Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-31-000-2009-01015-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Situaciones pensionales consolidadas
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-31-000-2009-01015-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 08001-23-31-000-2009-01015-01
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter
15 de julio de 2021
SITUACIONES PENSIONALES CONSOLIDADAS / SERVIDORES DE LAS EXTINGUIDAS EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE BARRANQUILLA / EMPLEADOS PUBLICOS Y TRABAJADORES OFICIALES DE LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS / CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO
[L]as normas relacionadas con el reconocimiento y pago de pensiones de jubilación son establecidas por el legislador, o por el Gobierno bajo los lineamientos que fije aquel. Sin embargo, la Ley 100 de 1993, en su artículo 146, dejó a salvo las situaciones pensionales extralegales consolidadas con fundamento en disposiciones territoriales, adoptadas con anterioridad a su entrada en vigor. […] [S]i bien es cierto que las normas de carácter municipal o departamental relacionadas con el régimen pensional de los empleados de las entidades territoriales y de sus organismos descentralizados resultan inconstitucionales por razones de incompetencia al momento de su expedición, también lo es que pese a esta, continuaron vigentes para todas aquellas situaciones (i) consolidadas o adquiridas a la luz de estas antes de la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993 (30 de junio de 1995), o (ii) las que «[…] se adquirieron antes del 30 de junio de 1997 y se consolidaron previamente a que surtiera efectos la declaratoria de inexequibilidad del aparte del inciso 2º del artículo 146 de la Ley 100 de 1993, que reza: “o cumplan dentro de los dos años siguientes”». […] [L]os servidores que laboran en establecimientos públicos son, por regla general, empleados públicos, salvo aquellos dedicados a actividades de construcción y sostenimiento de obras públicas, quienes son, por excepción, trabajadores oficiales. […] [L]a junta directiva de las entonces Empresas Públicas Municipales de Barranquilla (establecimiento público autónomo, descentralizado, con personería jurídica y patrimonio propio, constituido con Acuerdo 24 de 23 de mayo de 1960 del concejo de Barranquilla), mediante Resolución 5 de 12 de marzo de 1973, adicionó los estatutos de estas, y en lo atañedero al «Régimen Laboral» (artículo 70), precisó que «Todos los Trabajadores que prestan sus servicios a las Empresas Públicas Municipales de Barranquilla con excepción del Gerente, los Subgerentes y Jefes de División, tienen el carácter de trabajadores oficiales […]» Posteriormente, con Resolución 22 de 2 de junio de 1987, la referida junta directiva modificó nuevamente el artículo 70 estatutario, en el sentido de indicar que las actividades de dirección y confianza que ejecuten los cargos de gerente general, gerentes, subgerentes, secretaria general, jefes de oficina, directores, jefes de división, jefes de departamento, subjefes, interventores, ingenieros de planta, profesionales I y II y, en consecuencia, todas las personas que desempeñan tales funciones, tienen la calidad de empleados públicos.
Esta Corporación, en sentencia de 11 de junio de 1991, declaró la nulidad de la Resolución 5 de 1973 y del Decreto 118 de la misma anualidad (por el cual el municipio de Barranquilla aprobó aquella), por cuanto la clasificación de los trabajadores allí realizada no se ajusta al ordenamiento jurídico, dado que los servidores de los establecimientos públicos son empleados públicos, con excepción de los dedicados a la construcción o sostenimiento de obras públicas. […] Conforme a lo anterior, se tiene que el cargo de director en las Empresas Públicas Municipales de Barranquilla, entre otros, solo podía ser desempeñado por un empleado público, en atención a lo previsto en los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969, así como en sus estatutos. […] [L]as condiciones del demandado encuadran dentro de los presupuestos establecidos en el artículo 146 de la Ley 100 de 1993, puesto que si bien es cierto que, a pesar de su condición de empleado público (al desempeñarse como director de escuela, como se explicó), le fue aplicada la convención colectiva de trabajo de 1982-1983 para reconocerle la pensión de jubilación, por medio de Resolución 1 de 10 de enero de 1992 (a partir del 1º. de noviembre de 1991), también lo es que esa situación jurídica se consolidó con anterioridad a la entrada en vigor del sistema general de pensiones para los servidores públicos del nivel departamental, municipal y distrital, el 30 de junio de 1995, pues cumplió 50 años de edad el 15 de abril de 1991 y superó los 20 de servicios. Sobre esto último, de las disposiciones municipales o departamentales en materia de pensiones de jubilación extralegales, como son las acordadas en las convenciones colectivas de trabajo, la Sala precisa que, en sentencia de 29 de septiembre de 2011 de esta sección se determinó que «[…] en criterio que ahora unifica la Sala, las convenciones colectivas están dentro de los supuestos establecidos en el artículo 146 de la Ley 100 de 1993», por lo que no se desvirtúa la presunción de legalidad de la Resolución demandada. Por lo tanto, con base en los razonamientos que se dejan consignados, en armonía con los elementos de juicio allegados al expediente y apreciados en conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin más disquisiciones sobre el particular, se confirmará la sentencia de primera instancia, que negó las pretensiones de la demanda.
FUENTE FORMAL: LEY 100 DE 1993 – ARTÍCULO 46 / DECRETO 3135 DE 1968 / DECRETO 1848 DE 1969 / ACUERDO 24 DE 23 DE MAYO DE 1960 DEL CONCEJO DE BARRANQUILLA / RESOLUCIÓN 5 DE 12 DE MARZO DE 1973 – ARTÍCULO 70 / DECRETO 118 DE 1973
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN “B”
Consejero ponente: CARMELO PERDOMO CUÉTER
Bogotá, D. C., quince (15) de julio de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 08001-23-31-000-2009-01015-01(1178-17)
Actor: DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
Demandado: JAIRO ALBERTO VIZCAÍNO MORALES
Referencia: RECONOCIMIENTO DE PENSIÓN DE JUBILACIÓN EXTRALEGAL
Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la sentencia de 28 de noviembre de 2016 proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante la cual negó las súplicas de la demanda dentro del proceso del epígrafe.
I. ANTECEDENTES
1.1 La acción (ff. 1 a 10). El Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, mediante apoderado, ocurre ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo a incoar acción de nulidad y restablecimiento del derecho, conforme al artículo 85 del Código Contencioso Administrativo (CCA), contra el señor Jairo Alberto Vizcaíno Morales, para que se acojan las pretensiones que en el apartado siguiente se precisan.
1.2 Pretensiones. Se declare la nulidad de la Resolución 1 de 10 de enero de 1992, proferida por el gerente general de las extinguidas Empresas Públicas Municipales de Barranquilla, a través de la cual «[…] se reconoce una pensión vitalicia de jubilación al señor JAIRO VISCAÍNO MORALES».
A título de restablecimiento del derecho, se ordene al accionado «[…] el reintegro de la diferencia a favor del Distrito de Barranquilla, de todas las sumas pagadas en exceso […] desde el […] 1 de noviembre de 1991, fecha de efectividad de la pensión, hasta el día en que se profiera la sentencia que decrete la nulidad del acto administrativo demandado […]».
1.3 Fundamentos fácticos. Relata el demandante que el accionado «[…] se vinculó a las Empresas Municipales [d]e Barranquilla el día 21 de septiembre de 1970 hasta el 28 de agosto de 1979. Posteriormente se volvió a vincular el 3 de diciembre de 1979 hasta el 31 de octubre de 1991. Es decir que laboró 20 años[,] 10 meses y 6 días».
Que el demandado nació el 15 de abril de 1941, por lo que para la fecha de reconocimiento de su pensión contaba con 50 años de edad.
Afirma que «[e]l último cargo desempeñado por [el accionado] fue el de DIRECTOR DE LA ESCUELA (PROFESIONAL I). Este cargo corresponde a la categoría de empleado público».
Que a través del acto acusado se le reconoció pensión de jubilación, pero «[…] de manera equivocada [, toda vez] que [no] […] le era aplicable el artículo 73 del [D]ecreto 1848 de 1969, e invocando una autorización de la [j]unta [d]irectiva de las Empresas, [con lo cual se] reconoció una […] [prestación] equivalente al 100% del salario promedio devengado el último año de servicio».
1.4 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como normas violadas con el acto administrativo acusado los artículos 4, 6, 13, 48 y 150 (numeral 19, letra e) de la Constitución Política; 67 del Decreto 1221 de 1986; 41 de la Ley 11 de 1986 y 1º. de la Ley 33 de 1985.
Aduce que «[…] se reconoció una pensión de jubilación, […] asumiendo de manera equivocada que le era aplicable el artículo 73 del [D]ecreto 1848 de 1969 amén de que, contrariando el texto del mencionado decreto, el demandado solo contaba con 50 años de edad cuando se le reconoció la pensión en un porcentaje igualmente violatorio de la ley, como quiera que en vez del 75% del promedio de los salarios devengados [durante] el último año de servicios de que habla aquella hipótesis normativa se le reconoció el 100% del mencionado promedio» (sic).
Que «[…] el régimen legal de pensión de jubilación aplicable a los servidores de las entidades territoriales antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993, es la Ley 6ª de 1945 para quienes el 29 de enero de 1985, fecha de expedición de la Ley 33 de 1985, hubieran cumplido 15 años continuos o discontinuos de servicios y […] que a partir de tal fecha y hasta la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, rigió la Ley 33 de 1985».
1.5 Contestación de la demanda (ff. 118 a 121). El accionado, por intermedio de curadora ad litem, contestó el libelo introductorio con oposición a sus súplicas y respecto de los hechos dice que no le constan, por lo que deben probarse.
Asevera que «[e]n ninguna parte de[l acto acusado] […] se observa que […] se le pagaría el 100% de su promedio, le corresponde entonces probar al demandante cuál era el promedio del último año para que de esta manera se pueda determinar si hubo o no lugar al pago del 100%»; tampoco «[…] aparece la hoja de vida u otros documentos que nos indique en qué calidad laboraba […] para la[s] Empresas Públicas Municipales, ni siquiera la [R]esolución No. 001 del 10 de [e]nero de 1992 lo señalaba».
1.6 La providencia apelada (ff. 377 a 383). El Tribunal Administrativo del Atlántico, en sentencia de 28 de noviembre de 2016, negó las súplicas de la demanda (sin condena en costas), al considerar que «[…] de conformidad con el material probatorio allegado al expediente, se evidencia que la fuente del reconocimiento de la pensión otorgada al demandado fue la Convención Colectiva de 1982-83, la cual tuvo como origen el Laudo Arbitral de 1979 y homologado por la Corte Suprema de Justicia mediante sentencia del 30 de mayo de 1980, la cual exige como requisitos para acceder a la pensión de jubilación, que el empleado haya prestado sus servicios por un lapso no menor de 20 años y tener 48 años de edad» (sic), así como que el accionado «[…] laboró por espacio de 20 años, 10 meses y 6 días, y que para la fecha del reconocimiento pensional tenía 50 años de edad».
Que el demandado «[…] al momento de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 a nivel territorial (30 de junio de 1995), y la extensión realizada por la […] [s]entencia de la Alta Corporación de lo Contencioso Administrativo[], en el entendido que aquellas situaciones consolidadas antes del 30 de junio de 1997 también quedaron validadas, ya había cumplido con los requisitos para el reconocimiento pensional» (sic).
Precisa que «[…] en este caso particular y concreto […] arriba a la conclusión [de] que es posible proteger su status de pensionado al amparo de la predicha convención colectiva, en virtud a que el reconocimiento de su pensión se halla dentro de los supuestos establecidos en el artículo 146 de la Ley 100 de 1993».
1.7 El recurso de apelación (ff. 385 a 393). El actor, mediante apoderado, interpuso recurso de apelación, al insistir en sus argumentos de demanda y estimar que «[…] al demandado se le concedió la pensión de jubilación aplicándole una hipótesis normativa que era inaplicable para los empleados públicos de régimen territorial como era el artículo 73 del Decreto 1848, reglamentario del [D]ecreto 3135 de 1968 […]». No obstante, en caso de que se acepte la aplicación de la anterior disposición, «[…] habría que concluir igualmente que fue vulnerada de manera directa, en razón de que se le concedió la pensión a los 50 años de edad y no a los 55, como se dice en la mencionada norma y en una proporción del 100% y no del 75% como allí se consagra».
Que «[n]o es posible darle aplicación de una convención colectiva en el proceso que aquí se ventila, puesto que además de estar frente a un empleado público, que desempeñaba funciones de [d]ocente en la Escuela de las (E.P.M.B.) ya que en el expediente no hay siquiera la convención colectiva debidamente autenticada, tampoco está el depósito de la misma, ni las calidades del sindicato firmante, ni el cumplimiento de los requisitos que las normas laborales colectivas exigen para la aplicación de una convención colectiva […]».
II. TRÁMITE PROCESAL.
El recurso de apelación fue concedido mediante proveído de 1º. de febrero de 2017 (f. 395) y admitido por esta Corporación a través de auto de 21 de agosto de 2019 (f. 414), en el que se dispuso la notificación personal al agente del Ministerio Público y a las otras partes por estado, en cumplimiento del artículo 212 del CCA.
2.1 Alegatos de conclusión. Admitido el recurso de apelación, se continuó con el trámite regular del proceso en el sentido de correr traslado a las partes y al Ministerio Público, con auto de 11 de diciembre de 2019 (f. 416), para que aquellas alegaran de conclusión y este conceptuara, de conformidad con lo establecido en el artículo 212 del CCA, oportunidad en la que guardaron silencio.
III. CONSIDERACIONES.
3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 129 del CCA, esta Corporación es competente para conocer del presente litigio, en segunda instancia.
3.2 Problema jurídico. De acuerdo con el recurso de apelación, se contrae a determinar si la pensión de jubilación reconocida al demandado en el acto acusado está ajustada o no a las normas que rigen la materia, en la medida en que el actor considera que al momento de su reconocimiento, no cumplía los requisitos necesarios para acceder a ella.
3.3 Marco normativo. En punto a la resolución del problema jurídico de fondo planteado en precedencia, procede la Sala a realizar el correspondiente análisis normativo y jurisprudencial a efectos de establecer la solución jurídicamente correcta para el asunto sub examine.
3.3.1 Situaciones pensionales consolidadas conforme al artículo 146 de la Ley 100 de 1993. En principio debe precisar la Sala que a través del Acto legislativo 1 de 1968, se atribuyó al Congreso de la República la potestad de determinar «[…] las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos, así como el régimen de sus prestaciones sociales», sin embargo, en lo que atañe a los requisitos para acceder a la pensión de jubilación, la Constitución Nacional de 1886 ya consagraba en su artículo 62 que «La ley determinará […] las condiciones de ascenso y de jubilación; y la serie o clase de servicios civiles o militares que dan derecho a pensión del Tesoro público».
Posteriormente, la Carta Política de 1991, en el numeral 19 (letra e) del artículo 150, le asigna al Congreso de la República competencia para dictar las normas generales, desde luego por medio de leyes, a las cuales debe sujetarse el Gobierno, entre otras materias, en punto de fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, los miembros del Congreso Nacional y de la fuerza pública.
En ejercicio de las anteriores atribuciones, el Congreso de la República expidió la Ley 4ª de 1992, que señala las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno nacional para establecer el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso y de la fuerza pública y respecto de la fijación de las prestaciones sociales de los trabajadores oficiales y se dictan otras disposiciones, la cual previó, en su artículo 12, lo siguiente:
El régimen prestacional de los servidores públicos de las entidades territoriales será fijado por el Gobierno Nacional, con base en las normas, criterios y objetivos contenidos en la presente Ley.
En consecuencia, no podrán las corporaciones públicas territoriales arrogarse esta facultad.
Parágrafo. El Gobierno señalará el límite máximo salarial de estos servidores guardando equivalencias con cargos similares en el orden nacional.
Es decir, que la función de establecer el régimen prestacional de los servidores públicos está reservada al Congreso de la República y al Gobierno nacional, pero este último bajo los lineamientos del legislador.
Cabe aclarar que el precitado artículo 12 fue declarado exequible condicionalmente por la Corte Constitucional, en sentencia C-315 de 19 de julio de 1995, en el sentido de que «[…] siempre que se entienda que las facultades conferidas al gobierno se refieren, en forma exclusiva, a la fijación del régimen prestacional de los empleados públicos territoriales, al régimen prestacional mínimo de los trabajadores oficiales territoriales y al límite máximo salarial de los empleados públicos de las entidades territoriales […]».
Así las cosas, las normas relacionadas con el reconocimiento y pago de pensiones de jubilación son establecidas por el legislador, o por el Gobierno bajo los lineamientos que fije aquel. Sin embargo, la Ley 100 de 1993, en su artículo 146, dejó a salvo las situaciones pensionales extralegales consolidadas con fundamento en disposiciones territoriales, adoptadas con anterioridad a su entrada en vigor, en los siguientes términos:
Situaciones jurídicas individuales definidas por disposiciones municipales o departamentales. Las situaciones jurídicas de carácter individual definidas con anterioridad a la presente Ley, con base en disposiciones Municipales o Departamentales en materia de pensiones de jubilación extralegales en favor de empleados o servidores públicos o personas vinculadas laboralmente a las entidades territoriales o a sus organismos descentralizados, continuarán vigentes.
También tendrán derecho a pensionarse con arreglo a tales disposiciones, quienes con anterioridad a la vigencia de este artículo, hayan cumplido o cumplan dentro de los dos años siguientes los requisitos exigidos en dichas normas.
Lo dispuesto en la presente Ley no afecta ni modifica la situación de las personas a que se refiere este artículo.
Las disposiciones de este artículo regirán desde la fecha de la sanción de la presente Ley.
La frase tachada fue declarada inexequible por la Corte Constitucional, a través de sentencia C-410 de 1997, con ponencia del magistrado Hernando Herrera Vergara, así:
[…] El inciso primero del artículo 146 de la Ley 100 de 1993,’por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integral y se dictan otras disposiciones’, prescribe que las situaciones individuales definidas con anterioridad a la ley, con base en las disposiciones municipales o departamentales en materia de pensiones de jubilación extralegales, en favor de empleados o servidores públicos o personas vinculadas laboralmente a las entidades territoriales o a sus organismos descentralizados, continuarán vigentes.
Estima la Corte que como se ha ordenado en anteriores circunstancias, es preciso, en aplicación del principio de unidad normativa examinar la constitucionalidad del artículo mencionado en su integridad ya que este guarda una relación inescindible con los apartes demandados.
El inciso primero de la norma en referencia se encuentra ajustado a los preceptos constitucionales y en especial a lo previsto en el artículo 58 de la Constitución Política, según el cual ‘se garantizan los derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores.’.
En efecto, ha expresado la jurisprudencia de la Corporación, que los derechos adquiridos comprenden aquellas situaciones individuales y subjetivas que se han consolidado y definido bajo la vigencia de la ley, y por ende ellos se encuentran garantizados, de tal forma que no pueden ser menoscabados por disposiciones futuras, basado en la seguridad jurídica que caracteriza dichas situaciones.
Desde luego que lo que es materia la protección constitucional se extiende a las situaciones jurídicas definidas, y no a las que sólo configuran meras expectativas.
‘Nuestro Estatuto Superior protege expresamente, en el artículo 58, los derechos adquiridos y prohíbe al legislador expedir leyes que los vulneren o desconozcan, dejando por fuera de esa cobertura a las llamadas expectativas, cuya regulación compete al legislador, conforme a los parámetros de equidad y justicia que le ha trazado el propio constituyente para el cumplimiento de su función.’ (Corte Constitucional, Sentencia C-168 de 1995, M.P. Dr. Carlos Gaviria Díaz).
De esta manera, teniendo en cuenta la intangibilidad de los derechos adquiridos de los pensionados por jubilación del orden territorial antes de la expedición de la ley 100 de 1993, las situaciones jurídicas individuales definidas con anterioridad, por disposiciones municipales y departamentales, deben continuar vigentes.
Por lo tanto, se declarará la exequibilidad del inciso primero del artículo acusado, así como del inciso segundo, en la parte que reconoce el derecho a pensionarse con arreglo a las disposiciones municipales o departamentales en materia de pensiones de jubilación extralegales, para quienes con anterioridad a la vigencia de este artículo hayan cumplido los requisitos exigidos en dichas normas. Ello con fundamento en la garantía de los derechos adquiridos, reconocida por el artículo 58 superior, por tratarse de situaciones adquiridas bajo la vigencia de una ley anterior al nuevo régimen de seguridad social (ley 100 de 1993)
No sucede lo mismo con la expresión contenida en el citado inciso segundo acusado, en virtud de la cual tendrán igualmente derecho a pensionarse con fundamento en las disposiciones señaladas, quienes cumplan “dentro de los dos años siguientes” los requisitos exigidos en dichos preceptos para pensionarse. A juicio de la Corte, ello quebranta el ordenamiento superior, ya que equipara una mera expectativa con un derecho adquirido.
De acuerdo con lo anterior, las situaciones jurídicas individuales, en materia pensional, definidas con anterioridad a la expedición de la Ley 100 de 1993, por disposiciones municipales y departamentales, continúan vigentes en virtud del artículo 146 ibidem, cuyo fin es garantizar la intangibilidad de los derechos adquiridos de los pensionados bajo tales normativas, sin embargo, aunque en la precitada sentencia C-410 de 18 de agosto de 1997, la Corte Constitucional consideró que resultaba inconstitucional extender el mencionado beneficio a las personas que consolidaban su estatus «dentro de los dos años siguientes» a la entrada en vigor de la Ley 100, en razón a que esa Corporación omitió modular los efectos de su fallo y comoquiera que estos por regla general son de carácter ex nunc, las situaciones consolidadas entre el 30 de junio de 1995 y el 30 de junio de 1997 no resultan afectadas por dicha inexequibilidad.
En este orden de ideas, si bien es cierto que las normas de carácter municipal o departamental relacionadas con el régimen pensional de los empleados de las entidades territoriales y de sus organismos descentralizados resultan inconstitucionales por razones de incompetencia al momento de su expedición, también lo es que pese a esta, continuaron vigentes para todas aquellas situaciones (i) consolidadas o adquiridas a la luz de estas antes de la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993 (30 de junio de 1995), o (ii) las que «[…] se adquirieron antes del 30 de junio de 1997 y se consolidaron previamente a que surtiera efectos la declaratoria de inexequibilidad del aparte del inciso 2º del artículo 146 de la Ley 100 de 1993, que reza: ‘o cumplan dentro de los dos años siguientes’».
3.3.2 De los servidores de las extinguidas Empresas Públicas Municipales de Barranquilla. A través del Decreto 3135 de 26 de diciembre de 1968, el Gobierno nacional, sobre la condición de empleado público y trabajador oficial, preceptuó:
Artículo 5º. Empleados públicos y trabajadores oficiales. Las personas que presten sus servicios en los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias y establecimientos públicos son empleados públicos; sin embargo, los trabajadores de la construcción y sostenimiento de obras públicas son trabajadores oficiales. En los estatutos de los establecimientos públicos se precisará qué actividades pueden ser desempeñadas por personas vinculadas mediante contrato de trabajo.
Las personas que prestan sus servicios en las empresas industriales y comerciales del Estado son trabajadores oficiales; sin embargo, los estatutos de dichas empresas precisarán qué actividades de dirección o confianza deban ser desempeñadas por personas que tengan la calidad de empleados públicos [se subraya].
Luego, sobre el mismo asunto, el Decreto 1848 de 4 de noviembre de 1969 señaló:
Artículo 2º.- Empleados públicos. 1. Las personas que prestan sus servicios en los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y unidades administrativas especiales, son empleados públicos.
[…]
Artículo 3º.- Trabajadores oficiales. Son trabajadores oficiales los siguientes:
a. Los que prestan sus servicios a las entidades señaladas en el inciso 1 del artículo 1 de este decreto, en la construcción y sostenimiento de las obras públicas, con excepción del personal directivo y de confianza que labore en dichas obras; y
b. Los que prestan sus servicios en establecimientos públicos organizados con carácter comercial o industrial, en las empresas industriales o comerciales del Estado y sociedades de economía mixta […].
De conformidad con lo expuesto en precedencia, se tiene que los servidores que laboran en establecimientos públicos son, por regla general, empleados públicos, salvo aquellos dedicados a actividades de construcción y sostenimiento de obras públicas, quienes son, por excepción, trabajadores oficiales.
Ahora bien, en virtud de la normativa citada en líneas anteriores, la junta directiva de las entonces Empresas Públicas Municipales de Barranquilla (establecimiento público autónomo, descentralizado, con personería jurídica y patrimonio propio, constituido con Acuerdo 24 de 23 de mayo de 1960 del concejo de Barranquilla), mediante Resolución 5 de 12 de marzo de 1973, adicionó los estatutos de estas, y en lo atañedero al «Régimen Laboral» (artículo 70), precisó que «Todos los Trabajadores que prestan sus servicios a las Empresas Públicas Municipales de Barranquilla con excepción del Gerente, los Subgerentes y Jefes de División, tienen el carácter de trabajadores oficiales […]» (negrillas de la Sala).
Posteriormente, con Resolución 22 de 2 de junio de 1987, la referida junta directiva modificó nuevamente el artículo 70 estatutario, en el sentido de indicar que las actividades de dirección y confianza que ejecuten los cargos de gerente general, gerentes, subgerentes, secretaria general, jefes de oficina, directores, jefes de división, jefes de departamento, subjefes, interventores, ingenieros de planta, profesionales I y II y, en consecuencia, todas las personas que desempeñan tales funciones, tienen la calidad de empleados públicos.
Esta Corporación, en sentencia de 11 de junio de 1991, declaró la nulidad de la Resolución 5 de 1973 y del Decreto 118 de la misma anualidad (por el cual el municipio de Barranquilla aprobó aquella), por cuanto la clasificación de los trabajadores allí realizada no se ajusta al ordenamiento jurídico, dado que los servidores de los establecimientos públicos son empleados públicos, con excepción de los dedicados a la construcción o sostenimiento de obras públicas.
En atención al mencionado fallo del Consejo de Estado, la junta directiva de las Empresas Públicas Municipales de Barranquilla modificó sus estatutos y determinó cuáles son los empleos de sostenimiento y construcción ocupados por trabajadores oficiales, dentro de los cuales, valga decir, no está ningún director.
Finalmente, el concejo de Barranquilla, a través de Acuerdo 26 de 21 de octubre de 1992, dispuso la disolución y liquidación de las Empresas Públicas Municipales de la ciudad.
Conforme a lo anterior, se tiene que el cargo de director en las Empresas Públicas Municipales de Barranquilla, entre otros, solo podía ser desempeñado por un empleado público, en atención a lo previsto en los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969, así como en sus estatutos.
3.4 Caso concreto. A continuación, procede la Sala a analizar las peculiaridades del caso objeto de juzgamiento frente al marco normativo que gobierna la materia. En ese sentido, en atención al material probatorio traído al plenario y de conformidad con los hechos constatados por esta Corporación, se destaca:
a) Resolución 1 de 10 de enero de 1992 (f. 20), expedida por el gerente general de las extinguidas Empresas Públicas Municipales de Barranquilla, por medio de la cual reconoció en favor del demandado una pensión mensual vitalicia de jubilación efectiva a partir del 1º. de noviembre de 1991, toda vez que contaba con un total de 20 años, 10 meses y 6 días de servicio en dicha entidad, tras haber laborado desde el 21 de septiembre de 1970 hasta el 28 de agosto de 1979 y del 3 de diciembre siguiente al 31 de octubre de 1991.
b) El accionado nació el 15 de abril de 1941, tal como consta en la hoja de vida aportada con los antecedentes administrativos (f. 148), por lo que cumplió 50 años el 15 de abril de 1991.
c) Mediante Acuerdo 24 de 1960 (ff. 39 a 45), el entonces concejo de Barranquilla constituyó las Empresas Públicas Municipales como una «[…] empresa autónoma, descentralizada, con personería jurídica y patrimonio propio […]», cuya categoría era de establecimiento público, por lo que las personas a su servicio tenían la condición de empleados públicos, salvo los trabajadores de la construcción y sostenimiento de la entidad.
d) El demandado desempeñó los empleos de auxiliar 1 y director de escuela de las extinguidas Empresas Públicas Municipales de Barranquilla (f. 148).
e) Memorando 497 de 23 de enero de 1992 (f. 329), suscrito por la oficina de relaciones industriales y dirigido al jefe de la división de aseo de las otrora Empresas Públicas Municipales de Barranquilla, en el que informa que «[…] a través de la [R]esolución No. 001 del 10 de [e]nero de 1992, [se] le concede una pensión [v]italicia de [j]ubilación equivalente al 100% salario promedio devengado en el último año de servicios, dando así cumplimiento al laudo [a]rbitral de 1979 y homologado por la Corte Suprema de Justicia en sentencia de mayo 30 de 1980 y a la [c]onvención [c]olectiva de [t]rabajo de 1982-1983 suscrita entre las Empresas y su [s]indicato de base».
De las pruebas anteriormente enunciadas, se desprende que el demandado laboró para las otrora Empresas Públicas Municipales de Barranquilla desde el 21 de septiembre de 1970 hasta el 28 de agosto de 1979 y del 3 de diciembre siguiente al 31 de octubre de 1991, con lo que cumplió un total de 20 años, 10 meses y 6 días de servicio, por lo que, por medio de Resolución 1 de 10 de enero de 1992 expedida por el gerente general de dicha entidad, le fue reconocida pensión de jubilación por cumplir los requisitos de 20 años o más de servicio y 50 años de edad, a partir del 1º. de noviembre de 1991.
El escrito de alzada se contrae a discutir (i) la aplicación del artículo 73 del Decreto 1848 de 1969, por cuanto, en criterio del demandante, el accionado era un empleado público del orden territorial y (ii) en caso de admitirse que esa era la disposición que lo cobijaba, no se colmaron los requisitos allí previstos, dado que no contaba con más de 55 años de edad y la prestación se reconoció con el 100% del salario promedio del último año de servicios. De igual modo, disiente respecto de que (iii) en el proceso no obran los documentos suficientes para evidenciar la existencia de la convención colectiva de la que el accionado se benefició.
Sobre la alegada condición de empleado público del orden territorial que tiene el demandado, se considera que, en virtud de lo previsto en el Acuerdo 24 de 1960, las Empresas Públicas Municipales de Barranquilla se constituyeron como establecimiento público, por lo que, en aplicación del artículo 5 del Decreto 3135 de 1968, quienes prestan sus servicios en entidades de esa naturaleza tienen aquella calidad, en tanto que quienes desempeñan labores de construcción y mantenimiento son trabajadores oficiales, según se desarrolló en el marco jurídico de este fallo.
Por ende, se itera que, de acuerdo con la Resolución 22 de 2 de junio de 1987 (relacionada en el marco jurídico que antecede), quien ejercía el cargo de director, entre otros, en las extinguidas Empresas Públicas Municipales de Barranquilla tenía la condición de empleado público, motivo por el que resulta procedente la aplicación de los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969.
Por su parte, el artículo 73 del Decreto 1848 de 1969 preceptúa que «[e]l valor de la pensión mensual vitalicia de jubilación será equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del promedio de los salarios y primas de toda especie percibidas en el último año de servicios por el empleado oficial que haya adquirido el status jurídico de jubilado, por reunir los requisitos señalados por la ley para tal fin».
En cuanto a la tasa de reemplazo dispuesta en el acto administrativo de reconocimiento pensional, cabe destacar que este no es claro frente a ella, dado que, por un lado, indica que el accionado «[…] tiene derecho a una pensión vitalicia de jubilación equivalente al 75% del salario promedio devengado en el último año de servicio»; y, por otro, que la junta directiva de las extinguidas Empresas Públicas Municipales de Barranquilla «[…] acordó reconocer una pensión […] equivalente al 100% del salario promedio devengado en el último año de servicio […]», empero, en su parte dispositiva no precisó ese aspecto. No obstante, en el memorando 497 de 1992 (referido en la letra e de la relación de pruebas) se señaló que la prestación otorgada dio cumplimiento «[…] al laudo [a]rbitral de 1979 y homologado por la Corte Suprema de Justicia en sentencia de mayo 30 de 1980 y a la [c]onvención [c]olectiva de [t]rabajo de 1982-1983 suscrita entre las Empresas y su [s]indicato de base».
En relación con aquella convención colectiva, le asiste razón parcial al recurrente cuando asevera que en el expediente no obra tal documento; sin embargo, debe recordarse que en su condición de parte actora estaba en la obligación de aportar todos los medios probatorios a su alcance para acreditar las afirmaciones contenidas en el libelo introductorio, tal como lo prevé el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil (CPC), hoy 167 del Código General del Proceso (CGP), aplicable por la remisión expresa del 267 del CCA, con lo que se descarta ese motivo de alzada.
Sin perjuicio de ello, se destaca que esta subsección, en fallo de 12 de junio de 2020, precisó que la «[c]onvención colectiva de trabajo celebrada entre las Empresas Públicas Municipales de Barranquilla y su sindicato de trabajadores el 9 de marzo de 1982, […] en su artículo 32 estableció el reconocimiento de una pensión de jubilación a los trabajadores que hayan «[…] prestado sus servicios por veinte o más años a las Empresas, exclusivamente, o a las Empresas y otras entidades municipales, también exclusivamente […], con base en el ciento por ciento (100%) del promedio de los salarios devengados […] en el último año de servicio […]», con lo cual se tiene certeza sobre el contenido y alcance de dicho documento.
No obstante, resulta irrelevante que el acto administrativo censurado haya hecho referencia al artículo 73 del Decreto 1848 de 1969 y que omitiera en su parte resolutiva definir la tasa de reemplazo de la pensión de jubilación del accionado, pues, en últimas, este accedió a la prestación conforme a la convención colectiva de trabajo, que exigía del servidor 48 años de edad y 20 de servicios, condiciones que aquel superó (50 y 20 años, 10 meses y 6 días, en su orden).
Así las cosas, las condiciones del demandado encuadran dentro de los presupuestos establecidos en el artículo 146 de la Ley 100 de 1993, puesto que si bien es cierto que, a pesar de su condición de empleado público (al desempeñarse como director de escuela, como se explicó), le fue aplicada la convención colectiva de trabajo de 1982-1983 para reconocerle la pensión de jubilación, por medio de Resolución 1 de 10 de enero de 1992 (a partir del 1º. de noviembre de 1991), también lo es que esa situación jurídica se consolidó con anterioridad a la entrada en vigor del sistema general de pensiones para los servidores públicos del nivel departamental, municipal y distrital, el 30 de junio de 1995, pues cumplió 50 años de edad el 15 de abril de 1991 y superó los 20 de servicios.
Sobre esto último, de las disposiciones municipales o departamentales en materia de pensiones de jubilación extralegales, como son las acordadas en las convenciones colectivas de trabajo, la Sala precisa que, en sentencia de 29 de septiembre de 2011 de esta sección, se determinó que «[…] en criterio que ahora unifica la Sala, las convenciones colectivas están dentro de los supuestos establecidos en el artículo 146 de la Ley 100 de 1993», por lo que no se desvirtúa la presunción de legalidad de la Resolución demandada.
Por lo tanto, con base en los razonamientos que se dejan consignados, en armonía con los elementos de juicio allegados al expediente y apreciados en conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin más disquisiciones sobre el particular, se confirmará la sentencia de primera instancia, que negó las pretensiones de la demanda.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
1.º Confírmase la sentencia de 28 de noviembre de 2016 proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, que negó las súplicas de la demanda en el proceso instaurado por el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla contra el señor Jairo Alberto Vizcaíno Morales, conforme a la parte motiva.
2.° Ejecutoriada esta providencia devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones que fueren menester.
Notifíquese y cúmplase,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en Sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Designada por medio de auto de 7 de diciembre de 2015 (ff. 110 a 112) y posesionada el 11 siguiente (f. 116).
Cita la sentencia de 29 de septiembre de 2011, sección segunda, expediente 08001-23-31-000-2005-02866-03 (2434-10), C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
De acuerdo con el parágrafo del artículo 151 de la Ley 100 de 1993, «El Sistema General de Pensiones para los servidores públicos del nivel departamental, municipal y distrital, entrará a regir a más tardar el 30 de junio de 1.995, en la fecha que así lo determine la respectiva autoridad gubernamental».
Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, sentencia de 10 de febrero de 2011, expediente 25000-23-25-000-2004-03791-03, C. P. Víctor Hernando Alvarado.
«Por el cual se prevé la integración de la seguridad social entre el sector público y el privado, y se regula el régimen prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales».
«Por el cual se reglamenta el Decreto 3135 de 1968».
Consejo de Estado, fallo de 11 de junio de 1991, expediente CE-SEC2-EXP1991-N3773, C. P. Joaquín Barreto Ruiz.
Aprobados por el ente territorial demandante, mediante Decretos 649 de 1º. de noviembre de 1991 y 754 de 19 de diciembre siguiente.
«Artículo 5. Empleados Públicos y Trabajadores Oficiales. Las personas que prestan sus servicios en los Ministerios; Departamentos Administrativos, Superintendencias y Establecimientos Públicos son empleados públicos; sin embargo, los trabajadores de la construcción y sostenimiento de obras públicas son trabajadores oficiales.
En los estatutos de los Establecimientos Públicos se precisará qué actividades pueden ser desempeñadas por personas vinculadas mediante contrato de trabajo. Nota: Texto subrayado declarado INEXEQUIBLE mediante Sentencia C-484 de 1995, Corte Constitucional)
Las personas que prestan sus servicios en las Empresas Industriales y Comerciales del Estado son trabajadores oficiales; sin embargo, los estatutos de dichas empresas precisarán qué actividades de dirección o confianza deban ser desempeñadas por personas que tengan la calidad de empleados públicos (subrayado declarado exequible)».
«Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen
[…]».
«Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.
[…]».
Expediente 08001-23-31-000-2009-01057-01 (1281-2016), C. P. Carmelo Perdomo Cuéter.
Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda, sentencia de 29 de septiembre de 2011, expediente 08001-23-31-000-2005-02866-03 (2434-10), C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
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Radicación No. 41001-23-33-000-2015-00217-01
Actor: DANIELA ALEJANDRA PÉREZ MONJE
IMPUGNACIÓN ACCIÓN DE TUTELA - Pág. No. PAGE 1
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