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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 08001-23-31-000-2009-00432-01

Fecha
16 de noviembre de 2023
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 08001-23-31-000-2009-00432-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia de 28 de septiembre de 2012 por medio de la cual la Subsección de Descongestión del Tribunal Administrativo de Atlántico en la que negó las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas. SEGUNDO: SIN CONDENA EN COSTAS. TERCERO: Por Secretaría, una vez de ejecutoriada esta sentencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 08001-23-31-000-2009-00432-01

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

16 de noviembre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado Ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 16 de noviembre de 2023

Radicación: 08001-23-31-000-2009-00432-01 (51339)
Actor: Juan Emilio Rodríguez Jiménez y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación
Referencia: Acción de reparación directa

Temas: acción de reparación directa – defectuoso funcionamiento de la administración de
justicia – prescripción de la acción penal – ausencia de daño – pérdida de oportunidad.

Síntesis del caso: se demanda la responsabilidad del Estado por el defectuoso
funcionamiento en la Administración de justicia por la prescripción de un proceso penal por
el delito de homicidio culposo causado en un accidente de tránsito.

Conoce la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra la Sentencia de 28 de septiembre de 2012 por medio
de la cual la Subsección de Descongestión del Tribunal Administrativo de
Atlántico negó las pretensiones de la demanda

La Sala es competente para proferir esta decisión en segunda instancia, con
fundamento en la Ley 270 de 1996 (artículo 73)1.

Contenido: 1. Antecedentes; 2. Consideraciones. 3. Decisión .

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1 Posición de la parte demandante; 1.2. Posición de la parte demandada; 1.3.
Sentencia de primera instancia; 1.4. Recurso de apelación; 1.5. Trámite relevante en
segunda instancia

1.1. Posición de la parte demandante

1. El 18 de diciembre de 2006, Juan Emilio Rodríguez Jiménez y Ana Elvira
Parejo Granados, en ejercicio de la acción de reparación directa,
presentaron demanda contra la Nación – Rama Judicial y Fiscalía General
de la Nación. Fueron sus pretensiones (se trascribe):

“1. Declarar que la Nación Colombiana – Fiscalía General de la Nación y la
Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial, son administrativamente
responsables por fallas en la prestación del Servicio Judicial, sucedidas con
relación a la instrucción y el posterior juzgamiento del proceso penal, por el delito

1 Artículo 73 de la Ley 270 y Auto proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación

el 9 de septiembre de 2008, se determinó que de las acciones de reparación directa relacionados con el ejercicio
de la administración de justicia conocen en primera instancia los Tribunales Administrativos y en segunda instancia
el Consejo de Estado. Expediente No. 2008 00009.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 08001-23-31-000-2009.00432-01 (51339)
Actor: Juan Emilio Rodríguez Jiménez y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial y Fiscalía
General de la Nación
Referencia: Acción de reparación directa
Confirma sentencia que negó pretensiones
______________________________________________________________________________________________________________

de homicidio culposo en accidente de tránsito, recaído en el menor ELTON JAVIER
RODRÍGUEZ PAREJO, ocurrido el 23 de febrero del/96 (sic)en jurisdicción del
Municipio de Soledad Atl, llevado a cabo en la Unidad Especializada en Delitos
Contra la Vida e Integridad Personal y otros, bajo el Nº 4689/96, y en los Juzgados:
Tercero (3º) Penal del Circuito de B/quilla, bajo el Nº 6432 del/99(sic) y en el
Juzgado Primero (1º) Promiscuo del Circuito de Soledad Atl, bajo el Nº 0196/99.”

2. Como hechos relevantes que fundamentaron las pretensiones2,
adujo:

3. 1) El 23 de febrero de 1996, un vehículo de servicio público atropelló a
Elton Javier Rodríguez Parejo – hijo de los demandantes – quien murió como
consecuencia del accidente de tránsito. Por lo anterior, se inició una
investigación previa, por el delito de homicidio en contra de desconocidos.

4. 2) El 31 de mayo de 1996 se identificó al conductor del vehículo de
servicio público por lo que se ordenó la apertura de la investigación penal.
Los demandantes presentaron demanda de constitución de parte civil, en
la que solicitaron la vinculación de terceros civilmente responsables.

5. 3) El 14 de septiembre de 1998 la Fiscalía profirió Resolución de
Acusación en contra del conductor del vehículo, por el delito de homicidio
culposo. El expediente fue remitido al Juzgado 3 Penal del Circuito de
Barranquilla, el cual, mediante Auto de 27 de abril de 1999, consideró que
no era competente ya que los hechos ocurrieron en el municipio de
Soledad, Atlántico.

6. 4) El Juzgado Promiscuo del Circuito de Soledad, Atlántico, el 31 de
mayo de 1999, resolvió decretar la nulidad de los actuado por el Juzgado 3
Penal del Circuito de Barranquilla. Fijó fecha para realizar la audiencia
pública de juzgamiento. Esta audiencia se realizó el 8 de mayo de 2002,
luego de múltiples aplazamientos. En ella, se condenó al conductor del
vehículo y al tercero civilmente responsable.

7. 5) En contra de esa decisión se presentó recurso de apelación, el cual
fue resuelto, mediante decisión de 11 de febrero de 2005, en la que se
declaró la cesación del proceso por prescripción de la acción penal.

8. Como fundamentos de la demanda, hizo referencia a varias normas
constitucionales entre las que se destaca el artículo 90 constitucional y
destacó que se presentó una falla en el servicio debido a la “irregularidad”
que se presentó en el proceso penal.

1.2. Posición de la parte demandada

2 Folio 56 – 89 del cuaderno 1.

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Radicación: 08001-23-31-000-2009.00432-01 (51339)
Actor: Juan Emilio Rodríguez Jiménez y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial y Fiscalía
General de la Nación
Referencia: Acción de reparación directa
Confirma sentencia que negó pretensiones
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9. El apoderado de la Nación – Rama Judicial3, al contestar la
demanda, se opuso a las pretensiones. Como argumentos de su defensa,
afirmó que sus actuaciones fueron de conformidad con la Constitución y la
ley ya que los aplazamientos que se presentaron en el proceso fueron por
hechos ajenos a la voluntad de la Rama Judicial. Además, propuso la
excepción que denominó “indebida legitimación por pasiva”.

10. El apoderado de la Fiscalía General de la Nación contestó la
demanda4. Se opuso a las pretensiones. Para el efecto, afirmó que la
decisión de declarar la prescripción de la acción penal fue correcta y
conforme al ordenamiento jurídico. Y, propuso la excepción que denominó
“falta de legitimación en la causa por pasiva”.

1.3. Sentencia de primera instancia

11. Mediante Sentencia de 28 de septiembre de 2012, la Subsección de
Descongestión del Tribunal Administrativo de Atlántico negó las pretensiones
de la demanda5, para lo cual consideró que no se acreditó la existencia de
un daño antijurídico, con fundamento en que no se acreditó una dilación
injustificada del proceso penal, puesto que “todas las actuaciones
estuvieron conforme a derecho como se expresó en la parte considerativa”.

1.4. Recurso de apelación

12. La parte demandante presentó recurso único de apelación6 en el
cual atacó la valoración probatoria que realizó el tribunal y, concluyó que
el daño antijurídico sí se demostró en el proceso pues “la prescripción de la
acción penal cercenó a la parte civil la posibilidad de recibir los perjuicios
materiales y morales impuestos en la sentencia dictada por el Juez Primero
Promiscuo del Circuito de Soledad”.

1.5. Trámite relevante en segunda instancia

13. El apoderado de la parte demandante radicó una solicitud de
nulidad7 en contra de la Sentencia, con fundamento en que “falló de fondo,
sin conocer, ni apreciar ni valorar las pruebas”. Esa solicitud fue rechazada
por improcedente en Auto de 17 de marzo de 20148.

14. Adicionalmente, el apoderado de los demandantes solicitó el

3 Folios 266 – 270 del C.1.
4 Folios 190 – 293 del C.1.
5 Folios 486 – 509 del C.Ppal.
6 Folios 520 – 534 del C.Ppal.
7 Folios 510 – 515 del C.Ppal.
8 Folios 613 – 615 del C.Ppal.

3 de 8

Radicación: 08001-23-31-000-2009.00432-01 (51339)
Actor: Juan Emilio Rodríguez Jiménez y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial y Fiscalía
General de la Nación
Referencia: Acción de reparación directa
Confirma sentencia que negó pretensiones
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decreto y práctica de pruebas en esta instancia9, solicitud que fue resuelta
en Auto de 8 de mayo de 201910, en el que resolvió decretar la prueba
documental solicitada y ordenó requerir al Juzgado Penal del Circuito de
Soledad para que allegara la totalidad del proceso; la prueba documental
fue aportada al expediente mediante memorial de 6 de agosto de 201911 y
se fijó en lista el 16 de agosto del mismo año12 durante 5 días, así, el término
del traslado trascurrió del 20 al 26 de agosto de 201913.

2. CONSIDERACIONES

Contenido: 2.1. Presupuestos procesales y decisión a adoptar; 2.2. Análisis sustantivo 2.3.
Sobre la condena en costas.

2.1. Presupuestos procesales y decisión a adoptar

15. La Sala se pronunciará sobre el fondo del asunto, toda vez que
encuentra reunidos los presupuestos para dictar Sentencia, al ser la de
reparación directa la acción procedente para buscar la declaratoria de
responsabilidad por los daños causados por defectuoso funcionamiento de
la administración de justicia.

16. Adicionalmente, porque la acción se promovió de manera oportuna.
En efecto, la decisión mediante la cual se confirmó la decisión de decretar
la prescripción de la acción es de 11 de febrero de 200514 y quedó
ejecutoriada el 22 de febrero de 200515, por lo cual la demanda debía
presentarse a más tardar el 23 de febrero de 2007. Como la demanda fue
presentada el 18 de diciembre de 200616, la acción se ejerció en tiempo.

17. La Sala confirmará la decisión apelada. La postura que se desarrollará
en este fallo consiste en que no se probó el primer elemento de
responsabilidad en este tipo de asuntos, esto es que, con la decisión
cuestionada, la parte actora hubiera experimentado un daño consistente

9 Folios 532 del C.Ppal.
10 Folios 678 del C.Ppal.
11 Folios 520 – 534 del C.Ppal.
12 Folios 680 del C.Ppal.
13 Folio 230 – 233 del C.1.
14 Folio 288 – 296 del C.2.
15 Dentro del expediente, no obra ningún documento que informe la fecha exacta en la cual quedó ejecutoriada

la cesación del proceso penal por prescripción de la acción proferida el 11 de febrero de 2005 –la cual se advierte
no fue recurrida-. No obstante, lo anterior, si se tienen en cuenta los artículos 178 y 179 de la Ley 600 de 2000 –
norma procesal vigente para el momento en que se dictó esta decisión-, que regulan las notificaciones, personal
y por estado, de una providencia interlocutoria, dicha resolución debió quedar, por lo menos, ejecutoriada el 22
de febrero del mismo año. En efecto, según dicha legislación, primero, se intentará realizar la notificación personal
de la providencia, dentro de los 3 días siguientes a la fecha de su expedición -en este caso, 14, 15 y 16 de febrero
-. Si los sujetos procesales no concurren, se notificará por estado tres días después de la fecha en la que se efectuó
la citación, la cual debía realizarse, a más tardar, el día hábil siguiente a la fecha de la providencia -14 de febrero-
. Por tanto, la fijación del estado debía hacerse el 17 de febrero y, después, correría el término de ejecutoria, es
decir, 18, 21 y 22 de febrero de 2005. Por tanto, este último día habría quedado ejecutoriada la resolución de
acusación.
16 Folio 25 del C.1.

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Radicación: 08001-23-31-000-2009.00432-01 (51339)
Actor: Juan Emilio Rodríguez Jiménez y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial y Fiscalía
General de la Nación
Referencia: Acción de reparación directa
Confirma sentencia que negó pretensiones
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en la pérdida de la oportunidad de haber obtenido la indemnización de los
perjuicios solicitada dentro de ese proceso penal, toda vez que no se
acreditó que la prescripción de la acción penal le hubiera quitado, de
manera definitiva, la oportunidad para ser indemnizada.

2.2. Análisis sustantivo

18. Esta Subsección ha sostenido en estos casos que “…a la parte actora
le incumbe exponer y acreditar las afirmaciones que permitan concluir que
la prescripción de la acción penal le impidió recibir una indemnización que
habría podido obtener si ella no se hubiese declarado; le corresponde
acreditar que tal declaración le frustró definitivamente una expectativa
cierta o con grandes probabilidades de certeza de obtener la
reparación”17.

19. En el asunto que ocupa a la Sala, la parte demandante no probó la
existencia de la pérdida de oportunidad, porque no se logró evidenciar que
esa pérdida fuera definitiva.

20. La prescripción de la acción penal no implicó la pérdida de
oportunidad definitiva de obtener una indemnización, toda vez que la
víctima podía acudir a la jurisdicción ordinaria, en una acción civil como se
procede a explicar.

21. La Sala considera que, con independencia de la conducta de las
demandadas y de la prescripción de la acción penal, la víctima tenía la
posibilidad de reclamar la reparación de los daños sufridos a los terceros
civilmente responsables, en una acción civil ante la jurisdicción ordinaria,
toda vez que, la norma aplicable – artículo 98 del Código Penal – establece
(se trascribe):

“La acción civil proveniente de la conducta punible, cuando se ejercita dentro
del proceso penal, prescribe, en relación con los penalmente responsables, en
tiempo igual al de la prescripción de la respectiva acción penal. En los demás
casos, se aplicarán las normas pertinentes de la legislación civil.”

22. Así, de la lectura de la norma es evidente que la acción civil en contra
de los terceros civilmente responsables prescribe en los términos
establecidos por las normas civiles para el efecto, pues la prescripción de la
acción penal conlleva la prescripción de la acción civil únicamente
respecto del penalmente responsable, cuando esta se haya ejercido dentro
del proceso penal. Lo anterior, porque la declaratoria de la prescripción de
la acción penal, no impedía que pudieran acudir ante la jurisdicción civil

17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 10 de febrero de 2021

expediente 51813 y; en el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, Subsección B, Sentencia de 28 de abril de 2021, expediente 47893.

5 de 8

Radicación: 08001-23-31-000-2009.00432-01 (51339)
Actor: Juan Emilio Rodríguez Jiménez y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial y Fiscalía
General de la Nación
Referencia: Acción de reparación directa
Confirma sentencia que negó pretensiones
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para buscar la indemnización de manos de los terceros civilmente
responsables. Al respecto, la Sala ha precisado lo siguiente:
“La prescripción de la acción penal no le impedía a los demandantes iniciar
un proceso ordinario de responsabilidad civil contra los terceros civilmente
responsable, conforme con lo dispuesto en el artículo 98 del Código Penal 18.
En casos de accidentes de tránsito, la responsabilidad civil extracontractual
del propietario del vehículo y la empresa a la que está afiliado es directa 19,
por lo que la acción para reclamar la indemnización de los daños causados
por estos terceros civilmente responsables ante la jurisdicción ordinaria civil se
sujeta al término ordinario de prescripción previsto en el artículo 2536 del
Código Civil20”21.

23. En ese orden, en el proceso se encuentra demostrado que la parte
actora tenía pleno conocimiento de la posibilidad de reclamar la
reparación del daño sufrido a los terceros civilmente responsables22, puesto
que presentó, dentro del proceso penal, una demanda de constitución de
parte civil en contra de los terceros civilmente responsables23.

18 [cita del texto original] “Artículo 98 de la Ley 599 de 2000: <<La acción civil proveniente de la conducta punible,

cuando se ejercita dentro del proceso penal, prescribe, en relación con los penalmente responsables, en tiempo
igual al de la prescripción de la respectiva acción penal. En los demás casos, se aplicarán las normas pertinentes
de la legislación civil.>>”.
19 [cita del texto original] “Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 19 de diciembre de

2011. Radicado N.º 44001 31 03 001 2001 00050 01. M.P. Pedro Octavio Munar Cadena: <<Condición semejante,
esto es, la de guardián, deviene absolutamente procedente, entonces, que sea compartida entre la empresa de
transporte y los propietarios del automotor, hipótesis ante la cual, dada la solidaridad que surge para una y otros,
cualquiera puede ser involucrado en el proceso respectivo en función de la eventual responsabilidad por los
perjuicios generados; luego, en el asunto de esta especie, al margen del posible compromiso de los titulares del
dominio del bien con el que se generó el daño, en procura de su resarcimiento, la transportadora estaba
legitimada para ser llamada con miras de cubrir los perjuicios generados a los demandantes. Por manera que, aún
aceptando, en gracia de discusión, que los propietarios, (…), tenían tal calidad, no por ello, debía exonerarse a la
sociedad Expreso Brasilia S.A., pues la fuente de su responsabilidad, itérase, no puede hallarse exclusivamente en
la titularidad del dominio en cabeza de otra persona, natural o jurídica, sino en el vínculo del automotor a su objeto
social; esto es, en el control que ejerce por razón de la afiliación del vehículo>>.
20 [cita del texto original] “Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 30 de junio de 2016,

Radicado N.º 11001-02-04-000-2016-00743-01, M.P. Ariel Salazar Ramírez: <<Y es que no puede confundirse el
significado de lo que el ordenamiento adjetivo penal considera como “terceros civilmente responsables”, con el
de los terceros responsables dentro del proceso civil, puesto que el término “terceros responsables” para cada uno
de esos ordenamientos tiene un significado y alcance distintos. En efecto, para el ordenamiento penal, la noción
“tercero civilmente responsable” hace alusión a la persona que a pesar de no haber cometido la conducta
punible está llamada, según la ley sustancial, a responder con su patrimonio por los perjuicios irrogados con la
realización del delito (art. 96 de la Ley 600 de 2000). En cambio, la expresión “tercero responsable conforme a las
disposiciones de este capítulo”, contenida en el artículo 2.358 del Código Civil, se refiere al tipo de responsabilidad
indirecta o proveniente del hecho de un tercero, a diferencia de la que tiene una naturaleza directa o emana del
hecho propio. De suerte que para la doctrina civil el acto generado por quien frente a ley penal es considerado
“un tercero”, puede estar enmarcado en la responsabilidad directa o por el hecho propio, como en el caso de
las personas jurídicas que ejecutan su voluntad a través de sus agentes. De acuerdo con estas premisas, si un
tercero incurre en responsabilidad civil directa, la tesis evidentemente favorece a la víctima de los perjuicios
puesto que la prescripción que reglamenta esta acción es de diez años, y no la trienal a la que refiere el artículo
2.358 ejusdem. Tal es la claridad del ordenamiento penal en el mencionado artículo 98 de su legislación sustantiva,
que en copiosa jurisprudencia, el máximo tribunal de esa jurisdicción, ha reiterado que la pérdida de la potestad
punitiva para investigar y juzgar al penalmente responsable, impide entrar a definir aspectos propios de la justicia
civil.>>”.
21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 10 de febrero de 2021

expediente 51813 y; reiterada en: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección B, Sentencia de 28 de abril de 2021, expediente 47893.
22 En la Ley 600 de 2000, se previó un trámite mediante el cual el actor individual o popular debía constituirse como

parte civil y manifestar, bajo la gravedad del juramento, que no ha “promovido proceso ante la jurisdicción civil,
encaminado a obtener la reparación de los daños y perjuicios ocasionados con la conducta punible”,
23 La parte demandante en el proceso penal solicitó la vinculación del tercero civilmente responsable (folios 68 -

71 del C.1.), la cual fue admitida mediante decisión del 2 de septiembre de 1996, en la que se resolvió (se trascribe):
“Admitir la demanda de constitución de parte civil y de terceros civilmente responsables […]3. Tener como tercero
civilmente responsables, dentro de este proceso, a la cooperativa de Transportadores de Soledad, en cabeza de
su representante legal”(73 – 76 del C.1)

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Radicación: 08001-23-31-000-2009.00432-01 (51339)
Actor: Juan Emilio Rodríguez Jiménez y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial y Fiscalía
General de la Nación
Referencia: Acción de reparación directa
Confirma sentencia que negó pretensiones
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24. Al respecto, los hechos ocurrieron el 23 de febrero de 1996, para ese
momento la prescripción de la acción civil en cabeza de los demandantes
contra los terceros civilmente responsables era de 20 años, de conformidad
con el artículo 2536 original del Código Civil.

25. Así las cosas, la demandante tenía la posibilidad de acudir ante la
justicia civil para obtener el resarcimiento de los perjuicios que alegaron
sufrir, hasta el 23 de febrero de 2016 y, toda vez que la prescripción de la
acción penal ocurrió el 11 de febrero de 200524, es claro que no les clausuró
de manera definitiva la oportunidad de conseguir una indemnización de los
sujetos llamados por ley a responder.

26. Así, es evidente que la declaratoria de la prescripción de la acción
penal no le clausuró al demandante de manera definitiva la oportunidad
de conseguir una indemnización de los sujetos llamados por ley a responder
con su patrimonio de ella. Dado que la pérdida de oportunidad debe ser
cierta y definitiva, la ausencia de su carácter definitivo es suficiente para
que no se configure.

27. Sin embargo, la Sala destaca que, en todo caso, tampoco se acreditó
el carácter cierto del daño, ya que, aunque el proceso se encontraba en
etapa de juzgamiento, no era posible establecer si la demandante iba a
obtener o no una indemnización puesto que, en contra de la decisión que
condenó al acusado y al tercero civilmente responsable, se presentó
recurso de apelación por parte del tercero civilmente responsable,
solicitando precisamente que se revocara la indemnización ordenada.
Además, se destaca que en la demanda tampoco se pidieron medidas
cautelares para asegurar el cumplimiento de la eventual condena.

28. Finalmente, la Sala resalta que, como no se demostró el primer
elemento de la responsabilidad, esto es, el daño que, para el caso
concreto, consistía en la pérdida de la oportunidad de obtener la
indemnización en el proceso penal, no resulta procedente el análisis del
nexo causal y la imputación de responsabilidad que, eventualmente,
implicaría la valoración de las pruebas que, según el demandante, no
fueron valoradas por la primera instancia. En este punto, se destaca que no
puede la Sala entrar a hacer una valoración de probatoria frente a
aspectos concernientes especialmente a las supuestas fallas en las que
incurrió la administración de justicia y los perjuicios causados cuando está
acreditado que ni siquiera se probó el primer elemento de la
responsabilidad.

24 Folio 230 – 233 del C.1.

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Radicación: 08001-23-31-000-2009.00432-01 (51339)
Actor: Juan Emilio Rodríguez Jiménez y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial y Fiscalía
General de la Nación
Referencia: Acción de reparación directa
Confirma sentencia que negó pretensiones
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2.3. Sobre la condena en costas

25. Como no se evidencia temeridad, ni mala fe en la actuación procesal
de la parte recurrente, la Sala se abstendrá de condenarla en costas en esta
instancia, de conformidad con lo establecido en el artículo 171 del C.C.A.,
modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia de 28 de septiembre de 2012 por medio
de la cual la Subsección de Descongestión del Tribunal Administrativo de
Atlántico en la que negó las pretensiones de la demanda, por las razones
expuestas.

SEGUNDO: SIN CONDENA EN COSTAS.

TERCERO: Por Secretaría, una vez de ejecutoriada esta sentencia,
DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmando electrónicamente Firmando electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado

Firmando electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado

8 de 8

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