Meneses Pedraza. El fiscal ad quem encontró
insuficiente el señalamiento de Meneses Pedraza, por cuanto fue el único de los
vinculados al proceso que mencionó a Mauricio José Avilez como integrante de las
FARC, además, reparó en que el informe de inteligencia realizado por el Gaula
consideró dudosa la credibilidad del declarante, y el retrato hablado realizado con
la descripción hecha por él, no guardó relación con las características físicas del
procesado Avilez Álvarez.

Al respecto, la Sala observa que la decisión adoptada por la Fiscalía en primera
instancia estuvo ajustada a lo señalado en el artículo 356 de la Ley 600 de 2000, es
decir, contaba con un señalamiento directo que daba cuenta de la posible
participación del procesado en el grupo al margen de la ley al que se le atribuyeron
los hechos relacionados con los atentados terroristas investigados. No obstante, en

36 Cfr. Folio 393, c. 3. Tomado del proveído del 18 de junio de 2004, mediante el cual se definió la situación
jurídica de Mauricio José Avilez Alvarez.

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Radicado: 08001-23-31-000-2006-02284-01 (57209)
Actor: Mauricio José Avilez y otros

virtud del recurso de apelación interpuesto por la defensa, el superior jerárquico
realizó un análisis distinto, en el que el señalamiento en contra de Avilez Álvarez
resultó insuficiente para mantener la medida de aséguramiento privativa de la
libertad en su contra. Sin embargo, del análisis realizado por el superior jerárquico
no se desprende que la valoración que hizo el fiscal de primera instancia de la
declaración de Meneses Pedraza fuera contraria a los preceptos de la sana crítica.
Máxime, cuando en la decisión de revocación de la medida se da por sentado que
"(...) el señor Fiscal Tercero Especializado (e) de esta ciudad doctor ALEJANDRO
VARGAS BARRIOS sostiene que para demostrar la reiponsabilidad del procesado
AVILES (sic) ALVAREZ se recaudaron medios de prueba tales como los testimonios
de las siguientes personas: JOSEPH ANDREACK PALACIOS DELGADO,
DEMETRIO RODRIGUEZ P1ANETA, LILIANA RUDAS REBOLLO Y LUIS
ENRIQUE MENESES" [y, tras revisarse lo declarado por los tres primeros ninguno
de ellos menciona o señala a Avilez]"37, lo cual, en estricto sentido, es una
interpretación propia del Fiscal ad quem que no se corresponde ni refleja de forma
certera las razones que llevaron al mencionado Fiscal a imponer la medida de
aseguramiento, pues, tal como se expuso previamente, el motivo por el cual el Fiscal
que impuso la medida aludió a esos tres testimonios, no fue para desprender
directamente de aquellos prueba contra Avilez como Se lo supuso el Fiscal de la
alzada, sino para presentarlos, en forma de señalamientos mutuos y concurrentes,
como un factor de credibilidad de lo expuesto por Luis Enrique Meneses. Lo propio
ocurre con el hecho de que Liliana Rudas Rebollo, hubiese hecho mención a otros
nombres, menos al de Mauricio José Avilez, para denotar quiénes conformaban la
estructura insurgente a la cual ella dijo pertenecer, pues tales señalamientos no
tenían por propósito excluir al señor Avilez, sino referir..a doce personas que, junto
con ella, migraron de Barrancabermeja hacia Barranquilla y en esta nueva ciudad
se volvieron a conectar de nuevo con las FARC.

En efecto, en cuanto a la credibilidad que le brindó la declaración de Meneses
Pedraza al fiscal de primera instancia para imponer la medida de aseguramiento, la
Sala encuentra que, si bien se trataba de un ex nniliciabo de las FARC que estaba
siendo procesado como involucrado en los actos terroristas investigados, por lo que
su dicho podría considerarse sospechoso, el declarante dio cuenta de lo que
conocía dentro del grupo al margen de la ley de manera prolifera y detallada, y
ratificó bajo juramento su dicho frente a la participación de los mencionados en su
relato, entre quienes se encontraba Mauricio José Avilez. Esto brindó credibilidad
frente al contenido de su declaración, por cuanto se encontraba conforme con las
circunstancias de los hechos relatados y mostraba verosimilitud respecto de la
manera en que percibió lo declarado. Por ejemplo, la patticipación de Mauricio José
Avilez en la célula urbana de las FARC a la que el Mismo declarante pertenecía
estuvo relacionada con el trabajo en conjunto que realiába con Guillermo Larios,
quien también era señalado en el proceso como integrante de la milicia y autor
intelectual de los hechos investigados. Sumado a ello:, tampoco se aprecia en la
declaración rendida por Meneses el ánimo de involuCrar indiscriminadamente a
personas como integrantes del grupo subversivo con la mezquindad de quien solo
pretende obtener beneficios procesales para sí, pues, nótese que cuando se le
preguntó si conocía, entre otros, a un señor Javier Mena, al respecto señaló "(...)
conozco a JAVIER MENA (a) EL NEGRO MENA, él es fotógrafo de profesión, no
tengo conocimiento que él haga parte de algún grupo, yo lo conozco como del
partido comunista y de una asociación de desplazado. (sic) que se llama ANDAS

31 Cfr. Folios 159-161, c. 1.

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Actor: Mauricio José Avilez y otros

(...)". Esto, para significar que había otros elementos de convicción que permitían
conferirle credibilidad al testigo Meneses.

En contraste con lo anterior, el análisis realizado por el Fiscal de segunda instancia
al revocar la medida de aseguramiento atendió a que consideró exigua la prueba
que la soportaba. Así mismo, resaltó que en el informe de inteligencia en el que se
relacionó la entrevista realizada a Luis Enrique Meneses por parte del grupo Gaula
se anotó como dudosa la credibilidad del entrevistado, debido a su nerviosismo y a
la inexactitud de los datos suministrados.

En efecto, a folio 86 del cuaderno 1 obra el informe de inteligencia referido, en el
que el grupo Gaula registró los datos obtenidos de la entrevista al capturado Luis
Enrique Meneses, referentes a su pertenencia a las FARC, la composición de la
célula armada, los cabecillas e integrantes de la misma, sus procedimientos
delictivos, finanzas, etc. El grupo Gaula, en su informe, realizó una evaluación de la
información obtenida de la entrevista en términos de pertinencia, credibilidad y
exactitud, que arrojó como resultado una clasificación "D-4" (dudosa 4), por cuanto
"durante la entrevista se mostró nervioso, posteriormente cuando conoció los delitos
en su contra optó por colaborar (...) se registran algunos vacíos en lo que tiene que
ver con la real organización de estas estructuras, contactos, sitios de reunión y
proyecciones puntuales (..)".

Si bien esta clasificación realizada por el Gaula en el informe de inteligencia, sobre
la credibilidad de la información general dada por el capturado Meneses Pedraza,
fue mencionada por el Fiscal de segunda instancia para reforzar su argumento
sobre la nimiedad de la prueba en contra de Mauricio Avilez Alvarez y revocar la
medida de aseguramiento proferida en su contra, ello no quiere decir que el Fiscal
de primera instancia que impuso la medida tuviera que valorar la información
contenida en el informe de inteligencia de la misma forma, máxime cuando tuvo su
propio acercamiento a la declaración y obtuvo la versión del indagado de manera
directa e, inclusive, requirió la ratificación de sus afirmaciones bajo la gravedad de
juramento, generándose á partir de esa inmediación con el deponente, una
explicación plausible de la diferencia entre el valor suasorio que se le otorgó a la
misma prueba en dos momentos distintos de la investigación y, sin que por ello se
altere la validez de la prueba y, menos aún, se pueda descalificar una forma de
valoración sobre la otra.

Por tanto, resulta válido que, ya en sede judicial, el Fiscal haya recaudado la
declaración referente a la presunta participación de Avilez Alvarez en las milicias de
las FARC y la haya considerado suficiente para proferir en su contra medida de
aseguramiento, al tratarse de un señalamiento directo por parte de un integrante del
grupo subversivo que detalladamente relató la organización de la estructura interior
y su pertenencia específica a esta. En este punto, valga precisar que la declaración
de Meneses Pedraza, en tanto prueba directa, reviste las veces de un medio
autónomo de convicción y no de un indicio como lo consideró la primera instancia.
En esa medida, suplía con creces la exigencia para la imposición de la medida de
aseguramiento.

En el contexto de la Ley 800 de 2000, la indagatoria está instituida como un medio
de defensa, pero también se le tiene como medio de prueba, por lo que su
valoración, aunque debe cumplir con las formalidades legales establecidas para su
validez, resulta de especial relevancia, en la medida en que permite conocer los

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Actor Mauricio José AvIlez y otros

hechos mediante el conducto de quien estuvo involucrado en estos. Al respecto la
Corte Suprema de Justicia apuntó:

El testimonio que proviene de la persona sometida a juicio tiene
entonces características especiales en razón de las cuales admite
tratamiento jurídico diferenciado; por esas connotaciones y los
alcances de los que está revestido se hace necesario darle un rito
acorde para su decreto, sin que ello afecte dere9hos y garantías de
las demás partes intervinientes, pues más que innecesario es
indispensable que el juez se informe a través del acusado de cómo
ocurrieron los hechos y cuáles fueron las razones de su obrar, por lo
que su utilidad para el proceso es evidente, a más que el titular de
derecho a la defensa material es de carácter personalísimo y
exclusivamente le corresponde al procesado38.

Ahora bien, aunque la Corte Interamericana39 ha hecho hincapié en el carácter
indiciario de las declaraciones de los imputados si de lo que se trata es de sustentar
una decisión condenatoria, por lo que su valoración .debe acondicionarse a los
preceptos de la sana crítica y su eficacia probatoria depende de la corroboración de
sus afirmaciones, para la Sala es claro que la rigurosidad que se exige para la
valoración de este tipo de declaraciones aumenta en la medida en que sobre esta
se funde una condena. Lo que no es óbice para que, como lo fue en este caso, el
fiscal valore la prueba en una etapa temprana del proceso, para decidir sobre la
necesidad de la imposición de una medida de aseguramiento, sin que pueda
afirmarse que dicha valoración vulneró el debido proceso o el derecho a la defensa,
máxime cuando fue precisamente en ejercicio del recurso de apelación, que está
instituido como garantía para que las partes manifiesten su inconformidad con las
decisiones del a quo, que el fiscal de segunda instancia valoró nuevamente la
prueba y le dio menor peso a la convicción que esta había otorgado para fundar la
medida privativa de la libertad.

Lo anterior no quiere decir que el convencimiento que la declaración le brindó al
fiscal de primera instancia para proferir la decisión haya estado viciado o que dicha
decisión se hubiera adoptado de manera arbitraria, pues en el relato que el imputado
realizó de los hechos no se hizo manifiesto algún ánimo de retaliación o alguna
intensión de tergiversar la realidad, que permitiera poner en duda sus afirmaciones,
sino que, por el contrario, se trataba de datos convincentes y relacionados con su
participación en el grupo armado al margen de la ley, lo que le permitió al fiscal darle
credibilidad a la prueba.

Esto, por cuanto, lo declarado por Meneses Pedraza, guardaba relación con su
posición al interior de la milicia de las FARC, pues en su indagatoria, renunciando a
su derecho de no autoincriminación, reveló que pertenecía al grupo subversivo
desde 1995, y hacía parte de la célula urbana liderada per Guillermo Larios a la que,
según su dicho, también pertenecía Mauricio Avilez, lo que permitía concluir que
conocía a sus integrantes.

38 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, AP6357-2015, radicado: 41198, 12 de noviembre de
2015.
39 IMJás allá de la compatibilidad de instituciones que buscan la colaboración de ciertos implicados con la parte
acusadora a cambio de determinadas contraprestaciones [..j con la Convención Americana, [...], lo cierto es
que es posible afirmar la limitada eficacia probatoria que debe asignarse\ a la declaración de un coimputado,
más allá de su contenido especifico, cuando es la única prueba en la ¿me se fundamenta una decisión de
condena pues objetivamente no seda suficiente por si sola para desvirtuar la presunción de inocencia". Corte
Interamericana de Derechos Humanos, caso Zegarra Marín vs. Perú, párr. 127. -se resalta-.

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Actor: Mauricio José Avilez y otros

Es necesario aclarar, en este punto, que a la jurisdicción contenciosa le corresponde
verificar que la actuación de la Fiscalía se encuentre acorde con los preceptos
legales que le permitían imponer una medida de aseguramiento privativa de la
libertad, que no reevaluar el análisis realizado que, aunque difiere del que hizo el
Fiscal que revocó la medida de aseguramiento, goza de razonabilidad frente a las
circunstancias del caso y a la credibilidad que le brindó, en su interpretación, la
declaración de Meneses Pedraza.

Si bien es claro que el declarante no dio información precisa sobre los autores del
atentado y tampoco señaló a Mauricio Avilez de estar involucrado con estos, su
declaración sí apuntó claramente a su pertenencia al grupo subversivo al que se le
achacaba el atentado, información que el fiscal encontró suficiente para considerar
necesario asegurar su comparecencia al proceso, por hallar un señalamiento directo
en su contra sobre su posible pertenencia al grupo subversivo investigado por los
actos terroristas ocurridos en la ciudad.

Ahora bien, la medida de aseguramiento que tuvo que soportar el demandante se
muestra proporcional, en razón a que el tiempo en que estuvo detenido (cuatro
meses y dos días), no puede considerarse como una sanción equivalente a la pena
de prisión prevista para los delitos endilgados, por cuanto la pena mínima para el
delito de rebelión era de seis (6) a nueve (9) años de prisión, que, además, supera
el mínimo de cuatro (4) años exigidos por el artículo 357 de la Ley 600 de 2000,
para que proceda la imposición de la medida de detención preventiva. Es
importante señalar que todo el análisis de razonabilidad, necesidad y
proporcionalidad hasta aquí efectuado giró en torno a la imposición de medida por
el delito de rebelión, dado que la declaración de Meneses Pedraza no tuvo un
alcance diferente a señalarlo como perteneciente a una célula urbana de las FARC.

Así las cosas, en el presente proceso no se encuentra demostrado que la medida
de aseguramiento de detención preventiva de la que fue sujeto Mauricio José Avilez
contrariara los presupuestos de legalidad, necesidad, proporcionalidad y
razonabilidad, pues la restricción fue impuesta conforme a un título sustentado en
las normas constitucionales y legales que justifican y legitiman la limitación del
derecho a la libertad de manera excepcional y preventiva". Por tanto, aunque la
parte actora considere que, por haberse revocado la medida, esta se reveló como
injusta, para la Sala es claro que los medios de convicción con los que contaba la
Fiscalía, al momento de imponer la medida de aseguramiento, le brindaron la
certeza sobre el cumplimiento de los requisitos para su procedencia, debido a la
valoración que le dio al señalamiento directo realizado en contra del demandante,
en aplicación de la sana crítica en ejercicio de su independencia judicial.

Cuestión distinta es que, el fiscal de segunda instancia, al momento de resolver el
recurso de apelación, haya realizado un análisis contrario que, frente al estudio de
la declaración rendida por uno de los vinculados al proceso, lo llevó a encontrar
falencias en la credibilidad de su dicho. Lo anterior, no es óbice para concluir que el
análisis de la Fiscalía se ajustó a la verificación de los requisitos necesarios para la
procedencia de la medida privativa de la libertad, la cual resultó razonable a la luz
de las circunstancias del caso.

Vistas así las cosas, aunque la medida de aseguramiento de detención preventiva
que le fue impuesta a Mauricio José Avilez constituyó un daño material y un

4° Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 29 de octubre de 2018, expediente 46932.

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Radicado: 08001-23-31-000-2006-02284-01 (57209)
Actor: Mauricio José Avilez y otros

menoscabo a su libertad física, no admite, a la luz de las pruebas traídas a este
contencioso, prédica de antijuridicidad.

Como no se configuró el daño antijurídico que los actores pretendían les fuera
reparado, no hay lugar al avance al juicio de imputación, por lo que la sentencia del
24 de julio de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Subsección
de Descongestión, en la que accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda, ha de ser revocada.

VI. CONDENA EN COSTAS

No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se encuentra en el caso
concreto actuación temeraria de ninguna de las partes, condición exigida por el
artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma.

En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

REVOCASE la sentencia dictada el 24 de julio de 2015, por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, que accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda y, en su lugar:

PRIMERO: NIÉGANSE las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo
expuesto en la parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

TERCERO: Ejecutoriada la presente sentencia, DEVUÉLVASE el expediente al
Tribunal de origen para lo de su cargo.

Cópiese, Notifíquese, Cúmplase

A(ES'
Presidente de‘ S la '

—.— , ... //
-.1
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS GUILLERMO SÁNCHE UQUE
Magistrado - Magistrado
Aclaración de voto. Cfr. Rad.
36.146-15 #1 y Rad. 50.668-20

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