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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 08001-23-31-000-2008-00548-01

Fecha
23 de agosto de 2024
Consejero ponente
Jaime Enrique Rodriguez Navas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 08001-23-31-000-2008-00548-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, el 19 de enero de 2018, en la que negó las pretensiones de la demanda. SEGUNDO: SIN CONDENA EN COSTAS, por lo expuesto en la parte motiva TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 08001-23-31-000-2008-00548-01

Consejero ponente: Jaime Enrique Rodriguez Navas

23 de agosto de 2024

Radicado: 08001-23-31-000-2008-00548-01 (62852)
Demandante: Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá D.C., veintitrés (23) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)

Radicado número: 08001-23-31-000-2008-00548-01 (62852)
Demandante: Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla
Demandados: La Nación – Rama Judicial
Referencia: Acción de reparación directa

Tema 1: Daños causados en el ejercicio de la administración de justicia. Subtema 1.1. Error
Judicial. Subtema 1.2. Principio de subsidiariedad. Subtema 1.3. Perjuicio irremediable.
Subtema 1.3. Defectuoso funcionamiento de la administración de justicia. Subtema 1.4.
Manifestación de impedimento en sede de tutela.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección, resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del
Atlántico, el 19 de enero de 2018, que negó las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS

El 15 de septiembre de 2006, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Barranquilla, profirió sentencia de segunda instancia dentro del proceso de tutela
accionado por el Municipio de Puerto Colombia, en la que decidió dejar sin efectos
la Resolución 08-000-123005 de 29 de diciembre de 2005, emitida por el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi -IGAC-. La parte demandante sostiene que el Tribunal
incurrió en un error judicial, ya que la decisión tomada constituye una vía de hecho,
dado que el competente para pronunciarse sobre la legalidad de dicha resolución
era el juez de lo contencioso administrativo.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda

El 20 de octubre de 2008 1 , Distrito Especial, Industrial y Portuario de
Barranquilla presentó demanda en ejercicio de la acción de reparación directa,
con la que pretende que esta jurisdicción profiera sentencia de condena a cargo de
la Nación – Rama Judicial, con el fin de reparar los perjuicios causados con el error
judicial contenido en la providencia del 15 de septiembre de 2006, proferida por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala de decisión penal, en la
acción de tutela incoada por el Municipio de Puerto Colombia contra el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi -IGAC-.

1 Escrito de demanda, f. 8 a 149, c. 1

1

Radicado: 08001-23-31-000-2008-00548-01 (62852)
Demandante: Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla

Como sustento fáctico de las pretensiones relató:

1. Mediante Acto Legislativo No. 01 de 1993, el constituyente erigió a la ciudad
de Barranquilla en Distrito Especial, Industrial y Portuario.
2. El 26 de mayo de 1999, el Gobernador del Atlántico emitió la Ordenanza No.
000021, por la cual; “Se aclaran y precisan los límites del Municipio de Puerto
Colombia, con el municipio de Tubará y el Distrito Especial, Industrial y
Portuario de Barranquilla”. En virtud de esta Ordenanza, aproximadamente
1.435 hectáreas que solían estar inscritas en el Distrito de Barranquilla,
pasaron a ser parte del territorio del municipio de Puerto Colombia.
3. Con fundamento en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, el
Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla promovió Acción
Pública de nulidad ante el Tribunal Administrativo del Atlántico contra la
Ordenanza número 0021 de mayo de 1.999, porque vulneraba los derechos
fundamentales de participación ciudadana y el debido proceso, por cuanto se
desconocieron totalmente los procedimientos previstos para modificar o
precisar los límites intermunicipales.
4. El Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante sentencia del 20 de
noviembre de 2003, declaró la nulidad de la Ordenanza número 0021 de
mayo de 1.999, por cuanto: “Al haberse omitido trámites de carácter
sustancial y haberse definido los límites intermunicipales sin mediar la
investigación histórica y técnica que debía realizar la Oficina de Planeación
Departamental, así como la consulta que era de carácter previo y obligatorio,
el acto demandado fue expedido de manera irregular”.
5. La Sección Primera de la Sala De Lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado, en providencia de diciembre 9 de 2004, confirmó la
providencia de fecha 20 de noviembre de 2003, proferida por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, mediante la cual declaró la nulidad de la
Ordenanza 00021 del 26 de mayo de 1999. Esto por cuanto consideró que
para proferir la Ordenanza se “debió seguir el procedimiento previsto, uno de
cuyos pasos era la realización de una consulta popular que no se llevó a
cabo. Además, de conformidad con la certificación del Departamento
Administrativo de Planeación Distrital, con la Ordenanza 21 de 1991, se está
segregando del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla un
área de 1.435.06 hectáreas, para lo cual la Asamblea Departamental carecía
de facultades”.
6. En acatamiento a la sentencia del 9 de diciembre de 2004, la Dirección
Territorial del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Territorial Atlántico,
expidió la Resolución No. 08-000-123-05 de diciembre 29 de 2005, en
virtud de la cual, resolvió inscribir e incorporar, por actualización de la
formación catastral, los predios del corredor universitario, a fin de que con los
avalúos resultantes de las mismas entraran en vigencia en la base de datos
del Distrito de Barranquilla a partir del 1 de enero de 2006, como en efecto
se cumplió.
7. El Municipio de Puerto Colombia presentó acción de tutela contra el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi - Territorial Atlántico, cuyo conocimiento
correspondió al Juzgado Primero Penal del Circuito de Barranquilla,
argumentando la vulneración al debido proceso, al hacer entrega de la base
de datos al Distrito de Barranquilla, a través de la resolución No. 08-000-123-
05 de Diciembre 29 de 2005, constituyéndose una vía de hecho, que debía
ser examinada por ese mecanismo excepcional, para evitar un perjuicio
irremediable. El operador de justicia de primera instancia, Juez Primero Penal

2

Radicado: 08001-23-31-000-2008-00548-01 (62852)
Demandante: Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla

Del Circuito de Barranquilla, se pronunció el día 31 de mayo de 2006
desestimando las pretensiones del accionante, al plasmar en la providencia
que “en materia de tutela frente a actos administrativos no se puede invadir
la órbita del Juez Administrativo”.
8. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla - Sala Penal -, en
providencia del 15 de septiembre de 2006, dejó sin efectos la Resolución 08-
000-123-05 del 29 de diciembre de 2005 proferida por el IGAC, por cuanto
consideró que esta dispuso de manera irregular la entrega de las
inscripciones catastrales de los predios rurales y urbanos del territorio en
conflicto al Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla. El Tribunal
consideró que la Dirección Territorial Atlántico del Instituto Geográfico
Agustín Codazzi -IGAC-, “motivó equivocadamente su resolución 08-000-
123-05 (...) cuando dice que a raíz de haberse emitido dicho fallo había que
proceder, ipso facto, a inscribir en el catastro los predios”. Señaló que “de la
sentencia del Tribunal Administrativo del Departamento del Atlántico,
confirmada posteriormente por el Consejo de Estado, no se colige
exactamente que hubiera que modificar lo actuado y enviar la base de datos
al Distrito de Barranquilla (...)”.
Por tanto, el Tribunal Superior ordenó que, en el término de 48 horas, “la
accionada realice nuevamente la inscripción de la renovación catastral sobre
dichos predios, que se encontraban en la vigencia del año dos mil cinco en
la jurisdicción de Puerto Colombia, conforme al artículo 57 de la Resolución
255 de 1.999, y que son objeto del proceso de deslinde y amojonamiento por
el IGAC Nacional. Igualmente, ordenó al Municipio de Puerto Colombia que
interponga la acción contencioso administrativa correspondiente en contra de
la decisión que sobre el conflicto se profiera, así como también en contra de
la resolución 08-000- 123-05 como acto preparatorio, en caso de que sea
necesario, lo que deberá hacerse dentro de los cuatro meses siguientes a la
expedición del acto definitivo, que es el término máximo de duración de la
protección conferida”.

La entidad territorial demandante señaló que el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Barranquilla, como juez de tutela, incurrió en errores de hecho y de derecho
como:

1. Dar por probado dentro del trámite del proceso de acción de tutela, sin
estarlo, una amenaza al derecho fundamental del debido proceso del
accionante - Municipio de Puerto Colombia -, argumentando la existencia de
un perjuicio irremediable para éste, sin ningún fundamento jurídico que lo
soportara.
2. Considerar que mediante el proceso constitucional de tutela era factible
revocar la Resolución número 08-000-123-05 expedida por el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi - Atlántico y otorgar un nuevo plazo para recurrir
a la jurisdicción contenciosa, lo que implicó el desconocimiento de la
legalidad del acto administrativo.
3. “Hace más gravoso el error judicial, el hecho de que el Conjuez, doctor
Alfredo Peña Saloom, tuviera un impedimento al momento de fallar el
Tribunal la acción de tutela, y no lo manifestó así declarándose impedido, al
actuar como abogado defensor en un proceso contra el alcalde del municipio
de Puerto Colombia en la Fiscalía General de la Nación, unidad de delitos
contra la administración de justicia, fiscal 27, investigación número 201.277”.

2.2. Trámite procesal relevante en primera instancia

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Radicado: 08001-23-31-000-2008-00548-01 (62852)
Demandante: Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla

La demanda fue admitida por el Tribunal Administrativo del Atlántico mediante auto
del 20 de mayo de 20092, que fue notificado a la entidad accionada.

La Nación-Rama Judicial, en escrito de contestación, manifestó que la actuación
judicial del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla no fue subjetiva,
caprichosa, arbitraria o flagrantemente violatoria del debido proceso, por lo que no
se configura un error judicial al decidir en segunda instancia la acción de tutela
interpuesta por el municipio de Puerto Colombia en contra del IGAC. Aseguró que,
por el contrario, se trató de una aplicación legal de total objetividad, con la que se
amparó el derecho conculcado, con el fin de prevenir la vulneración del debido
proceso del Municipio de Puerto Colombia con la actuación del Instituto Geográfico
Agustín Codazzi.

Alegó que el fallo de tutela no especificó a cuál de los entes territoriales corresponde
el denominado "corredor universitario". Con la protección del derecho al Debido
Proceso del Municipio de Puerto Colombia, no se buscó establecer los límites entre
este y el Distrito de Barranquilla. En cambio, se declaró la ilegalidad de un
procedimiento llevado a cabo por el IGAC, que interpretó erróneamente dos fallos
judiciales. La intención fue restaurar la situación anterior, lo que implica la
desanotación de los predios a favor del Distrito de Barranquilla hasta que la
autoridad competente resuelva definitivamente la situación. Por lo tanto, no se
buscó determinar a qué entidad territorial corresponden los impuestos de los
predios en esa área.

Al respecto anotó que, “bajo la óptica de interpretación del fallador de tutela, debía
dársele un tratamiento legal a la actuación adelantada por el IGAC, pues con esta
había ocasionado un perjuicio al Municipio de Puerto Colombia cuando realizó la
anotación de los predios del corredor universitario al Distrito de Barranquilla. Con
ello no se excedió ni contrarió en ningún sentido la normatividad establecida sino
por el contrario lo que pretendió fue dar aplicación a los mecanismos
constitucionales consagrados para evitar la vulneración de los derechos
fundamentales en el evento que esta se considerara eminente”.

Por lo anterior, propuso como excepción la inexistencia del error judicial, por cuanto
la providencia emitida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla -
Sala Penal- se ajustó en todo momento a las reglas de derecho respectivas,
respetando el debido proceso imperante en las actuaciones judiciales y
administrativas3.

Vencida la etapa probatoria, se corrió traslado a las partes para que alegaran de
conclusión4. Así lo hicieron las partes5. El Ministerio público guardó silencio6.

2.3. La sentencia recurrida

El Tribunal Administrativo del Atlántico al estudiar la posibilidad de atribuir
responsabilidad al Estado por un error judicial, realizó un recuento procesal de las

2 Auto de admisión, f. 230, c. 1.
3 Escrito de contestación, la Nación-Rama Judicial, f. 232 a 244, c. 1.
4 Auto de traslado, 25 de febrero de 2014, f. 362, c. 1.
5 Alegatos de conclusión en primera instancia, parte demandante, f. 385, c. 1.
6 Informe paso al despacho, f. 384, c. 1.

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actuaciones que precedieron la sentencia del septiembre 15 de 2006, proferida por
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla - Sala Penal.

De conformidad con lo anterior, el Tribunal advirtió que el argumento central que
tuvo el juez ad quem de tutela para conceder el amparo constitucional a la parte
actora, se basó en una supuesta “vía de hecho” que afectó el debido proceso
administrativo del Municipio de Puerto Colombia en relación con la decisión que
tomó el IGAC ante la novedad de las sentencias que declararon la nulidad de la
Ordenanza 00021 proferida por Asamblea Departamental.

Sin embargo, el Tribunal estableció que en el fallo de tutela se evidencian
circunstancias anómalas, así:

“Improcedencia de la acción de tutela en el caso en concreto, por
Transgresión al requisito de subsidiariedad, teniendo en cuenta que la parte
accionante tenía la posibilidad acudir ante la jurisdicción contencioso
administrativa en ejercicio de la acción correspondiente luego de notificada
la decisión lesiva a sus intereses subjetivos a efectos de solicitar su control
de legalidad ante el juez natural de la administración; sin embargo, la parte
actora optó por acudir ante el juez de tutela para obtener la protección
constitucional”.

Así, el a quo consideró que la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial
del Atlántico al pronunciarse sobre la legalidad del acto administrativo acusado
invadió las competencias del juez natural de la administración. Por tanto, encontró
demostrado el daño antijurídico, en la medida que la actuación desplegada por el
IGAC es perfectamente legítima y en manera alguna podría ser considerada como
una vía de hecho, en los términos que lo pretendió hacer ver la Sala Penal del
Tribunal Superior del Distrito Judicial del Atlántico en su momento.

Sin embargo, en relación con la imputación del daño por error judicial, el Tribunal
consideró que este no le es atribuible a la Rama Judicial, por cuanto el análisis de
la providencia objeto de reproche no superó lo que la jurisprudencia denominó el
“test del error judicial”, ya que no se cumplió con uno de los requisitos
indispensables para la configuración de un error judicial, como es “que el error sea
absolutamente evidente”. Esto, por cuanto para el juez constitucional existía la
posibilidad de que se hubieran conculcado los derechos fundamentales del
municipio, y consideró necesario adoptar una decisión de amparo inmediata, para
evitar un perjuicio irremediable.

2.4. El recurso

El Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla interpuso recurso de
apelación contra la decisión de primera instancia, en el que solicitó la revocación de
la sentencia y, que en su lugar, se profiera sentencia favorable a las pretensiones
de la demanda7. La entidad recurrente insistió en la existencia de un error judicial
cometido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, al dar por
probada, dentro del trámite del proceso de acción de tutela, una amenaza seria al
derecho fundamental del debido proceso del accionante, argumentando la
existencia de un perjuicio irremediable para el accionante, sin ningún
fundamento jurídico que lo soportara.

7 Recurso de apelación parte actora, f. 425 a 432, c. ppal.

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Demandante: Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla

Reiteró que se configuró un defectuoso funcionamiento de la administración de
justicia, debido a que el Conjuez Alfredo Peña Salom, había sido defensor del
alcalde de Puerto Colombia, por lo cual debió declararse impedido para fallar la
acción de tutela y sin embargo dio voto favorable a los intereses del municipio de
Puerto Colombia.

2.5. Trámite relevante en segunda instancia

Esta Corporación, en auto del 19 de febrero de 2019 8 , admitió el recurso de
apelación interpuesto por la parte actora, contra la sentencia proferida por el
Tribunal Administrativo del Atlántico, el 19 de enero de 2018.

Por auto del 23 de abril de 20199, se corrió traslado para que las partes presentaran
alegatos de conclusión y, el Ministerio Público rindiera su concepto. Las partes y
el Ministerio Público guardaron silencio.

III. PROBLEMA JURÍDICO

3.1. De acuerdo con el artículo 320 del Código General del Proceso (“CGP”) —
aplicable en esta instancia conforme al artículo 40 de la Ley 153 de 1887 10-11— el
“recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida,
únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para
que el superior revoque o reforme la decisión”. En razón a ello, la competencia
funcional de la Sala, como juzgador de segunda instancia, se limita a “pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las
decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley”, como lo
establece el artículo 328 del CGP. Sin embargo, como la misma norma lo establece,
“cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere
adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones”.

Al punto, recuerda la Sala que, de acuerdo con la jurisprudencia unificada de esta
Sección, el juzgador tiene la potestad de “pronunciarse oficiosamente sobre todas
aquellas cuestiones que sean necesarias para proferir una decisión de mérito, tales
como la caducidad, la falta de legitimación en la causa y la indebida escogencia de
la acción, aunque no hubieran sido propuestos por el apelante como fundamentos
de su inconformidad con la providencia censurada”12.

En el presente caso, y en función de las razones y motivos de la apelación, la Sala
debe resolver el siguiente problema jurídico:

8 Auto que admite recurso de apelación, f. 438, c. ppal.
9 Auto de traslado, f. 440, c. ppal.
10 “Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las
anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. || Sin embargo, los recursos interpuestos, la
práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren
comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes
vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o
diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las
notificaciones. […]” (subrayado fuera del texto original).
11 Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto de unificación del 25 de junio de

2014, rad. núm. 25000-23-36-000-2012-00395-01(IJ).
12 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de unificación del 6 de abril de 2018, exp. 46005.

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Radicado: 08001-23-31-000-2008-00548-01 (62852)
Demandante: Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla

¿El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla incurrió en un error judicial
al proferir la sentencia del 15 de septiembre de 2006, en la que dejó sin efectos la
Resolución 08-000-123-05 del 29 de diciembre de 2005 del IGAC?

Si la respuesta a este interrogante es afirmativa, avanzará a la comprobación del
daño antijurídico objeto de la pretensión de reparación.

IV. CONSIDERACIONES

4.1. Sobre los presupuestos de la sentencia de mérito

La Sala resolverá el problema atinente al fondo del litigio, habida consideración de
la competencia que le asiste para ello, en atención a lo preceptuado por el artículo
73 de la Ley 270 y a la naturaleza del asunto 13; así como del oportuno ejercicio
que del medio de control hizo la parte demandante, teniendo en cuenta que la
sentencia contentiva del error fue proferida el 15 de septiembre de 2006, y la
demanda se presentó el 20 de octubre de 2008, esto es, dentro de los dos (2) años
posteriores al día siguiente de la configuración del hecho dañoso.

La presente decisión tendrá alcance respecto del Distrito Especial, Industrial y
Portuario de Barranquilla, que la Sala encuentra legitimado en la causa por activa,
por cuanto, mediante la sentencia del 15 de septiembre de 2006, el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Barranquilla dejó sin efectos la Resolución 08-000-
123005 del IGAC “por medio de la cual ordena la renovación de la inscripción
catastral de unos predios de la zonas urbana y rural del Distrito de Barranquilla y se
determina su vigencia”, lo que involucra directamente a la entidad territorial
demandante. Asimismo, el artículo 86 del CCA contempla que las entidades
públicas podrán promover la acción de reparación directa cuando resulten
perjudicadas por la actuación de otra entidad pública.

Sobre la legitimación en la causa por pasiva, la Sala observa que el daño que se
invoca en la demanda proviene de la actuación que corresponde a la Rama Judicial,
de manera que la Nación, como persona jurídica, representada por la dirección
ejecutiva de la rama, se encuentra legitimada como parte demandada en este
asunto.

4.2. Sobre la declaración de responsabilidad deprecada

El artículo 90 de la Constitución Política de Colombia prescribe la responsabilidad
del Estado por los daños antijurídicos causados por la acción u omisión de las
autoridades públicas. Así, para que se configure la responsabilidad patrimonial del
Estado, deben concurrir dos (2) presupuestos: (i) un daño antijurídico y (ii) su
imputación al Estado por la acción u omisión de autoridades públicas.

En cuanto al daño, entendido como el menoscabo a un interés jurídico tutelado, la
parte actora lo contrae a la cesación de los efectos de la Resolución 08-000-123-05
del 29 de diciembre de 2005, proferida por el IGAC, por medio de la cual se
ordenaba la renovación de la inscripción catastral de unos predios de las zonas
urbana y rural del Distrito de Barranquilla y se determina su vigencia", decretada por
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla en sede de tutela, en cuanto

13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto del 9 de septiembre de 2008, radicado

11001-03-26-000-2008-0009-00 (34985).

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con tal decisión se impidió la actualización catastral de los predios de la zona
denominada Corredor Universitario, circunstancia que, a su vez, afectó el recaudo
fiscal del Distrito, por concepto de impuesto predial, impuesto de industria y
comercio, sobretasa de gasolina y demás impuestos correspondientes a esa zona
durante los años 2007 y 2008.

La entidad actora señaló como origen del daño, el error judicial en el que habría
incurrió el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, al proferir la
providencia del 15 de septiembre de 2006 14 , en la que dejó sin efectos la
Resolución 08-000-123-05 del 29 de diciembre de 2005, ya que, considera que
no estaba fundamentada la existencia de un perjuicio irremediable que lo
habilitara, como juez constitucional, para anular los efectos de la mencionada
resolución.

El alegado error judicial, es un factor de atribución de responsabilidad de carácter
subjetivo que impone la carga a la parte demandante de demostrar, además del
error jurisdiccional, el daño y la imputación fáctica y jurídica frente al Estado.

La Ley Estatutaria de Administración de Justicia prevé que el error jurisdiccional se
materializa en una providencia judicial contraria a la ley, es decir, aquella decisión
que incurre en error de derecho, entendido como la indebida o falta de aplicación
de la norma que corresponde al caso concreto15, o en error de hecho, derivado de
la indebida valoración probatoria por no considerar un hecho debidamente probado
o no decretar pruebas conducentes para determinarlo16. Así mismo, la Ley 270 de
1996, en su artículo 70, estableció como presupuesto para alegar el error
jurisdiccional, el agotamiento de los recursos de ley.

En el presente caso, el a quo estableció que el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Barranquilla transgredió el principio de subsidiariedad, al proferir el fallo de tutela
del 15 de septiembre de 2006, por cuanto la acción correspondiente para debatir la
legalidad de la resolución expedida por el IGAC era la de nulidad, ante el juez
contencioso administrativo. Sin embargo, en relación con la apreciación del
perjuicio irremediable que en su momento hizo el Tribunal Superior de
Barranquilla, no la encontró determinada por un error evidente, vicio insoslayable
para configurar el error judicial. Por tanto desestimó las pretensiones de la demanda
habida consideración de la quiebra del factor de imputación aducido por la parte
demandante. .

Por su parte, la entidad demandante manifestó, en su recurso de apelación, que el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla no fundamentó la existencia
14 Proceso de tutela, sentencia de segunda instancia, f. 69 a 123, c. 1.
15
“La jurisprudencia ha sido reiterativa al considerar que de una norma jurídica pueden considerarse diversas
soluciones sin que una de ellas sea la única correcta o verdadera, más aún en aquellos casos en los que el
ordenamiento jurídico ofrece al juzgador varias hipótesis normativas válidas para decidir, eventos en los que el
funcionario judicial podrá escoger razonablemente una de esas hipótesis. Así pues, para determinar la validez
de la decisión judicial o si ésta se encuentra en la esfera de lo cuestionable, debe tenerse en cuenta que, en
casos análogos, la hermenéutica jurídica puede llevar a resultados dispares basados en un mismo fundamento
normativo ya que en el universo jurídico conviven distintos métodos de interpretación, además de diversas
concepciones del Derecho, con incidencia práctica en las resultas de los casos puestos en conocimiento de la
administración de justicia. Por ello, la concepción ius racionalista del juez Hércules capaz de llegar a esa
inequívoca y unívoca solución correcta de los asuntos sometidos a su conocimiento, diferente del juzgador
humano naturalmente falible, solamente puede concebirse como una “idea regulativa”, esto es, como una idea
ficticia que, no obstante, debe ser concebida como si existiera, para permitir la evolución del derecho.” Consejo
de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 26 de noviembre de 2018, expediente 39969. En igual sentido,
sentencias de 26 de julio de 2012 expediente 22581 y de 27 de abril de 2006, expediente 14837.
16 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 27 de abril de 2006, en la que se reitera tesis de

sentencias de 4 de abril de 2002, expediente 13606 y de 30 de mayo de 2002, expediente 13275.

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Radicado: 08001-23-31-000-2008-00548-01 (62852)
Demandante: Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla

de un perjuicio irremediable que lo habilitara para estudiar el caso y, adoptar una
decisión de fondo, lo que constituye un error judicial, debido a la improcedencia de
la acción de tutela.

Al respecto, la Sala considera:

La acción de tutela, dispuesta en el artículo 86 de la Constitución Política, es un
medio preferente y sumario que toda persona tiene a su alcance para reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de un particular, en los
casos que establece la ley17.

En relación con las solicitudes de tutela presentadas en contra de actos
administrativos, la postura reiterada y uniforme de la Corte Constitucional18 es que,
en principio, estas no proceden en la medida en que los actos administrativos tienen
la posibilidad de ser controvertidos ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, escenario natural de protección de los derechos.

Sin embargo, excepcionalmente, cuando el juez constitucional encuentra evidente
que la acción de amparo es necesaria para evitar un perjuicio irremediable o que
los mecanismos ordinarios de defensa no son idóneos para la protección del
derecho19, la jurisprudencia constitucional ha admitido que se utilice esta vía.

Es por esto que, el requisito de subsidiariedad implica que la acción de tutela solo
procederá cuando el afectado no disponga de otro mecanismo de defensa judicial,
salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable,
pues de esta forma se reconoce la validez y viabilidad de los medios y recursos
ordinarios de protección judicial20.

Lo anterior, según el máximo órgano de la jurisdicción constitucional, con las
siguientes excepciones: (i) en los asuntos en los que las acciones de amparo
demuestren una situación constitutiva de un perjuicio irremediable, que reúna los
presupuestos de gravedad, inminencia e impostergabilidad de la medida para
proteger el derecho, caso en el que la tutela funge como mecanismo transitorio; o
(ii) cuando el medio de defensa judicial ordinario no sea idóneo o eficaz como una
herramienta judicial definitiva21.

En otros términos, el juzgamiento de la procedibilidad de la solicitud de amparo
implica, por un lado, verificar que el derecho fundamental alegado fue desconocido
en el proceso administrativo y, por el otro, que no puede ser resguardado en el
proceso contencioso en razón a la existencia de un perjuicio irremediable que no
puede prevenirse en sede judicial, o, directamente, por la ineficacia o falta de
idoneidad del medio de control.

17 Sentencia T-867 de 2013 de la Corte Constitucional: “Esta Corporación, en ejercicio de su labor como
intérprete autorizado de la Constitución, ha determinado en reiterada jurisprudencia, el alcance y contenido que
el Constituyente otorgó al artículo 86 de la Carta Política, resaltando que la acción judicial en él contemplada,
además de ostentar un carácter preferente y sumario, tiene por principal objeto, la protección concreta e
inmediata de los derechos constitucionales fundamentales de los ciudadanos, siempre que estos se vean
afectados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública, o de un particular que se
encuentre dentro de los supuestos de hecho contemplados en la ley”.
18 Corte Constitucional, sentencias T-076 de 2011, T-514 de 2003, T-1110 de 2002, T-773 de 2015 y T-1082 de

2012.
19 Corte Constitucional, sentencia T-596 de 2011.
20 Corte Constitucional, sentencia T-375 de 2018.
21 Ibid.

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Radicado: 08001-23-31-000-2008-00548-01 (62852)
Demandante: Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla

Teniendo en cuenta que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, en
la sentencia de tutela de segunda instancia, argumentó la configuración de un
perjuicio irremediable para justificar la procedencia del estudio del caso mediante
acción de tutela, mientras la entidad aquí demandante considera que se incurrió en
un error judicial, por cuanto en el proceso no se encontraba demostrado el perjuicio
irremediable que habilitara su intervención como juez de tutela, la Sala procede a
verificar si el Tribunal Superior fundamentó su decisión en los criterios para la
configuración del perjuicio irremediable.

La Sala penal del Tribunal Superior del Distrito de Barranquilla, en el fallo de tutela
de segunda instancia del 15 de septiembre de 2006, en primer lugar, estableció que
el IGAC, como dependencia del Departamento Administrativo Nacional de
Estadística, es una autoridad pública del orden administrativo por lo que está
vinculada al respeto del debido proceso. Además, señaló que las actuaciones de
este instituto son actos administrativos expedidos en cumplimiento de la función
administrativa catastral, regulada expresamente por la Ley 14 de 1983, por lo que
están sometidos a control ante la jurisdicción contencioso-administrativa. No
obstante, aseguró que, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, ante la clara
y evidente violación o amenaza de derechos fundamentales, la tutela funge como
mecanismo excepcional de amparo, con el objeto de evitar que aquella se
configure, aunque el afectado disponga de otro medio judicial.

Al estudiar el caso, el Tribunal Superior encontró que existía un litigio sobre límites
territoriales entre el Distrito de Barranquilla y el municipio de Puerto Colombia, en el
que se debatía la competencia en materia catastral sobre el llamado “corredor
universitario”. Esto debido a que El Tribunal Administrativo del Atlántico,
mediante sentencia del 20 de noviembre de 2003, declaró la nulidad de la
Ordenanza número 0021 de mayo de 1.999, que determinaba la inscripción catastral
de 1435 hectáreas en el municipio de Puerto Colombia, en virtud de lo cual el IGAC
emitió la Resolución 08-000-123-05 de 29 de diciembre de 2005, con el fin de dar
alcance a dicha decisión de nulidad, enviando los datos de registro catastral al
Distrito de Barranquilla.

Al respecto, el Tribunal Superior encontró que la Resolución 2555 de 1988 “por la
cual se reglamenta la formación, actualización de la formación y conservación del
Catastro Nacional”, en su artículo 57 establece que las inscripciones catastrales se
harán en el municipio al que pertenezcan los predios, de acuerdo con el deslinde
determinado según la normativa correspondiente. Sin embargo, si ya se ha
efectuado el deslinde técnico y este no se ha ratificado o se encuentre el litigio,
se mantendrán las inscripciones de los catastros vigentes.

No obstante, constató que el IGAC, en su resolución, aplicó lo dispuesto en el
artículo 91 de la Resolución 2555 de 1988, referente a la clausura de la
actualización de la inscripción en el catastro de los predios que han sido
actualizados. Esto debido a que el IGAC consideró que, como la Ordenanza 021
de 1999 que inscribió los predios del conflicto en jurisdicción de Puerto Colombia
fue anulada por el Contencioso Administrativo, lo que correspondía era volver a
inscribir los predios en la jurisdicción del Distrito de Barranquilla. Por esto, el IGAC
procedió a entregar la base de datos catastrales al Distrito.

Al respecto, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla
consideró que, de la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo, que declaró

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Demandante: Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla

la nulidad de la Ordenanza 021 de 1999, no se desprendía la instrucción de entregar
las bases de datos catastrales al Distrito de Barranquilla, ya que en esta no se
estableció la norma que quedaba vigente en materia de límites territoriales en la
zona del corredor universitario.

Seguidamente, afirmó que el IGAC conocía sobre el trámite de deslinde y
amojonamiento entre el municipio de Puerto Colombia y el Distrito de Barranquilla,
por lo que debió dar aplicación al mencionado artículo 57, manteniendo las
inscripciones de los catastros vigentes en poder del municipio donde se venían
utilizando esos datos catastrales, mientras se resolvía el pleito. Por consiguiente,
consideró improcedente el envío de dicha información al Distrito de Barranquilla
antes de que se definiera la controversia.

Con todo, el Tribunal Superior encontró que el IGAC motivó su decisión en una
norma que no era aplicable al caso y, además, excedió el límite de sus funciones,
al interpretar de manera equivocada la decisión de nulidad emitida en la jurisdicción
contenciosa.

Ahora bien, con esta decisión, el juez de tutela en segunda instancia consideró que
se vulneró el debido proceso de la entidad territorial accionante, por cuanto no
tuvo manera de controvertir dichas decisiones, con lo que se constituyó un
perjuicio irremediable que habilitó su intervención como juez constitucional. Al
respecto, el Tribunal Superior anotó:

“Si había un litigio latente, del cual tenía conocimiento cierto el
funcionario del IGAC, la norma que tenía que aplicar razonablemente
es la que dice que, en materia de catastro, cuando hay un deslinde
técnico en litigio se mantendrán los linderos vigentes, o sea que, en
otras palabras, lo pertinente era abstenerse de modificar la situación
y no enviar la base de datos al Distrito, quitándole la información al
Municipio de Puerto Colombia, y con ellos otras aspiraciones y
garantías en cuanto al pago de tributos por parte de los dueños de los
predios urbanos y rurales enquistados en el llamado “corredor
universitario”, que al parecer es el centro geográfico de la
controversia.

[N]i la sentencia del Contencioso solucionó el problema de los linderos
pluricitados, ni tampoco es cierto que hubiera ordenado al IGAC que
modificara la situación anterior, quien prudentemente ha debido
esperar una decisión definitiva para los fines catastrales (…).

En este caso, la “vía de hecho” previamente identificada afecta
directamente el derecho constitucional fundamental al debido proceso
administrativo del municipio de Puerto Colombia, en cuanto que el
funcionario del IGAC, ante la novedad de la sentencia del Contencioso
Administrativo, y frente a distintas posibilidades hermenéuticas que
daban lugar a distintas actuaciones, optó por una que afecta
directamente ese derecho del Municipio de Puerto Colombia en el
proceso que se adelanta por el conflicto en materia de límites (…)”22.

22 TribunalSuperior del Distrito Judicial de Barranquilla, Sentencia de tutela de segunda instancia, 15 de
septiembre de 2006, f. 96 a 123, c. 1.

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Demandante: Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla

Así mismo, ante el argumento esgrimido por el IGAC, referente a que con los actos
administrativos expedidos no se adoptó una decisión definitiva sobre el conflicto
entre los entes territoriales, por lo que la entrega de la base de datos catastral al
Distrito no le generó un daño al municipio, el Tribunal Superior expuso lo que
constituyen sus razones para considerar la existencia de un perjuicio
irremediable así:

“Debe aclararse que el perjuicio al que se hace referencia por la
Colegiatura es el concerniente al derecho al debido proceso
administrativo, condensado primordialmente en las garantías del
principio de legalidad de la administración y la motivación adecuada y
razonable de sus actos administrativos, por ejemplo, sin que ello
implique dejar sin reconocimiento a la trascendencia de las
consecuencias económicas y sociales que la situación planteada
genera para toda una población que, poco o mucho, se ve afectada
en la prestación del servicio básico de educación, que incluso es
gratuita, a raíz de la disminución repentina y abrupta de las arcas
del Municipio en donde residen, y con las cuales se les resuelven
esas necesidades esenciales, tal como está probado en autos y se ha
destacado, por ejemplo, por la Personería de dicho municipio (…).

Por lo tanto, esta Sala ante una situación grave e inminente que, en
vista de la inexistencia de un medio de defensa más eficaz que la
tutela, amerita que se otorgue la protección constitucional para evitar
que esa amenaza que se cierne sobre el derecho fundamental del
debido proceso administrativo de Puerto Colombia en el
procedimiento que debe adelantar el IGAC, se convierta en una
vulneración efectiva y definitiva de dicho interés tutelado en el artículo
29 de la Constitución (…).

Precisamente, esa situación que pudiera presentarse reviste los
caracteres de grave e inminente, por lo que claramente amerita una
solución urgente, como es la de una decisión constitucional
provisional que ordene al ente correspondiente la inaplicación de la
resolución del IGAC que adelante inconsultamente un criterio sobre lo
que haría posible el advenimiento de la tragedia financiera e
institucional a que se han referido el señor Gobernador y el señor
Contralor Departamentales”23.

El perjuicio irremediable es definido como “el riesgo de consumación de un daño o
afectación cierta, negativa, jurídica o fáctica, a los derechos fundamentales, que
debe ser invocada por el juez constitucional, dada la alta probabilidad de su
ocurrencia”24. Este perjuicio se caracteriza: (i) por ser inminente, es decir, que se
trate de una amenaza que está por suceder prontamente; (ii) por ser grave, esto es,
que el daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona sea
de gran intensidad; (iii) porque las medidas que se requieren para conjurar el
perjuicio irremediable sean urgentes; y (iv) porque la acción de tutela sea
impostergable a fin de garantizar que sea adecuada para restablecer el orden social
justo en toda su integridad25.

23 Ibid.
24 Corte Constitucional, sentencia SU-508 de 2020.
25 Corte Constitucional, sentencia T-828 de 2014.

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Radicado: 08001-23-31-000-2008-00548-01 (62852)
Demandante: Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla

En relación con el fallo de tutela que la entidad actora considera contentivo de error
judicial, la Sala encuentra que el Tribunal Superior explicó suficientemente las
razones por las que consideró configurados los requisitos para la procedencia de
la acción de tutela, máxime cuando en el fallo se expuso la fundamentación
referente a la necesidad inminente de proteger el derecho al debido proceso que
podría conculcar un perjuicio grave para el municipio de Puerto Colombia, en la
medida en que con la Resolución 08-000-123-05 de 29 de diciembre de 2005 se
tomó una determinación apresurada sobre un conflicto territorial en el que se
buscaba definir la competencia para el recaudo fiscal catastral de las dos entidades
territoriales.

Así las cosas, teniendo en cuenta que la posibilidad de que el juez de tutela
traspase la órbita de lo que le corresponde al juez de lo contencioso administrativo
viene dada en función de la irremediabilidad del perjuicio llamado a proteger en
sede de tutela, la Sala no encuentra que este requisito hubiera sido omitido, por el
Tribunal superior del Distrito de Barranquilla al proferir el fallo de tutela de segunda
instancia. Por el contrario, este argumentó que, con la expedición de la Resolución,
el IGAC vulneró el derecho al debido proceso del municipio accionante, lo que
implicaría la pérdida anticipada del registro predial de una franja de terreno, que
supondría una grave afectación a la soberanía catastral municipal.

Por lo anteriormente expuesto, no se advierte la configuración de un error judicial
en la providencia de tutela proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Barranquilla, el 15 de septiembre de 2006, en la medida en que en este se sustentó
suficientemente la existencia del perjuicio irremediable que consideró configurado
en el caso que estudió, lo que lo habilitaba como juez constitucional a adoptar las
decisiones respecto del acto administrativo que consideró lesivo del debido proceso.

Como se explicó, para que se configure un error judicial, es preciso comprobar que,
en la providencia demandada, el juez adoptó una decisión sin sustento legal o en
contravía de las disposiciones normativas aplicables al caso, lo que se cataloga
como un error de derecho, o que valoró las pruebas de una manera caprichosa,
arbitraria y alejada del criterio de la sana crítica, lo que constituiría un error de hecho.
Al estudiar los argumentos esgrimidos por el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Barranquilla, en la sentencia del 15 de septiembre de 2006, la Sala encuentra
que estos, en lo que atañe a la estimación del perjuicio grave e irreparable que
ameritaba el control sobre la eficacia del acto administrativo, no contravienen ningún
postulado normativo o jurisprudencial vinculante y, en consecuencia, el error
deprecado no se configuró.

Ahora bien, la entidad demandante alegó como una irregularidad dentro del proceso
de tutela, la falta de manifestación de un impedimento en el que considera
estaba incurso el magistrado Alfredo Peña Salom, para conformar la Sala y
acompañar el fallo de tutela proferido. Esto, debido a que el alcalde del municipio
de Puerto Colombia, quien fungía como accionante en el proceso de tutela, le
otorgó poder para que ejerciera su representación judicial en una investigación
preliminar adelantada por la Fiscalía General de la Nación.

Al respecto, se comprobó que durante el proceso de tutela se realizó sorteo para
nombrar conjuez, y la designación recayó en Alfredo Peña Salom, quien conformó
la Sala que profirió la sentencia del 15 de septiembre de 2006. Además, junto con
la demanda, el Distrito allegó copia del poder conferido por el alcalde del municipio
de Puerto Colombia, Gustavo Adolfo Ahumada Peñate, al doctor Alfredo Peña

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Radicado: 08001-23-31-000-2008-00548-01 (62852)
Demandante: Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla

Salom, como abogado defensor en la investigación previa 201.277 adelantada por
la Fiscalía 27 Seccional de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública.
La fecha de radicado de este documento ante la Fiscalía resulta ilegible. Tampoco
se conoce si Peña Salom efectivamente ejerció las facultades otorgadas en dicho
poder.

Los impedimentos tienen como propósito la preservación de principios procesales
como el de imparcialidad, independencia y transparencia, que deben regir la
administración de justicia. Por tanto, lo esperado es que el funcionario judicial, de
manera voluntaria o a petición de parte, se separe del conocimiento del proceso en
el que pueda tener alguna clase de interés, de conformidad con las causales fijadas
taxativamente en la ley.

En relación con los procesos de tutela, el artículo 39 del Decreto 2591 de 1991, “por
el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la
Constitución Política”, dispuso la improcedencia de la recusación y señaló que el
juez deberá declararse impedido cuando se encuentre dentro de las causales
señaladas en el Código de Procedimiento Penal.

En el presente caso, no obra evidencia en el expediente que permita comprobar si
el designado conjuez manifestó ante la Sala una posible configuración de una
causal de impedimento. Lo que, de ser así, para la parte actora constituye una
irregularidad en el proceso de tutela.

Para determinar la responsabilidad extracontractual del Estado, por las
irregularidades que, en un proceso judicial, no estén relacionadas con la expedición
de providencias judiciales, el artículo 69 de la Ley 270 de 1996 establece como
título de imputación el defectuoso funcionamiento de la administración de
justicia.

Esta Sección ha considerado que son características del defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia, los siguientes26: i) que se produce
frente a actuaciones u omisiones diferentes a providencias judiciales necesarias
para adelantar un proceso; ii) puede provenir de funcionarios, empleados judiciales
y de particulares que ejerzan facultades judiciales 27 ; iii) debe existir un
funcionamiento defectuoso o anormal, partiendo de la comparación de lo que
debería ser un ejercicio adecuado de la función judicial; iv) es un título de
imputación de carácter subjetivo; y v) se manifiesta de tres formas: en el mal
funcionamiento de la administración de justicia, en el funcionamiento tardío o en la
falta de funcionamiento, eventos que se enmarcan en la teoría general de la falla
del servicio28.

En el presente caso, la Sala considera que la ausencia de manifestación de
impedimento por parte del conjuez que acompañó el fallo de tutela no comporta un
mal funcionamiento de la administración de justicia que tenga la virtualidad de
deformar el proceso al punto de constituirse como un daño antijurídico. Esto, por
cuanto la falta de manifestación no ostenta la entidad para la invalidación del

26 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 12 de febrero 2014, expediente 28857 y del 26 de

septiembre de 2013, expediente 28164.
27 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 22 de noviembre de 2001, expediente 31164. En este

sentido véanse también las sentencias del 16 de febrero de 2006, expediente 14307 y de 15 de abril de 2010,
expediente 17507.
28 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 11 de agosto de 2010, expediente 17301.

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Radicado: 08001-23-31-000-2008-00548-01 (62852)
Demandante: Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla

proceso o de la sentencia, por lo que sobre este no se estructuró un efecto
antijurídico.

Sobre este tópico, en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia se ha
mencionado:

“El impedimento es un fenómeno que no transforma a ninguno de los
extremos que determinan la competencia, vale decir, su configuración
no altera la cuantía del hecho, no muta el territorio donde sucedió, no
le quita o le da el carácter de aforado al justiciable.

Se trata de un aspecto por completo íntimo del funcionario, que lo liga
de una manera u otra no a la naturaleza del proceso, sino a las partes.
Aquél deberá sopesar si el concreto y evidente motivo de impedimento
que respecto suyo se configura, puede poner en riesgo su ánimo y,
por tanto, un ponderado y sereno buen juicio. Si lo reconoce, no
significa que el asunto ya no sea de su competencia, sino que en
acatamiento de principios superiores, que tocan con el derecho de
acceso a la justicia y la obligación de los funcionarios de hacer
efectivos los derechos, garantías, obligaciones y libertades (artículo
1°, Ley 270 de 1966), permita que otro juez lo releve en el
conocimiento de la actuación”29.

De lo anterior se desprende que la figura del impedimento implica una manifestación
unilateral, voluntaria y oficiosa por parte del funcionario, que, de no existir, no
configura una alteración que vulnere derechos procesales, máxime cuando la parte
interesada tiene la potestad de solicitar la respectiva manifestación con las pruebas
que determinen su configuración, situación que tampoco se demostró hubiera
ocurrido en el proceso de tutela aquí analizado.

Así las cosas, a pesar de que en la demanda se alegó que el conjuez que acompañó
el fallo de tutela de segunda instancia no realizó una manifestación de un
impedimento que considera se encontraba configurado, la parte actora no demostró
que con este hecho se hubiera estructurado un daño antijurídico por defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia.

En razón a lo expuesto, la sentencia del 19 de enero de 2018, proferida por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, en la que negó las pretensiones de la demanda, será
confirmada, por las razones expuestas en este proveído.

IV. COSTAS

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, solo hay lugar
a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado
temerariamente y como en este caso ninguna de aquellas actuó de esa forma, no
se efectuará condena en costas.

29 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 31 de octubre de 2012, radicación 39.313.

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Radicado: 08001-23-31-000-2008-00548-01 (62852)
Demandante: Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del
Atlántico, el 19 de enero de 2018, en la que negó las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: SIN CONDENA EN COSTAS, por lo expuesto en la parte motiva

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, devolver el expediente al
Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE

NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente
Firmado electrónicamente

JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrado Magistrado
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

VF
JCDB

16

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