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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 08001-23-31-000-2009-01102-01

Acción de reparación directa

Fecha
4 de agosto de 2021
Consejero ponente
Jaime Enrique Rodríguez Navas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 08001-23-31-000-2009-01102-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico el 15 de marzo de 2012, que declaró probada la excepción de caducidad de la acción de reparación directa. En su lugar, la Sala decide: SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda incoada por Cecilia Redondo de Ramos y otros, por las razones expuestas en esta providencia. TERCERO: Sin condena en costas. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen para su cumplimiento.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 08001-23-31-000-2009-01102-01

Consejero ponente: Jaime Enrique Rodríguez Navas

4 de agosto de 2021

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / APELACIÓN DE LA SENTENCIA / MUERTE DE CIVIL / CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA / DAÑO CAUSADO EN EL MARCO DE UN CONFLICTO ARMADO INTERNO / DELITOS CONTRA PERSONAS Y BIENES PROTEGIDOS POR EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR OMISIÓN / EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / HECHO DEL TERCERO / DAÑO CAUSADO POR HECHO DEL TERCERO / REVOCATORIA DE SENTENCIA INHIBITORIA / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA

[E]l hecho de que el delito de homicidio del que fue víctima […] haya sido perpetrado en persona protegida, que haya tenido ocurrencia en el contexto del conflicto armado interno que libra nuestro país con grupos al margen de la ley y que, en consecuencia, configure una infracción del DIH según lo decidido en la sentencia expedida por la justicia transicional, no presta fundamento suficiente, per se, para atribuir responsabilidad extracontractual al Estado dado que no se encuentra acreditado el elemento de imputación que manda el artículo 90 de la Constitución Política. […] [L]a Sala concluye que no se demostró una actuación u omisión de los deberes constitucionales por parte de la fuerza pública que contribuyera a la consumación del homicidio de […], ni se estableció una relación de hecho entre el Estado y los autores del delito. El accionar de los integrantes de las AUC condenados por el delito de homicidio en persona protegida, fue la causa única y exclusiva del daño antijurídico padecido por los demandantes, pues fue ese grupo al margen de la ley el que ideó y ejecutó los hechos. Por ende, se presentó la causal eximente de responsabilidad denominada hecho exclusivo y determinante de un tercero que descarta la imputación jurídica del daño al Estado. […] Por las razones expuestas, la Sala revocará la sentencia apelada que declaró probada la excepción de caducidad de la acción y se inhibió para proferir una decisión de fondo. En su lugar, se negarán las pretensiones de la demanda.

NOTA DE RELATORÍA: Sobre el hecho exclusivo y determinante de un tercero como eximente de responsabilidad del Estado, cita: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia de 20 de junio de 2017, rad. 18860, C. P. Ramiro Pazos Guerrero; sentencia de 13 de febrero de 2013, rad. 18148, C. P. Hernán Andrade Rincón.

CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / EXCEPCIÓN AL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / DAÑO CAUSADO EN EL MARCO DE UN CONFLICTO ARMADO INTERNO

El término de caducidad de la acción de reparación directa previsto en el artículo 136.8 del Código Contencioso Administrativo -C.C.A.- es de dos (2) años contados desde el día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión u operación que da lugar al daño por el cual se demanda la indemnización. Si bien la regla prevista en la norma referida es que el conteo del término de caducidad inicia a partir del acaecimiento del hecho, omisión u operación, la jurisprudencia de esta Sección ha fijado algunas subreglas especiales, entre ellas, que si el conocimiento del daño no coincide con el acaecimiento del hecho que le dio origen, el término empiece a correr a partir del momento en que se conozca o se manifieste su ocurrencia. […] De acuerdo con lo anterior, la Sala observa que en el presente caso el acaecimiento del hecho no fue concomitante con el conocimiento del factor de atribución de responsabilidad al Estado por los afectados, pues fue después de cinco años de ocurrido el homicidio que se enteraron de la versión libre del ex militante de las autodefensas, razón por la cual, en virtud de la tesis jurisprudencial vigente, el conteo del término de caducidad de la acción de reparación directa debe iniciar a partir de la fecha de conocimiento de la presunta colaboración de agentes del Estado en la causación del daño. Así, el conteo del término de caducidad se hará a partir del 27 de abril de 2009, fecha en que los demandantes afirmaron tener conocimiento sobre el hecho que les permitió atribuir responsabilidad al Estado en virtud de la información rendida por uno de los autores del homicidio de […], según la cual en las actividades delictivas de la organización criminal denominada autodefensas unidas de Colombia -AUC- habrían participado agentes del Estado. Como la Sala no encuentra ningún elemento de juicio que permita rebatir tal afirmación, tendrá como satisfecho este presupuesto procesal en aplicación del principio pro actione, dado que la demanda fue presentada el 9 de diciembre de 2009 y el conocimiento del hecho que permitió a la parte actora atribuir responsabilidad al Estado ocurrió el 27 de abril de 2009.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO 136 NUMERAL 8

NOTA DE RELATORÍA: Sobre la contabilización del término de caducidad de la acción de reparación directa a partir de la fecha en que las víctimas indirectas tienen conocimiento de la posible participación de agentes del Estado en el hecho dañoso, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 7 de agosto de 2005, rad. 14691, C. P. Alier Eduardo Hernández Enríquez; sentencia de 18 de mayo de 2017, rad. 35090, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; sentencia de 29 de marzo de 2019, rad. 44001, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; sentencia de 29 de marzo de 2019, rad. 43864, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; sentencia de 20 de marzo de 2013, rad. 22491, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; auto de 12 de diciembre de 2014, rad. 50187, C. P. Danilo Rojas Betancourth; sentencia de 23 de marzo de 2017, rad. 44812, C. P. Hernán Andrade Rincón; sentencia de 10 de mayo de 2017, rad. 40464, C. P. Carlos Alberto Zambrano Barrera; sentencia de 27 de enero de 2016, rad. 20880, C. P. Olga Mélida Valle de De la Hoz; sentencia de 29 de enero de 2020, rad. 61033, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico.

COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO

Para demostrar los hechos en que sustenta las pretensiones, la parte demandante aportó con la demanda los documentos que se relacionan a continuación, los cuales serán valorados bajo la consideración de que las copias simples estuvieron a disposición de la parte contra la que se aducen y no fueron tachadas de falsas.

NOTA DE RELATORÍA: Sobre el valor probatorio de las copias simples, ver: Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia de unificación del 28 de agosto de 2013, rad. 25022, C. P. Enrique Gil Botero; y Corte Constitucional, sentencia de unificación SU-774 del 16 de octubre de 2014, M. P. Mauricio González Cuervo.

DOCUMENTO PERIODÍSTICO / VALOR PROBATORIO DEL DOCUMENTO PERIODÍSTICO

En relación con el documento periodístico citado, esta Subsección reitera que son documentos representativos que refieren un hecho o acontecimiento, pero no demuestran la veracidad de lo relatado, razón por la cual, conforme a la tesis expuesta por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en sentencia de 15 de julio de 2015, la apreciación de los mismos debe hacerse en conjunto con los demás medios de prueba allegados al expediente. “Por tanto, el convencimiento del juez frente a la entrevista, la columna o la declaración en el medio, no depende de lo que en ellas se dice, sino de los medios de prueba idóneos para determinar si lo que en ellos se plasma es veraz”.

NOTA DE RELATORÍA: Sobre el valor probatorio del documento periodístico, cita: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 14 de julio de 2015, rad. 11001-03-15-000-2014-00105-00(PI), C. P. Alberto Yepes Barreiro.

RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO / FUNDAMENTO DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / ELEMENTOS DE CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO / DAÑO ANTIJURÍDICO / IMPUTACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / DAÑO INDEMNIZABLE / REQUISITOS DEL DAÑO ANTIJURÍDICO

De conformidad con el artículo 90 de la Constitución Política de Colombia, en concordancia con los artículos 1757 del Código Civil (CC) y 177 del Código de Procedimiento Civil (CPC), quien pretenda la indemnización de los perjuicios por la responsabilidad patrimonial del Estado deberá demostrar: (i) la existencia de un daño antijurídico y (ii) su imputación al Estado por la acción u omisión de las autoridades públicas. Al respecto, la jurisprudencia de la Sala ha sido pacifica en considerar que el daño entendido como una afectación, aminoración o alteración de un bien jurídico tutelado, a efectos de que sea resarcible, requiere que se acrediten los siguientes aspectos: i) que sea cierto, es decir, que se pueda apreciar material y jurídicamente, esto es que suponga una lesión a un derecho, bien o interés legítimo que se encuentre protegido por el ordenamiento jurídico con consecuencias ciertas en el patrimonio económico o moral de la víctima, ii) que sea personal, es decir, que sea padecido por quien lo reclama, iii) que sea antijurídico, esto es, que la persona no tenga el deber jurídico de soportarlo y, iv) que la lesión no haya sido causada, ni sea jurídicamente atribuible a la propia víctima.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 90 / CÓDIGO CIVIL - ARTÍCULO 1757 / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL - ARTÍCULO 177

NOTA DE RELATORÍA: Sobre los requisitos para que se configure el daño antijurídico y que sea indemnizable, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 5 de diciembre de 2005, rad. 12158, C. P. Alier Eduardo Hernández Enríquez; sentencia de 28 de abril de 2010, rad. 18478, C. P. Enrique Gil Botero; sentencia de 26 de marzo de 2014, rad. 28741, C. P. Enrique Gil Botero; sentencia de 13 de julio de 1993, rad. 8163, C. P. Juan de Dios Montes Hernández; sentencia de 29 de febrero de 2012, rad. 19544, C. P. Olga Mélida Valle de De la Hoz; sentencia de 25 de abril de 2012, rad. 21861, C. P. Enrique Gil Botero; sentencia de 21 de noviembre de 2018, rad. 40639, C. P. Ramiro Pazos Guerrero.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá D. C., cuatro (4) de agosto de dos mil veintiuno (2021)

Radicación número: 08001-23-31-000-2009-01102-01(44166)

Actor: CECILIA REDONDO DE RAMOS Y OTROS

Demandado: NACIÓN, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, POLICÍA NACIONAL, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD -DAS- Y FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA (APELACIÓN SENTENCIA)

Tema: Homicidio de población civil no combatiente. Persona protegida.
Subtema 1: Violación de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario
Subtema 2: Ausencia de imputación jurídica de responsabilidad al Estado. Hecho de un tercero.

La Subsección resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico el 15 de marzo de 2012, que declaró probada la excepción de caducidad de la acción.

SÍNTESIS DEL CASO

Jaime David Ramos Redondo, hijo y hermano de los demandantes, fue asesinado en un falso retén instalado por integrantes de las autodefensas unidas de Colombia – en adelante AUC- en inmediaciones del municipio de Sabanalarga, Departamento del Atlántico, el 12 de mayo de 2004. La parte demandante argumentó que el autor material del crimen, integrante de las AUC, en diligencia realizada en abril de 2009 en el trámite del proceso de justicia y paz manifestó que el homicidio fue ordenado porque el causante “supuestamente colaboraba con el Gaula” y afirmó que la organización paramilitar “contaba con el apoyo de miembros de la Policía Nacional” y que el alcalde municipal de la época “era colaborador de las autodefensas”.

ANTECEDENTES

Cecilia Redondo de Ramos y sus hijos Nerio Alberto, Nohora, Carmelo Antonio, Carmen Cecilia, Miguel Eduardo y Luis Alfredo Ramos Redondo, por medio de apoderado, presentaron demanda en ejercicio de la acción de reparación directa contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, Departamento Administrativo de Seguridad -DAS- y la Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se les declare administrativamente responsables por el daño derivado del homicidio de su hijo y hermano Jaime David Ramos Redondo.

Como consecuencia de lo anterior, solicitaron condenar a las entidades demandadas al pago de perjuicios morales en cuantía equivalente a 500 SMMLV, para la madre del causante y 200 SMMLV a favor de cada uno de los hermanos. Perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante a favor de Cecilia Redondo de Ramos equivalente a los ingresos mensuales que dejó de percibir la víctima del homicidio calculados en un millón novecientos mil pesos ($1.900.000) mensuales o el salario mínimo legal mensual vigente, más el 25% correspondiente a prestaciones sociales, por el tiempo de expectativa de vida, esto es, 29.46 años.

La parte demandante argumentó que el autor material del crimen, integrante de las AUC, en diligencia realizada en abril de 2009 en el trámite del proceso de justicia y paz manifestó que el homicidio fue ordenado porque el causante “supuestamente colaboraba con el Gaula” y afirmó que la organización paramilitar “contaba con el apoyo de miembros de la Policía Nacional” y que el alcalde municipal de la época “era colaborador de las autodefensas”.

La Procuraduría 14 Judicial para asuntos administrativos ante el Tribunal Administrativo del Atlántico, en certificación expedida el 3 de noviembre de 2009, hizo constar que Cecilia Redondo de Ramos presentó solicitud de conciliación el 31 de agosto de 2009, que resultó fallida por la inasistencia a la audiencia de la Nación, Fiscalía General de la Nación.

2.1. Trámite procesal relevante en primera instancia

2.1.1. El Tribunal Administrativo del Atlántico inadmitió la demanda porque los organismos demandados no coincidían con los descritos en el mandato judicial conferido por los demandantes. La demanda fue subsanada y posteriormente admitida por auto del 3 de mayo de 2010, debidamente notificado. El apoderado de la Nación, Policía Nacional, contestó la demanda y solicitó denegar las pretensiones porque considera que los hechos narrados en esta carecen de sustento probatorio. El apoderado del Departamento Administrativo de Seguridad -DAS- propuso la excepción de caducidad de la acción porque el hecho dañoso ocurrió en mayo de 2004 y la demanda fue presentada en diciembre de 2009.

2.1.2. El Tribunal Administrativo del Atlántico, en auto de 12 de octubre de 2010, decretó las pruebas solicitadas por los organismos demandados. La parte demandante no presentó solicitud en ese sentido.

2.1.3. El Tribunal Administrativo del Atlántico corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera informe. Los apoderados de la parte demandante y de la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, presentaron alegaciones, los demás guardaron silencio.

2.1.4. Sentencia de primera instancia.

El Tribunal Administrativo del Atlántico, en sentencia del 15 de marzo de 2012, declaró probada la excepción de caducidad de la acción porque transcurrieron más de dos años desde la fecha en que fue encontrado el cadáver, 12 de mayo de 2004, y la presentación de la acción. Aclaró que la prescripción de la acción penal se refiere al tiempo que tiene el Estado para investigar, juzgar y hacer cumplir la condena impuesta al responsable del delito con excepción de los casos previstos en normas convencionales que son imprescriptibles, “lo que dista del término de caducidad para presentar la acción de reparación directa (…)” que tiene un plazo de dos años.

2.2. Trámite procesal relevante en segunda instancia

2.2.1. Recurso de apelación

El apoderado de la parte demandante adujo que la participación de agentes del Estado en el homicidio de Jaime David Ramos Redondo fue conocida en la diligencia de versión libre rendida por Rafael Eduardo Julio Peña alias “chiqui” los días 27 a 30 de abril de 2009, en la que afirmó que las autodefensas contaban con el apoyo de miembros de la Policía Nacional de Sabanalarga, uno de apellido García y otro de apellido Miranda, a quienes les pagaban quinientos mil pesos ($500.000). En consecuencia, el término de caducidad debe empezar a contarse desde la fecha en que el paramilitar confesó su participación en el homicidio e involucró a integrantes de la Policía Nacional en la comisión del delito, dado que fue a partir de ese momento que los familiares de la víctima tuvieron conocimiento de las circunstancias de la muerte. En subsidio, alegó que se trató de un delito de lesa humanidad porque fue cometido por una organización criminal “nacida y robustecida al amparo del Estado”, por lo que la acción de reparación directa “no es pasible del fenómeno de la caducidad”.

2.2.2. Esta Corporación admitió el recurso de apelación interpuesto y por auto del 4 de julio de 2012, se abstuvo de decretar las pruebas solicitadas por la parte demandante encaminadas a obtener informes de la Policía Nacional y del Director Nacional de la Unidad de Justicia y Paz porque la petición fue presentada después de vencido el término de fijación en lista.

2.2.3. Esta Corporación corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto de fondo. Los apoderados especiales de la Nación, Fiscalía General de la Nación y del Ministerio de Defensa Nacional, presentaron alegatos de conclusión en los que solicitaron confirmar la decisión que declaró probada la excepción de caducidad de la acción. La parte demandante y el Ministerio Público guardaron silencio.

2.2.4. Esta Subsección, por auto de 14 de febrero de 2019, ofició al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá –Sala de Justicia y Paz- para que remitiera a este expediente las copias de la diligencia de versión libre rendida por Rafael Eduardo Julio Peña en el año 2009 y de las sentencias condenatorias expedidas en contra del mencionado señor y de Edgar Ignacio Fierro Flórez como autores del homicidio de Jaime David Ramos Redondo. La solicitud anterior fue reiterada por auto expedido el 8 de julio de 2019. En respuesta, el juzgado referido envió copia del medio magnético de las providencias de primera y segunda instancia y el tribunal informó sobre el envío del requerimiento a la Sala de Justicia y Paz de la Corte Suprema de Justicia, corporación que dejó el expediente en la Secretaría para que la parte interesada tomara las copias solicitadas. Los documentos allegados al expediente fueron puestos a disposición de las partes por medio de auto fechado el 2 de octubre de 2020. Las partes guardaron silencio.

PRESUPUESTOS DE LA SENTENCIA DE MÉRITO

3.1. Competencia

La Sala es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de primera instancia por cuanto esta fue proferida en un proceso con vocación de doble instancia dado que la cuantía de la demanda supera la exigida por el artículo 132 del Código Contencioso Administrativo para el efecto.

3.2. Vigencia de la acción

De acuerdo con lo expuesto en la sentencia de primera instancia que declaró probada la excepción de caducidad de la acción, y en atención a los argumentos expuestos por la parte demandante en el recurso de apelación, corresponde a la Sala resolver el siguiente problema jurídico: ¿La acción de reparación directa que pretende el resarcimiento del daño derivado del homicidio de Jaime David Ramos Redondo cometido por integrantes de las AUC que durante el trámite del proceso penal manifestaron la participaron de agentes del Estado, fue ejercida en el término de caducidad previsto en la ley?

La caducidad es la sanción que establece la ley por la falta de diligencia en el ejercicio oportuno del derecho de acción. Tiene fundamento en la seguridad jurídica y en la necesidad de toda sociedad de impedir que situaciones anómalas o conflictivas se perpetúen sin una debida definición judicial. Por esa razón, el ordenamiento jurídico estableció términos perentorios y preclusivos para el ejercicio de las acciones y derivó como sanción para quien obra con negligencia, la caducidad del medio de control jurisdiccional.

El término de caducidad de la acción de reparación directa previsto en el artículo 136.8 del Código Contencioso Administrativo -C.C.A.- es de dos (2) años contados desde el día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión u operación que da lugar al daño por el cual se demanda la indemnización.

Si bien la regla prevista en la norma referida es que el conteo del término de caducidad inicia a partir del acaecimiento del hecho, omisión u operación, la jurisprudencia de esta Sección ha fijado algunas subreglas especiales, entre ellas, que si el conocimiento del daño no coincide con el acaecimiento del hecho que le dio origen, el término empiece a correr a partir del momento en que se conozca o se manifieste su ocurrencia.

En relación con esta subregla la Subsección C de la Sección Tercera de esta Corporación consideró:

“Ahora bien, conocer un hecho implica conocer el agente que lo ha ocasionado. En el caso sub judice, se evidencia que los demandantes, si bien es cierto tuvieron conocimiento de la muerte de sus familiares el día 9 de febrero de 1992, hasta el día que conocieron la noticia de las denuncias hechas por los suboficiales de la Armada Nacional, nada sabían sobre los posibles autores de los homicidios de las víctimas; en estas condiciones, mal podría endilgárseles que para ellos el término para demandar al Estado había comenzado a correr desde la muerte de sus familiares, si en ese momento desconocían la circunstancia que servidores públicos podrían estar involucrados en los asesinatos de sus parientes. Sólo en el momento en que los actores tienen noticia de este hecho, determinante para demandar al Estado, puede empezar a contabilizarse el término de dos años que la ley establece para la interposición de la acción de reparación directa.”.

Con posterioridad, la Subsección B, al decidir la apelación presentada contra el auto que rechazó la demanda por caducidad, consideró: “comoquiera que los demandantes afirman no haber conocido de la supuesta participación de agentes de la fuerza pública en la muerte del señor Durango Moreno hasta el momento en que reconocidos paramilitares rindieron declaraciones en ese sentido en el año 2012, circunstancia que será objeto del debate probatorio a realizarse en el trámite del proceso, en aras de garantizar el derecho fundamental al acceso a la administración de justicia, así como la aplicación de los principios pro damnato y pro actione, hay lugar a revocar la decisión (…)”.

La Subsección A de la Sección Tercera de esta Corporación reiteró la tesis expuesta en las providencias referidas al considerar que el conteo del término de caducidad inicia a partir de la fecha en que las víctimas indirectas tienen conocimiento de la posible participación de agentes del Estado en el hecho dañoso “comoquiera que lo que se persigue con la acción de reparación directa es obtener la indemnización de un daño producido por la Administración” y aclaró:

“No es imperioso, entonces, tener certeza sobre la identidad del servidor público ni definida, mediante sentencia, su responsabilidad penal, en el entendido que, dado el carácter anónimo que caracteriza la falla del servicio en lo que a la reparación de daños se refiere, para emprender el juicio de responsabilidad del Estado basta con que se acredite que el daño puede ser imputable a la administración, por la acción o por la omisión de alguno de sus agentes, sin que, forzosamente, éste deba ser individualizado y, entre otras cosas, porque esta jurisdicción no juzga responsabilidades individuales.”

Incluso, la acción indemnizatoria se puede ejercer desde el mismo momento en que las víctimas adquieren “información relevante” sobre la “posible participación” de agentes del Estado en la causación de los hechos dañosos, información que puede provenir de diferentes fuentes (por ejemplo, la declaración de un testigo) y no forzosamente de una decisión o pronunciamiento judicial dentro de un determinado juicio, siendo entonces innecesario esperar a que se produzca una decisión definitiva del juez penal, en la que se determine la responsabilidad del agente comprometido en la materialización de un hecho dañoso, para demandar al Estado, en procura de la reparación del daño.”

Por último, la Sala Plena de la Sección Tercera, por medio de sentencia de 29 de enero de 2020, unificó la jurisprudencia en relación con la caducidad de las pretensiones indemnizatorias formuladas con ocasión de los delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra y cualquier otro asunto en el que se pueda solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial al Estado, bajo las siguientes premisas:

i) en tales eventos resulta exigible el término para demandar establecido por el legislador; ii) este plazo, salvo el caso de la desaparición forzada, que tiene regulación legal expresa, se computa desde cuando los afectados conocieron o debieron conocer la participación por acción u omisión del Estado y advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial, y iii) el término pertinente no se aplica cuando se observan situaciones que hubiesen impedido materialmente el ejercicio del derecho de acción y, una vez superadas, empezará a correr el plazo de ley..

En el caso bajo estudio, el apoderado de la parte actora argumentó desde la demanda que si bien el hecho dañoso consistente en el homicidio de Jaime David Ramos Redondo, ocurrió el 12 de mayo de 2004, la participación de agentes del Estado se conoció años después, en virtud del proceso penal adelantado en contra de los paramilitares que se acogieron a la ley de justicia y paz. Al respecto, los hechos de la demanda dan cuenta de lo siguiente:

“(…)
4. En sesión de versión libre rendida por el postulado a lo beneficios de la Ley 975 de 2005, (conocida como ley de justicia y paz) RAFAEL EDUARDO JULIO PEÑA, alias el “Chiqui” en fecha Abril 27 al 30 de 2009, reconoció entre otros crímenes el de JAIME DAVID RAMOS REDONDO, de quien dijo asesinaron porque supuestamente “colaboraba con el Gaula del Ejército”. Esto indica que la información salió de ese cuerpo de seguridad del Estado para las autodefensas, razón por la cual segaron la vida a este ciudadano que cumplía con su deber legal de poner en conocimiento de las autoridades los ilícitos de que venia siendo objeto por parte de los paramilitares.

5. En esa misma audiencia RAFAEL EDUARDO JULIO PEÑA, alias el “Chiqui”, confesó que las autodefensa contaban con el apoyo de miembros de la Policía Nacional, destacados en el Municipio de Sabana Larga (sic), al punto que esa organización criminal, pagaba $500.000.00 (Quinientos Mil Pesos Mcte.) mensuales a dos agentes de la SIJIN, uno de apellido GARCIA y otro de apellido MIRANDA, como también recibían ayuda de otro agente, cuyo nombre no recuerda pero lo que lo describe como “un oficial cachaco de tez blanca y flaco.

6. El desmovilizado RAFAEL EDUARDO JULIO PEÑA, alias el “Chiqui” denunció igualmente que alias “AGUAS”, su comandante paramilitar para entonces, (ya fallecido) se reunía con miembros de la Fiscalía, de la Policía y con políticos de la región. Dijo que el comandante de Policía de Sabana Larga (sic) para los años 2001 al 2003, se reunió con el “PAISA”, comandante paramilitar de la zona y que los miembros de la SIJIN, llegaron a la reunión a bordo de una camioneta negra y los de la A.U.C. en camioneta marca Blazer, en fecha Agosto o Septiembre de 2001.

7. Igualmente denunció que el entonces alcalde de Sabana Larga (…) era colaborador de las autodefensas, quien hoy está detenido por el suministro de MOTOS, COMPUTADORES y PISTOLAS, a la empresa criminal más grande que haya tenido Colombia en toda su historia.”.

Ya en el recurso de apelación, la parte demandante reiteró que tuvo conocimiento de la presunta participación de agentes del Estado en el homicidio después de ocurrido el delito. A partir de ese hecho, los familiares del causante consideraron la atribución de responsabilidad al Estado de la siguiente manera:

“(…)
3. Funda su fallo el sentenciador en la caducidad para presentar la Acción de Reparación, con base a la fecha de ocurrencia de los hechos –es decir el 12 de Mayo de 2004-, obviando la manera particular como el desmovilizado de las autodefensas RAFAEL EDUARDO JULIO PEÑA, alias el “Chiqui”, en el proceso de Justicia y Paz, confesó su responsabilidad en los hechos que culminaron con la muerte violenta de Ramos Redondo, por lo que el termino (sic) de la caducidad debe contarse, a partir del momento en que éste confesó su participación en los hechos que se debaten, pues hasta el acontecer de dicha confesión los familiares de la víctima directa tuvieron conocimiento que la muerte de su allegado, había ocurrido con ocasión del actuar de un grupo armado de poder al margen de la Ley pero que contaron con la colaboración de autoridades y miembros de la fuerza pública.
(…)
5. Es evidente señores Magistrados, que antes que se surtiera la sesión de versión libre del ex militante RAFAEL EDUARDO JULIO PEÑA, alias el “Chiqui”, solo existía un aparente delito cometido por particulares, razón por la que desde ese 27 de abril de 2009 y no a partir del 12 de Mayo de 2004 -como erróneamente lo considera el sentenciador- que debe contarse el término de la caducidad de la Acción de Reparación Directa impetrada.”.

De acuerdo con lo anterior, la Sala observa que en el presente caso el acaecimiento del hecho no fue concomitante con el conocimiento del factor de atribución de responsabilidad al Estado por los afectados, pues fue después de cinco años de ocurrido el homicidio que se enteraron de la versión libre del ex militante de las autodefensas, razón por la cual, en virtud de la tesis jurisprudencial vigente, el conteo del término de caducidad de la acción de reparación directa debe iniciar a partir de la fecha de conocimiento de la presunta colaboración de agentes del Estado en la causación del daño.

Así, el conteo del término de caducidad se hará a partir del 27 de abril de 2009, fecha en que los demandantes afirmaron tener conocimiento sobre el hecho que les permitió atribuir responsabilidad al Estado en virtud de la información rendida por uno de los autores del homicidio de Jaime David Ramos Redondo, según la cual en las actividades delictivas de la organización criminal denominada autodefensas unidas de Colombia -AUC- habrían participado agentes del Estado.

Como la Sala no encuentra ningún elemento de juicio que permita rebatir tal afirmación, tendrá como satisfecho este presupuesto procesal en aplicación del principio pro actione, dado que la demanda fue presentada el 9 de diciembre de 2009 y el conocimiento del hecho que permitió a la parte actora atribuir responsabilidad al Estado ocurrió el 27 de abril de 2009.

3.3. Legitimación para la causa

3.3.1. Acuden al proceso como demandantes Cecilia Redondo de Ramos, en condición de madre de la víctima directa del daño y los señores Nerio Alberto, Nohora, Carmelo Antonio, Carmen Cecilia, Miguel Eduardo y Luis Alfredo Ramos Redondo, quienes se presentan como hermanos del causante Jaime Daniel Ramos Redondo.

Revisado el expediente, la Sala observa que los padres del causante Jaime Daniel Ramos Redondo son Cecilia Redondo de Ramos y José M. Ramos Márquez, quienes también son padres de Miguel Eduardo, Carmen Cecilia, Nerio Alberto, Carmelo Antonio, Nohora Helena, Luis Alfredo Ramos, tal como consta en los registros civiles de nacimiento, por lo que la relación de parentesco acredita la legitimación en la causa por activa de quienes se presentan como madre y hermanos de la víctima directa del daño.

Respecto de la legitimación en la causa por pasiva en este asunto, la Sala encuentra suficientes elementos de juicio para declarar que esta reside en la Nación ya que los órganos a quienes se atribuyen los hechos determinantes del factor de imputación forman parte de esa persona jurídica y prestan servicios a cargo de ella.

CONSIDERACIONES

4.1. Hechos probados

Para demostrar los hechos en que sustenta las pretensiones, la parte demandante aportó con la demanda los documentos que se relacionan a continuación, los cuales serán valorados bajo la consideración de que las copias simples estuvieron a disposición de la parte contra la que se aducen y no fueron tachadas de falsas. El apoderado de los demandantes no hizo solicitud de práctica de pruebas.

4.1.1. En la copia simple del acta “formato” de levantamiento de cadáver diligenciada en forma manuscrita por la inspección única de Policía de Usiacurí, Atlántico, el 12 de mayo de 2004, consta que el cadáver de Jaime David Ramos Redondo, de 48 años de edad, fue encontrado en esa fecha, en la vía a Baranoa, frente a la Finca Santa Barbara con “herida abierta entre el hombro, pecho y torso, decapitación total. En el hombro izquierdo herida de 3cms abierta”.

4.1.2. Conforme al contenido del registro civil de defunción de Jaime David Ramos Redondo, la muerte ocurrió el 12 de mayo de 2004 en el municipio de Usiacurí, circunstancia que se tuvo como acreditada con el documento expedido por la inspectora de policía que realizó el levantamiento del cadáver.

4.1.3. La parte demandante allegó al expediente la copia de una noticia publicada en el diario El Heraldo el viernes 1 de junio de 2007, relacionada con la confesión que hizo Santiago Morales Mercado, alias “Simpson”, excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia, en la que se informa que entre más de los 40 homicidios que cometió a cambio de dinero, “está el cruel asesinato del conocido comerciante de queso Jaime David Ramos Redondo, cuyo cuerpo apareció decapitado (…)”.

En relación con el documento periodístico citado, esta Subsección reitera que son documentos representativos que refieren un hecho o acontecimiento, pero no demuestran la veracidad de lo relatado, razón por la cual, conforme a la tesis expuesta por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en sentencia de 15 de julio de 2015, la apreciación de los mismos debe hacerse en conjunto con los demás medios de prueba allegados al expediente. “Por tanto, el convencimiento del juez frente a la entrevista, la columna o la declaración en el medio, no depende de lo que en ellas se dice, sino de los medios de prueba idóneos para determinar si lo que en ellos se plasma es veraz” .

4.1.4. El Personero Municipal de Usiacurí, Atlántico, en certificación expedida el 19 de marzo de 2009, hizo constar que, de acuerdo con los archivos que lleva ese despacho y el acta de levantamiento de cadáver, el 12 de mayo de 2004 se encontró el cuerpo sin vida de Jaime David Ramos Redondo en el kilómetro 16 de la vía Usiacurí – Baranoa. “Se considera que la manera como fue encontrado el cadáver fue por muerte violenta según lo plasmado en el acta de levantamiento del cadáver”.

Los documentos relacionados son los únicos aportados por la parte demandante que, se repite, no solicitó la práctica de medios de pruebas.

4.1.5. A su vez, los órganos demandados, en cumplimiento del auto que decretó la práctica de los medios de prueba por ellos solicitados, allegaron los siguientes documentos:

El jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Policía Nacional, en oficio fechado el 14 de marzo de 2011, informó que en el sistema jurídico de la Policía Nacional -SIJUR-, “no figuran datos de acción disciplinaria iniciada en contra de miembros de la Policía Nacional por la muerte violenta u homicidio del señor JAIME DAVID RAMOS REDONDO. Por lo anterior se requiere suministrarnos más datos a la presente, como nombre de algún policía que intervino en el procedimiento.”.

4.1.6. La subdirectora del DAS, seccional Atlántico, por oficio de 8 de abril de 2011, informó que al consultar las Oficinas de Protección Seccional y la de Inteligencia, pudo determinar que el causante Jaime David Ramos Redondo no estaba inscrito en el Programa de Protección Especial adscrito al Ministerio del Interior y de Justicia que administraba el DAS en los años 2003-2004.

“Por otro lado al consultar información de relevancia por parte de la Oficina de Inteligencia con respecto a esta persona se encontró: 01/05/2004, tipo de vinculación extorsión, Sabanalarga Atlántico, Unidades del DAS en coordinación con el Ejército y la Fiscalía, en operativo antiextorsión se presentó contacto armado contra terroristas de las AUC, dando de baja al delincuente MARTIN EMILIO SARMIENTO TEJERA y un N.N. (alias Diomedes), capturaron a CARLOS ENRIQUEZ RAMOS CEPEDA C.C. 3459540 e ISABEL LOPEZ, cuando extorsionaban al comerciante Jaime David Ramos Redondo. En los hechos se decomisaron 2 revólveres, 1 celular y 1 motocicleta.”.

4.2. Problema jurídico por resolver

El apoderado de la parte demandante en el recurso de apelación insistió en atribuir responsabilidad al Estado por el homicidio de Jaime David Ramos Redondo con el argumento que los integrantes de las autodefensas unidas de Colombia -AUC- que confesaron la autoría del delito, involucraron a integrantes de la Fuerza Pública y servidores públicos de la región del Atlántico en las actividades delictivas de la organización criminal. Bajo ese contexto, los problemas jurídicos a resolver son:

4.2.1. ¿El daño alegado por la parte actora como consecuencia del homicidio de Jaime David Ramos Redondo a manos de integrantes de las autodefensas unidas de Colombia -AUC-, es imputable al Estado por acción o por omisión de sus obligaciones vinculantes, o se configuró el eximente de responsabilidad consistente en el hecho de un tercero?

De concluirse que la Nación, representada por los órganos demandados, debe responder administrativa y patrimonialmente por el daño cuyos perjuicios se reclaman, la Sala resolverá si fueron debidamente probados.

4.3. Análisis sobre la responsabilidad
4.3.1. Daño antijurídico

De conformidad con el artículo 90 de la Constitución Política de Colombia, en concordancia con los artículos 1757 del Código Civil (CC) y 177 del Código de Procedimiento Civil (CPC), quien pretenda la indemnización de los perjuicios por la responsabilidad patrimonial del Estado deberá demostrar: (i) la existencia de un daño antijurídico y (ii) su imputación al Estado por la acción u omisión de las autoridades públicas.

Al respecto, la jurisprudencia de la Sala ha sido pacifica en considerar que el daño entendido como una afectación, aminoración o alteración de un bien jurídico tutelado, a efectos de que sea resarcible, requiere que se acrediten los siguientes aspectos: i) que sea cierto, es decir, que se pueda apreciar material y jurídicamente, esto es que suponga una lesión a un derecho, bien o interés legítimo que se encuentre protegido por el ordenamiento jurídico con consecuencias ciertas en el patrimonio económico o moral de la víctima, ii) que sea personal, es decir, que sea padecido por quien lo reclama, iii) que sea antijurídico, esto es, que la persona no tenga el deber jurídico de soportarlo y, iv) que la lesión no haya sido causada, ni sea jurídicamente atribuible a la propia víctima.

En el caso bajo estudio, el daño alegado por la parte actora consiste en el homicidio de Jaime David Ramos Redondo y las consecuencias que ese hecho generó a la madre y hermanos del causante. El daño, desde la perspectiva material, se encuentra debidamente acreditado con el registro civil de defunción en el que consta que la muerte ocurrió el 12 de mayo de 2004, y con el acta de levantamiento del cadáver en la que se describen las múltiples heridas propinadas con arma blanca y la decapitación total del cuerpo.

En relación con el componente jurídico o formal del daño, no cabe duda de que la vida es un bien jurídico tutelado tanto por normas convencionales como por normas constitucionales. La Declaración Universal de Derechos Humanos -artículo 3-, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos –artículo 6-, aprobado en Colombia mediante la Ley 74 de 1968 y la Convención Americana sobre Derechos Humanos -artículo 4-, aprobada mediante la Ley 16 de 1972, protegen el derecho a la vida como un derecho inherente a la persona humana protegido por la ley, del que nadie puede ser privado “arbitrariamente”.

En la Constitución Política, el derecho a la vida está asegurado a todos los integrantes del pueblo de Colombia desde el preámbulo. Luego, en el título sobre principios fundamentales, el artículo 2 dispone que “las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes de Colombia, en su vida (…)” y en el título sobre derechos, garantías y deberes, la vida es el primero de los derechos fundamentales bajo el entendido de que se trata de un derecho “inviolable. No habrá pena de muerte”.

Bajo el marco normativo referido, en este caso se encuentra acreditado el componente jurídico formal del daño, dado que este entraña lesión a un bien jurídico tutelado por normas convencionales y constitucionales como es el derecho a la vida, con consecuencias extrapatrimoniales para los familiares de la víctima, quienes padecen en forma personal el perjuicio moral que se presume de los lazos de parentesco y afecto que los unía, además de los perjuicios patrimoniales que serán analizados en el evento de que se pruebe la imputación de responsabilidad extrapatrimonial del Estado.

En este caso, las circunstancias de tiempo modo y lugar descritas en la sentencia de individualización de pena expedida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, el 7 de diciembre de 2011, referida en la sentencia de 20 de noviembre de 2014[], dan cuenta de que Jaime David Ramos Redondo, víctima del delito de homicidio, era un comerciante de la región del Atlántico a quien la organización al margen de la ley asediaba con el cobro de extorsiones. En la providencia referida se imputó responsabilidad penal a Edgar Ignacio Fierro Flores, alias “Don Antonio” como “autor mediato” de más de 101 homicidios en persona protegida, entre los que se incluyó el de Jaime David Ramos Redondo de la siguiente manera:

“152. HECHO No. 63: JAIME DAVID RAMOS REDONDO. El 12 de mayo de 2004 cuando se transportaba en una camioneta fue interceptado exactamente al frente de la finca Santa Bárbara, por, alias “Robertico", alias “rey" y, alias “chiqui", miembros de la Comisión Dique del Frente José Pablo Díaz quienes le causaron la muerte por decapitación. Las labores de verificación adelantadas por el equipo de Policía Judicial, permitieron establecer que días antes, la víctima, cansado de las constantes extorsiones por parte de miembros de las A.U.C. disparó en contra de dos de sus miembros, razón por la que el Comandante de la Comisión Pedro Ramón Soler, alias “aguas” ordenó su muerte. En diligencia de versión libre rendida por el desmovilizado Rafael Eduardo Julio Peña, quien fue el autor material del hecho y además manifestó que, alias “aguas” le ordenó que después de muerto le llevaran la cabeza, la cual fue dejada debajo de un árbol, dándole las indicaciones al hermano de la víctima de en donde podían encontrarla. Este comportamiento se adecúa al tipo penal de Homicidio en persona protegida (L.599/00, art.135).”.

Bajo las circunstancias descritas, la antijuridicidad del daño surge palmaria en este caso dado que la víctima no tenía el deber de soportar la privación del derecho a la vida, que devino por un hecho delictivo perpetrado por integrantes de una organización al margen de la ley como retaliación por las denuncias que el ciudadano realizó ante órganos de seguridad del Estado con motivo de las exacciones que le hacía el grupo armado ilegal. Por último, el contexto referido descarta que la lesión haya sido causada o atribuible jurídicamente a la propia víctima.

4.3.2. La imputación del daño

En el caso bajo estudio está debidamente acreditado que el daño antijurídico cuya reparación pretende la parte actora derivó del actuar delictivo de integrantes de la organización al margen de la ley denominada autodefensas unidas de Colombia – AUC-, grupo que conforme a lo previsto en la ley 975 de 2005, inició el proceso de desmovilización y postuló ante el Gobierno Nacional a los integrantes que quisieron acceder al procedimiento penal y pena alternativa prevista en el artículo 29 ibidem.

En virtud del proceso de desmovilización referido, Edgar Ignacio Fierro Flores y Rafael Eduardo Julio Peña, integrantes del bloque norte José Pablo Díaz de las AUC, fueron postulados y procesados conforme al procedimiento especial previsto en la ley 975 de 2005 en el que aceptaron la participación en el asesinato de Jaime David Ramos Redondo, declaración que sustentó la imputación de responsabilidad penal en su contra como autores del delito de homicidio en persona protegida, tal como consta en las decisiones judiciales expedidas por los Tribunales Superiores de Bogotá y Barranquilla, Sala de Justicia y Paz el 7 de diciembre de 2011, el 20 de noviembre de 2014 y el 18 de diciembre de 2018, así como la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de 24 de octubre de 2016[].

Conforme con lo anterior, una primera aproximación al juicio de imputación mueve a concluir que el daño cuya reparación pretenden los demandantes no es atribuible al Estado, dado que está debidamente acreditado que los autores del crimen fueron sujetos ajenos al servicio público, integrantes de una organización armada al margen de la ley condenados por la justicia penal especial como autores del homicidio de Jaime David Ramos Redondo. Sin embargo, al tenor de la demanda, el factor de atribución de responsabilidad que aducen los actores para fundamentar sus pretensiones contra la Nación guarda relación con la participación que aducen, habrían tenido agentes del Estado en la comisión del delito, específicamente por “el apoyo de miembros de la Policía Nacional, destacados en el Municipio de Sabanalarga”.

La Sala, en virtud del auto de pruebas en segunda instancia, se ha remitido al contenido de las sentencias expedidas por el Tribunal Superior de Bogotá el 7 de diciembre de 2011 y el 20 de noviembre de 2014, y por la Corte Suprema de Justicia el 24 de octubre de 2016, y ha podido constatar que en ninguna de ellas se hizo alusión a la intervención por activa o por pasiva de agentes del Estado en el homicidio de Jaime David Ramos Redondo, y que, contrario sensu, la imputación de responsabilidad penal por el homicidio solo involucró a integrantes de las autodefensas que actuaban en el departamento del Atlántico.

En efecto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, en la sentencia condenatoria en contra de Edgar Ignacio Fierro Flores, alias de “Don Antonio” de 20 de noviembre de 2014, hizo referencia a la sentencia de 7 de diciembre de 2011, por medio de la cual individualizó la pena por el homicidio de Jaime David Ramos Redondo, como autor mediato, caso en el que el postulado no hizo mención sobre la participación de agentes del Estado.

Ahora, en atención a lo informado por los integrantes de las AUC en los más de 1500 hechos criminales objeto de la causa penal, el tribunal decidió exhortar a la Fiscalía General de la Nación para que realizara una investigación completa y efectiva con el fin de determinar la responsabilidad de la totalidad de los autores de los delitos, inclusive, “miembros de las Fuerzas Armadas señalados de participar, con su acción y/u omisión, en las violaciones cometidas contra la población civil” y “miembros del entonces Departamento Administrativo de Seguridad de las Seccionales Atlántico, Cesar y Magdalena adscritos al Departamento de Policía Metropolitana de Barranquilla, Comando Departamental de Magdalena y Comando Departamental de Cesar de la Policía Nacional”. Lo anterior en razón a que en muchos de estos los paramilitares refirieron la participación directa e indirecta de agentes del Estado o la connivencia con autoridades públicas en las actividades delictivas del grupo armado al margen de la ley.

A su vez, el Tribunal Superior del Distrito de Barranquilla, Sala de Justicia y Paz, en la sentencia proferida el 18 de diciembre de 2018, en contra de los integrantes de las autodefensas del bloque norte, impuso pena privativa de la libertad a Edgar Ignacio Fierro Flores, alias de “Don Antonio” y a Rafael Eduardo Julio Peña, alias “Chiqui”, entre otros, por el homicidio de Jaime David Ramos Redondo sin hacer referencia a la participación de agentes del Estado en el delito. La sentencia contiene el análisis de patrones de macrocriminalidad en los delitos de desaparición forzada, homicidio, desplazamiento y exacciones que, “en el contexto del conflicto armado interno, tienen la doble connotación de crímenes de guerra y de lesa humanidad, en la media en fueron ejecutadas dentro de una política o finalidad de: (i) lucha antisubversiva y (ii) como una forma de ejercer un control territorial, social o de recursos”. “En suma, la práctica paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia –AUC–, indicó la existencia de graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario, materializadas mediante ataques a la población civil, con acciones de control, represión, amedrentamiento, entre otros; (…)”.

Vistas así las cosas, el hecho de que el delito de homicidio del que fue víctima Jaime David Ramos Redondo haya sido perpetrado en persona protegida, que haya tenido ocurrencia en el contexto del conflicto armado interno que libra nuestro país con grupos al margen de la ley y que, en consecuencia, configure una infracción del DIH según lo decidido en la sentencia expedida por la justicia transicional, no presta fundamento suficiente, per se, para atribuir responsabilidad extracontractual al Estado dado que no se encuentra acreditado el elemento de imputación que manda el artículo 90 de la Constitución Política.
Bajo las anteriores consideraciones, esta colegiatura considera que las declaraciones hechas por la parte actora en el hecho cinco de la demanda, según las cuales existían vínculos entre integrantes de las autodefensas y sujetos que dijeron pertenecían a las fuerzas armadas, no acredita la existencia de causalidad entre el servicio y el homicidio de Jaime David Ramos Redondo o de factor alguno de atribución del daño a los órganos demandados.

Más aún, dicha declaración podría revelar la existencia de relaciones no necesariamente institucionales, sino de actos personales de esos agentes, de suyo ajenos al ámbito de la responsabilidad del Estado.

Tampoco se demostró que la víctima directa del daño ostentara una condición especial que vislumbrara un grave peligro de ser asesinado ni puso en conocimiento de las autoridades amenazas o advertencias de muerte. Si bien la perturbación del orden público y las graves violaciones de Derechos Humanos que existía en el departamento del Atlántico por la actuación del bloque norte de las AUC era conocido, de manera general, ello no es suficiente para tener por acreditada la probabilidad o inminencia del asesinato de Jaime David Ramos Redondo, más aún ante la usencia de medios de prueba que demuestren tal circunstancia.

Con base en lo anterior, la Sala concluye que no se demostró una actuación u omisión de los deberes constitucionales por parte de la fuerza pública que contribuyera a la consumación del homicidio de Jaime David Ramos Redondo, ni se estableció una relación de hecho entre el Estado y los autores del delito.

El accionar de los integrantes de las AUC condenados por el delito de homicidio en persona protegida, fue la causa única y exclusiva del daño antijurídico padecido por los demandantes, pues fue ese grupo al margen de la ley el que ideó y ejecutó los hechos. Por ende, se presentó la causal eximente de responsabilidad denominada hecho exclusivo y determinante de un tercero que descarta la imputación jurídica del daño al Estado.

Ahora bien, en eventos como el presente, en los que se acreditan el acaecimiento de violaciones manifiestas a los derechos humanos y violaciones graves de las normas de derecho internacional humanitario (DIH) causados por terceros y no se demuestra la participación por acción o por omisión de autoridades públicas, el Estado ha adoptado disposiciones legislativas y administrativas para proporcionar a las víctimas la reparación integral de los derechos conculcados y la garantía de los derechos a la verdad y a la justicia con el fin de garantizar el cumplimiento de la obligación de respetar, asegurar que se respeten y aplicar las normas internacionales de derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

Así, la Ley 975 de 2005, concebida con la finalidad de desmantelar a los grupos armados al margen de la ley, con un acuerdo sostenible, seguro para sus beneficiarios, y justo para las víctimas, prevé medidas de reparación integral de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición a favor de las víctimas de violaciones de DDHH y de violaciones graves del DIH, que llevan consigo los derechos a la verdad y a la justicia.

En cuanto hace relación al deber general de reparar, la Ley 975 de 2005 prescribe que los integrantes de los grupos armados beneficiados con las disposiciones sobre justicia transicional y alternatividad penal allí previstas, tienen el deber de reparar a las víctimas de las conductas punibles por las que fueren condenados y prevé que en los casos en que no se logre individualizar al autor pero se compruebe el daño y el nexo causal con las actividades delictivas del grupo, “el Tribunal directamente o por remisión de la Unidad de Fiscalía, ordenará la reparación a cargo del Fondo de Reparación” (art. 42) compuesto por los bienes de los victimarios, donaciones y recursos de la Nación (arts. 54-55)-.

El Fondo para la Reparación de las Víctimas creado por la norma citada, fue reemplazado por la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación a las Víctimas creada por la Ley 1448 de 2011, adscrita al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, cuyo patrimonio está constituido por los aportes del Presupuesto General de la Nación, los activos que le transfiere la Nación y otras entidades públicas del orden nacional y los demás ingresos que a cualquier título reciba.

Normas como las referidas, cimentadas en el principio de solidaridad previsto en el artículo 1° de la Constitución Política, garantizan el respeto de las normas internacionales de derechos humanos y el derecho internacional humanitario y otorgan a las víctimas de daños causados por combatientes no estatales herramientas para materializar el derecho a la reparación integral con cargo a fondos compuestos con recursos del Presupuesto General de la Nación, entre otros.

Para el caso específico del homicidio en persona protegida de Jaime David Ramos Redondo, la sentencia ordenó el pago de una indemnización por daño emergente (gastos funerarios y estudios psicológicos) y lucro cesante por la suma de sesenta y tres millones seiscientos dos mil doscientos cincuenta y un pesos ($63.602.251) a favor de Genoveva Fábregas Ramos, en condición de esposa del causante. Además, reconoció daño moral a favor de la esposa, hijos, padres y hermanos del causante así: para Genoveva Fábregas Ramos, esposa, Jaime Luís y Maritza Cecilia Ramos Fábregas, hijos, y Cecilia Redondo, madre, una suma equivalente a 100 smmlv y para Nerio Alberto, Carmen Cecilia, Olga Lucía, Carmelo Antonio, Nora y Luís Alfredo Ramos Redondo, hermanos, una suma equivalente a 50 smmlv, “para un total núcleo familiar $438.522.251,8”.

Por las razones expuestas, la Sala revocará la sentencia apelada que declaró probada la excepción de caducidad de la acción y se inhibió para proferir una decisión de fondo. En su lugar, se negarán las pretensiones de la demanda.

4.4. Costas

No hay lugar a la imposición de costas porque no se evidencia en el caso concreto actuación temeraria de alguna de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico el 15 de marzo de 2012, que declaró probada la excepción de caducidad de la acción de reparación directa. En su lugar, la Sala decide:

SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda incoada por Cecilia Redondo de Ramos y otros, por las razones expuestas en esta providencia.

TERCERO: Sin condena en costas.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen para su cumplimiento.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE

JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Presidente de Sala

GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrado Magistrado
Salvo voto

Folios 7 y 8 del c. 1. Folios 7 y 8 del c. 1. Folio 48 del c. 1. Folios 51 y 66 del c. 1. Folio 88 del c. 1. Folio 95 del c. 1. Folios 118 y 119 del c. 1. Folios 165 y 178 del c. 1. Folios 205 a 227 del c. ppal. Folios 223 a 231 del c. ppal. Folio 290 del c.ppal. Folio 121 del c. 1. Folio 292 del c. ppal. Folio 434 del c. ppal. Folios 297 y 320 del c. ppal. Folio 331 del c. ppal. Folio 409 del c. ppal. Folio 431 del c. ppal. Folios 450, 452, 454, 456, 529 y 533 del c. ppal. Conforme al artículo 132 del C.C.A., modificado por el artículo 40 de la Ley 446 de 1998, para que un proceso adelantado en acción de reparación directa fuera considerado como de doble instancia ante esta Corporación debía superar una cuantía de 500 smlmv, considerados al momento de presentación de la demanda. En el presente asunto, el valor de la pretensión mayor, que corresponde a los perjuicios materiales estimados por el valor de lo dejado de percibir por la víctima ($1.900.000) durante el tiempo de expectativa de vida (29.46 años), equivale a más de 1870 smmlv, suma que excede la cuantía de 500 smmlv prevista en la norma procesal (fl. 5 del c. 1.). Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de 7 de agosto de 2005, expediente 14691, de 18 de mayo de 2017, expediente 35090 y de 26 de marzo de 2019, expedientes 44001 y 43864. Consejo de Estado, sentencia de 20 de marzo de 2013, expediente 22491.
“(…) el principio pro damnato que busca aliviar los rigores de las normas que consagran plazos extintivos para el ejercicio de las acciones y aboga por la cautela y el criterio restrictivo con el que deben interpretarse y aplicarse dichas normas” (Ricardo de Angel Yagüez. Tratado de responsabilidad Civil. Madrid, Editorial Civitas, 1993. 3ª ed., p. 154). Citado en: Consejo de Estado, Sección Tercera. Auto del 13 de diciembre de 2007. Radicación 33.991, M.P. Ramiro Saavedra Becerra.
“Bajo tal precepto, se ha entendido que el sentido de interpretación del juez y en especial del juez constitucional, en cualquiera de las cuatro acciones constitucionales, debe permitir el acceso a la administración de justicia, interpretando el recurso o acción interpuesta, de la manera más favorable para la efectividad de los derechos”. Consejo de Estado. Sección Tercera. Providencia del 8 de marzo de 2002. Radicación, ACU 1235, M.P. Jesús María Carrillo Ballesteros. Consejo de Estado, auto del 12 de diciembre de 2014, expediente 50187. Consejo de Estado, sentencia del 23 de marzo de 2017, expediente 44812. Consejo de Estado, sentencia del 10 de mayo de 2017, expediente 40464. En esta providencia se cita la sentencia de la Corte Constitucional SU-659 del 22 de octubre de 2015, expedida en sede de revisión de los fallos de tutela dentro de la acción promovida por Sandra Janeth Guzmán Aranda y otros contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, en el asunto relacionado con el abuso sexual y homicidio de una niña dentro de un CAI de la Policía Nacional ubicado en Bogotá. En esa oportunidad la Corte Constitucional precisó: “La jurisprudencia del Consejo de Estado ha señalado que el término de caducidad debe contarse desde el momento en que se conoce el agente que ocasionó el daño cuya reparación se demanda. Aquel inicia a correr al día siguiente de los hechos dañosos, solamente en los eventos en que estos, y el conocimiento de la víctima sobre el responsable, son simultáneos. Esta posición del Consejo de Estado es reiterada y pacífica (…) “Para la Sala, lo que correspondía a la Sección Tercera, Subsección C, era concluir que el término de caducidad empezaba a correr desde cuando los accionantes tuvieron total claridad de los hechos dañosos, incluido, por supuesto el agente responsable.”. Esta Corporación, en virtud de la decisión referida, expidió sentencia de reemplazo el 27 de enero de 2016, expediente 20880. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 29 de enero de 2020, expediente 61033. Folio 7 del c. 1. Folio 223, 225 y 226 del c. ppal.

Copias autenticadas, folios 24, 27, 29, 31, 33, 35 y 37. CONSEJO DE ESTADO, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2013, expediente 25022. Folio 16 del c. 1. Folio 18 del c. 1. Folio 19 del c. 1. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 14 de julio de 2015, expediente 11001-03-15-000-2014-00105-00(PI). “La regla expuesta será reiterada por la Sala Plena Contenciosa en esta ocasión, pero a partir de esta decisión, aquella será complementada en estos dos eventos: i) cuando en dichos medios se reproducen hechos públicos y/o notorios y ii) cuando en ellos se reproducen declaraciones y/o manifestaciones de servidores públicos, V gr. Congresistas, Presidente de la República, Ministros, Alcaldes, Gobernadores, etc., Estas excepciones son las mismas que introdujo la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su jurisprudencia y que en razón de su relevancia e importancia, serán acogidas por la Sala Plena de lo Contencioso a partir de esta decisión. En efecto, según el criterio de ese órgano de justicia, cuando en dichos medios se recojan hechos públicos o notorios, declaraciones o manifestaciones públicas de funcionarios del Estado, estos deben ser valorados, razón por la que su inserción en el respectivo medio de comunicación es una prueba del hecho y no simplemente de su registro.”. Folio 17 del c. 1. Folios 118 y 119 del c. 1. Folio 119 del c. 1, auto que decreta la práctica de las pruebas solicitadas por los órganos demandados, únicos que hicieron solicitud en ese sentido, y tiene como pruebas los documentos aportados con la demanda. Folio 161 del c. 1. Folio 158 del c. 1.
“Artículo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. […]”.
“Artículo 1757. Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o ésta”.
“Artículo 177. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 5 de diciembre de 2005, expediente 12158 y del 28 de abril de 2010, expediente 18478. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 26 de marzo de 2014, expediente 28741. “Como se aprecia, el daño antijurídico es el principal elemento sobre el cual se estructura la responsabilidad patrimonial de la administración pública, a la luz del artículo 90 de la Carta Política, entidad jurídica que requiere para su configuración de dos ingredientes: i) uno material o sustancial, que representa el núcleo interior y que consiste en el hecho o fenómeno físico o material (v.gr. la desaparición de una persona, la muerte, la lesión, etc.) y ii) otro formal que proviene de la norma jurídica (…)”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 13 de julio de 1993, expediente 8163. “Del daño antijurídico ha dicho la Sala en varias providencias cuyo apoyo se ha buscado en la doctrina y en la jurisprudencia españolas, que equivale a la lesión de un interés legítimo, patrimonial o extrapatrimonial que la víctima no está en la obligación de soportar; de esta manera, se ha desplazado la antijuricidad de la causa del daño al daño mismo, constituyendo un elemento estructural del daño indemnizable y objetivamente comprobable. Quizás sea esta característica la que ha inclinado a pensar que ha ocurrido un tránsito, por imperio constitucional de una responsabilidad de tipo subjetivo a otro objetivo. Esa conclusión no corresponde a la realidad. La ilicitud o antijuricidad del daño están ínsitos en el daño mismo sin referencia alguna a la licitud o Ilicitud de su causa; en otros términos el daño antijurídico puede ser el efecto de una causa Ilícita, pero también de una causa lícita.” En igual sentido, ver sentencias de 29 de febrero de 2012, expediente 19544, de 25 de abril de 2012, expediente 21861 y de 21 de noviembre de 2018, expediente 40639.

Corte Constitucional, sentencia C-333 de 1996. No se desconoce que la culpa de la víctima se ha estudiado tradicional y generalmente con ocasión del juicio de causalidad, pero consideramos que una teoría de la responsabilidad fundada en la protección del patrimonio de la víctima permite y hace aconsejable entender que el daño determinado por la conducta de la víctima no puede ser contrario a derecho. Al punto advierte la doctrina: “…si el perjuicio se imputase al propio titular, o a una causa externa e irresistible, no se daría la nota esencial de la antijuridicidad; si fuere el propio titular, porque no es concebible que nadie pueda hacerse agravio jurídico a sí mismo, y si se trata de fuerza mayor, porque faltando un sujeto no puede trabarse la relación de antijuridicidad” (García, Ibidem, Pg. 179). De Cupis, por su lado, dice: “el perjuicio que se sufre por causa de uno mismo, se considera daño, en la acepción usual de la palabra; pero fácilmente se descubre que tal perjuicio no tiene valor de daño (entiéndase, por supuesto, en sentido jurídico)” (Op. Cit., p. 84). Folio 452 CD. Sentencia de 20 de noviembre de 2014, páginas 11 y 12, cita sentencia de 7 de diciembre de 2011, radicación No. 110016000253-2006-81366 (providencia completa en https://www.ramajudicial.gov.co). Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios. Ley 975 de 2005. Artículo 29. “(…) En caso que el condenado haya cumplido las condiciones previstas en esta ley, la Sala le impondrá una pena alternativa que consiste en privación de la libertad por un período mínimo de cinco (5) años y no superior a ocho (8) años, tasada de acuerdo con la gravedad de los delitos y su colaboración efectiva en el esclarecimiento de los mismos. (…)”. La Corte Constitucional en sentencia C-575-06 declaró exequibles los incisos 1 al 5 de este artículo. Folios 452 (CD) y 471 c. ppal. Providencias judiciales completas en https://www.ramajudicial.gov.co. Hecho 5 de la demanda, folio 8 del c. 1. Folios 409 y 529 del c. ppal. Página 991, numeral vigésimo primero, y siguientes de la parte resolutiva de la sentencia de 7 de diciembre de 2011, expediente 10016000253-200681366, sentencia completa en www.ramajudicial.gov.co. Folio 471 del c. ppal. Página 110 de la sentencia de 18 de diciembre de 2018, expediente 08001-22-52-004-2013-81389, sentencia completa en www.ramajudicial.gov.co. Folio 471 del c. ppal. Página 189 de la sentencia de 18 de diciembre de 2018, expediente 08001-22-52-004-2013-81389, sentencia completa en www.ramajudicial.gov.co. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia del 20 de junio de 2017, expediente 18860. “Se destaca que, según las variantes presentadas, el factor común de los títulos de imputación de responsabilidad objetiva es siempre la actividad legítima y lícita del Estado generadora de daño; por lo tanto, si este último se deriva del actuar de un tercero ajeno a la administración, no será posible, en principio, atribuirlo a la misma, en tanto que no existe un vínculo entre el daño y una conducta de este y, en ese orden, se encontraría configurada una causal excluyente de responsabilidad. Dicho esto, en el caso de los daños producidos por actos terroristas provenientes de terceros cuya responsabilidad del Estado ha sido declarada a la luz del título de imputación de daño especial, se requiere la intervención positiva, legítima y lícita de la entidad estatal; por consiguiente, a fin de que sea viable el resarcimiento solicitado, se debe establecer que el daño proviene de una acción positiva y lícita estatal; a contrario sensu, se excluiría de uno de los elementos estructurantes de la responsabilidad como lo es la imputabilidad.”.

Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 13 de febrero de 2013, expediente 18148. “El hecho del tercero constituye causa extraña que exonera de responsabilidad a la entidad demandada, cuando reúne los siguientes requisitos: (i) Que sea la causa exclusiva del daño. Si tanto el tercero como la entidad estatal concurrieron en la producción del daño, el resultado no sería la exoneración de responsabilidad, sino la existencia de solidaridad de éstos frente al perjudicado, (…) lo cual le daría derecho al perjudicado para reclamar de cualquiera de los responsables la totalidad de la indemnización, aunque quien paga se subrogue en los derechos del afectado para pretender del otro responsable la devolución (…) (ii) Que el hecho del tercero sea completamente ajeno al servicio, en el entendido de que ese tercero sea externo a la entidad, es decir, no se encuentre dentro de su esfera jurídica y, además, que la actuación de ese tercero no se encuentre de ninguna manera vinculada con el servicio (…) (iii) Que la actuación del tercero sea imprevisible e irresistible a la entidad; porque, de lo contrario, el daño le sería imputable a ésta a título de falla del servicio en el entendido de que la entidad teniendo el deber legal de hacerlo, (…) En relación con la imprevisibilidad, se señala que este elemento no se excluye la responsabilidad con la simple posibilidad vaga o abstracta de que el hecho pueda ocurrir, sino con la posibilidad concreta y real de que tal hecho pudiera ser previsto. Y en relación con la irresistibilidad, cabe señalar que ésta se vincula con juicios de carácter técnico y económico.”. En igual sentido consultar sentencia de 26 de marzo de 2008, expediente 16530.

Convención Americana sobre DDHH, Pacto de San José de Costa Rica – 1969, artículo 63-1. “Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada.”. La convención referida fue aprobada en Colombia a través de la Ley 16 de 1972.
Ley 446 de 1998, artículo 16. “VALORACION DE DAÑOS. Dentro de cualquier proceso que se surta ante la Administración de Justicia, la valoración de daños irrogados a las personas y a las cosas, atenderá los principios de reparación integral y equidad y observará los criterios técnicos actuariales”.
Asamblea General de la ONU. Resolución aprobada el 16 de diciembre de 2005. “Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones”. Título IX Reparación de los daños sufridos, numeral 18 sobre formas de reparación.
Ley 1448 de 2011, “Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”. ARTÍCULO 1°. “OBJETO. La presente ley tiene por objeto establecer un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas, en beneficio de las víctimas de las violaciones contempladas en el artículo 3º de la presente ley, dentro de un marco de justicia transicional, que posibiliten hacer efectivo el goce de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación con garantía de no repetición, de modo que se reconozca su condición de víctimas y se dignifique a través de la materialización de sus derechos constitucionales.”. En relación con los derechos a la verdad, justicia y reparación, ver sentencias C-715-12, C-017-18 y C-007-18.
Corte Constitucional, sentencia C- 370-06 declaró inexequible un aparte del artículo 55 de la Ley 975 de 2005, bajo la siguiente consideración: “Una vez se haya llegado a una decisión judicial sobre el monto de la indemnización a decretar para reparar los daños sufridos por las víctimas, ésta genera un derecho cierto que no puede ser modificado posteriormente por la Red de Solidaridad Social, en su función de liquidador y pagador de dichas indemnizaciones”. Tesis reiterada en sentencia C-575 de 2006.
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto 2362 de 20 de marzo de 2018. “De otro lado, cabe advertir que de conformidad con el inciso 2 del artículo 42 de la Ley 975 de 2005, las sentencias en control constitucional proferidas por la Corte Constitucional y el artículo 10 de la Ley 1448 de 2011, el Estado responde en forma subsidiaria y residual por el pago de la indemnización en aquellos eventos en los cuales los recursos de los perpetradores sean insuficientes.”.

Páginas 502 a 510 de la sentencia de 11 de diciembre de 2011, expediente 10016000253-200681366.

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

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